El Ministerio de Sanidad ha trazado este miércoles con las comunidades una hoja de ruta para el estatuto marco con la aspiración de poder llevar el anteproyecto al Consejo de Ministros en otoño porque, de lo contrario, será imposible sacarlo adelante esta legislatura. Ha informado EFE.

Lo han hecho en el pleno extraordinario de la Comisión de Recursos Humanos en el que Sanidad ha dado cuenta a los consejeros del estado de la negociación de la reforma de la ley, reunión que ha arrancado con las críticas de las comunidades del PP ante la falta de financiación de las medidas del borrador.

En palabras del consejero de Castilla y León, Alejandro Vázquez, el documento carece del beneplácito del Ministerio de Hacienda y Función Pública, como también de un informe de viabilidad de las medidas, que sean solventes jurídicamente y, sobre todo, que estén respaldadas por un asiento presupuestario.

A lo que la ministra ha respondido que los otros ministerios ya están representados en la mesa del ámbito de negociación junto con los sindicatos y que no se puede dotar la norma puesto que no se ha culminado el texto.

"Obviamente, hasta que no terminemos el texto definitivo, dialogado y consensuado con las comunidades, no podremos tener realmente el impacto presupuestario real", ha aclarado García antes de precisar que será cuando llegue al Consejo de Ministros cuando se acompañe de una memoria de impacto económico.

En cualquier caso, como ocurre con toda mejora laboral, esta norma se va a financiar "en gran parte con el Estado a través de los Presupuestos Generales del Estado"; por tanto, no será una dotación finalista y será cada comunidad la que "decida en qué se lo gasta".

La negociación del estatuto marco proseguirá a la vuelta del verano, primero con los sindicatos del ámbito (FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde), a los que se ha convocado los días 2 y 5 de septiembre, y después con los técnicos autonómicos, para el 9 y el 10.

Tras lo cual se convocará el Foro Marco del Diálogo Social, integrado por el Ministerio, las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas. Posteriormente, Sanidad lo elevará al Consejo de Ministros pero, dada la duración de los tiempos legislativos, no llevarlo "a lo largo del otoño de este año sería condenarlo a meterlo en un cajón", ha advertido.García ha asegurado que muchas voces reclaman abandonar la reforma de esta ley porque "es un lío" y ha lamentado "los ataques personales" a ella y al Ministerio "para desincentivar empujar esta ley", además de "los bulos" y "mentiras"; pero, ha advertido de que Sanidad no va a "dejarse amedrentar" ni a "bajar los brazos ni a dejar pasar la oportunidad de mejorar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios".

Consciente de "las dificultades y los retos", ha anunciado que se va a "dejar la piel" en conseguir un texto que lleva ya casi tres años debatiéndose; a día de hoy, se cuenta con un documento "consensuado en un 95 %" con el ámbito.

Sin embargo, algunas demandas sindicales, como la revisión de las retribuciones o la jubilación anticipada son inviables porque no son competencia de Sanidad y porque un estatuto marco es un marco general que "no habla nunca ni puede hablar nunca" de estas cuestiones.

La reunión ha coincidido con una concentración convocada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), que engloba a una quincena de organizaciones médicas y sindicales, que ha vuelto a reclamar guardias cotizadas, reducción de jornada y una clasificación profesional “justa”, que pasa por tener un estatuto propio de la profesión médica y facultativa.

Y también con la comunicación de la segunda jornada de huelga para el próximo 3 de octubre por parte de los sindicatos médicos CESM y SMA, responsables del paro celebrado el pasado mes de junio en protesta por el rechazo a concederles una regulación especifica, que no comparten ni Sanidad ni las comunidades ni el resto de sindicatos.

También algunas de sus demandas "son inviables porque ponen en jaque a nuestro Sistema Nacional de Salud", como el fin de las guardias obligatorias. "Lo podemos llamar guardia, lo podemos llamar como queramos, pero es atención a la urgencia y eso no puede ser voluntario", ha zanjado.

Con todo, la ministra ha sacado pecho de la reforma del estatuto marco porque contiene mejoras "innumerables", desde la reducción de esas guardias de 24 a 17 horas al fin de la precariedad. "Este texto va a cambiar el paradigma de las condiciones laborales de los profesionales de las próximas décadas", ha garantizado.

En la inmortal obra de Luigi Pirandello Seis personajes en busca de autor, un grupo de personas irrumpen en un escenario donde se está ensayando una obra teatral y piden que alguien escriba o represente el drama que han vivido. Los actores pasan a ser secundarios y los seis personajes que se han subido a las tablas se convierten en protagonistas. Según sus biógrafos, Pirandello dedicaba las mañanas de los domingos a dar audiencia a los que serían los personajes de sus futuras obras. Todos le pedían insistentemente: "¡Hágame vivir!"

Sería una tarea imposible, además de un espectáculo insoportable, representar y revivir sobre un enorme escenario todo lo acontecido en torno a las 7291 personas fallecidas en las residencias de mayores según las cifras oficiales de la Comunidad de Madrid. Ningún director de escena sería capaz de abordarlo. Todos los fallecidos ni siquiera pudieron disponer de una muerte digna.

Es innegable que la pandemia sorprendió a todo el mundo, en su amplio sentido literal, sin disponer de los instrumentos necesarios para hacer frente a sus mortales efectos y tratar de paliarlos. Los recursos indispensables: respiradores, mascarillas, guantes, equipos de protección individual (EPI) eran precarios y notoriamente insuficientes. Como se refleja en una reciente denuncia presentada en la Fiscalía Superior de Madrid: “los residentes enfermos y/o con discapacidad también fueron discriminados y no recibieron asistencia sanitaria en los hospitales privados (salvo que tuvieran seguro privado). Es relevante conocer quién decidió excluirlos y por qué no fueron derivados a las camas libres que la sanidad privada ponía a diario a disposición de la Consejería de Sanidad”.

Por mucho que se empeñen los dirigentes políticos madrileños, con la complicidad y apoyo de su batería mediática, los 7291 muertos en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid permanecerán siempre en el recuerdo. Su voz, apagada por la muerte, resuena con más intensidad en la memoria de sus familiares y las personas que vivieron de cerca la tragedia. Los representantes políticos que gobiernan la Comunidad de Madrid no han cumplido con los principios de transparencia y responsabilidad que exige una sociedad democrática. Por el contrario, han ofendido la sensibilidad y el dolor de los familiares, acusándoles de querer revivir el sufrimiento y obtener réditos políticos.

Los Protocolos que se pusieron en marcha para decidir de forma selectiva qué residentes podrían ser derivados a los hospitales y cuales deberían permanecer en las Residencias (ver aquí) no tienen parangón ni referencia en el resto de las Comunidades Autónomas. Si como sostienen los responsables políticos eran las acertadas, no tendrán ningún inconveniente en hacer públicas las actas de las sesiones en las que se discutieron las medidas que debían adoptarse. Estas medidas, que se plasmaron en los cuatro Protocolos (18, 20, 24 y 25 de marzo de 2020) son documentos que constituyen un indestructible monumento a la discriminación médica, jurídica, económica y humana.

En síntesis, los criterios que se fijaron para derivar a un hospital a los residentes con infecciones respiratorias impedían el traslado de aquellas personas que tuviesen problemas de movilidad y de valerse por sí mismas para asearse o alimentarse o con procesos neurovegetativos avanzados sin ninguna otra patología. Para la mayoría de las personas que, como es lógico, desconocen los índices científicos que se utilizaron (Barthel y GDS), me parece conveniente explicárselos utilizando a personajes de la vida real. Stephen Hawking, aquejado de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), físico y astrofísico mundialmente reconocido que trabajó hasta su muerte, o políticos como Ronald Reagan, Adolfo Suárez o el Presidente de los EE. UU Franklin D. Roosevelt, no habrían podido ser derivados a un hospital, salvo que tuvieran un seguro privado que se hiciese cargo de los gastos.

Los datos de la población que estaba acogida en las Residencias en esos momentos eran aproximadamente de 48.200 personas. Lo único cierto y evidente era que el número de camas hospitalarias entre la sanidad pública y la privada era más que suficiente para hacer frente a las contingencias que pudieran presentarse. La fatídica cifra de 7291 muertos es un dato oficial. También los es que el 65% de los pacientes derivados pudieron salvar la vida. Proyectando ese porcentaje sobre la cifra de muertes, según el Profesor Fernando Lamata, se podían haber salvado unas 4000 vidas.

Los familiares, aisladamente o agrupados en colectivos como Marea de Residencias o Verdad y Justicia en las Residencias de Madrid, han llamado a todas las puertas posibles. Iniciaron un periplo por los juzgados penales denunciando posibles delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Todas sus peticiones fueron rechazadas con el apoyo de la Fiscalía salvo unas pocas que todavía siguen abiertas. Acudieron al Defensor del Pueblo y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenó la medicalización de las Residencias, decisión que fue recurrida por la Comunidad de Madrid y que no tuvo efecto alguno. Decididos a agotar todos los caminos, acudieron a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea, presidida por la parlamentaria del PP Dolors Montserrat, que displicentemente consideró que existían otras prioridades. Renovado el Parlamento europeo, lo han vuelto a intentar, veremos con qué éxito.

Recientemente, apoyados en el extraordinario trabajo del periodista Manuel Rico, han presentado en la Fiscalía una denuncia que será muy difícil de ignorar o de orillar. En mi larga vida profesional nunca me he encontrado un documento tan potente jurídicamente y tan minuciosamente descriptivo de la tragedia que se vivió en las Residencias. Creo que han encontrado el camino seguro para abrir las vías judiciales, hasta ahora tan reacias a involucrarse en un asunto de tal magnitud y repercusión política. Con documentos irrefutables sostienen que ha existido un delito continuado contra los derechos fundamentales por haberse omitido la prestación de un servicio público de trascendencia vital que se deniega de forma discriminatoria por razones de enfermedad o discapacidad (Artículo 511 del Código Penal).

La apertura de un procedimiento judicial permitirá comprobar la existencia de una toma de decisiones políticas que evidencian que la Comunidad de Madrid actuó priorizando intereses propagandísticos y económicos frente a medidas que eran ineludibles si se quería salvar el mayor numero de vidas posibles de las personas que vivían en las residencias. Solicitan que se aporten las actas de las reuniones mantenidas por las autoridades sanitarias con los representantes de los hospitales públicos y privados entre el 3 de marzo y el 5 de julio de 2020.Es un dato constatable que la Comunidad de Madrid estableció, el 12 de marzo, un mando único sanitario por el que la Consejería de Sanidad pasaba a tener el control sobre los 34 hospitales públicos y los 68 hospitales privados de la región. Así lo explicó la Presidenta madrileña en la Asamblea, el 29 de abril de 2020.

Una de las medidas clave, pasaba por la medicalización de las residencias. Como se dice en la denuncia presentada, el Gobierno de la Comunidad tenía a su disposición los médicos y enfermeras con los que podía haber medicalizado las residencias (la mayoría trabajaban en las Urgencias de Atención Primaria que cerraron con el estado de alarma), pero prefirió destinarlos al ‘hospital milagro’ de IFEMA y a los hoteles medicalizados. La Consejería de Sanidad no reforzó las residencias con ningún médico ni enfermero en marzo, mientras que en abril envió a 29 médicos y 25 enfermeros. Teniendo en cuenta que en las residencias madrileñas vivían unas 48.200 personas, la “medicalización” de Sanidad consistió en reforzar las residencias con un médico por cada 1.662 residentes. Por el contrario, envió 1.421 médicos y enfermeros al hospital de campaña de IFEMA y 351 a los catorce hoteles medicalizados. En definitiva, destinó un 3% de los médicos y enfermeros disponibles a las residencias y el 97% a recursos sanitarios donde vetó la entrada de residentes, salvo los que tuviesen seguro privado.

En medio del funcionamiento de una Comisión de Investigación acordada por la Asamblea, la Presidenta disuelve la legislatura y convoca elecciones en las que obtiene la mayoría absoluta. Ese resultado debería dar lugar a una reflexión colectiva. En todo caso, la frase que utilizó para contestar a la oposición (“Se iban a morir igual”) la perseguirá durante toda su vida. Los 7291 conciudadanos que murieron en condiciones indignas nos piden que sus sufrimientos no caigan en el olvido.

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José Antonio Martín Pallin es abogado. Antes, ha ejercido como fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. Es, además, autor de los libros 'El Gobierno de las Togas' y 'La Guerra de los jueces' (Catarata).

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido este martes a las comunidades que se sumen a la obligatoriedad de las mascarillas en los centros sanitarios "con un poquito de normalidad" porque es de sentido común "y la gente ya la está aplicando en los centros sanitarios pese a que no hay obligación", según informa EFE.

En una entrevista en Antena 3 y a la pregunta de por qué Sanidad impone el uso de la mascarilla a los comunidades cuando les dio 48 horas de margen para que presentasen sus propuestas, García ha dicho que el Ministerio "va a esperar esas 48 horas (finalizan este miércoles), y lo que quiere es dar cobertura legal a las comunidades que ya la han implantado en centros sanitarios".

"El Ministerio no va a intervenir y no va a decir a las comunidades qué tienen que hacer, ya que está dentro de sus competencias", ha subrayado la ministra. No obstante pese a ese reconocimiento a las competencias autonómicas, García ha argumentado que con esta decisión Sanidad quiere "arrimar el hombro" y "ofrecer ayuda a las comunidades que lo necesitan" dándoles soporte jurídico a aquellas que ya la han implantado.

Hasta este lunes, solo seis se habían decantado por hacer las mascarillas obligatorias en los centros de salud y en los hospitales: el viernes lo anunciaron Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y Aragón, a las que ayer se sumaron Asturias y Canarias tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

La ministra ha subrayado que se trata de una "medida muy básica" para proteger a pacientes y profesionales y ha afirmado que es "la mejor forma de contener el pico de gripe, que se ha disparado en la última semana de diciembre y que ha tensionado el sistema de salud".

Respecto a las "autobajas" por enfermedad leves en los tres primeros días, la ministra ha insistido en que es una medida que se está estudiando, ha asegurado que no dispara el absentismo "sino al revés mejora el sistema sanitario y la atención al paciente".

Ha reconocido que la iniciativa está en sus inicios, "y obviamente tendrá en el centro el diálogo social" por lo queda por "convencer a sindicatos y patronal", y ha precisado que en el marco de la epidemia de gripe les gustaría que tuviera algún tipo de "trámite coyuntural".

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid, la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asegurado este martes que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no se opone al uso de mascarillas pero ha reclamado "rigor científico" y que se establezca un procedimiento para que las comunidades autónomas adopten medidas concretas en caso de transmisiones víricas.

En una entrevista con Antena 3, Matute ha afirmado que Madrid cumplirá "con lo que diga el Gobierno", al tiempo que ha remarcado que no están en contra del uso de las mascarillas, sino que recriminan la gestión de la ministra de Sanidad.

El responsable de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha cuestionado el anuncio realizado este domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hacer fijos a 67.300 sanitarios ya que, en su opinión, "no soluciona el problema estructural de la sanidad a corto y medio plazo". "Por mucho que se diga que se van a hacer fijos 67.000 plazas, el déficit estrucural sigue existiendo y a corto y medio plazo esto no lo soluciona", afirma el sindicato en relación al anuncio realizado por el presidente en una entrevista a El País, recogida por Europa Press.

En la entrevista, Sánchez anuncia que este próximo martes, en el Consejo de Ministros, se va a aprobar hacer fijos a 67.300 profesionales sanitarios "de todos los niveles y de todo el conjunto de la Administración" con el fin de acabar con la "precarización en la sanidad".

Sin embargo, desde CSIF piden "tomar otras medidas" para que esto se resuelva y su responsable de Sanidad subraya que, en concreto, este anuncio "da cumplimiento a una ley para que la precarización de contratos en la sanidad deje de existir", en alusión al acuerdo al que llegó el sindicato el pasado año para dejar de precarizar a 67.000 trabajadores que estaban "en situación de esclavitud laboral".

Sin olvidar otras cuestiones como la séptima ola o la saturación en urgencias, Hontangas insiste en que este anuncio "no soluciona el problema". "Tenemos la tormenta perfecta: hay miles de cierres de camas por falta de profesionales y centros de salud cerrados. Esto no soluciona el déficit estructural que históricamente tenemos en España", reitera.

El consejero de Sanidad y Gobernación del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero (PP), ha asegurado este jueves que ha recibido la primera dosis de la vacuna contra la enfermedad del coronavirus, como otros nueve altos cargos y trabajadores del área que dirige, "sin saltar ningún protocolo o estrategia", sino "como personal de Salud Pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia".

"Yo no quería vacunarme, a mí no me gustan las vacunas, pero mis técnicos me lo recomendaron y me lo pidieron, me dijeron que si no lo hacía ellos tampoco, también por mi vulnerabilidad con mi diabetes, mi corazón y mi tensión", ha dicho este miembro del Ejecutivo local, que ha descartado que valore presentar su dimisión, informa Europa Press. 

Guerrero, que compagina su cargo con el ejercicio de la medicina privada desde hace algo más de un año, ha subrayado que "el Ministerio incluye al personal de Salud Pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia entre los colectivos a inmunizar con prioridad y eso se ha seguido al pie de la letra".

"Si analizamos ese epígrafe de la Estrategia Nacional debo decir que soy personal sanitario de la Consejería, así como la máxima autoridad de Salud Pública, e intervengo en la gestión directa de la crisis sanitaria", ha señalado el consejero. "Llevo casi un año gestionando esta pandemia en primera línea: he estado en las trincheras, me he remangado, y nadie puede negármelo", ha aseverado.

"Si yo hubiera hecho mal, no seguiría aquí, pero no he incumplido ningún protocolo, no he alterado la Estrategia del Ministerio y no ha hecho nada malo", ha insistido al ser preguntado por si prevé abandonar su cargo y se ha negado a "comparar" su caso con el de su homólogo murciano que dimitió este miércoles.

Cerca de un centenar de trabajadores de la Consejería de Sanidad han firmado este jueves una carta pública en la que le muestran su "apoyo" porque "es uno más del equipo, arrima el hombro tanto como cualquier otro, trabaja codo con codo con nosotros para salir de esta pesadilla cuanto antes y tiene que seguir haciéndolo".

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha pedido al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que cese "de inmediato" al consejero "si es cierto que se ha vacunado" y que abra un expediente "para la depuración de responsabilidades".

Cs pide que dimita

Ciudadanos ha exigido este jueves la dimisión del consejero de Sanidad del Gobierno de Ceuta, Javier Guerrero, del PP, por haberse vacunado del coronavirus "cuando no le correspondía" y haberlo justificado diciendo que le obligaron a hacerlo.

"Dice que se vacunó cuando no le correspondía porque le 'obligaron' y además siembra dudas sobre las vacunas. Un comportamiento inaceptable y otro episodio más en el escándalo de la caja B de vacunas del bipartidismo. Debe dimitir inmediatamente", ha escrito el portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Bal ha afirmado que "los casos de políticos que abusan de su poder para vacunarse son indignantes y no se pueden repetir". Por ello, Ciudadanos va a llevar una propuesta a todos los Parlamentos autonómicos para que los distintos partidos se comprometan a apartar de sus cargos a quienes acceden a la vacuna antes de que les toque según el protocolo establecido.

Un partido de la oposición en la Asamblea de Ceuta pidió explicaciones el miércoles al Gobierno de Juan Vivas (PP) sobre por qué el consejero de Sanidad había recibido ya la primera dosis de inmunización contra el covid-19.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, dijo el miércoles que el consejero de Salud de la Región de Murcia, Manuel Villegas, debía dejar su cargo por "saltarse la cola" para ponerse la vacuna contra el coronavirus, e instó al presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), a destituirle si no se marchaba. Unas horas después, se produjo la dimisión del consejero en el Gobierno de coalición del PP y Cs.

Para Arrimadas, es "muy grave" que algunos cargos políticos se hayan vacunado antes de que les toque mientras muchas personas mayores, profesionales sanitarios y otros colectivos siguen esperando su turno, y por ello reclamó la dimisión de todos los que hayan incurrido en ese comportamiento, incluidos varios alcaldes del PSOE.

El Gobierno se dispone a prolongar el estado de alarma en España. El equipo de expertos que asesora al Ejecutivo hacen un balance positivo de la evolución de la curva de casos detectados, sobre la que las medidas de confinamiento han tenido un importante impacto, así como la capacidad de los centros hospitalarios, con casos concretos de saturación pero no de colapso generalizado.

Sin embargo, la falta de pruebas masivas que ofrezcan una imagen global y certera de la situación y la posibilidad de que el relajamiento en las medidas haga que haya nuevos brotes han llevado a los técnicos que aconsejan a Pedro Sánchez a defender la extensión de las medidas excepcionales de confinamiento, según las fuentes consultadas.

Los técnicos recomiendan ampliar el confinamiento al menos tres semanas, hasta el fin de semana del 2 y 3 de mayo, coincidiendo con el puente del Día del Trabajador, y el 2 de mayo, festivo en la Comunidad de Madrid. Aunque el Ejecutivo está dispuesto a mantener el estado de alarma hasta entonces, el equipo jurídico de Moncloa cree más adecuado por el momento prolongarlo de nuevo por dos semanas, como la primera extensión. 

Sánchez se ha comprometido a informar este mismo sábado a los principales líderes de la oposición de la decisión que tome y se espera que en horas el Gobierno anuncie la prórroga en el estado de alarma. En la mañana de este sábado, el jefe del Ejecutivo se ha reunido con el Comité Científico en la lucha contra el coronavirus y con el Comité de Gestión técnico, con los que se ha madurado la decisión. El propio jefe del Ejecutivo podría comparecer en las próximas horas. 

Hasta ahora, las medidas de excepción tienen como fecha de caducidad el 11 de abril, tras la primera extensión de plazo autorizada por el Congreso de los Diputados. Para que el estado de alarma dure más, la Cámara Baja debería reunirse de nuevo en los próximos días, ya que su aval es obligatorio. 

El Ejecutivo cree que el confinamiento debe seguir en base a los datos epidemiológicos y a la evolución de la enfermedad en otros países. Sin ir más lejos, Italia, país europeo en el que la epidemia estalló antes, anunció este viernes que el aislamiento durará hasta el 2 de mayo.

Cuestión distinta es lo que ocurra con algunos sectores económicos que siguieron operando desde que se activó el estado de alarma, el 14 de marzo, hasta este lunes 30. De igual manera que la construcción y parte de la industria no esencial fueron de los últimos en dejar de operar para tratar de mitigar el impacto económico de la crisis, podrían ser de los primeros en abrir, antes de mayo.

El Gobierno sigue estudiando la situación para que la salida gradual de la crisis no provoque riesgos de una recaída en los contagios y, de nuevo, en el sistema sanitario.

El que fuera conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña entre diciembre de 2010 y enero de 2016, Boi Ruiz, acaba de sumarse a la lista de políticos que tras tener responsabilidades de gestión en la sanidad pública pasan a estar en nómina de empresas privadas del mismo sector. Este jueves, Ribera Salud, la compañía que inauguró en España el modelo de sanidad privatizada y que presume de ser la entidad líder en el sector de las concesiones administrativas sanitarias, anunció su nombramiento como nuevo miembro del consejo de administración. 

A preguntas de infoLibre, un portavoz de Ribera Salud señala que su fichaje no supone en ningún caso un quebrantamiento de la legislación vigente sobre conflicto de intereses porque han pasado más de dos años entre su cese como conseller de la Generalitat y su nombramiento como miembro del órgano de dirección de Ribera Salud, tal y como recoge la ley catalana sobre incompatibilidades. En cualquier caso, esa norma también permite a los ex altos cargos hacer ese tránsito sin tener que esperar dos años siempre que prueben que en el desempeño público no tuvieron ningún tipo de relación con expedientes relacionados con la actividad privada que pretenden emprender. 

El caso de Ruiz, además, es el ejemplo perfecto de puerta giratoria, el término de origen anglosajón que define la transición que hacen directivos de la Administración que, tras cesar de sus cargos, pasan o regresan a trabajar a empresas privadas. En 2010, cuando fue elegido por Artur Mas para formar parte del que definió como Govern de los mejores –por su importante componente tecnócrata–, Ruiz ocupaba la presidencia de la Unión Catalana de Hospitales, la gran patronal de la sanidad privada de esa comunidad. Es decir, venía del sector privado cuando recaló en la Administración. 

Ruiz entró en el Govern recomendando a los catalanes hacerse un seguro sanitario privado y advirtiendo de que el sistema, tal y como se conocía, era insostenible. Aunque no privatizó ningún hospital, las empresas privadas sí lograron durante su mandato más presencia que nunca en el sector público a través de externalizaciones de servicios y derivaciones masivas a centros de la red pública pero gestionados por empresas privadas, especialmente del holding IDCSalud (antes denominada Capio y ahora QuirónSalud). 

El citado portavoz de Ribera Salud asegura que la incorporación de Ruiz –y también la del exsecretario de Estado para la Salud del Reino Unido Alan Milburn– coincide con la consolidación del plan de expansión internacional de la compañía, que este 2017 supuso la compra de una participación de la empresa eslovaca de radiología y medicina nuclear Pro Diagnostic Group (PDG). Lo cierto es que en España la empresa se enfrenta al ocaso de una etapa de expansión lograda, principalmente, gracias a su buena sintonía política con los Gobiernos conservadores de la Comunitat Valenciana, donde centra gran parte de su actividad, y de Madrid.

La Generalitat Valenciana, ahora en manos del PSPV-PSOE y Compromís, dejó claro desde su llegada al poder a mediados de 2015 su voluntad de dar pasos para recuperar el sistema sanitario público. El próximo 31 de marzo expira la concesión del departamento de salud de La Ribera, donde está ubicado el hospital de Alzira (València), el primero que adoptó este sistema de titularidad pública y gestión privada y que dio nombre al modelo, y ha decidido que no la prorrogará. La compañía facturó 348,6 millones en 2015, provenientes casi en su totalidad de concesiones públicas, y declaró unos beneficios de 13 millones. 

Otros casos  

El de Boi Ruiz no es el único caso reciente de puerta giratoria en el sector sanitario. Esta misma semana la Cadena Ser desveló que el bufete de Manuel Lamela, el que fuera consejero de Sanidad madrileño entre 2003 y 2007, ha sido contratado para asesorar a Ambulancias Alerta, empresa a la que adjudicó un contrato para la prestación del transporte no urgente en el área atendida por los hospitales madrileños Gregorio Marañón y la Princesa. Al término del periodo contemplado, la consejería lo prorrogó aplicando además una corrección del precio al alza. En total, el contrato ascendió a 16,8 millones de euros.

Pero lo más relevante, si cabe, es que Ambulancias Alerta ha contratado al despacho de Lamela para que le asesore en los pleitos que mantiene con el actual Gobierno de Cristina Cifuentes. En concreto, la compañía de transporte sanitario pretende impugnar el contrato del servicio de transporte programado, que es el que utilizan enfermos que tienen citas concertadas y no pueden acudir por sus propios medios, y que el Ejecutivo regional adjudicó a cuatro empresas recientemente. 

Pero esta no es, ni mucho menos, la única vinculación de Lamela con la sanidad privada. En 2010, dos años después de abandonar la consejería creó la empresa Madrid Medical Destination, S. L., encaminada a "posicionar" a la Comunidad como potencia de turismo sanitario de primer nivel. Según informó El País, presentó su proyecto rodeado de dos altos cargos del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, dos concejales del Ayuntamiento de Madrid, entonces liderado por Alberto Ruiz Gallardón, y el presidente de la patronal. Entre sus clientes estaban empresas como la antigua Capio o MD Anderson. Y tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento le facilitaron créditos y subvenciones.

Además, ese mismo año Lamela entró a formar parte del consejo de administración de Assignia Infraestructuras, la empresa que lidera la gestión del hospital madrileño del Tajo, en Aranjuez, precisamente uno de los hospitales semipúblicos que él adjudicó en su etapa como consejero. Y, en 2013, el Ministerio de Sanidad encargó a la consultora BAPPH (Business Assessment Plans and Projects Healthcare SL), de la que Lamela era miembro, un contrato de asesoramiento para la puesta en marcha de "un nuevo modelo de gestión clínica" en los hospitales de Ceuta y Melilla, los dos únicos de gestión estatal. 

También fueron polémicos los vínculos con la sanidad privada de su sucesor en la Consejería de Sanidad madrileña, Juan José Güemes, que estuvo en el cargo hasta marzo de 2010. Acabó dejando el puesto de consejero que tenía en la empresa Unilabs después de que se desvelara en enero de 2013 que esa compañía había comprado el 55% de la UTE (unión temporal de empresas) a la que el Ejecutivo madrileño había adjudicado en 2009, precisamente cuando él era consejero, la realización de los análisis clínicos de seis hospitales de la red pública. Ahora Güemes trabaja en el IE Business School (antiguo Instituto de Empresa). 

El camino inverso al de Lamela y Güemes fue el que recorrió Antonio Burgueño, que fue director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid entre junio de 2008 y febrero de 2014. Médico de profesión, recaló en ese puesto directamente desde un cargo directivo en la aseguradora sanitaria Adeslas, donde había impulsado el modelo de sanidad privatizada a través del llamado modelo Alzira.

De hecho, su gran proyecto en el ámbito público fue impulsar la privatización de la gestión de seis hospitales públicos madrileños, lo que suponía cambiar los cimientos del sistema sanitario madrileño tal y como se conocía hasta la fecha. Ese plan fracasó por la ofensiva que profesionales sanitarios, pacientes, sindicatos y partidos de la oposición mantuvieron durante quince meses en los tribunales, la calle y los centros de trabajo. Y acabó llevándose por delante al entonces consejero Javier Fernández Lasquetty y a otros altos cargos. Entre ellos, a él mismo. 

La conflictividad amenaza con hacerse hueco en la sanidad pública de todo el país en el inicio de 2018. Esta vez, de manos de los médicos, que se movilizarán en los primeros meses de este año para expresar su malestar por la "descomposición" que sufren los servicios de salud desde que la crisis económica llevó a las administraciones a meter la tijera en los presupuestos dedicados a sostener la actividad de hospitales y centros de salud y en las nóminas de los profesionales. 

Los médicos entienden que todas estas medidas se tomaron en momentos de extrema gravedad, con el país al borde del precipicio. Pero lo que no comparten es que ahora que la recuperación se anuncia a bombo y platillo esa mejoría siga sin hacerse evidente en los centros sanitarios y en las retribuciones que cobran a fin de mes. Por ello, el comité ejecutivo de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), a la que pertenecen más de 50.000 facultativos y es la organización sindical mayoritaria en el sector, acordó a mediados de este mes iniciar movilizaciones a nivel nacional durante el primer trimestre de 2018. 

La devaluación salarial es una de las principales causas de malestar entre los facultativos, tal y como explica a infoLibre el doctor Francisco Miralles, secretario general de la CESM. "Nuestro poder adquisitivo ha sufrido una merma de entre el 25 y el 30% desde que en junio de 2010 se llevó a cabo el primero de los recortes, que fue del 5% de media en el sector público. A los médicos y titulados superiores nos supuso un 9% de pérdida porque nuestras pagas extraordinarias y trienios se rebajaron más de un 40%. Era algo asumible en un momento de crisis, pero creemos que ya es momento de recuperar nuestros salarios", señala.

La organización sindical también tiene en el eje de sus reivindicaciones la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, que fue establecida para los funcionarios en 1999 y suspendida hace cinco años por decisión del Gobierno central por razones de estabilidad presupuestaria. La jornada actual es de 37,5 horas semanales. "No podemos seguir siendo el sistema sanitario más eficiente de la OCDE a costa del sueldo y el esfuerzo de sus profesionales. Es intolerable", se queja Miralles. 

Por otro lado, los profesionales quieren poner el acento sobre la cuestión de los complementos salariales por la carrera profesional, que puede suponer hasta 14.000 euros anuales más para los facultativos, pero cuyo reconocimiento sigue paralizado en cinco autonomías. Además, otras nueve comunidades siguen vetando que los interinos tengan acceso a estos complementos. La CESM también quiere poner el foco sobre la situación de los médicos jóvenes, que en muchos casos tienen que elegir entre la temporalidad e interinidad y emigración.

Infrafinanciación 

No obstante, más allá de reclamaciones de tipo laboral, los médicos también se movilizarán para denunciar la infrafinanciación de la sanidad pública. Las organizaciones sindicales agrupadas en la CESM creen "insuficientes" las partidas presupuestarias que reciben las comunidades autónomas para financiar los respectivos sistemas de salud, precisamente en un contexto de creciente demanda de cuidados por, entre otras razones, el progresivo envejecimiento de la población. 

Lo cierto es que la recuperación sigue sin llegar a los presupuestos sanitarios de todas las comunidades autónomas. El último informeRecursos Económicos del Sistema Nacional de Salud, publicado recientemente por el Ministerio de Sanidad, acredita que 11 de las 17 autonomías no han recuperado la inversión sanitaria de antes de la crisis. Es decir, que los fondos consignados a esta partida en sus presupuestos para 2017 continúan siendo inferiores a los asignados en 2010, cuando las cuentas sanidad pública española alcanzaron, de media, sus cotas más altas. Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha son las comunidades que más han recortado desde 2010. 

Miralles señala que esta falta de financiación se hace visible en cuestiones como la presión asistencial, la falta de tecnología o el aumento de las listas de espera. Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad los ciudadanos residentes en España tienen que aguardar, de media, 104 días para operarse en la sanidad pública, 21 días más que un año antes. Además, 1,9 millones de pacientes esperan por una primera visita, con oftalmología y traumatología como las especialidades con más atasco.

Movilizaciones   

A la vista de las reivindicaciones del colectivo no parecen faltar razones para la movilización. Sin embargo, los sindicatos médicos reconocen que el de los facultativos no es un sector demasiado dado a la protesta. "Es cierto que a los médicos no les gusta dejar colgados a sus pacientes, pero hay veces que la dignidad de la profesión está por encima de los deberes", dice Miralles. La posibilidad de una huelga está sobre la mesa.

"Estamos enfadados y nos planteamos todas las movilizaciones que contempla la ley incluida la huelga", dice Julián Ezquerra, secretario general de Amyts, el sindicato médico de la Comunidad de Madrid. La huelga que los facultativos de Madrid llevaron a cabo en 2012 fue clave para acabar con el proceso de privatización promovido por el Ejecutivo regional del PP. En ese caso, no obstante, la protesta la lideró la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), creada para defender de forma inseparable los derechos de los médicos y de los pacientes ante los "continuos y graves recortes" que estaba sufriendo la sanidad pública. Los paros duraron cinco semanas. 

Más allá de grandes movilizaciones de carácter territorial, los médicos también han llevado a cabo paros de carácter estatal, aunque no de forma reciente. Miralles recuerda la huelga de 1995 convocada por la CESM en la que se reclamó la equiparación salarial para el territorio Insalud con los salarios de autonomías como Cataluña, País Vasco y Navarra y en la consecución de la estabilidad laboral, pues en las comunidades que todavía no tenían las competencias transferidas había un 40% de médicos interinos.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, ha relevado este miércoles que la gerente del Hospital Gregorio Marañón, María Codesido, fue cesada de su cargo tras detectar que había 81 enfermos que habían sido ingresados en habitaciones con tres camas incumpliendo así la instrucción que se formuló al propio centro para que retirara "físicamente" dichas camas.

Así lo ha explicado a los medios de comunicación el consejero durante una visita a la Unidad Pediátrica del Hospital Doce de Octubre, donde ha avanzado que ha encargado una auditoría con inspección sobre este asunto, dado que el máximo permitido en las habitaciones es de dos pacientes.

El consejero ha explicado que esta decisión no es "ni política ni personal" contra la gerente sino que tiene que ver con un aspecto "relacionado con su gestión". Por ello, junto con la dirección del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) acordó el cese de la misma tras comprobar que una denuncia de un caso concreto formulada por el sindicato SATSE que alertaba de que había una habitación con tres pacientes ingresados se producía con 81 enfermos.

También ha señalado que la propia gerente, cuando se le pidió explicaciones sobre este asunto, señaló que se trataba de un caso puntual. El pasado lunes la Consejería de Sanidad avanzó esta decisión, que será presentada en la próxima reunión del Consejo de Administración del Servicio Madrileño de Salud, y explicaban que había estado motivada "por pérdida de confianza".

Colectivos transexuales han pedido este martes a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid el cambio de nombre en sus tarjetas sanitarias, algo que todavía no se ha hecho porque, según critican, "el Gobierno regional no está aplicando la Ley Integral de Transexualidad" aprobada en marzo del año pasado.

Así, varios representantes de colectivos transexuales apoyados por la diputada del PSOE en la Asamblea Madrid Carla Antonelli han acudido este martes a la consejería donde han presentado su "propio" formulario de solicitud de nombre en las tarjetas.

"Ellos mismos han tenido que redactar un modelo de solicitud inexistente en este caso por parte de la Consejería", ha dicho Antonelli en declaraciones a los medios, quien también ha explicado que "si se tuviera ya la documentación administrativa todas las personas transexuales de la región que no se hubiesen acogido a la Ley 3/2007 podrían solicitar su cambio de datos en la tarjeta sanitaria".

"Ellos mismos han tenido que redactar un modelo de solicitud inexistente en este caso por parte de la Consejería", ha dicho Antonelli en declaraciones a los medios, quien también ha explicado que "si se tuviera ya la documentación administrativa todas las personas transexuales de la región que no se hubiesen acogido a la Ley 3/2007 podrían solicitar su cambio de datos en la tarjeta sanitaria".

En este mismo sentido, la diputada autonómica socialista ha asegurado que "lo seguirán pidiendo en todos los ámbitos", porque "esto es sólo la punta del iceberg", ya que "más del 50 por ciento de la Ley Integral de Transexualidad no se ha puesto en práctica".

"No están poniendo en práctica una ley que tiene demasiados sueños y décadas para que ahora veamos total pasividad por parte del Gobierno regional", ha criticado Antonelli, que ha insistido en que "van a estar hasta el final".

Una de las integrantes de la plataforma de transexuales del Colectivo LGTB de Madrid licenciada en Derecho, Carmen García, ha sido la responsable de hacer el formulario de solicitud, y ha explicado que "no entiende por qué algunas compañeras han ido a los centros de salud a pedir el cambio de nombre de la tarjeta sanitaria y se lo han denegado y en otros sitios les han dicho que sí", según ha informado Europa Press.

"Se me ocurrió hacer esto por procedimiento administrativo para que nos contestaran de una vez por todas", ha declarado la portavoz, para explicar a continuación que con este formulario "la Administración está obligada a responder a la petición que hacen".

De igual modo, García ha avanzado que ya tiene redactado otro formulario para la petición del cambio de nombre en los abonos de transporte pero que "tendrán que ver cómo presentarlo".

"La Ley que tendría que ser una cosa para que todo el mundo tenga derecho lo único que está haciendo es que haya más injusticia todavía", ha afeado García.

Por su parte, una de las madres afectadas por la negativa del cambio de nombre en las tarjetas médicas María José Nieves ha declarado que "es un sufrimiento constante a la hora de tener que ir al médico con su hija de 11 años".

"El viernes pasado tuve que ir con mi hija al médico e íbamos las dos con un miedo atroz porque no sabíamos con que nos íbamos a encontrar, que iba a pasar o si la iban a hablar por su nombre", ha dicho la madre que ha insistido en que es un "estrés continuo" cada vez que van al médico. "Esto hay que cambiarlo ya", ha apostillado.

Por último, la vocal de transexualidad de Arcópoli, Alejandra Huertas, ha señalado que "llevan mucho tiempo pidiendo el desarrollo real de la ley" pero "las instituciones les están poniendo muchas trabas".

"Creo que es necesario que la ley se desarrolle ya sea por estas maneras administrativas que tiene la ciudadanía o por meter presión al Gobierno central", ha zanjado Huertas.

El dinero que las administraciones públicas destinaron a invertir en prevención y salud pública se ha reducido más de un 30% desde el inicio de la crisis. Así lo constata el informe Sistema de Cuentas de Salud [consultar en PDF, aquí] elaborado por el Ministerio de Sanidad. En cifras absolutas, el descenso ha sido de 799 millones de euros, pues la inversión ha pasado de 2.645 millones de euros en 2009 –cuando se elaboró el último presupuesto antes de la recesión– a 1.846 en 2014 (últimos datos publicados).

Por partidas, la que ha sufrido una caída mayor en el período analizado es la definida en el informe como "otros servicios de salud pública" y en la que se incluyen apartados como la vigilancia epidemiológica, es decir, la realización de estudios sobre los problemas de salud emergentes o relevantes; la protección y promoción de la sanidad ambiental; o la promoción de la seguridad alimentaria. El dinero destinado a estos capítulos se redujo en 567 millones al pasar de 1.254 millones en 2009 a 687 en 2014 (-45,2%).

También el apartado de "medicina del trabajo", en el que se incluye todo lo relacionado con la protección y promoción de la salud laboral, ha sufrido un fuerte retroceso al pasar de tener un presupuesto de 12 millones de euros, a apenas siete (-41,7%). Por otro lado, la salud materno-infantil y los servicios de planificación familiar vieron reducidas sus asignaciones en 70 millones de euros al pasar de 431 millones de euros en 2009 a 361 en 2014 (-16,2%).

El recorte ha sido similar en los servicios de medicina escolar, en los que la administración ha pasado de invertir 122 millones a 103, es decir, un descenso de 20 millones (-15,6%). También llama la atención el hecho de que se haya esfumado –ha pasado de cuatro millones de euros a cero– el presupuesto para la prevención de enfermedades transmisibles, precisamente en un período en el que han reaparecido enfermedades que se creían en vías de extinción en los países desarrollados (tuberculosis, lepra...).

Prevención y ahorro  

Los expertos coinciden en la importancia de invertir en políticas de prevención y salud pública como vía para disminuir el desarrollo de dolencias en el futuro, pero también como un método eficaz para reducir la factura sanitaria, pues una persona que está enferma acude al médico en más ocasiones, necesita más medicinas y coge más bajas laborales. De ahí que sea muy importante la prevención de ciertas patologías como, por ejemplo, las que surgen relacionadas con el tabaquismo u otros hábitos no saludables. 

En este sentido, según datos de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC), los pacientes que tienen cinco puntos más de índice de masa corporal (IMC) tienen un riesgo un 40% superior de ser diabéticos. Y es que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades como la diabetes tipo dos, las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. De hecho, el gasto asociado a la obesidad en España supera los 2,5 millones de euros anuales, según los datos oficiales. 

También otros hábitos como el tabaquismo influyen de manera muy considerable en el aumento de enfermedades y, por tanto, en el aumento del gasto sanitario. Fumar aumenta el riesgo de padecer cánceres de boca o pulmón, enfermedades coronarias... Según estimaciones del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, las personas fumadoras generan un 25% más de gasto sanitario a lo largo de su vida que las que no consumen tabaco incluso teniendo en cuenta que suelen vivir menos años. 

Enfermos crónicos 

Por otro lado, el aumento en la longevidad de la población va aparejado a una mayor incidencia de dolencias crónicas (diabetes, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, afecciones pulmonares...) que se pueden prevenir en gran medida si se actúa sobre hábitos como el tabaco, el abuso de alcohol, la mala alimentación o la vida sedentaria.

"Si el sistema sanitario no es capaz de evolucionar hacia la atención a la cronicidad se perderá en calidad y no será sostenible. La inversión en prevención y salud pública es fundamental para tratar de evitar o retrasar la aparición de enfermedades crónicas y mantener la salud de las personas que ya tienen una o varias de estas patologías", señala a infoLibre Joaquín Estévez, presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), una entidad que agrupa a directivos de hospitales públicos y privados. 

Según datos de Sedisa, se estima que la mitad de la población en España padece al menos una enfermedad crónica, cifra que se espera que siga aumentando teniendo en cuenta el envejecimiento de la población. De hecho, más del 70% de los mayores de 65 años tiene alguna patología crónica. Estévez explica que estos datos son relevantes porque el 80% del gasto sanitario en España está dedicado a los pacientes crónicos y tres de cada cuatro visitas a los servicios de urgencias son realizadas por pacientes crónicos.

A su juicio, es imprescindible reorientar ya, en el presente, el sistema y el modelo sanitario a la cronicidad "en términos de calidad, eficiencia, resultados en salud y sostenibilidad". El hecho de que prácticamente el 75% del tiempo asistencial, de las consultas en Atención Primaria, de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad poblacional se deba a la cronicidad justifica, según su parecer, la reorientación del sistema hacia este tipo de pacientes. 

Las administraciones públicas destinaron en 2014 un total de 10.018 millones de euros a conciertos con establecimientos sanitarios de titularidad privada. Es decir, a pagar a empresas para que se encarguen de prestar servicios que se ofrecen en el sistema público de salud. Así lo recoge el informe Sistema de Cuentas de Salud [consultar en PDF, aquí] elaborado por el Ministerio de Sanidad. 

La colaboración público-privada se lleva a cabo a través de conciertos, por los que se acuerda la prestación de servicios empleando medios ajenos a la administración sanitaria y que suelen hacerse para aligerar las listas de espera; convenios singulares, que suponen la integración de establecimientos privados en la red pública en los que se atiende a una población determinada; y concesiones administrativas, por las que se acuerda que el sector privado gestione un servicio a cambio de una cantidad de dinero público. 

Esa cifra de 10.018 millones de euros supone un 15% de los 66.826 millones de euros de dinero público invertidos en sanidad en 2014. Por tipo de servicio llama la atención el hecho de que más de la mitad (52,9%) del gasto sanitario dedicado a financiar instituciones residenciales de servicios sociales ("establecimientos de atención medicalizada", según el informe) corresponda a conciertos. Es decir, que de los 3.775 millones dedicados a este concepto, 1.997 los gestionaron empresas privadas. 

El informe del Ministerio de Sanidad evidencia que la cooperación con la sanidad privada también es estrecha en el ámbito de los proveedores de atención ambulatoria, entre los que se encuentran los centros de salud, los laboratorios médicos y de diagnóstico o la atención domiciliaria. Así, de los 12.273 millones invertidos en este concepto en 2014, se dedicaron a conciertos un total de 3.621 millones de euros. El porcentaje alcanza el 26,5% del total. 

Más limitada es la colaboración con la sanidad privada en el ámbito hospitalario. Según este documento, durante 2014 el conjunto de las administraciones públicas (principalmente las comunidades autónomas, que tienen la competencia en materia de sanidad) dedicaron 4.400 del total de 36.976 millones de euros invertidos en este concepto a conciertos (derivaciones de consultas, operaciones...). En este caso, el porcentaje es del 11,9% del total.

Más peso de las empresas 

La sanidad pública es uno de los servicios básicos que más afectado se ha visto por los recortes de la crisis económica. De hecho, la inversión pública en sanidad durante el año 2014 (66.826 millones de euros) se vio mermada en un 8,8% respecto a 2011, cuando se consignaron un total de 73.238 millones de euros. Este deterioro ya empieza a relucir en encuestas oficiales como la última del CIS, que evidenció que el 51,9% de la población opina que el sistema sanitario público en España funciona "poco o nada bien". 

En paralelo, también decreció el volumen de gasto que destinan las administraciones a contratar con el sector privado en el mismo período. Así, pasó de 10.696 millones de euros en 2011 a 10.018 en 2014. En este caso, sin embargo, el descenso ha sido del 6,3%, un porcentaje inferior al registrado en el conjunto de la inversión pública en sanidad. Es decir, los recortes en sanidad también han afectado a la colaboración con el sector privado, si bien de una manera más leve. 

De hecho, haciendo una comparativa con los datos de los últimos años, el análisis evidencia que, en porcentaje, el peso que tiene la colaboración público-privada en el gasto público sanitario ha crecido desde 2011, el último con el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Ese año, las administraciones públicas dedicaron el 14,6% de su gasto sanitario en contratar con el sector privado (10.696 millones de euros de un total de 73.238). Mientras que en 2014 el porcentaje ascendió al 15% (10.018 millones de euros de un total de 66.826). 

El gasto privado, al alza

Por otro lado, el informe Sistema de Cuentas de Salud también pone de manifiesto cómo mientras el gasto sanitario público ha acusado cierto desgaste en los últimos años –6.412 millones de euros menos en 2014 respecto a 2011, un descenso del 8,8%–, el gasto sanitario privado (lo que invierten familias o empresas) sigue creciendo. Los datos oficiales evidencian que ha pasado de 25.930 millones de euros en 2011 a 28.895 en 2015. El aumento es, por tanto, del 11,4%. En números absolutos, 2.965 millones.

Además, las familias fueron quienes soportaron el mayor peso en la financiación sanitaria privada. Así, el consumo final en sanidad de los hogares (medicinas, seguros privados, dentistas...) ascendió en 2014 a 23.324 millones de euros. Es decir, hicieron frente al 80,4% del total del gasto privado. Estas cifras ejemplifican hechos como que el médico haya sido el único ramo del sector de los seguros que ha crecido durante todos los años de la crisis.

Por otro lado, el auge de la sanidad privada se refleja también en el terreno que ha ido arañando al sector público. En 2011, el gasto privado representaba el 26,1% del gasto total en sanidad y las estadísticas reflejan cómo año tras año ha ido subiendo, hasta situarse en el 30,2% en 2014. Por el contrario, en el mismo período, el peso del gasto público descendió 4,1 puntos al pasar del 73,9% al 69,8%. 

El consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía, Aquilino Alonso, y su homólogo en Extremadura, José María Vergeles, calificaron de "falta de respeto" que el Gobierno quiera destinar 68 euros al año para la atención sociosanitaria de cada refugiado que venga a España.

Durante el transcurso del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), presidido por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en funciones, Alfonso Alonso, se aprobó un acuerdo para la distribución 1,75 millones de euros a las comunidades autónomas para el Programa de Reasentamiento y Reubicación de Refugiados.

Una partida que ambos consejeros calificaron de "absolutamente insuficiente" porque correspondería a 68 euros por persona al año. Además, recordaron que de los 17.000 refugiados procedentes de Siria que estaba previsto que vinieran a España sólo lo han hecho 15.

"Es una falta de respeto tal y como se está comportando el Gobierno con el programa y que se planté el reparto de algo más de un millón de euros para la atención sociosanitaria. Como mucho han llegado 15 personas que en este momento han solicitado asilo de los que se comprometieron a traer y ahora nos ofrecen una financiación para la sanidad que de repartirse como está establecido en el ámbito del CISNS serían algo así como 68 euros por refugiada al año, lo que nos parece desde todos los puntos de vista absolutamente insuficiente", aseveró Vergeles.

Insisten en derogar la "prescripción enfermera"

Por otro lado, Extremadura y Andalucía también insistieron en que el Gobierno en funciones debe derogar o paralizar el Real Decreto que regula la prescripción enfermera al haberse aprobado sin el consenso de las comunidades y de los profesionales, si bien han reconocido que al estar en funciones no tiene competencias para ello.

"Debemos expresar la voz de los profesionales", denunció Vergeles, que también sugirió que la reunión de este miércoles "se ha cambiado de hora" y se celebró por la tarde, en lugar de por la mañana como inicialmente estaba previsto, para evitar una manifestación de profesionales enfermeros que había prevista.

El consejero extremeño también criticó que el Plan de preparación y respuesta frente a enfermedades transmitidas por vectores como el Zika "invade competencias" de las administraciones locales y acusa a Sanidad por tramitar el Real Decreto que regula las actividades de promoción y publicidad de donación de células y tejidos humanos cuando "al estar en funciones no tiene competencias para abordar un proyecto normativo como éste".

La alusión a la herencia recibida es habitual entre los políticos que acaban de llegar a un cargo como estrategia para echar balones fuera ante la evidencia de indicadores negativos, la aplicación de recortes o las críticas de los partidos de la oposición. Sin embargo... no suele ser tan fácil utilizar esta estrategia cuando el predecesor es del mismo partido. Eso es lo que le ocurre a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, está enfrentando su acción de Gobierno intentado alejarse de la gestión de sus antecesores, fuertemente marcada por las tramas Gürtel y Púnica, 4.000 millones en recortes y proyectos fallidos como Eurovegas. Precisamente estos escándalos de corrupción están entre los motivos que han provocado que esta misma semana fuese nombrada presidenta de la gestora que se hará cargo del PP de Madrid hasta el próximo congreso regional después de la dimisión, el pasado domingo, de Esperanza AguirreEsperanza Aguirre.

A efectos prácticos, esto supone que la presidenta madrileña se enfrenta a una doble herencia recibida. Y que ambas llevan el sello de Aguirre. La primera tiene que ver con la situación interna del PP de Madrid, al que ahora deberá recomponer y dejar a punto para una nueva etapa en la que, salvo sorpresas de última hora, ella estará al frente. La segunda tiene que ver con el Gobierno regional, donde ejerce de presidenta gracias al apoyo de Ciudadanos. Es decir, sin las grandes mayorías absolutas de su antecesora y con un panorama económico que le impide desarrollas las inversiones de antaño.

A continuación, infoLibre repasa los datos más llamativos de la herencia recibida por Cristina Cifuentes en los dos contextos: puertas adentro del PP madrileño y como máxima responsable del Gobierno regional.

PP de Madrid: del 'Aguirrismo' al 'Cifuentismo'

Este lunes, un día después de que Esperanza Aguirre presentara su dimisión al frente del PP de Madrid, Mariano Rajoy tomaba una decisión: ordenar la creación de una gestora en la formación regional. Hasta primera hora de la tarde, la dirección nacional del PP no lo tenía claro. Barajaban dos opciones: o gestora o una Junta Directiva Regional que nombrase a un nuevo líder y a un nuevo número dos. Con el anuncio de Aguirre había llegado otro: Ignacio González, secretario general, había presentado su dimisión semanas antes. Pero no se había conocido hasta entonces, lo que provocó un fuerte enfado en la cúpula del partido.

La decisión de optar por la gestora, una de las más duras que puede tomar una formación si se tiene en cuenta que supone un desmantelamiento de su estructura, permite hacerse a la idea del temor de la dirección nacional a que, sin Aguirre, el PP de Madrid continuase siendo un territorio hostil. A partir de ese momento iba a ser Cifuentes la encargada de asumir las riendas y crear, desde cero, un nuevo equipo. Cuenta para ello con Juan Carlos Vera como número dos. Diputado por Madrid conoce a la perfección la formación regional y es, a su vez, de la máxima confianza de Mariano Rajoy.

El primer acto de Cifuentes como presidenta del PP de Madrid tuvo lugar el martes en Getafe. En su primer discurso al frente de los conservadores madrileños intentó marcar un antes y un después respecto a la 'era Aguirre': "Empieza una nueva etapa porque el Partido Popular de Madrid tiene que recuperar la credibilidad cuestionada por quienes piensan que esos casos de corrupción nos inhabilitan para llevar a cabo una gestión eficaz en beneficio de los ciudadanos".

A la hora de citar los pilares sobre los que va a descansar esa nueva etapa, Cifuentes hizo, así se entendió desde las fuentes consultadas por infoLibre, una enmienda a la totalidad a la que había sido la gestión de su antecesora.

La presidenta madrileña habló de "unidad del partido", "democracia interna", "autocrítica permanente", "transparencia absoluta", "diálogo y cercanía con la gente" e implantación de un "código ético aplicable a todos los militantes y responsables orgánicos".

Si algo se le ha criticado a Aguirre desde el PP en los últimos años ha sido el férreo control establecido sobre el PP de Madrid. La lideresa, que en público ha sido muy crítica con el 'dedazo' como forma de selección de cargos públicos y de elección de candidatos electorales, ha controlado hasta el último nombramiento en la formación regional. Era su forma de tener bien organizado a su ejército de fieles. Cualquiera que se ha movido no ha salido en la foto.

Y, en materia de corrupción, aunque dimitió apelando a la responsabilidad política, ha tardado siete años en hacerlo desde que, en febrero de 2009, estalló la Gürtel.

Cifuentes también recibe de manos de Aguirre un partido que ha funcionado muchas veces como líder de la oposición interna a Mariano Rajoy y al que difícilmente ha podido controlar. No en vano, en los últimos años ha habido dos intentos de instaurar una gestora. El primero, cuando Aguirre dejó la Presidencia de la Comunidad de Madrid en manos de Ignacio González; el segundo, cuando fue elegida candidata al Ayuntamiento de Madrid para las municipales del pasado mayo. Ha sido ahora, a la tercera, cuando la propia Aguirre ha dado el paso atrás cuando se ha apostado por esta fórmula.

En el entorno del jefe de los conservadores no olvidan que uno de los principales focos de rebelión interna en los meses previos al XVI Congreso Nacional del PP de 2008 fue el PP de Madrid. Aguirre y sus fieles cuestionaron casi a diario la capacidad de liderazgo de Mariano Rajoy, que logró revalidar la presidencia del partido gracias al apoyo de territorios como la Comunidad Valenciana.

¿Será capaz el 'aguirrismo' de ponerle las cosas difíciles a Cifuentes? Las fuentes consultadas consideran que lo tendrán "difícil" porque sin poder institucional todo se pone muy cuesta arriba. Todavía queda bastante tiempo para el congreso regional pero si Rajoy ha apostado ya por Cifuentes es porque confía en que en estos meses la presidenta de la Comunidad podrá ir familiarizándose con las estructuras del partido. Si nada se tuerce, y a a día de hoy no suenan nombres con apoyo interno, el 'aguirrismo' dará paso al 'cifuentismo'.

Gobierno regional

La mochila de Cifuentes incluye una cifra récord en la lista de espera quirúrgica, deficiencias en los servicios asistenciales privatizados, la investigación judicial sobre la venta de vivienda pública o el descenso en el número de docentes de los centros de enseñanza públicos. Además, en la Asamblea de Madrid –la cámara regional– se han puesto en marcha sendas comisiones de investigación para investigar la gestión de Aguirre y González. 

Repasemos este contexto:

01. Alto endeudamiento

En la Asamblea de Madrid hay en marcha una comisión de estudio de la deuda que preside Podemos. La deuda regional se ha disparado en la comunidad de 15.000 millones de euros en 2011 a 24.632 millones a finales de 2014. En 2000, era de 4.218 millones. En esa comisión se están investigar varios temas relacionados con la privatización sanitaria como los sistemas de concesión administrativa y los servicios derivados a la iniciativa privada; los sistemas de facturación intercentros, con especial atención a los que tienen lugar entre centros sanitarios públicos y privados; los procedimientos de contratación de suministros, equipamientos y otro material sanitario. Y también con el sector educativo como el impacto sobre el coste para la Administración pública madrileña de los convenios de cesión de uso de suelo público para iniciativas educativas privadas.

02. Lista de espera 

Cifuentes también heredó de sus predecesores en el cargo un sistema de medición de la lista de espera sanitaria que provocó que el Ministerio de Sanidad expulsara a la Comunidad de Madrid del cómputo nacional en 2005 por amañar los datos. Hasta la modificación del actual Ejecutivo, el Servicio Madrileño de Salud sólo incluía a los pacientes en la lista "estructural" cuando ya habían sido vistos por el anestesista y se les habían realizado pruebas preoperatorias, no cuando el facultativo les indicaba que tenían que ser intervenidos como ocurre en el resto de autonomías. Así conseguía una ventaja de un mes frente al resto. Esta estrategia formaba parte de una promesa electoral de la expresidenta Esperanza Aguirre que prometió que todos los madrileños tendrían que esperar menos de 30 días para operarse. Ahora, el Gobierno de Cifuentes ha cambiado el sistema para adaptarlo al conteo nacional. El resultado es que, a 31 de diciembre, había 79.444 pacientes a la espera, récord histórico. Esta cifra dobla el número de pacientes de 2005, una situación que sindicatos y colectivos de pacientes achacan a los recortes. 

03. Privatizaciones sanitarias

Cifuentes llegó al Gobierno regional con el proyecto de su antecesor de privatizar la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud ya dinamitado, principalmente por la acción de los profesionales, que llevaron el proyecto a los tribunales. La actual presidenta se ha comprometido a no retomar ese plan. No obstante, sí mantiene en manos privadas otros servicios esenciales sanitarios que ya le están dando más de un quebradero de cabeza. Uno de ellos es la lavandería de los 19 hospitales públicos madrileños –todos los de gestión directa– que la Consejería de Sanidad, entonces dirigida por Javier Fernández-Lasquetty, sacó a concurso en agosto de 2013. Pues bien, una auditoría interna de la que se hizo eco El País, reveló que más de un tercio de la ropa se considera "no utilizable" tras pasar por la lavandería privatizada. No vuelve parte de la que se envió a lavar y, de la que llega, el 17% lo hace sucia; y el 12%, arrugada. El nuevo consejero, Jesús Sánchez Martos, se ha mostrado "preocupado" por este servicio, al que su departamento ha multado con 150.000 euros. 

04. Venta de vivienda pública, en entredicho

Durante esta legislatura Cifuentes también tendrá que enfrentar las investigaciones que se mantienen en sede judicial sobre la venta, en octubre de 2013, de 2.935 viviendas de protección pública a una empresa participada por el fondo de inversión Goldman Sachs. La Cámara de Cuentas, el órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid, abrió el año pasado una investigación en la que acabó revelando que en esa venta se incumplieron los principios de transparencia y claridad de las actuaciones administrativas, así como los de idoneidad y eficiencia en la contratación porque en el expediente de esa operación "faltan" los "estudios técnicos o informes" que avalen que esta venta era "necesaria, conveniente y oportuna". El Juzgado de Instrucción 48 de Madrid está tratando de dilucidar si  en esa enajenación –valorada en 201 millones de euro– existen "indicios objetivos de enriquecimiento". 

05. Merma en la plantilla docente  

La presidenta regional deberá lidiar también con las protestas de los profesionales educativos que vienen denunciando como los recursos destinados al sector educativo se han ido reduciendo de forma paulatina desde 2010 en la Comunidad de Madrid. El sistema arrastra un déficit de 2.600 plazas que se han perdido en el último lustro en Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP. En el curso 2009-2010 había 50.938, por los 48.344 del actual. Es cierto que para este año el número de profesores se incrementó en 525 respecto al curso anterior, si bien este aumento no sirve para amortiguar el recorte de los últimos años. Además, en contraposición, en los centros privados y concertados hay actualmente 1.660 profesores más que hace cinco años. Sindicatos como CCOO estiman que en los próximos cuatro años se jubilarán alrededor de 7.000 profesores de la pública, por los que reclaman la creación de 14.000 plazas para equilibrar el sistema. 

06. Comisión de la corrupción 

Los tres grupos de la oposición en la Asamblea de Madrid iniciaron el curso político con una ofensiva contra la corrupción de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. La comisión de investigación, presidida por Ciudadanos, comenzó a funcionar en octubre y se reunirá al menos nueve veces hasta el próximo junio. En ella se están analizando casos como Gürtel, la trama Púnica, los contratos del servicio de atención telefónica del Canal de Isabel II o la Ciudad de la Justicia, entre otros. La presidenta del PP de Madrid y portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, compareció en esta comisión el 12 de febrero, donde respondió a las preguntas que se están realizando en el marco de las actuaciones de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad (ICM), salpicada en la trama Púnica.

07. Deuda con las universidades

Otro de los frentes que tendrá que abordar Cifuentes en esta legislatura es cómo afronta la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a pagar los 280 millones que el Gobierno regional adeuda a las seis universidades públicas madrileñas después de que el anterior Ejecutivo les dejara de abonar sus planes de inversión y financiación. Esta decisión provocó que los centros de educación superior pararan la inversión en infraestructuras.

El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, ha anunciado este martes que los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular volverán a tener derecho a la atención primara en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aunque no recuperarán la tarjeta que les fue retirada con la aprobación de la reforma sanitaria en 2012, según la Cadena Ser.

Alonso argumenta que esta decisión viene dada por "cuestiones de salud pública", porque es "más práctico" y para "no saturar las urgencias". "Lo vemos ya con mucha claridad y trabajamos en eso, estamos dispuestos a dar un paso, creo que no tiene sentido que no puedan ser atendidos en atención primaria", sostiene el titular de Sanidad.

Sin embargo, manifiesta estar "completamente en contra" de que las personas irregulares sean titulares de una tarjeta sanitaria que "les daría un derecho en Europa que no existe en ningún otro país". Alonso no es partidario de retirar otras medidas de la reforma como el copago farmacéutico pese a que, según el Gobierno, la economía se está recuperando, porque España siempre ha tenido un gasto en medicamentos "muy elevado" y hay que "seguir siendo muy exigentes en su control".

Patentes de medicamentos

Para hacer frente al coste de los tratamientos innovadores que puedan surgir en un futuro cercano para enfermedades como el cáncer o la diabetes, tal y como ha ocurrido con la hepatitis C, adelanta que el Ministerio de Hacienda trabaja en la creación de un fondo que financie el gasto autonómico en farmacia, que no podrá superar el PIB. Este fondo, explica el ministro, no incluirá la financiación de los 727 millones destinados a costear los nuevos fármacos para la hepatitis C porque se trata de "una situación excepcional" que requiere "una solución excepcional".

Respecto a la posibilidad de abrir un debate sobre las patentes de los medicamentos para abaratar los precios, Alonso cree que "el discurso facilón de demonizar a la industria no lleva a ningún lado" y avisa: "No íbamos a tener los avances que hemos tenido hasta ahora".

No obstante, pide un esfuerzo a la industria farmacéutica para que se garantice la incorporación de los nuevos tratamientos a la sanidad pública con "un horizonte presupuestario asumible" y "estable". "Ojalá salgan mañana innovaciones importantísimas para la diabetes o para el cáncer y nuestro problema sea cómo lo pagamos; bendito problema", enfatiza.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha celebrado este martes el descenso del paro y el aumento de la afiliación a la Seguridad Social del mes de febrero, pero ha advertido de que el sector sanitario "se está quedando al margen" de la creación de empleo.

Así, por segundo mes consecutivo, la Sanidad perdió puestos de trabajo en febrero, de forma que en los dos primeros meses del año destruyó 8.032 empleos. Según CSI-F, este sector ha perdido 40.941 ocupados desde el verano.

"Esta disminución ha coincidido además con la situación de colapso que se afrontó a principios de año en las urgencias de multitud de centros de toda España por la gripe y que se afrontó gracias a la profesionalidad de los trabajadores de la Sanidad, pese a la falta de apoyo de nuestras administraciones", ha criticado.

El sindicato de funcionarios ha recordado que la Defensora del Pueblo sugirió en su último informe anual que las diferentes administraciones públicas revisaran sus políticas de restricción presupuestaria y ampliaran y mejoraran las condiciones de acceso al empleo público.

"Los empleados públicos y la gestión de las políticas de servicios deben ir en consonancia con la incipiente recuperación económica que se apunta por parte del Gobierno", sostiene CSI-F.

El cese del consejero se produce un día después de que Rodríguez asegurara que si él "lo hubiese hecho mal" Teresa Romero "no estaría hablando" y añadió que si su gestión frente a la crisis del ébola no hubiese sido la correcta, "España seguiría teniendo esta enfermedad".

"No hace falta un máster" para ponerse un traje

Al conocerse la infección de Teresa Romero, el ya exconsejero se embarcó en una escalada de declaraciones para criminaliazar el comportamiento de la primera víctima de ébola contagiada fuera de África. Desde afirmar que "para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta un máster", hasta dar por incontestable la hipótesis de que Romero se contagió al tocarse la cara con un guante infectado.

El consejero autonómico llegó a decir que Teresa "pudo haber estado mintiendo" sobre su temperatura corporal, además de afirmar que "mal no debía estar" porque, después de visitar el centro de salud por primera vez, "se fue a la peluquería".

Nuevo consejero y nuevo ministro

El recién nombrado consejero de Sanidad, Javier Maldonado González, era hasta hoy viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Es medico cirujano y llegó al departamento regional procedente del Hospital Ramón y Cajal, donde ocupó el cargo de gerente. También fue director médico del Hospital de la Paz de Madrid.

Maldonado tomará posesión de su cargo este viernes, después del acto en conmemoración del Día de la Constitución que celebra la Comunidad y la Delegación del Gobierno en la Real Casa de Correos.

Hace tan sólo una semana, la ya exministra de Sanidad Ana Mato, la otra gran protagonista política de la crisis del ébola, anunció su dimisión después de que el juez Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel, la considerara "partícipe a título lucrativo" de las actividades de su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda.

Este miércoles, Alfonso Alonso recogía el testigo de Mato en la cartera de Sanidad.

La Marea Blanca salió este domingo a las calles de Madrid por vigésimo quinta vez para reivindicar la sanidad pública, protestando contra "la corrupción y la privatización" de la Sanidad, informó Europa Press.

El candidato socialista a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, que asistió a la marcha, aseguró que hay que "acabar con este sufrimiento", por lo que acudió a la manifestación a defender a la sanidad pública "como uno más" ya que considera que a los mandatarios del PP "hay que echarles antes de que la gente siga sufriendo".

"Tenemos que conseguir que aquellos que han sido protagonistas de hacerle tanto daño a la gente, desde el consejero de Sanidad, pasando por la ministra Ana Mato y el presidente de la Comunidad de Madrid entre otros, lo que tienen que hacer es largarse", manifestó el candidato socialista.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSM, Maru Menéndez, apuntó que "los recortes del PP, son recortes que matan, que ponen en riesgo el derecho a la salud de todos los ciudadanos". En este sentido, recordó algunas de las medidas de los populares como "la ruptura de la universalización frente al derecho a la salud, los recortes en personal, o estos Presupuestos en 2015, en los que el gobierno del PP aumenta en un 26 por ciento para la privatización sanitaria mientras recorta el presupuesto en la Sanidad publica".

Entre los cánticos más coreados destacaron "Pueblo de Madrid, movilízate, y a estos sinvergüenzas, párales los pies", "No son muertes, son asesinatos" o "La sanidad no se vende, se defiende", entre otros.

Además, la Marea Blanca volvió a pedir la destitución de Ana Mato y de Javier Rodríguez por su "gestión irresponsable de la crisis del ébola", y reclamó "el mantenimiento del Carlos III como hospital de referencia en enfermedades infecciosas", así como de su plantilla.

Lucha contra la hepatitis C

Los manifestantes también protestaron por los casos de las personas afectadas por hepatitis C que no están recibiendo el medicamento Sovaldi, con un alto porcentaje de éxito, y a cuya entrega se comprometió el Ministerio de Sanidad.

En esta cuestión incidió una portavoz de la plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Elsa Tobeña, quien tuvo unas palabras sobre Belén Martín, una mujer que ha iniciado una huelga de hambre en el Hospital Ramón y Cajal para conseguir que su marido, Saturnino Cobo, que padece esta enfermedad, reciba la medicación.

"Este hombre tiene autorizados los medicamentos desde hace más de un mes y por un motivo o por otro la cosa se va retrasando y él ahora mismo no está para retrasarse porque está realmente grave", apuntó Tobeña.

En la misma línea pronunció Antonio Miguel Carmona, que estuvo este sábado en el hospital junto con Belén Martín. "Es una vergüenza lo que está ocurriendo en este país", expresó el candidato socialista.

Cobo debía haber recibido a principios de octubre la medicación al encontrarse en la última fase de la enfermedad, intentando que no sea necesario incluirle en la lista de espera para un trasplante de hígado.

Mira que tenías alto el listón. Por la alfombra roja de la Consejería de Sanidad de Madrid, han desfilado en los últimos años rutilantes megastars.

– Manuel Lamela: imputado por delitos de cohecho y prevaricación en el proceso de privatización de la gestión sanitaria externalizada de hospitales públicos. Líder de aquella campaña tremenda contra el doctor Montes –por supuestas irregularidades en la sedación de enfermos terminales del hospital Severo Ochoa de Leganés– que tumbó la justicia.

– Juan José Güemes: compañero de imputación de Lamela en el proceso de privatización. Juanjo, tras abandonar la política, sin despeinarse la melenaza, se incorporó como consejero a UNILABS, empresa que gestiona los laboratorios de seis hospitales públicos de Madrid, un servicio que casualmente había privatizado durante su mandato.

– Javier Fernández-Lasquetty: ahogado en la marea blanca que protestó contra el proceso de externalización que pretendía privatizar la gestión de seis hospitales públicos y un número considerable de centros de salud y que echó abajo el Constitucional. Autor también del cortometraje “euro por receta” al que puso “The End” el mismo Tribunal, apenas unas semanas después de su estreno.

Como en la saga Bond, el personaje de Consejero de Sanidad ha sido interpretado por diversos artistas de nivel. Lamela sería Connery, y tú, Daniel Craig. Ya, ya, en otro estilo, porque ¿quién ha hecho el casting para consejeros de Sanidad de Madrid, Santiago Segura? ¿Y cómo se llamaría la película, “Torrente de eminencias”? ¿O quizás algo más almodovariano, “qué hemos hecho los madrileños para merecer a estos”?

Todos recordamos tu estreno mundial. Fue el día en que hablar de dimisiones se consideraba poco oportuno, porque lo prioritario era la curación de Teresa y el control de la situación. El día en que no era momento –aún dicen que no lo es– de depurar responsabilidades políticas, porque lo urgente era salvar a la única infectada diagnosticada y tratar de frenar el presunto desastre.

Y aquel día, mientras la protagonista más débil de esta pesadilla permanecía aislada del mundo, luchando contra el virus que contrajo cuidando a otros, miraste a cámara por encima de tus gafas, en plan Spencer Tracy y dijiste: “(Teresa) ha podido haber estado mintiendo sobre su fiebre, aunque no lo puedo probar, esto lo digo de mi cosecha”.

¡Bravo, bravo, bravo! Sólo está al alcance de los más grandes actores la capacidad para mejorar el guión con una improvisación de “su cosecha”. Qué sería de nosotros sin esas celebridades que nos brindan lo mejor de sus cosechas, esos líderes cosecheros…

Pero cuando ya creíamos que “tu cosecha” no sería tan prolífica como para regalarnos otro pensamiento elevado del mismo nivel, nos demostraste que tu agudeza no tiene límite:

– “Tan mal no estaría (Teresa) para ir a la peluquería”. Claro, nena, si eres mayorcita para depilarte a la cera, eres mayorcita para jugarte la vida por los demás y asumir la culpa de lo que pueda venir después. Anda, tira, que tú no tienes la vida resuelta.

– "Para explicar a uno cómo quitarse o ponerse un traje no hace falta un máster. Pero unos tienen una mayor capacidad de aprendizaje que otros”.

Tampoco hace falta sentido común y sentido de la responsabilidad para ser Consejero de Sanidad. ¡Tanta preparación, tanta preparación, pa qué!

– "El médico que le trata puede llevar razón porque es una persona que mide dos metros y los trajes se hacen como se hacen". Eso es verdad, hay profesionales que se pasan de talla en los momentos difíciles y otros que no la dan.

Y ya, cuando el público de la sala estaba entregado a tu magistral interpretación, te preguntaron si estarías dispuesto a dimitir y respondiste:

"Si tengo que dimitir, dimitiría. Yo vine a la política comido. No tengo ningún apego al cargo, soy médico y tengo la vida resuelta". Qué tío: “tengo la vida resuelta” qué pedazo de frase, los pelos como escarpias de verdad. Apuesto a que, al escucharte, cuatro millones y medio de ciudadanos se rompieron las manos para aplaudirte desde la cola del INEM.

De verdad, qué papelón el tuyo, Francisco Javier. En esta peli de miedo que nos ha cortado la respiración, apareciste en primer plano con el traje de protección frente a la empatía, inmunizado ante el dolor ajeno, soltando por tu boca palabras que atacan a dos órganos vitales, el corazón y el cerebro de los pacientes ciudadanos que con paciencia te padecemos.

Llámame romántica pero me cuesta entender que un médico de profesión sea tan incapaz de ponerse en la piel de una enferma. Pero, claro, lo tuyo es otra película, si la realidad no fuera tan dura, tu actuación sería digna de comedia de Streisand, aunque habría que cambiar el “¿Qué me pasa doctor?“ por “¿Qué le pasa, doctor?”.

¿Sabes? A los que no tenemos la vida resuelta nos la resolvería mucho que representantes como tú dejaran de representarnos. Para arreglar esto tampoco hace falta un máster. Te cuento: ni tú nos necesitas, porque estás comido, ni nosotros te necesitamos a ti, porque estamos empachados de despropósitos. Así que si te vas, lo comido por lo servido y ganamos todos.

El medicamento ZMapp, utilizado para tratar la infección por el virus del ébola, ya se encuentra en el complejo hospitalario Carlos III de Madrid donde será administrado al paciente infectado por el virus en Liberia, Miguel Pajares, según ha asegurado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

Este hecho se ha producido después de que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, haya autorizado la importación excepcional de este fármaco, que se está utilizando ya en dos pacientes en Estados Unidos y se encuentra en fases iniciales de investigación.

Además, el Ministerio ha señalado que ha sido importado al amparo de la legislación que permite el uso de medicamentos no autorizados en pacientes que padecen una enfermedad que pone en peligro su vida y que no pueden ser tratados satisfactoriamente con un medicamento autorizado.

Este procedimiento se inicia a solicitud del médico responsable del paciente, contando con su consentimiento informado, a través de su centro hospitalario y con el visto bueno de la Dirección del mismo. Asimismo, una vez recabada la conformidad del laboratorio que está desarrollando el medicamento, éste se importa desde su origen.

En este caso, el medicamento se ha importado desde Ginebra, donde existía disponibilidad de una dosis en el contexto de un acuerdo entre el laboratorio que desarrolla el medicamento, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras.