Antes incluso antes de comenzar su mandato presidencial, Donald Trump ya ha obtenido su primera victoria: en pocas semanas, ha logrado la caída de Justin Trudeau. El primer ministro canadiense anunció su dimisión el pasado 6 de enero, tras nueve años al frente del gobierno. Permanecerá en el cargo hasta que el Partido Liberal designe a su sucesor antes de convocar elecciones anticipadas.

Aunque Trudeau era cada vez más impopular, incluso entre los suyos, debido a sus políticas, al regreso de la inflación y al aumento del coste de la vida, podía haber aguantado hasta las próximas elecciones, previstas inicialmente para octubre. Donald Trump volvió a barajar todas las cartas en cuestión de días: su anuncio, el 25 de noviembre, de que subiría los aranceles un 25% a todos los productos importados de Canadá –y también de México– nada más entrar en la Casa Blanca ha sido fatal para el primer ministro canadiense.

Minimizando los riesgos de una guerra comercial con Estados Unidos, Justin Trudeau quiso continuar su política como hasta entonces, lo que provocó la dimisión de su ministra de Economía, Chrystia Freeland, el hundimiento de su apoyo dentro del Partido Liberal y su propia dimisión.

Pero Justin Trudeau no había escatimado esfuerzos para volver a entablar cuanto antes un diálogo con Donald Trump. Al día siguiente del anuncio de posibles sanciones aduaneras contra Canadá, acudió a Mar-a-Lago, la residencia del presidente americano en Florida, para prometerle lealtad e intentar iniciar negociaciones. Lo mismo que ya hizo en 2018.

Por aquel entonces, Donald Trump ya había entrado en guerra contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA) firmado entre Estados Unidos, Canadá y México, que eliminaba la mayoría de las barreras aduaneras entre los tres países. Tras largas discusiones, se firmó un nuevo acuerdo que no cambiaba prácticamente en nada las relaciones entre Estados Unidos y Canadá.

De vuelta a Canadá, Justin Trudeau se mostró convencido de que sería posible, una vez más, encontrar puntos en común con Donald Trump. Y volvió a la política interior, anunciando ayudas y bajadas de impuestos para recuperar a una ciudadanía inquieta de cara a las próximas elecciones generales, aunque en total desacuerdo con su ministra de Economía, Chrystia Freeland.

Para sortear la oposición de quien fue durante mucho tiempo su aliada, Justin Trudeau le propuso cambiar de cartera. La reacción de la ministra fue inmediata: dimitió y publicó una vitriólica carta denunciando las decisiones de Justin Trudeau: “Nuestro país se enfrenta ahora a un grave desafío [...]. Debemos tomarnos esta amenaza muy en serio. Eso significa mantener seca nuestra pólvora fiscal para que tengamos las reservas que podríamos necesitar ante una guerra arancelaria.”

La línea del frente se ha trazado ahora en Canadá. Hay quienes están convencidos de que pueden sortearse las amenazas arancelarias de Donald Trump y que será posible negociar con él en algún momento. Y están los que temen un segundo mandato de Donald Trump, en el que podría permitirse hacer todo lo que no se permitió hacer durante el primero.

Algunos sólo lo vieron como una broma de mal gusto. El día de Navidad, Donald Trump estaba muy inspirado cuando se lanzó a esbozar su visión geopolítica para su segundo mandato. Aprovechando su estado de ánimo, dijo que quería recuperar el control del Canal de Panamá y comprar Groenlandia a Dinamarca. En cuanto a Canadá, según él debería convertirse en el 51º Estado de Estados Unidos.

Parece que la idea le interesa especialmente. Durante su primer mandato, Donald Trump ya había planteado la idea. Para él, todo apunta hacia esta integración. Pero lo que más atrae al presidente republicano es la riqueza mineral y energética de su vecino.

El gobierno de Trudeau, lejos de sus grandes declaraciones sobre la lucha contra el cambio climático y la necesaria transición energética, ha impulsado el desarrollo de sus recursos mineros y de combustibles fósiles. Las provincias de Alberta, Columbia Británica y el Extremo Norte se han convertido en un paraíso para los gigantes de la minería y el petróleo. Con la mayor discreción, Canadá se ha convertido en el cuarto productor de petróleo, por detrás de Arabia Saudí, Estados Unidos y Rusia, con más de 6 millones de barriles diarios.

Estados Unidos se ha aprovechado rápidamente esos recursos producidos a sus propias puertas. Cada vez depende más de las importaciones de petróleo, gas, electricidad, carbón, mineral de hierro, uranio y otros productos procedentes de Canadá. Tanto es así que el déficit comercial de Estados Unidos con su vecino no para de aumentar, superando los 50.000 millones de dólares en los diez primeros meses de 2024. Una cifra que tiene el efecto de un trapo rojo para Donald Trump.

El presidente electo, decidido a hacerse con el control de todas las materias primas estratégicas, empezando por el gas y el petróleo, y determinado a reindustrializar el país, cree que la forma más fácil de lograr sus objetivos es anexionarse Canadá y echar mano de las riquezas y la energía canadienses que Estados Unidos necesitará cada vez más.

“Creo que podemos llegar a un buen acuerdo que permita a nuestros dos países ser más seguros, más ricos y más fuertes”, afirmó el líder del Partido Conservador canadiense, Pierre Poilièvre, que parece ser el favorito para las próximas elecciones, pero se niega a creer en una guerra comercial con Estados Unidos. Dice estar convencido de que es posible negociar con la nueva Administración estadounidense.

Amoldándose a la visión de Donald Trump, el líder del Partido Conservador no parece imaginar que Canadá tenga otra opción que depender de una economía extractiva. Cree que hay que desarrollar cada vez más la explotación de los combustibles fósiles y la producción de electricidad que necesita Estados Unidos. Presas, centrales nucleares, oleoductos... todo le parece concebible. Incluso promete relanzar el Keystone XL, un proyecto de oleoducto –detenido por Joe Biden– destinado a encaminar hasta el centro de Estados Unidos el petróleo de esquisto producido en las arenas bituminosas de Alberta.

Respondiendo a las exigencias americanas, Pierre Poilièvre cree poder establecer un cierto equilibrio de fuerzas con Donald Trump. Recuerda que los precios de los productos energéticos y mineros importados por Estados Unidos son mucho más bajos que los de los mercados mundiales.

Sin embargo, Canadá se ve penalizada en este tira y afloja: nunca ha querido realmente alejarse de su dependencia de Estados Unidos. Una situación que ahora se vuelve peligrosa. Para recuperar cierta autonomía, los dirigentes políticos se afanan en hablar de planes de refinerías y de terminales de exportación de gas licuado para poder vender su producción de petróleo y gas en los mercados mundiales y escapar al control estadounidense.

Pero, ¿tendrán tiempo y dinero para salir de su dependencia de Estados Unidos? Al sentirse con ventaja tras su primer éxito en la política interior canadiense, Donald Trump parece decidido a aprovechar la situación: “Canadá debe convertirse en el Estado número 51 de Estados Unidos”, repitió tras el anuncio de la dimisión de Justin Trudeau.

Traducción de Miguel López

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado este viernes un Real Decreto para adecuar la metodología de cálculo del tipo de interés reconocido a las empresas que financiaron el déficit del sistema eléctrico del año 2013. Con el nuevo cómputo, la suma supondrá la devolución de 15,25 millones de euros a las grandes eléctricas por este concepto.

En concreto, la normativa aprobada modifica el Real Decreto 1054/2014 de 12 de diciembre para adecuarlo a diversos fallos del Tribunal Supremo, que establecen que las empresas eléctricas que financiaron el déficit de 2013 tienen derecho a percibir los intereses de mercado no sólo desde el 1 de enero de 2014, como preveía la regulación anterior, sino desde el momento en que realizaron dichas aportaciones a lo largo del anterior ejercicio.

Este impacto de 15,25 millones de euros por la ejecución de las sentencias será abonado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con cargo al sistema eléctrico. Según informó el ministerio, la aprobación de este decreto es necesaria para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que corrigen el método fijado por el Ejecutivo en 2014.

Este decreto será de aplicación a los titulares de los derechos de cobro correspondientes a la financiación del déficit del año 2013 de acuerdo con lo previsto en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que estableció para el año 2013 la existencia de un déficit de ingresos del sistema eléctrico de 3.600 millones de euros, que se amortizarían en un plazo de 15 años.

En noviembre de 2016 y marzo de 2017, el Tribunal Supremo dio la razón a Naturgy, la antigua Gas Natural Fenosa, y a la patronal eléctrica Unesa en los recursos presentados contra la orden IET/2444/2015 por no incorporar los intereses devengados desde el momento del pago efectivo de cada una de las liquidaciones.

Como consecuencia de estas sentencias, la CNMC aprobó una nueva propuesta de metodología de cálculo de los intereses correspondientes a la financiación del déficit 2013. A finales del pasado mes de enero, el anterior ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ya lanzó a información pública su propuesta de Real Decreto para regularizar estos derechos de cobro del déficit del sistema eléctrico de 2013 que corresponde a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.

No estaría mal que la metáfora contenida en Los últimos Jedi presagiara una nueva dirección en esta Transición ¿permanente? en que vivimos. Ojalá el nuevo año traiga consigo la asimilación de la sabiduría contenida en los viejos libros para poder escribir unos nuevos que, sin cuestionar la existencia del bien y del mal, nos ayuden a defender La República haciéndonos la pregunta fundamental: ¿Para qué? Aquí unas ideas:

Para que Europa dé un giro radical a su política de inmigración y deje de violar sistemáticamente los más elementales Derechos Humanos mientras los refugiados no encuentran refugio alguno en la cuna de los Derechos y la Democracia. Fenómeno, además, que se verá agravado por el cambio climático, como argumenta este artículo de The National Greographic. donde la lucha por los recursos naturales volverá a ser motivo de conflicto.

Para que iniciemos de forma decidida un camino hacia un modelo económico verde, responsable e inclusivo que ponga a las personas –las que estamos y las que vendrán– en el centro de un planeta que conoce sus límites. De lo contrario, los fenómenos meteorológicos extremos arruinarán buena parte de la Tierra y todos seremos más pobres, como se demuestra aquí.

Para que la pobreza energética deje de ser la nueva invitada de miles de hogares españoles –el 15% de la población española y el 9.4% de la europea–, de forma que tanto los días de frío como los de mucho calor, cada vez más frecuentes, estos hogares carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y las urgencias hospitalarias se llenan de los más pobres, los más ancianos o los más enfermos.

Para que la tecnología sea un instrumento para luchar contra la desigualdad en lugar de agravarla y el acceso al conocimiento sea universal y no un club exclusivo.

Para que un mundo libre de fronteras donde las personas puedan moverse por opción, y no por obligación, sea compatible con la defensa de una identidad no excluyente que permita a cada pueblo constituirse en sujeto político sin por ello considerarse superior.

Para que la confianza imprescindible que necesita cualquier sociedad democrática encuentre formas de recuperarse, más allá de los viejos libros, con fórmulas innovadoras que partan de un mayor compromiso de todos.

Para que se extinga de raíz la violencia y la dominación que hay detrás de cada micromachismo, de cada diferencia salarial, de cada expresión sexista y de cada violencia machista.

Son sólo algunos ejemplos para recordar por qué es imprescindible que sigamos plantándole cara al Imperio. Y esta vez, liderados por una mujer. Que la fuerza nos acompañe.

Las energías renovables aportaron 8.511 millones de euros al PIB español en 2016, un incremento del 3,3% respecto al año anterior. Esta cantidad supone un 0,76% del PIB, lejos del abultado 1% de 2012.

Estos son los datos que presenta el informe de la APPA (Asociación de Empresas de Energías Renovables) en su informe Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España en 2016. Según la asociación, el crecimiento del 3,3% se debe principalmente a la inversión en tecnología debida a las subastas de potencia de 2016 (700 MW) y al anuncio de nuevas subastas de potencia de 2017. 

No obstante, el empleo en el sector retrocedió y se situó en 74.566 puestos de trabajo, 2.760 menos que en 2015. Es el dato de empleo más bajo de toda la serie histórica, debido según la asociación a un fuerte ajuste de los empleos de las instalaciones en funcionamiento, principalmente en las tecnologías asociadas a la bioenergía.

Otro de los elementos destacados del sector es el abaratamiento que produjo en el precio de la energía, un ahorro medio de 21,50 euros por cada MWh adquirido. Según especifica la APPA, en 2016 el precio medio se situó en 39,67 €/MWh, y hubiera registrado un valor medio de 61,17€/MWh de no ser por las renovables.

El uso combinado de renovables en generación eléctrica, energía térmica y biocarburantes, permitió evitar la importación de 19.945.081 toneladas equivalentes de petróleo, lo que supuso unos ahorros en importaciones energéticas equivalente a 5.989 millones de euros. La asociación apunta que el 87% del déficit de la balanza comercial española se debe a las masivas importaciones de combustibles fósiles, que las renovables ayudan a reducir. Y es que el sector mejoró su balanza comercial con un saldo exportador neto de 2.793 millones de euros en 2016.

El presidente de APPA Renovables, José Miguel Villarig, destacó la importancia de las renovables para la economía española durante la presentación del informe: "es importante que se reflejen los beneficios económicos, medioambientales y sociales que las energías renovables aportan a nuestra sociedad, porque si no los conocemos, no entenderemos por qué en el mundo el 55% de la nueva potencia ya es renovable".

En esta línea, la asociación señala que hay varios efectos de las renovables "difícilmente cuantificables", como la fijación de población en entornos rurales o la valorización de residuos agrícolas, ganaderos y urbanos son difícilmente cuantificables, así como el componente innovador del sector, y es que España es el segundo país del mundo en porcentaje de patentes renovables.

Una tormenta perfecta. Así bautiza el economista Jorge Morales de Fabra a la conjunción de factores que ha disparado un 8,3% el recibo de la luz en octubre. En realidad, lleva seis meses escalando, desde abril, después de un comienzo de año en que los precios de la electricidad habían caído, y mucho – un 12,4%–. Sin embargo, el anuncio de la compañía estatal francesa EDF de que cierra hasta enero cinco de sus centrales nucleares ha puesto la factura eléctrica del consumidor medio en 69,31 euros, según los datos del simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Es el máximo del año, tras subir un 10% desde abril, cuando marcó el mínimo, 54,39 euros. Lo habitual es que con el buen tiempo el precio de la luz suba: llueve menos y el viento no sopla con la misma fuerza que los meses de invierno. Por tanto, el impacto de las energías renovables –eólica, solar– en el recibo ha sido mucho menor desde la primavera y en un octubre de temperaturas excepcionalmente benignas. La reducción de este efecto constituye el segundo elemento de la tormenta perfecta. Según la Asociación Empresarial Eólica, en lo que va de año el impacto del viento en el recibo de luz asciende a 46,54 euros. Hasta junio, la energía eólica ha cubierto el 23,6% de la demanda eléctrica en España. Aunque el pico se situó el 29 de enero de 2015, cuando el 46% de los españoles se abastecieron del viento en su consumo eléctrico.

El tercer factor en juego ha sido el aumento del precio de los combustibles fósiles, tanto del carbón como del gas. El del primero casi se ha duplicado en el último año –se ha disparado un 98%, un 44,65% sólo en octubre– y el segundo ha subido un 34%. El parón nuclear ha obligado a Francia a importar electricidad: el 75% de la que consume procede de sus centrales atómicas. Así que España ha pasado de ser importadora de electricidad a exportadora, para lo que ha debido poner en marcha centrales que tenía paradas o que eran más caras, como las térmicas –que usan carbón–o de ciclo combinado –que usan gas–. En consecuencia, la electricidad se ha encarecido a caballo de una mayor dependencia de combustibles con el precio en alza.

Aun así, precisa Morales de Fabra, los precios de la luz se mantienen todavía un 10% por debajo de los que había hace un añopor debajo de los que había hace un año. El problema es que el parón nuclear francés se va a prolongar por lo menos hasta enero. “Va a tener que llover mucho para contrarrestar el impacto de la mayor demanda francesa”, advierte el economista. Cuando los pantanos superan su capacidad por el exceso de lluvias, las empresas deben desembalsar y aumenta, por tanto, la generación eléctrica y bajan los precios. En épocas de sequía, por el contrario, las compañías pueden gestionar la producción hidráulica para maximizar el beneficio.

Además, Francia ya tiene paradas 21 de sus 58 centrales nucleares: 10 por mantenimiento, cuatro por diversos incidentes y siete por verificaciones. Hasta enero hay que añadir las cinco que sufren problemas de seguridad.

Precio al consumidor, precio en el mercado mayorista

El precio que ofrece el simulador de la CNMC corresponde al consumo de un cliente medio equiparable al utilizado por el Ministerio de Industria para sus cálculos: una potencia de 4,4 kilovatios y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora, la que se supone en una familia con dos hijos. De los 69,31 euros de la factura de octubre, 15,16 euros proceden del término fijo, 39,33 euros del consumo, 2,79 son impuestos y 12,03 euros son para el IVA, informa Europa Press.

Si el foco se pone sobre los precios finales medios del mercado nacional, la subida desde abril hasta septiembre ha sido nada menos que del 53,4%. Según los datos publicados en la web de OMIE, el mercado mayorista de producción eléctrica, el precio había bajado previamente, desde enero hasta la primavera, otro 29,7%. El mercado mayorista cerró 2015 con un precio final de 62,85 euros el megavatio hora, un 51% por encima del que se pagaba en 2009, sólo 41,62 euros. En septiembre, el último mes con el que OMIE establece comparaciones, el megavatio hora escaló hasta 51,26 euros. Este lunes, el último día de octubre, alcanzó los 63,89 euros.

La quinta factura más elevada de la UE

En cualquier caso, la factura eléctrica en España sigue siendo de las más altas de la Unión Europea. La quinta más elevada, con un precio por cada 100 kilovatios hora de 23,1 euros, sólo por detrás de Dinamarca –30,7 euros–, Alemania –29,5 euros–, Italia –24,5 euros– e Irlanda –24,3 euros–, según las últimas cifras de Eurostat, correspondientes al primer semestre de este año. La media de la zona euro es de 21,9 euros. En Francia, antes del parón nuclear de octubre, los consumidores domésticos pagaban los 100 kilovatios hora a 16,8 euros.

Del recibo español, el 21,4% corresponde a impuestos, y un 40% a los peajes de acceso: primas a las renovables, transporte, distribución, pagos a las eléctricas por la moratoria nuclear, costes de producción en las islas, Ceuta y Melilla y el déficit de tarifa. Éste último es la diferencia entre lo que las eléctricas dicen que les cuesta producir energía y lo que cobran a los clientes. A diciembre de 2015 ascendía a 25.506 millones de euros. Y hasta abril de este año sumaba otros 1.296 millones.

El Gobierno ha anunciado una reducción del 4% en la parte regulada del recibo de la luz que se traducirá en una rebaja del 2,1% –el 2,2% para el consumo doméstico– en la factura eléctrica. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguran que la medida es posible “gracias a la reforma energética”. “Es un efecto directo, claro y positivo”, ha proclamado Soria. Ese 2,2% equivale a una bajada de 1,5 euros al mes para un consumidor medio. Claro que el descuento se carga sobre un recibo que ha subido en el último año un 4,2%, 3,2 euros, y hasta un 5,4% sólo en junio respecto al mes anterior, cuatro euros.

El cálculo lo ha hecho la asociación de consumidores Facua, que cifra en 78,51 euros la factura de la luz de un usuario medio el pasado mes de junio. Según explica, el kW/h de energía consumida ha subido un 5,7% en un año, mientras el kW de potencia contratada permanece invariable desde febrero de 2014, cuando se disparó un 17,9%.

Datos parecidos aporta la agencia Europa Press que, utilizando el simulador de factura eléctrica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), calcula en un 5,2% la subida del recibo de la luz en junio.

La factura eléctrica se compone de los peajes –los costes de transporte distribución y gestión de la electricidad, las primas a las renovables y el déficit tarifario–, que fija anualmente el Ministerio de Industria; el consumo, que es variable, y los impuestos. Los peajes constituyen un 41% del recibo; el consumo, otro 37,5% y los impuestos, un 21,5%. El pasado enero, el Gobierno congeló los peajes y ahora incluso los rebaja. Según el ministro de Industria, la reforma energética ha eliminado el déficit de tarifa –la diferencia entre los ingresos que las eléctricas perciben de los consumidores y los costes del suministro– “y generar un superávit en 2015” que permite ahora “disminuir el precio para el consumidor”.

Según el informe sobre evolución de precios energéticos en España en 2014, elaborado por el propio ministerio, la electricidad ha subido un 7,2% de media anual para el consumidor doméstico entre 2004 y 2012. En 2009 se disparó un 8,4%, un 13,4% en 2011 y otro 9% en 2012.

Facua culpa de las “desproporcionadas tarifas eléctricas” a la falta de una “intervención contundente” del Gobierno para que aquéllas “se establezcan sobre las bases de los costes reales de la generación energética y los usuarios dejen de ser víctimas de prácticas oligopolísticas”. La asociación también critica el “oscuro sistema de tarifas” eléctricas, que impide a los consumidores estar debidamente informados y, por tanto, impugnarlas si las consideran abusivas.

Facturación por horas

El pasado día 1 entró en funcionamiento el nuevo sistema de facturación por horas para los usuarios que tengan contadores digitales –unos 10 millones–, potencias contratadas inferiores a 10 kW/h –familias y pymes– y la tarifa pvpc –precio voluntario al pequeño consumidor– o la tarifa oficial.

A estos usuarios las eléctricas les facturarán por horas, y cada hora a un precio distinto. Según la época del año y la demanda, la variación puede alcanzar el 10%. La teoría es que el cliente conozca qué hora del día es más barata para adaptar su consumo y, por tanto, abaratar el recibo. En la práctica, replica Facua, el nuevo sistema de facturación subirá el recibo, porque “se pagará más cara la electricidad en los horarios con mayores niveles de consumo”.

Mucho se ha hablado en estos días de la propuesta de reforma eléctrica de Podemos. Se nos ha acusado de todo por proponerla, lo de “castrochavistas”, ha sido lo menos que se nos ha dicho; pese a que nuestra propuesta de expropiar la red de distribución eléctrica nos igualaría con Alemania, por poner un ejemplo.

Vosotros, sin embargo, los productores de energía fotovoltaica, sabéis mejor que nadie de la necesidad de dar ese paso, el más polémico de nuestra reforma, pero también el más necesario. A vosotros, un Gobierno os prometió una inversión rentable y el Gobierno siguiente os ha hecho pagar una cuota a las distribuidoras, llamada “peaje de respaldo”, de respaldo de qué, me pregunto yo, por verter la energía excedentaria a la red, casi multándoos por ser eficientes y ecológicos en la producción de electricidad; y bien sabéis vosotros cuál es el fin de todas estas piedras puestas en el camino, bien sabéis que no es otro que preservar el chiringuito de las eléctricas. Y es que la energía solar es un peligro para el oligopolio, pues una placa solar es relativamente barata, de hecho cada vez más, y el sol es gratis; por lo que mucha gente está capacitada para producir energía eléctrica procedente de la irradiación solar; con lo que se democratizaría el acceso a la energía eléctrica en lugar de permanecer, cómo hasta ahora, concentrado en unas cuantas centrales de costes multimillonarios únicamente al alcance de unas cuantas empresas eléctricas.

Sin embargo, las grandes eléctricas pudieron evitar que el sector solar prosperase tirando mano de su dominio de la distribución de la red eléctrica. Para ellas, establecer un peaje por verter energía a la red no les supone nada; pues supone que la comercializadora del grupo tiene que pagarle a la distribuidora del grupo, es decir, simplemente se pagan a ellos mismos, y el dinerito se queda en casa; y encima se gana una justificación para subir forzosamente el precio del KW*h, lo que hace francamente difícil que surjan, por ejemplo, ofertas de suministro eléctrico de mercado libre realmente atractivas. Pero para las empresas sin red de distribución, pagar un peaje supone perder todo el margen de beneficios. Podríamos entonces eliminar el peaje de respaldo; pero el hecho es que la evolución histórica ha demostrado la tendencia natural al abuso de las compañías privadas que monopolizan la distribución en un determinado territorio, lo del peaje de respaldo es simplemente un abuso más, siendo el otro abuso más destacado el que se hace de forma directa contra el Estado, el denominado “déficit de tarifa”. Y por ese largo historial de abusos, amigos y amigas, es la razón por la que hemos de cortar las barbas a Sansón, y quitarles a las eléctricas dominantes la razón de su absurdamente inmenso poder; porque mañana podemos solucionar un abuso, pero al día siguiente querrán perpetrar otro. Por eso, queridos amigos, es necesario que todo los productores eléctricos jueguen con la misma baraja, para que haya una competencia leal y real; porque no puede ser que por ley, unos paguen, y otros se auto paguen.

Y por cierto, hablando del déficit de tarifa, que es el otro gran abuso, y éste directamente contra el Estado. Dicen las eléctricas que les debemos 1.000 euros por ciudadano en concepto de “déficit de tarifa”. Y cuando digo, “por ciudadano”, lo digo incluyendo ancianos, niños y desempleados; o sea, unos 3.000 euros por cada trabajador. Y eso lo dicen, ojo, mientas declaran beneficios cómo los de Iberdrola, de 2.800 millones de euros, o cómo los de Endesa, de 2.200 millones de euros. Resulta que el famoso déficit de tarifa no es la diferencia entre lo que cuesta realmente distribuir la energía y lo que los consumidores pagan en sus facturas, en el concepto de “término fijo”. No, nada de eso. Realmente es la diferencia entre lo que los consumidores pagan en sus facturas, y lo que el Gobierno prometió a las distribuidoras que ingresarían por distribuir. ¿En base a qué se calculan esas cantidades prometidas? Desde luego no en base a los costes reales, pues entonces tendríamos el sistema de distribución más caro del mundo. Igual sí se basa ese cálculo en los favores que le hacen las eléctricas a los Gobiernos, y en los sueldos que pagan a expresidentes del Gobierno y a exministros. Pero la realidad es que los consumidores han pagado más que sobradamente lo que cuesta distribuir la energía, la realidad es por lo tanto que el déficit de tarifa no existe; y lo que no existe no se paga. Ni un euro. Por esa misma razón, defiendo que el Gobierno se niegue a pagar la deuda del déficit de tarifa, y la declare odiosa. Porque se dan todas las condiciones establecidas por Alexander Zack, es una deuda tomada en perjuicio de la población y los acreedores, las eléctricas, conocían este hecho y han sido cómplices del Gobierno deudor enchufando a ministros y presidentes en sus consejos de Administración. Por lo tanto es una deuda de la casta, que han de pagarla Felipe González, Aznar, Zapatero y compañía; y que se entiendan entre ellos cómo puedan. ¡Pero eso no incumbe a toda la ciudadanía española y ésta no debe pagarla!

Pero además, amigos y amigas, también me comprometo con vosotros a que lucharé para revertir toda la serie de decretos con efecto retroactivo, muchos de los cuáles los habéis recurrido, que truncan vuestras legítimas expectativas y ponen en duda vuestra seguridad jurídica. Los gobiernos de Zapatero y de Rajoy han sido una estafa para las 50.000 familias que habéis invertido 20.000 millones de euros y habéis pedido créditos por valor de 18.000 millones para que todos tengamos un planeta más limpio y una economía más sana y competitiva.

Fijaos con qué rapidez y agilidad recurren algunos al argumento de la seguridad jurídica cuando sale a colación la reforma propuesta por Podemos, incluso se rumorea que Angela Merkel quiere exigir una reforma constitucional para evitar las expropiaciones. ¿Y sabéis por qué? Pues porque E.On, que es alemana, es una de las cinco distribuidoras españolas. Eso es lo que muchos no saben en España, que parte de nuestra distribución eléctrica es ya pública, pero pública de Italia, Alemania, Portugal, China, e incluso Qatar, ¿estamos tontos o qué? Endesa pertenece a la empresa pública italiana ENEL; los italianos mantienen su eléctrica cómo pública, pero aquí actúan cómo si fuera privada. Hidroeléctrica del Cantábrico pertenece a Energías de Portugal, que a su vez tiene cómo accionista mayoritario al Estado Chino. Iberdrola está invertida por Qatar, Electra del Viesgo pertenece a E.On, compañía pública alemana. ¿Y dicen que la distribución no debe ser pública? ¡Pero si ya lo es; pero de gobiernos extranjeros! ¿Y a quién defiende nuestra querida casta política? ¡A los de fuera! ¡Increíble! Y cuando tratas de defender los intereses de tu país, te acusan de atentar contra la seguridad jurídica, ¡pero por vuestra seguridad jurídica, la de los pequeños productores españoles, la de 50.000 familias de aquí, no parecen tan preocupados! Eso sí, a sacar banderitas españolas son los primeros, pero cuando hay que defender de verdad lo nuestro, que es más ecológico y más barato ¡no lo defienden!

No quiero extenderme mucho más; todos sabéis que estamos cargados de razones para proponer esta reforma energética con la que pretendemos dar la vuelta a la tortilla, pero lo principal es sacar adelante la iniciativa popular que hemos propuesto. Por ello he traído conmigo unos cuantos pliegos para recogidas de firmas, recién entregados por la Junta Electoral Central, y os concedo el honor de ser los primeros ciudadanos de toda España que firméis nuestra iniciativa popular de reforma energética; os pido también que conciencéis a vuestros familiares y amigos de la importancia para este país de nuestra propuesta, pues la energía es el motor que mueve las economías; y os pido también que, en la medida de vuestras posibilidades, nos ayudéis económicamente en una campaña que, de conseguir sus objetivos, sin duda beneficiará a los miembros de esta asociación y de todos los que producís energía renovable.

Muchas gracias.

Francisco Girbau Ortega es socio de infoLibre

El PSOE va a defender en el Congreso una moción para impulsar un  Pacto de Estado de la Energía. La moción recoge una condición previa: la realización de una auditoría "regulatoria" que aclare el impacto en los balances de las empresas de la normativa en vigor. En otras palabras, el PSOE, según fuentes del grupo parlamentario "no comparte el análisis" del Gobierno y las empresas sobre el déficit tarifario déficit tarifario(30.000 millones de euros acumulados en una década); considera que hay tecnologías sobreretribuidas (nucleares y gran hidráulica) y está convencido de que el mercado, tal y como está concebido, no funciona.

La moción se alinea con las peticiones de colectivos ciudadanos y empresas del sector de renovables. El PSOE, en línea con algunas denuncias planteadas incluso ante la Fiscalía Anticorrupción cuestiona el importe y el destino de los costes de transición a la competencia que han cobrado de más las empresas eléctricas; apoya el autoconsumo; defiende que las diferentes tecnologías reciban la retribución con la que entraron en el mercado; cuestiona el funcionamiento del mercado mayorista eléctrico (pool); defiende el límite de 40 años para la vida útil de las nucleares (la última central, Trillo, cerraría en 208) y apuesta por un suministro mínimo de electricidad y gas para los hogares que no pueda ser cortado por las empresas.

La moción no entra en un punto que sí ha desatado muchas críticas entre colectivos ciudadanos: las ya famosas "puertas giratorias". Fuentes del grupo parlamentario expicaron que la espinosa cuestión entra dentro de las medidas de regeneración democrática y no forma parte de la moción, centrada en las tarifas eléctricas y su formación. Como principio general, sostienen las fuentes consultadas "la política no debe impedir ni criminalizar a profesionales que tienen que vivir de su profesión".

Más déficit tarifario

El PSOE, que acusa al PP de haber duplicado la media anual de déficit tarifario eléctrico (9.200 millone sen dos años de Gobierno popular), sostiene que si el Pacto de estado que propone no cuaja, derogará la ley del sector eléctrico recién aprobada en cuanto llegue al Gobierno.

Para los socialistas, el sistema eléctrico precisa  una "reforma gradual y profunda"  que persiga incentivar el ahorro y la eficiencia para "avanzar hacia la plena utilización del potencial en energías renovables" que tiene España.

La reforma tendría que incorporar además un régimen estable de apoyo a las energías renovables,energías renovables para las que se debería crear un mercado de subastas que diferencie por tecnologías, de modo que el régimen retributivo sea más competitivo y permita retribuir a cada instalación por las diferencias que existe entre sus primas y los precios del mercado.

España fue un ejemplo en el desarrollo de las energías renovables entre 2000 y 2010. Entonces, las compañías energéticas traidicionales competían por incorporar a su imagen de marca el verde y el azul. Eran, en todo caso, otros tiempos, El país ha pasado de estar a la cabeza en el desarrollo de las energías limpias a estar a la cola.

En apenas dos años, según datos de la consultora consultora Bloomberg New Energy Finance (BNEF), la inversión en energías limpias se ha reducido a unos 740 millones de euros, un 90% de caída desde 2012. Por comparar, en Europa, Alemania y Reino Unido han invertido el pasado año más de 10.356 y 9.600 millones y Francia e Italia más de 2.900 cada uno.

En este contexto, los nuevos estándares de retribución para el sector renovable, que suponen un recorte en las primas de al menos 1.750 millones, han desatado las críticas: asociaciones (APPA, Unef, Anpier), empresas e inversores preparan movilizaciones.

Decreto pendiente

El nuevo modelo propuesto por Industria, en una orden ministerial que desarrolla un decreto aún no aprobado, fija “una rentabilidad razonable” de las instalaciones del 7,39% y limita las primas a ese fin. Para ello tiene en cuenta toda la vida regulatoria de la instalación. Son 20 años para la cogeneración, 30 años para instalciones  fotovoltaicas y 25 años para las termosolares. Eólica y fotovoltaica son las tecnologías más castigadas.

El asunto es serio. La banca tiene comprometidos más de 20.000 millones en créditos sólo en el sector solar fotovoltaico. Dos tercios del total corresponden a bancos españoles y un tercio a bancos extranjeros, principalmente alemanes y japoneses. Los bancos españoles más expuestos en el sector son el BBVA, CaixaBank, Santander y Bankia. Entre los grandes, sólo el Popular se ha mantenido al margen del crédito a los huertos solares.

Ese caudal de dinero está en peligro. La nueva regulación amenaza con llevar a la quiebra 59.000 instalaciones de 60.000 inversores, según destaca la Unión Española Fotovoltaica (Unef, 400 empresas).

Llamada a la defensa

Unef, como APPA y Anpier, las asociaciones que agrupan a las empresas de renovables más afectadas se aprestan a la defensa. La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), con 4.700 socios, ha convocado una asamblea a finales de mes para analizar las consecuencias del último recorte y, en su caso, adoptar medidas.

El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, sostiene que la decisión de Industria  “nos avoca a realizar esfuerzos extraordinarios que en muchos casos no van a poder ser asumidos por los pequeños productores que, para evitar la pérdida de plantas y hogares, se sometieron a refinanciaciones que llegan a superar el 7 % de interés".

Las cuentas de otra asociación del sector fotovoltaico, Unef, estiman el recorte para el sector de entre 550 y 600 millones de euros. El resultado: concursos de acreedores en masa.

También la asociación de productores APP carga contra los recortes. En su caso, los estima en hasta 2.000 millones. Para APP, las decisiones de Industria parten de un análisis equivocado: "identificar déficit de tarifa con energías renovables". La consecuencia es que Industria sólo actúa sobre la retribución de las energías limpias y mantiene intactos privilegios de las eléctricas tradicionales,

Justificación

Para justificar el recorte, El Gobierno asegura  que desde 2005 hasta 2013, las primas al régimen especial alcanzaron los 50.000 millones de euros. La misma cantidad, por ciero, que han ganado las grades compañías del sector en los últimos seis años.

Pero en el argumento de Industria hay un pequeño truco. El sistema al régimen especial retribuye tanto a tecnologías renovables como a otras no renovables (cogeneración y tratamiento de purines). Según las asociaciones de renovables, solo 32.225 millones de los 50.000 que esgrime Industria como argumento corresponden a las primas recibidas por el total de las tecnologías renovables.

No es un error inocente. El ministro de Industria, José manuel Soria, elevó a 10.000 millone sde euros el coste de las primas de las renovables en españa. Lo hizo durante su intervención en el World Economic Forum de Davos.

Sin embargo, el presidente de la Fundación renovables, Javier García Breva defiende otros números. "En España" asegura "el coste de las renovables es justo la mitad del que el Ministro Soria dijo en Davos. De 2009 a 2013 el coste medio anual de las renovables han sido 5.511 millones". La explicación: no sólo cobra primas el sector de las renovables, al que se hace responsable del crecimiento del  déficit de tarifa eléctrico hasta 30.000 millones de euros, tambien lo hacen las empresas convencionales.

La fuerza del Lobby

Los recortes recién aprobados en España encajan bien en la estrategia diseñadada por las grandes compañías energéticas europeas. El lobby, bautizado "Magritte", y al que pertenecen Endesa (Enel) e Iberdrola, ha tenido éxito: Bruselas ha descartado imponer a los países miembros de la UE, en el horizonte de 2030, un objetivo jurídicamente vinculante para desarrollar el sector de las energías renovables y combatir el cambio climático.

Mientras en España las grandes compañías presionan al Ejecutivo y recortan inversiones, en Europa la Comisión Europea se ha plegado a sus exigencias. En la propuesta de objetivos para el año 2030 en materia de clima y energía, Bruselas propone un recorte del 40% en las emisiones de CO2 respecto a 1990 pero relaja al 27% la cuota de mercado que deben cubrir las energías renovables. Y sin objetivos jurídicamente vinculantes por países. Además, la Comisión Europea renuncia a legislar sobre la explotación de gas no convencional (shale gas, fracking). La labor de lobby ha dado fruto.

Los datos publicados en el BOE afirman que el Gobierno subirá un 18% la parte fija del recibo de la luz, según informa el diario 20 Minutos. El término de potencia del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), conocido anteriormente como la Tarifa de Último Recurso (TUR), que regula en parte el Gobierno, asciende hasta los 42,04 euros por kilovatio (kW). Esta parte del recibo no había sido modificada desde agosto de 2013, cuando se aprobó una subida generalizada de la TUR del 1,2% tras la aplicación de nuevas medidas de la reforma energética.

Según la información publicada en el BOE, en la revisión de peajes se recoge un desajuste de ingresos de hasta 2.686 millones de euros. A dicha cuota hay que añadirle hasta el máximo de 3.600 millones de euros de déficit previsto, es decir, la cantidad que finalmente resulte de los desajustes temporales de 2013.

El precio del recibo de la luz que abonan la mayoría de los consumidores, acogidos al PVPC en España, proviene casi un 45% de la parte liberalizada que resulta de la subasta trimestral entre las eléctricas. El otro 55% depende de la parte reguladora en la que interviene el Gobierno mediante los peajes. En este apartado se incluyen los costes de distribución, transporte y primas a renovables.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, ya había avanzado que el recibo de la luz subiría el 2,3% a partir del 1 de enero de 2014. Parte de esta subida, prevista para el primer trimestre del año, corresponde a la subasta anulada en diciembre junto a los nuevos peajes actualizados en función de los "criterios de mercado".

Miles de personas salieron a las calles este sábado en 23 movilizaciones en distintos puntos de España para protestar por la subida de la tarifa eléctrica y pedir tanto al Gobierno y al Ministerio de Industria como a los agentes del sector "una luz a precio justo". Las manifestaciones tuvieron lugar en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia, Santander, Cáceres, Badajoz, Don Benito, Las Palmas, Sevilla, Cádiz, Almería, Granada, Málaga, Jaén, Córdoba, Huelva, Santiago de Compostela, Toledo, Bilbao y Logroño.

Lemas como "La luz no es un capricho, es una necesidad", "La banca está detrás de la electricidad", "Se nota que hay usura detrás de la factura" o "Si enciendo la bombilla, me roban la cartilla", han sido coreados en las manifestaciones, concentraciones y performances llevadas a cabo hoy. Estas convocatorias estuvieron apoyadas por más de 500 organizaciones y, según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) servirán como punto de partida de una iniciativa global conjunta para la puesta en marcha de una "reforma de la reforma eléctrica".

En el acto se reivindicó un manifiesto en el que los consumidores rechazan seguir asumiendo la deuda de las eléctricas y tarifas "manifiestamente injustas". "Reclamamos cambios inmediatos y urgentes, una reforma en profundidad del mercado eléctrico que cuente con los consumidores y bajo los principios de simplificación y claridad", señalaron.

Asimismo, añadieron a sus peticiones la revisión de los mecanismos de fijación de precios y de todos los costes que se imputan a la tarifa eléctrica; el establecimiento de garantías de un suministro a un precio razonable o la realización de una auditoria independiente del denominado déficit de tarifa, con la participación de los consumidores, que clarifique esta deuda y fije qué parte es legítima. "Esta movilización conjunta supone la primera piedra en el camino de una reacción global de los consumidores frente a una situación de los consumidores en el mercado eléctrico que constituye uno de los problemas más graves de las familias en España junto a las hipotecas y el alquiler", indicó Manuel Pardos, presidente de Adicae.

Censo de familias

Para las nuevas medidas, Adicae iniciará la elaboración de un censo de las familiasAdicae iniciará la elaboración de un censo de las familias a las que se les corta el suministro eléctrico por problemas de pago, para proceder a llevar a cabo actuaciones reivindicativas ante las compañías responsables del corte en todas las provincias donde tengan lugar.

Además la asociación invitará a los usuarios de las compañías que procedan a estos cortes a llevar a cabo acciones de respuesta a través de su consumo eléctrico y cambios de compañía, algo que dada la ausencia de competencia efectiva en el sector en materia de precios no supondrá esfuerzo económico alguno para los consumidores.

El precio medio en el mercado 'spot' en España se situó en el mes de diciembre en 63,64 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un 78% más que los 35,75 euros marcados de media en Alemania un 78% másen el mismo mes, o incluso el doble de los 32,66 euros de la región eléctrica del Norte de Europa, operada por Noordpool.

Estas cifras aparecen recogidas en el informe mensual elaborado por el operador del mercado ibérico de electricidad (Mibel) correspondiente a diciembre de 2013,mercado ibérico de electricidad (Mibel) el mismo mes en que se produjo la escalada de precios en el 'pool' español que, sumado a otros factores, provocó la fuerte subida en la subasta Cesur para fijar el precio al consumidor doméstico en enero, finalmente invalidada por el Gobierno.

El informe del operador, recogido por Europa Press, muestra que Portugal, cuyo mercado se encuentra prácticamente acoplado con el español, también sufrió los efectos de lo ocurrido con el 'pool' y registró precios medios de 62,99 euros. Otro país de referencia, Francia, tuvo en cambio la electricidad un 28% más barata que en España.

Operador ibérico

El informe del operador ibérico muestra además que el precio de España fue un 51% superior al del mismo mes del año anterior, de 41,83 euros, y un 51,6% superior al de noviembre.

Otro aspecto del que da cuenta Mibel, y al que ya han hecho alusión tanto la Comisión Nacional de la Energía (CNE) como su sucesora la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es el peso de las operaciones al margen de los mercados organizados, conocidas como 'over the counter' (OTC).

Dentro del mercado a plazo, de todo el volumen negociado en diciembre, de 49.915 Gigavatios hora (GWh), los OTC no registrados equivalieron al 69%, frente al 15% de los OTC registrados y el 16% del mercado continuo.

En su informe sobre la subasta, la CNMC insistió en la concurrencia de "circunstancias atípicas" que impidieron que se desarrollara en un entorno de "suficiente presión competitiva".

Entre ellas, alude a varias relacionadas con el propio proceso de celebración de la subasta, así como a otras vinculadas a la evolución de precios en el 'pool' eléctrico, condicionada por aspectos como la menor demanda, la indisponibilidad de grupos térmicos y la escasa eolicidad.

Por otra parte, la parte regulada del recibo de la luz, conocida como peajes, será revisada al alza si el déficit de tarifa supera en 2014 los 366 millones de euros, según el nuevo mecanismo de revisión automática para garantizar la suficiencia del sistema eléctrico, incluido en la nueva Ley del Sector Eléctrico.

Más subida

Esta subida de peajes se produciría al margen de la ya anunciada para enero, que se encuentra todavía pendiente de su publicación en el BOE. El Ministerio de Industria remitió el pasado 14 de enero una nueva versión de memoria económica de esta orden a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la que ha tenido acceso Europa Press.

Al margen de la revisión de tarifas de enero (2,3%), el artículo 19 de la nueva ley señala en su punto segundo que el déficit de tarifa no podrá superar el 2% de los ingresos previstos para el año y que la deuda acumulada tampoco podrá superar el 5% de la previsión de ingresos. Si se rebasasen estos umbrales, se subirán los peajes para compensar.

Trasladada esta nueva norma a los números de Industria, el umbral de 2014 queda fijado en 366 millones para el caso del déficit y en 916 millones para la deuda acumulada. Tanto el agujero inferior a estos importes como los déficit provisionales que se generen durante el año serán financiados por las empresas del sistema de liquidación, renovables incluidas.

El Congreso de los Diputados ha autorizado la puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)presentada por la Asociación Española para la Calidad en la Edificación (Asece), que propone una auditoría del déficit de tarifa del sector eléctrico.

Tras las recientes subidas del precio de la electricidad, Asece ha decidido llevar a cabo una ILP que aclare si el déficit de tarifa eléctrico es real o si las eléctricas “inflan” el recibo de la luz. Asimismo, la asociación denuncia que no se haya realizado un análisis económico-financiero tras las constantes subidas de la luz.

La aprobación del Congreso y el Senado es tan solo el primer paso para llevar a cabo la propuesta legislativa. Así, para que la petición de la asociación prospere, tendrá que recabar al menos 500.000 firmas, tal y como establece el reglamento que regula la Iniciativa Legislativa Popular. Para ello, Asece ha puesto en marcha una plataforma digital donde cualquier ciudadano podrá firmar.

“Ya que los políticos no se ponen de acuerdo para llevar a cabo una auditoría del déficit de tarifa eléctrico, serán los ciudadanos quienes solucionarán una supuesta deuda de más 30.000 millones de euros impuesta por un grupúsculo de empresas codiciosas, con apoyo del Gobierno”, afirma el presidente de Asece, Adrián Sánchez Molina, en una nota de prensa.

Asece reclama la participación ciudadana en la consecución de la ILP con el fin de arrojar luz sobre un sistema eléctrico “opaco” y que aclarará “si nuestra factura está sobrecargada”.

La Sala de Supervisión Regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advierte que el déficit de tarifa del sistema gasista podría llegar a 813 millones en 2014 y de que los ingresos regulados previstos para el año solo cubrirán el 88% de los costes esperados para el ejercicio.

Ante esta situación, el regulador se muestra partidario de subir los peajes, que son la parte regulada del recibo, y reclama al Gobierno que adopte medidas encaminadas a cubrir en su totalidad los costes regulados. Estas consideraciones aparecen recogidas en el informe de la CNMC acerca de la propuesta de orden por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso a terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas del sector gasista para el año 2014.

La memoria de la orden ministerial indica que las necesidades de financiación para el ejercicio 2014 se elevan a 3.796 millones de euros, frente a unos ingresos previstos de 2.983 millones. Por lo tanto, el déficit del ejercicio previsto para 2014 ascendería a 813 millones de euros, lo que representa el 27% de los ingresos por peajes y cánones previstos. En estas circunstancias, el organismo considera que el déficit de tarifa del gas "podría considerarse estructural", al menos "mientras no se disponga de la reforma regulatoria prevista" y si se mantienen los peajes, esto es, la parte regulada de la tarifa.

Pese a haber remitido a la CNMC un borrador de orden ministerial en la que se congelaban estos peajes, el Ministerio de Industria publicó el pasado 30 de diciembre en el BOE una orden ministerial de revisión en la que se elevaba en un 2,3% esta parte del recibo. Este incremento no tuvo repercusión sobre la revisión de la Tarifa de Último Recurso (TUR) de gas natural en enero, que quedó congelada después de que la otra parte del recibo, la correspondiente al coste de la energía, se abaratase en un 3,2%.

En su informe, la CNMC recuerda que ya puso de manifiesto en un informe anterior sobre el sector energético español de marzo de 2012 "el desequilibrio económico detectado en el sistema gasista". En este documento, el organismo advirtió de la necesidad de incrementar los peajes para eliminar de forma total el déficit. "Esta situación es consecuencia, por una parte, del significativo crecimiento de los costes regulados por la puesta en servicio de un número importante de las infraestructuras previstas en las sucesivas planificaciones y, por otra, parte de la contracción de la demanda", indica el documento.

El borrador de orden ministerial remitido por Industria pronostica una demanda de gas natural en 2014 de 337,6 teravatios hora (TWh), de los que 282,6 TWh corresponden a la demanda convencional de gas natural y 55 TWh a la demanda para generación eléctrica. La cifra final implica un incremento del 0,3% con respecto a 2013.

La Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha arremetido contra el ministro de Industria, José Manuel Soria, al que ha acusado de lanzar contra las empresas eléctricas acusaciones "muy graves" de manipulación de los precios, de fracasar con su reforma energética y de "cargar sus errores" sobre empresas y consumidores.

La patronal de las eléctricas ha hecho público un comunicado en el que afirma que las compañías manifiestan "su absoluto rechazo a las graves alusiones" lanzadas por Soria, en el diario Abc, en las que sugiere que ha habido un comportamiento irregular de dichas compañías en la reciente subasta de la CESUR.

En dicha entrevista, el ministro afirma que "ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios" y añade que "existe mucha preocupación en los cuarteles generales de las eléctricas". Para Unesa, esta declaración "parece querer sugerir que las empresas eléctricas han perturbado el normal funcionamiento de una subasta en la que ellas no suponen más allá del 10% de la oferta total, pues el grueso de las operaciones las realizan entidades financieras y 'traders' extranjeros de energía", explica Unesa.

En opinión de la patronal eléctrica, se trata de "una acusación muy grave" por parte de un administrador público y recuerda que los supervisores de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) no detectaron 'in situ' ninguna irregularidad en el desarrollo de la subasta y el informe en las primeras conclusiones publicadas en el BOE no alude, en absoluto, a una "manipulación burda de los precios" y sí, en cambio, a errores técnicos.

Además, Unesa subraya que estas declaraciones suponen "un claro menosprecio a la honorabilidad de los gestores y miles de empleados de las compañías eléctricas, al haberse realizado en un tono y con unos términos que sugieren que se podría haber incurrido en algún género de responsabilidad".

La asociación recuerda que las condiciones de la subasta las fija el regulador y las empresas eléctricas "tienen un papel absolutamente marginal en el precio resultante" de esa subasta. Además señala que han declarado muchas veces que no son favorables a que un mecanismo financiero determine casi la mitad de la tarifa eléctrica.

"Lo que realmente ha puesto de manifiesto esta subasta es el fracaso de la reforma emprendida por el ministro; una reforma que, por no afrontar los auténticos problemas que generan el déficit tarifario y la evolución de los precios, está conduciendo al sistema eléctrico español a una situación insostenible, en la que casi la mitad de lo que pagan los consumidores a través de su tarifa sirve para costear los errores políticos de los Gobiernos y no para cubrir los costes del suministro eléctrico", afirma Unesa.

La patronal considera que "la reforma carga los errores del Gobierno sobre empresas eléctricas y consumidores que han hecho un esfuerzo multimillonario para financiar una reforma que ha fracasado el mismo día en el que fue aprobada. Esto sí que es motivo de preocupación en las sedes de las empresas eléctricas", subraya.

Por todo ello, ha exigido que se clarifique "urgentemente y con la mayor transparencia y rapidez" el resultado del informe sobre el análisis de la subasta celebrada el pasado jueves y que ha sido anulada por el Gobierno.

Además, ha pedido que se publiquen los nombres de los participantes en la misma y las condiciones en que se llevó a cabo, ya que, según ha indicado, "se están creando graves perjuicios de reputación y económicos a unas empresas que realizan una actividad vital para el país y que emplean alrededor de 180.000 personas".

En opinión de Unesa, los problemas de la factura eléctrica se han producido hasta el día de hoy en la parte regulada del recibo y no en el precio de la energía fijado en la subasta.

Según su análisis, "dichos precios, incluso hoy en día y a pesar de las recientes subidas, están perfectamente en línea con los de otros países de nuestro entorno europeos, como por ejemplo Gran Bretaña, Francia o Italia. No estando aquí la explicación del alto coste de la factura que se produce en la parte regulada por el Gobierno que si está muy por encima de los países europeos".

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha calificado de "inaceptable" el resultado de la subasta eléctrica de este jueves, que presiona un 10,5% al alza el recibo de la luz, y ha anunciado que en 24 horas se dedidirá si se invalida.

La posible invalidación de la subasta se realizará en función del resultado del informe reclamado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Si en su contenido se aprecia "manipulación", "la consecuencia sería invalidarla", indicó.

"Si no se invalida, el Gobierno analizará el contenido del informe de Competencia" para estudiar modificaciones en el mecanismo de la subasta para que sea "más transparente y más competitivo y no haya ningún tipo de manipulación".El Ministerio de Industria y Energía solicitó formalmente la apertura de una investigación

a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para analizar la subasta eléctrica de este jueves. Lo adelantó en los pasillos del Congreso el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Alfonso Alonso, que señaló que el objeto de esa investigación es analizar "si ha habido competencia en la subasta" o "si ha habido alguna manipulación" que haya dado lugar a ese resultado.

Según Alonso, es "inabordable" e "inaceptable" una subida del 11%. "No hay ninguna justificación para una subida de esas características", ha afirmado rotundo, para añadir que desde el punto de vista del Ministerio tampoco hay "ninguna base que justifique" el resultado que se ha producido.

El portavoz del PP ha recordado que el coste de la energía en España es "uno de los más caros de Europa", sólo por detrás de Chipre e Irlanda, algo que, a su juicio, es "culpa de una desastrosa política energética del Gobierno del PSOE".

Así, ha recalcado que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "incrementó el precio de la luz en un 68% y duplicó los costes de generación". Y ha añadido que el Gobierno del PP viene trabajando "para corregir" la situación y conseguir que "la luz no suba" porque las familias no se lo "pueden permitir" y porque la economía española "no puede competir con esos costes".

En concreto, el Supremo ha rechazado el recurso de casación que estas dos compañías habían presentado contra una sentencia anterior de la Audiencia Nacional, en la que las eléctricas denunciaban esta obligación al considerarla discriminatoria, y que se falló en su contra.

En las nuevas sentencias, el Alto Tribunal analiza la impugnación de la segunda liquidación provisional de 2012 de la CNE, en la que a Gas Natural Fenosa le correspondía financiar 81 millones de euros de la deuda eléctrica de ese año, y a Endesa otros 91 millones.

Las empresas consideran que esta obligación vulnera el artículo 14 de la Constitución, al obligar a cinco empresas eléctricas, y no al resto de agentes con actividades reguladas, a financiar el déficit de tarifa.

La Audiencia Nacional había recordado en su sentencia ahora ratificada por el Supremo que la asignación de esta obligación a las eléctricas se estableció como consecuencia de la concesión a estas empresas de los llamados Costes de Transición a la Competencia.

La sentencia entiende además que en la imposición de este medida existe un objetivo legítimo que justifica la imposición de la obligación de financiar el déficit de tarifa.

El Supremo también entiende que no es aplicable la sentencia de febrero de 2012 acerca del bono social, en la que se anuló la obligación de las cinco eléctricas de financiar esta ayuda y se reconoció el derecho de las empresas al reintegro de lo abonado.

El viernes 29 de noviembre, cuando los precios empezaron a subir de forma notable, trascendió que Hacienda había decidido no cubrir con los presupuestos 3.600 millones de déficit eléctrico acumulado en 2013 y que las grandes empresas esperaban ingresar este mismo ejercicio. 

Pese a las reiteradas críticas de analistas y comercializadores independientes,comercializadores independientes Industria solo ha solicitado que entre en acción Competencia al conocer que grandes empresas, siderúrgicas y cementeras, habían paralizado total o parcialmente 21 plantas por las importantes subidas en los precios del kilovatio. En comparación con Alemania, los precios marcan diferenciales de hasta el 60%, segun la asociación de empresas de gran consumo eléctrico (AEGE).

Más de 100 euros

Ayer jueves, en el mercado mayorista eléctrico, donde se cruzan las ofertas entre vendedores y compradores cualificados (empresas) de electricidad, los precios llegaron a superar los 106 euros (MWh). El precio medio se situó en torno a 91 euros.

La complejidad del mercado eléctrico, donde los papeles principales de vendedor y comprador los desempeñan las mismas empresas, hace poco probable que se puedan probar irregularidades. Un buen ejemplo fue la investigación, por supuestas prácticas irregulares que la anterior Comisión Nacional de la Energía (CNE) llevó a cabo en las subastas trimestrales CESUR. No hubo resultados.

Industria comunicó que había decidido actuar tras dos semanas a través del secretario de Estado de Energía. "Le he pedido a la CNMC que haga un análisis desde el punto de vista de competencia y desde el punto de vista regulatorio", CNMC indicó Nadal a un grupo de periodistas tras clausurar la presentación del World Energy Outlook, organizada por Enerclub.

Frío excepcional en diciembre

A pesar de que estamos en diciembre, Nadal consideró "cierto" que hay factores como "el frío excepcional" o "el poco viento" que contribuyen a esta subida, pero consideró necesario conocer si ha habido algún factor "externo" que provocara la escalada de precios. "Queremos estar seguros de que son condiciones naturales y de que no hay ningún factor externo que haya influido en el precio del 'pool'", aseguró Nadal.

Para los usuarios de electricidad, más de 20 millones acogidos a la tarifa regulada, el momento clave se dará el próximo 19 de diciembre. Ese día se celebrará la subasta (CESUR) para fijar el precio del kilovatio en los próximos tres meses. La subasta determina la mitad del recibo que pagan la mayoría de los clientes domésticos.

El problema es que desde el 29 de noviembre, los precios de la electricidad se han disparado en el mercado diario y en el de futuros. Si la situación no se corrige la subida del recibo podría ser de entorno al 9%, insoportable para muchos hogares. Desde 2006, las subidas en la factura superan el 70%.

Y no se trata sólo de la mitad del recibo que recoge la subida del kilovatio. El reconocimiento de 3.600 millones de euros de déficit del sistema eléctrico en 2013, añadidos a los 26.000 millones de deuda ya contabilizados, elevará la factura de los hogares en torno a otro 2% en enero. Malas noticias para comenzar el año, una vez más.

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha afirmado este miércoles que si las empresas eléctricas aceptan la oferta del Gobierno de avalar los 3.600 millones de euros de déficit de tarifa de este ejercicio "no habrá ninguna repercusión" sobre el precio de la luz que pagan los consumidores, y ha asegurado que en este ejercicio el incremento de la factura será del 0,9%, informa Europa Press. 

Durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, el ministro ha sido preguntado por la decisión del Ejecutivo de retirar, durante su trámite en el Senado, los 3.600 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2014 recogían para cubrir el déficit tarifario del actual ejercicio, medida que provocó la amenaza de las eléctricas de tener que subir el precio de la electricidad y que posteriormente llevó al Ministerio a ofrecer un aval público para esta deuda.

Preguntado sobre este asunto por la socialista María Luisa Carcedo y por el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, el titular de Industria ha señalado que "la propuesta que ha hecho el Gobierno al conjunto de las empresa generadoras es que ese desfase única y exclusivamente cuente con el aval del Gobierno para que no tenga una repercusión en los precios industriales y domésticos".

"Por tanto, si las eléctricas aceptan ese ofrecimiento del Gobierno, no tendría por qué haber ningún tipo de impacto ni efecto negativo en los precios", ha asegurado Soria, justificando su decisión en que "hay un objetivo superior" al de acabar con el déficit tarifario como es reducir el déficit público.

Este año habrá superávit

Además, el titular de Industria ha asegurado que las medidas que su equipo ha aprobado en los dos años que van de legislatura para el sector eléctrico han permitido que este año la diferencia entre los ingresos del sistema y los costes regulados "no sólo no arrojen déficit en 2013, sino que incluso arrojarán un pequeño superávit, probablemente de algunas decenas de miles de euros".

"Tras las medidas de estos dos años, por primera vez hemos disminuido los costes de transporte, de distribución, de las actividades de generación en sistemas insulares y extrapeninsulares, y hemos modificado el sistema de incentivos a las energías del régimen especial, que era insostenible", ha señalado.

Y, gracias a ello, el precio de la luz ha subido entre enero y diciembre apenas un 0,9%, frente al 63,4% de incremento que se produjo entre 2006 y 2012. De hecho, ha recordado Soria, la subasta del tercer trimestre de este año, cuyo resultado se aplica entre julio y septiembre, arrojó una caída en el precio de la luz del 6,3%.

Deficientes previsiones socialistas 

A renglón seguido, Soria ha recordado que parte del déficit tarifario se debe a las "deficientes previsiones" que hizo el Gobierno socialista tanto en materia de evolución del PIB --frente a la proyección de +25% entre 2006 y 2012 finalmente se verificó un +1%-- como en relación con la demanda eléctrica --se previó un aumento del 24% en el mismo periodo y la realidad fue del 1%--.

"Como consecuencia de esa deficiente previsión --que no voy a entrar en las causas-- el desfase ha sido cada vez mayor, y eso obliga, no hay otra opción, a adoptar medidas para controlarlo porque si no, simplemente, el sistema eléctrico quebraría", ha añadido, defendiendo en este punto que las reformas normativas que ha impulsado desde el Ministerio han permitido "incrementar los ingresos y disminuir los costes".

¿Quo vadis, ministro?

Estas explicaciones, sin embargo, no han convencido a Carcedo, que le ha preguntado al ministro "quo vadis" (dónde vas, en latín) y "adónde le conduce" el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, con "sus permanentes desautorizaciones y contradicciones". "Lleva dos años dando tumbos, persiguiendo un supuesto equilibrio tarifario, y por el camino ha perdido una mayor independencia energética y parte de la competitividad del sector industrial", ha lamentado.

Y, sin embargo, las reformas "no han encontrado ni la seguridad jurídica" del sistema ni han aportado mayor certidumbre para los inversores, mientras que los consumidores domésticos e industriales están sufriendo "un aumento insoportable de las tarifas" y una mayor "pobreza energética".

"Por favor, no siga por ese camino, encuéntrese y encuentre la solución empezando de nuevo, negociando con el sector, abriendo espacios de consultas a los ciudadanos como en otros países y logrando un sistema equilibrado. Y, por favor, no siga encareciendo el precio de la energía para los consumidores y no destruya el sector productivo relacionado con la energía, que era un sector de futuro e innovación muy importante", ha añadido la diputada asturiana.

A tiempo de rectificar

Por su parte, Sánchez Llibre cree que ni siquiera el ofrecimiento de aval público a las eléctricas impedirá un incremento de los precios de la energía, que ya están un 30% por encima de la media europea, lo que hace "perfectamente inasumible" que las familias y las industrias puedan hacer frente a más subidas.

"Sabe perfectamente que, aunque se pongan de acuerdo con las eléctricas, finalmente estos 3.600 millones de euros van a repercutir inmediatamente en los consumidores. Y nosotros estamos radicalmente en contra de esta decisión del Gobierno de no incorporar en los Presupuestos esta financiación del déficit tarifario", ha añadido el diputado.

Por último, ha reprochado asimismo que se haya eliminado en el Senado, "a escondidas, con premeditación y alevosía, y obviando el debate parlamentario", la decisión de incluir los 3.600 millones de euros en las cuentas de 2014 que se aprobó en el Congreso. "Estamos totalmente convencidos de que en el Senado aún están a tiempo de rectificar esta decisión improvisada y que va en la dirección única y exclusivamente de reducir el déficit tarifario que ha sido un fracaso", ha zanjado.