El 4 de diciembre fue asesinado a tiros en Nueva York Brian Thomson, director general de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora sanitaria de Estados Unidos. Un hombre de 26 años, Luigi Mangione, fue detenido y acusado del asesinato, “considerado un acto de terrorismo” por el fiscal de Nueva York. El 23 de diciembre, Luigi Mangione se declaró “no culpable” de la acusación.

En las redes sociales, este acto sirvió para multiplicar la cólera de algunos americanos contra su sistema sanitario. Algunos aprueban el asesinato del asegurador. En las calles de Nueva York se colocaron carteles de “Wanted” (buscado) con los nombres de otros directores generales de seguros médicos, quienes inmediatamente reforzaron su seguridad.

Según sus amigos, Luigi Mangione, de una familia muy adinerada de Baltimore, sufre fuertes dolores de espalda, lo que le ha llevado a aislarse, informa el New York Times. Su cuenta de X muestra a un hombre atlético y en buen estado de salud. Dejó de publicar mensajes en junio. En un manifiesto de tres páginas que llevaba consigo cuando fue detenido, afirma haber realizado un “acto simbólico” para denunciar la “corrupción” y los “juegos de poder” de las aseguradoras sanitarias.

Hay muchos relatos de americanos sobre las vidas truncadas de sus familiares enfermos, incapaces de costearse los tratamientos. En Estados Unidos son notables las desigualdades sanitarias: los más ricos viven entre diez y quince años más que los más pobres (frente a siete años en Francia, el país más desigual de Europa), según la prestigiosa revista médica The Lancet.

El sistema sanitario americano es el más caro del mundo: el gasto asciende al 18% del PIB, muy por delante de Alemania (12,7%) o Francia (12,1%). También es el más ineficaz: allí la esperanza media de vida de las mujeres es de 80,2 años, y la de los hombres de 74,8 años. En Francia, las mujeres viven 85,2 años y los hombres 79,3, unos cinco años más.

En 2020 y 2021, durante la pandemia, Estados Unidos vio caer por primera vez su esperanza de vida, un hecho sin precedentes en un país desarrollado y una clara evidencia de las salvajes desigualdades sanitarias. Los americanos que padecieron un covid grave, con escasa o nula cobertura, tuvieron que renunciar a los costosísimos cuidados intensivos esenciales para su supervivencia.

El modelo estadounidense es una mezcla de seguros públicos y privados. Los más mayores y los más pobres están cubiertos por Medicare y Medicaid. Medicare se financia mediante cotizaciones recaudadas por el gobierno federal, siguiendo el modelo del seguro de enfermedad. Medicaid es una ayuda social para los más desfavorecidos, financiada de forma desigual por los distintos Estados.

El resto de la población está cubierta por aseguradoras privadas. En este colosal mercado de 3 billones de dólares, el capitalismo impone sus reglas sin la menor consideración ética. Hospitales, médicos y farmacéuticas tienen que negociar sus tarifas con estas aseguradoras, que obtienen los mejores precios para sus clientes.

El vicio último del sistema es que los ciudadanos que no tengan seguro pagan mucho más de su bolsillo por sus atenciones sanitarias y medicamentos que las aseguradoras. Los más enfermos corren el riesgo de declararse en quiebra, y algunos van vendiendo sus bienes hasta que se ven económicamente incapaces de pagar el tratamiento. Las quiebras personales por motivos de salud siguen siendo frecuentes a pesar de la reforma del Obamacare, según informa el Instituto Nacional de Salud (NIH).

Los presidentes demócratas Barack Obama y después Joe Biden se lanzaron a reformar el sistema sanitario, batallando con los poderosos lobbies de las aseguradoras y las farmacéuticas. En un equilibrio de poder desigual, a las “Big Pharma” les resulta mucho más fácil imponer sus precios a las aseguradoras privadas y públicas, que negocian por separado. Por esta razón, los medicamentos son, con diferencia, lo más caro del sistema sanitario de Estados Unidos.

Barack Obama necesitó dos legislaturas para llegar a un compromiso con ese mercado. La Affordable Care Act (Ley de Asistencia Asequible, ACA), conocida como Obamacare, obliga a las aseguradoras a ofrecer pólizas más baratas a cambio de subvenciones del Gobierno federal. Joe Biden ha elegido otro camino: ampliar los criterios de acceso a Medicare y Medicaid, las dos aseguradoras públicas. Pero casi el 10% de la población menor de 65 años, incluidos los niños, sigue sin seguro.

El precio de las pólizas de seguros, así como sus condiciones, sigue siendo una poderosa barrera de acceso para las personas con rentas más bajas. El coste medio de una póliza de seguro es de 7.739 dólares (7.416 euros) al año para una persona soltera y de 22.221 dólares (21.293 euros) para una familia, según la Kaiser Family Foundation, organización benéfica que investiga las políticas sanitarias.

Cuanto mayores son las personas o más riesgos para la salud presentan, mayor es el coste de las pólizas. Algunas empresas pagan parte del coste de las pólizas de sus empleados. Pero el 44% no lo hace, porque no están obligadas a ello.

A estos precios desorbitados se añaden las franquicias que debe pagar el paciente antes de que la compañía de seguros empiece a reembolsarle los costes de un tratamiento. De media, las franquicias en 2021 ascendían a 2.800 dólares al mes, según la Oficina Federal de Política Sanitaria.

Los pacientes crónicos con menos ingresos están pagando un alto precio por este sistema sanitario desigual. El precio de la insulina, vital para los diabéticos de tipo 1 y algunos del tipo 2, ha sido durante mucho tiempo el símbolo de este sistema amoral. Las muertes de diabéticos que no podían pagar su insulina han sido muy difundidas y han conmocionado a la opinión pública.

Por eso Joe Biden decretó que el precio máximo que un diabético debía pagar de su bolsillo por la insulina sería de 35 dólares. Pero este precio está garantizado por algunos seguros, pero no por otros. El poderoso lobby de los seguros de enfermedad ha conseguido burlar la legislación.

“Sólo los programas Medicare y Medicaid garantizan realmente el acceso a la insulina por un máximo de 35 dólares al mes”, explica Elizabeth Pfiester, fundadora de la asociación de diabetes tipo 1 T1 International, una de las pocas asociaciones de pacientes independientes de la industria farmacéutica. “Y sólo algunas insulinas cuestan realmente 35 dólares. En algunas farmacias sólo se venden a los pacientes insulinas que cuestan 200 dólares, a pesar de estar asegurados. Algunas empresas farmacéuticas han abandonado incluso la producción de insulinas más baratas porque ya no les resultaban suficientemente rentables”.

El presidente electo Donald Trump y quien será su secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr, denunciaron durante la campaña electoral la codicia de la industria farmacéutica y el coste de la sanidad en Estados Unidos. Pero al mismo tiempo Donald Trump prometió importantes recortes fiscales. Las reformas introducidas por Barack Obama y Joe Biden, como Medicare y Medicaid, se financian con impuestos.

“Estamos muy preocupados”, insiste Elizabeth Pfiester. “Todos los partidos reciben una enorme cantidad de dinero de la industria farmacéutica y las aseguradoras sanitarias. Me sorprendería mucho que Trump mejore la situación; espero más bien lo contrario”. Para asegurar su vida, esta defensora del acceso a la sanidad en Estados Unidos, también diabética, ha optado por irse a vivir al Reino Unido.

Traducción de Miguel López

La ministra de Sanidad y su Secretario de Estado están desarrollando una campaña muy extremista contra el uso de vapeadores personales con, entre otras cosas, una actitud muy parcial y, en ocasiones, agresiva contra las asociaciones profesionales y de usuarios del vapeo. Esto, en el clima actual de polarización política, ha llevado a un alineamiento insano de forma que la mayoría de defensores públicos del vapeo se acercan a posiciones de derechas, incluidas las extremas, mientras que entre la izquierda, o se ignora el asunto o se trata con parcialidad hacia las tesis del ministerio. Puede verse que artículos a favor han aparecido en medios como OKDiario y digitales por el estilo, mientras que lo que se ha publicado en elDiario.es o infoLibre se ha alineado principalmente con las tesis de la ministra. Igualmente, mientras que en la red “X” se está desarrollando una campaña de defensa del vapeo, en BlueSky no aparece nada. Un asunto que debería ser transversal se ha convertido, una vez más, en trinchera. Y quiero, y de ahí el título, que no se vea la campaña en favor del vapeo como una campaña contra el Gobierno sino como una defensa de la salud pública, para que no se produzca un retroceso en lo que muchos hemos experimentado como un gran paso adelante en nuestra salud individual.

Para quien no esté muy al tanto del problema, aclararé que el vapeo es principalmente un medio de lucha contra el tabaquismo. Así lo entiende la mayoría de la comunidad médica y buena parte de sistemas públicos de salud, que lo incluyen en sus terapias antitabaco y mediante él, países como Gran Bretaña, Nueva Zelanda o Suecia han reducido enormemente las tasas de tabaquismo. Si bien se consumen de forma similar, la diferencia entre vapear y fumar es abismal. Resumiendo, fumar es inhalar humo procedente de la combustión de tabaco mientras que vapear es inhalar vapor procedente del calentamiento de un líquido. Lo que provoca los graves daños del tabaco son los productos derivados de la combustión que, por definición, no están en el vapor de los cigarrillos electrónicos. Así, asumiendo que el vapeo puede no ser inocuo, es infinitamente menos dañino que el tabaco sirviendo para sustituirlo en lo que se conoce como terapias de reducción de daño. Sin embargo, en lugar de tratarlo así, el ministerio de Sanidad español prefiere asimilarlo al tabaco, en parte por tratarlo, sin ninguna base estadística, como una puerta de entrada a éste. O por equiparar sus perjuicios a los del tabaco, algo que está más que probado como falso.

La primera medida que ha adoptado el Gobierno, a instancias del ministerio de Sanidad, ha sido un aumento brutal de los impuestos a los productos del vapeo, tengan o no nicotina. Resumiendo, un envase de líquido que actualmente costaría entre diez y quince euros pasaría a costar unos treinta y cuatro.

La medida estrella que incluye el Decreto que se abre ahora a información pública es la prohibición de aromas o sabores en los líquidos de vapeo. Textualmente dice, refiriéndose a los líquidos con o sin nicotina: “Que solo contengan ingredientes aromatizantes o saborizantes que confieran al producto final aromas y/o sabores a tabaco.” El absurdo final. Un producto que se usa para dejar el tabaco no puede saber a otra cosa que a tabaco. Supongo que para hacer lógico el absurdo anterior de incluir al vapeo en un decreto relativo al tabaco, aunque el producto no tenga nada que ver con el tabaco. La mayoría de vapeadores no queremos recordar el sabor del tabaco. 

Dinamarca prohibió los sabores del vapeo y creció el porcentaje de fumadores. Holanda tomó la misma medida y ve cómo personas que habían dejado de fumar gracias al vapeo, han vuelto a fumar. Y no será la única consecuencia. Hay otras dos muy importantes. La primera, económica. El 80% de los ingresos del sector procede de la venta de líquidos. El aumento brutal del impuesto y la prohibición de aromas distintos del tabaco supondrá el cierre de negocios, que se cifra en torno a 500 y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo. Con el agravante de que afectará exclusivamente a nuestro país, mientras que en la mayoría del resto de países de la UE, donde seguirá vigente la directiva europea que hasta ahora regía aquí, se podrán adquirir los productos que aquí se prohíben. 

La segunda consecuencia, muy grave y ya presente en países latinoamericanos que han prohibido el vapeo, será la aparición de un mercado negro incontrolado y el desarrollo de mafias ligadas a él. Hay que recordar que el único caso de muertes relacionadas con el vapeo se debió precisamente al consumo de un líquido ilegal vendido en el mercado negro.

Y después de hablar de las dos principales medidas que amenazan al vapeo, hay que hablar de una tercera, la más importante y que… no está. Pese a haber anunciado en su momento que estaría en el decreto, la medida más importante para alejar a los menores del vapeo, es decir, la prohibición de venta de dispositivos desechables, que algún país europeo ya ha decretado, no está. La medida que las asociaciones de vapeadores coincidían en defender, por ser la venta incontrolada de estos dispositivos la principal forma de acceso de los menores, en canales no regulados, que vienen de terceros países, con formas y sabores atractivos para ellos; esta medida no aparece en el decreto.

¿Por qué si éste es el nefasto panorama que se avecina el ministerio sigue adelante con la reforma del decreto? Es difícil de entender. Quizá la clave está en la negativa del ministerio de establecer una interlocución sin prejuicios con los representantes de las asociaciones del sector y los usuarios del vapeo, siguiendo exclusivamente las pautas marcadas por determinadas asociaciones médico sanitarias demasiado cercanas a la industria farmaceútica. Una industria que no ve con buenos ojos una alternativa a la lucha contra el tabaquismo que compite con sus chicles, parches y pastillas. Tal vez la historia del Champix, la pastilla antitabaco que fue retirada del mercado por sus efectos secundarios y posteriormente vuelta a financiar por la Seguridad Social española podría ilustrar esa relación.

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José M. Rivas es socio de infoLibre.

“Los medicamentos y los fondos reservados de los servicios secretos son los dos únicos ámbitos donde no se conoce el destino del dinero público. Es insólito e inaceptable”. La frase es de Fernando Lamata, médico, ex secretario general del Ministerio de Sanidad entre otros cargos públicos y uno de los principales expertos españoles en el tema del precio de los fármacos. Lamata no tiene dudas sobre lo que oculta esa falta de transparencia: “Por un medicamento que cuesta 300 euros pagamos 20.000. Si el coste fuera transparente, eso sería una malversación de fondos públicos y los implicados irían a la cárcel. En el caso de los medicamentos no es así porque estamos ocultando la información a los ciudadanos”.

La realidad es que el precio de los medicamentos es un secreto de Estado. En España y en el resto de Europa. Y que es el propio Ministerio de Sanidad quien defiende ese secretismo incluso en los tribunales. Investigate Europe ha rastreado todos los procedimientos judiciales abiertos desde 2018 en causas donde ciudadanos o fundaciones como Civio y Salud por Derecho pedían conocer el precio de determinados fármacos. Existen al menos nueve procedimientos donde Sanidad se ha personado para defender que ese dato siga siendo opaco.

El actual equipo ministerial sostiene que no va a presentar más recursos judiciales para impedir la transparencia de los precios, pero no se ha retirado de los procedimientos en marcha donde Sanidad está personada. Y lo cierto es que ya existen dos sentencias de la Audiencia Nacional que rechazan hacer públicos los precios, dictadas en procedimientos iniciados por Sanidad en 2019 y 2022, en ambos casos con Gobiernos de Pedro Sánchez. Una de ellas es ya sentencia firme.

El tema no está cerrado judicialmente. De hecho, todo apunta a que en algún momento tendrá que sentar jurisprudencia el Tribunal Supremo, porque existen otras cuatro sentencias de primera instancia dictadas durante los últimos meses en las que se ordena publicar el precio y las condiciones de financiación de otros tantos fármacos. Todas están recurridas ante la Audiencia Nacional.

Este artículo forma parte de la investigación sobre los negocios de las grandes farmacéuticas realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe que infoLibre publica en exclusiva en España. Las tres primeras entregas se centraron en las negociaciones secretas que imponen en Europa las farmacéuticas y en la desigualdad que existe entre países de la UE a la hora de acceder a fármacos esenciales que pueden salvar vidas [puedes leer los artículos aquí, aquí y aquí].

Con los fármacos existe un precio oficial y un precio real. Cuando una farmacéutica obtiene autorización para comercializar un nuevo medicamento, suele iniciar un proceso de negociación con el Ministerio de Sanidad para que el producto se incorpore a la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud (SNS), de forma que sea financiado con fondos públicos. Las autoridades sanitarias estudian, entre otras cuestiones, si el nuevo fármaco tiene un valor terapéutico añadido respecto a los ya existentes para la misma enfermedad, si cumple con criterios de coste-efectividad o si existen alternativas para las mismas afecciones a menor precio. Las negociaciones con las farmacéuticas para acordar el precio pueden durar meses.

El importe lo fija finalmente la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM), que comunica cuál es el precio máximo que está dispuesta a pagar la Administración. Ese es el precio oficial o de lista. Pero durante la negociación ambas partes han acordado el descuento que el laboratorio acepta aplicar a condición de que se mantenga en secreto. El motivo, según explica la patronal española Farmaindustria, es el siguiente: “Mantener la confidencialidad de los precios de los fármacos permite a la administración española conseguir mejor precio que en otros países para los medicamentos que financia el Sistema Nacional de Salud con fondos públicos y, por tanto, beneficia los intereses de España como país y los de todos los pacientes españoles”. Farmaindustria también destaca que la confidencialidad “es la norma internacional” y que “países como Noruega y Alemania que tenían un régimen parcial de transparencia han vuelto a un sistema de confidencialidad”.

Periodistas de Investigate Europe han hablado con negociadores de diferentes Estados europeos y el argumento de las farmacéuticas es el mismo en todos los sitios: la confidencialidad es necesaria para que ese país concreto obtenga mejores precios que sus vecinos. Lógicamente, eso es imposible. Si unos pagan más y otros menos, no pueden estar todos en el grupo de los beneficiados. Pero como cada empresa es la única que conoce cuánto abona cada Estado, estos no saben si están entre los perjudicados o los favorecidos por el secretismo. Así que firman acuerdos a ciegas, fiándose de lo que le cuenta el laboratorio que les vende el fármaco.

“Los 27 Estados miembros negociando para sí mismos es algo asombrosamente ineficaz y conduce a la desigualdad de los ciudadanos europeos”, sostiene un funcionario irlandés conocedor del sistema. Pero lo cierto es que cualquier iniciativa para una negociación conjunta por parte de la UE es torpedeada por países con una industria farmacéutica potente, especialmente Alemania. La única excepción se produjo con la compra conjunta de las vacunas contra la Covid.

Tras la aprobación de la Ley de Transparencia a finales de 2013, ciudadanos y asociaciones empezaron a utilizar dicha norma para solicitar a Sanidad que desvelase el precio real de determinados fármacos y su impacto presupuestario. Al principio las peticiones eran pocas, pero a partir de 2018 las fundaciones Salud por Derecho y Civio iniciaron campañas en favor de la transparencia de los precios. El Gobierno se negó a desvelarlos, así que los solicitantes presentaron reclamaciones ante el Consejo de Transparencia. Cuando recibe una reclamación, este órgano decide si la Administración debe o no facilitar la información solicitada. Su resolución pone fin a la vía administrativa, pero las partes pueden acudir a los tribunales si no están conformes con la decisión. El Ministerio de Sanidad y las farmacéuticas afectadas han recurrido sistemáticamente ante la Justicia todas las decisiones del Consejo de Transparencia favorables a hacer públicos los precios reales de los medicamentos.

Uno de esos recursos inició su recorrido judicial en septiembre de 2019, cuando era ministra de Sanidad la socialista María Luisa Carcedo. Una ciudadana había pedido conocer “el desglose de los medicamentos que componen el gasto farmacéutico hospitalario correspondiente al año 2018, incluyendo la información del principio activo, marca comercial, número de unidades, precio de adquisición y laboratorio que comercializa”. Sanidad perdió en primera instancia, pero decidió apelar ante la Audiencia Nacional, ya con el socialista Salvador Illa en el Ministerio. Y este tribunal le dio la razón.

Para dictar su sentencia, se apoyó en un informe de Sanidad, en el que se argumentaba lo siguiente: “Dar acceso a terceros de los precios de financiación en España de los medicamentos supondría la pérdida de credibilidad de nuestra Administración, y llevaría aparejada una desventaja negociadora a la hora de conseguir precios más competitivos”. El Ministerio añadía que Estados de nuestro entorno, como Reino Unido o Francia, “ponen gran cuidado en no revelar las ventajas que obtienen en sus negociaciones de financiación de medicamentos, conocedores de que ello les permite obtener mayores ahorros frente a los países que no garantizan esta confidencialidad de las negociaciones”. El Gobierno español no explicaba cómo sabe que Reino Unido o Francia obtienen “mayores ahorros” que otros países si los precios que pactan son secretos.

La sentencia, dictada en marzo de 2021, contó con un voto particular de Helmuth Moya Meyer que cuestionaba el sentido del fallo. El magistrado explicaba que lo que la ley declara confidencial es la información “sobre los aspectos técnicos, económicos y financieros” que facilitan los laboratorios al Ministerio durante el proceso de negociación, pero que “el precio no es una información facilitada por la farmacéutica, sino que figura en el contrato de adquisición de los medicamentos”. Además, recordaba que la Ley de Transparencia obliga a hacer públicos “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de la licitación y de adjudicación”.

El Consejo de Transparencia, que preside desde octubre de 2020 José Luis Rodríguez, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Pero este no lo ha admitido a trámite. Por tanto, la sentencia de la Audiencia Nacional ya es firme, en lo que constituye la mayor victoria obtenida hasta ahora en los tribunales por los defensores de mantener la opacidad de los precios de los fármacos.

Fuentes jurídicas consultadas por Investigate Europe indican que, pese a ello, el Consejo de Transparencia no tendrá que cambiar en próximas resoluciones su posición favorable a publicar la información: “El debate jurídico sigue abierto, porque hay sentencias recientes de juzgados en sentido contrario, y el Tribunal Supremo no se ha pronunciado sobre la cuestión. Pero es evidente que las farmacéuticas utilizarán esa sentencia ya firme de la Audiencia Nacional en todos los procedimientos judiciales abiertos para defender su postura”.

En diciembre de 2023, la Audiencia Nacional dictó otra resolución en favor del Ministerio de Sanidad, esta vez respaldando su negativa “a entregar información sobre el coste económico de las vacunas Covid-19”. Los fundamentos jurídicos apenas ocupan dos folios y se apoyan en dos sentencias del Tribunal General de la UE en relación “a la petición de información formulada por un periodista de un diario sensacionalista alemán”. El Consejo de Transparencia ha presentado recurso de casación, pero el Supremo aún no ha decidido si lo admite a trámite.

Los Juzgados de los Contencioso, que deciden en primera instancia, han mostrado mucha mayor sensibilidad con las tesis que defienden la transparencia y el control del uso de los fondos públicos también en el ámbito farmacéutico.

Civio ha ganado tres procedimientos judiciales en el último año. En julio de 2023, el Juzgado de lo Contencioso nº9 amparó su solicitud de información sobre “el precio y las condiciones de financiación de Luxturna”, un fármaco que se utiliza para el tratamiento de personas que sufren pérdida de visión. Dos meses más tarde, el Juzgado de lo Contencioso nº4 resolvió que Civio tenía derecho a recibir la información sobre el medicamento Zolgensma, considerado el más caro del mundo y que se aplica a niños con atrofia muscular espinal. El 8 de enero de este año, el mismo Juzgado ordenó dar difusión al precio de Yescarta, un fármaco utilizado contra el cáncer.

El mismo 8 de enero, y también el Juzgado de lo Contencioso nº4, resolvió que se debía facilitar a Salud por Derecho el precio de Veklury, indicado para adultos y adolescentes con neumonía.

Luxturna y Zolgensma son medicamentos patentados por la multinacional Novartis. Tanto la empresa como el Ministerio de Sanidad, entonces en manos del socialista José Manuel Miñones, presentaron recursos de apelación. Yescarta y Veklury son propiedad de la compañía Gilead, que también ha recurrido a la Audiencia Nacional, pero esta vez sin el apoyo de la Administración. Sanidad ha pasado a manos de Mónica García (Más Madrid) y el nuevo equipo ministerial ha decidido no recurrir.

Ángela Bernardo lidera en Civio la lucha por lograr mayor transparencia del sector farmacéutico, que en su opinión es “bastante opaco”. En el ámbito de los medicamentos destaca tres grandes lagunas. En primer lugar, echa en falta una base de datos única, como en Estados Unidos, con los pagos que realiza la industria a profesionales y organizaciones sanitarias. “Esto es importante para revelar conflictos de intereses que puedan estar ocultos y minimizar los riesgos de sesgos, por ejemplo, en la investigación y en la práctica clínica”, explica. En España cada empresa informa sobre sus datos y, además, estos “se publican en diferentes formatos, en muchas ocasiones como imágenes escaneadas, lo que dificulta la búsqueda de la información”.

En segundo lugar, señala que falta información sobre cómo se negocian los precios de los medicamentos. Bernardo admite que se han producido “algunos pequeños avances”, ya que ahora se difunden notas informativas con algunos datos de las reuniones de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Pero lo que se debería publicar, indica, “son las actas completas de la Comisión, incluyendo quiénes son las personas que asisten a cada reunión, cuáles son sus potenciales conflictos de interés y los documentos aportados”.

Por último, enumera la opacidad sobre el precio de los fármacos. La portavoz de Civio recuerda que la industria farmacéutica y el Ministerio de Sanidad la han defendido con el argumento de que “esto beneficia a España en las negociaciones. Según el razonamiento que suelen utilizar, la falta de transparencia permite que los países menos ricos paguen menos por los medicamentos. En Civio hemos comprobado en múltiples ocasiones a través del proyecto Medicamentalia que esta regla no se cumple, como también acabáis de demostrar en Investigative Europe. Por eso pensamos que la confidencialidad en realidad beneficia única y exclusivamente a los laboratorios, no al Sistema Nacional de Salud”.

En cuanto al cambio de política de Sanidad, Bernardo valora que “ahora no esté recurriendo” las resoluciones judiciales favorables a la transparencia, pero puntualiza: “Cuando hemos solicitado información en los últimos meses sobre el precio y las condiciones de financiación de varios fármacos nuevos, seguimos teniendo el no por respuesta”.

También se muestra cauta sobre el giro del Ministerio de Sanidad Vanessa López, directora de Salud por Derecho: “Existe un cambio en el discurso, más sensible en teoría con la transparencia, pero falta comprobar cómo se lleva a la práctica”.

Vanessa López destaca que el problema de la falta de información “no es exclusivo de España, sino que es global”. Y ello a pesar de que “existe una resolución que propugna esa transparencia”, aprobada en 2019 en el marco de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas y “de que numerosas instituciones, como por ejemplo el Parlamento Europeo, señalan este problema”.

La falta de transparencia afecta a toda la cadena del medicamento, recuerda López: “No sólo se desconocen los precios netos que pagan los hospitales, donde está el grueso del coste público, sino que tampoco se sabe qué forma parte de esos precios y cómo se fijan”. La directora de Salud por Derecho defiende que los precios de los medicamentos se fijen a partir de los costes reales más un porcentaje de beneficio industrial razonable, teniendo en cuenta además las aportaciones de dinero público recibidas por el laboratorio. “No se trata solo de saber cómo se gasta el dinero público o que se conozca la evolución del gasto farmacéutico, sino que además los precios que se establezcan sean justos”, resume.

“La opacidad actual es lo que permite fijar precios que generan beneficios multimillonarios a las farmacéuticas”, concluye la directora de Salud por Derecho.

Javier Padilla es el secretario de Estado de Sanidad. Antes de llegar al Ministerio, este médico madrileño era una de las voces más contundentes a la hora de exigir un precio justo para los medicamentos y reclamar transparencia.

En conversación con Investigate Europe, Padilla destaca que no han recurrido las sentencias sobre Yescarta y Veklury, lo que supone un giro frente a la política anterior. “Y estamos valorando si, en los otros procedimientos judiciales, nos podemos retirar para enviar una señal muy clara de que estamos a favor de la Transparencia”, añade.

El secretario de Estado aún mantiene que “la opción socialmente más beneficiosa sería la transparencia” y admite que “la opacidad muestra además instituciones débiles para tomar el mando”. Pero introduce un importante matiz en su discurso: “No es lo mismo que se avanzara unidos a nivel europeo a que un Estado lo haga por su cuenta. Existe en la Administración un miedo a la pérdida de la capacidad de negociación. Yo creo que es una ficción, pero ese miedo está ahí. Es un poco el dilema del prisionero”.

Una dificultad añadida, apunta Padilla, es que Alemania, Dinamarca y Países Bajos “anteponen claramente la protección de su industria nacional a cualquier consideración sobre transparencia”.

La conclusión del secretario de Estado parece una cuadratura del círculo difícil de conseguir: “Hay que avanzar en transparencia, respetando todo lo relacionado con el modelo de negocio y sin que afecte a la capacidad de negociación”. Dentro de esos avances en transparencia, anuncia que su equipo está “trabajando para ampliar la información” que se difunde sobre las reuniones de la Comisión de Precios.

Su discurso es mucho más matizado que antes de ser cargo público, pero Padilla sonríe y responde con un argumento difícilmente rebatible ante la pregunta de a quién beneficia la opacidad actual: “Si la confidencialidad perjudicara los precios, la industria farmacéutica no la defendería, ¿verdad?”.

Como la mayoría de los niños con fibrosis quística, Milda lleva toda la vida tosiendo y luchando por ganar peso. Esta enfermedad genética hace que la mucosidad obstruya y dañe los pulmones, y los pacientes son propensos a las infecciones. “Mira, soy fuerte”, dice la niña de tres años mientras chupa un biberón acurrucada en un sofá junto a su madre. La bebida contiene los nutrientes que necesita para luchar contra su enfermedad. Forma parte de una rutina diaria que incluye dos horas de fisioterapia, pastillas para facilitar la digestión y, en el peor de los casos, antibióticos y visitas al hospital. “Sí, eres fuerte”, la tranquiliza su madre, Urtė Gylienė.

Afortunadamente, desde 2012 existen en la UE medicamentos revolucionarios conocidos como moduladores de la proteína CFTR. Actualmente hay cuatro en el mercado, incluidas las terapias milagrosas más recientes, que combinan los fármacos Kaftrio y Kalydeco. Por desgracia para la familia Gylienė, viven en Lituania, donde los medicamentos aún no cuentan con financiación pública. Se recetan en la mayor parte de Europa, pero el acceso se ha retrasado en muchos países debido a los precios desorbitados que reclama su fabricante. El trabajo de Investigate Europe revela que países más pobres pagan facturas más elevadas que sus vecinos más ricos.

Este artículo forma parte de una investigación sobre el negocio de las farmacéuticas realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe. infoLibre publicará en exclusiva en España la investigación completa, formada por una decena de artículos. Las tres primeras entregas de la serie se publican hoy (puedes leer aquí y aquí las otras dos).

“Es una locura cuando descubres que otros países tienen esos medicamentos milagrosos y tú te quedas atrás”, lamenta Gylienė. "Esta es una enfermedad progresiva, en pocos años empeora y empeora. Mi mayor temor es que sufra y muera en mis brazos", explica.

La Agencia Europea de Medicamentos aprueba los nuevos fármacos de forma centralizada, pero cada Estado de la UE tiene que negociar los precios con las empresas directamente. Estos acuerdos son secretos, lo que favorece a empresas como Vertex Pharmaceuticals, la biotecnológica estadounidense que tiene el monopolio de los cuatro fármacos contra la fibrosis quística. Los países más ricos y con mayor poder adquisitivo a menudo pueden negociar precios más baratos que las naciones con menos renta o con mercados más pequeños.

El análisis de las cuentas anuales de las filiales europeas de Vertex, así como de los datos presupuestarios y sanitarios de las autoridades estatales, ofrece por primera vez una visión de la disparidad de precios en Europa de estos medicamentos que salvan vidas.

En Europa Occidental, Investigate Europe comparó los ingresos locales de Vertex con el número oficial de pacientes que tomaron los medicamentos de la empresa en 2022. La media estimada asciende a 71.000 euros en Francia, 81.000 euros en Italia, 87.000 euros en España y 88.000 euros en los Países Bajos, siempre cantidades sin IVA.

En España, una auditoría de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana sobre el sistema de compras en 2022 revela que el descuento pactado por el Ministerio de Sanidad con Vertex para la financiación pública de Kaftrio oscila entre el 51% y el 74%, dependiendo de los volúmenes adquiridos. El precio real de una caja del medicamento cuesta un máximo de 5.200 euros en España, según los auditores. En Francia, los datos del Gobierno muestran que el sistema sanitario disfrutó de un descuento del 51% en todos los pagos por moduladores de CFTR a partir de 2021.

En comparación, el gasto por paciente en algunos países de Europa central y oriental es más elevado. El análisis realizado por Investigate Europe de los informes nacionales sobre gasto farmacéutico estima que, en 2023, Polonia gastó una media de 109.000 euros sin IVA por paciente. El fondo nacional de salud afirma que "todas las rebajas o descuentos negociados con las farmacéuticas están incluidos" en sus cifras, aunque algunas devoluciones, que un antiguo funcionario califica de "insignificantes", no se contabilizan. En la República Checa, la estimación es de 140.000 euros, basada en datos de 2022 que incluyen "el coste real pagado por este tipo de tratamiento", según VZP, la mayor aseguradora pública del país. En este caso, no está claro si el importe incluye o no impuestos.

Para los países mencionados, Investigate Europe sólo ha tenido en cuenta los datos que reflejan un año completo de disponibilidad de los cuatro medicamentos de Vertex. Kaftrio y Kalydeco representan la mayor parte de los costes. Las cantidades citadas son medias estimadas, ya que hay pacientes que no toman el tratamiento el año completo o cambian de un medicamento a otro. En consecuencia, el precio real de reembolso de cada medicamento puede diferir.

Tras años intentando conseguir un precio mejor, el Gobierno lituano declaró en abril que estaba dispuesto a pagar hasta 8,4 millones de euros por el suministro de Kaftrio y Kalydeco para un máximo de 48 pacientes. Esto equivaldría a 175.000 euros por persona. El Ministerio de Sanidad lituano no pudo precisar cuándo podrían estar disponibles las terapias. Debido a los costes previstos, el tratamiento se limitará inicialmente a los pacientes más enfermos a partir de los seis años, aproximadamente la mitad de la población con fibrosis quística del país.

Como Milda es demasiado joven para poder optar al tratamiento, seguirá soportando drenajes pulmonares diarios. “Hay tantos niños que ya no pueden esperar ni un día. Estoy muy enfadada porque Vertex fabrica un medicamento que no está disponible”, lamenta su madre. La fibrosis quística afecta a unas 54.000 personas en Europa y más de la mitad de las muertes relacionadas con la enfermedad en 2022 fueron de personas de entre 18 y 39 años.

En Polonia, donde las conversaciones se prolongaron durante meses, Kaftrio está restringido a pacientes mayores de 12 años, ya que no se acordó un precio para los más jóvenes. Estonia también se dispone finalmente a reembolsar Kaftrio este verano. Cuando se dirige a los Estados, Vertex puede pedir más de 200.000 euros por paciente y año. Funcionarios estatales de toda Europa explicaron a Investigate Europe cómo la presión ejercida sobre ellos por los medios de comunicación y las organizaciones de pacientes da ventaja a Vertex en las negociaciones.

"El precio de nuestros medicamentos se basa en su innovación y en el valor que aportan a la comunidad de enfermos de fibrosis quística, a los cuidadores y a los sistemas sanitarios", declaró un portavoz de Vertex a preguntas de los periodistas. "Los precios reembolsados citados en su consulta son inexactos". La empresa declinó hacer comentarios sobre países concretos o especificar las inexactitudes.

“La estrategia de las empresas es siempre la maximización de beneficios”, afirma un negociador estatal europeo con experiencia en Vertex, que pidió permanecer en el anonimato. “Así que no les interesa hacerte una buena oferta”, añade. Los países de la UE no saben cuánto pagan los demás, indica el funcionario, quien explica que “si una empresa tiene miles de millones de beneficios, sin duda se puede concluir que todos pagamos demasiado”.

Algunos Estados no pueden permitirse el lujo de negociar. En su respuesta a las preguntas de Investigate Europe, Vertex nombró a Chipre entre las naciones que tienen “acceso sostenible” a sus medicamentos. Pero la empresa no ha buscado un acuerdo de reembolso. Esto significa que Chipre no tiene descuento en el precio y que el acceso se decide en función de cada paciente, lo que hace que el Estado pague una tarifa más alta, probablemente en torno a los 200.000 euros fijados habitualmente por Vertex. “No hay negociación» en este tipo de acuerdos”, admite Athos Tsinontides, director de servicios sanitarios de la Organización de Seguros de Salud de Chipre.

Sobre el papel, las aseguradoras sanitarias públicas alemanas pagan más que la mayoría. Teniendo en cuenta únicamente los descuentos conocidos abiertamente, un tratamiento anual de Kaftrio con Kalydeco cuesta en Alemania unos 150.000 euros. AOK, la principal aseguradora alemana, declaró a Investigate Europe que no tienen ningún acuerdo con Vertex para obtener más descuentos. Sin embargo, varios negociadores e investigadores europeos, que hablaron bajo condición de anonimato, expresaron importantes dudas sobre los precios alemanes disponibles públicamente.

El origen de los codiciados medicamentos se remonta al año 2000, cuando la Fundación de Fibrosis Quística, una organización sin ánimo de lucro, acordó financiar Aurora Biosciences, una empresa farmacéutica estadounidense, para descubrir nuevas terapias contra la enfermedad. Un año después, Vertex compró Aurora y continuó con el acuerdo. Como parte del trato, la fundación financió el desarrollo de la terapia de Vertex con 150 millones de dólares (unos 138 millones de euros) a cambio de derechos sobre futuras ventas. En pocas palabras, Vertex sería propietaria de las patentes y comercializaría los fármacos, mientras que la organización sin ánimo de lucro se llevaría una parte de todos los ingresos futuros.

"Fue valiente por parte de la empresa invertir en ello, pero sólo lo hizo porque la Fundación de Fibrosis Quística le ofreció dinero", afirma el profesor Martin Hug, farmacéutico jefe del Hospital Universitario de Friburgo, en Alemania. Como padre de dos hijas con la enfermedad, agradece vivir en un país dispuesto a pagar los tratamientos, aunque “sería presuntuoso dejar que los precios fueran tan altos como son porque nuestra sociedad puede permitírselo”. No obstante, añade, “también hay que darse cuenta de que el desarrollo de medicamentos para enfermedades raras en particular es muy, muy caro”.

Vertex destaca que “ha invertido más de 10.000 millones de dólares en total en investigación y desarrollo para la fibrosis quística. En los últimos 10 años, hemos invertido más del 70% de nuestros gastos operativos en I+D".

Aparte de la investigación y el desarrollo, sólo alrededor del 4% de lo que Vertex cobra por sus medicamentos corresponde a costes de fabricación, según el análisis de sus últimas cuentas. El grupo gastó unos 370 millones de euros para producir píldoras en 2023. Las vendió por algo más de 9.000 millones de euros. Su otro gran desembolso en la venta de los fármacos procede de su acuerdo de royalties con la Fundación de Fibrosis Quística. Pero la organización sin ánimo de lucro ya no es la beneficiaria. 

Entre 2014 y 2020, Royalty Pharma compró los derechos de autor de la fundación por casi 3.700 millones de euros. La empresa de inversión, que cotiza en la bolsa de Nueva York, se embolsa ahora a perpetuidad el nueve por ciento de todos los beneficios de los moduladores de CFTR en todo el mundo. En sólo siete años, ingresó más de 4.000 millones de dólares (unos 3.700 millones de euros), según sus cuentas. La operación fue tanto más lucrativa cuanto que Royalty Pharma no paga impuesto de sociedades gracias a las sociedades que tiene registradas en paraísos fiscales como Delaware o Irlanda.

"Los inversores en Royalty Pharma plc pagan impuestos sobre los ingresos obtenidos por Royalty Pharma plc", indicó un portavoz de la compañía. "Royalty Pharma plc no paga impuestos porque tributa como un fondo", añadió. El grupo dijo estar orgulloso de haber ayudado a la Fundación de Fibrosis Quística a “acelerar su misión”.

La cartera de la empresa cuenta con otros éxitos de ventas: Xtandi, un medicamento contra el cáncer de próstata, o Imbruvica, un tratamiento contra la leucemia, contribuyeron a sus más de 2.700 millones de euros de royalties en 2023.

Los registros financieros no son la única forma de levantar el velo sobre los verdaderos costes de los moduladores de CFTR. Andrew Hill, investigador británico y asesor de la Organización Mundial de la Salud, supervisa los envíos de materias primas de Vertex en bases de datos de importación y exportación. Su equipo ha calculado que Kaftrio podría producirse por sólo 5.600 dólares anuales (menos de 5.200 euros) por paciente y seguir siendo rentable.

“Me parece indignante que una empresa farmacéutica esté tan decidida a conseguir un precio que no es ni coste-efectivo y dejar morir a los niños”, denuncia. “Pero Vertex tiene el monopolio, así que la elección para un país es o compras este medicamento al precio de Vertex, o no consigues nada y tus hijos sufren”, explica.

Vertex declaró que los costes de producción citados en este artículo son inexactos, pero no aclaró ni cuál es el presunto error ni cuál es el supuesto coste real. "Además, el precio de estos medicamentos no viene determinado por los costes de producción, sino por la inversión realizada en su desarrollo, el riesgo asumido y su valor para los pacientes y el sistema sanitario", destacó su portavoz. 

En un documento presentado ante las autoridades sanitarias australianas, la empresa evaluó que los genéricos –réplicas de medicamentos fabricados por otras empresas– podrían ser un 90% más baratos cuando finalice el periodo de exclusividad de Kaftrio. En Europa, está previsto que la patente del medicamento no expire hasta 2037.

Por ahora, los genéricos del medicamento sólo se venden en Argentina, donde la legislación sobre patentes es menos restrictiva. Allí, un suministro anual de un imitador de Kaftrio puede costar unos 92.000 euros), mucho menos que en otros lugares, pero aún prohibitivo para muchos. Las escasas alternativas incluyen la financiación colectiva o el traslado a otro país.

Monika Luty, polaca de 27 años, se vio obligada a hacer ambas cosas. En 2020, su estado era tan malo que su capacidad pulmonar se acercaba peligrosamente al 20% y pesaba sólo 37 kilos. Publicó un vídeo en Internet suplicando a Vertex que le diera Kaftrio. En aquel momento estaba aprobado por la UE, pero no se reembolsaba en Polonia.

“Sentí una enorme decepción. Viviendo en la UE, siendo polaca, fui discriminada por no ser alemana o de otra nacionalidad donde el tratamiento estaba disponible. En la UE no debería haber discriminación", afirma Luty.

Su petición a la empresa fue en vano. Sus amigos la ayudaron a recaudar más de 200.000 euros mediante un crowdfunding y su padre vendió su coche para que pudiera comprar los medicamentos en Alemania y, al ver lo eficaces que eran, cruzó definitivamente la frontera cuando se sintió mejor. Se mudó a Fráncfort, consiguió un trabajo de oficina y recibió una receta gratuita de Kaftrio.

“No pagué nada, así que lloraba de lo fácil que era”, recuerda. “Para conseguir los medicamentos en Alemania, sólo necesitaba un seguro, un trabajo y vivir allí”. Dos años después, Luty regresó a Polonia cuando los fármacos empezaron a estar disponibles en su país. Aunque su salud mejoró, sufrió depresión mientras tomaba las pastillas, un posible efecto secundario conocido del tratamiento.

“Es realmente terrible y perturbador oír lo que tienen que hacer las familias para acceder a estos medicamentos”, critica Gayle Pledger, cofundadora de Vertex Save Us, un grupo de defensa de los derechos de los enfermos.

Pledger se muestra muy crítica con la compañía: “Vertex está dispuesta a sentarse a esperar el precio más alto durante las negociaciones, aunque esto cueste la vida de los pacientes, y durante este tiempo, las comunidades de fibrosos quística se desesperan cada vez más y presionan a sus gobiernos para que paguen los precios, cuando en realidad la raíz del problema son estos precios desorbitados en sí mismos”.

La suposición de que las exigencias de Vertex son desproporcionadas ha provocado enfrentamientos con varios gobiernos. En Gran Bretaña, las autoridades sanitarias criticaron recientemente el coste-efectividad de Kaftrio y amenazaron con recortar el reembolso a los nuevos pacientes. En un enfrentamiento anterior con el Reino Unido, el fabricante destruyó 600 años de suministro de Orkambi, otro de sus tratamientos.

En Irlanda, una disputa con el gobierno mantuvo Kaftrio fuera del alcance de 35 niños en 2022 porque su mutación genética estaba excluida de un contrato anterior y Vertex presionó para obtener un pago adicional. Pasó casi un año antes de que los niños recibieran finalmente el fármaco.

“Fue horrible, fueron 11 meses de tortura y de llorar todos los días”, reflexiona Gràinne Uí Lúing, cuyas dos hijas se vieron afectadas por el retraso. "Todo se redujo a dinero para Vertex. No es nada personal. Nada médico. Sólo dinero y llenarse los bolsillos. Es repugnante".

Recuerda una reunión especialmente tensa con representantes de la empresa durante las negociaciones: “Les pregunté: "¿Cuánto cuesta la vida de mi hijo?”. Oír hablar de la batalla de su madre reaviva recuerdos dolorosos para sus hijas, Caoimhe, de 10 años, y Fiadh, de ocho. "No pasa nada, sólo estamos charlando. Lo tenemos. Somos felices", las consuela Uí Lúing.

Unos minutos después, las hermanas vuelven a estar radiantes jugando al ajedrez en la mesa de la cocina de su casa familiar, cerca de Dublín. Charlan sobre su próximo viaje a los estudios de Harry Potter en Londres, algo con lo que antes ni habrían soñado. Caoimhe y Fiadh celebraron hace poco su primer aniversario del tratamiento y ahora están “increíblemente bien”, dice su madre.

Las conexiones financieras de Vertex con Irlanda van más allá de sus ingresos por pacientes. Esta jurisdicción fiscalmente favorable es la piedra angular de la estructura corporativa del grupo en Europa. Todas sus ventas en la UE, casi 1.845 millones de euros en 2022, pasan por su holding irlandés. En consecuencia, Vertex registra pocos beneficios en los diferentes países de la UE. En 2022, la empresa pagó dos millones de euros de impuesto de sociedades en Italia, a pesar de que sus ingresos ascendieron a 223 millones de euros. En España, la cantidad fue de 877.000 euros por una facturación de 115 millones de euros.

A nivel mundial, Vertex pagó más de 700 millones de euros de impuesto de sociedades el año pasado, una tasa del 17,4% que le dejó un beneficio neto de 3.320 millones de euros. Y eso después de abonar 852 millones de euros a Royalty Pharma por sus derechos. Recompensó a sus inversores con 394 millones de euros en recompra de acciones y entregó a su consejero delegado casi 18,5 millones de euros.

“Vertex pagó miles de millones de dólares en impuestos sobre la renta durante el período 2018-2023”, indica un portavoz de la compañía, quien agrega que el grupo cumple con todos los requisitos fiscales y que su tasa impositiva “está muy por encima de la tasa mínima global de la OCDE del 15%”.

A finales de este año, Vertex espera la aprobación reglamentaria de su quinta terapia contra la fibrosis quística, conocida como Vanza Triple. Algunos analistas creen que podría generar unos ingresos anuales de más de 9.230 millones de euros.

Sin embargo, al igual que ocurrió con los cuatro tratamientos anteriores, el acceso a los mismos está llamado a ser un problema. Vertex ha sido condenada por bloquear los genéricos baratos en todo el mundo, mientras que no comercializa sus productos en los países pobres. A países de renta media como India y Sudáfrica también se les niega el medicamento, y un paciente sudafricano ha demandado a la empresa por abuso de patente y violación de los derechos humanos.

Vertex sostiene que ha puesto en marcha un programa piloto para donar suministros gratuitos de Kaftrio en 12 países, pero declinó decir cuántos pacientes se benefician del mismo. La empresa calcula que dos tercios de los pacientes de todo el mundo toman sus medicamentos, un porcentaje que enmascara la falta generalizada de disponibilidad de Kaftrio. De los 100.000 pacientes diagnosticados de fibrosis quística en el mundo, se calcula que solo el 12% tomará Kaftrio en 2022.

Para Milda, la niña lituana de tres años que forma parte del 88% restante, la lucha por el acceso continúa. “Ella sabe que hay algunos medicamentos de los que hablo”, dice su madre. “Le digo todos los días que mamá está luchando por ella, mamá está haciendo todo lo que puede para darte medicamentos”, afirma.

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Edición: Chris Matthews.

En enero de 2023, Kadri Tennosaar llevaba ya tres años luchando contra el cáncer. Primero los médicos le extirparon el tumor del pecho y luego empezó el tratamiento. Pero ahora, cuatro sesiones de quimioterapia después, el médico tenía la imagen en blanco y negro del TAC de los pulmones de Tennosaar. Como pequeñas gotas de lluvia, los puntos blancos se agrupaban. El cáncer crecía en ambos pulmones. El tratamiento no había funcionado. “Rompí a llorar”, recuerda Tennosaar. A sus 53 años, no quería morir. “El médico actuó como si yo no existiera”.

Pero otro médico dio esperanzas a Tennosaar. Había un medicamento que podía ayudarla. El medicamento se llamaba Enhertu. “De repente volví a sentir esperanza”, cuenta hoy Tennosaar. El problema es que el tratamiento con el fármaco cuesta 20.000 euros por tres meses. Normalmente, los pacientes tienen que tomar Enhertu durante más de un año. Un dinero que Tennosaar, que hasta que la enfermedad la detuvo era encargada de unas instalaciones deportivas en Tallin (Estonia), no puede permitirse.

El lugar de la UE donde vive un paciente como Kadri Tennosaar determina en gran medida que reciba los medicamentos que pueden prolongar o incluso salvar su vida. El análisis de Investigate Europe revela cuántos medicamentos críticos no están disponibles mediante reembolso general para miles de personas en toda la UE, siendo los pacientes del centro y este de Europa los más afectados por la falta de acceso.

Este artículo forma parte de una investigación sobre el negocio de las farmacéuticas realizada por el consorcio periodístico Investigate Europe. infoLibre publicará en exclusiva en España la investigación completa, formada por una decena de artículos. Las tres primeras entregas de la serie se publican hoy (puedes leer aquí y aquí las otras dos).

El prestigioso instituto de investigación alemán IQWiG elaboró una lista de 32 medicamentos destacados para Investigate Europe y sus socios alemanes en este proyecto, el periódico Süddeutsche Zeitung y las televisiones públicas NDR y WDR. En análisis realizados entre 2019 y 2023, los científicos concluyeron que esos fármacos tienen un beneficio adicional "significativo" o "considerable" respecto a las terapias existentes. Esto significa que un medicamento puede prolongar o mejorar la vida de los pacientes y, además, puede tener menos efectos secundarios. Entre los fármacos seleccionados había tratamientos para enfermedades como el cáncer de mama, la leucemia y la fibrosis quística.

La investigación revela que en seis países de la UE falta uno de cada cuatro medicamentos esenciales. Sin acuerdos de compra entre países y empresas, que son la base de la financiación pública vía reembolsos, las autoridades sanitarias tienen que recurrir a otros métodos costosos para obtener un medicamento, o se quedan sin acceso por completo. La situación es especialmente dramática en Hungría, donde 25 de los 32 medicamentos no suelen reembolsarse, y en Malta y Chipre, donde 19 y 15 medicamentos, respectivamente, tampoco están disponibles. Los pacientes de Chipre y Hungría pueden obtener algunos medicamentos solicitando el acceso individual, pero a menudo con costes desorbitados para el Estado. En los países bálticos y Rumanía, un gran número de medicamentos importantes tampoco están disponibles.

Durante casi una década, Paul Fehlner dirigió el departamento de patentes de la farmacéutica suiza Novartis. Ahora es director de propiedad intelectual de la empresa biotecnológica estadounidense Revision Therapeutics. Fehlner explica la estrategia actual de las empresas farmacéuticas: "Normalmente, las empresas farmacéuticas van primero a por los mercados más grandes, lo cual tiene sentido. Así, Alemania, Francia, España, Italia y otros mercados obtienen acceso al producto, pero otros países no son prioritarios porque no son tan grandes".

Para los pacientes, esto significa que a menudo se ven abandonados a su suerte cuando se enfrentan a una enfermedad grave. Tienen que confiar en la buena voluntad de organizaciones benéficas o donantes para pagar tratamientos que salvan vidas o solicitar acceso individual a través del Estado. En algunos casos, los pacientes tienen incluso que demandar a sus gobiernos para acceder a los costosos fármacos.

En Europa, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA por sus siglas en inglés) toma la decisión inicial sobre qué medicamentos pueden comercializarse en la UE y cuáles no. Si un fabricante obtiene la aprobación de su producto, la UE le concede el monopolio exclusivo de su principio activo durante al menos ocho años. Tener esta exclusividad significa que ningún otro laboratorio puede sacar al mercado un medicamento con el mismo principio activo. Por consiguiente, no hay competencia entre fabricantes.

Después, las empresas farmacéuticas serán libres de decidir si quieren comercializar sus medicamentos y en qué países de la UE. Hasta ahora, las autoridades sanitarias negocian casi siempre individualmente con las empresas.

“En principio, todos los ciudadanos de la UE deben beneficiarse del mercado único. Pero los medicamentos no son igualmente accesibles para todos”, afirma la abogada Ellen 't Hoen, que defiende un acceso equitativo a los fármacos. Esto es en parte culpa de las empresas farmacéuticas, que primero comercializan sus productos en países “tolerantes con los precios altos”.

La patronal europea, Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas (Efpia por sus siglas en inglés), rechaza que se culpe a las empresas. Afirma que existe un “amplio consenso” en que los precios de los medicamentos “deberían” basarse en la capacidad de pago de cada país. La asociación cita “la lentitud de los procesos reguladores”, “los retrasos en el inicio de las evaluaciones nacionales de tecnologías sanitarias” y “las decisiones locales de los proveedores de atención sanitaria sobre los formularios” como razones de la falta de disponibilidad de medicamentos.

Las empresas farmacéuticas utilizan su poder de mercado para obligar a los países a mantener en secreto los precios negociados. Los negociadores nacionales deben firmar acuerdos de confidencialidad. De este modo, las empresas pueden ocultar los descuentos que aplican a los Estados con respecto al precio oficial de un medicamento. Los Estados negocian a ciegas. Esto significa que, en algunos casos, las empresas pueden cobrar mucho más por sus medicamentos en países con mercados más pequeños que en los más ricos de Europa occidental.

La falta de medicamentos esenciales en los Estados menos poblados o con menos ingresos también es consecuencia de la política empresarial de las compañías. Lo explica un farmacéutico que trabaja para una filial húngara de una multinacional: "Para una empresa como Novartis o Pfizer, el mercado húngaro es un error de redondeo". En el país, los pacientes no tienen acceso a 25 de los 32 medicamentos mediante reembolso. "Hoy en día no me gustaría ser un paciente de cáncer en Hungría", resume el farmacéutico.

El Estado húngaro utiliza un mecanismo que se introdujo para resolver casos singulares, por el que los pacientes pueden solicitar el reembolso de los gastos de su tratamiento. Si se aprueba la solicitud, la seguridad social cubrirá todo el coste del tratamiento. Entre 2013 y 2022, el número de solicitudes se multiplicó por ocho. De las más de 25.000 presentadas en 2022, nueve de cada diez fueron aprobadas. Sin un acuerdo sobre financiación pública, el precio de estos fármacos se dispara. "No hay margen para el regateo", afirma un funcionario húngaro. Por parte de los pacientes, el mayor problema de este sistema es la incertidumbre a la hora de recibir tratamiento.

En Tallin, a principios de 2023, las esperanzas de Kadri Tennosaar, paciente de cáncer de mama, se desvanecían. El gobierno no pagaría el medicamento que podría ayudarla, Enhertu. El instituto IQWiG de Alemania considera que hay pruebas de que aporta “un beneficio adicional significativo para el criterio de valoración de la supervivencia global”. En otras palabras, Enhertu ayuda a los pacientes a vivir más tiempo. Aunque el fármaco fue aprobado por la EMA en enero de 2021, las negociaciones con Estonia siguen en curso hoy en día.

Los pacientes de los países más pobres pueden tardar años en acceder al medicamento si las empresas farmacéuticas solo lanzan sus productos en las naciones más ricas. Es un tiempo del que a menudo no disponen los enfermos graves. El tiempo medio transcurrido desde la aprobación de la EMA hasta que una empresa farmacéutica se puso en contacto con las autoridades estonias en los últimos tres años fue de 680 días, casi dos años. Erki Laidmäe, jefe del departamento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos del Fondo del Seguro de Enfermedad de Estonia, explica a Investigate Europe que “aún no se ha alcanzado un nivel de precios aceptable” con el fabricante de Enhertu, Daiichi Sankyo.

Laidmäe añade que, en otros casos, “faltan medicamentos en nuestro mercado porque ya existe una alternativa. Los pacientes no se quedan sin tratamiento. Nuestro mercado es muy pequeño y los fabricantes no penetrarán en él si su cuota promete seguir siendo pequeña. El que llega primero suele quedarse con todo el mercado y no hay sitio para los demás".

En su análisis de los 32 medicamentos, Investigate Europe tuvo en cuenta los casos en los que existen medicamentos alternativos a la hora de calcular los totales globales por países.

Daiichi Sankyo destaca que trabaja con las autoridades estonias para garantizar que los pacientes que cumplan los requisitos puedan "acceder al medicamento lo antes posible". La empresa sostiene que no puede hacer más comentarios mientras continúen las negociaciones.

En cambio, en Alemania, la legislación garantiza a los fabricantes farmacéuticos que las compañías de seguros sanitarios reembolsarán cualquier medicamento aprobado por la EMA. Esto significa que están inmediatamente a disposición de los pacientes, a diferencia de lo que ocurre en Estonia.

En algunos países europeos, las organizaciones benéficas han tenido que llenar durante mucho tiempo el vacío dejado por las farmacéuticas reacias y los gobiernos con problemas de liquidez. En Estonia, la organización benéfica Kingitud Ule (Vida Dotada), ha ayudado a más de dos mil pacientes desde su creación hace diez años.

Kadri Tennosaar y su nuevo médico presentaron una solicitud a principios de 2023 pidiendo ayuda a la organización benéfica. “Temía que el comité rechazara mi petición”, recuerda Tennosaar,  “pero mi médico me dijo que había muchas posibilidades de que la aceptaran”. Efectivamente, el fondo aprobó el tratamiento. En marzo del año pasado, Tennosaar vio por primera vez el fármaco que podría salvarle la vida, parecía “transparente como el agua”. Cuando se lo administraron, al principio se sintió como en la quimioterapia anterior. "Los días siguientes estaba débil. Me quitó la fuerza del cuerpo”, rememora.

A menos de cuatro horas en coche de Tallin, en el Hospital Oriental de Riga, la capital letona, la oncóloga Alinta Hegmane trata habitualmente a pacientes con cáncer para los que hace tiempo que existen medicamentos innovadores. “Pero el coste de ciertos tratamientos no está cubierto. Esto es el día a día aquí”, indica. Según el trabajo de Investigate Europe, 11 de los 32 medicamentos esenciales no están financiados en Letonia. Los fármacos cuestan miles de euros y el tratamiento suele durar años. “Poca gente puede permitírselo”, lamenta Hegmane.

Por eso sus pacientes se registran desde sus camas de hospital en la plataforma de crowdfunding Ziedot. Allí dan a conocer su caso. Escriben un texto sobre sí mismos y su enfermedad. Compiten por el dinero de los lectores, que pueden donarlo directamente pulsando un botón. Viola, de Riga, cuenta en su post que antes de tener cáncer era una “mujer activa”. Ahora está en la plataforma pidiendo “la oportunidad de vivir un año más”. También necesita Enhertu para combatir su enfermedad. Al igual que el sistema sanitario estonio, el letón no cubre el coste del tratamiento. Hasta ahora, los donantes han ayudado a Viola con 590 euros de los 45.212 que necesita.

En otros países, los pacientes se ven obligados a recorrer distancias aún mayores para acceder a un medicamento.

En la ciudad de Lugoj, al oeste de Rumanía, Andreea Crăciun, paciente de cáncer de mama, tuvo que llevar a los tribunales a su propio sistema sanitario. Le diagnosticaron cáncer de mama a finales de noviembre del año pasado. “Todo fue muy rápido”, recuerda Crăciun. A las dos semanas empezó la quimioterapia: “El cáncer era muy agresivo. Era mi única opción”. El segundo shock llegó cuando se enteró de que el Estado no pagaría su tratamiento con el fármaco que necesitaba, Keytruda. Muchos países de la UE cubren su coste para pacientes con cáncer de mama, pero no Rumanía. Un tratamiento cuesta 5.000 euros. Pudo pagar ella misma las tres primeras sesiones, pero “no sabía qué hacer después”, recuerda ahora. Desesperada, la madre de dos niños en edad escolar recurrió a un abogado. El 2 de febrero de este año,  presentó una demanda contra el Estado rumano. Diez días después, el tribunal falló a su favor. Hoy, el Fondo Nacional de Salud paga su tratamiento.

En 2023, más de mil pacientes rumanos recibieron la medicación contra el cáncer que necesitaban a expensas del Estado por orden judicial, según el oncólogo Michael Schenker, jefe de la Comisión Nacional del Cáncer del país. Rumanía carece de recursos para pagar fármacos innovadores y el director del seguro nacional de enfermedad ha instado a las autoridades a duplicar el presupuesto para medicamentos, explica Schenker. El Estado se ha negado.

Rumanía no tiene acceso a seis de los 32 medicamentos innovadores. Según el Gobierno, en varios casos el fabricante decidió no comercializar su producto en el país. 

En la UE, sólo Alemania y Austria tienen acceso a los 32 medicamentos. Las naciones más ricas también tienen lagunas en la disponibilidad, entre ellas los Países Bajos, donde faltan cinco medicamentos; España, que no tiene cuatro, y Francia, que no dispone de tres. Mayeul Charoy, funcionario francés que trabaja estrechamente en el reembolso de fármacos, declaró a Investigate Europe en una reciente conferencia del sector: "Sí, esos medicamentos todavía no se reembolsan porque los fabricantes aún no han presentado una oferta aceptable".

De los cuatro fármacos no financiados en España, un portavoz del Ministerio de Sanidad indicó a Investigate Europe que en un caso se está negociando con la farmacéutica (Pluvicto, que se utiliza contra el cáncer de próstata); en otro no consta "que la empresa haya iniciado un procedimiento de valoración de la financiación" (Breyanzi, aplicado a adultos con linfoma), y en dos casos la Comisión que decide sobre su reembolso emitió una resolución de no financiación (Talzenna, para tratar el cáncer de mama, y Empliciti, contra el mieloma múltiple). Esa resolución se emite cuando los expertos no encuentran valor añadido al medicamento o cuando existen fármacos o alternativas terapéuticas para las mismas afecciones a menor precio.

Para cambiar esta situación, varios proyectos han intentado impulsar negociaciones conjuntas entre los Estados miembros de la UE. "Queríamos garantizar que más pacientes tuvieran acceso a los medicamentos esenciales", recuerda la ex ministra de Sanidad belga Maggie De Block. Junto con sus colegas de Países Bajos y Luxemburgo, creó en 2015 una iniciativa de adquisición conjunta, Beneluxa. "Somos países pequeños y juntos esperábamos poder negociar mejor", señala De Block. Irlanda y Austria también se han unido a Beneluxa.

En los últimos nueve años, los cinco países solo han logrado la adquisición conjunta de tres fármacos. Clemens Auer, ex secretario general del Ministerio de Sanidad austriaco, califica Beneluxa de "señal política a la industria», aunque reconoce que, en las circunstancias actuales, no puede crecer y abarcar a toda la Unión Europea. Así que la desigualdad en el acceso persiste". “Es un escándalo que haya ciudadanos de primera, segunda y tercera clase en Europa cuando se trata de acceder a nuevos medicamentos”, critica Auer.

El problema se siente en toda Europa. En una entrevista con Investigate Europe, un antiguo funcionario de sanidad de Irlanda se queja: "Los 27 Estados miembros negociando para sí mismos es algo asombrosamente ineficaz y conduce a la desigualdad de los ciudadanos europeos".

En 2016, el entonces ministro de Sanidad chipriota, George Pamborides, escribió al entonces comisario de Sanidad de la UE, Vytenis Andriukaitis, quejándose de que su país estaba accediendo “muy tarde” a medicamentos innovadores. En una carta a la que ha tenido acceso Investigate Europe, Pamborides proponía que la UE creara un mecanismo para sentar a los Estados miembros pequeños a la mesa de negociación con las empresas farmacéuticas “a fin de garantizar precios preferenciales para la adquisición de medicamentos innovadores”. La carta se perdió en algún cajón… y con ella la propuesta.

En una reunión de ministros de Sanidad de la UE celebrada el pasado noviembre, Grecia y Malta volvieron a incluir en el orden del día un mecanismo central de compra de medicamentos innovadores. Pero Alemania se apresuró a descartar la propuesta. "La compra conjunta sólo debe utilizarse para amenazas sanitarias transfronterizas", señaló el representante alemán en la sesión plenaria.

La Comisión Europea también ha reconocido el problema. En 2020 anunció que revisaría su estrategia farmacéutica. Tres años después, en abril de 2023, presentó su nueva propuesta legislativa. En la presentación, la comisaria de Sanidad, Stella Kyriakides, aseguró: “El lugar donde vives no debe determinar si vives o mueres”. La Comisión declaró a Investigate Europe que el conocido como paquete farmacéutico permitirá “que entre 60 y 70 millones de pacientes más tengan acceso anualmente a medicamentos innovadores en la UE". A pesar de las largas negociaciones, aún no se ha llegado a un acuerdo en las instituciones comunitarias.

Como en el caso de la paciente estonia de cáncer de mama Kadri Tennosaar, que sólo pudo acceder al medicamento Enhertu, que podría salvarle la vida, gracias a una organización benéfica. El pasado mes de marzo, tras años de enfermedad, ya era un procedimiento familiar para Tennosaar tumbarse en la fría cama y deslizarse por el escáner con un fuerte rugido. Siempre un poco nerviosa, espera el resultado: ¿Ha crecido el cáncer en su cuerpo? Unas semanas más tarde, recibe noticias de su médico. Esta vez las noticias son buenas. “Fue un pequeño milagro”, dice hoy Tennosaar, describiendo el momento en que supo que había entrado en remisión. El nuevo fármaco, Enhertu, ha funcionado. El cáncer ha desaparecido de sus pulmones.

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Con información de Sarmīte Gaidule, Attila Kalman, Alexandra Nistoroiu, Piret Reiljan, Iulia Rosu, Harald Schumann y Manuel Rico.

Recogida de datos: Mašenjka Bačić, Eurydice Bersi, Lorenzo Buzzoni, Wojciech Cieśla, Anuška Delić, Lukas Diko, Ingeborg Eliassen, Sarmīte Gaidule, Pascal Hansens, Vellu Hämäläinen, Attila Kalman, Miglė Krancevičiūtė, Ida Mažutaitienė, Leïla Minano, Maxence Peigné, Paulo Pena, Andrei Petre, Bettina Pfluger, Marta Portocarrero, Manuel Rico, Leonard Scharfenberg, Nico Schmidt, Zuzana Šotová y Amund Trellevik.

Edición: Chris Matthews.

No hay noticia sobre el negocio del seguro de salud que no sea una buena noticia para las compañías que lideran el sector, metido en una espiral de récords de facturación y de clientes. El último informe de la Fundación IDIS, lobby de la sanidad privada en España, permite identificar a los principales beneficiarios de este auge, alimentado por el desprestigio de la sanidad pública, especialmente de la atención primaria. Nueve compañías acapararon en 2022 más del 80% del mercado. Sólo tres, Segurcaixa Adeslas, Sanitas y Asisa, con una facturación conjunta de más de 6.000 millones, copan el 57,6%.

El negocio del seguro ha subido un 18% durante la pandemia. La crisis del covid ha acelerado un boom que venía de atrás. No en vano, el alza de la facturación supera el 30% en cinco años. El volumen de primas se situó por primera vez en 2022 por encima de los 10.500 millones, según los datos de cierre del ejercicio de la patronal Unespa. Concretamente, alcanzó los 10.543 millones, un 7% más que el año anterior.

La facturación sube en 2022 más que en los dos primeros años de pandemia, cuando lo hizo en torno a un 5%, porcentaje promedio de los incrementos desde 2016. Una vez pasada la fase más aguda de la crisis sanitaria, la dinámica ascendente no sólo sigue, sino que se acentúa.

El informe Sanidad privada. Aportando valor de la Fundación IDIS, una referencia en el sector y cuya edición de 2023 se acaba de publicar, ordena los nombres de cabecera de un sector en pleno crecimiento.

Aquí podemos ver a las nueve principales compañías por volumen de facturación. Entre todas ocupan un 80,3% de un mercado que cuenta ya con más de 12 millones de asegurados, incluyendo a los mutualistas. El número ha subido en casi un millón y medio desde 2019.

La compañía dominante es Segurcaixa Adeslas, con cerca de un 29% de la cuota de mercado y más de 3.000 millones de facturación. La siguen Sanitas y Asisa. Entre las tres consumen más de la mitad de la tarta: 57,6%. El mismo trío ha liderado el mercado al menos durante la última década. Desde 2012 su facturación conjunta ha subido de 3.918 a 6.090 millones, un ascenso del 55,43%. Sólo durante la pandemia, es decir, desde 2019, su negocio se ha elevado un 17,29%. Detrás van DKV, Mapfre, Axa, IMQ, Asistencia Sanitaria Colegial y Fiatc, todo ello según lo recogido por el informe de IDIS. Durante la presentación esta semana de los resultados, el presidente de la fundación, Juan Abarca, advirtió de que se está generando una "masificación" de la sanidad privada. "Nos acabaremos adaptando porque somos empresas. Pero puede haber algunas listas de espera puntuales en determinados hospitales o provincias", añadió.

Además de las aseguradoras, también gana la banca, con la que el sector tiene una alianza estratégica para la comercialización de sus productos y que es beneficiaria secundaria del boom del negocio. Los cuatro principales bancos españoles –Santander, BBVA, Caixabank y Sabadell– tienen acuerdos con alguna de las cinco entidades dominadoras.

Un caso concreto: Segurcaixa –que además de seguros de salud también comercializa multirriesgos, autos, decesos, accidentes y responsabilidad civil– utiliza la red de oficinas de Caixabank como otro canal de venta, que se suma a las vías tradicionales del sector asegurador, como los corredores y los brokers...

El otro triunfador es el sector hospitalario, con una facturación anual superior a los 11.000 millones de euros y encabezado por Quirón, del grupo multinacional alemán Fresenius, por encima de los 4.000 millones en 2021 tras subir un 22% en pandemia. Este sector vive pegado tanto al sector público a través de conciertos como a las aseguradoras, que suponen en 35,1% y el 55,1% de su negocio, más del 90% en conjunto, con datos de 2021.

El acelerón del negocio sanitario privado tiene un impacto directo en los bolsillos de las familias. Sólo durante la pandemia, el gasto per cápita en seguros sanitarios privados ha subido un 17,56%: de 148 euros 2019 a 174 en 2022. El mayor gasto se da en Madrid, con 337 euros, por delante de Islas Baleares (293) y Cataluña (270).

La primavera del seguro privado se produce en un contexto de dificultades y desprestigio del sistema público. No son dos fenómenos desconectados. Diversos análisis atribuyen a la sanidad privada un beneficio directo del deterioro de la red pública, especialmente de la atención primaria [ver aquí y aquí]. Esta gráfica es el envés de la moneda del auge del negocio del seguro privado.

El laboratorio estadounidense Moderna cerró 2021 con un beneficio neto de 12.202 millones de dólares, lo que equivaldría a 10.982 millones de euros, frente a las pérdidas de 747 millones (672 millones de euros) que contabilizó en el año anterior, según ha informado este jueves, informa Europa Press. El abultado cambio en el resultado neto se debe a los millones de dosis vendidas de Spikevax, su vacuna contra el covid-19.

Entre enero y diciembre, la firma facturó 18.471 millones (16.625 millones de euros), frente a los 803 millones (723 millones de euros) que ingresó en 2020. Este cambio se debe a que las vacunas se empezaron a comercializar de forma robusta en 2021.

Los ingresos por vacunas fueron de 17.675 millones (15.909 millones de euros), frente a los 200 millones (180 millones de euros) del año anterior, mientras que los ingresos procedentes de subvenciones crecieron un 38,9%, hasta 735 millones de dólares (662 millones de euros).

El coste de los productos vendidos fue de 2.617 millones (2.356 millones de euros), prácticamente sin comparación con 2020, mientras que los gastos de venta, generales y administrativos se multiplicaron por tres, hasta 567 millones (510 millones de euros). La partida de investigación y desarrolló (I+D) se expandió un 45,3%, hasta 1.991 millones (1.792 millones de euros).

Únicamente en el cuarto trimestre del año, el laboratorio registró beneficios netos por valor de 4.868 millones (4.382 millones de euros), frente a las pérdidas de 272 millones (245 millones de euros) del año anterior. La facturación se situó en 7.211 millones (6.490 millones de euros), frente a los 571 millones (514 millones de euros) del último trimestre de 2020.

Las grandes multinacionales farmacéuticas han encontrado en el covid-19 el becerro de oro, que en su caso equivale a un volumen de negocio por encima de los 65.000 millones de euros este año. Los casi 6.000 millones de vacunas vendidas en todo el mundo han disparado los beneficios de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson y AstraZeneca. Mientras, su cotización en Bolsa vuela cada vez que anuncian la necesidad de una nueva dosis o la inminente aprobación de una posible cura. También cuando aparece una nueva variante del virus.

En cambio, para la industria farmacéutica española el panorama no da para tanta euforia. Sólo dos de las grandes del sector que cotizan en Bolsa han firmado acuerdos con las creadoras de las vacunas para fabricar dosis en España: Rovi y Reig Jofre. Pero sólo una de ellas, la primera, está produciendo viales. Otras dos, Grifols y Pharma Mar, elevaron en 2020 su facturación gracias a las pruebas –antígenos, anticuerpos, PCR– para detectar el coronavirus, pero el aumento de la competencia ha rebajado los precios, hundiendo las ventas este año, al menos en el caso de la compañía gallega.

Aun así, la patronal del sector, Farmaindustria, aseguraba el pasado junio que las exportaciones de las farmacéuticas españolas habían crecido un 5,6% respecto a 2019, rozando los 12.800 millones de euros.

Las siete farmacéuticas del Íbex 35 facturaron en los nueve primeros meses del año un total de 4.266,5 millones de euros –Grifols sólo ha publicado datos del primer semestre–, lo que supone un descenso en su volumen de negocio del 1,17% respecto del mismo periodo de 2020. Aunque la cifra supera en un 9,98% la de 2019, antes de la pandemia. Hasta septiembre, sus beneficios suman 496,7 millones de euros, un 4,8% menos que el año pasado, pero un 15,47% más que en 2019.

Además, si en el ejercicio prepandemia las siete farmacéuticas llegaron a septiembre con ganancias, en el mismo mes de 2020 ya había una, Oryzon Genomics, que lucía números rojos –2,26 millones de euros– y en el de este año son dos las que tienen pérdidas: otra vez Oryzon –2,6 millones– y Almirall, que registra un resultado negativo de 39,4 millones.

Pero si hay un ganador claro gracias a las vacunas ése es Rovi, que hasta septiembre ha facturado 463,5 millones de euros y ganado 98,93 millones. Es decir, ha aumentado sus ingresos un 71,16% respecto al mismo periodo de 2019 y más que triplicado sus beneficios prepandemia.

Y lo ha conseguido gracias al acuerdo que ha firmado con Moderna para producir su vacuna de ARN mensajero en las instalaciones que posee en Madrid y Granada. Que la vacuna ha sido un estupendo negocio para Rovi lo demuestra que este año ya ha repartido un dividendo sobre los beneficios de 2020 que aumenta en un 118% el distribuido con cargo a los del ejercicio anterior. Y que su cotización en Bolsa se ha triplicado desde enero de 2020.

Es más, en lo que va de 2021 Rovi ya ha revisado dos veces sus previsiones de crecimiento anuales, que finalmente sitúa entre el 40% y el 45%. En 2022, la farmacéutica calcula que seguirá mejorando hasta un 10%; en cualquier caso, por encima del 5,1% que medrará el gasto farmacéutico en España, según presume la empresa en su último informe financiero trimestral.

En cambio, la relación de la vacuna con Reig Jofre está resultando agridulce. El laboratorio firmó con Johnson & Johnson para encargarse de la formulación, llenado y envasado del inyectable de Janssen en una nueva planta en Barcelona donde ha invertido 10,9 millones de euros. La producción debería haberse iniciado en junio. Sin embargo, a día de hoy aún no ha empezado la tarea. Según eldiario.es, la empresa ya ha despedido a siete empleados de la fábrica barcelonesa. Problemas en la “compleja” transferencia tecnológica necesaria para trasladar el proceso es el motivo apuntado por ambas partes para explicar el retraso. La incertidumbre se ha mudado al parqué, donde Reig Jofre ha caído casi un 40% desde julio, cuando anunció la demora.

Aun así, en los nueve primeros meses del año, el laboratorio catalán ha aumentado un 2% su facturación respecto a 2020 y un 17,7% en comparación con septiembre de 2019. Sin embargo, este ejercicio sus beneficios han caído un 4% respecto a los de 2020. En España, sus ventas también han disminuido un 3%. Y es que, con la pandemia, los ingresos por antibióticos y medicamentos de venta libre respiratorios se han reducido más de un 20%.

La tercera empresa española que ha firmado un acuerdo para producir vacunas es la gallega Zendal, que tiene previsto fabricar la estadounidense Novavax en la plata de su filial Biofabri en O Porriño (Pontevedra). Novavax acaba de ser autorizada hace apenas unos días por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA).

Además, la argentina Insud Pharma fabrica en su planta de Azuqueca de Henares (Guadalajara) las vacunas de AstraZeneca. En total, en España se han fabricado unas 220 millones de dosis de ARN mensajero –Pfizer y Moderna–y 160 millones de adenovirus –AstraZeneca–, de acuerdo con las cifras facilitadas en el Congreso por la directora de la Agencia Española del Medicamento (Aemps), María Jesús Lamas, el pasado 29 de noviembre.

En todo el mundo, las grandes farmacéuticas han firmado unos 300 acuerdos con un centenar de empresas para que produzcan vacunas en más de 30 países.

Estas tres empresas españolas con acuerdos con firmas extranjeras tienen en común su menor tamaño. Frente a ellas, las grandes del sector, como Almirall y Grifols, han permanecido lejos de la primera línea contra el virus. Esta última, especializada en derivados de la sangre, facturó hasta junio 2.536,6 millones de euros, cinco veces más que Rovi. Sus beneficios ascendieron a 266,8 millones de euros. Aunque esa cifra de ingresos equivale a una caída del 5,3% respecto al primer semestre de 2020, Grifols ha ganado un 22,3% más que entonces, cuando repitió el resultado de 2019.

Su única relación con el covid-19 han sido las pruebas de diagnóstico, de las que ha vendido unidades por valor de 66 millones de euros este año. Gracias a esos ingresos, la división Diagnostic de la empresa ha aumentado su facturación un 16,3% hasta junio.

El volumen de negocio de Almirall –620,7 millones de euros– también ha sufrido un recorte este año. Aunque apenas del 0,14%. Pero sus ganancias han sufrido un descalabro considerable, al pasar de los 57,1 millones de euros en que terminaron los primeros nueve meses de 2020 a unas pérdidas de 39,4 millones en el mismo periodo de 2021. Almirall, especializada en productos dermatológicos, atribuye el deterioro al recorte en 69 millones del valor contable de un fármaco contra el acné, así como a los 12 millones que pagó por una opción de compra de una empresa que finalmente no ejecutó.

Otro ejemplo de los efectos colaterales de la ola del covid es Faes Farma. Debido a las restricciones, las visitas al médico se han reducido al mínimo, por lo que también se prescriben menos medicamentos. También se han llevado a cabo menos operaciones quirúrgicas, la atención a los enfermos crónicos se ha resentido al tiempo que se retrasa el inicio de nuevos tratamientos. Y las cuentas de las farmacéuticas lo están notando. Así, el consumo del producto estrella de Faes Farma, un antihistamínico, se ha hundido durante la pandemia. Además su precio en Japón, el principal mercado de la empresa, cayó un 6,3%, mientras que en España perdió la patente, lo que se tradujo en una bajada del 45% en su precio.

Hasta septiembre de este año, Faes Farma ha facturado 320,87 millones de euros, un 1,5% más que en 2020 y un 11,5% más que en 2019. Los beneficios han subido más: un 11,3%,hasta los 71,13 millones respecto a 2020 y un 22,2% respecto a 2019, gracias a la mejora del negocio en Latinoamérica y a que han licenciado el antihistamínico en Estados Unidos.

Pharma Mar, otra de las pequeñas, también fabrica pruebas de diagnóstico del covid-19. En 2020 ingresó gracias a ellas un total de 7,89 millones de euros. Pero este año su drástica caída de precios ha hundido la facturación por este concepto, hasta quedar en sólo 434.000 euros. Pharma Mar, que desarrolla sus fármacos a partir de organismos marinos, ha invertido 10 millones de euros en el desarrollo de la plitidepsina para el tratamiento del covid-19. Hasta septiembre de este año su volumen de negocio ascendía a 143,94 millones de euros, con un recorte considerable respecto a 2020, un 35%. También se ha resentido el beneficio, que ha caído un 58,27%, hasta los 54,7 millones de euros.

La evolución de Pharma Mar en Bolsa es ilustrativa de los condicionantes del sector farmacéutico. En febrero pegó un rebote que le hizo escalar casi un 45% cuando anunció que Reino Unido autorizaba el ensayo en pacientes de su medicamento contra el covid. Pero desde entonces su valor no ha hecho más que caer. En estos momentos ha perdido un 54%, por lo que su cotización se encuentra por debajo de la que tenía antes de estallar la pandemia.

En España se están desarrollando en estos momentos 146 estudios clínicos sobre covid-19, según Farmaindustria. La catalana Hipra, especializada en vacunas de uso veterinario, es la única empresa española que está ultimando un inmunógeno de investigación propia, pero aún se encuentra en fase II; es decir, se intenta dilucidar si es seguro y eficaz.

La actuación de las empresas farmacéuticas fabricantes de las vacunas frente al covid-19 es un paradigma de lo que son las prácticas de la industria en este sector: primero se realiza la investigación con fondos básicamente públicos y con escasísima inversión de las empresas (se calcula que menos del 10-20%), luego se patentan las vacunas por empresas privadas sin que los que realmente invirtieron en la investigación tengan capacidad de intervenir sobre ellas, además se fijan precios que incorporan unos beneficios abusivos (entre 4 y 8 veces el precio de coste), y por fin se incumplen los contratos firmados justamemnte con los países que han financiado una parte significativa de la investigación. Al final, un escándalo de abuso de poder y una evidente dejación de funciones por parte de las administraciones públicas, en este caso la UE.

El asunto no es precisamente nuevo, y ya ha pasado con anterioridad en varias ocasiones, con menos relevancia pública, y obliga a la búsqueda de soluciones para hacer sostenible esta situación a la vez que se garantiza a todas las personas el acceso a los medicamentos que necesitan. En este contexto, desde 2005, en la FADSP venimos señalando la conveniencia de poner en marcha una empresa pública de fabricación de medicamentos, y por eso me gustaría señalar al menos 5 motivos concretos y una reflexión estratégica que a mi entender sustentan esta propuesta.

Para garantizar la seguridad de los medicamentos. Hace unos años el caso del Valsartan puso de relieve cómo con frecuencia las farmacéuticas intentan maximizar los beneficios mediante la “externalización” de la producción de los medicamentos, en países donde los controles de calidad son menos rigurosos, y eso produce potenciales riesgos sobre los usuarios. Una industria pública permitiría que los criterios económicos no se impusiesen sobre la seguridad de los enfermos.

Para acabar con los desabastecimientos. Los grandes beneficios de las farmacéuticas se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad (se ha denunciado en España el desabastecimiento de 170 medicamentos, cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen precios muy bajos y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio), lo que evidencia, una vez más, la preocupación de estas empresas solo por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población. El caso de la venta de vacunas a países terceros para obtener beneficios extras desatendiendo los contratos firmados previamente es otro ejemplo bien conocido, pero hubo experiencias anteriores con menos repercusión ante la opinión pública (Aspen, etc). Una de las tareas de una empresa pública es acabar con estas situaciones, garantizando la accesibilidad de todos los medicamentos de eficacia probada, aunque no tengan o tengan poca rentabilidad empresarial, eliminando de paso las maniobras especulativas de las farmacéuticas.

Para reenfocar la investigación. Es bien conocido que las farmacéuticas dirigen una parte muy sustancial de la investigación hacia por un lado áreas de gran rentabilidad económica, no necesariamente social, y hacia modificaciones poco significativas de moléculas preexistentes que les permitan nuevas patentes a precios muy superiores sin añadir un valor terapéutico significativo. Una industria pública valdría para reenfocar esta situación y potenciar la investigación hacia enfermedades prevalentes desatendidas, y hacia áreas ahora casi abandonas por sus elevados costes y escasa rentabilidad (el mejor ejemplo es la búsqueda necesaria de nuevos antibióticos ante la utilización inapropiada de los mismos).

Mejorar la transparencia. Las empresas farmacéuticas frecuentemente distorsionan el acceso a las informaciones sobre efectos adversos, limitaciones, etc, de sus medicamentos. Una empresa pública serviría para garantizar la transparencia de todas las actuaciones, problemas y efectos adversos relacionados con la producción y utilización de los medicamentos.

Favorecer el control de los precios. Una empresa pública podría mejorar la relación entre los precios reales de producción y dispensación, tanto por los precios de sus productos como por su influencia sobre los competidores no públicos. Conviene recordar que una de las propuestas iniciales del denominado Obamacare era precisamente el establecer una aseguradora pública que pudiera ejercer esta función de moderación de los precios de los seguros privados (se calculaba que lograría rebajas en torno al 15%). Otro ejemplo reciente, en Brasil una iniciativa empresarial pública proponía la producción de Sofosbuvir a un precio 5,81 veces inferior del que factura Gilead (que por cierto vendió el producto en ese país a 16.000 reales, unos 4.000€ al cambio, mucho más barato que en España).

La reflexión estratégica tiene que ver con el punto anterior. La presencia de una empresa farmacéutica pública daría un gran margen de negociación al gobierno a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las farmacéuticas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte a la ausencia real de alternativas. Imaginemos que el gobierno de uno o varios países, en su día hubiera decidido en el caso del Sofosbuvir, o ahora con las vacunas del covid-19, la “quiebra de la patente” ante una necesidad de salud pública, al día siguiente se hubiera encontrado en una situación parecida por tener muchas dificultades para atender la demanda asistencial, porque ninguna otra empresa estaría dispuesta a fabricar el producto por miedo a las consecuencias (legales, boicoteo de productos, etc). Solo la presencia de una industria pública farmacéutica convierte a esa alternativa en una realidad factible.

Finalmente habría que hacer otras consideraciones suplementarias. En primer lugar podría pensarse que el elevado número de medicamentos existentes (más de 70.000 patentes de medicamentos en el mundo), sería un obstáculo difícilmente salvable. No obstante, conviene recordar que la última lista de medicamentos esenciales actualizada por la OMS en junio de 2019 recoge solo 557 medicamentos, y que ese elevado número de patentes incluye toda la variedad de “pseudo medicamentos” presentes en el mercado, que ninguna industria pública seria tendría el menor interés en producir. Incluso admitiendo que la lista de la OMS es probablemente restrictiva, una industria pública debe focalizarse en los que tengan un mayor impacto social y económico, y por supuesto cualquier intento consistente de poner en marcha una industria pública debería comenzar por un listado mucho más limitado, porque se trata de un sector que precisa inversiones y experiencia para poder desarrollarse que no pueden improvisarse de la noche a la mañana.

La segunda es el conocido problema de las patentes y los sistemas internacionales que las protegen, una realidad incuestionable, que debería cambiarse y que solo es factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones coordinadas y muy complejas, en las que hay que ir dando pasos y la pandemia ha puesto en evidencia su importancia y urgencia, cuando menos en el caso de las vacunas. Ahora bien, no parece fácil conseguirlo a corto plazo, como estamos comprobando con las vacunas del covid-19, por eso es importante propiciar un industria pública farmacéutica para avanzar pasos en el acceso universal a los medicamentos necesarios, por cierto nada fácil de conseguir, porque va contra la tendencia neoliberal de privatizar y adelgazar el Estado, y se encontrará con una gran resistencia de ese poderoso lobby de la Big Farma que en Espña representa Farmaindustria, pero que tiene un gran peso a nivel internacional.

La tercera tiene que ver con la existencia de un dispositivo público en nuestro país, el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, que posee instalaciones y personal cualificado para constituir un embrión de esta empresa pública farmacéutica y que a día de hoy se encuentra totalmente infrautilizado, al que podrían dirigirse parte de los fondos provenientes de la UE para ampliarlo y mejorar su capacidad de producción.

Entiendo que hay razones suficientes para poder avanzar en esta iniciativa, que por supuesto sería mejor si se lograra a nivel de la UE, que puede ser clave a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de la Sanidad Pública en nuestro país y el acceso de la población a medicamentos que precisa para mantener su salud, porque es previsible que en no demasiado tiempo volvamos a enfrentarnos a nuevas crisis sanitarias.

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Marciano Sánchez Bayle es portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid

La Unión Europea se ha mostrado este jueves "dispuesta a discutir" la idea de una suspensión temporal de las patentes de las vacunas desarrolladas contra el coronavirus, una iniciativa a la que se ha resistido estos meses pero que el miércoles recibió el aval de Washington, si bien ha pedido a Estados Unidos que entretanto se implique en soluciones ya en marcha como la exportación de dosis a países pobres.

"La Unión Europea está dispuesta a discutir toda propuesta dirigida a afrontar la crisis de manera efectiva y pragmática", ha indicado la jefa del Ejecutivo comunitario durante un discurso en el que se ha referido expresamente al anuncio la víspera del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

"Estamos dispuestos a discutir cómo la propuesta para una suspensión temporal de la protección de la propiedad intelectual de la vacunas contra el covid-19 podría ayudar a lograr ese objetivo", ha añadido.

Este gesto supone un cambio en la dinámica europea que hasta ahora se ha resistido a abrir la reflexión sobre la liberalización de las patentes de los sueros contra el virus porque, según Bruselas, no sería una respuesta efectiva.

"Los problemas de acceso a vacunas no se resolverán suspendiendo las patentes. Están relacionados con una insuficiente capacidad de producción para fabricar las cantidades necesarias", dijo recientemente un portavoz del Ejecutivo comunitario al ser preguntado por el asunto.

En la misma línea, la propia Von der Leyen ha añadido a su oferta de abrir la discusión que, "en todo caso, a corto plazo llamamos a los países productores de vacunas a permitir la exportación y evitar medidas que distorsionen las cadenas de suministro".

En una entrevista la semana pasada con el diario The New York Times, la jefa del Ejecutivo comunitario se declaró "en absoluto amiga de levantar las patentes", unas palabras que su portavoz se ha resistido a evocar en una rueda de prensa este viernes en la que se ha remitido a lo dicho a primera hora en el discurso y a la voluntad de "analizar y discutir" todas las propuestas.

El comisario de Mercado Interior e Industria, el francés Thierry Breton, por su parte, ha reaccionado a través de las redes sociales para insistir en que la urgencia es asegurar que llegan las vacunas a los más vulnerables mientras se piensa en otras soluciones.

"Ahora que la producción de vacunas está a punto de alcanzar nuestros objetivos es hora de abrir una nueva frase, como estaba previsto: abordar la cuestión de las patentes para impulsar la producción global en los próximos años", ha escrito, para después remachar que "mientras tanto, la UE seguirá exportando al mundo". "Instamos a otros países productores a hacer lo mismo", ha zanjado.

Con el debate abierto a raíz del anuncio el miércoles de Biden, la Comisión Europea insiste en que los Veintisiete son como bloque un "líder exportador" de vacunas a otros países del mundo, incluido a través de la plataforma internacional COVAX desarrollada para llegar a los países más pobres.

De acuerdo a los datos ofrecidos por Bruselas, la UE ha exportado unos 200 millones de dosis al resto del mundo, una cifra que supera ligeramente incluso el número de vacunas distribuidas dentro de la Unión Europea. "Suministramos al resto del mundo en la misma medida en que suministramos a los ciudadanos europeos", ha afirmado una portavoz comunitaria.

Los líderes abordarán el asunto en Oporto

El debate estará inevitablemente en la cumbre informal que reunirá este viernes y sábado a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Oporto (Portugal) para discutir, entre otras cuestiones, sobre la gestión de la pandemia, lo que servirá para medir las posiciones de la capitales en un debate que se ha evitado hasta el momento.

Existe un "amplio consenso" entre los líderes sobre la conveniencia de debatir sobre las patentes en el marco de la situación de la pandemia en el plano internacional, aunque las fuentes recalcan que la UE enfoca su estrategia hacia otras opciones como impulsar la producción y exportaciones de vacunas a los países más vulnerables o sin recursos.

Por el momento, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ya ha dicho que es "favorable" a la suspensión de patentes, si bien ha subrayado que Europa ha sido el actor internacional "más generoso" enviando vacunas a "los países más frágiles".

El secretario de Estado para Asuntos Europeos galo, Clement Beaune, ha ido más allá y ha subrayado que "ni Estados Unidos ni Reino Unido han exportado ni una dosis" y ha pedido "empezar por ahí".

Alemania, por su parte, ha dicho a través de su ministro de Exteriores, Heiko Maas, que está "abierta" al debate "en una situación tan especial" como es la pandemia si es para que las vacunas lleguen a los más necesitados.

Bruselas había valorado hasta ahora la llamada "tercera vía" que plantea la Organización Mundial del Comercio (OMC) para "ampliar el acceso y facilitar la transferencia de tecnología dentro del marco de las normas multilaterales" y, según fuentes europeas, los Estados miembro apoyaban plenamente esta idea.

El presidente del Consejo, Charles Michel, ha confirmado a través de Twitter que los líderes hablarán de las patentes en Oporto y ha apuntado que la UE ha apoyado esa "tercera vía" de la OMC para "llevar vacunas a la comunidad global", aunque apela también a la cooperación internacional a través del Tratado sobre Pandemias impulsado con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pregunta de concurso: nombre tres empresas farmacéuticas de renombre mundial. Tres compañías vienen rápido a la cabeza, por su protagonismo en la lucha contra la pandemia de covid-19: Pfizer, Moderna y AstraZeneca. ¿Alguna española? La industria farmacéutica del país lleva meses reivindicando su papel ante el coronavirus, pero la realidad es que ninguna está desarrollando una vacuna que haya pasado ya a ensayarse en humanos. No sale ningún nombre en los rankings y las listas de facturación suelen estar copadas por las filiales de enormes multinacionales.

Pero no es ningún erial: el país cuenta con una importante industria de medicamentos genéricos, la inversión privada en I+D del sector no ha dejado de subir y algunas están colaborando con otras empresas extranjeras para avanzar con la solución a la crisis sanitaria. PharmaMar ha copado titulares en la prensa internacional por su medicamento supuestamente milagro contra el covid: el Aplidin. Pero, a pesar del optimismo de las notas de prensa, queda mucho por demostrar.

Grifols, Almirall, Faes Farma, PharmaMar, Rovi, Reig Jofre, Prim, Orizon y Biosearch son las empresas farmacéuticas que cotizan en Bolsa en España. Muchas, controladas por familias muy adineradas y de larga trayectoria en el sector. Los Grifols controlan la compañía del mismo nombre, líder indiscutible del sector de las big pharma españolas y con renombre internacional en la medicina transfusional: el mismo caso que los Reig Jofre. Una de las mayores fortunas del país, Jorge Gallardo Ballart, controla junto a su hermano Antonio la compañía barcelonesa Almirall. Los López-Belmonte acumulan el 63,1% del capital de Rovi. Otras, como PharmaMar, especializada en fármacos de origen marino, tienen la mayoría de su capital en Bolsa. La mayoría espera aumentar sus beneficios y su valor en el mercado durante 2021, a pesar de los efectos negativos de la pandemia en la economía nacional y mundial y a pesar de la competencia, que les ha adelantado en la carrera por el fin del covid-19. 

La industria, contando a las filiales de las gigantes multinacionales, cuenta con más de 200 compañías y emplean a 42.500 trabajadores directos, según cifras de la patronal. Pero ninguna empresa de origen español ha sido capaz de ponerse en la primera línea de la búsqueda de una vacuna. Alemania cuenta con cinco proyectos de vacuna con ensayos clínicos avanzados o aprobadas: Reino Unido con cuatro, Francia con tres, Italia y Bélgica con una. Otros países menos habituales en este ranking también han avanzado con la inmunización ante el covid: Kazajistán, Tailandia, Indonesia o Turquía. Cuba va muy avanzada con cuatro posibles vacunas, con su Soberana a la cabeza.

Para emprender la búsqueda de un antígeno contra una enfermedad hace falta, en primer lugar, dinero, porque el esfuerzo innovador es barato y hay mucho que ganar, pero también mucho que perder. Y en segundo lugar, apoyo público, ya sea por inyecciones directas en investigación y desarrollo (I+D) o por el trabajo de universidades y centros de investigación públicos que llegan a acuerdos con las empresas, como en el caso de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. 

Según los datos de la Fundación Cotec, la inversión en I+D en España, en relación con su Producto Interior Bruto (PIB) es la más baja de todos los países de su entorno, con un 1,28% del PIB invertido en este ámbito. 2008 fue el año en el que el país se acercó más a la media de la Unión Europea, con una diferencia de 0,4 puntos, pero con la llegada de la crisis económica se desplomó y la recuperación nunca ha llegado a los niveles previos. "Ni el sector público ni el privado han alcanzado los niveles de esfuerzo en I+D que consiguieron en la primera década del siglo. No obstante, es reseñable el ritmo de incremento de la inversión de las empresas iniciado en 2015, porque ha impulsado la recuperación de la actividad de I+D pese a tener uno de los niveles más bajos de apoyo público de los países de nuestro entorno. Por su parte, la contribución del sector público a la recuperación es testimonial", asegura la organización.

Dentro de esta mejora en la innovación del sector privado, las farmacéuticas radicadas en España destacan. Las gran farma alcanzaron en 2019 los 1.211 millones de euros de inversión en investigación y desarrollo de medicamentos, "lo que supone un nuevo récord histórico del sector y la confirmación de la tendencia creciente de esta partida en los últimos años", aseguró la patronal, Farmaindustria. 

Pero no fue suficiente para tener una vacuna española bien encaminada casi un año después del estallido de la pandemia. "La industria farmacéutica española tiene menos músculo industrial y menos tradición en innovación que en otros países de Europa", asegura el farmacéutico por la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Salud Pública Adrián Alonso. Sin embargo, matiza: "no es un erial". "Cuenta con una gran capacidad para el desarrollo de medicamentos genéricos", con hasta 14 laboratorios dedicados en exclusiva a esta tarea, y hay muchas compañías que están colaborando con hermanas mayores para la elaboración y producción de la vacuna. Rovi está a punto de empezar a producir la solución de Moderna; Reig Jofre ha acordado con Janssen producir a gran escala su vacuna; e Insud Pharma ayudará a AstraZeneca con la tarea de rellenar miles y miles de viales a contrarreloj mediante tres plantas en León, entre otros muchos ejemplos. 

Potencia en ensayos clínicos

Además, destaca la patronal, España está siendo puntera a nivel internacional a la hora de desarrollar ensayos clínicos contra el covid. No solo con vacunas, sino para probar la eficacia de determinados medicamentos, muchos ya en circulación, que pueden funcionar para tratar la enfermedad y evitar secuelas graves o fallecimientos. Hace unas semanas, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) destacó a España como uno de los países en los que más ensayos clínicos están en marcha. "Para algunas compañías farmacéuticas, España es el segundo país del mundo, tras Estados Unidos, donde más investigaciones se ponen en marcha para probar la eficacia de nuevos medicamentos", aseguró Javier Urzay, subdirector general de Farmaindustria. Para Alonso, que el país sea atractivo para este tipo de pruebas tiene que ver tanto con el potencial privado como con el público. "Si no tuviéramos una red asistencial universal y con recursos no se podría llevar a cabo", asegura. 

En mayo del año pasado, estaban en marcha 72 ensayos clínicos para probar la eficacia de medicamentos. Algunos no demostraron ser útiles, como la hidroxicloroquina. Tampoco puede achacarse a la innovación de las empresas españolas, ya que en la mayoría de casos se trataba de soluciones para otras enfermedades que pueden reducir la mortalidad de pacientes de covid-19. En la actualidad, las esperanzas están puestas en el antiviral Aplidin, de la española PharmaMar. En una nota de prensa, la farmacéutica española hizo una afirmación extraordinaria: reduce en un 99% la carga viral de la enfermedad.

Pero las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, y para muchos investigadores independientes, la empresa aún no las tiene. Solo ha hecho pruebas, por el momento, en ratones y células humanas, sin que haya noticias por ahora del ensayo clínico que comenzó el año pasado en pacientes. 

"Hasta el momento, y a falta de nuevos estudios, tanto preclínicos como clínicos, no hay evidencia científica para poder extrapolar al humano los datos obtenidos en este estudio para la indicación propuesta", aseguran en The Conversation los profesores de Farmacología Francisco López-Muñoz y José Antonio Guerra, que llaman a la responsabilidad de las farmacéuticas para no dar falsas esperanzas a la población con las prisas para subir su cotización en bolsa. También ha generado mucha expectación el anuncio de otra española, Grifols, que está trabajando en un tratamiento para positivos en coronavirus que "ofrecería una protección inmediata tras la exposición al virus". El ensayo clínico comenzará en unas semanas, a cargo del famoso –y polémico– epidemiólogo catalán Oriol Mitjà. 

Varios centros de investigación públicos, como el CSIC, están trabajando en vacunas que, si cumplen lo que prometen, ofrecerían una inmunidad "esterilizante", protegiendo contra el contagio y no solo contra la enfermedad. Probablemente necesitarán acuerdos con la industria farmacéutica para los ensayos clínicos, para la producción y la distribución: pero el mercado marcará si los productos son lo suficientemente atractivos para encontrar un hueco ante las decenas de proyectos mucho más avanzados. España no lidera, por el momento, la lucha contra el covid ni en el mundo ni en Europa. Pero una buena noticia del laboratorio podría aún cambiar las tornas.

El 70% de la población española estará vacunada el próximo verano, alcanzando así la llamada “inmunidad de rebaño”. Con ella los epidemiólogos confían en poner bajo control, definitivamente, la pandemia de SARS-CoV-2. Los expertos aseguran que con ese porcentaje la infección se propagará con mucha lentitud y dificultad, porque no habrá portadores suficientes para extender el virus.

Sanidad no ve motivo alguno para dudar del calendario previsto ni del cumplimiento de los objetivos fijados en la estrategia española de vacunación, ni siquiera a la vista del conflicto abierto entre la Unión Europea y AstraZeneca, uno de los seis laboratorios con los que las instituciones europeas han firmado contratos de suministro de vacunas y que precisamente este viernes obtuvo luz verde de la Agencia Europea del Medicamento. “La estrategia de vacunación, después del primer mes, avanza a un ritmo óptimo”, aseguró la ministra de Sanidad, Carolina Darias, sin reserva alguna ante las dudas que le plantearon la mayoría de los grupos políticos representados en el Congreso.

En su primera comparecencia en la Cámara Baja apenas dos días después de su toma de posesión, la sucesora de Salvador Illa dejó claro que completar el objetivo del 70% sigue siendo el objetivo del Gobierno de España.

¿En qué se basa el Gobierno para afirmar esto? En primer lugar, explicó Darias, en que a pesar de los problemas que ha tenido Pzifer-BioNTech durante dos semanas —“incidentes menores” ya resueltos, precisó—, ya se han distribuido 1,7 millones de dosis. “La estrategia común funciona” y el efecto de la vacuna ya se empieza a notar en la incidencia del virus en las residencias de mayores, subrayó. “No hay ningún retraso”.

Según la ministra, todo el mundo debería celebrar que, a estar alturas, haya comunidades autónomas que han completado o estén a punto de completar los primeros objetivos de vacunación del trimestre, con tasas del 80% para residentes y personal de los centros de mayores. Esta primera fase, que se prolongará hasta el 1 de abril, incluye también a personal sanitario de primera línea, seguido del resto de personal sanitario y sociosanitario y las personas con discapacidad que requieren intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida (grandes dependientes no institucionalizados). El siguiente gran objetivo, una vez completados estos grupos, serán las personas con más de 80 años que pondrá en la cola para recibir la vacuna a un grupo de más 2,8 millones de ciudadanos.

Que en esta fase lleguen pocas vacunas no debería sorprender a nadie. Por lo menos a nadie que haya leído la estrategia española de vacunación o escuchado al ministro de Sanidad. El propio plan de vacunación aprobado el año pasado de común acuerdo con las comunidades autónomas establece que en una primera etapa, cuando aún sean pocas las farmacéuticas con vacuna aprobada y en fase de producción (en este momento sólo hay dos: Pfizer-BioNTech y Moderna), habría un “suministro inicial muy limitado de dosis de vacunas”.

No sería hasta una segunda etapa, a medida que a esas dos empresas se sumasen las otras que han firmado contratos con la Unión (la primera es AstraZeneca) cuando empezaría un “incremento progresivo del número de vacunas que permita ir aumentando el número de personas a vacunar” para, en una tercera y última etapa, ya con toda la cartera de vacunas en fase de producción y a disposición del sistema nacional de salud, aumentar el número de dosis y de vacunas disponibles para cubrir a todos los grupos prioritarios.

Superadas las dificultades puntuales de Pfizer, el Gobierno español espera aumentar el lunes el suministro de dosis a 422.000 semanales. El domingo Moderna entregará otras 52.000 de la suya y Sanidad confía en que, una vez aprobada la vacuna de AstraZeneca, esta compañía empiece a distribuir pronto sus dosis para ponerlas también a disposición de las Comunidades Autónomas. Un volumen de vacunas al que pronto habrá que sumar la de Jansen (Johnson & Johnson) que este viernes anunció las conclusiones de la fase 3. La farmacéutica planea pedir la Autorización de Uso de Emergencia (EUA) de Estados Unidos a principios de febrero y confía en tener el producto disponible para enviar inmediatamente en cuenta disponga de autorización.

Cartera de contratos

Estas vacunas, recordó Darias en el Congreso, son sólo una parte de las que se ha garantizado la Unión Europa por contrato. Faltan todavía las Curevac y Sanofi-GSK, a las que pueden sumarse otras en el futuro en función de las necesidades y cuya garantía de compra ya negocia Bruselas. La de la empresa de biotecnología estadounidense Novavax, que esta semana anunció que sus pruebas certifican una eficacia del 89,3 %, puede ser una de ellas. “Es un amplio portfolio de vacunas” que “no tiene precedentes” y que permitirá a España disponer de 200 millones de dosis.

La ministra explicó —y defendió, pese a las reservas del portavoz de Vox, que rechazó compartir vacunas con nadie mientras haya “un español” sin su dosis— que España revenderá dosis a Andorra como parte del programa pactado por los países de la Unión para distribuir viales en aquellos territorios del continente que no forman parte de la UE y que como Mónaco o San Marino no disponen de peso político suficiente para garantizarse el suministro. Y cuya inmunización es además esencial para los países limítrofes.

Darias, en este caso en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, aseguró que incluso cuando se incremente el volumen de vacunas en España no existe un problema de falta de medios humanos para vacunar que exija movilizar odontólogos, veterinarios o farmacéuticos como propone la formación naranja. Con los medios que ya existen, señaló, este año se ha conseguido vacunar de la gripe en un tiempo récord nada menos que a 14 millones de personas.

La ministra recordó que “las vacunas son surgen de la nada” y que los grupos políticos ni siquiera creían que fuesen a estar disponibles para diciembre. “Y las hemos tenido”, subrayó. “Tengan un poco de confianza en lo que estamos diciendo”, pidió. Y en una estrategia de compra basada en el peso político de Europa. “Es un acierto colectivo de la UE y España es un miembro activo de la Unión”.

La disponibilidad de una vacuna, explicó Darias a los portavoces de la oposición que en sus primeras intervenciones describieron el proceso de vacunación a medio camino entre un “caos” y un “fracaso”, es un proceso que pasa por distintas fases de desarrollo, investigación y evaluación por las agencias del medicamento. A eso siguen la autorización y la producción industrial. “Digo todo esto para compartir la complejidad del proceso: nunca en la historia de la humanidad se ha vacunado a tanta gente al mismo tempo”, remarcó.

En ese contexto, “¿puede haber retrasos? Pues claro”, sentenció. Cuando se firmaron los contratos ni siquiera se conocía la eficacia de las vacunas, “pero era necesario hacerlo. Y cada país tiene un cupo. España, un 10%”.

El compromiso de Pfizer-BioNTech, el laboratorio que más vacunas está produciendo en esta primera fase de escasez, es entregar 4,5 millones de dosis en el primer trimestre. Y está cumpliendo, indicó la ministra.

La ministra reafirmó todo el apoyo del Gobierno a la Comisión Europea en su conjunto y, en particular, a su presidenta, Ursula von der Leyen, y a la comisaria de Salud, Stella Kyriakides, en su pelea con AstraZeneca para que se cumplan los contratos firmados. Bruselas “es quien negocia por todos y para todos en una situación de complejidad” porque la vacuna “es un bien escaso y el mercado está tensionado”. No hay ninguna necesidad, añadió, de ir a Bruselas a presionar a la Comisión, como han pedido algunos portavoces de la oposición. “Yo tengo plena confianza en las instituciones comunitarias, no podemos estar en mejores manos, Somos parte de la Comisión”.

Que durante la primera fase de vacunación íbamos a tener un volumen muy reducido de vacunas no es ninguna novedad. Lo anticipó el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, el 24 de noviembre, el mismo día que el Consejo de Ministros aprobó la Estrategia de Vacunación covid-19 en España, la misma que buena parte de la oposición asegura que no existe y que fue redactada conforme al acuerdo adoptado el 9 de septiembre en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde tienen voz y voto todas las comunidades autónomas y, a través de ellas, representantes de diferentes formaciones políticas.

Illa anunció aquel día que en una primera etapa, entre enero y marzo de 2021, habría “un suministro inicial muy limitado de dosis de vacunas”. Y que en una segunda etapa, entre mayo y junio, se incrementarían progresivamente su número y el de personas a vacunar. No sería hasta la tercera, precisó hace ahora dos meses, que se aumentaría el número de dosis y vacunas disponibles para cubrir a todos los grupos prioritarios.

Las noticias sobre las vacunas y plan de inmunización de la población, sometidas a la tensión diaria de las tiranteces entre partidos, no se han librado del efecto de la desinformación. Ni del descrédito, una vez que han empezado a aflorar casos de personas vacunadas que no eran prioritarias, algunas de las cuales parecen haberse aprovechado de su condición de altos de cargos en la administración local, autonómica o estatal.

El plan de vacunación (ver aquí) establece un orden de prioridad de los grupos de población a vacunar con base en criterios científicos, éticos, legales y económicos. Incluye la logística para la distribución y administración de las vacunas, fija las líneas prioritarias para el seguimiento y evaluación de la vacunación mediante un registro específico para covid-19 y recoge una estrategia de comunicación dirigida al personal sanitario y al resto de población.

No obstante, no todo es transparente en el proceso de vacunación. Especialmente los contratos suscritos por la Unión Europea con los principales fabricantes, sometidos a acuerdos de confidencialidad que han provocado la indignación de medios de comunicación y partidos políticos, especialmente los representados en el Parlamento Europeo, cuyos diputados sólo tienen acceso a documentos censurados en una sala especial a la que únicamente pueden entrar bajo vigilancia, por tiempo limitado y sin medios tecnológicos con los que poder hacer copias.

Sabemos no obstante, cuánto cuesta cada vacuna, gracias a la indiscreción de Eva De Bleeker, secretaria de Estado de Presupuestos de Bélgica, que publicó en Twitter —supuestamente por error— lo que cuesta cada vial. Una cifra muy distinta para cada una de las compañías farmacéuticas.

Los precios que ella reveló oscilan entre los 1,78 euros por dosis que cuesta la vacuna de Oxford fabricada por Astra Zeneca (hacen falta dos inyecciones para adquirir inmunidad) hasta los 14,7 euros que cuesta la de Moderna. La de Pfizer-BioNTech, la primera que comenzó a administrarse a finales de diciembre, cuesta 12 euros (también hace falta dos dosis). La de Curevac tiene un precio de 10 euros, la de Sanofi-GSK de 7,56 y la de Johnson & Johnson de 8,5.

La Unión Europa ha centralizado la compra de vacunas para asegurarse precio y condiciones de entrega. Gracias a ello, España tiene garantizada la adquisición de 31,5 millones de dosis de la de AstraZeneca, 21 millones de Johnson & Johnson, 31,5 millones de Sanofi-GSK, 23,6 millones de Curevac, 10,5 millones de Pfizer-BioNTech y 8,4 millones de Moderna. Eso significa que el Gobierno español tendrá que abonar una cifra muy próxima a los 1.051 millones de euros. La compra de la vacuna sin la intermediación de la UE elevaría esa factura a 1.322 millones, de acuerdo a las cifras reveladas por De Bleeker.

En total España recibirá, según los cálculos del Gobierno, unos 140 millones de dosis, suficientes para inmunizar dos veces a toda la población española, a lo largo de 2021 y de 2022. De momento, según datos oficiales, Pfizer ha entregado a España a lo largo de un mes 1.697.100 dosis (incluyendo las de esta semana) y Moderna apenas 35.700 en las últimas dos semanas. Las comunidades autónomas, que en los primeros días tardaron en administrar las primeras vacunas, ya han consumido casi el 96% de los viales disponibles. Casi 124.000 personas ya han transitado la pauta competa para adquirir inmunidad (dos dosis).

El plan de vacunación del Gobierno y las comunidades autónomas prevé vacunar entre enero y marzo a 2,5 millones de personas que forman el grupo más vulnerable: sanitarios, usuarios de residencias y grandes dependientes. En un mes ya han recibido la primera dosis casi 1,4 millones de personas. El Gobierno mantiene que si todo transcurre como está previsto a finales del próximo verano se habrá vacunado el 70% de la población española.

La cifra de 1.051 millones que sale de aplicar a las dosis comprometidas por España el precio revelado por la secretaria de Estado belga coincide casi exactamente con la que el Gobierno consignó para pagar las vacunas en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 —1.011 millones de euros—. Una cifra que saldrá del fondo REACT de la Unión Europea, uno de los que Bruselas ha movilizado para hacer frente a la pandemia.

A finales de noviembre, el Gobierno autorizó la adquisición de 20,8 millones de dosis de Pfizer-BioNTech, suficientes para inmunizar a 10.400.000 ciudadanos. Y el 1 de diciembre hizo lo mismo con las de Johnson & Johnson (20,8), Moderna (8,3) y Curevac (23,4).

Los recientes anuncios de varios fabricantes acerca de dificultades en el ritmo de entrega de vacunas a lo largo de los últimos días han sembrado la preocupación en Bruselas y en varias capitales europeas. En plena tercera ola de la pandemia, con cifras récord de infectados y fallecidos en varios países, la vacuna se ha convertido en la única esperanza para acabar con la pandemia. A esta incertidumbre contribuyó además el anuncio del Instituto francés Pasteur de que abandona el desarrollo de su candidato a vacuna. La mala noticia llegó apenas un mes después de que la farmacéutica francesa Sanofi también señalara que su candidato a vacuna había obtenido peores resultados de lo previsto.

De momento, a España llegaron este lunes las 351.000 dosis comprometidas para esta semana por Pfizer, que ya han sido distribuidas a las comunidades autónomas. La Comunidad de Madrid, por boca de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha quejado de que son insuficientes. “No demuestran que están haciendo todo lo que pueden por ir a por más. Yo lo que les pido es que traigan más. Hay que buscar vacunas para todo el mundo”, exigió.

“No habrá negociaciones paralelas”

Pero los países de la UE tienen prohibido ir al mercado de vacunas por su cuenta, según la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. “Tenemos un marco muy claro para todo esto. Y obliga legalmente. Todos hemos aceptado que no habrá negociaciones paralelas, ni contratos paralelos”, advirtió la semana pasada.

En este contexto, la Unión Europea ha aumentado la presión sobre la farmacéutica AstraZeneca, encargada de producir la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford, después de que la compañía anunciase una reducción sustancial de las entregas prometidas. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, recordó por teléfono a su máximo responsable, Pascal Soriot, “que la UE ha invertido significativas cantidades en la compañía” mientras desarrollaba la vacuna “precisamente” para garantizar la producción y le exigió cumplir con las entregas recogidas en el contrato con plazos y dosis “específicas”.

Tras una reunión con Soriot, la Comisión elevó aún más el tono e hizo saber que sus explicaciones sobre los retrasos “no son satisfactorias” y amenazó con emprender “acciones” contra la compañía. La UE “quiere saber exactamente qué dosis se han producido y dónde por AstraZeneca hasta ahora, y a quién o a dónde se le han entregado. Las respuestas de la compañía no han sido satisfactorias por ahora”, declaró en rueda de prensa la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides.

Detrás del malestar de la UE está la sospecha de que AstraZeneca, una compañía con sede en Cambridge (Inglaterra), esté desviando parte de la producción comprometida con Bruselas a Reino Unido e Israel por razones políticas (la grave situación de la pandemia en las islas británicas) e económicas (el precio pagado por el Gobierno de Tel Aviv). 

Bruselas ya ha propuesto a los 27 estados miembros la creación de un mecanismo de transparencia sobre las exportaciones para controlar a dónde van a aparrar las vacunas que se producen en territorio europeo.  En el futuro, declaró la comisaria Kiryakides, todas las compañías involucradas en la producción de vacunas en la Unión deberán suministrar información inmediata sobre cualquier intención de exportar dosis a terceros países, advirtió.

La vacuna de AstraZeneca aún no ha sido aprobada por la Comisión, que espera el análisis de la Agencia Europea del Medicamento (EFE), previsto para el próximo 29 de enero.

“La compañía debería de empezar a producir antes de recibir la autorización” para poder entregar los fármacos inmediatamente después de recibir la autorización para distribuirlos en la UE, señaló este lunes un portavoz de la CE, quien recordó que el contrato se firmó en agosto y los Estados miembros hicieron sus pedidos en otoño.

El Gobierno de Italia ya ha anunciado su intención de llevar a los tribunales a la farmacéutica por incumplir sus contratos, como ya hizo con el consorcio Pfizer-BioNtech, que hace uno días también tuvo problemas para entregar las dosis pactadas. Suecia anunció a su vez que paralizará los pagos a Pfizer hasta que se aclare la cuestión de cuántas dosis se pueden extraer de los viales que fabrica la empresa.

No hay cifras concretas sobre cómo pueden afectar las dificultades de las farmacéuticas a las entregas previstas. Italia estima que recibirá 3,4 millones de dosis en vez de ocho millones como estaba estipulado en el primer trimestre del año, pero la Comisión Europea no ha aportado datos sobre las dosis que faltan o los motivos de los problemas del laboratorio, del mismo modo que ha evitado comentar posibles acciones legales por parte del Ejecutivo comunitario.

Antes de abandonar su cargo como ministro, Salvador Illa, declaró que el Gobierno espera empezar a recibir dosis de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford “en los próximos días”. “Todo indica que es una vacuna que podría ser utilizada esta misma semana en el ámbito europeo y de la que recibiríamos dosis en los próximos días”, explicó.

España respalda a la Unión Europea en su posición contra AstraZeneca. “Muestro el apoyo de España a todas las medidas para garantizar el contrato que se ha firmado. Sabemos que las vacunas son un bien escaso y que la fabricación y distribución es compleja, pero Europa ha hecho bien el planteamiento de esta estrategia. Damos apoyo a todas las decisiones de la UE para garantizar que lo que firmó se cumple y que las dosis llegan en tiempo y forma, a no ser que haya causas de fuerza mayor”, indicó.

En cualquier caso es difícil saber las consecuencias legales que puede tener para las compañías el incumplimiento de los plazos porque los aspectos más sustanciales de los contratos suscritos con la UE siguen siendo secretos. La indignación de los eurodiputados es patente.

En los últimas días, y previa autorización de la compañía afectada, la UE decidió hacer parcialmente público el contrato con Curevac. Sandra Gallina, negociadora en jefe de Bruselas para la compra de las vacunas, declaró que confía en “que las compañías acepten poco a poco a mostrar todos los contratos”.

En este momento no se conoce oficialmente ni el precio pactado por cada dosis, ni los plazos de entrega de cada compañía, ni las cláusulas de responsabilidad a las que tendrían que hacer frente las farmacéuticas por incumplimiento o por los posibles efectos adversos de los pinchazos.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos ha dado este sábado la autorización de emergencia a Regeneron, el medicamento para tratar el coronavirus conocido popularmente tras ser utilizado para tratar al presidente estadounidense, Donald Trump, cuando contrajo esta enfermedad. Este tratamiento consiste en lo que se conoce como un cóctel de anticuerpos y los estudios han mostrado que su aplicación temprana mejora la condición de los pacientes.

La autorización ha sido emitida para tratar a pacientes de más de 12 años que tengan posibilidades de desarrollar síntomas graves y que no estén ni hospitalizados, ni necesiten oxígeno, ha asegurado el diario New York Times y recoge Europa Press. Otro medicamento similar de la empresa Eli Lilly fue aprobado a comienzos de mes.

Trump prometió tras salir del hospital que garantizaría el acceso gratuito a este fármaco. La empresa ha recibido más de 500 millones de dólares del Gobierno federal estadounidense (421,7 millones de euros aproximadamente) y las 300.000 primeras dosis serán gratuitas en Estados Unidos, aunque los estadounidenses podrían pagar en función de su seguro para que se les aplique, ya que debe usarse en un hospital.

Según cálculos de la compañía, a finales de noviembre tendrán suficientes dosis para 80.000 personas y llegarán a poder tratar a 200.000 pacientes a comienzos de enero y a 300.000 a final de mes, ya que han alcanzado un acuerdo con la suiza Roche para la producción del medicamento.

"Lo que los hechos y la información disponible hasta el momento nos enseñan es que no se puede confiar en que la industria farmacéutica actúe en interés de la salud pública, incluso en estos tiempos sin precedentes". Así habló este miércoles la asesora de Políticas de la Campaña de Acceso de Médicos sin Fronteras, Roz Scourse, con motivo de la noticia de la semana: la gigante farmacéutica Pfizer está desarrollando una vacuna cuyos resultados preliminares son muy esperanzadores. La organización pidió que los Gobiernos exijan "transparencia" a las empresas en los acuerdos de licencia del producto.

Una vez más, las compañías privadas están gestionando una solución de la que depende la vida de miles de personas: y la hemeroteca muestra que, en muchas ocasiones, los intereses del mercado se ponen por delante de los intereses de la gente. La estadounidense Pfizer, una de las cinco denominadas big pharma, ha ideado y comercializado medicinas y remedios que han curado o paliado los síntomas de millones en todo el mundo. También ha sido acusada de opacidad, de subir los precios de los fármacos indiscriminadamente, de maniobrar contra la competencia, de sobornos, de evitar comprobar los efectos secundarios de un producto exitoso, e incluso de conspirar en Nigeria para parar un juicio en su contra por la muerte de varios niños con los que se ensayó un tratamiento contra la meningitis. No es la única: el sector acumula multas y demandas en todo el globo por sus prácticas. El mismo que, en teoría, nos librará del covid-19. 

Pfizer (pronunciada fáiser) fue fundada por Charles Pfizer y su primo, Charles Erhart, inmigrantes alemanes en el barrio neoyorkino de Brooklyn. Corría 1849 cuando se animaron a emprender con un negocio químico. Su primer éxito fue la creación de un medicamento antiparasitario. Y 171 años después, la compañía, que obtuvo en 2019 unos beneficios de 16.273 millones de dólares, parece estar cerca de dar con una de las soluciones a una pandemia que ha puesto en un brete a decenas de países y ha causado la muerte de más de un millón de personas en todo el mundo. Pero no es precisamente la primera gran victoria de la gigantesca empresa farmacéutica. En 1944 se convirtió en la mayor productora mundial de la penicilina, el antibiótico que cambió el rumbo de la farmacología global: Estados Unidos le pidió que aumentara la fabricación debido a las necesidades de los soldados aliados en la II Guerra Mundial, y así lo hicieron. 

Ha desarrollado fármacos para tratar problemas cardiovasculares, hipertensión, depresión, infecciones respiratorias y cutáneas e inflamaciones. Sus investigadores descubrieron por casualidad las propiedades inesperadas del sildenafilo, un medicamento inicialmente ideado para tratar la hipertensión pulmonar. Los ensayos clínicos mostraron que no era muy eficaz para las anginas, pero que sí lo era para tratar la disfunción eréctil. En 1998 salía a la venta en Estados Unidos con un nombre ya conocido por todo el mundo: Viagra. Otro boom de ventas y la vida sexual de millones de personas, revitalizada. Pfizer ya no obtiene tantos beneficios de la famosa pastilla azul por la caducidad de la patente, pero la diversificación de su negocio le ha permitido seguir en el top 5 de la industria farmacéutica sin demasiados sobresaltos. A pesar de las polémicas en las que se ha visto inmersa: difíciles de cuantificar. 

Como toda empresa privada, Pfizer busca su beneficio. Hasta aquí ninguna sorpresa. Pero los métodos para conseguir amasar dinero han sido cuestionados, denunciados y llevados ante la justicia en numerosas ocasiones por atentar no solo contra las normas del mercado, también contra la salud pública. En 2010, las filtraciones de Wikileaks sacaron a la luz que la farmacéutica había conspirado en Nigeria para evitar un juicio por la muerte de once niños y las secuelas de un centenar en un ensayo con una medicina que trata la meningitis. El fármaco, llamado Trovan, fue suministrado a 200 pequeños en 1996. Muchos sufrieron complicaciones graves y varios perdieron la vida. The Washington Post, uno de los periódicos que más ha investigado a la empresa, desveló que la compañía se había saltado todas las consideraciones éticas: los habían usado de cobayas. El pueblo nigeriano salió a la calle y el Fiscal General, Michael Aoandakaa, se puso manos a la obra. 

Pfizer contrató detectives para seguirle la pista al fiscal e investigar casos de corrupción en los que estuviera implicado. Pasó la información a diarios locales, que publicaron los reportajes. El fiscal abandonó el caso. Finalmente, el Gobierno de Nigeria y la farmacéutica llegaron a un acuerdo económico. Hasta el día de hoy, la compañía niega su responsabilidad, se niega a hacerse caso de las consecuencias que sufrieron los afectados del experimento y reivindica el uso de Trovan, que en la actualidad solo se usa para los casos muy graves, como última opción. 

Fue también The Washington Post el periódico que aireó uno de los escándalos más recientes. En junio de 2019, el diario estadounidense publicó que Pfizer ocultó al mundo que Embrel, un medicamento antiinflamatorio, podría reducir el riesgo de padecer la enfermedad de Alzheimer un 64%. ¿Por qué? No le salía rentable. Se dieron cuenta en 2015, pero los ensayos clínicos para comprobar que tal efecto era real eran muy caros, y la empresa temía que, al ser un fármaco antiguo, la aparición de genéricos similares podría perjudicarles en el negocio. Investigadores de todo el mundo lamentaron que la opacidad les había arrebatado la oportunidad de avanzar en la lucha contra un tipo de demencia que afecta a casi 50 millones de personas en todo el planeta, y que supone un gran sufrimiento tanto para los pacientes como para sus familias y allegados. 

Los efectos secundarios de los remedios que Pfizer pone a la venta también han sido objeto de polémica. En ocasiones, la compañía ha sido consciente de las contraindicaciones, muchas de ellas graves, pero han presionado, maniobrado y sobornado a profesionales de la medicina para aumentar sus márgenes de beneficio. Champix, el medicamento para dejar de fumar que el sistema público de salud español financia a partir del pasado 1 de enero, ha sido vinculado con un aumento de las ideas de suicidio. Un forense australiano dictaminó en 2017 que el fármaco había contribuido a la decisión de Timothy John, un joven de 22 años que se quitó la vida tras ocho días consumiendo el medicamento. En Estados Unidos, la empresa indemnizó a 2.700 denunciantes con 273 millones de dólares y fue obligada a poner en grande en el empaquetado los posibles riesgos de su consumo. 

Acuerdos extrajudiciales 

El pago de multas e indemnizaciones para arreglar los asuntos legales en los que se ve envuelta es una práctica habitual para Pfizer. En 2009, acordó pagar 2.300 millones de dólares para evitar otro juicio sobre una red de sobornos que la empresa desplegó para que los médicos recetaran cuatro medicamentos: el antiinflamatorio Bextra, que fue retirado del mercado en el 2005 por preocupaciones sobre su seguridad, el tratamiento para la esquizofrenia Geodon, el antibiótico Zyvox y el analgésico Lyrica. En 2012 se repitió la historia: otro acuerdo extrajudicial, esta vez por menos dinero (60 millones) por sobornos a profesionales médicos, funcionarios y reguladores en Rusia, Bulgaria, Croacia, Kazajistán, Serbia, República Checa, China e Italia. Y en 2015, Pfizer despidió a 30 de sus empleados en España tras la denuncia de un extrabajador, que aseguró que los directivos intentaban captar voluntades y fomentar el uso de un fármaco con argumentos más allá de los estrictamente científicos. 

En otras ocasiones, a Pfizer no le hizo falta el soborno para conseguir su objetivo, vender más medicamentos: le bastó con la cercanía con el sistema sanitario de los países. Este reportaje de la BBC narra cómo, en los 90, la compañía surtió de fondos al creador del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM), para que elaborara un test con el que los médicos de Atención Primaria podían diagnosticar la depresión en base a unas cuantas preguntas. La meta era colocar en el mercado cuántas más pastillas mejor de su nuevo remedio, el Lustral. "Cuanto más alto sea tu puntaje en esa prueba, mayor será la probabilidad de que te recete un antidepresivo... De hecho, la prueba me aconseja que te recete antidepresivos si calificas en las categorías de moderada a grave", explica un experto crítico con el sistema. 

Tanto esta compañía como estas grandes farmacéuticas han sido, además, acusadas en muchas ocasiones de encarecer el precio de los medicamentos sin explicar qué costes se han visto aumentados o qué esfuerzos en investigación y desarrollo han tenido que acometer: Italia lidera una iniciativa para obligar a las empresas a ser más transparentes. También han sido señaladas por subir artificialmente la cuantía de los genéricos y cortar suministros para aumentar sus beneficios. Todas ellas, aunque Pfizer va en cabeza, trabajan en una posible vacuna contra el coronavirus: será tarea de las agencias estatales vislumbrar si se trata de soluciones eficaces, en las que, una vez más, el interés privado no se haya situado por encima de la salud pública. 

Un informe realizado por Salud por Derecho y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) determina que el desabastecimiento de medicamentos es en parte consecuencia del "mercado y las estrategias comerciales de las compañías farmacéuticas”. Englobado dentro de la campaña No es sano, que busca el acceso universal a los medicamentos, el documento asegura que las empresas suelen retirar voluntariamente aquellos medicamentos menos rentables “para presionar a las autoridades en la negociación de precios o para favorecer la entrada de otros productos de mayor interés comercial para la empresa”.

Una práctica que afecta directamente a los pacientes y al propio sistema sanitario, y que ha aumentado en el tiempo. Mientras que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recogía 700 casos en 2015, estos han aumentado a 1.650 en 2019. Una escasez que afecta sobre todo a aquelloas medicinas relacionados con enfermedades cardiovasculares, del sistema digestivo y cánceres.

Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrenta las organizaciones para poner soluciones a estos problemas es la falta de transparencia. Mientras que las compañías que reportaron un mayor desabastecimiento en 2019 fueron Pfizer, Mylan y Sanofi, un estudio de 2014 indica que un 65% de los laboratorios no explicaban los motivos de la escasez en al menos siete países europeos, entre los que se encuentra España.

Un ejemplo paradigmático es el de los laboratorios Aspen, único comercializador de hasta cinco medicamentos para tratar el cáncer. Tras cuatro años de cerrar un acuerdo de compra con Glaxo SmithKline, Aspen aumentó el precio de sus medicamentos en un 4.000% en España, según recoge el informe. Ante la negativa de Sanidad a aceptar este incremento, Aspen cesó la comercialización como parte de su política comercial. El caso se encuentra en investigación por parte de la Comisión Europea.

Otro caso parecido es el de los laboratorios ALK, que cesó la comercialización del autoinyector Jext (adrenalina inyectable empleada en casos de emergencia de reacciones alérgicas, especialmente en niños), ante la falta de acuerdo con Sanidad para elevar de 35.81 eu a 42,09 euros el precio máximo del producto.

Ante estas situaciones, las organizaciones plantean diferentes soluciones, como endurecer las medidas que recoge el plan de garantías de abastecimiento de medicamentos contra aquellas compañías que reincidan en esta práctica y una política de sanciones acorde, así como una mayor transparencia y el desarrollo de estrategias públicas de producción e investigación de medicamentos dentro del Sistema Nacional de Salud.

El estudio también propone fijar los precios de los medicamentos a partir de los costes de producción y desarrollo, en lugar de la oferta y la demanda, para evitar estas estrategias de presión que buscan elevar los precios de los productos. Un problema que se ha agudizado durante la pandemia del coronavirus, y que ha llevado a la Agencia Europa del Medicamento (EMA) a elaborar grupos de trabajo dedicados a resolver la escasez de medicinas en situaciones de crisis sanitarias como la actual.

La carrera internacional por la vacuna contra el covid-19 se acelera. En el pelotón de cabeza, el laboratorio británico-sueco AstraZeneca y la compañía china CanSino. Sus proyectos han permitido obtener una respuesta inmunológica significativa y han demostrado ser seguras para los pacientes, según los resultados de dos ensayos clínicos preliminares publicados el 20 de julio en la revista científica The Lancet. Será necesario establecer su eficacia en nuevos ensayos antes de que se pueda considerar su comercialización a gran escala.

Las grandes potencias ya habían adelantado sus peones para asegurarse una porción del pastel del laboratorio de AstraZeneca, cuyo proyecto de vacuna procede de la investigación en la Universidad de Oxford. Tras el enorme pedido previo de Estados Unidos, ya en mayo, America first obligaAmerica first, se creó una alianza incongruente e incompleta de países europeos, que refleja la incapacidad de la Unión Europea para desarrollar una estrategia común.

Esta alianza para la compra anticipada de vacunas covid-19, integrada por Francia, Alemania, Italia y Países Bajos, reservó con ello 300 millones de dosis por importe de 750 millones de euros a partir del 13 de junio, incluso antes de saber si el suero pasaría las pruebas de seguridad y sería efectivo. En cualquier caso, una apuesta ganadora para el laboratorio.

“Se mantienen negociaciones con otros laboratorios que, como Sanofi, trabajan en vacunas”, según confirma el Ministerio francés de Sanidad a Mediapart, socio editorial de infoLibre. Así que, ¿una vez más, “gracias Paul”, parafraseando a Emmanuel Macron en el cierre de su discurso pronunciado en las instalaciones de Sanofi en Marcy-l'Etoile (Rhône), en Francia, el 16 de junio? Agradecía en estos términos a Paul Hudson, el director general de la compañía, la inversión de 490 millones de euros para construir, antes de 2025, un nuevo centro de producción y un centro de investigación dedicado a las vacunas.

Sin embargo, el mismo Paul Hudson había conmocionado a Francia un mes antes al anunciar que reservaría para los norteamericanos sus primeras vacunas contra el covid-19 fabricadas en Estados Unidos. Y esto a cambio de los cientos de millones de euros pagados por la Casa Blanca por su investigación.

También lanzó: “No permitáis que Europa se quede atrás”, invitando a los Gobiernos del viejo continente a reaccionar para proteger a su población, ya que las esperanzas de la comunidad científica de salir de esta pandemia se centran esencialmente en el desarrollo de una vacuna.

Fue escuchado. El mismo 16 de junio, el Gobierno francés anunció que iba a desbloquear una partida de 200 millones de euros para apoyar a los industriales sanitarias en la producción de vacunas, tratamientos y medicamentos, bajo la presión del suministro durante la crisis, así como la investigación y el desarrollo (I+D) para combatir el covid-19.

“Estas multinacionales aumentan la competencia entre los países diciendo ‘Estados Unidos ha dado tanto que el medicamento llegará más tarde a otros lugares’”, deplora Pauline Londeix, cofundadora del Observatorio para la Transparencia de las Políticas sobre Medicamentos. “Dado que este chantaje ha funcionado en el contexto del covid-19, en el futuro, las empresas podrían condicionar sistemáticamente su posicionamiento, en ciertos mercados esenciales para la salud mundial, a las subvenciones públicas”.

La industria farmacéutica es una de las pocas que se ha beneficiado de esta crisis sanitaria que se ha convertido en una crisis económica. En el primer trimestre de 2020, las ventas de Sanofi aumentaron casi un 7%. Lo mismo ocurre con sus competidores Novartis, Pfizer, GSK, Johnson & Johnson, Roche y MSD, cuyos resultados también fueron inflados por la crisis.

Las ventas del analgésico Doliprane producido por Sanofi se dispararon, hasta crecer un 20%: se recomendó el paracetamol en caso de síntomas de coronavirus. A pesar del sombrío contexto mundial, el laboratorio francés sigue aumentando el importe de los dividendos pagados a sus accionistas este año, cerca de 4.000 millones de euros.

Sin embargo, sólo nueve días después de la visita del presidente francés, Sanofi anunciaba la supresión de 1.700 puestos en Europa en tres años, de ellos 1.000 en Francia, y el cierre del centro de investigación de Estrasburgo. Sanofi actúa con total impunidad, lo cual es inaceptable”, comenta Jaume Vidal, asesor político de Health Action International, una ONG que lucha por el acceso al tratamiento para todos. Ningún Estado quiere un enfrentamiento con la industria farmacéutica, que se ha vuelto omnipotente”.

Los empleados lo tienen mal. El 8 de julio, demostraron su ira cerca de la Asamblea Nacional en París. “Cuando Emmanuel Macron termina su discurso dando las gracias al director general de Sanofi, nos preguntamos francamente quién toma las decisiones”, dice Thierry Bodin, coordinador de CGT de la empresa.

A pesar de que en 12 años se han producido 5.000 despidos, Thierry Bodin se muestra muy sorprendido. En el micrófono, se deja llevar: “El dinero público, y por lo tanto nuestros impuestos, financian los planes sociales de Sanofi”. Cada año, la empresa recibe unos cien millones de euros en créditos fiscales para la investigación, mientras que la partida para I+D se reduce con los años.

“Es insoportable que el Gobierno dé dinero a Sanofi sin compensación, sin prohibir la reducción de puestos de trabajo”, añadió Eric Coquerel, diputado Francia Insumisa, que vino con un puñado de parlamentarios de izquierda para apoyar a los manifestantes.

Thierry Bodin también denuncia el hecho de que “se distribuyese a los accionistas de Sanofi en un solo año el equivalente a 40 años de donaciones a Téléthon, a pesar del contexto”. Sobre todo porque “el pretexto para remunerar a los accionistas es recompensar la asunción de riesgos, pero Sanofi no se arriesga y externaliza la investigación”, denuncia Marion Layssac, delegada sindical de la industria Sud Chimie y bióloga de Sanofi, que hizo el viaje especialmente desde Montpellier.

El tercer mayor productor de vacunas del mundo ha lanzado dos proyectos en esta competición global para protegerse contra el covid-19. Para el primero, Sanofi ha unido sus fuerzas con el laboratorio GSK y el Ministerio de Sanidad de Estados Unidos. El suero se fabricará en Estados Unidos y Europa, en particular en Francia, Alemania e Italia.

Para su segundo plan, Sanofi se ha asociado con Translate Bio. Se trata de una empresa biotecnológica norteamericana, es decir, una start-up especializada tanto en la ciencia de los seres vivos como en las nuevas tecnologías. Estos nuevos actores, pulgarcitos en el sector farmacéutico, emergen desde los 80. Los grandes laboratorios tienden cada vez más tendencia a confiar el campo de la investigación fundamental a estas pequeñas estructuras especializadas en I+D, antes de aliarse con ellas o comprarlas cuando encuentran pistas fructíferas.

El último ejemplo es la compañía farmacéutica americana MSD, que completó su adquisición de la empresa austriaca Themis Bioscience en junio. Fue con esta compañía que el Instituto Pasteur se asoció para desarrollar su propia vacuna contra el covid-19.

“Se trata de ilustraciones clásicas de las recientes estrategias de los big Pharma. Llegan al final de la carrera, una vez realizada la investigación y cuando las biotecnológicas han asumido todo el riesgo", denuncia Pauline Londeix.

3.800 millones de dólares para la investigación y desarrollo de una vacuna

En total, autoridades públicas, organizaciones y donaciones privadas han destinado 3.800 millones de dólares a I+D al desarrollo de una vacuna contra el covid-19, según el think thank Policy cures research, que controla el esfuerzo financiero en I+D contra Covid-19. Este "grupo de reflexión independiente recibe fondos de la Fundación Bill & Melinda Gates, entre otros", precisa a Mediapart.

La inmensa mayoría de los fondos recaudados para combatir el coronavirus son para vacunas, prueba de las esperanzas que suscitan. Esto se suma a los miles de millones destinados a reservas de pedidos para alentar a las empresas farmacéuticas a comenzar la producción masiva de estas hipotéticas vacunas.

Los partidarios del acceso a los medicamentos no denuncian la asignación de fondos para la investigación de vacunas, habida cuenta de la considerable inversión necesaria para la investigación y la producción a fin de proporcionar inyecciones para todo el planeta. En cambio, lamentan el hecho de que la vacuna covid-19, como bien público mundial, no esté excluida de la política habitual de propiedad intelectual que rige en el sector farmacéutico.

La patente presentada por el laboratorio que comercializa un medicamento o una vacuna le otorga un monopolio y una omnipotencia de 20 años en lo que respecta a los precios, en particular. En resumen, a cambio de la ayuda, lo mínimo sería que la industria farmacéutica fuera transparente en cuanto a sus costos de producción.

“En el sistema actual, la cofinanciación era necesaria porque existía el riesgo de que la vacuna se descubriera mucho después del fin de la pandemia. Sin una garantía de que alguna vez se venderá, la industria farmacéutica no se arriesga a producirla. Por otra parte, como la vacuna contra el covid-19 está tan financiada por los gobiernos, es el momento de cuestionar la política de patentes que crea monopolios y precios indecentes para los productos sanitarios”, dice Nathalie Coutinet, coautora de Économie du médicament (La Découverte, 2018).

El mismo eco se escucha en Ginebra en el Centro de Salud Mundial del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IHEID). El dinero público es necesario para asegurar una inversión adecuada en I+D y en la producción de las vacunas Covid-19 porque las empresas privadas creen que es demasiado arriesgado pagar por ello”, dice Suerie Moon, codirectora del IHEID. “Pero, por supuesto, si se invierte tanto dinero público, los políticos deben exigir transparencia en el uso de esos fondos para poder determinar el precio justo de una vacuna, y no es así”.

Los 193 miembros de la ONU adoptaron una resolución no vinculante el 20 de abril en la que se pedía un acceso equitativo a las futuras vacunas covid-19, subrayando el “papel de liderazgo crucial” de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por lo tanto, corresponde al organismo especializado de las Naciones Unidas asegurarse de que los acuerdos bilaterales alcanzados directamente entre un Estado y una empresa farmacéutica con fines proteccionistas no dibujen por completo el mapa de la distribución de la vacuna. El papel de la OMS es limitar el todo vale de todos con un previsible abandono de los menos ricos.

Para ello, ha encargado a dos organizaciones internacionales híbridas recientes, en las que se mezclan actores públicos y privados, que distribuyan ayuda para la investigación, fomenten la producción masiva de vacunas y organicen la distribución de sueros contra el Covid-19. Ambos reclaman un deseo de accesibilidad a todas las vacunas.

La primera, Gavi, conocido como la Alianza para las vacunas, nació en 2000. Entre sus colaboradores se encuentran filántropos, principalmente la Fundación Bill y Melinda Gates, la Comisión Europea y los Gobiernos de países mayormente desarrollados como Estados Unidos y países europeos como Francia, pero también Rusia, Catar, etc.

La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) se creó en 2017 en respuesta a la catastrófica gestión de la epidemia del ébola. Entre sus contribuyentes se encuentra también la Fundación Bill y Melinda Gates, la Comisión Europea, pero hasta ahora son menos los países miembros: sólo Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Etiopía, Japón, México, Noruega y Gran Bretaña.

Estas dos uniones público-privadas, Gavi y Cepi, ejecutan bajo las directivas de la OMS la política mundial de vacunas en todas sus etapas. En primer lugar, eligen los laboratorios de vacunas que financian. Por ejemplo, la Cepi está apoyando nueve proyectos de vacunas contra el Covid-19 por importe de 829 millones de dólares. Pero los activistas de las ONG para el acceso a los medicamentos deploran la opacidad de la elección de los laboratorios subvencionados.

Estas organizaciones se encargan entonces de distribuir estas vacunas, tras haber encargado las dosis “en el marco de un mecanismo de asignación que será determinado por la OMS”, según Gavi. Por ejemplo, Gavi ha destinado 300 millones de dosis para AstraZeneca por importe de 663 millones de euros. "No hay transparencia en la elección de los laboratorios o el coste real de producción pese a la financiación pública”, lamenta Kate Elder, especialista en vacunación de Médicos Sin Fronteras. Al igual que el departamento de comunicación del Ministerio de Sanidad francés, el departamento de Gavi respondió a Mediapart que AstraZeneca fue elegida porque es “uno de los candidatos más avanzados”.

Gavi dispensará las inyecciones compradas a los diversos fabricantes a los países contribuyentes y a los más pobres. “Las dosis se distribuirán equitativamente a medida que estén disponibles entre los países autofinanciados que pagarán por sus dosis y los países en desarrollo que de otro modo no podrían pagar por la vacuna”, precisa Gavi.

En total, 75 países han mostrado interés en participar financieramente en la compra de vacunas a través de Gavi y Cepi, coordinados por la OMS. Se estima que 90 países de bajos ingresos tendrán acceso a vacunas apoyadas por el sistema de distribución establecido. “Juntos, este grupo de 165 países representa más del 60% de la población mundial. El grupo incluye representantes de todos los continentes y de más de la mitad de las economías del G20 en todo el mundo”, se ha felicitado la OMS en una declaración el 15 de julio.

Sin embargo, es probable que el 40% restante esté al margen del acceso a la vacuna Covid-19: la mayoría de ellos son países de ingresos medios no contribuyentes, como Argelia, Colombia, Gabón, Iraq, Tailandia y Turquía, por ejemplo. Están en el punto ciego de esta política de “acceso global”, desfavorecidos y sujetos a las leyes del mercado y por lo tanto a los precios negociados por las empresas farmacéuticas, claramente en posición de fuerza en este período de crisis sanitaria. Impera la ley del más fuerte.

Traducción: Mariola Moreno

Leer el texto en francés:

La vacuna –la ansiada vacuna– será un hito histórico. Un gran triunfo científico y político. Pero también económico, si la desarrolla y explota una empresa privada. Su vacuna se convertiría en el objeto de deseo de todo un planeta. El sistema de patentes protegería el invento. ¿Podríamos pagarla? ¿Es posible evitar ese corsé? infoLibre, apoyándose en la normativa vigente y en información de autoridades y expertos, desentraña el funcionamiento de un sistema que amenaza el acceso asequible al futuro fármaco. Hay una figura legal, la "licencia obligatoria", que abre una posible vía para sortear la patente, en caso de que las autoridades no logren acuerdos por las buenas. Dicha medida, reclamada por Médicos sin Fronteras y Médicos del Mundo, jamás ha sido utilizada en España por razones de salud pública.

Una carrera planetaria

Hay múltiples pronósticos sobre cuándo al fin una vacuna tendrá luz verde. Diversas voces apuntan a mediados de 2021, pero hay numerosas incógnitas. Los grandes de la farmacia y la biotecnología, así como institutos de investigación y universidades en todo el mundo, aceleran en una carrera que no es sólo por la vacuna, también por el tratamiento. Se amontonan los nombres de aspirantes: Gilead, Abbot, Roche... La BBC ha cifrado en cerca de 80 los grupos investigando vacunas. Entre los primeros ensayos de una vacuna en humanos estuvo el realizado en Seattle, financiado por el Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas. La Universidad de Oxford también ensaya ya con humanos. La OMS ha destacado avances de tres proyectos: los de la empresa Cansino Biologics junto al Instituto de Biotecnología de Pekín; y los de las farmacéuticas norteamericanas Moderna e Innovio. La alemana BioNTech y la estdaounidense Pfizer ya tienen autorización para un ensayo clínico. Sanofi (francesa) y GSK (británica) han anunciado un acuerdo para desarrollar juntos la vacuna. Los movimientos se suceden.

España participa. El Centro Nacional de Biotecnología desarolla dos proyectos. También las universidades de Zaragoza y Santiago de Compostela. Hay un proyecto conjunto de Iriscaixa, el Barcelona Supercomputing Center y el Centro de Investigación en Sanidad Animal. Hay investigaciones privadas en búsqueda de tratamiento. Ahí están las españolas Grifols, Pharmamar y Biosearch Life. El ministerio de Ciencia, Pedro Duque, llegó incluso a alimentar cierta esperanza de que fuera España el primer país en cantar bingo con la vacuna. No obstante, las investigaciones españolas no figuran en los la mayoría de los listados internacionales sobre las más prometedoras.

Licencia obligatoria

La vacuna será un éxito político histórico para el país donde se desarrolle... Pero habrá también ganadores económicos. Y donde hay ganadores, hay perdedores. Cuando una vacuna tenga todas las autorizaciones necesarias, quedará previsiblemente protegida por una patente, que permitirá a la empresa titular fijar el precio que desee. Javier Serrano, abogado especialista en patentes y marcas, recuerda que una vacuna está sujeta a los mismos requisitos de patentabilidad que cualquier otro invento. Es decir: si la quieres, hay que pagar. Ahora bien, este esquema es "delicado" en casos como este, añade el fundador del despacho Bamboo Legal. Por ello es lógica que los Estados tengan herramientas para garantizar la salud pública.

Y aquí emerge la figura de la "licencia obligatoria". "Es un mecanismo por el que un Estado puede obligar a una empresa titular de una patente a autorizar el uso de ese invento y que otras empresas puedan fabricar ese producto. Con esta figura se quiebra el carácter monopolístico de la patente", señala Serrano.

Las licencias obligatorias están reguladas en la mayoría de países desarrollados. Se han dado casos de utilización de esta figura en Alemania, con una patente para el VIH de la japonesa Shionogi, y en países como India, Brasil y Ecuador, como repasa Serrano en un artículo en La Vanguardia. Ahora, con la pandemia del coronavirus, Canadá, Chile, Ecuador y Alemania ya han tomado medidas para la anulación de patentes mediante este tipo de licencias obligatorias, indica Médicos sin Fronteras.

Serrano aclara que la aplicación de la licencia obligatoria no implicaría que la empresa no pueda vender su producto, sino que evitaría que "una sola patente con muchísima demanda provoque un precio elevadísimo e imposible de pagar". A juicio de este abogado, la clave estaría en buscar un "equilibrio". Y lanza otra advertencia: si llegamos a la aplicación de una licencia obligatoria, pisaríamos terra incognita.

Una medida inédita

Hasta la fecha en España no se ha concedido nunca una "licencia obligatoria" por razones de "salud pública", confirma el Ministerio de Industria a este periódico. Pero que no se haya hecho no significa que sea imposible. Está en el BOE. El artículo 95 de la Ley de Patentes recoge esta posibilidad, que debería materializarse a través de un real decreto. infoLibre preguntó a los ministerios de Salud e Industria si existe la posibilidad de aplicar a una futura vacuna o tratamiento para el coronavirus la figura de la "licencia obligatoria". Respondió Industria, con información de la Oficina Estatal de Patentes y Marcas. El resumen sería este: sí, pero sólo si podemos fabricar.

"Debe tenerse en cuenta –indica Industria– que, según el artículo 31 bis del Tratado Internacional en materia de Derechos de Propiedad Intelectual, no se podría imponer en España una licencia obligatoria para la importación de medicamentos, sino que sería para su fabricación en España. Es decir, antes de adoptar un real decreto sería conveniente estar seguro de que va a haber productores nacionales que puedan explotar la patente para abastecer el mercado".

El Ministerio de Sanidad no aclara si considera posible someter la patente de una vacuna al régimen de "licencia obligatoria". "Se está trabajando en asegurar el acceso a todas las personas que lo necesiten con diferentes medidas que sean socialmente responsables y salvaguarden el interés general, la asequibilidad y el precio justo", responde .

Una reclamación creciente

La figura de la "licencia obligatoria" está ganando protagonismo. La iniciativa Medicamentos a un Precio Justo ha lanzado una propuesta: "Ante las posibles trabas por las normas y acuerdos vigentes de la Organización Mundial de Comercio, la Comisión Europea y el Estado español, planteamos que el tratamiento y/o vacuna tenga la consideración de bien de interés general". Y pide la aplicación de la "licencia obligatoria", que permitirá la "libre fabricación" de los fármacos. "En el supuesto de que llegaran a plantearse pegas a la habilitación con la velocidad que se requiere de la licencia obligatoria, [...] será necesaria la expropiación de dicha patente en atención al interés general", añade. La Ley de Patentes también recoge la figura de la "expropiación por causa de utilidad pública", mediante "justa indemnización". En cualquier circunstancia, resulta raro pensar en una medida así. Pero esto es la crisis del coronavirus. El Estado ya ha intervenido la sanidad privada.

En una línea parecida se sitúa una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno y firmada por una treintena de organizaciones, entre ellas Médicos del Mundo. Sus promotores instan al Ejecutivo a "garantizar los abastecimientos de los medicamentos y asegurarlos recurriendo a las licencias obligatorias". Hay que "evitar los monopolios y la exclusividad de las licencias", añade.

Médicos sin Fronteras ha señalado que "la pandemia en ningún caso debe beneficiar la especulación de las farmacéuticas". Y ha aludido a una vía para hacerlo. Otra vez, la licencia obligatoria. "Canadá, Chile, Ecuador y Alemania ya han tomado medidas para facilitar la anulación de patentes mediante la emisión de licencias obligatorias", señala en un comunicado. "Instamos a los gobiernos a prepararse para suspender o anular las patentes mediante la emisión de licencias obligatorias. Eliminar las patentes y otras barreras es fundamental para ayudar a garantizar que haya suficientes proveedores que vendan a precios que todos puedan pagar", añade.

Obstáculos y riesgos

El psiquiatra Fernando Lamata, autor de Medicamentos: ¿Derecho humano o negocio? (Díaz de Santos, 2017), recuerda que "si aparece en un ensayo clínico una vacuna y la empresa la patenta, será libre de ponerle el precio que considere".

"Si le pusiera, digamos, mil euros a cada tratamiento, sería inaceptable. Pero pensemos que es algo que hemos aceptado cotidianamente con muchas enfermedades". Lamata defiende la pertinencia, llegado el caso, del uso de la "licencia obligatoria" para fabricar genéricos. Pero pide no ponerse en la peor hipótesis. "Antes que eso, la empresa podría poner la vacuna a un precio justo, o ceder voluntariamente su licencia por una compensación", señala. Es lo que ha propuesto el Gobierno de Costa Roca: un repositorio para cesiones, que serían compensadas con un fondo común internacional. Ahora bien, por si no hubiera soluciones suaves, Lamata cree que España debería "revisar ya el articulado de su Ley de Patentes y tomar medidas para estar segura de que es aplicable". Lamata añade que España, llegado el caso, debería además argumentar ante la UE la necesidad de una "excepción" si quiere desproteger un fármaco patentado.

El psiquiatra incide además en los riesgos de las múltiples colaboraciones entre instituciones públicas y privadas. "Debe exigirse siempre un retorno público o que el fármaco sea a precio de coste, con contratos bilaterales claros", señala. Lamata recuerda en su blog que Zolgensma, un carísimo medicamento de Novartis para la atrofia muscular espinal infantil, partió de una investigación en un laboratorio francés sin ánimo de lucro (Généthon) fundado y financiado por la Asociación Francesa de Miopatías. "Confío en que algún día nos demos cuenta de que es una barbaridad poner patentes en situaciones así y dejar fuera del acceso a medicamentos a muchas personas, como ocurrió con el VIH o con la hepatitis C. Pero, mientras tanto, las colaboraciones entre lo público y lo privado deben tener contratos claros", concluye Lamata, que ha recordado en un artículo en El País cómo Gilead, propietaria de la patente registrada en más de 70 países para un prometedor antiviral, "es la misma empresa que comercializó el sofosbuvir para la hepatitis C a precios tan altos que muchos países no pudieron ni pueden pagarlos".

Farmacéuticas

Las autoridades sanitarias mundiales saben que puede haber problemas como los advertidos por Lamata. Los distintos Estados promueven investigaciones. También la Unión Europea. Y la OMS. “La experiencia del pasado nos muestra que incluso cuando tenemos a disposición las herramientas, estas no han estado al alcance de todos”, ha advertido el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Para prevenir el acaparamiento, el organismo internacional ha lanzado el proyecto "ACT Accelerator", una gran "alianza" de colaboración público-privada que pretende "acelerar el acceso mundial equitativo a diagnósticos, terapias y vacunas", explica la OMS a infoLibre. Lamata anota un punto de escepticismo y se pregunta si la iniciativa de la OMS se asegurará de que cualquier resultado salido de esa colaboración llegará al mercado a un precio asequible. "Tiene que haber una condicionalidad, siempre", concluye.

Gerald Posner, autor de Pharma, una afamada investigación sobre el negocio de la farmacia, subraya que "los contribuyentes de muchos países pagan sin saberlo gran parte de la investigación sobre fármacos". Y añade: "La mayoría de los gobiernos tratarán de que los tratamientos y las vacunas sean gratuitos para los ciudadanos. Sin embargo, no será gratis. Si los gobiernos tienen que pagar miles de millones de dólares por estos tratamientos y vacunas, se pierde dinero que podría ser utilizado en otras partes del cuidado de la salud", explica Posner por correo electrónico. Y añade: "Después de estudiar la historia de la industria farmacéutica para mi libro, sé que tiende a utilizar las crisis de salud pública para obtener grandes beneficios. Saben que la gente y los gobiernos están desesperados y eso les da una gran ventaja. Esta vez, espero que los gobiernos se unan y obliguen a las empresas exitosas a proporcionar los medicamentos más cerca de su costo".

Posner pone una posibilidad encima de la mesa: "Tal vez los gobiernos y la investigación pública financiada por los académicos podrían obtener una 'patente pública' especial. Eso significaría que cuando una farmacéutica privada se basara en esa 'patente pública' para su producto privado, parte de los beneficios volverían a los gobiernos o a los centros académicos". Posner defiende además patentes más cortas, de 10 años, y un mayor control sobre la concesión de nuevas patentes tras cambios menores en los medicamentos existentes. "Todo esto ayudaría a controlar algunos de los excesos del sistema", añade.

Un sistema que, según Fernando Lamata, no funciona como dice la teoría. Su informe Monopolios y precios de los medicamentos, elaborado junto a Ramón Gálvez y publicado por la Fundación Alternativas, señala cómo los beneficios de las patentes para las empresas van mucho más allá del incentivo para la investigación. "Después de más de 20 años de aplicación de las patentes, se ha comprobado que no han servido para aumentar la innovación y que, por el contrario, han producido importantes efectos negativos, como marcados sesgos en la agenda de investigación (intereses comerciales y no necesidades de salud)", señalan los autores, que subrayan que el porcentaje sobre el total de ventas que la industria dedica a investigación en la UE se sitúa en el 16%, menos que a marketing (23%).

En materia de sanidad, hay otras líneas de ahorro además del hospital, el personal y las condiciones laborales de éste. El pasado 3 de diciembre se aprobaba en Francia el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para 2020 (PLFSS), mientras el Observatorio de Transparencia sobre políticas de medicamentos (OTMeds) denuncia el elevado precio de algunos medicamentos y considera que “miles de millones de gasto” podrían ahorrarse “informando de su precio”.

Sus defensores comparan el “esfuerzo” de 200 millones de euros adicionales otorgados en 2020 a los hospitales, tras meses de huelga y movilización, con los 150 millones de euros anuales concedidos exclusivamente al laboratorio Sanofi, como crédito fiscal para la investigación.

El observatorio está dirigido por dos defensores del acceso a los medicamentos, Pauline Londeix y Jérôme Martin, ambos han trabajado para Act Up. Fundado el pasado mes de mayo, vela por el seguimiento de una resolución para la transparencia de los productos sanitarios adoptada por la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 28 de mayo. La OMS, “preocupada por los elevados precios de ciertos productos sanitarios y su desigual acceso” en todo el mundo, pidió a sus miembros que recabaran información más detallada sobre los precios de los medicamentos de los laboratorios. Después de algunas ambigüedades, París apoyó este texto, “pero no Alemania o el Reino Unido, dos países con una fuerte industria farmacéutica”, dice Pauline Londeix.

De este modo, Francia se convertía en el primer país en aplicar la resolución de la OMS, aunque de forma tímida. El lunes 25 de noviembre, la Asamblea Nacional sacaba adelante tres enmiendas al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social presentadas por los diputados de La France Insoumise (LFI) y La République En Marche (LREM), entre los que se encuentra Olivier Véran, ponente general del proyecto de ley de financiación de la seguridad social, que obligan a los laboratorios a comunicar “las inversiones públicas en investigación y desarrollo recibidas durante el proceso de desarrollo de un medicamento”.

“Esto es una primicia mundial”, se felicita Pauline Londeix. “Esta información se hará pública y podremos utilizarla. Ello dará visibilidad a la investigación pública, que asume riesgos, sufre muchos reveses y, cuando tiene éxito, ve cómo los beneficios son privatizados en gran medida”.

Conocer el costo de la investigación pública podría aclarar significativamente las futuras negociaciones, por ejemplo, sobre el precio del Zolgensma, del laboratorio suizo Novartis, el medicamento más caro del mundo. Zolgensma es una terapia genética administrada en una sola inyección a niños menores de dos años de edad con atrofia muscular espinal, una enfermedad neuromuscular rara y grave. Este tratamiento retrasa la progresión de la enfermedad. Novartis reclama 2,1 millones de dólares (1,9 millones de euros) por cada inyección. Y Francia está dispuesta a pagar ese precio: el pasado mes de junio concedió al medicamento una autorización temporal de utilización (ATU), que permite un acceso más rápido a los medicamentos cuando aparecen como rupturas terapéuticas.

Las negociaciones del precio del Zolgensma con el Comité Económico de Productos Sanitarios (Ceps) se llevarán a cabo en una segunda etapa. Si el decreto de aplicación sobre la transparencia del coste de la investigación pública llega bastante rápidamente (tras las enmiendas adoptadas a finales de noviembre), el Ceps podrá entonces plantear, en sus negociaciones a puerta cerrada con el laboratorio, los trabajos de Genethon, laboratorio francés de bioterapia con estatuto asociativo, creado y financiado por el Telethon, es decir, por las donaciones de los franceses.

Ya en 2007, Genethon fue el primero en solicitar una patente para esta terapia, después de un ensayo concluyente en ratones. Luego, en marzo de 2018, Genethon concedió una licencia de uso, cuyo precio permanece confidencial, a la empresa americana AveXis, encargada de desarrollar el ensayo clínico en humanos. Un mes más tarde, en abril de 2018, Novartis adquirió AveXis por 8.700 millones de euros. Un camino de investigación y valorización financiera de una innovación que se ha convertido en un clásico de la industria farmacéutica.

“Lo que está sucediendo en Francia es importante, pero es sólo un paso”, dice Sandrine Caristan Lelong, miembro del grupo Anti-Sanofric. “Porque la parte de la investigación pública en el medicamento es menor”. Los Anti-Sanofric son un pequeño grupo de investigadores de Sanofi que están contestan los sucesivos planes sociales. “En 2009, Sanofi empleó a 1.500 investigadores en Francia”, recuerdan. “En 2016, sólo quedamos 900 de nosotros. Áreas enteras de investigación han sido abandonadas y subcontratadas. Todos los laboratorios están haciendo lo mismo. Nos encontramos en un proceso de financiación cada vez más complejo, con un gran número de actores: laboratorios públicos, empresas privadas, públicas o de capital mixto, grandes laboratorios que compran la investigación prometedora a un precio elevado”.

L'OTMeds defiende ante los parlamentarios enmiendas mucho más ambiciosas que las ya aprobadas, que exigen que los laboratorios sean transparentes durante toda la cadena de fabricación de los medicamentos: el coste de la investigación, los principios activos, la producción, la distribución, el marketing, los volúmenes de venta y los márgenes conseguidos, etc.

El ejemplo de la insulina

Hay un medicamento especialmente en el punto de mira, la insulina, que permite medir a la perfección la brecha entre el precio cobrado por los laboratorios y lo que podría considerarse justo. La insulina, descubierta en 1921 por investigadores canadienses, es una hormona vital para los diabéticos de tipo 1, que sufren una enfermedad autoinmune que suele aparecer en la infancia: el páncreas deja de fabricar la insulina que permite sintetizar el azúcar. Sin inyecciones regulares, los diabéticos mueren rápidamente de hiperglucemia. La insulina también es necesaria para algunos diabéticos de tipo 2, aquellos cuya enfermedad está más avanzada y que son cada vez más numerosos con la globalización de una dieta demasiado grasa y demasiado dulce.

Mientras que cien millones de diabéticos en el mundo necesitan este tratamiento, la mitad de ellos tienen un acceso difícil o incluso imposible a él, y todavía no hay a la venta genéricos, de manera que el 96% de la producción todavía la controlan tres laboratorios: Sanofi (Francia), Novo Nordisk (Dinamarca) y Eli Lilly (Estados Unidos). Y los precios siguen siendo muy altos. Según la organización T1 International, que aboga por el acceso a la insulina en todo el mundo, los diabéticos tienen que pagar grandes sumas de dinero de sus propios bolsillos en países con sistemas de seguro médico deficientes, particularmente en los Estados Unidos.

Sin embargo, un estudio de dos investigadores británicos y uno estadounidense, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, estimó el coste de producción de la insulina y el precio final que debería aplicarse, teniendo en cuenta los costes de transporte y un margen del 20%. ¿El resultado? Los investigadores estiman que el coste de producir la insulina glargina (una insulina de acción prolongada, una de las insulinas más vendidas del mundo) es de entre 3,69 dólares y 5,13 dólares por un frasco de 10 ml. De ahí que el precio final debiese ser de entre 5,32 dólares y 7,38 dólares por vial. En la práctica, es entre 5 y 10 veces superior.

La insulina glargina más vendida del mundo es Lantus, de Sanofi, un éxito de ventas que ha impulsado durante mucho tiempo el crecimiento de la cifra de negocios del laboratorio. En 2018, las ventas de Lantus fueron de 3.800 millones de dólares. En otras palabras, los costes de la investigación sobre esta insulina se amortizan con toda certeza, ya que la patente se presentó en el año 2000.

En el caso de la insulina, ¿conocer el coste de la investigación pública podría contribuir a reducir el precio? David Beran, investigador de la Universidad de Ginebra especializado en el acceso a la insulina, lo duda. “Pero tal vez ayude a los políticos a darse cuenta de que los contribuyentes están pagando dos veces, una por la investigación pública y otra por el medicamento”, añade.

“En Estados Unidos, que es el país más opaco en cuanto a los precios de los medicamentos, el precio de la insulina se ha triplicado en 10 años, añade Stéphane Besançon, director general de la ONG Santé Diabète, que apuesta por el acceso a la atención y a los medicamentos para los diabéticos en África. Los laboratorios argumentan el costo de la investigación y el desarrollo, aunque sabemos que está ampliamente amortizado. Conocer su coste real nos ayudará a entender a dónde va el dinero”. Y a presionar más eficazmente a los laboratorios para que bajen sus precios.

Traducción: Mariola Moreno

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El sistema andaluz de compra de medicamentos está a punto de llegar a su fin. El pionero modelo de subastassubastas, ahora alabado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y contra el que tanto batalló el Partido Popular, tiene los días contados. Según anunció el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, el conservador Jesús Aguirre, el modelo, implantado bajo el Gobierno del socialista José Antonio Griñán, ha sido "un auténtico fracaso". Y por eso hay que cambiarlo. Andalucía se incorporará así a una central de compras de medicamentos que promueve el Sistema Nacional de Salud (SNS) y en la que participan el resto de comunidades autónomas. La transición, no obstante, no será inmediata. Los contratos adjudicados en 2018 por la Junta de Susana Díaz podrán finalizar cuando estaba estipulado: en 2020. 

El anuncio llega en paralelo a la presentación del informe Spending Review, hecho público el pasado jueves por la AIReF. Un documento cuyas conclusiones afirman algo bien distinto. El modelo de subastas andaluz no sólo no ha sido un "fracaso", sino que desde 2012 y hasta 2017 consiguió ahorrar al Gobierno autonómico 560 millones de euros. Nada más y nada menos que un 5,6% de los 10.020 millones de euros reportados por el Sistema Andaluz de Salud (SAS). Por eso, el organismo opta por extender el modelo a todo el territorio nacional. Si se hiciera de forma inmediata, con la entrada de todos esos medicamentos sin progresividad y en todas las autonomías al mismo tiempo, se ahorrarían 1.000 millones a las arcas públicas en 2020, 2021 y 2022. En el caso de una introducción más gradual, sería de 187 millones en 2021 y 224 en 2022, de acuerdo con sus cálculos iniciales. "La experiencia desarrollada en Andalucía, donde el sistema de selección de medicamentos se ha revelado exitoso para conseguir ahorros sin comprometer la salud de los ciudadanos, pone de manifiesto que es posible alcanzar mejoras de eficiencia con la definición de un sistema de selección de medicamentos a escala nacional", resume el organismo en su informe.

Y es que el modelo tan sólo se ha aplicado en Andalucía. Otras comunidades como Asturias llegaron a estudiarlo pero ninguna lo implantó, según recuerda en conversación con infoLibre Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. "La propuesta de la AIReF es razonable. Implantar este sistema en todo el país haría que las ventajas de la economía en escala aumentasen", añade. No obstante, no sería igual en todas. "El problema es que los beneficios dependen del tamaño de la comunidad. Hay tres muy pobladas donde las ventajas de esta economía serían muy importantes, pero si se quisiera implantar en La Rioja, donde hay muchos menos habitantes, estas serían significativamente menores", explica. 

Porque, ¿cómo funciona el modelo de subastas? Según explicó en su momento la Consejería andaluza de Salud, en seleccionar, por convocatoria pública, los medicamentos cuyo principio activo —la sustancia que produce el efecto del fármaco— alcanza el 93% de las prescripciones. "La Junta de Andalucía, que conoce las ventas del año anterior, hace un concurso de aquellos principios activos que tienen mayor volumen de ventas. Someten esos principios a una subasta y se les adjudica a aquellos laboratorios que los ofrezcan en un medicamento a un precio más bajo", explica Sánchez Bayle. De este modo, estimó el Gobierno autonómico, el Sistema Andaluz de Salud ahorraría gastos sin poner en peligro en ningún momento la salud de los pacientes. La central de compras, por su parte, funciona de manera muy diferente. Según explica Sánchez Bayle, cualquier laboratorio que ponga su medicamento dentro del precio de referencia que fija el Ministerio de Sanidad puede venderlo. "Casi todos los laboratorios ponen sus medicamentos dentro de ese precio porque ninguno se expone a situarse fuera", asegura. Y se compran todos. 

Ese sistema, según critica Sánchez Bayle, "tiene una perversión evidente". "Si una persona compra una caja de un medicamento con 16 comprimidos con una receta de un médico privado paga lo mismo que cualquier administración que compra 150.000 cajas. Pero ese es un sistema que ninguna empresa utiliza", explica. Emplean, en su lugar, "la llamada economía de escala: si se compran 150.000 envases, el precio tiene que ser menor que si se compra uno. Es de una lógica aplastante". 

¿Y a nivel paciente? ¿Qué sistema tiene los mayores beneficios? Sánchez Bayle no duda en que el sistema de subastas es el mejor para los contribuyentes. "Si la comunidad gasta menos en medicamentos tiene más dinero para dedicar a otras cosas: a médicos y enfermeros de atención primaria, a la construcción de hospitales y centros de salud, etc.", dice. 

La versión de la industria

No obstante, el modelo andaluz también ha tenido detractores. Principalmente de Farmaindustria, la patronal del medicamento que agrupa a los laboratorios innovadores. La organización llegó incluso a plantearse tomar medidas legales contra el decreto ley por el que la Junta de Andalucía aprobó el sistema. Y es que, según argumentaron entonces, el texto "vulnera e invade competencias constitucionales propias y exclusivas del Estado", que es el que decide qué medicamentos se financian y fija su precio. Y esta opinión no ha cambiado desde entonces. Es más, Farmaindustria ha cargado contra el informe realizado por la AIReF que, según indica, "se centra en la reducción de costes a corto plazo y deja de lado el valor y el ahorro que aporta la inversión pública en medicamentos". 

Según el comunicado que emitieron tras la publicación del estudio, la autoridad fiscal no reconoce "los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad en términos de años de vida ganados y ahorros de costes sanitarios y sociales". Además, continúa Farmaindustria, "las medidas de ahorro a corto plazo que plantea el documento no tienen en cuenta la reducción que ha experimentado el gasto farmacéutico público en receta, que ha pasado de representar el 1,13% del PIB y una cuantía de 260 euros per cápita en 2010 al 0,87% del PIB y 228 euros per cápita en 2018". 

Lo mismo que opina la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar). Según la organización, ampliar el sistema de subastas a todas las comunidades "no es el camino adecuado" porque "causa mayores perjuicios a los operadores que ahorros obtiene el sistema y, sobre todo, pone en riesgo y compromete el correcto acceso de los pacientes a los tratamientos que necesitan", según aseguró el presidente de la patronal de las empresas de distribución farmacéutica, Eladio González Miñor. 

"Pone en riesgo la salud de los pacientes y usuarios"

El modelo de subastas de medicamentos supuso un importante enfrentamiento entre el PP y los socialistas andaluces. En el momento de presentación del modelo, cuando en Andalucía todavía gobernaba el PSOE de José Antonio Griñán, los socialistas anunciaron que también prohibirían por ley el sistema de copago autonómico que el Gobierno central de Mariano Rajoy implantó en el año 2012, en el marco del tijeretazo que sufrieron las partidas sociales en plena crisis económica. En ese momento, Andalucía se desmarcó y los conservadores llevaron el modelo de la autonomía al Tribunal Constitucional. 

Así, el Consejo de Ministros decidió plantear al tribunal un conflicto positivo de competencias basado en un dictamen del Consejo de Estado que consideraba que la subasta invade competencias del Ejecutivo central. Según el Gobierno, el régimen legal y la resolución andaluza establecían un mecanismo de formación de precios y de selección de los medicamentos a dispensar por las farmacias no previsto en la normativa estatal, con la consecuencia inevitable de reducir la oferta. Pero el Constitucional, por unanimidad, rechazó el recurso. 

Ahora que consiguieron el control de la Junta, los conservadores no dudaron en retomar esta batalla. De hecho, revertir el modelo de subasta de medicamentos fue una de las medidas que el PP acordó con Ciudadanos para llevar a cabo en los primeros 100 días de gobierno. Según los conservadores, el modelo torpedea la libre elección de medicamentos de los pacientes y "merma la accesibilidad a todos los medicamentos en igualdad de condiciones". Algo que la AIReF descarta. 

Podemos, por su parte, se mostró siempre a favor del modelo de subastas, aunque pidió ir más allá. Cuando el Constitucional emitió su resolución, el secretario de Organización de Podemos Andalucía, Nacho Molina, dijo que ese sistema era "interesante" para reducir el gasto farmacéutico, aunque matizó que no sería el único método para conseguirlo. No obstante, cuando el PP andaluz presentó su proposición para acabar con las subastas, la formación morada, junto a PSOE e IU, votó para impedirlo. Ahora parece que, con el beneplácito de Ciudadanos y la extrema derecha de Vox, lo conseguirán.