Cuatro candidaturas en nueve provincias. La Plataforma España Vaciada pondrá a prueba por primera vez su capacidad de expresarse en términos políticos en casi la mitad de las circunscripciones de Castilla y León en las elecciones anticipadas que tendrán el lugar el próximo 13 de febrero. 

El presidente Alfonso Fernández Mañueco decidió adelantar los comicios para intentar repetir el éxito de Isabel Díaz Ayuso en Madrid: acabar con Ciudadanos y conseguir una mayoría lo suficientemente amplia como para —con el permiso de Vox— formar gobierno en solitario. Y, de paso, impulsar la carrera de Pablo Casado hacia La Moncloa.

En ese camino, sin embargo, se cruzarán las papeletas de la España Vaciada en las provincias de Soria, Burgos, Palencia y Salamanca. Su objetivo es colarse en las Cortes y decidir el nuevo gobierno autonómico imponiendo, por primera vez en Castilla y León, una política de combate activo contra la despoblación. 

De momento es imposible saber si lo conseguirán. Las candidaturas acaban de formarse y están aún siendo bautizadas, de manera que las empresas de encuestas tienen muy difícil averiguar el respaldo que pueden conseguir. Las expectativas son altas: los sondeos pronostican que la plataforma más consolidada, Soria Ya, se hará al menos con un procurador.

Los históricos electorales de los últimos años de poco sirven y abonan la incertidumbre: de un lado Ciudadanos está a la baja, Vox al alza y Podemos en plena transformación, pendiente del tirón que pueda tener la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

El listón en cada provincia es, además, muy distinto. En las menos pobladas el porcentaje de voto necesario para optar a escaño es relativamente elevado. En Soria, donde sólo se reparten cinco procuradores, hace falta entre un 13 y un 14%. En Palencia un poco menos: se necesita entre un 11 y un 12% de los votos para optar a uno de los siete puestos que se ponen en juego el 13 de febrero. En cambio, en Salamanca el listón está por debajo del 8% y en Burgos apenas por encima del 7%.

No habrá papeletas de la plataforma de la España Vaciada en las urnas de Ávila, León, Segovia y Zamora. En las últimas horas la plataforma todavía trabajaba para tratar de presentar una lista por Valladolid, pero en el resto lo apretado de los plazos —el adelanto electoral les pilló a contrapié— se volvió en contra. En León optaron por la prudencia, para no castigar las posibilidades electorales de Unión del pueblo Leonés y dejar abierta la puerta a una candidatura común en las generales de 2023.

Ahora tendrán, además, que combatir las candidaturas que se han presentado bajo la apariencia de España Vaciada y que no lo son. Algunas defienden postulados indistinguibles de la derecha extrema (Palencia Existe, Puede Palencia). Otras tienen orígenes y planteamientos muy distintos (Unión del Pueblo Leonés, una formación leonesista con 36 años de historia o Por Ávila, producto de un escisión del PP).

Soria Ya, la única de las candidaturas de la España Vaciada que concurrirá con el formato de agrupación de electores pero dentro del proyecto de la plataforma, necesitará como mínimo unos 6.000 sufragios para robar al menos un escaño al PP o al PSOE, que son los partidos que tradicionalmente se reparten los cinco diputados que representan a esta provincia en las Cortes de Castilla y León. Parecen pocos votos, pero en un respetable 13 o 14% de la tarta electoral provincial.

Más difícil es pronosticar a quién perjudicará una hipotética irrupción de Soria Ya en las Cortes, especialmente si entra en juego Vox. Si se confirman las encuestas y los ultras no logran representación por esta provincia, la candidatura soriana de la España Vaciada perjudicará con toda probabilidad al partido más votado, que es el que matemáticamente se llevaba hasta ahora el quinto escaño y que, esta vez, podría ser el PP.

En Burgos la candidatura se llama Vía Burgalesa-España Vaciada y nació a partir de 45 entidades y pequeños partidos locales y provinciales. En esta provincia ese reparten 11 escaños que, la última vez que se celebraron elecciones autonómicas, se repartieron entre cuatro partidos: 5 para el PSOE, 3 para el PP, 2 para Cs y uno para Podemos-Equo.

En las elecciones de 2019 el último escaño se lo llevó Podemos-Equo a costa del PP con 13.756 votos. Esta cifra supone un 7,1% de los sufragios y ese será, aproximadamente, el listón que deberá superar Vía Burgalesa para llegar a las Cortes.

Palencia-España Vaciada será la marca palentina de la plataforma. Y no hay que confundirla con otras candidaturas instrumentales que nada tienen con el movimiento contra la despoblación como Palencia Existe o Puede Palencia, cuyos postulados están muy próximos a la extrema derecha.

Palencia, una circunscripción tradicionalmente muy conservadora con la que Pablo Casado tiene además vínculos muy directos, elige siete escaños. En las últimas elecciones autonómicas PSOE y PP se repartieron la mayor parte (tres procuradores cada uno) y Ciudadanos se apuntó el séptimo. Las encuestas anticipan un resultado muy parecido con sólo dos matices: la sustitución de Cs por Vox y quizá un escaño más para el PP a costa del PSOE.

Si nos atenemos a los datos de aquella convocatoria, el umbral del último escaño estará en el entorno del 11 o 12% de los votos emitidos en la provincia (hace tres años fueron algo más de 11.000 sufragios).

España Vaciada Salamanca (EVS) será, por su parte, el nombre que adopte la candidatura en la provincia salmantina. En esta circunscripción se ponen juego el 13 de febrero 10 escaños que en 2019 se repartieron así: 4 para el PP, 4 para el PSOE y 2 para Cs. Las encuestas, realizadas sin tener en consideración las expectativas de la España Vaciada, hablan de 6 para el PP, 3 para el PSOE y uno para Vox.

Aquí el umbral del último escaño está en torno al 7,7% de los votos. En 2019 eso fueron algo menos de 15.000 votos, aunque esa cifra siempre depende de la participación.

Las cosas están mucho menos avanzadas en Andalucía, donde todavía no hay fecha para las elecciones, pero la Plataforma de la España Vaciada ya tiene todo dispuesto para dar cobertura a las candidaturas que se decidan a dar el paso. El presidente Juan Moreno (PP) ha dicho que quiere que se celebren en junio o en octubre.

De momento no hay nada concreto, pero si nos atenemos al malestar social o a las provincias en las que son más patentes los problemas que movilizan a la España Vaciada, todo hace pensar que donde hay más posibilidades de que acabe haciendo candidaturas es en Jaén, Granada y Málaga. Sin descartar que el ejemplo se extienda a otras circunscripciones, eso si la experiencia de Castilla y León es un éxito. 

En cualquier caso, con la información disponible y sin encuestas detalladas es muy difícil aventurar el impacto que la apuesta política de la España vaciada va a tener en la política castellanoleonesa, según fuentes conocedoras de los sondeos que se están llevando cabo. Y mucho menos si alcanzarán la masa crítica que necesitan para condicionar la formación de Gobierno, su gran objetivo.

Las mismas fuentes creen que UPL, que no es España Vaciada aunque tenga buenas relaciones con la plataforma. estaría a día de hoy entre uno y dos escaños y Soria Ya, que sí lo es, entraría en las Cortes con uno. En ambos casos seguramante a costa de dos procuradores del PSOE. Ciudadanos estaría entre uno y dos y Vox por encima de lo que dicen algunas encuestas, más cerca de nueve que de seis. 

La conclusión sería, en principio, que no habría escaños en riesgo por la derecha. Y si por la izquierda. Aunque las mismas fuentes subrayan que hacen falta más estudios para saber dónde están en estos momentos las candidaturas de la España Vaciada.

De momento, en el PP se muestran convencidos de que estas candidaturas son sólo “marcas blancas” del PSOE que tratan de perjudicar al partido de Pablo Casado. En Vox utilizan el mismo término, pero extienden el control en la sombra también al PP, al que responsabilizan del abandono de la España rural tanto como a los socialistas.

La plataforma política de la España Vaciada dispone, a día de hoy, de candidaturas para las elecciones del 13 de febrero en Castilla y León en 4 provincias: Soria, Burgos, Palencia y Salamanca, y aspira a poder concurrir en las nueve provincias castellanoleonesas, según han informado a Europa Press fuentes de la Coordinadora de la España Vaciada.

La última plataforma que se ha sumado a esta herramienta política ha sido Palencia España Vaciada, apoyada por Palencia Meseta Limpia - Aprodespa, convirtiéndose así en la cuarta provincia con lista de la España Vaciada tras Salamanca, Soria y Burgos.

Según explican fuentes de la Coordinadora, la idea es añadir el apellido de España Vaciada a las denominaciones de la plataforma para diferenciarlas de otras asociaciones, como pueden ser Palencia Existe o Segovia Existe, que han anunciado en las últimas horas su intención también de presentarse.

Desde la Coordinadora de la España Vaciada niegan tener relación con este tipo de plataformas o partidos políticos y, para ello, explican que intentarán distinguirse a través del apellido de España Vaciada y con la diferencia de que, las plataformas de la Coordinadora, están amparadas con el logo de la Revuelta de la España Vaciada, que es una E como reflejada en un espejo.

Por ello, la plataforma de Palencia ya cuenta con el apellido España Vaciada, la de Burgos y Salamanca aún falta por decidir si finalmente añadirán esta denominación, mientras que Soria Ya, explican estas fuentes, que se trata de una agrupación de electores con más de 20 años de historia y es una de las principales vertientes de la Coordinadora.

En cualquier caso, la plataforma política de la España Vaciada, que será su primera piedra de toque desde que anunciaran su intención de concurrir a elecciones, aspira a presentar candidatura en las nueve provincias de Castilla y León.

Eso sí, explican que agotarán el plazo del 9 de enero para decidir si finalmente tendrán listas en todas las provincias de estas elecciones, aunque se fijan ese objetivo. No obstante, pretenden darle importancia a todas las plataformas provinciales y les otorgan la potestad de anunciar en distinto tiempo si finalmente concurrirán a las elecciones para otorgarles protagonismo.

“Hay gente que sí que sabemos pisar una explotación agraria, porque no hemos hecho otra cosa desde que hemos nacido. Porque yo he nacido y he vivido como niño rodeado de trigales. En una tierra en la que mi abuelo, mi padre, venían de lo que es el sector de la agricultura. A otros se lo tienen que explicar cuando van a hacerse la foto a las ferias agrícolas y ganaderas”.

Con estas palabras presumió este jueves el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de su pasado agrario, en un acto en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera en la que se reunió con representantes de organizaciones agrarias y cooperativas del sector en Extremadura, y a la que también ha asistido el presidente autonómico del partido, José Antonio Monago, así como la exministra del ramo Elvira Rodríguez y consejeros de agricultura en comunidades gobernadas por el PP.

Ese vínculo con la agricultura, sin embargo, no aparece en su biografía. Y las fuentes oficiales del Partido Popular consultadas por infoLibre no pudieron precisarlo más allá de que su padre nació en un pueblo y que uno de sus abuelos se dedicaba al sector primario, aunque vendió sus tierras mucho antes de que el actual presidente del PP naciera. La información disponible es que Casado nació en Palencia capital y que su relación con el campo se limita a los veranos que pasaba en Matadeón de los Oteros (León), la localidad natal de su padre, y en la casa que sus progenitores tienen en el pueblo palentino de Husillos, a doce kilómetros de la capital provincial.

Sus padres, sin embargo, no se han dedicado ni a la agricultura ni a la ganadería. Él es oftalmólogo y su madre es profesora. De sus dos abuelos, ambos médicos, el único que tuvo relación con las tareas del campo fue el padre de su madre, Herman Blanco, que vendió a sus hermanos las tierras que poseía en Meneses del Campo (Palencia) para poder perfeccionar sus conocimientos de Medicina en la Universidad alemana de Heidelberg. Es este el abuelo de líder de Casado que sufrió la represión franquista por sus ideas socialistas y estar afiliado a UGT. Se salvó del paredón gracias a la intervención de una congregación religiosa pero pasó dos años en la cárcel.

El vínculo familiar agrario más cercano que se le conoce a Casado es un primo segundo que cría gallinas en Meneses del Campo.

El jamón de Sánchez

A pesar de ello, en el acto celebrado en Jaraíz de la Vera el presidente del PP no sólo presumió de su relación con el mundo agrario sino que ridiculizó al jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque en un acto en la Feria Ganadera de la localidad pacense de Zafra el pasado octubre confundió el jamón ibérico con el serrano.

Durante su intervención, Casado exigió al Gobierno que defienda en la negociación de la Política Agraria Común (PAC) los 47.500 millones de euros acordados por el Gobierno de Rajoy que “necesita” el campo español, ya que suponen hasta el 30% de la renta agraria. Y propuso que el marco financiero plurianual sea compatible con el Fondo de Recuperación y Resiliencia acordado por la UE, para compensar así la previsible reducción de fondos destinados al sector primario, teniendo en cuenta que el acuerdo europeo está muy vinculado con la sostenibilidad, un requisito que considera que cumple el sector agrario nacional. Un objetivo que en más de una ocasión ha señalado el Gobierno de Sánchez.

Casado incluyó el mantenimiento de los fondos de la PAC en una veintena de propuestas en defensa del sector agrario, con el que se ha comprometido a seguir manteniendo contactos cada dos meses

El primero de estos 20 puntos se refiere a la política arancelaria internacional, de modo que exige al Gobierno que defienda los intereses de España si es necesario en la propia Casa Blanca “como ha hecho Francia y por eso no le afecta tanto al champán” o a Italia con su aceite, dijo Casado.

La lista incluye una reivindicación de la figura del agricultor y una demanda de apoyo a la incorporación de mujer al campo, al relevo generacional, al cooperativismo, a la formación vinculada al sector primario y a la I+D+i, entre otras materias.

Casado cerró su intervención un llamamiento a la “España real, que tiene que despertar”, que es la de los agricultores y ganaderos que se “levantan a las cuatro de la mañana”, pero también de los pensionistas que, según él, van a ver recortadas sus prestaciones, o la de los funcionarios que, anticipó, van cobrar menos por culpa de Sánchez.

Ciudadanos y Vox alcanzaron un acuerdo en Palencia para hacer al candidato naranja, Mario Simón, alcalde el pasado sábado, pero ahora Ciudadanos niega el pacto pese a que la formación ultraderechista ha hecho público el documento con la firma de su líder municipal, Sonia Lalanda, y del propio Mario Simón. Esa es la rocambolesca situación que se está produciendo en el ayuntamiento de la capital palentina, donde Vox reivindica el cumplimiento de un acuerdo que Ciudadanos niega que exista, pese a que ya es público.

El miércoles, el alcalde Simón negó que hubiera suscrito un acuerdo con Vox después de que se hubiera filtrado un documento con la firma tanto del edil de Ciudadanos como de la concejal de Vox, Sonia Lalanda, que supuestamente se rubricó el mismo día de la toma de posesión. En el mismo, compartido durante los últimos días en las redes sociales por numerosas personas, el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Palencia, y en su representación, Mario Simón, asume "las condiciones pactadas entre el PP y Vox de Palencia para la investidura" de Simón como alcalde.

El regidor aseguró que "solo existe un acuerdo entre el PP y Ciudadanos para un gobierno liberal y por y para Palencia". Pero este jueves, la formación ultraderechista se reafirmó en la existencia de este pacto y fue la propia Lalanda la que publicó un tuit en el que incluía tanto el acuerdo firmado entre Vox y el PP para hacer alcalde al candidato conservador, Alfonso Polanco, como el pacto firmado posteriormente entre Ciudadanos y Vox para que el regidor fuera finalmente Mario Simón, a quien el PP cedió la alcaldía en compensación por el apoyo de Ciudadanos para mantenerse en la presidencia de la Junta de Castilla y León.

En dicho pacto, Simón "asume las condiciones pactadas entre el PP y Vox para la investidura", unas condiciones que incluyen la "representación en la Junta de Gobierno local". A preguntas de este diario, un portavoz de Ciudadanos en Palencia declinó opinar sobre la autenticidad del documento y no respondió sobre por qué Simón mintió, presuntamente, al negar su existencia.

La Iglesia ha puesto a la venta en Grijota, a seis kilómetros de Palencia, una casa parroquial previamente inmatriculada. El procedimiento utilizado ha sido la subasta. El obispado mantuvo abierto un periodo de recepción de ofertas entre el 17 de diciembre y el 8 de febrero. El precio base era de 45.000 euros y la fianza que deben presentar los ofertantes, de 5.000 euros. La apertura de sobres está prevista para este mismo martes. "Las casas parroquiales no son bienes de la Iglesia. Son bienes cedidos por los pueblos para los curas, como ocurría también frecuentemente con las casas de los maestros y los médicos", señala Carmen López, abogada integrante del movimiento contra las inmatriculaciones en Castilla y León. A su juicio, la venta de un "bien de dominio público" inmatriculado agrava la "apropiación" del mismo por parte de la Iglesia, ya que ésta sostiene que cuando registra un bien a su nombre lo hace para servir con él a la sociedad a través de su labor social y pastoral.

La Diócesis de Palencia no ve problema ni contradicción de ningún tipo en su actuación. "'El 'ayuntamiento' no es la 'parroquia', ni la 'parroquia' es el 'ayuntamiento'; los 'bienes parroquiales' no forman parte del patrimonio del municipio ni los 'bienes municipales' forman parte del patrimonio de la parroquia. Los bienes eclesiásticos, ciertamente, pertenecen al 'pueblo', pero no a la comunidad civil cuyo representante es el ayuntamiento, sino al pueblo de Dios, a la comunidad cristiana históricamente organizada en la parroquia y diócesis", responde el Obispado por escrito a preguntas de infoLibre.

La Diócesis afirma que la casa parroquial es "un bien del que históricamente se han hecho cargo para su manteamiento y buen estado la Parroquia de Grijota y la Diócesis de Palencia". Y añade que el 85% del ingreso por la venta irá al mantenimiento y obras de la parroquia, y el 15% restante a la Diócesis para otros edificios parroquiales. "Este 'fondo para obras' se constituye, de esta manera, en un ejercicio desolidaridad entre las comunidades parroquiales de la Diócesis, de cara a efectuar eventuales obras", afirma.

La casa del cura se encuentra en la calle Mesones, número 9. La Diócesis de Palencia es "titular" de su "pleno dominio" por la "inmatriculación" realizada el 14 de octubre de 1997, según la nota simple del registro de la propiedad de Palencia. El inmueble fue construido en 1930, según los datos catastrales. Este medio preguntó al Ayuntamiento por el origen de la cesión del bien a la Iglesia, pero no hubo respuesta. La Diócesis, sin entrar en el detalle de Grijota, afirma que es frecuente incluso que la casa parroquial sea anterior al propio ayuntamiento. Y rechaza la interpretación según la cual una inmatriculación implica una "apropiación de un bien del pueblo". Esto supone "silenciar sistemáticamente la importancia histórica y actual de la parroquia y la diócesis, con su personalidad jurídica, sus bienes, sus fondos económicos distintos de los civiles, como queda reflejado en los libros de cuentas custodiados en los archivos eclesiásticos".

La Diócesis señala que la venta es iniciativa de la parroquia, aunque es el Obispado el que da la autorización y hace las gestiones. "La práctica de la venta de bienes inmatriculados es frecuente. El problema es que, debido a la opacidad absoluta con la que actúa la Iglesia, resulta difícil encontrar casos concretos", señala Andrés Valentín, portavoz del movimiento contra las inmatriculaciones en Navarra, el más activo de España. Según la Diócesis, la venta de un bien inmatriculado es algo que "en los pueblos de por aquí se vive con absoluta normalidad".

La inmatriculación consiste en la inscripción por primera vez en el registro de un bien. La ley hipotecaria franquista de 1946 y el reglamento de desarrollo de 1947 permitieron a Iglesia inmatricular bienes únicamente con una certificación de la autoridad eclesiástica. En la práctica esto suponía otorgar a los obispos la consideración de funcionarios públicos. La práctica, consolidada y ampliada por una reforma legal de 1998, está prohibida desde 2015, pero la norma que le puso fin no tiene efecto retroactivo.

La Conferencia Episcopal Española declinó responder a las preguntas de infoLibre.

Un astronauta en la Puerta de Ramos de la Catedral Nueva de Salamanca. No lejos, un dragón comiendo un helado de dos bolas. El cantero Miguel Romero debió disfrutar cuando, antes de la edición El contrapunto y su morada de Las Edades del Hombre (1993-94), le encomendaron rehabilitar este acceso al templo. Y la fama adquirida por sus criaturas ha venido a darle la razón.

Son quizá los caprichos más conocidos en Castilla y León, aunque hay otros aspirantes al título. Están en la Santa Iglesia Catedral Basílica dedicada a san Antolín mártir, patrono de Palencia.

Sonría, por favor

Una gárgola es la "parte final del caño, por lo común adornada con figuras fantásticas, que sobresale del muro en forma de ménsula y da salida al agua de los tejados, terrazas o fuentes" (RAE dixit). Una gárgola no viene sola, sino que  se incorpora a una hilera que da coherencia (y libra de filtraciones) al conjunto monumental. En cuanto una falta, el hueco salta a la vista.

"Hay una necesidad de que la gárgola esté, porque si no está, hay como una herida. Allí hay que poner algo, un volumen –admite Fernando Álvarez Prozorovich, director del Master de Restauración de Monumentos de la Universitat Politècnica de Catalunya–. Que tenga una forma realista  o no ya es una decisión a discutir, pero si se decide que tenga forma realista porque lo podemos justificar desde alguna decisión, y este fotógrafo se lo merecía, pues no sé, miro para otro lado y digo que esto forma parte del laboratorio de la vida".

El fotógrafo en cuestión es este.

Gárgola con forma de fotógrafo en la Catedral de Palencia. RUBÉN FERNÁNDEZ MATEOS.

"A la catedral se la sometió a una serie de reformas dese finales del siglo XIX hasta mediados de la segunda década del siglo XX, 1916 o 17", explica Julián García Torrellas, historiador y periodista. "Hubo derribos de alguna capilla, se colocaron las cristaleras, se repusieron algunos arbotantes, se reforzaron otros, se colocaron pináculos y alguna gárgola que faltaba en los contrafuertes…".

En Palencia, prosigue, la gárgola del fotógrafo pasó muy desapercibida hasta finales de los años setenta, quizás de los ochenta. Hasta que apareció en El País. Desde entonces, su popularidad ha ido creciendo.

¿Quién había podido inspirar esa figura que, evidentemente reproduce a un profesional de la fotografía de los de antes, con su cámara de fuelle y su mandil, pero cuya cara (elemento clave para una posible identificación) aparece deformada por una boca grotesca, necesariamente grande para cumplir su función de desagüe?

La tesis más extendida es la que recoge en su web el Ayuntamiento de Palencia: "… una gárgola, situada en el ábside, que representa la figura de un fotógrafo y que constituye una aportación personal de Jerónimo Arroyo, arquitecto que dirigió la restauración llevada a cabo a comienzos del siglo XX. En esta gárgola el arquitecto quiso recordar a José Sanabria, un popular personaje que realizó gran número de fotografías sobre el patrimonio artístico palentino". Pero García Torrellas cree que se trata de un error. También se dijo que podría ser Albino Alonso, pero, en su opinión, tampoco, "porque cuando se colocó la gárgola tendría 16 o 17 años. Quien sí trabajó para Jerónimo Arroyo y la Comisión Provincial de Monumentos fue Luis Rodríguez Alonso, el hermano de Albino, unos 17 o 18 años mayor que él. Coincidiendo con la finalización de la restauración se decidió publicar un libro que fue un álbum de postales de la catedral y esas fotos las hizo Luis Rodríguez Alonso".

El octavo y el noveno pasajeros

Pero el fotógrafo en cuestión no es el único elemento extraño de una catedral de muchas lecturas. Y el responsable de las otras originalidades es el arquitecto Fernando Díaz-Pinés.

Puesto que venimos de una gárgola, empieza por ahí. "Yo hice dos gárgolas de la torre que han dado que hablar, dos gárgolas que tienen cuerpo de unicornio y esqueleto. Pero eso está más dentro de las simbologías antiguas, la vida y la muerte".

Gárgola esqueleto en la Catedral de Palencia. RUBÉN FERNÁNDEZ MATEOS.

Sin embargo, su intervención más célebre tiene algo de monstruoso.

En la conversación mantenida, evoca Díaz-Pinés su intervención sobre una portada que estaba muy machacada (y "en la que encontramos figuras de un libro que se edita en Venecia, el Polifilo, del que hay un ejemplar original en la biblioteca de la catedral").

Cuenta que lo que hicieron fue calmar las heridas de la piedra con material nuevo, y hacer moldes de las figuras que se habían mantenido para recuperarlas en la medida de lo posible. "Pero al llegar a la clave, había que procurar fecharla para que alguien que se fijase pudiera saber que era de una época concreta".

La manera elegida fue ésta.

Aliens esculpidos en una de las portadas de la Catedral de Palencia. RUBÉN FERNÁNDEZ MATEOS.

¿Un capricho? No, en su opinión. Como la mayor parte de las figuras se ajustaban al panteón tardomedieval de los pecados y las virtudes, del mal y el bien, quiso introducir unas figuras que representa lo mismo "dentro de la mitología contemporánea que va generándose a través de la cultura popular. Y la cultura popular nuestra es la del cine, los cómics, etc. Si dejas aparecer ese alien (que te tienes que fijar mucho), pues hay una diacronía".

La saga Alien había empezado a aterrorizarnos años antes, en 1979, cuando Ridley Scott lanzó al espacio cinematográfico a su alienígena babeante. Después la saga continuaría de la mano de James Cameron (1986), David Fincher (1992), Jean-Pierre Jeunet (1997)… "Alien –insiste Diaz-Pinés– es una especie de representación del mal natural, el mal que existe en el universo como cosa natural. Les hice a los canteros una acuarela para que luego ellos hicieran su interpretación, porque los canteros tienen esa mano artesana y siempre han sido los que en última instancia interpretaban lo que el maestro de obra del iba dando".

Es su convicción que cuando haces una restauración, "incluso cuando introduces elementos completamente contemporáneos, lo tienes que hacer entablando un diálogo que no se ponga en competencia con lo antiguo, y que además responda las intenciones reales, incluso también a los tiempos". Y en ese sentido se distancia de intervenciones como la que llevó a poner un escudo del Athletic de Bilbao en una torre de Trujillo (ya hablaremos de él), o el móvil de la catedral de Calahorra (del que ya hemos hablado en una entrega anterior) o el mentado astronauta salmantino. "Quizá hay cosas que son un poco una broma, como el escudo del Athletic que ni fecha ni no fecha, es más una ironía, o una broma. Pero también es cierto que los canteros metían muchas cosas de cosecha personal, hay muchas pequeñas bromas, así que también está dentro de lo que es la arquitectura histórica en ese sentido".

Y se reivindica por comparación. "En la fachada occidental, Fernando Chueca hizo un proyecto con una portada herreriana que históricamente nunca podría haber estado ahí. Es lo que se llama 'un falso histórico'. Lo que tratas de evitar siempre es el falso histórico. El falso histórico, introduciendo un alien, no aparece".

(Abrimos aquí un paréntesis para indicar que es lo mismo que debió pensar el restaurador de Paisley, ese "cantero divirtiéndose un poco" al que el Reverendo Alan Birss atribuye el extraterrestre de la Abadía. Al que creyó conveniente colocar un Darth "Yo soy tu padre" Vader en la catedral de Washington lo dejamos para otra ocasión.)

Mas "extraterrestes" 

Ya en confianza, nuestro interlocutor nos pide que nos fijemos en un detalle que quizá pasa más desapercibido. En esa misma portada hay músicos, con sus respectivos instrumentos. Algunos se hallaban en mal estado, hubo que retirarlos y cobijarlos en el museo. Su intención era reproducirlos, pero "había uno que no sabíamos ni cómo podía ser. Eso fue cosa de los canteros… hay un músico que no es un músico, es un cantero: tiene una maza de cantero en la mano pero tiene un casco de obra contemporáneo".

Es Díaz-Pinés un enamorado de la Catedral palentina. "Tiene un exterior muy adusto, no es como las catedrales de Burgos o de León que han tenido siempre esa condición de modelo, de joya también desde fuera, como objeto. Ésta tiene una historia interesantísima porque es un proyecto que se lleva a cabo a lo largo de mucho tiempo, y es como una muñeca rusa. Tiene un interior que es de una belleza espacial tremenda. Es –concluye– una iglesia de iglesias".

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tendrá que hacer frente el próximo 20 de abril al primero de los seis juicios por acoso laboral que se celebrarán en Palencia tras las denuncias presentadas por la plantilla de la delegación provincial de ese organismo contra su máxima responsable, Asunción Santana.

Los seis contenciosos se han interpuesto después de que el presidente del INE, Gregorio Izquierdo, rechazara las denuncias por acoso presentadas por 19 de los 27 empleados de la delegación palentina, así como de las cursadas tanto por la junta de personal como por el comité de empresa de la Administración General del Estado en la provincia castellano-leonesa.

Todas ellas acusan a la delegada provincial del INE de “abuso de autoridad y falta de respeto en palabras, tonos y formas” a los funcionarios, hasta llegar al “insulto”. Los denunciantes también hablan de la “evidente animadversión” de Santana “por determinados empleados”. Esos comportamientos, aseguran los trabajadores con los que ha hablado infoLibre, se vienen produciendo desde que la actual delegada asumió el cargo, en 2005, pero se han vuelto “más generalizados” desde hace dos años. El escrito enviado por la junta de personal explica que el “maltrato verbal y modal, el insulto y la vejación” han creado un “clima laboral humillante y degradante”, que “atenta contra la dignidad profesional y personal de los trabajadores”. El “deterioro emocional y psicofísico” de la plantilla ha devenido en “episodios de ansiedad, depresión y estrés” que han requerido tratamiento médico, describe.

Por su parte, el comité de empresa dice haber detectado “indicadores de la existencia de mobbing sobre tres o cuatro empleados públicos”mobbing.

Los trabajadores también acudieron a la Inspección de Trabajo, que además de quejarse de la “falta de respuesta” del INE a las denuncias, requirió al organismo que no sólo las tramitara sino que también practicara una prueba de riesgo psicosocial y adoptara “medidas correctoras y de prevención”.

Entre otros episodios, los funcionarios detallan insultos, apertura de expedientes, retirada de competencias a determinados empleados o la distribución arbitraria de los complementos de productividad. “Sólo dos personas en toda la delegación saben si [la delegada] está o no está”, porque Asunción Santana no comunica sus ausencias. También aseguran que la delegada “vigilaba” el tiempo que una ordenanza pasaba en el cuarto de baño mientras se extraía la leche tras a dar a luz. O que otra trabajadora llegó a pedir auxilio a gritos porque no la dejaba salir de su despacho.

Ni siquiera indicios de acoso

Los escritos de denuncia se enviaron en el mes de junio de 2016 y el presidente del INE las inadmitió en una resolución firmada en septiembre. Tras contestar la delegada “de manera pormenorizada” y con “abundante documentación” a las acusaciones, la Subdirección General de Responsabilidades Administrativas, dependiente del Ministerio de Hacienda, emitió un informe donde proponía “no proceder a la admisión de las denuncias (…) al no existir indicios constitutivos de acoso laboral”. Así, concluía que no es necesario poner en marcha “las acciones previstas” en el Protocolo de Acoso Laboral del INEProtocolo de Acoso Laboral del INE.

Gregorio Izquierdo hizo suyas las conclusiones del informe de la subdirección general y dictaminó que “no parece probado que la actitud de la delegada provincial haya sido incorrecta”, por lo que rechaza que sus actuaciones constituyan acoso laboral “ni siquiera indiciariamente”. Para argumentar su decisión indica que “no es posible” que lo ejerza “una sola persona frente a un colectivo de empleados públicos, funcionarios en su mayor parte”, porque éstos son “perfectamente conocedores de sus derechos individuales y colectivos”.

Según el protocolo, se considera acoso dejar al trabajador sin ocupación o incomunicado, darle órdenes de imposible cumplimiento o tareas inútiles, represaliarlo por haber planteado quejas o denuncias, insultarlo o menospreciarlo, reprenderlo reiteradamente delante de otros y difundir rumores falsos sobre él. Aunque no sean acoso, el documento cita otras conductas que pueden ser constitutivas de infracción, como cambiar al trabajador sus condiciones de trabajo sin causa justificada, presionarle para que aumente su jornada, amonestarlo por no hacer bien su trabajo, mantener conductas despóticas o dirigirle ofensas. También incluye los conflictos que surgen con motivo de huelgas y los conflictos personales.

Como no percibe ni siquiera indicios de acoso laboral, el presidente del INE atribuye los problemas en la delegación de Palencia a “la falta de aceptación del liderazgo y dirección” de Asunción Santana “en asuntos que llevan aparejados cambios organizativos” que los empleados “consideran perjudiciales para sus intereses”, la mayor parte de ellos destinados en la Oficina del Censo Electoral. Gregorio Izquierdo se refiere al conflicto que se vivió en el INE antes de las elecciones vascas y nacionales de 2016. Los sindicatos de estadísticos denunciaron entonces el cambio en el sistema de remuneración de las horas extraordinarias que los funcionarios del Censo Electoral deben hacer para tramitar el voto por correo: en lugar de pagarlas con un complemento de productividad, se retribuyeron con un fijo de 14 euros la hora. Ese cambio suponía un recorte salarial del 60%, por lo que sólo se presentó voluntario el 55% del personal laboral. El INE recurrió a funcionarios de otras administraciones y a trabajadores eventuales para cubrir las necesidades. Según los trabajadores de Palencia, antes de las elecciones se trasladó a su delegación un funcionario en comisión de servicios desde Madrid que califican de “comisario político”. “Se dedicó a amedrentarnos con amenazas, difamaciones y falsedades”, acusan.

Al haber sido rechazadas sus denuncias y obviada cualquier actuación prevista en el Protocolo de Acoso Laboral, los empleados de la delegación palentina enviaron el pasado 10 de enero una “carta abierta” al presidente del INE en la que pedían su cese. Y acudieron a los tribunales.

La delegada, de baja por depresión

En los seis recursos contencioso-administrativos presentados, los trabajadores piden que se revoque la resolución del presidente del INE, pero también que se realice una investigación de los hechos y se pongan en marcha las actuaciones previstas en el Protocolo de Acoso Laboral. Argumentan que nadie ha acudido a ellos para corroborar las denuncias y que sólo se han enterado de las actuaciones llevadas a cabo por el INE a los dos meses, cuando recibieron la resolución que rechazaba sus pretensiones. Y eso, protestan, les ha dejado “en la más absoluta indefensión”.

Fuentes del INE se han limitado a indicar a infoLibre que el organismo no hace “declaraciones sobre asuntos pendientes de resolución judicial”. La delegada provincial en Palencia se encuentra desde este mismo martes de baja por depresión. Los trabajadores sospechan que se trata de una estrategia de cara al juicio del 20 de abril.

Pasada la confusión –y el comprensible enfado de los viajeros–, los tuiteros han aplaudido la acción del maquinista después de que en un primer momento algunos lo demonizaran con titulares como éste:

Los titulares fueron otros. Como era obvio. Los cambios en el PP, el refuerzo de Mariano Rajoy, sus diatribas contra el PSOE. Todo ello centró la atención de la última cumbre de los conservadores en Génova, pero hubo otra queja más que pasó más desapercibida: la del presidente en funciones de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, Juan Vicente Herrera. Allí, delante del jefe del Ejecutivo y líder del PP, le pidió sensibilidad con el sector de la minería, la misma de la que, a su juicio, había carecido el titular de Industria, José Manuel Soria. 

Los dos, presidente autonómico y ministro, llevan semanas a la gresca, cruzándose fuertes reproches. Concretamente, desde las elecciones del 24 de mayo. El PP perdió la mayoría absoluta hasta en el feudo que consideraba más suyo, Castilla y León. Logró 42 escaños, a uno de la mayoría absoluta (y 11 menos que en 2011), aunque gracias al auxilio de Ciudadanos los conservadores podrán seguir al mando de la comunidad, en sus manos desde 1987.

Dos días después de los comicios, Herrera achacó a la "absoluta insensibilidad y arrogancia" de Industria y su titular, Soria, con la minería parte de los resultados cosechados en León. En la provincia, el PP cayó desde el 44,71% al 32,14%, y perdió tres de sus ocho procuradores. El ministro negó la mayor, y remarcó que su departamento sí había tenido una "sensibilidad muy grande" con los mineros, y le recordó a Herrera que había sufrido un enorme descalabro también en las provincias sin explotaciones de carbón. El enfrentamiento fue a más, con petición de cese del ministro incluida. Hasta que el pasado jueves el presidente castellanoleonés elevó su queja a Rajoy, y este le comentó que intentaría remediar el problema, avisando no obstante de que no era fácil contentar a todos, informa Yolanda González. 

Volumen pequeño de población

¿Quién tiene la razón? ¿Herrera o Soria? Sí es cierto que fue en León donde el PP perdió más procuradores. Tres, para ser exactos. En Zamora, Salamanca, Ávila y Segovia se le escapó un acta, en Valladolid y Burgos bajó dos y en Palencia y Soria mantuvo su representación. En total, 11 menos. Pero la caída que se produjo en León y Palencia y, para ser precisos, en los pueblos mineros de ambas provincias, es algo menor a la caída que registró el PP en el conjunto de la comunidad. Además, el volumen de población de estos municipios es pequeño. 

Podemos tomar como referencia las 31 localidades de las cuencas mineras de Castilla y León que fueron llamadas a la huelga en 2012, como protesta por la reducción de las ayudas al carbón, que para los sindicatos y la patronal significaba el fin del sector. Se trata de 24 pueblos de León –Bembibre, Berlanga del Bierzo, Cabrillanes, Cistierna, Fabero, Folgoso de la Ribera, Igüeña, La Pola de Gordón, La Robla, Matallana de Torío, Noceda del Bierzo, Palacios del Sil, Páramo del Sil, Sabero, San Emiliano, Toreno, Torre del Bierzo, Valdepiélago, Valderrueda, Valdesamario, Vega de Espinareda, Vegacervera, Villablino y Villagatón– y 7 en Palencia –Barruelo de Santullán, Castrejón de la Peña, Cervera de Pisuerga, Guardo, La Pernía, Santibáñez de la Peña y Velilla del Río Carrión–. El más grande, Villablino (9.784 habitantes), y el más pequeñito, Valdesamario (216).

Los 24 municipios leoneses, según el padrón de 2014, suman 56.781 personas. El 11,71% del total provincial (484.694). Los 13.848 habitantes de las 7 poblaciones palentinas suponen el 8,26% del conjunto de la provincia (167.609). 

Bajada mucho menor del PSOE

En las 31 localidades mineras el PP bajó. En ninguna aumentó su porcentaje de voto. La caída oscila entre los cuatro puntos porcentuales menos que obtuvo en Valdemasario con relación a 2011 y los 26,33 puntos de desplome en Toreno. Hace cuatro años, el partido de Rajoy ganó en 11 pueblos. El 24-M, sólo se anotó la victoria en 5. En todos los demás, se impuso el PSOE, con triunfos tan aplastantes como el de Vegacervera (82,35%, aunque sólo viven 327 habitantes). Los conservadores han retrocedido de media, en las poblaciones del carbón leonesas, 12,39 puntos, un índice muy similar –aunque menor en todo caso– a la bajada experimentada en la provincia (-12,57, del 44,71% al 32,14%). Los socialistas, mientras, han visto mermadas sus fuerzas en 1,38 puntos (-4,48 en todo León). 

El PP partía en los pueblos leoneses de un listón mucho más bajo que el regional. De media, obtuvo hace cuatro años un 40,07% de los votos, y se precipitó el 24-M al 27,67%. En toda Castilla y León, los conservadores pescaron en 2011 el 51,55%, que se quedó en el 37,73% en los últimos comicios.

En los siete pueblos palentinos, el PP cayó de media 9,9 puntos, un bajón inferior al total provincial (-12,05, del 53,04% al 40,99%). Pero, a diferencia de lo que ocurrió el 24-M en León, en estas localidades el PP siguió en cabeza, pese a la pérdida de votos. El PSOE más o menos se mantuvo (-0,86 puntos en los siete municipios, por los 3,76 puntos de caída en la provincia). En estos municipios, el PP se hallaba más fuerte que en toda la comunidad: se situaba en 2011 en el 53,99% de promedio y decreció hasta el 44,09% de los sufragios.

En las otras siete provincias, el descalabro de los conservadores aún fue mayor: fluctúa entre el mordisco de 12,64 puntos sufrido en Zamora y los 15,16 y 15,23 puntos de bajada en Soria y Salamanca. El desplome medio en estas provincias (todas menos León y Palencia, por tanto) es claro: 14,25 puntos menos, por los 3,3 que se dejan los socialistas. 

¿Qué ocurrió en Castilla y León (2,4 millones de habitantes)? El PP retrocedió 13,82 puntos de promedio (se desplomó del 51,55% al 37,73%), y el PSOE, que pasó 29 a 25 escaños, mucho menos, 3,74 (del 32,78% al 29,02%). Podemos y Ciudadanos entraron en las Cortes regionales (con 10 y 5 procuradores cada uno), e IU y Unión del Pueblo Leonés (UPL) mantuvieron su representación (un acta). 

Exageraciones de las dos trincheras

El ministro Soria, tras recibir el primer rejonazo de su compañero de partido, reaccionó asegurando que el PP había perdido 230.000 votos en Castilla y León el 24-M, y que en provincias como Soria o Segovia, sin ser mineras, había descendido entre un 50% y un 46%. La primera parte de su afirmación se aproxima más a la realidad: a los conservadores se les escaparon 225.201 papeletas, un 30,45% menos. En Soria y Segovia, el PP decreció, en número de votos, un 32,56% y un 31,30%. 

De cualquier modo, el juicio de Soria enardeció a la Junta de Castilla y León. Su portavoz en funciones, José Antonio de Santiago-Juárez, subrayó que el ministro había hecho "méritos para dimitir o ser cesado". El Gobierno autonómico insistió en que en Soria el partido había aguantado a sus dos procuradores, y en Segovia bajó uno. En León, tres. "Donde no hay minas es en Canarias, y ahí el PP sí ha perdido el 50% de sus votos". Otra exageración. En el archipiélago, los conservadores pasaron de los 289.381 de 2011 a los 169.065 sufragios del 24-M, un descenso del 41,58%. El 31,94% de los votos de hace cuatro años se convirtió en el 18,59% de hace un mes, 13,39 puntos menos. "Las descalificaciones al final descalifican a quien descalifica", replicó el ministro de Industria. La vicepresidenta del Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, intentando aplacar la polémica, ya apuntó que no eran oportunas las críticas de la Junta. 

El conflicto, sin embargo, no se ha apagado, y lo prueba la protesta de Herrera en el Comité Ejecutivo Nacional del PP. Pero Rajoy, de momento, no ha reaccionado. Claro que todo está pendiente de la eventual remodelación del Gobierno, que sigue en el aire. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el pasado 31 de marzo los censos electorales para los comicios que se celebrarán a nivel municipal y autonómico el 24 de mayo. Un dato llama la atención: 183 municipios han sido señalados con el dedo debido a las variaciones "injustificadas" que han sufrido en los últimos meses. Pero hay una cifra más llamativa. De estas localidades, 132 son de Castilla y León. Es decir, un 72% de todos los sospechosos.

Dentro de esta comunidad autónoma, Burgos encabeza la lista de provincias con más casos dudosos, 78, más de la mitad. Le siguen León (29), Palencia (19), Segovia (5) y Ávila (1).

A una amplia distancia queda la siguiente comunidad con mayor número de censos electorales puestos en el puto de mira, Castilla-La Mancha, donde hay un total de 33 casos. En esta región, la lista la encabeza la provincia de Guadalajara, con 21 de municipios sospechosos. Tras ella, Cuenca (11) y Albacete (1).

La cifra de casos en el resto de comunidades autónomas dista bastante de las anteriores. Así, hay 6 en Cantabria, 3 en Andalucía (2 en Jaén y uno en Almería), 3 en Aragón (2 en Zaragoza y uno Teruel), 3 en La Rioja y un único caso en Galicia (Meis, en Pontevedra) y la Comunitat Valenciana (Higueras, en Castellón).

Alegaciones hasta el 13 de abril

Las altas en los municipios de "hasta 2.000 electores" –y aquellos que sufren "variaciones especialmente significativas"– son analizadas por el INE, ya que consideran que "por su tamaño tienen una mayor trascendencia los empadronamientos que pudieran ser sospechosos de ser irregulares". Así, cuando se superan los límites establecidos y no se encuentra justificación "por sus características sociodemográficas", el INE se remite a la resolución del 24 de febrero de 2006.

El INE señala que podrán presentar alegaciones hasta el 13 de abril en las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Asimismo, estas pueden pedir a los ayuntamientos que verifiquen mediante pruebas que los electores dudosos "residen realmente en el municipio" y, advierten, no es "suficiente la mera aportación de las hojas de empadronamiento". Además, la citada resolución establece que "la falsedad puede ser considerada como infracción electoral y sancionada con multa de 30,01 euros a 601,01 euros".

La Policía vincula a algunos de los anarquistas detenidos con el artefacto explosivo que fue colocado en un confesionario de la Catedral de la Almudena, en Madrid, el 7 de febrero de 2013, informaron a Europa Press en fuentes policiales. Aquel artefacto no llegó a explotar porque fue desactivado por los especialistas del Cuerpo Nacional de Policía.

Sin embargo, inmediatamente fue reivindicado por un grupo que se hacía llamar Comando Insurrecionista Mateo Morral, en recuerdo del terrorista que atentó contra el rey Alfonso XIII el día de su boda. En el comunicado justificaban el artefacto argumentado que el objetivo de su acción en la catedral era "dar caña a la monarquía borbónica en sus lugares sagrados".

Durante este lunes, la Policía ha detenido a un total de 14 personas acusadas de pertenecer a los denominados Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Nueve de ellos han sido detenidos en Madrid, dos en Palencia y otros tres en Barcelona, han informado a Europa Press fuentes de la Policía.

Durante los registros, según estas mismas fuentes, a los detenidos se les han requisado componentes y elementos para construir artefactos incendiarios, como bombonas de camping gas, pequeñas cantidades de droga, balanzas de precisión y dinero en efectivo. A las 14 personas detenidas se les imputa pertenencia a organización criminal con fines terroristas y la comisión de hechos delictivos consistentes en sabotajes y colocación de artefactos explosivos e incendiarios.

Las detenciones han tenido lugar a las 6.00 horas de este lunes por agentes de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, en colaboración con las Brigadas de Información de Madrid, Barcelona, Palencia y Granada. En total, se han practicado 17 registros, seis de ellos en Centros Sociales Ocupados, donde algunos detenidos habían fijado su residencia. Durante la práctica de estos registros han sido detenidas también otras catorce personas por delitos de resistencia.

La operación es fruto de las investigaciones desarrolladas en virtud de las Diligencias Previas 4/14 del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. La Policía ya detuvo a otro grupo de anarquistas en el mes de noviembre de 2013 por haber colocado una bomba en la basílica de El Pilar, en Zaragoza. Se trataba de los ciudadanos chilenos Francisco Javier Solar Domínguez alias 'Cariñoso', de 34 años y Mónica Andrea Caballero Sepúlveda, alias 'Moniquita' de 25 años, en el momento del arresto. Junto con ellos fueron detenidas otras tres personas. Agentes de la Policía Nacional los arrestaron de madrugada en la vivienda que ocupaban en el barrio del Carmel de Barcelona junto a una mujer italiana llamada Valeria Giacomoni y la pareja formada por el argentino Gerardo Damián Formoso y la también chilena Rocío Yune.

Manifestación de apoyo a los detenidos

En las redes sociales ha habido numerosos muestras de apoyo a los detenidos este lunes. Así, los hashtag #YoTambiénSoyAnaraquista y #AtaqueALosCSOAS han sido muy comentados, manteniéndose entre los TT –temas más comentados en Twitter– a lo largo de este lunes.

Por su parte, Izquierda Unida ha publicado un comentario crítico con las detenciones desde su cuenta en Twitter, al igual que ha hecho el líder de la federación en Andalucía, Antonio Maíllo. Asimismo, desde el partido instrumental Ahora Madrid –formado por Ganemos y Podemos en la capital– han publicado un breve comunicado en el que criticaba duramente las detenciones.

Cabeza admitió en su momento que su comentario fue "impropio", al tiempo que añadió que sus declaraciones se habían sacado "mucho de contexto en redes sociales y en los medios".

Asimismo, aseveró que lo quería decir era que en Venezuela "mueren todos los días decenas de personas sólo por desobedecer a la dictadura a la que se somete al pueblo" y reiteró que "es eso lo que Pablo Iglesias quiere" en España.

Por otra parte, el presidente del PP en Palencia, Carlos Fernández Carriedo, ha apuntado que es "digno de reconocimiento" el paso que ha dado el concejal de Paredes, al tiempo que ha recordado que al no ser afiliado al Partido Popular, el partido no podía exigirle nada.

"Las declaraciones fueron absolutamente inapropiadas", ha reiterado, mientras añadía que lo más razonable era que presentara la renuncia de su acta como edil paredeño.

Así, Carriedo ha manifestado que hay que reconocer a Cabeza "que haya admitido su error, pedido perdón y disculpas, y renunciado a su acta de concejal".

Cabeza Infante, que ocupa el puesto de concejal de Cultura y Fiestas en el Ayuntamiento de Paredes de Nava, un pequeño municipio situado al norte de Palencia, escribió estas palabras en su Facebook: "Valiente hijo de la gran punta, vete a Colombia y le das por el culo al hijo de puta amigo tuyo, ese dictador que tanto amas", y continúa: "Camina a ver si te dan un tiro en la nuca cacho cabrón y déjanos tranquilos". Desde Podemos Palencia pidieron la dimisión del concejal del PP.

El concejal ya publicó en su Facebook a principios de octubre un comunicado refiriéndose a la oposición del PSOE: "Lo único que saben hacer es insultar y faltar al respeto, pues se acabó, ayer debí haber partido la cara a más de uno".

"¿Sabéis esa incomparable sensación de despertarse y descubrir que sólo era una pesadilla? Pues eso. Hoy, a cenar un exquisito plato frío". 

Quien firmó ese tuit, en la noche de este sábado, fue Óscar López, líder de la federación entre 2008 y 2012, secretario de Organización de Alfredo Pérez Rubalcaba y actual secretario general del Grupo Socialista en el Senado. Y a quien se dirige ese mensaje, aunque sin citarlo, es al perdedor de la pugna interna por el liderazgo del PSOE castellanoleonés, el diputado en el Congreso por Palencia Julio Villarrubia, con quien López ha protagonizado una agria contienda en los últimos dos años.

El polémico tuit fue borrado una hora después de ser escrito. Se debió a un "desahogo" del exsecretario de Organización, según explicó su entorno a infoLibre. Ahora quiere, insisten estas fuentes, "mirar al futuro" y que su candidato, el burgalés Luis Tudanca, quien anoche se impuso a Villarrubia por 644 votos, logre "unir" al partido. 

La federación, una de las más grandes del PSOE –unos 10.000 militantes– vive una grave crisis desde finales de la primavera pasada. Fue entonces cuando se rompió en dos después de años de escalada de tensión. Nadie podía esperar ese escenario en febrero de 2012. Rubalcaba eligió al secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, como su número tres en Ferraz, sólo por debajo de Elena Valenciano. El encargado del aparato. Ello obligó a que López tuviera que dejar su cargo de barón regional en manos de Julio Villarrubia, con su respaldo. No abandonó la portavocía del partido en las Cortes autonómicas, con el argumento de que los ciudadanos le habían elegido en las elecciones de un año antes y tenía que cumplir ese mandato. 

La bicefalia funcionó mal, como se vio con el paso del tiempo. La desconfianza entre López y Villarrubia fue creciendo sin remedio, y el partido se fue desgarrando entre los partidarios de uno y los defensores del otro. El final de la guerra estalló tras las elecciones europeas, el pasado 30 de mayo. Esa noche, dimitieron 25 de los 48 miembros de la ejecutiva regional, con el objetivo de tumbar a Villarrubia y forzar la creación de una gestora. El motivo era el rechazo del barón autonómico a convocar un congreso extraordinario. Villarrubia atribuyó la autoría de la conspiración a López, al que acusó de "deslealtad" y de "hacer mucho daño al partido a nivel nacional, con comportamientos impropios de un socialista y una lucha por el poder indecente". 

Nombramiento de la gestora y alternativas

Las acusaciones de "deslealtad" eran esgrimidas también desde el otro bando, el de los próximos al secretario federal de Organización. Así, Ana Redondo, dimitida vicesecretaria general, explicó la "decisión drástica" de forzar la caída del secretario general por ofrecer "soluciones viejas" y dar vida a una "bicefalia tremenda" y "demoledora". "No ha sabido aunar al partido y no podemos esperar más, con unos resultados electorales malos y 27 años en la oposición". Villarrubia, que había obtenido el 83,1% de apoyo en 2012, había visto reducidos sus respaldos. 

La dirección federal, con un Rubalcaba de salida –ya se había convocado el congreso federal extraordinario– y con López en Organización, nombró a una comisión gestora, presidida por el histórico dirigente Jesús Quijano. La gestora es la que ha gobernado el partido en estos meses de vacío y la que convocó tanto la consulta a la militancia para elegir al secretario general (para el 4 de octubre) como el posterior cónclave extraordinario, el próximo día 18. 

Desde el mismo día de su caída, Villarrubia anunció que se presentaría a la reelección. La duda estaba, pues, en qué haría López, si volvería a optar por el liderazgo de la federación o se buscaría una alternativa de su entorno. Pasado el congreso federal y tras la victoria de Pedro Sánchez, decidió dar un paso atrás y dejar las Cortes de Castilla y León. Entonces emergió la posibilidad de Luis Tudanca, diputado en el Congreso –como Villarrubia– y líder de los socialistas de Burgos. Ferraz, oficialmente, no se inmiscuyó en el proceso regional.

"Todos somos humanos"

Tudanca y Villarrubia empezaron su pugna. El primero ganó la batalla por los avales (3.479 frente a 2.921) y este sábado, finalmente, también la Secretaría General. Quijano facilitó los datos provisionales, con el 99,73% del escrutinio de los votos emitidos. Un total de 6.750, lo que supone una participación del 65,10%. En número de papeletas, Tudanca logró 3.641 (el 54,85%), por los 2.997 de Villarrubia (el 45,15%). La proclamación definitiva de los resultados será el 8 de octubre. 

Con los datos calientes, López se lanzó a enviar un tuit que apuntaba a su rival. La venganza, vino a decir, se sirve en plato frío. A la vista del revuelo que se estaba organizando, borró el tuit poco después. "Fue un pequeño desahogo, borrado a la hora, nada comparable con lo que han dicho y hecho otros. Todos somos humanos y tenemos sentimientos. Y Óscar lleva mucho aguantado estos meses. Pero se acabó. Ya no merece la pena. Ahora llega y un tiempo nuevo en Castilla y León y Óscar quiere mirar al futuro. Luis tiene que unir al partido y él le ayudará en todo lo que le pida", explicaban a este diario fuentes de su entorno más cercano, que añadían que ese deseo de enterrar el pasado también había se había puesto de manifiesto con sus últimos tuits: 

Ejecutiva para el 18 de octubre

El relevo en el PSOE de Castilla y León culminará el sábado 18 de octubre en el congreso de Valladolid, donde Tudanca deberá elegir nueva ejecutiva. El nuevo secretario general, de 36 años, se impuso en seis provincias (Ávila, Burgos, León, Salamanca, Segovia y Zamora), frente a Villarrubia, que ganó en las otras tres (Valladolid, Palencia y Soria), según los votos registrados en los 242 centros electorales.

El perdedor confirmó que no se presentará como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ya que cree que debe serlo el nuevo barón regional. Tudanca, por su parte, recordó que ahora se abre el proceso de primarias abiertas para la elección del cabeza de cartel para las elecciones de mayo de 2015. Si él es el elegido, dejará su escaño en el Congreso. También tiene pendiente organizar las primarias cerradas para designar a los aspirantes a las alcaldías. 

Tudanca (Burgos, 1978) es licenciado en Derecho por la Universidad de Burgos y se afilió al PSOE en 2000. Meses después accedió al liderazgo provincial de las Juventudes Socialistas. Es parlamentario en la Cámara baja desde 2008 y líder del partido en Burgos desde junio de 2012. Ahora tiene en sus manos coser un partido despedazado por las luchas internas y el objetivo de conquistar el Gobierno regional, en manos del PP desde 1987. Meta más que complicada.

Un juzgado de Palencia ha obligado a la Diputación provincial a devolver a una funcionaria la parte devengada de la paga extraordinaria de Navidad que el Gobierno suprimió el año pasado, sin posibilidad de que se pueda recurrir la sentencia, según ha informado este lunes la Plataforma de Sindicatos y Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos en rueda de prensa.

De esto modo, la funcionaria recibirá un total de 501,30 euros en concepto de retribución proporcional de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, "con los efectos administrativos y económicos que procedan".

El portavoz de CSI-F, Eliseo Moreno, ha resaltado la "importancia" de esta sentencia, "que es la primera a favor de un funcionario y que obliga al Estado a devolverle la parte de la paga extra devengada". Tras la reunión de la plataforma, Moreno ha explicado que, hasta ahora, los pronunciamientos judiciales solo afectaban a los trabajadores con relación de carácter laboral.

"Se está viendo que la plataforma tenía razón en sus acciones para recuperar la paga extra. De momento, la devengada se está resolviendo a favor de los funcionarios, pero queremos toda la paga retirada", ha aseverado el portavoz de CSI-F.