El asesino de costes (cost killer) Alexandre Bompard golpea de nuevo. Empleados de Carrefour se manifestaban este jueves día 8, convocados por Fuerza Obrera, ante la sede de Carrefour en Massy [norte de Francia]; protestaban contra el tratamiento de choque anunciado por su presidente el 23 de enero, a saber, la supresión de 2.400 empleos en ese centro, mientras otros 2.500 penden de un hilo por la cesión de las tiendas Dia y la reducción del tamaño de los hipermercados. “El presidente se burla de nosotros”, denuncian desde la CGT, sindicato que ha organizado la “semana del enfado”.

Nada que preocupe a Alexandre Bompard, directivo sin igual a la hora de seducir a los accionistas cuando se trata de reducir costes. Hizo lo mismo en la Fnac, empresa que dejó en julio pasado después de aumentar los beneficios, la cotización de las acciones... y su fortuna personal. Bompard, quien según los sindicatos redujo en más de 2.000 personas el número de asalariados de la Fnac, en 2016 cobró un megabono de 12 millones de euros, según reveló Libération.

Este exalumno de la Escuela Nacional de Administración [que forma a futuros altos cargos] e inspector de finanzas de 45 años no es únicamente un especialista en planes sociales. Según documentos confidenciales a los que ha tenido acceso Mediapart –socio editorial de infoLibre– también puede ser muy astuto a la hora de reducir la fiscalidad de su empresa. En enero de 2017, tras la adquisición de Darty por parte de la Fnac, el grupo, con la fusión de las dos sedes sociales, recurrió a una argucia que le permitió ahorrar más de 10 millones de impuestos. En aquel momento, un directivo de la empresa señaló por escrito a varios de sus colegas que la maniobra suponía correr un riesgo jurídico a Fnac-Darty, pero que el grupo había elegido ponerla en práctica pese a todo.

“Quiero interpelar a los servicios del Estado y en particular al ministro de Economía Bruno Le Maire, sobre las dudosas condiciones de esta operación. Se trata de una asunción de riesgos social y fiscal desconsiderada que pone al grupo Fnac-Darty en una situación delicada tanto con relación a las autoridades financieras, como a los accionistas y a los clientes”, denuncia Haziz Faddel, delegado sindical de la Confederación Autónoma del Trabajo (CAT) en Darty, que ha puesto a Mediapart sobre la pista de esta operación.

Al habla con el grupo Fnac-Darty, la compañía argumenta que todo se hizo conforme a las normas y que el método elegido para fusionar las dos sedes no tuvo que ver “ en ningún caso con consideraciones fiscales”. Por su parte, Alexandre Bompard ha declinado hacer comentarios por considerar que las explicaciones de su antigua empresa también servían para él.

La historia se remonta a abril de 2016. Después de meses de batalla y de pujas, Alexandre Bompard terminó por quitarle Darty a Steinhoff (Conforama). Pero la Fnac tuvo que pagar 1.160 millones de euros, financiados en gran medida mediante deuda. Para justificar la operación, Bompard debe obtener lo antes posible los 130 millones de euros de “sinergias” prometidas a los accionistas –sobre todo al principal de ellos, la familia Pinault–.

La primera manera de ahorrar pasar por unificar las sedes sociales, que emplean a 800 personas cada una de ellas. En otoño de 2016, la dirección, respaldada por la consultora BCG, opta por el traslado de los empleados de la sede de Darty a la de la Fnac.

Pero hay un pequeño detalle. Al recuperar la central de compra de Darty, la Fnac también pasa a disponer de sus productos (teles, neveras, etc.), comprados al por mayor, y por tanto de los futuros beneficios de su reventa en tiendas. En el marco de un traspaso comercial, se trata de una plusvalía sujeta a impuestos. Y la factura es importante: un informe confidencial de septiembre de 2016, efectuado por la consultora BCG para la dirección, recoge que “el traspaso de las actividades de central de compra” va a crear un “coste fiscal puntual” que se elevará, según la “estimación inicial” del gabinete, ¡a más de 10 millones de euros!

Evidentemente, la Fnac no tiene ganas de pagar. O, en todo caso, no de forma inmediata. Para ello, la dirección urde un plan: traspasar la central de compra de Darty y a sus empleados... pero sin los stocks de productos que la central ha comprado, esos que generan el grueso de los 10 millones de impuestos.

El único problema es que el grupo le indica entonces a los sindicatos que se trata de un “traspaso total” de la sede de Darty; movimiento que no está, al contrario que un traspaso parcial, sometido a la autorización de la inspección de trabajo. Ideal para obtener las sinergias lo antes posible. Salvo que el artículo L1224-1 del Código del Trabajo obliga a incluir en la operación la totalidad de los activos vinculados a los trabajadores afectados. O lo que es lo mismo, los stocks de la central de compra...

Un rompecabezas jurídico

Para la dirección, el caso se convierte en un rompecabezas. En un e-mail confidencial del 28 de octubre de 2016, la directora de relaciones sociales del grupo explica haber “hablado largo y tendido” al respecto con otros tres directivos. “Jurídicamente, el hecho de no traspasar la central de compra socava la aplicación del L1224-1 del Código del Trabajo”, reconoce. Pero “estratégicamente, no se puede no traspasar todos los equipos a 31 de enero de 2017”. Resultado: “Decidimos correr el riesgo de traspasar los equipos sin los medios materiales/inmateriales correspondientes”.

Los sindicatos de Darty no se percataron. Hay que decir que el contrato de traspaso del 17 de enero de 2017 que les presentaron contenía cuatro páginas e incluía con todo lujo de detalles los materiales traspasados a la Fnac: mesas, sillas, armarios, licencias informáticas, incluso los “cables”, teléfonos de ducha y la “perforadora electrónica”. Todo, salvo lo que tenía más valor: los stocks de la central de compra. Con el ahorro subsiguiente de 10 millones de euros en impuestos.

Un mes más tarde, el 28 de febrero de 2017, Fnac-Darty emitía un comunicado en el que Alexandre Bompard anunciaba que las sinergias de 130 millones se obtendrían antes de lo previsto. El grupo señala entonces, en efecto, que “a finales de 2016, las sinergias habían tenido ya un impacto favorable de nueve millones de euros sobre el resultado operativo corriente”. O lo que es lo mismo, la suma ahorrada en impuestos. La cotización bursátil sube un 12% esa jornada.

El grupo, a preguntas de Mediapart, indica que el comunicado era sincero porque los impuestos se pagan “más abajo en la cuenta de resultado” y por tanto no cambian la suma del resultado operacional corriente, que sirve de base al cálculo de las sinergias.

Fnac-Darty no desmiente haber omitido incluir los stocks de la central de compra de Darty en el traspaso de su sede social. Sin embargo, el grupo considera haber “realizado un traspaso que podía ser calificado de total” jurídicamente y que la técnica elegida no estaba “en ningún caso vinculada a consideraciones de orden fiscal”. Fnac-Darty añade que el ahorro impositivo de 2017 sólo ha sido “temporal y no modificó en nada el montante total de los impuestos que debe abonar el grupo”.

La consultora BCG, que había estimado el importe del coste fiscal en más de 10 millones de euros, ¿se equivocó? Si no había ningún impacto fiscal ¿por qué haber corrido un “riesgo” jurídico claramente identificado dentro de la propia empresa?

Fnac-Darty no ha querido responder precisamente a estas cuestiones concretas. El grupo subraya que, contrariamente a “algunos de sus competidores” como Amazon, “no practica estrategia de evasión fiscal y crea empleo” y “está sometido a un tipo impositivo efectivo superior al 50%” con “cargas fiscales y patronales pagadas en Francia [...] del orden de 350 millones de euros en 2016”.

Por su parte, Alexandre Bompard no ha querido responder a nuestras preguntas por considerar que su exempresa lo había hecho previamente por él. El jefe de Carrefour prepara ya el siguiente paso. En diciembre pasado, anunció la firma de un partenariado con Fnac-Darty para poner en común las compras de productos electrónicos y electrodomésticos. “En ningún caso esta cooperación entre los dos grupos derivará en la creación de una central de compra común y por tanto de un traspaso de stock”, precisan desde Fnac-Darty. Esta vez, por tanto, no existiría riesgo fiscal. ____________

Traducción: Mariola Moreno

La subida del 2,5% presagiaba la recuperación de los salarios precrisis, en un convenio que se aplica a unos 250.000 trabajadores, de los mayores de España. Sin embargo, las plantillas de la Fnac y Media Markt se han encontrado este mes con una desagradable sorpresa. Ya les han aplicado la subida del 2,5% en su salario base, tal y como ordena el convenio, y con carácter retroactivo, desde el 1 de enero. Pero también les han anunciado que a buena parte de ellos les van a recortar, en la misma cuantía, el complemento de nivel o complemento funcional. Ambas empresas aplican así el artículo 18 del convenio, que les permite compensar y absorber en ese complemento “cualquier retribución que el trabajador perciba por encima del salario base y la antigüedad”.

Así, el pasado 28 de junio la dirección de la Fnac comunicó a su comité intercentros que “no está en disposición de renunciar a la compensación y absorción” porque no le “es posible económicamente”. Aplicar la subida del 2,5% firmada dos meses antes, añadía, le supone “un importante coste en otras materias, además de la salarial”.

La Fnac asegura que el 70% de la plantilla resultará beneficiada por el alza salarial pactada. Pero los sueldos del 30% restante seguirán congelados un año más. Es lo que va a ocurrir con los mandos intermedios de la empresa, los llamados VQ (Vendeur Qualifié), casi un 20% de los empleados. 

UGT y CCOO, en contra

UGT ha declarado su “malestar” y “profundo desacuerdo” con la medida, porque “atenta contra el espíritu de lo negociado en el convenio y convierte a los mandos intermedios en personal de segunda”. “Ostentarán responsabilidades que económicamente no serán recompensadas”, protesta el sindicato.

CCOO, por su parte, está consultando a sus servicios jurídicos para denunciar la compensación, explica Ángeles Rodríguez Borrillo, secretaria de Negociación Colectiva de la Federación de Servicios del sindicato. “Lo vamos a pelear porque dentendemos que las empresas no pueden compensar la subida por la misma naturaleza del derecho”, advierte. “El complemento de nivel es una especie de liquidación del pago de los domingos trabajados, que se creó cuando dejaron de abonarse”. Su cuantía depende del número de domingos que se trabajaban y los nuevos contratados no lo cobran.

De momento, destaca Rodríguez Bonillo, sólo la Fnac y Media Markt han anunciado la compensación de la subida salarial del 2,5%. Carrefour, Alcampo o El Corte Inglés, continúa, han aplicado ya el alza salarial sin activar el artículo 18 del convenio. Pero como el texto aún no ha sido registrado y publicado, a falta de cumplir los requerimientos que Empleo ha hecho a los firmantes, no descarta que más empresas se unan a las dos mencionadas. “Hay algunas que, aun no siendo miembros de la patronal Anged, aplican el convenio, como los hipermercados Leclerc”, apunta Rodríguez Bonillo.

Antonio Pérez, secretario general de Fetico, entiende que se trata de “un problema” que debe abordarse en la negociación del próximo convenio. “Es una barbaridad que se compense la subida salarial a los mandos a los que durante la crisis también se les han bajado los incentivos”, admite. Pero también cree que tiene una “difícil denuncia judicial”, ya que la compensación está amparada por el  artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores.

Un portavoz de Fnac se ha limitado a explicar a infoLibre que “está aplicando el convenio laboral del sector recientemente firmado en todos sus aspectos”, tal y como viene haciendo “desde su constitución como compañía, y, por tanto, cumpliendo escrupulosamente la legislación vigente”.

Salarios de 600 euros para el 70%

José Luis Solano, miembro del sindicato CoBas en la Fnac, rechaza el convenio firmado por UGT, CCOO, Fetico y Fasga el pasado abril, porque mantiene las condiciones precarias instaladas con el de 2013: el trabajo gratis los domingos y festivos, con sólo seis domingos libres al año, y los bajos salarios. “El 70% de la plantilla de la Fnac tiene contratos a tiempo parcial, de sólo 20 o 25 horas semanales, por lo que cobra menos de 600 euros netos al mes, y con eso no se puede vivir”, protesta. Quien trabaja a jornada completa llega a los 1.000 euros. Solano calcula que debido a la congelación salarial que sufren desde 2013, la inflación y la pérdida de los poco más de 30 euros con que se les pagaba antes el trabajo en domingos y festivos, los trabajadores de la Fnac han perdido un 15% de poder adquisitivo desde 2008. “Nunca ha sido tan pequeña como ahora la diferencia entre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), 707,6 euros, y nuestro salario base, 920,56 euros a tiempo completo”.

Solano rebate el argumento económico que esgrime la Fnac para escamotear a los mandos intermedios la subida salarial. “El grupo ha ganado 75 millones de euros el último año, acaba de comprar la tienda de electrodomésticos Darty por 858 millones y sigue abriendo tiendas en España, dos en Madrid en agosto y septiembre”. Su presidente hasta el pasado 18 de julio, Alexandre Bompard, cobraba un salario fijo anual de 1,8 millones de euros, según publicó el Journal du Dimanche y repite ahora el sindicalista español. “Nos dicen que no somos vendedores, sino consultores especializados, pero no nos pagan ni como consultores ni como vendedores, sino como reponedores”, se queja. Fnac ya no es la empresa donde trabajaban estudiantes para ayudarse con un sueldo durante la carrera. Buena parte de la plantilla acumula antigüedades de 10 años o más: “Sólo queremos pagar el alquiler, el transporte y la alimentación, y con 600 euros no podemos”.

Mientras Fnac tiene en España una plantilla superior a los 2.000 empleados y 26 tiendas, Media Markt alcanza los 4.000 trabajadores y suma 80 establecimientos. Ni uno ni otro grupo publican sus resultados por países. Metro Group, al que pertenece Media Markt, informa de unos beneficios de 371 millones de euros en el primer semestre de este año.

...se le ocurrió opinar al respecto. Desde la cuenta de la empresa, eso sí:

Aunque las disculpas fueron inmediatas, el revuelo organizado ha sido enorme:

Desde entonces, cientos de tuits reclaman el despido del autor del comentarios, mientras que hay otros que hacen hincapié en que se trata de un mero desliz. Las bromas tampoco han faltado:

La Inspección de Trabajo ha levantado acta de infracción a Casa del Libro, la cadena de tiendas del grupo Planeta, por negar a sus trabajadores los días de descanso que marca la ley, así como por vulnerar su derecho de huelga. Se trata de dos infracciones graves, sancionables con multas de hasta 6.250 euros cada una. Las actas son consecuencia de las cuatro denuncias que la decena de trabajadores de una de las librerías de Madrid interpusieron ante la Inspección.

La liberalización de horarios comerciales y la reforma laboral se han unido para permitir la máxima flexibilidad en las jornadas de trabajo del sector servicios. Hasta el punto de que Casa del Libro, según la Inspección de Trabajo, infringe el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y no permite a su plantilla disfrutar del descanso mínimo semanal de día y medio, “acumulable por periodos de hasta 14 días” a que obliga esa ley. Así, a los trabajadores de las librerías se les priva de las 72 horas libres preceptivas cada dos semanas porque la empresa solapa el descanso entre jornadas con el descanso semanal, una práctica prohibida por numerosas sentencias del Tribunal Supremo.

Según la doctrina impartida por el alto tribunal, los descansos semanal y diario “constituyen mínimos de derecho necesario, que deben disfrutarse de manera diferenciada, por su diferente finalidad, e independiente el uno del otro, de forma y manera que el disfrute del descanso semanal no constituya una merma, en ningún caso, del descanso diario”.

En virtud del Estatuto de los Trabajadores, los asalariados tienen derecho a un descanso mínimo ininterrumpido de 12 horas entre la finalización de una jornada y el comienzo de la siguiente, así como a un descanso mínimo semanal de día y medio ininterrumpido.

Sin embargo, Casa del Libro escamotea a sus trabajadores 12 horas de descanso cada 14 días. Para ello aduce “causas organizativas”, asegura la plantilla. Aunque la denuncia ante la Inspección de Trabajo la presentaron los empleados de la tienda de la calle de Fuencarral de Madrid, el resto de la plantilla de Casa del Libro tiene el mismo régimen de trabajo, destacan éstos.

En su acta, el inspector de Trabajo, además, reprocha a la empresa que hiciera caso omiso del requerimiento que le hizo el pasado mes de junio, en plena huelga, para que reorganizara los turnos de sus empleados y respetara la ley. Casa del Libro ha declinado explicar a infoLibre su posición al respecto.

CCOO, que convocó una huelga el pasado junio por este motivo, elaboró una propuesta de horarios que respetaba los descansos legales y se acogía a la posibilidad de acumularlos que la ley establece para determinados sectores, como el comercio y la hostelería. La empresa la rechazó porque le obligaría a pagar como horas extraordinarias las que ahora realizan los trabajadores en lugar de descansar.

Cambio de turnos y horarios a toda la plantilla

Pero la “flexibilidad” va más allá de la supresión de los descansos. La primera denuncia de los trabajadores ante la Inspección fue por cambiar de forma unilateral los turnos y horarios del delegado sindical de CCOO en la tienda de Madrid. El pasado agosto la Inspección formuló un requerimiento a Casa del Libro para que pusiera fin a esa práctica. No sólo no lo ha cumplido, sino que, tras la huelga, está cambiando, además, los horarios de toda la plantilla de la calle de Fuencarral. De forma que los trabajadores ya han convocado nuevas jornadas de huelga desde finales de octubre y durante el mes de noviembre.

La Inspección de Trabajo también ha levantado acta de infracción a Casa del Libro por vulnerar el derecho de huelga de sus trabajadores durante la primera convocatoria, en junio. Entonces les obligaron a retirar de la tienda los carteles que habían colocado e impidieron que informaran a los clientes de los motivos de la protesta.

Finalmente, la cuarta denuncia ante la Inspección ha terminado en los tribunales. Se trata del traslado de un trabajador de la tienda de la calle de Fuencarral a otra de Alcorcón, a 15 kilómetros de Madrid, después de que presentara una protesta formal ante la dirección por la sobrecarga de trabajo y la falta de descansos.

Una constante en el sector

El deterioro de las condiciones laborales en Casa del Libro es similar al que sufren las plantillas de otras grandes cadenas comerciales como El Corte Inglés o Fnac. Aumentos de jornada, trabajo en domingos y festivos, cambios de turno continuos y casi sin preaviso, acompañados de congelación o recorte salarial. Por esos motivos, unos 3.000 trabajadores han abandonado voluntariamente El Corte Inglés en dos años. Otros 90 empleados dejaron Fnac por idéntico motivo sólo en 2013. El 60% de los trabajadores de esta cadena francesa tiene contratos a tiempo parcial, por lo que sus sueldos no superan los 500 euros al mes. En la tienda de Fuencarral de Casa del Libro, la mitad de la plantilla trabaja a jornada parcial. Un empleado con contrato de 30 horas semanales cobra unos 800 euros al mes. 

Fundada en 1923, Casa del Libro es la cadena española de librerías de más solera. Perteneció desde sus orígenes a la editorial Espasa Calpe y con ella pasó a formar parte del Grupo Planeta en 1992. A partir de 1999 comenzó una fase de expansión que la ha llevado a tejer una red de 34 librerías repartidas por todo el país. En 2003, tras la llegada a la empresa de Eduardo Bofill, un ejecutivo procedente de Fnac, Espasa Calpe destituyó a buena parte de su cúpula ejecutiva. La remodelación terminó con el despido, año y medio después, de la directora de la Casa del Libro, Rosario Albarrán, una histórica del sector que había comenzado 30 años atrás como vendedora en la tienda de la Gran Vía de Madrid. La sustituyó Félix Fernández de Gabriel, que continúa en el cargo. La empresa inició entonces un segundo plan de expansión que supuso la apertura de una veintena de tiendas, con una inversión de 25 millones de euros. Justo antes, Planeta había llegado a negociar la venta de la cadena de librerías, que posee una plantilla de 400 trabajadores, con el grupo estadounidense Borders.

La Audiencia Nacional ha declarado injustificada la modificación sustancial de las condiciones laborales de la plantilla de FNAC, integrada por unos 2.000 trabajadores en España, y ha condenado a la compañía a reponer a los empleados afectados sus anteriores condiciones de trabajo.

De esta forma, según la sentencia a la que tuvo acceso Europa Press, la Audiencia no considera acreditada la previsión de pérdidas presentada por FNAC para imponer el pasado mes de abril una modificación de las condiciones laborales y tacha de imcompletas y poco rigurosas las previsiones de pérdidas ofrecidas por la compañía.

En concreto, la proyección económica de la compañía para este año determinaba una caída media del 5,2% en ventas, un descenso del importe neto de la cifra de negocio del 5% y un retroceso del margen neto, lo que, junto con el incremento de gastos, arroja un resultado negativo de 4,3 millones de euros.

La sala de lo Social reprocha a FNAC que haya presentado sus previsiones de pérdidas basadas en un informe económico que no ha presentado en su totalidad, privando a la justicia del "contenido completo de las previsiones, sus referencias, criterios y condiciones, ni cuándo fueron elaboradas y sobre qué bases y estudios".

Así, FNAC España debe reponer la financiación al 100% del seguro médico a todos los trabajadores, así como el 100% de los bonos que perciben, entre otros otros, los directores y los responsables de departamento desde el pasado 21 de marzo, fecha en que finalizaba el copago acordado por un año para evitar despidos.

Por lo tanto, una vez que la sentencia sea firme, FNAC deberá reponer la suma de la cantidad (13,09 euros) que los trabajadores han abonando mensualmente en concepto de copago (financiación al 50%) del seguro médico desde el mes de abril de 2014.

De la misma forma, los trabajadores de la firma con derecho a bono lo percibirán al final de año al 100% de su cuantía y no reducido del 40% al 50% tal y como había quedado tras el recorte impuesto por la empresa.

"La justicia nos da la razón a los trabajadores de FNAC en nuestra reclamación de creer injustificados más recortes que los ya muy graves sufridos por los dos últimos convenios colectivos", han señalado en fuentes sindicales, que han afirmado además que la sentencia hace hincapié en que las previsiones de la compañía contradicen sin ningún rigor las elaboradas por el Gobierno sobre la evolución del consumo privado.

Por su parte, desde la compañía han asegurado a Europa Press que acatarán la sentencia de la Audiencia Nacional, porque recurrirla generaría "cierta inestabilidad interna".

No obstante, FNAC considera que las medidas que adoptó en su momento eran las adecuadas para afrontar la situación generalizada de crisis económica, así como el presente y futuro de la compañía "de la mejor manera posible".

La liberalización de los horarios y la caída del consumo propiciada por la devaluación salarial de la crisis han convertido a los trabajadores del comercio en las primeras víctimas de la presión sobre los resultados que sufren las empresas. Las plantillas de grandes cadenas como El Corte Inglés o Fnac ya han elevado sus protestas por el deterioro de las condiciones laborales y la sobrecarga de trabajo: aumento de jornada, trabajo en domingos y festivos, cambios de turno continuos y casi sin preaviso… acompañados de congelación o recorte salarial. Ahora se les unen los trabajadores de la Casa del Libro, la cadena de librerías propiedad del grupo Planeta.

De momento son sólo los empleados de la tienda que la empresa tiene en la calle de Fuencarral, de Madrid, quienes han comenzado una huelga que se prolongará todos los sábados del mes de junio. Primero no renovaron a los cinco empleados temporales que cubrían los turnos de fin de semana. Así que se multiplicaron las horas de los nueve vendedores restantes. Llegan a trabajar hasta 11 días seguidos y luego sólo libran uno. La empresa no respeta las 12 horas de descanso que el Estatuto de los Trabajadores establece entre un turno y el siguiente. O se lo cambian de un día para otro. Como en el resto del comercio, deben trabajar todos los domingos y casi todos los festivos del año.

Es decir, máxima flexibilidad horaria sin respetar los límites que marcan el convenio colectivo y la ley, convenio colectivodenuncian. Llevan así los últimos ocho meses, explican los empleados de la calle de Fuencarral. Además, aunque tienen categoría de dependiente, les obligan a realizar tareas administrativas, o de reposición o de caja, “fuera de las funciones del contrato y de las marcadas en el convenio”. En parecidas condiciones, añaden, se encuentran los trabajadores de las tiendas situadas en los centros comerciales. Un empleado con contrato de 30 horas semanales cobra unos 800 euros al mes. Casa del Libro tiene una plantilla de 400 empleados.

Pero la chispa que encendió la protesta fue el traslado forzoso de dos de ellos, que expusieron ante los responsables de la empresa la ilegalidad de los cambios. A uno se le envió a Móstoles y otra a la tienda de la calle Alcalá, también en Madrid. “Está claro que fue una represalia”, subrayan.

Como ocurre con cada convocatoria de huelga, trabajadores y empresa acudieron al Servicio de Mediación y Arbitraje (SIMA) para intentar una conciliación. No hubo acuerdo. Casa del Libro esgrime unas pérdidas de 400.000 euros en la librería de Fuencarral para justificar la presión sobre los horarios de los trabajadores. La plantilla, de la mano de CCOO, ha presentado al menos cuatro denuncias ante la Inspección de Trabajo, que ahora deberá elaborar un informe.

Una cadena histórica

A las puertas de la tienda, en una de las zonas más comerciales del centro de Madrid, los empleados de la Casa de Libro entregan en mano a los clientes octavillas donde explican el motivo de sus protestas. Y recogen firmas. La actriz Emma Suárez les da la suya. También aprovecharán el altavoz que les ofrece la Feria del Libro, inaugurada ayer por la infanta Elena en el parque del Retiro, para hacerse oír.

La Casa del Libro, fundada en 1923, es la cadena española de librerías de más solera. Perteneció desde sus orígenes a la editorial Espasa Calpe y con ella pasó a formar parte del Grupo Planeta en 1992. A partir de 1999 comenzó una fase de expansión que la ha llevado a tejer una red de 34 librerías repartidas por todo el país. En 2003 tras la llegada a la empresa de Eduardo Bofill, un ejecutivo procedente de Fnac, Espasa Calpe destituyó a buena parte de su cúpula ejecutiva. La remodelación terminó con el despido, año y medio después, de la directora de la Casa del Libro, Rosario Albarrán, una histórica del sector que había comenzado 30 años atrás como vendedora en la tienda de la Gran Vía de Madrid. La sustituyó Félix Fernández de Gabriel, que continúa en el cargo. La empresa inició entonces un segundo plan de expansión que supuso la apertura de una veintena de tiendas, con una inversión de 25 millones de euros. Justo antes, Planeta había llegado a negociar la venta de la cadena de librerías con el grupo estadounidense Borders.

La Audiencia Nacional ha vuelto a tirar, al menos en parte, otro despido colectivo: el de Panrico. A su Sala de lo Social sólo llegan los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que afectan a empresas con centros de trabajo en más de una comunidad autónoma. Es decir, sus jueces se las ven con los despidos más voluminosos y con los conflictos colectivos de las mayores compañías del país. La sentencia que impedirá a Panrico despedir a 156 trabajadores en 2015 y 2016 es sólo la más reciente. Los tribunales ya han echado abajo algunos de los despidos colectivos más abultados de la crisis. La Audiencia Nacional tumbó los de Tragsa, Air Europa, Roca y LiberbankAir EuropaRoca. El Supremo declaró improcedente el de Telemadrid, mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio al traste con el de la Radio Televisión Valenciana.

También han avalado la vigencia de los convenios colectivos que la reforma laboral limita a un año una vez han sido denunciados. La Audiencia Nacional ha impedido la caducidad de los convenios de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), del sector de prevención de riesgos laborales y de Air Nostrum, por ejemplo. Y en sus manos se encuentran ahora los conflictos colectivos interpuestos por los sindicatos contra Coca-Cola, El Corte Inglés, Unipost y FnacCoca-ColaEl Corte InglésFnac. Todos ellos, por tanto, litigios laborales de cinco estrellas cuya resolución permitirá a la doctrina ganar cuerpo, a la espera de que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia.

Porque, hasta el momento, no llegan a la decena las sentencias del Alto Tribunal que afectan a la reforma laboralsentencias del Alto Tribunal. La Audiencia Nacional, en cambio, ya ha sudado la camiseta. Y no va a dejar de hacerlo. CCOO, el sindicato que impugnó el ERE de Panrico, va a recurrir la sentenciasentencia conocida ayer para que la anulación de los despidos de 2015 y 2016 se extienda al resto. En total, el ERE establecía 745 extinciones de contrato, en una plantilla de 1.785 trabajadores, repartidos a lo largo de cuatro años. La sentencia considera ilegales los 156 despidos pospuestos porque la causa invocada en 2013, cuando se presentó el ERE, ya no tendrá vigencia dentro de dos años. “Sería como usar de bola de cristal unas previsiones imposibles de contrastar”, resume gráficamente el tribunal.

Además, el próximo día 27 la Sala de lo Social celebrará la vista del juicio por el despido colectivo de Tragsatec, la filial del grupo público Tragsa. Los sindicatos esperan que en este caso el tribunal se ratifique en la nulidad que declaró para la matriz hace sólo mes y medio. Se trata del mayor ERE ejecutado en una empresa pública, 1.336 trabajadores.

¿Hace falta 'atar en corto' a los jueces?

Mientras los sindicatos no ocultan su satisfacción por estos fallos, las empresas e incluso la Unión Europea y la OCDE se muestran inquietos. De ahí que estas instancias internacionales ya hayan reclamado al Gobierno que limite el margen de interpretación de los jueces en la materia. Una vuelta de tuerca a la reforma laboral que, al menos de momento, el Ministerio de Empleo no parece dispuesto a dar, según explicaron fuentes del departamento tras conocerse la sentencia de Tragsa.

Las empresas, así lo ha expresado el presidente de la CEOE, Juan Rosell, rechazan que los jueces puedan “interpretar”. “Están para juzgar, para decir sí o no”, subrayó el pasado abril, no para ponerse en lugar del empresario y decirle qué decisión es la que deben tomar para solucionar sus problemas económicos. Tampoco les parece bien que el mero incumplimiento de los requisitos formales del ERE –no entregar toda la documentación requerida, por ejemplo– suponga la nulidad del despido colectivo.

El requisito de “razonabilidad” sigue ahí

Pese a que la reforma laboral eliminó la “razonabilidad” de los despidos como uno de los requisitos que debían cumplir para ser legales, sin ir más lejos la sentencia de Panrico proclama como “competencia del juez” no sólo verificar la existencia de la causa –económica, organizativa o productiva–, sino también “la razonable adecuación entre la causa acreditada y la medida adoptada”. Y lo hace después de recordar que no corresponde al juez “sustituir al empresario en sus decisiones directivas” y que “deben desterrarse en la solución del caso argumentos valorativos sobre la utilidad de las medidas para prevenir una evolución negativa o mejorar la situación de la empresa”.

“Los tribunales no están torpedeando la reforma laboral como dicen algunos; sólo están aplicando la ley”, apunta Enrique Lillo, jefe del gabinete jurídico de CCOO. Para José Luis Aramburu, director del gabinete técnico de UGT, hay que ir más allá de los fallos favorables a las tesis sindicales. “No estaremos plenamente satisfechos hasta que el Tribunal Constitucional tire la reforma laboral”, asegura. Y para eso pueden faltar años.

Aramburu coincide con las empresas en destacar la “inseguridad jurídica” en que debe moverse el mundo del trabajo, dos años después de aprobada la reforma laboral, “a la espera” de que el Tribunal Supremo confirme las sentencias de la Audiencia Nacional y siente jurisprudencia. No sólo sobre los despidos colectivos o la ultraactividad de los convenios. También está pendiente una resolución definitiva, en este caso del Tribunal Constitucional, sobre el periodo de prueba del contrato de emprendedores. Ya ha sido cuestionado por tres sentencias de jueces de lo Social.La Audiencia, coherente;

los tribunales superiores, no tanto

En cualquier caso, cree que las empresas “han aprendido” en estos dos años. Se han dado cuenta de que la supresión de la autorización administrativa no significa una “barra libre” para los despidos. “Han mejorado sus estrategias”, explica, desde los primeros meses de 2012 cuando más de la mitad de las sentencias les eran desfavorables. Lo corrobora el abogado Jorge Aranaz, del despacho Cuatrecasas: “Los asesores de las empresas lo estamos haciendo mejor ahora”, asegura, tras los primeros momentos de desconcierto ante una nueva norma. Aranaz, además, entiende que la Audiencia Nacional está siguiendo “un criterio coherente y uniforme” en sus sentencias, y que éstas siempre están bien razonadas. “No hay una línea antirreforma laboral, sólo está aplicando la ley”, recalca, casi repitiendo la frase del abogado de CCOO.

Donde sí ha encontrado el letrado de Cuatrecasas más “beligerancia” contra las empresas es en algunos Tribunales Superiores de Justicia autonómicos que prefiere no identificar. “Algunos de sus magistrados han declarado su rechazo a la reforma, en las sentencias y en foros públicos”, revela.

A su juicio, la Ley 3/2012 podría estar “mejor redactada y ser más clara para que los jueces tuvieran menos posibilidades de interpretación”. De ahí que se remita, al igual que el responsable de UGT, a la interpretación definitiva que haga el Tribunal Supremo. Mientras llega, la Audiencia Nacional está proporcionando, tanto a los trabajadores como a las empresas, “guías y claves” imprescindibles para moverse entre conflictos laborales, concluye.

Tres mil trabajadores han abandonado El Corte Inglés en los dos últimos años acogiéndose al derecho que les concede la ley para rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días por año de servicio si se sienten perjudicados por los cambios en sus condiciones laborales decididos por la empresa.

Y es lo que ha ocurrido en el líder de los grandes almacenes con las modificaciones de horario, jornada, salarios y comisiones de venta que ha aplicado durante la crisis. La cifra fue facilitada por la propia empresa durante la vista oral del juicio que se siguió el pasado 29 de abril en la Audiencia Nacional, tras presentar CCOO una demanda por conflicto colectivo contra la última modificación: una rebaja de las comisiones de venta que el sindicato calcula ascenderá a 2.000 euros anuales por trabajador.

Sólo con el anterior cambio, en 2013, que significó una ampliación de los días de trabajo anuales, se fueron de El Corte Inglés casi un millar de trabajadores. Pero no han sido éstas las únicas modificaciones sustanciales de condiciones laborales, al amparo del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que ha aplicado la empresa de Isidoro Álvarez. El representante de CCOO en El Corte Inglés, Rafael Peinado, habla de hasta ocho cambios en los últimos cuatro años. En septiembre de 2012 ya se ejecutó una primera alteración del sistema de incentivos de los vendedores. Antes, en septiembre de 2009, se amplió la jornada de la plantilla. Firmaron el finiquito voluntariamente otro millar de empleados. Los sindicatos no han dudado en calificar las salidas de “ERE barato y encubierto”. El Corte Inglés cuenta con una plantilla de 60.000 empleados.

Una portavoz de El Corte Inglés no confirmó el dato de bajas voluntarias que manejan los sindicatos, pero se negó a dar otra cifra según los cálculos de la propia empresa.

Este tipo de medidas deben negociarse previamente con el comité. Y siempre han salido adelante con el apoyo de los sindicatos sectoriales Fetico y Fasga, y el rechazo de CCOO y UGT. Excepto la más reciente sobre las comisiones de venta, que ha respaldado también el sindicato que dirige Cándido Méndez.

También en Fnac hay abandonos

En cualquier caso, las mismas tensiones están afectando no sólo a El Corte Inglés, sino a todo el sector de la distribución comercial. El convenio colectivo que Fetico y Fasga firmaron el año pasado ha dejado a los trabajadores del sector sin pluses por trabajar domingos y festivos, también ha aumentado en 28 horas su jornada anual y congelado los sueldos hasta 2016. Su calendario de trabajo ha pasado de anual a trimestral; es decir, se les puede cambiar el horario cada tres meses. Y el personal de base estará hasta cinco años cobrando el salario inicial de 13.000 euros brutos. Antes promocionaba a partir del primer año.

Además, la liberalización de los horarios comerciales, implantada en junio de 2012 en Madrid, se ha traducido en un aumento de los festivos y domingos laborables para los vendedores de las grandes superficies. La plantilla de El Corte Inglés, por ejemplo, tiene la obligación de trabajar el 40% de los domingos y festivos del año. Los empleados de la cadena Fnac sólo disfrutan de cinco fines de semana libres al año.

En resumen, a estos trabajadores se les ha hecho mucho más difícil conciliar su vida familiar con la laboral mientras sus sueldos menguan. Y abandonan. En Fnac, que ha sufrido dos modificaciones de condiciones laborales en un año, acaban de pedir la baja voluntaria un centenar de trabajadores, de una plantilla de 2.000 personas. Según explica Ángeles Rodríguez, dirigente de la Federación de Comercio y Hostelería de CCOO, sólo del centro que la cadena tiene en Murcia se ha marchado el 25% de la plantilla. En el barcelonés de El Triangle firmaron el finiquito 15 trabajadores, entre ellos un jefe de departamento y cinco mandos intermedios, explicó el representante de la CGT, Ferrán Moltó, con motivo de la huelga que este sindicato convocó el pasado 23 de abril.

A los sindicatos no les resultan extrañas estas rescisiones de contrato voluntarias, pese a los altos niveles de paro. Denuncian que la plantilla está “precarizada”, “asfixiada” por jornadas de trabajo “extenuantes” y muy desmotivada. El 60% de los trabajadores tienen contratos a tiempo parcial, por lo que sus sueldos rondan los 500 euros al mes.

En los tribunales

Como en El Corte Inglés, CCOO ha demandado a la Fnac en la Audiencia Nacional – junto con UGT– por su más reciente batería de medidas: la supresión del seguro médico colectivo y el recorte de las comisiones de venta, así como la reducción de un 50% en los bonus de los jefes. Después se les ha unido también la CGT. A diferencia de lo ocurrido en los grandes almacenes, en la Fnac el periodo de consultas para hacer esos cambios en las condiciones laborales terminó sin acuerdo con el comité. Pero ha comenzado a aplicarse igualmente. Eso sí, la empresa ha accedido a pagar el 50% de los 27 euros que abona por cada trabajador a Asisa por el seguro médico. Es decir, prorroga una medida ya adoptada un año atrás en otro proceso de modificación de condiciones laborales que incluía, además, un ERE temporal.

Sí coinciden ambas empresas, en cambio, en otro detalle: tanto El Corte Inglés como Fnac siguen teniendo beneficios pese a la caída de las ventas inducida por la crisis económica. La cadena de tiendas culturales ganó cuatro millones de euros en España en 2012 –los resultados de 2013 aún no se conocen– y El Corte Inglés, 171,5 millones.

Ampliaciones de jornada, flexibilización de horarios y recortes salariales similares han adoptado también en los dos últimos años otros grandes del sector, como Alcampo, Carrefour e Ikea. Todos ellos terminaron en los tribunales. El Supremo dio la razón a los sindicatos el pasado abril porque Carrefour aumentó el número de domingos laborables sin haber consultado antes con el comité de empresa. Alcampo e Ikea perdieron los pleitos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Corte Inglés, por el contrario, ha ganado hasta ahora todas las demandas que le han puesto los sindicatos en la Audiencia Nacional por culpa del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

UGT y CCOO han presentado en la Audiencia Nacional una demanda de conflicto colectivo contra Fnac para impugnar la supresión del seguro médico y de las comisiones por venta que la cadena de tiendas está aplicando tras terminar sin acuerdo la preceptiva negociación con los sindicatos.

El pasado 25 de marzo se celebró la última reunión del periodo de consultas que el Estatuto de los Trabajadores obliga a empresa y comité a mantener si la primera quiere modificar las condiciones laborales de la plantilla. Fnac pretendía suprimir el seguro médico colectivo que hasta entonces pagaba a sus 2.000 empleados en España. También propuso eliminar una parte de las comisiones por ventas que éstos cobran y reducir al 50% los bonus de jefes y directivos. Los representantes sindicales se opusieron e incluso convocaron movilizaciones.

En su demanda, UGT y CCOO niegan que exista la causa económica alegada por la empresa para tomar ese paquete de medidas. Según destacan, Fnac justifica la necesidad de los recortes “basándose única y exclusivamente” en un informe encargado por la propia empresa a una consultora alemana, GFK, especializada en investigación de mercados. “Lo que no deja de ser una declaración de parte a petición de un cliente”, apuntan. Los sindicatos aseguran que el informe no informa de los criterios objetivos utilizados para calcular las pérdidas futuras, ni precisa si éstas serán transitorias o permanentes considerando las cuentas anuales, los datos del sector, la evolución del mercado o la posición en éste de la empresa. Ésas son las condiciones que la ley exige para fundamentar las causas económicas en caso de que éstas sean la previsión de pérdidas.

A partir del informe de GFK, Fnac explicó a los sindicatos que este año va a perder 4,3 millones de euros, debido a una caída de las ventas previstas del 5,2%, unos 19 millones de euros menos que el ejercicio precedente.

Por el contrario, resalta la demanda, en el informe de gestión de 2013 enviado a los socios, la cadena francesa se felicita por el “sesgo al alza de las previsiones de crecimiento de la economía española” que, según Fnac, crecerá un 0,9% este año, un 1,9% el próximo y, por tanto, animará el consumo de los hogares un 0,9% en 2014 y un 1,3% en 2015. “La empresa utiliza un doble lenguaje”, resumen UGT y CCOO.

También el director de Fnac en España, Marcos Ruão, en una entrevista concedida a la agencia Efe el pasado diciembre, alababa la “recuperación” española. “Lo estamos sintiendo día a día en el consumo”, aseguraba, para anunciar después la apertura de nuevas tiendas en una nuevo formato, entre 60 y 1.000 metros cuadrados. Es más, Ruão adelantaba entonces que la facturación de 2013 no iba a ser inferior a la de 2012, cuando ingresó 414 millones de euros en sus 25 tiendas. Fnac no ha tenido nunca pérdidas en España. Desde que comenzó la crisis, acumula más de 70 millones de euros de beneficios, según subrayan los sindicatos. En 2012 ganó cuatro millones de euros y repartió otros 12 millones en dividendos. Salió a Bolsa el pasado mes de junio.

Se negó a entregar documentación económica

La demanda aduce un segundo motivo de impugnación de las medidas: la empresa se negó a entregar la información desglosada de determinadas partidas económicas que le había solicitado el comité durante el periodo de consultas. Tampoco proporcionó a los sindicatos la información económica necesaria para hacer “un seguimiento real y efectivo” del acuerdo firmado hace un año, que permitió la retirada de un ERE temporal a cambio de medidas de flexibilidad interna. Ni les facilitó los datos económicos sobre la evolución de la empresa que el Estatuto de los Trabajadores obliga a entregar al comité –desde la cuenta de resultados hasta los nuevos contratos de trabajadores o los índices de absentismo, por ejemplo–. El comité denunció este hecho ante la Inspección de Trabajo el pasado 5 de diciembre.

UGT y CCOO también recuerdan el motivo que esgrimió en su momento Fnac para dejar de pagar el seguro médico a la plantilla. Y que no es otro quela obligación de cotizar a la Seguridad Social por este tipo de retribución de especie, impuesta por el Gobierno el pasado mes de diciembre.

Las empresas deben ahora cotizar un 30,9% por las retribuciones en especie. Los trabajadores, un 6,35%. Hasta 2013, la Fnac pagaba 26,17 euros por cada trabajador a Asisa, con la que tiene contratado el seguro médico. Ese año el abono se lo repartieron al 50% la empresa y el empleado, como resultado del acuerdo para evitar el ERE antes mencionado. En esta nueva negociación, la primera propuesta de la empresa consistía en dejar de pagar esos 26,17 euros y, si los empleados querían otro seguro, se lo sufragaran ellos. Según la demanda, el coste de la prima de un seguro similar en el mercado se eleva a 70 euros. En una segunda oferta durante el periodo de consultas, la empresa accedió a pagar el 50% del seguro, una medida ya firmada, aunque sólo durante un año, en el acuerdo de 2013.

Huelga en Barcelona

Tras los últimos recortes, el clima laboral en la cadena de tiendas está lejos de ser pacífico. El centro de El Triangle en Barcelona secundó ayer una huelga convocada por la CGT, que también pidió su apoyo a los escritores invitados a firmar libros en las casetas de Fnac en las Ramblas, con motivo del día de Sant Jordi. El representante de este sindicato en el comité de empresa, Ferran Moltó, aseguró a infoLibre que la huelga ha sido un éxito. “La tienda está vacía”, apuntó. También las casetas donde los escritores debían esperar a sus lectores. Fnac respondió que estaban convocados unos 80 autores, de los que más de 50 no acudieron, según CGT. La empresa rebaja la cifra a 36 y el seguimiento de la huelga, al 11%.

Almudena Grandes, Juan José Millás, Enrique Vila-Matas, Forges, Maxim Huerta, Fernando Ónega, Andreu Buenafuente o Cristo Meijide

son algunos de los escritores que se perdieron ayer la fiesta de Sant Jordi. La empresa culpó ayer en Twitter a la “actitud beligerante del piquete informativo” de la ausencia de los autores, a los que no se dejó ocupar su sitio en las casetas.

Desde que Fnac notificó a cada trabajador los recortes, el pasado 28 de marzo, sólo en el centro de El Triangle han rescindido su contrato 15 de sus 180 empleados. La reforma laboral permite a los trabajadores que se consideren perjudicados por el cambio de sus condiciones laborales rescindir el contrato a cambio de una indemnización de 20 días por año. Ferran Moltó precisa que se han ido un jefe de departamento, cinco mandos intermedios y nueve vendedores. El año pasado salieron de Fnac por idéntico motivo otros 90 trabajadores en toda España.

Y es que este último paquete de medidas se están aplicando sobre una plantilla “precarizada”, “asfixiada” por jornadas de trabajo “extenuantes” y muy desmotivada, según resaltan los sindicatos. En 2012 sufrió un lento goteo de 200 despidos. Este año ya se han comunicado casi una decena más. El 60% de los trabajadores tiene contratos a tiempo parcial, por lo que sus sueldos no superan los 500 euros al mes. Y estarán congelados hasta 2016. Desde el año pasado no cobran el plus de domingos y festivos, al igual que el resto del sector de los grandes almacenes; su jornada ha crecido 28 horas anuales. Sólo disfrutan de cinco fines de semana libres al año. Llegan a encadenar hasta 11 o días seguidos de trabajo. Además, reciben “presiones constantes y aterradoras” para atraer socios y que éstos suscriban nuevos productos, como seguros y tarjetas de crédito. Los sindicatos han denunciado a la empresa en la Inspección de Trabajo por despedir empleados mientras estaban de baja, por vulnerar el régimen de descansos e incluso por mobbing.

Ninguno de los 16 escritores que debía firmar libros entre las 11 y 12 horas en la Fnac El Triangle de Barcelona ha acudido a la cita.

Han evitado acudir en solidaridad con la huelga de 24 horas que ha convocado parte de la plantilla coincidiendo con la Diada de Sant Jordi.

Joan Roca, Almudena Grandes, Juan José Millás, Enrique Vila-Matas y Judit Mascó son algunos de los autores que han dejado vacía su silla, ante el nerviosismo de los fans, que exigen unas explicaciones a la organización que no encuentran.

Tampoco han acudido los que debían participar a partir de las 12 horas, entre los que destacan Forges, Maxim Huerta, Fernando Ónega, Patricia Pérez, Rocío Ramos, Romain Puértolas y Carla Montero.

Según han explicado a Europa Press fuentes del sindicato CGT, que ha convocado la huelga, otros autores han declinado firmar libros a lo largo de la jornada, entre los que destacan Andreu Buenafuente, Toni Albà, Jair Domínguez, Roc Casagran, Antonio Baños, Marta Pérez Sierra, Carmen Amoraga, Jaume Barberà y Eduard Voltas.

Mientras los lectores esperaban a que acudieran sus escritores favoritos, medio centenar de trabajadores protestaba ante las puertas de la Fnac El Triangle e informaba a los transeúntes de sus reivindicaciones.

Según han afirmado, el 60% de los trabajadores tiene contratos a tiempo parcial y cobra unos 500 euros al mes, "habiendo prácticamente eliminado la contratación a tiempo completo".

El sindicato ha criticado que los trabajadores sufren "un alto porcentaje de rotación de plantilla, estrés y una carga laboral desbordada, comportamientos abusivos, presiones constantes para alcanzar los objetivos comerciales, control, tutela y vigilancia constante y obsesiva de los movimientos de los trabajadores".

Seguimiento

Fnac España ha informado de que el centro Fnac El Triangle de Barcelona es el único en el que se celebra una huelga este miércoles, coincidiendo con Sant Jordi, y ha cifrado en un 11% el seguimiento, una cifra que el sindicato CGT, que ha convocado la protesta, ha elevado a "mucho más".

En declaraciones a Europa Press, fuentes del sindicato han afirmado que el seguimiento entre la plantilla ha sido "muy superior al esperado", y han celebrado que ningún escritor haya participado hasta el mediodía en la firma de libros organizada por la tienda.

La cadena ha lamentado este hecho: "La actitud beligerante del piquete informativo ha impedido el normal desarrollo de las firmas (...) Pedimos disculpas a autores, editores y clientes".

El decreto del Gobierno que obliga a las empresas a cotizar por las retribuciones en especie ya se ha cobrado su primera víctima. La cadena de tiendas Fnac quiere eliminar el seguro médico del que hasta ahora disfrutan sus 2.000 empleados en España. Alega que esta retribución en especie, –  también lo son los vales de comida o de guardería– le supone un coste laboral extra que no puede permitirse, según ha argumentado ante los sindicatos, porque este año prevé una fuerte bajada de las ventas que incluso puede poner en riesgo su viabilidad.

Las empresas deben ahora cotizar un 30,9% por este tipo de retribuciones adicionales. Los trabajadores, un 6,35%. Hasta 2013, la Fnac pagaba 27 euros por cada trabajador a Asisa, con la que tiene contratado el seguro médico. Ese año el abono se lo repartieron al 50% la empresa y el empleado. Y a partir de ahora Fnac quiere suprimirlo, además de dejar un año más sin comisiones por ventas a los trabajadores y sin el 50% de los bonus a los jefes y directivosbonus.

Los sindicatos UGT, CCOO y CGT ya han mostrado su rechazo y preparan movilizaciones: Fnac acumula más de 70 millones de euros de beneficios desde que comenzó la crisis. En 2012 ganó cuatro millones, “pero repartió 12 millones de euros más en dividendos entre sus accionistas”, apunta el presidente del comité intercentros, José Luis Solano.

Precisamente la salida a Bolsa de la cadena francesa, el pasado mes de junio, es uno de los motivos que esgrime la dirección española para justificar el aumento de la presión sobre los resultados. La mayoría de sus acciones, no obstante, continúan en manos del multimillonario francés François-Henri Pinault, uno de los 100 hombres más ricos del mundo, propietario de algunas de las principales marcas de lujo del mundo y marido de la actriz Salma Hayek.

Los nuevos recortes, que la empresa acaba de comenzar a negociar con el comité, se aplicarán además sobre una plantilla ya de por sí “precarizada”, “asfixiada” por jornadas de trabajo “extenuantes” y muy desmotivada, se quejan los sindicatos. En 2012 sufrieron un lento goteo de 200 despidos, la mayoría de ellos por bajo rendimiento. Es decir, la empresa los presentó como despidos disciplinarios, por lo que el trabajador no tiene derecho a indemnización alguna. Este año ha vuelto el hacha: desde enero ya son nueve las extinciones de contrato ejecutadas.

Fnac ha incumplido así el compromiso de mantener el empleo que firmó con los sindicatos hace exactamente un año. Tras anunciar un ERE temporal y una bajada salarial del 15%, que la plantilla contestó con una huelga, ambas partes alcanzaron un acuerdo que anuló la amenaza del ERE e incluyó el copago del 50% del seguro médico por parte de los trabajadores así como las rebajas en las comisiones y bonus antes citados.

Más trabajadores a tiempo parcial que a tiempo completo

El nuevo anuncio de recortes sobreviene justo cuando el comité acababa de plantear a la empresa la recuperación de los beneficios sacrificados en el acuerdo de 2013, además de reclamar las mejoras necesarias para disfrutar “unas condiciones de trabajo y salario dignas”.

Un empleado a tiempo completo de Fnac cobra en España unos 900 euros; si su jornada es a tiempo parcial, 500 euros, explica José Luis Solano. El 60% de la plantilla tiene ya este tipo de jornada. “En Fnac el trabajo a tiempo parcial llegó más tarde que en el resto del sector, pero cada vez se extiende más”, explica Ángeles Rodríguez, responsable de Negociación Colectiva de la Federación de Comercio de CCOO. “El tiempo completo en los grandes almacenes”, vaticina, “se va a extinguir como los dinosaurios”.

Y aunque el 70% de la plantilla en la cadena francesa tiene un contrato indefinido, cada vez es mayor el recurso al contrato temporal. Normalmente de tres o seis meses, precisa el representante de CGT en el comité, Ferrán Moltó, que se van encadenando hasta el máximo legal de dos años. De hecho, la rotación en una plantilla como la de la Fnac llegó a ser del 80% en 2009, y sólo la crisis ha detenido su avance.

Sin domingos ni días libres

No es de extrañar en una plantilla muy joven. Y no sólo por los bajos salarios que, además, están congelados hasta 2016. Fue lo que impuso el polémico convenio colectivo del sector de grandes almacenes firmado el año pasado por dos sindicatos, Fetico y Fasga, que el resto de los de clase tachan de amarillos y casi no cuentan con representación en Fnac. Ese convenio también eliminó el pago adicional por trabajar los domingos y festivos y aumentó la jornada anual en 28 horas. Sólo por esos domingos que han dejado de cobrar como tales un empleado de la tienda madrileña de Callao –que abre todos los días del año– pierde unos 1.200 euros al año, calcula José Luis Solano.

Los trabajadores de la cadena de tiendas únicamente disfrutan de cinco fines de semana libres al año. Piden que se les conceda librar uno al mes. Y que no se superen los seis días seguidos sin descansar otro. La ley permite trabajar un máximo de 14 días sin librar. En Fnac, asegura Ángeles Rodríguez, se suelen encadenar hasta 11 o 12 días de trabajo. A veces, con jornadas diarias de nueve horas, si bien limitadas a un máximo de 50 días al año. El comité también quiere que se supriman, además de que se conceda a quienes trabajan menos de seis horas un descanso de 15 minutos.

Con este conjunto de condiciones laborales y una carga de trabajo inasumible para una plantilla insuficiente, la Inspección de Trabajo ha recibido un goteo incesante de denuncias, apuntan los sindicatos. Despido de trabajadores mientras estaban de baja, vulneración del régimen de descansos, mobbing… son algunas de ellas, que han terminado en requerimientos e incluso actas de infracción. También han denunciado las presiones “constantes y aterradoras” que en los últimos tiempos reciben los empleados para conseguir socios y que éstos suscriban seguros y tarjetas de crédito. Los casos de depresión, estrés y ansiedad están al orden del día, revela Ferrán Moltó. Todo ello, continúa, sumado a la penúltima rebaja de condiciones laborales y salariales provocaron la salida voluntaria de entre 80 y 90 trabajadores el año pasado. La reforma laboral permite a los empleados que no acepten las modificaciones de salario o jornada decididas por la empresa rescindir su contrato a cambio de una indemnización de 20 días por año trabajado.

Ruão promete inversiones

En una entrevista concedida a la agencia Efe el pasado diciembre, el director de Fnac para España, Marcos Ruão, aseguraba que España es, por detrás de Francia, el segundo país para la cadena de tiendas culturales, por tanto también “uno de los principales ejes de inversión del grupo”. “Queremos seguir creciendo en el país porque creemos que se está recuperando”, destacaba, “lo estamos sintiendo día a día en el consumo”. Así, anunciaba que la empresa no sólo va a seguir creciendo “en el gran formato”, sino que además tiene previsto abrir tiendas más pequeñas, de 60 a 1.000 metros cuadrados.

Sin embargo, Fnac, que no ha querido comentar con infoLibre ningún asunto relacionado con la negociación laboral en curso, ha presentado al comité de empresa un panorama muy distinto. Niega que vaya a abrir nuevas tiendas de momento y culpa a la piratería, el IVA y la crisis de la bajada en las ventas que prevé para este año, contradiciendo ese repunte del consumo del que hablaba su director general. José Luis Solano duda de las intenciones de la empresa.

“Mienten”, zanja, “unos productos generan más margen que otros y Fnac ha sabido adaptarse muy bien a la crisis, aumentado los servicios a los socios, por ejemplo”. En esa misma entrevista, Ruão aventuró que la facturación en 2013 no va a ser inferior a la de 2012, cuando ingresó 414 millones de euros en sus 25 tiendas españolas. A la vista de esas declaraciones públicas y de la recuperación a la que apuntan las previsiones del Gobierno y de los organismos internacionales, los “trabajadores especialistas” de Fnac –como le gusta presentarlos a la empresa, grandes conocedores de los productos culturales que venden–, se dicen “indignados” por el “desprecio” de la cadena hacia su trabajo y le piden “una economía del bien común”: que el salario anual más elevado no supere el salario mínimo dentro de la empresa en más de 10 veces.

Porque cambia el mercado y hacen falta más trabajadores para satisfacer el aumento de la demanda. Citroën e Iveco dieron marcha atrás en sus respectivos expedientes de regulación temporal de empleo tras crecer la carga de trabajo. El del automóvil es un sector expuesto a fuertes subidas y bajadas de demanda, a las que las empresas intentan ajustar su producción con reducciones de jornada o suspensiones de contrato.

En otros casos, la negociación con los sindicatos consigue sustituir los despidos por medidas alternativas, la llamada “flexibilidad interna” y otras de reducción de costes. Ocurrió en el Banco Sabadell, que accedió a suspender las aportaciones al fondo de pensiones de la plantilla durante dos años, abrir un plan de excedencias voluntarias y reducir en tres días las vacaciones anuales, en lugar de suspender los contratos durante seis meses a 1.420 trabajadores. Es decir, pretendían mandarlos al paro la mitad del año. Según aseguró entonces UGT, la medida era “innecesaria, injustificada y discriminatoria”.

Otro tanto ocurrió con Ombuds, una de las empresas que presta el servicio de seguridad en el Metro de Madrid. Quería despedir a 151 trabajadores tras reducir Metro el número de horas de servicio en el pliego de contratación con la empresa. La plantilla convocó paros en Nochevieja y Año Nuevo, que no llegó a ejecutar tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos: bastó cambiar los despidos por traslados voluntarios y bajas incentivadas.

El ultimátum de Sniace

En la química Sniace la negociación está siendo mucho más complicada. La empresa cántabra anuló el pasado julio el despido de 364 trabajadores y lo sustituyó por una suspensión temporal de contratos durante dos meses para toda la plantilla, 581 empleados. Sin embargo, un mes después, la empresa presentó otro ERE, esta vez para despedir a todos los trabajadores, a modo de ultimátum a la Administración. Incluso lo calificó de “preventivo”: anunció unas pérdidas de 41,1 millones en el primer semestre y prometió ejecutar los despidos si los gobiernos central y autonómico no atendían a una serie de “compromisos” antes de que terminara septiembre: la reducción del céntimo verde –impuesto sobre la producción de gas natural–, la modificación de los parámetros de inmisión de disulfuro de carbono, la inclusión de las turbinas de gas en el régimen económico especial a precio de tarifa y la adecuación del canon de saneamiento.

Finalmente, despidió a 533 personas y entró en concurso de acreedores en octubre. Desde entonces la plantilla no ha dejado de movilizarse, en busca de un plan que salve la fábrica de Torrelavega. Mientras, la empresa ha utilizado uno de los recursos que le ofrece la reforma laboral para pedir a la Audiencia Nacional que ratifique que el ERE se hizo conforme a la ley. Esa demanda ha paralizado, a su vez, las individuales que han presentado los trabajadores despedidos.

“Las empresas comienzan con planteamientos de máximos porque, tras la reforma laboral, tienen que justificar muy poco”, asegura Julián Iglesias, de la Secretaría de Empleo de CCOO. De hecho, cree que, tal y como está diseñado ahora el procedimiento para el despido colectivo –sin necesidad de autorización administrativa– se ha “vaciado de contenido la negociación”, toda vez que el empresario despedirá tanto si llega a un acuerdo con el comité como si no.

Aun así, José Antonio Gracia, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT, apunta que negociar proporciona “estabilidad” a la empresa, le evita una muy indeseable conflictividad permanente. Porque en su sector, el de servicios como las concesiones de limpieza o seguridad privada, los sindicatos juegan con la “ventaja” de la presión que ejercen sobre las empresas sus clientes. Es lo que ocurrió con la limpieza viaria y el Ayuntamiento de Madrid. Además, en ese caso contaban con “capacidad sindical para plantear alternativas en la mesa” y capacidad para movilizar a las plantillas. Algo que no ocurre en las pequeñas y medianas empresas, que suman el 90% de las españolas.

El miedo en el cuerpo

En cualquier caso, Gracia recalca que muchas empresas utilizan la “amenaza” del ERE como estrategia. No sólo para conseguir rebajas en las condiciones laborales y salariales de las plantillas, sino incluso para presionar en la negociación de los convenios colectivos. Así ocurrió en el sector de la seguridad privada, precisa.

“Lanzan el órdago de los despidos, te meten el miedo en el cuerpo y piden cosas que sólo son posibles ahora con la reforma laboral”, explica el dirigente de UGT. “Somos conscientes de las dificultades que tiene el sector, con la morosidad de las administraciones públicas y la competencia desleal”, añade, “pero no podemos permitir que las empresas repercutan el impacto sólo sobre las espaldas de los trabajadores”. No se puede bajar el salario de trabajadores que cobran menos de 1.000 euros, recalca.

Para Julián Iglesias, buena parte de la decisión de despedir se debe a la “visión cortoplacista” de los empresarios, que gracias a la reforma laboral se encuentran, además, con “un campo perfectamente abonado” para "descargarse de mano de obra estable". “Si en la negociación se pueden cambiar despidos por otras medidas, es que el planteamiento de la empresa era un farol, no se correspondía con la realidad”, desvela José Antonio Gracia.

La huelga como arma

En la mayoría de los ERE retirados por las empresas, ha mediado una huelga o al menos su convocatoria. Fue el caso de la FNAC el pasado mes de marzo o de la celulosa Ence, que anunció 144 despidos pese a acreditar unos beneficios de 43 millones de euros. Seis días de huelga dieron al traste también con el ERE que las concesionarias del alumbrado público de Madrid presentaron para 720 trabajadores. Como ocurrió con la limpieza viaria, la medida siguió a la rebaja de 40 millones de euros en el contrato municipal del servicio. En Caja 3 –resultado de la fusión de Caja Inmaculada, Caja Círculo y Caja Badajoz– fueron los paros parciales convocados por los sindicatos los que consiguieron revocar el ERE para 592 trabajadores.

Huelga indefinida convocaron igualmente los trabajadores de la farmacéutica vasca Vascofar y huelga convocaron los de Abante, una empresa de telemarketing de A Coruña. Los despidos fueron retirados.

No obstante, ambos sindicatos se muestran muy cautelosos sobre el uso de esa “herramienta”, la “última” a la que recurren. “Tiene mucho desgaste para todos”, argumenta José Antonio Gracia, “para los trabajadores, porque pierden salarios y perjudica las relaciones, y para la empresa, la conflictividad le hace daño”. Tampoco es un recurso que se pueda utilizar igual en las grandes que en las pequeñas empresas, apunta Julián Iglesias. A su juicio, son los jueces quienes se han convertido en el “último dique” frente a la pérdida de derechos laborales. Gracia no lo tiene tan claro, dado que la ley ha “fortalecido” la capacidad de decisión del empresario y “ata de manos” a la justicia.

Para comprobar el éxito del pulso que mantienen los trabajadores de la factoría de Panrico en Barcelona, después de tres meses de huelga contra un ERE con 154 despidos, habrá que esperar aún. También el de los 207 empleados de los servicios de lavandería de los hospitales públicos de Madrid, que llevan desde el pasado 6 de diciembre en huelga contra la rebaja del 40% que la nueva concesionaria quiere aplicarles a sus sueldos. Protestan porque se los quieren dejar en 640 euros brutos al mes.

La crisis económica, los nuevos modelos de gestión y la reforma del mercado de trabajo se han convertido en una mezcla letal para los estándares laborales que hasta ahora se consideraban propios de un país de la Europa rica.

Ya no son sólo las bajadas salariales para asegurar la competitividad exterior de la economía o la supervivencia de empresas en situación crítica. Ni siquiera, aunque también, el aumento de las jornadas laborales. “Hay que trabajar más y cobrar menos para salir de la crisis”, conminó en su día el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en prisión provisional desde el pasado diciembre por la operación Crucero. “El Estatuto de los Trabajadores se hizo pensando que los viajes se hacen en diligencia, pues se dan cuatro días para un permiso por defunción”, protestó hace mucho menos el responsable de Relaciones Laborales de la patronal, José de la Cavada. La conciliación familiar con el trabajo, etiqueta tan en boga en los años del apogeo, va a declinar en un concepto obsoleto. En general, lo que antes se consideraban derechos, y como tales se consagraban, además de en las leyes, en los convenios colectivos, ahora han devenido casi en privilegios o anacronismos que deben desaparecer en beneficio de la eficiencia y la recuperación económicas.

Así que la precariedad de los trabajos y sectores con menor protección se está contagiando a niveles superiores de la escala laboral. El low cost, ese nuevo concepto empresarial que, al igual que el outlet, se confirma como el paradigma de la economía en recesión, ya es también un concepto laboral. La clase media de los trabajadores se ve empujada cada vez más a rozar condiciones propias de otros tiempos, otras profesiones menos cualificadas, otros países.

Azafatas que se pagan el uniforme

Cuando Iberia Express, la división de bajo coste de la aerolínea de bandera española, empezó a volar, hace año y medio, las azafatas tenían que sufragar de su propio bolsillo el abrigo, los zapatos, la maleta e incluso el chaleco de seguridad que exige Aviación Civil. Ahora la empresa dice que sólo pagan los zapatos y la maleta. Pocas profesiones tenían hace años el glamour y las condiciones del sector aéreo. Hoy hay segundos pilotos por 50.000 euros brutos al año y azafatas con sueldos de 12.000. En las aerolíneas de bandera, esos salarios se triplican. En Vueling, el sueldo base de un tripulante de cabina es sólo de 400 euros. Las mujeres cuyos uniformes diseñaron en su día Christian Lacroix, Pertegaz o Elio Berhanyer ahora tienen que limpiar ellas mismas las cabinas. “En paradas de 35 minutos no da tiempo a que lo haga un equipo de limpieza”, explica CCOO.

Claro que en Ryanair, que contrata desde Irlanda, ni siquiera cuentan con sueldo base, el uniforme se lo pagan ellas de arriba abajo y están sometidas al despido libre que se permite en la isla. Como no están dadas de alta en la Seguridad Social española, CCOO asegura que algunas han tenido problemas cuando han necesitado cogerse una baja por enfermedad. En Iberia Express, además, si se marchan antes de completar sus seis meses de contrato, deben abonar a la empresa 3.000 euros, para “compensar proporcionalmente por los meses que han dejado de trabajar para la compañía por la inversión que esta realizó en su formación”, explica la aerolínea.

Ciertamente, estos pactos de permanencia son habituales con los pilotos, por ejemplo, cuyos cursos de habilitación incluyen prácticas en costosos simuladores de vuelo. Sin embargo, el curso que reciben las azafatas de Iberia Express dura sólo cinco días y se reduce a poco menos que la entrega de un CD, según ha relatado una de ellas a infoLibre.

'Alquiler del sillón' en las peluquerías

En el caso de cadenas de peluquería como Marco Aldany, las trabajadoras –la mayoría son mujeres– deben aportar de su bolsillo peines y cepillos. Una práctica común en instrumentos más personales y caros como tijeras y navajas se ha extendido al resto del instrumental. La mayoría de estas cadenas funciona en régimen de franquicia y se han introducido en un sector tradicionalmente integrado por microempresas.

En las primeras, muchas de las peluqueras trabajan con contratos a tiempo parcial, otras ni siquiera están en plantilla: son autónomas. Aunque en España no está tan extendido como, por ejemplo, en Italia lo que se denomina “alquiler del sillón”, explica Jesús Martínez Dorado, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios Privados de CCOO. La cadena pone la marca y los productos cosméticos, pero no sólo el sillón, sino también cualquier otro servicio de belleza adicional corre a cargo de una profesional sin relación laboral con la empresa. En cualquier caso, y atendiendo a sus convenios sectoriales, una peluquera asalariada no cobra más de 10.000 euros brutos al año a jornada completa, asegura Martínez Dorado.

Además, la apertura de establecimientos por iniciativa de inmigrantes chinos o dominicanos, que no respetan ni los sueldos ni los horarios de los convenios, y la introducción de otros en centros comerciales, que funcionan todos los días del año, suponen una dura competencia por la que es fácil dejarse arrastrar. Ahora es posible peinarse, teñirse o hacerse la manicura a las 11 de la noche de un sábado en cualquier peluquería céntrica, o a las 10 de un domingo en una gran superficie.

Grandes almacenes en precario

Ni siquiera una empresa líder como El Corte Inglés se salva de los vientos de cicatería laboral. El convenio sectorial recién firmado por los sindicatos Fetico y Fasga ha dejado a los 100.000 empleados de la hasta hace poco primera empresa de distribución española sin cobrar el plus por trabajar domingos y festivos, ha aumentado en 28 horas su jornada anual y congelado los sueldos hasta 2016. Ya antes les habían rebajado las comisiones por ventas. Su calendario de trabajo ha pasado de anual a trimestral; es decir, se les puede cambiar el horario cada tres meses. Y el personal de base estará hasta cinco años cobrando el salario inicial de 13.000 euros brutos. Antes promocionaba a partir del primer año.

Así que más de 1.000 trabajadores, revela UGT, han preferido abandonar la empresa antes que aceptar las nuevas condiciones laborales, acogiéndose a la posibilidad que les brinda el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores –20 días de indemnización por año trabajado–. “Es un ERE barato y encubierto”, denuncia el sindicato.

El nuevo convenio afecta también a grandes cadenas como Carrefour, Alcampo, Fnac o Ikea. “Se están aplicando medidas diseñadas para empresas en crisis a empresas que no lo están”, resalta Javier Jiménez, del gabinete jurídico de UGT. Aunque afectados por la caída del consumo, El Corte Inglés ganó 210 millones de euros en 2011 –las cifras de 2012 se conocerán a finales de este mes–, y el resto de las multinacionales citadas siguen en beneficios. Pero prefieren curarse en salud. El Corte Inglés, por ejemplo, lleva años sin contratar personal. Hasta el punto de que en Navidad moviliza al personal de las oficinas de la calle de Hermosilla, la sede de la empresa, para atender a los clientes en los centros repartidos por Madrid, desvela el sindicato UGT. En otras compañías, el rey es el contrato a tiempo parcial, que se ha convertido en la modalidad con la que trabajan más de la mitad de los 230.000 empleados del sector. Incluso en algunas cadenas, como Toys R Us, toda la plantilla tiene este tipo de jornada.

Becarios extranjeros explotados

En Baleares, la hostelería ha descubierto las ventajas de la contratación en origen. El año pasado, 15 jóvenes de República Checa, Hungría, Bulgaria y Rumanía contaron a la Inspección de Trabajo que habían sido contratados a través de una agencia de Praga para hacer prácticas en un hotel de Mallorca. Pero la experiencia quedó muy lejos de las que acompañan a los chicos Erasmus. En lugar de los 1.200 euros prometidos por 40 horas semanales, lo que dicta el convenio, cobraban 400 a cambio de trabajar 54 horas. “Traen a estudiantes europeos de Dirección de Hoteles y los tienen aquí todo el verano en el comedor quitando mesas”, denuncia el secretario general de la Federación de Hostelería de CCOO, Ginés Díez. El sindicato acaba de denunciar en la Inspección de Trabajo a un hotel que tenía 36 becarios de varias nacionalidades y sólo 22 trabajadores de plantilla.

El año pasado, el grupo Barceló fue denunciado ante la Inspección por emplear como becarios a rumanos sin permiso de trabajo. Esta temporada, explica Antonio Copete, responsable de la Federación de Hostelería de UGT, son las cadenas medianas de hoteles las que continúan sustituyendo empleados españoles por becarios extranjeros. A algunos de ellos, asegura, les cobran la comida, pese a que el convenio del sector obliga al empresario a proporcionársela gratis.

Igualmente ocurre que las camareras que limpian las habitaciones ya no pertenezcan a la plantilla del hotel. Lo mismo está empezando a pasar, alertan CCOO y UGT, incluso con los recepcionistas o los cocineros. Tras despedir a los trabajadores que se encargaban de esas tareas, el hotel contrata a una empresa de servicios de limpieza, por ejemplo, cuyo convenio fija salarios hasta un 20% más bajos que los de hostelería. “Bordea la cesión ilegal de trabajadores”, denuncia César Galiano, del gabinete jurídico de UGT.

Un empaste, 24 euros

Tampoco los dentistas son ya lo que eran. El aumento del número de licenciados y la irrupción de las cadenas de franquicias han cambiado el paisaje de una profesión antaño de prestigio y elevadas remuneraciones. “En España hay 30.000 dentistas, uno por cada 1.400 habitantes, cuando la OMS sitúa en uno por cada 3.500 la cifra óptima”, explica Alfonso Villavigil, presidente del Consejo General de Colegios de Odontólogos de España. Además, del ejercicio liberal se ha pasado al asalariado. O incluso al llamado falso autónomo. En 2010 el Tribunal Supremo condenó a Vitaldent por mantener con contratos de arrendamiento de servicios a dos dentistas, cuando su relación con la empresa era estrictamente laboral.

En las cadenas, asegura Villavigil, los odontólogos cobran un 12,5% de los ingresos netos que generan. “Y un empaste sale a 24 euros”, añade, “por lo que para cobrar 10 euros tendrían que hacer tres en una hora”. Así que sospecha que muchas veces estas cadenas terminan dando tratamientos innecesarios para hinchar presupuestos, al tiempo que se resiente la calidad de las prestaciones. “Cuando empecé, hace casi 30 años, teníamos una lista de espera de pacientes de hasta dos meses”, recuerda el presidente de los dentistas españoles, “ahora estamos satisfechos si llegamos a la semana”.