La Corte Penal Internacional (CPI) confirmó este viernes la decisión que rechaza la solicitud de libertad provisional presentada por Rodrigo Roa Duterte, expresidente de Filipinas, quien permanecerá bajo custodia del tribunal mientras continúa el proceso por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su “guerra contra las drogas”.

La Sala de Apelaciones concluyó que los abogados del exmandatario no lograron demostrar errores en la valoración previa del tribunal, que había determinado que su detención seguía siendo necesaria al persistir riesgos procesales como la fuga, la obstrucción del proceso o la posible reiteración delictiva.

La decisión, leída por la jueza presidenta de Apelaciones, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, también rechazó que las garantías propuestas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte fuesen suficientes para mitigar esos riesgos, así como los argumentos de carácter humanitario vinculados a su estado de salud.

El tribunal desestimó así los tres motivos de apelación planteados por la defensa y confirmó de manera unánime la resolución de la Sala de Cuestiones Preliminares de finales de septiembre, por lo que Duterte continuará bajo custodia en el Centro de Detención de la CPI en La Haya.

La defensa había recurrido la decisión alegando tres errores: que el tribunal había evaluado de forma incorrecta los riesgos; que había descartado de manera indebida las garantías ofrecidas por un Estado dispuesto a recibir a Duterte bajo supervisión mientras continúa el proceso; y que no había valorado adecuadamente los argumentos humanitarios vinculados a la salud del exmandatario.

La defensa sostiene que Duterte, de 80 años, sufre problemas de salud y que su estado físico se habría deteriorado desde su arresto.

El exmandatario renunció a su derecho a estar presente en la lectura del fallo, por lo que no se le ha visto desde que compareció por videoconferencia por primera vez ante la CPI el pasado marzo para confirmar su identidad.

En una primera reacción, su abogado, Nicholas Kaufman, aseguró a los periodistas en La Haya que la defensa “espera los resultados de la evaluación médica del expresidente, prevista para el mes que viene, y volverá a presentar su solicitud para liberar a un hombre de 80 años que, debido a sus condiciones médicas debilitantes, es incapaz de fugarse o de constituir, como se alega, una amenaza para los testigos”.

Duterte fue detenido en marzo en Manila tras la emisión de una orden de arresto por parte de la CPI, clasificada inicialmente como secreta y hecha pública días después, y fue trasladado posteriormente a La Haya.

Está acusado de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, presuntamente cometidos entre noviembre de 2011 y marzo de 2019, tanto durante su etapa como alcalde de Davao como durante su presidencia de Filipinas.

La audiencia de confirmación de cargos, inicialmente prevista para septiembre, fue aplazada y aún no tiene nueva fecha.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya habla abiertamente de genocidio cuando se refiere a las atrocidades cometidas por el Ejército de Israel en Gaza, donde ha causado 65.000 muertos, de los cuales el 75% son mujeres y niños, según las cifras oficiales detalladas este lunes por la relatora especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, la italiana Francesca Albanese. También desde Naciones Unidas, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados, anunció este martes que el objetivo de la ofensiva en el enclave es "destruir a los palestinos de Gaza como grupo". Es decir, que se da la intencionalidad de exterminio necesaria para entender que ese delito, el de genocidio, el más grave de todos los crímenes contra la humanidad, se está efectivamente cometiendo.

Pese a las advertencias del personal sobre el terreno de la ONU, las de la relatora especial y las apreciaciones de la Comisión Internacional de Investigación (presidida por la juez sudafricana y expresidenta del Tribunal Penal Internacional que investigó y juzgó el genocidio de Ruanda), las acusaciones de genocidio contra Israel no terminan de arrancar en Occidente. La Unión Europea ha anunciado su intención de suspender su pacto comercial con el Gobierno de Benjamin Netanyahu y establecer sanciones para sus ministros más extremistas, como los ultranacionalistas Bezalel Smotrich o Itamar Ben Gvir, pero, hasta el momento, se niega a apreciar ese crimen internacional. Los recelos de Alemania por la culpa política del Holocausto y el rechazo de la derecha europea, más alineada con Israel, lo ponen muy difícil.

Sin embargo, Alemania y otros países europeos, junto a Canadá, sí han mostrado cierto consenso en los últimos años sobre lo que es o no un genocidio. Lo hicieron en el caso por ese delito que se sigue contra Myanmar (la antigua Birmania) en el Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas por el genocidio de la minoría musulmana de los rohingyas. A la causa, abierta tras la denuncia del Gobierno de Gambia, se unieron en noviembre de 2023 –cuando las operaciones militares de Israel en Gaza ya habían comenzado– los de Francia, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Reino Unido y Canadá. Junto a esos seis países, que actuaron conjuntamente, otros dos Estados europeos, Irlanda y Eslovenia, se han personado en el proceso este año. Sus alegaciones muestran el doble rasero de esos países, que sí ven en el sudeste asiático el crimen internacional que, por el momento, no aprecian en Gaza.

La definición de genocidio que contiene el Convenio de Naciones Unidas para su prevención y sanción, aprobado en 1948, y al que España se adhirió en 1969, define ese delito en su artículo 2 como un catálogo de actos "perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

Y entre las conductas a través de las que se puede consumar se encuentran la "matanza de miembros del grupo", la "lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo", el "sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial", las "medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo" o el "traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".

El elemento fundamental para que exista este crimen atroz es que los que lo perpetren tengan intención genocida, es decir, que los actos que se cometan tengan como finalidad acabar total o parcialmente con el grupo nacional, étnico o religioso del que se trate. Se trata del elemento más difícil de probar, porque los Gobiernos y los ejércitos no suelen documentar sus pretensiones de exterminar un pueblo o una raza. Así que, esa intención, como han remarcado varios tribunales internacionales (Ruanda, Yugoslavia), debe probarse mediante evidencias indirectas que permitan deducirla de ciertos tipos de conducta, según estableció el tribunal de La Haya en el caso Croacia contra Serbia, por el conflicto yugoslavo.

Este lunes, la relatora especial Albanese aseguró en Ginebra (Suiza) que, con su acción militar, que estos días culmina con la invasión de la Franja, Israel busca "convertir Gaza en un lugar inhabitable". La Comisión de Investigación de la ONU, por su parte, habló de "crimen de exterminio". "La intención genocida era la única conclusión razonable que se podía extraer de la totalidad de las pruebas", afirmó ese grupo en su informe de 72 páginas, que concluye que Israel ha provocado todo el repertorio de acciones genocidas que recoge la definición de ese delito internacional salvo el traslado forzoso de niños.

Los siete países occidentales que sí han actuado contra el Gobierno de Myanmar, pero aún no lo han hecho contra Israel, sostuvieron en 2023 que el número de muertos causados por los presuntos autores no prueba por sí mismo esa intención genocida, aunque "la escala y la naturaleza de las atrocidades" pueden ser indicadores de que existe.

En sus alegaciones recuerdan que el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia estableció que debe tenerse en cuenta "el contexto general, las acciones dolosas dirigidas contra el mismo grupo, la escala de las atrocidades cometidas, el señalamiento sistemático de víctimas por su pertenencia al grupo o la repetición de acciones destructivas y discriminatorias contra sus miembros".

Los seis Estados europeos y Canadá recuerdan que la Corte ha valorado como factores para detectar esa intencionalidad, "el número de personas gravemente heridas o muertas, el número de agresores involucrados, el número de acciones prohibidas en estrecha proximidad geográfica y temporal y la intensidad del ataque y su naturaleza sistémica y discriminatoria".

Las conclusiones de la Comisión de la ONU recogen un amplio catálogo de indicios que apuntarían en esa dirección en Gaza. Como el asesinato y las lesiones graves a un número sin precedentes de personas mediante el bombardeo de zonas urbanas con una extraordinaria densidad de población. O el bloqueo que ha provocado una situación de hambre generalizada y enorme carestía entre la población gazatí. El informe también se refiere a la destrucción sistemática de hospitales y del sistema educativo, y cita también los ataques contra lugares religiosos. Incluso se refiere a la existencia de violencia sexual y de género.

Pruebas de ese ánimo genocida son también, según los investigadores, las declaraciones del presidente de Israel, Isaac Herzog; del primer ministro Netanyahu o del exministro de Defensa Yoav Gallant. Herzog responsabilizó a la totalidad de la población de Gaza, incluida la población civil, de los atentados de Hamás que dieron inicio a la invasión de la Franja. Netanyahu invocó pasajes bíblicos (el mito de Amalek) para llamar al exterminio de los palestinos, mientras que Gallant los deshumanizó refiriéndose a ellos como "animales humanos" y amenazó con "eliminarlo todo". "Los líderes políticos y militares israelíes son agentes del Estado de Israel. Sus actos son atribuibles al Estado de Israel. Por tanto, Israel como Estado es responsable de la comisión del genocidio, de no haberlo impedido y de no haberlo castigado", sostienen los miembros de la Comisión.

Otro de los elementos que podrían probar la existencia de ese ánimo de exterminio son los ataques a menores de edad, según sostuvieron los siete gobiernos occidentales en La Haya en 2023. "La prueba de que los niños han sido atacados a una escala significativa podría excluir que los ataques al grupo protegido se debieran a otras razones, como por ejemplo que sus miembros representen una amenaza o un riesgo para la seguridad", sostiene el escrito.

"Los niños son esenciales para la supervivencia de cualquier grupo, ya que la destrucción física del grupo está asegurada cuando no puede reproducirse", añade. "Dada la importancia de los niños para la supervivencia de cualquier colectivo, del daño a los niños se puede inferir que los presuntos autores tenían la intención de destruir una parte sustancial del grupo protegido", sostienen las alegaciones conjuntas en la causa de los rohingyas.

El Tribunal que juzgó el genocidio de Ruanda estableció que "el hecho de que los niños recién nacidos no fueran eximidos" de las matanzas demostró la intención genocida de los condenados por esos crímenes.

Las cifras oficiales de la masacre de Israel en Gaza sitúan en 65.000 el número de palestinos asesinados, de los que tres cuartas partes serían mujeres o niños. Pero Albanese relató este lunes que algunos expertos elevan esa cifra a 680.000, de los que aproximadamente 380.000 serían niños menores de cinco años, aunque advirtió de la dificultad para verificar los datos. El informe de la Comisión de Investigación habla de "ataques directos contra niños" que se producen en zonas de distribución de ayuda humanitaria, en campos de refugiados o mientras la población desaloja las zonas atacadas. Los expertos recuerdan que 685.000 niños gazatíes llevan más de 20 meses sin acceso a la educación y hasta el 25 de febrero de este año, 403 de los 564 centros educativos de la Franja habían sido bombardeados o sufrieron daños.

"Existe un claro patrón de conducta desde el 7 de octubre de 2023 en el que las fuerzas de seguridad israelí toman a niños como objetivo en diferentes circunstancias con la intención de matarlos", sostiene el informe. "Ninguno de los niños de los casos investigados suponía una amenaza para las fuerzas de seguridad". "Los ataques generalizados y deliberados contra niños palestinos demuestran que las operaciones militares no se llevaron a cabo únicamente para derrotar a Hamás y otros grupos armados palestinos, ni pueden contribuir legítimamente a los otros objetivos declarados de defender el Estado de Israel y asegurar la liberación de los rehenes israelíes", dicen los expertos de la ONU. "Los ataques directos e intencionales contra niños palestinos tenían como objetivo destruir físicamente al grupo eliminando no solo a los niños de hoy, sino también la posibilidad de que tuvieran hijos en el futuro", concluye.

Los desplazamientos forzosos constituyen otro de los elementos que podrían demostrar el ánimo de cometer genocidio. "El desplazamiento forzoso puede ser una prueba de la intención [genocida] incluso en casos en que los miembros del grupo afectados no hayan sido transferidos a un lugar donde estén sujetos a condiciones que conduzcan a su muerte o destrucción", sostiene el escrito conjunto de los siete países en La Haya sobre el genocidio en Myanmar. El informe cita el caso de Bosnia contra Serbia para recordar que "los actos de limpieza étnica (...) pueden ser significativos de la existencia del objetivo [de acabar con el grupo protegido]". Por último, asegura que "una operación militar violenta que desencadena el desplazamiento forzado (...) puede contribuir a probar la intención específica de destruir al grupo protegido, independientemente de si los actos que desencadenan el desplazamiento forzado caen dentro de una de las cinco categorías de actos subyacentes de genocidio".

La Comisión de Investigación de la ONU señala en su informe de este martes sobre Gaza que "las operaciones militares israelíes en Gaza han provocado el desplazamiento de 1,9 millones de gazatíes entre el inicio de la contienda y el pasado 25 de junio". Esos desplazamientos han condenado a más de 762.000 personas "a afrontar condiciones de vida desesperadas e inhumanas". "Más de 2 millones de personas han sido confinadas en un territorio de menos de 45 kilómetros cuadrados, el tamaño de la Ciudad de Gaza, mientras que el 88% del territorio [de la Franja] se encuentra ahora dentro de zonas militarizadas por Israel o con órdenes vigentes de desplazamiento", señalan los expertos.

El resultado, dice el informe, es la extensión entre gran parte de la población, "especialmente entre los niños, de enfermedades de la piel, infecciones y diarrea crónica". Entre las detectadas por la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), se encuentran infecciones respiratorias agudas, meningitis, ictericia, impétigo y varicela. Los desplazamientos masivos han provocado que en Gaza haya de media un inodoro por cada 700 niños, con la consiguiente falta de higiene que ha provocado que al menos 100.000 hayan sufrido diarrea, algo que sumado a la desnutrición ha provocado un aumento de la mortalidad.

Los desplazamientos forzosos ordenados por Israel han obligado a la mayoría de la población de Gaza a "huir de sus hogares por falta de seguridad", pero también a vivir "humillada, degradada y atacada durante su evacuación". Los desplazados se han visto forzados a "vivir en condiciones inhumanas en refugios superpoblados carentes de atención médica y provisiones básicas como agua o alimentos limpios". Los ataques de las fuerzas israelíes se han producido "a lo largo de las rutas de evacuación y áreas designadas como seguras". Tras su movilización hacia otras zonas, se les prohibió volver a sus hogares. "Es razonable concluir que las víctimas desplazadas han sufrido y sufren graves enfermedades mentales", continúa el informe.

Tanto el proceso sobre el genocidio de los rohingya como el de Gaza se investigan a día de hoy en el Tribunal de la ONU en La Haya, que mantiene los dos casos abiertos. Pero a diferencia del primero, con una fuerte presencia de denunciantes occidentales, en la causa sobre el supuestamente cometido por Israel (denunciado por Sudáfrica en diciembre de 2023) solo se han personado dos países europeos: España e Irlanda.

Muchos de los indicios del "crimen de crímenes" que ocho países del Viejo Continente (siete de ellos miembros de la UE a los que se ha sumado Canadá) aprecian en Myanmar se están produciendo desde el 7 de octubre de 2023 en el enclave palestino, según Naciones Unidas. Las lecciones de Occidente sobre lo que es genocidio en la antigua Birmania chocan con su práctica inactividad contra Israel. Quizá para sus gobiernos la supervivencia de los palestinos sea menos importante.

Como miembro del tribunal internacional para los crímenes de Ruanda y de la antigua Yugoslavia, participó en el proceso internacional más importante desde los Juicios de Nüremberg por el holocausto perpetrado por el Gobierno nazi de Adolf Hitler contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada participó en la redacción de la sentencia contra el líder serbio de Bosnia, Radovan Karadžić, condenado en 2019 a cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra contra la población musulmana y cristiana (croata) durante el conflicto que asoló ese país entre 1993 y 1995. Sin embargo no ha sido esa resolución tan relevante la que más ha condicionado su carrera, sino la del caso Gürtel, que condenó en 2018 al PP como partícipe lucrativo en el caso de corrupción más relevante que ha afectado a ese partido. Desde entonces, la derecha judicial y política no le ha perdonado. Lo veta en cada puesto al que intenta acceder. El último, una de las dos plazas vacantes de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

De Prada es uno de los magistrados penalistas más importantes de España y, según muchos, el máximo experto del país en Derecho Penal Internacional y Derecho Internacional Humanitario. El tribunal de la ONU con sede en La Haya (Países Bajos) del que forma parte —que compatibiliza con su puesto en la Audiencia Nacional— lo conforman 25 magistrados internacionales de un prestigio incontestable. Perteneciente a Juezas y Jueces para la Democracia, este magistrado progresista tiene a sus espaldas una carrera de 30 años en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y contribuyó desde ese tribunal a la derrota de ETA, a la que se enfrentó con la toga en el período más negro de la banda terrorista. Frente al derecho penal de excepción que generó la actividad de esa organización durante décadas, De Prada se ha mostrado como uno de los miembros de la Audiencia más respetuosos con las garantías democráticas que establece la Constitución para todos los presuntos delincuentes, incluidos los más sanguinarios.

El veto a De Prada para el Supremo viene después de que, en 2021, el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo lo sacara de la lista de nuevos vocales para el Consejo General del Poder Judicial en la que había sido incluido tras las negociaciones de esa formación con el PSOE en 2018. De Prada llegó incluso a comparecer en el Congreso para exponer sus méritos y se sometió a los ataques furibundos de los populares. Esa renovación, que estaba totalmente cerrada, saltó por los aires después de que el magistrado conservador de la Sala de lo Penal del Supremo Manuel Marchena renunciara a la presidencia. Lo hizo tras trascender los mensajes del senador del PP Ignacio Cosidó en los que aseguraba que gracias a Marchena, el partido se aseguraba el control de esa sala del Alto Tribunal "desde detrás". Tras un bloqueo del PP de más de cinco años, el partido llegó a un acuerdo con los socialistas en junio de 2024, pero De Prada ya no estaba entre los elegidos.

Fuentes del Consejo General del Poder Judicial aseguran que detrás de la negativa del sector conservador de aceptar al magistrado progresista solo hay una razón: la sentencia de la Gürtel que terminó llevándose por delante al Gobierno del PP en la moción de censura que ganó Pedro Sánchez. También su voto a favor de que, durante el juicio previo, acudiera a declarar como testigo el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, una declaración apoyada por el conservador Julio de Diego, compañero de tribunal. La condena —que no solo estableció que el PP se lucró con la trama corrupta, sino que confirmó la existencia de la contabilidad b del partido contenida en los papeles de Bárcenas y concluyó que Rajoy había faltado a la verdad durante su comparecencia— fue íntegramente confirmada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 14 de octubre de 2020 incluso en sus fundamentos más relevantes.

El veto a uno de los penalistas más valorados entre sus compañeros contrasta con la promoción de dos de sus antiguos compañeros en la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia —Ángel Hurtado y Concepción Espejel— que también tuvieron actuaciones relevantes relacionadas con el proceso contra la trama corrupta del PP. Hurtado fue el presidente del tribunal de la Gürtel del que formaba parte De Prada y fue designado ponente de la resolución. Durante el juicio, el magistrado conservador trató de evitar a toda costa la comparecencia de Rajoy como testigo.

Tras el proceso, Hurtado se opuso a condenar al PP al considerar que sus dirigentes actuaron "a espaldas" del partido, y así lo expuso en un voto particular que, después, en el recurso ante el Supremo, no tuvo ningún recorrido. Sin embargo, dos años después de redactarlo, en 2020, el sector conservador de un CGPJ prorrogado por el bloqueo del PP, lo catapultó a la Sala de lo Penal del Supremo. Desde allí ha instruido una de las causa más sensibles y polémicas contra el Gobierno del PSOE, la abierta al fiscal general Álvaro García Ortiz por desmentir bulos difundidos por el entorno de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso sobre los presuntos delitos fiscales cometidos por su pareja.

Hurtado fue presidente del tribunal del caso Gürtel en sustitución de Concepción Espejel. La exvocal del Poder Judicial a propuesta del PP era entonces la presidenta de la sección segunda de lo penal, a la que correspondió el proceso. Espejel intentó formar parte del tribunal a toda costa pese a su reconocida amistad con la ex secretaria general del PP, exministra de Defensa y expresidenta de Castilla-La Mancha María Dolores de Cospedal. "No veo que exista ninguna causa de abstención", dijo a El País en 2014. "En esta sección yo presido todos los juicios y lo mismo ocurrirá con este salvo que esté enferma, de vacaciones o existan otros asuntos que por su complejidad me lo impidan", añadió. Tras ser recusada por una de las partes, el pleno de la Sala (formado por 18 magistrados) decidió apartarla por su cercanía a ese partido. En octubre de 2021, sin embargo, el PP la promocionó a magistrada del Tribunal Constitucional, donde es una de las que más fervientemente defiende las tesis de la formación de Feijóo.

El nuevo veto de la derecha judicial y política a De Prada coincide en el tiempo con el de la magistrada progresista de la Sala de lo Penal del Supremo Ana Ferrer y el de la de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal Pilar Teso. Como el magistrado de la Audiencia, ambas han sido censuradas por el sector de vocales a propuesta del PP cuando parecían las mejor situadas para acceder a la presidencia del CGPJ y del Supremo. Finalmente, se eligió para ese cargo a Isabel Perelló, sobre el papel perteneciente a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, pero que, desde su nombramiento, se ha aliado con los conservadores. Después, Ferrer y Teso optaron a la presidencia de sus respectivas salas, pero los consejeros de derechas también lo impidieron y las dos retiraron su candidatura. Junto con el nombramiento de Perelló, conseguir que se apartaran ha sido el mayor éxito del sector conservador, que ha logrado así burlar el mandato de la ley de paridad que imponía que al menos una de ellas fuera puesta al frente de su sala.

Frente a esta actitud censora de la derecha, la izquierda ha contribuido a aupar a muchos de los halcones que el PP ha colocado en las principales instituciones. Espejel accedió al Constitucional con el voto del PSOE, al igual que Enrique Arnaldo, asesor de los populares que apareció en las escuchas del caso Lezo como muñidor para cambiar a los fiscales de la causa. El último de estos casos que la izquierda no ha vetado es la designación del exvocal conservador más activo en el anterior CGPJ, José María Macías, que, pese a haberse pronunciado de manera oficial desde su cargo anterior en el Consejo en contra de la constitucionalidad de la ley de amnistía, se empeñó en no abstenerse de la deliberación sobre ella en el órgano de garantías. Al final, la Fiscalía y la Abogacía del Estado lo recusaron y fueron sus compañeros los que le impusieron su salida.

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido este martes en Manila y trasladado horas después en un avión a La Haya tras una orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI), acusado de crímenes contra la humanidad por una sangrienta campaña contra las drogas que dejó miles de muertos, según informa EFE.

Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

Eran las 09:20 hora local (01:20 GMT), inicio de una frenética jornada que revolucionó más la turbulenta vida política del país asiático, pendiente de unas elecciones a mitad de mandato del próximo 12 de mayo, en las que Duterte aspiraba a volver a gobernar su feudo local, la ciudad sureña de Davao.

El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter "a la fuerza", según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte. La aeronave con número de registro RP-C5219 despegó hacia las 23:00 hora local (15:00 GMT), afirmó la cadena de televisión GMA. Tras hacer una parada en Dubái, su llegada a Rotterdam (a unos 25 kilómetros de La Haya) está marcada a las 17:05 hora local (16:05 GMT), indica FlightRadar.

Por su parte, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá "que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas".

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

La detención tuvo lugar con base a una orden de arresto secreta de la CPI, a la que EFE tuvo acceso, que consideró que hay "motivos razonables" para creer que Duterte lideró un escuadrón de la muerte y utilizó su poder presidencial para llevar a cabo asesinatos extrajudiciales en nombre de su guerra contra las drogas.

Armado con una imagen de justiciero implacable y malhablado, Duterte llegó al poder en 2016 con la promesa de limpiar de drogas las calles de Filipinas sin importar el coste. El resultado: 6.000 muertos en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales hasta que finalizó su mandato en 2022, según cifras de la Policía, unas estimaciones que ONG locales elevan a más de 30.000 fallecidos.

La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales y en 2021 vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado. No obstante, el tribunal subrayó en su orden de arresto que tiene jurisdicción para examinar supuestos delitos ocurridos cuando el país todavía era miembro de la CPI.

La detención suscitó un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticos con Duterte. "Esta medida por la CPI es prueba de la validez de nuestra llamada para pedir cuentas a Duterte y sus cómplices por llevar a cabo la guerra contra las drogas", afirmó en un comunicado la asociación Rise Up, que aúna a familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos del expresidente.

Pese a haber retado en repetidas ocasiones a la CPI a detenerle, la última de ellas el pasado fin de semana en Hong Kong, el político y abogado de formación cuestionó la legalidad de su arresto. "¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?", dijo este miércoles ya detenido, antes de lamentar haber sido trasladado a la base aérea "en contra" de su voluntad, según un vídeo compartido por su hija Verónica, presente en la sala.

De nada sirvió un recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo por el abogado Israelito Torreón para suspender la detención, ni las quejas de los defensores del exmandatario.

Marcos Jr. llegó al poder en 2022 tras forjar una exitosa alianza con Sara Duterte, pero el idilio no tardó en transformarse en una pelea pública que desembocó en amenazas de muerte de la vicepresidenta contra el presidente. El propio exmandatario ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de "drogadicto", evidenciando el cisma entre las dos familias.

Sara Duterte, que se enfrenta ahora a un proceso de destitución acusada de utilizar fondos de manera indebida, denunció que el arresto de su padre estuvo motivado políticamente ante la fuerza de sus partidarios de cara a las elecciones a medio mandato del próximo 12 de mayo. Marcos Jr., por su parte, negó que la detención se tratase de una persecución política, aduciendo que se limitó a prestar ayuda a Interpol.

Julius Cesar Imperial Trajano, experto de la Escuela Rajaratnam de Estudios Internacionales, consideró por el contrario que la "familia Duterte cometió un grave error al oponerse a Marcos Jr." y declaró a EFE que la detención "es claramente producto de los intereses políticos opuestos de las dinastías políticas dominantes".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel, según informa EFE.

El mandatario consideró en ese documento que la CPI ha emprendido "acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos" e Israel, definido como un "aliado estrecho", y ha "abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas" contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.

Para Trump, las recientes acciones de la CPI "sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto".

Esa "conducta maligna", en su opinión, "amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense" y de sus aliados.

El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización.

Tras conocerse esta orden, la Corte Penal Internacional condenó este viernes su emisión ya que va a “perjudicar su labor judicial independiente e imparcial”, advirtió la institución, que investiga crímenes de guerra de Israel en Palestina. En una reacción, subrayó que “se mantiene firme junto a su personal y se compromete a seguir brindando justicia y esperanza a millones de víctimas inocentes de atrocidades en todo el mundo” en todas las investigaciones que tiene abiertas. 

Aunque se destaca que Washington sigue comprometido con la rendición de cuentas, se pide que la CPI respete su decisión y la de otros países de no someter a su personal a la jurisdicción de esa corte.

La orden contempla restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington. Así, la entrada "sin restricciones" de inmigrantes y no inmigrantes que se considere que cumplan los criterios marcados se tacha de perjudicial y se suspende, a menos que desde el Departamento de Estado se determine lo contrario en base a recomendaciones de la fiscal general, Pam Bondi.

Para Trump, cualquier esfuerzo de la CPI para investigar, arrestar o procesar a personas protegidas "constituye una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos", razón por la que dijo declarar "una emergencia nacional para abordar esa amenaza".

En los próximos 60 días, se pidió al Departamento del Tesoro que entregue una lista con personas adicionales que puedan verse afectadas por esta medida.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, celebró este viernes esta orden ejecutiva contra un tribunal que calificó de "antisemita y antiamericano". "Gracias, presidente Trump por su valiente orden ejecutiva contra la CPI. Defenderá a Estados Unidos e Israel de un tribunal antiamericano y antisemita corrupto que no tiene jurisdicción ni fundamento para emprender una guerra legal contra nosotros", dijo la Oficina de Netanyahu en un comunicado.

"La CPI emprendió una campaña despiadada contra Israel como ensayo para actuar contra Estados Unidos. La orden ejecutiva del presidente Trump protege la soberanía de ambos países y de sus valientes soldados", continuó el mandatario.

La firma de esta orden por parte de Trump llegó después de la reunión de Trump el martes con Netanyahu, a quien en noviembre la CPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. El primer ministro de Israel se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

En 2020, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump se produce después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa Cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y Galant por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio. Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción.

El genocida Benjamín Netanyahu lleva asesinados en la Franja de Gaza más de 41.000 ciudadanos. Casi un año después del inicio del asedio. A cara de perro, sin escrúpulo alguno. Usando un poder bélico desproporcionado para causar el mayor daño y destrucción posible. Pura “doctrina Dahiya” sin edulcorantes ni colorantes. Tierra quemada teñida de grana sobre hormigón y hierro. No hay tregua ni ficticios “alto el fuego”, ni corredores humanitarios ni hostias. Solo devastación y muerte cubren de un manto negruzco y atezado Gaza y el sur del Líbano.

“Israel rebaja el tono y acepta negociar la tregua con Hezbolá que auspician EE.UU y Francia”. Rezaba el titular este caluroso y falso viernes de septiembre.

Benjamín Netanyahu intenta darle un giro de guion a su doctrina Dahiya. Instalado plácidamente en Nueva York y con su mayor aliado y benefactor, comparece para mayor vergüenza del que suscribe el artículo en la Asamblea General de la ONU. Y lo hace con su habitual tono: desafiante, chulesco y repleto de falsedad: “Mientras Hezbolá opte por la guerra, Israel no se detendrá”. “Ya está bien. No descansaremos hasta que nuestros ciudadanos puedan volver a sus hogares, no toleraremos que un ejército terrorista se sitúe en nuestra frontera internacional, ni que dispare indiscriminadamente contra nuestros pueblos y ciudades”. Hay que ser muy sinvergüenza para hacer estas declaraciones.

No sé cómo se le permite a este tipo comparecer en la Organización de las Naciones Unidas cuando debería estar compareciendo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya por crímenes de lesa humanidad. No se entiende.

En este falso y caluroso viernes de septiembre, todo huele a tierra quemada. A doctrina Dahiya.

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Pako Marti es socio de infoLibre.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) mueve ficha por los atentados en suelo israelí y la posterior ofensiva en la Franja de Gaza. Tras más de medio año de guerra, el fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, ha solicitado formalmente este lunes que se emitan órdenes de detención contra media decena de personas de ambos bandos por crímenes de guerra y contra la humanidad. Entre los objetivos se encuentran tres líderes de Hamás: Yahya Sinwar, Mohammed Diab Al-Masri e Ismail Haniyeh. Y también el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su titular de Defensa, Yoav Gallant. Un paso que, de concretarse finalmente en el tribunal internacional, dejaría más tocada si cabe la imagen del Estado hebreo ante el mundo y sumiría a su jefe de Gobierno en una suerte de aislamiento internacional.

La Corte Penal, con sede en La Haya, tiene abierta desde 2021 una investigación sobre los posibles crímenes de guerra cometidos a partir de 2014 en Gaza, Cisjordania y Jerusalén. Un mandato que aún está en curso y que se aplica, por supuesto, a los cometidos en el contexto actual, que engloba tanto los atentados de Hamás del pasado mes de octubre como los posteriores ataques del Ejército israelí en suelo palestino. En este sentido, el fiscal Khan considera, por un lado, que hay "motivos razonables" suficientes para creer que Sinwar, Diab y Haniyeh son "penalmente responsables" de la muerte de cientos de civiles israelíes en los ataques del pasado 7 de octubre. Y también de la toma de rehenes, mantenidos en "condiciones inhumanas" y algunos de ellos sometidos a "violencia sexual".

Por otro lado, el fiscal jefe sostiene en su comunicado que Israel "ha privado" de manera intencionada y sistemática a la población civil de Gaza "de objetos indispensables para la supervivencia humana". Karim Khan menciona "un plan" para usar el hambre y la sed como "método de guerra", con restricción de suministros esenciales o corte de tuberías de agua. Y hace mención a "ataques y castigos colectivos" contra la población civil de Gaza confirmados por "múltiples testigos entrevistados". Con todo ello, habla de la posible comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad. Pero no hace referencia alguna al genocidio, algo que, reconocen los expertos en Derecho Internacional consultados por infoLibre, es "enormemente difícil" de probar.

Ahora, tras la petición del fiscal jefe, corresponde a la Sala de Cuestiones Preliminares examinar las pruebas y decidir si hay elementos como para dictar órdenes de detención tanto contra los líderes de Hamás como contra Netanyahu y su ministro de Defensa. Un paso que, de darse finalmente, tendría serias implicaciones para el Gobierno israelí, sumido actualmente en una crisis interna. Las peticiones de arresto, por un lado, dejarían más tocada si cabe la imagen del Estado hebreo en el mundo. "Sería otra piedra más en la mala fama de Israel", apunta Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público de la Universitat Jaume I. Al fin y al cabo, su primer ministro formaría parte del oscuro grupo de dictadores y criminales de guerra perseguidos por el tribunal de La Haya.

Ahora bien, ¿cuáles serían, a nivel práctico, las consecuencias de dichas órdenes de detención? Israel, por un lado, no ha ratificado el Estatuto de Roma. Y, por tanto, no está obligado a cooperar con la Corte Penal Internacional ni a entregar a nadie. "Otra cosa es que haya un cambio de Gobierno en el país y se decida ejecutar esa orden de detención", explica Concepción Escobar, catedrática de Derecho Internacional Público en la UNED. Cuestión distinta es la de los líderes de Hamás. Palestina es desde hace casi una década Estado parte del Estatuto de Roma. Y, por tanto, recuerda Escobar, sus autoridades sí que estarían obligadas a arrestar y entregar al tribunal de La Haya a Sinwar, Diab y Haniyeh, que se encuentra viviendo en Qatar.

Pero que Israel no esté obligado a extraditar a Netanyahu no significa que las órdenes de detención que puedan cursarse contra él no vayan a servir para nada. Desde el momento de su emisión, el primer ministro se verá sumido en un profundo aislamiento. En teoría, no podría viajar a ninguno de los 124 países que son parte del Estatuto de Roma, dado que los mismos estarían obligados a detenerle y entregarle a la Corte Penal Internacional en cuanto entrase en su territorio. Dentro de este grupo se encuentra la Unión Europea, Reino Unido, Canadá, Australia, Japón, casi toda América Latina y buena parte de África. Fuera queda Estados Unidos, principal aliado de Israel, al que podría ir sin riesgo a ser arrestado. O países como Rusia o China.

Su papel como primer ministro, apunta Ana Manero, catedrática de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid, tampoco le blinda ante dichas órdenes de detención, que en su día fueron cursadas también contra jefes de Estado como Vladímir Putin u Omar al Bashir, quien, no obstante, se estuvo paseando sin ningún problema por diferentes países que son parte del Estatuto de Roma –de Sudáfrica hasta Liberia o República del Congo– sin ser detenido. "Eso no deja de ser un problema. En estos casos, es muy importante que haya voluntad política", asevera Manero, quien celebra el primer paso dado este lunes por el fiscal jefe "en la lucha contra la impunidad": "Era cuestión de coherencia. Contra Putin no se tardó nada en emitir una orden de detención".

El movimiento del fiscal Khan ha sido duramente criticado por el Ejecutivo israelí. "Es un ataque frontal y sin límites contra las víctimas del 7 de octubre", ha señalado el ministro de Exteriores, Israel Katz, al tiempo que ha tildado de "desgracia histórica" que se "mencione" a Netanyahu y Gallant "junto a los abominables monstruos nazis de Hamás" y ha anunciado la creación de un "comité especial" para "luchar" contra una "decisión" que "tiene como principal objetivo atar las manos al Estado de Israel y negarle su derecho a la autodefensa".

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha pedido este lunes la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos cargos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre por parte del grupo islamista y la posterior ofensiva militar contra la Franja de Gaza, según ha informado Europa Press.

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha afirmado en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los "motivos razonables" para creer que "tienen responsabilidad penal" en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad "cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre".

Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente al jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar; el jefe del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri, conocido como 'Abú Deif'; y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniye, por "responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y el Estado de Palestina" desde el 7 de octubre.

En el caso de Netanyahu y Gallant, ha destacado que ambos serían responsables de "la muerte por hambre de civiles como método de guerra", "causar voluntariamente un gran sufrimiento o heridas graves", "tratamiento cruel", "asesinato intencionado o asesinato como crimen de guerra", "ataques contra población civil", "exterminio", "persecución" y "otros actos inhumanos".

"Mi oficina sostiene que los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás, junto a otros grupos armados palestinos, que se desarrolla en paralelo", ha indicado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "los crímenes de lesa humanidad fueron cometidos como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil palestina, en línea con una política de Estado". "En nuestra opinión, estos crímenes continúan a día de hoy", ha alertado.

"Mi oficina sostiene que las pruebas recopiladas, incluidas entrevistas con supervivientes y testigos, vídeos verificados, fotografías y material de audio, imágenes por satélites y declaraciones por parte del supuesto grupo perpetrador, demuestran que Israel ha privado de forma intencionada y sistemática a la población civil de todas las zonas de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia", ha añadido.

Khan ha argumentado que "esto ha tenido lugar a través de la imposición de un asedio total a Gaza que implicó el cierre total de tres pasos fronterizos (...) desde el 8 de octubre durante periodos extendidos y posteriormente con la restricción arbitraria del traslado de suministros esenciales, incluida comida y medicinas, a través de los pasos una vez que fueron reabiertos".

"El asedio incluyó el corte de tuberías de agua desde Israel a Gaza (...) durante un período prolongado que comenzó el 9 de octubre de 2023 y el corte y obstaculización del suministro de electricidad desde al menos el 8 de octubre", ha dicho, antes de argüir que esto tiene lugar en paralelo con "otros ataques contra civiles, incluidos aquellos que hacían cola para recibir comida", "obstrucción de la entrega de ayuda por parte de agencias humanitarias" y "ataques y asesinatos de trabajadores humanitarios, que obligaron a muchas agencias a cesar o limitar sus operaciones".

En esta línea, ha resaltado que "estos actos fueron cometidos como parte de un plan común para usar el hambre como un método de guerra y otros actos de violencia contra la población civil como un medio para eliminar a Hamás, garantizar el retorno de los rehenes secuestrados por Hamás y castigar colectivamente a la población civil de Gaza, a la que perciben como una amenaza a Israel".

"Israel, como todos los Estados, tiene derecho a tomar medidas para defender a su población. Sin embargo, ese derecho no exime a Israel ni a ningún Estado de su obligación de cumplir el Derecho Internacional Humanitario", ha dicho Khan. "Independientemente de los objetivos militares que puedan tener, los medios que Israel eligió para lograrlos en Gaza, es decir, causar intencionalmente muerte, hambre, grandes sufrimientos y daños graves al cuerpo o la salud de la población civil, son criminales", ha dicho.

Por otra parte, Khan ha destacado que la petición de órdenes de arresto contra Sinwar, Abú Deif y Haniye derivan de los ataques perpetrados el 7 de octubre contra territorio israelí, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados, y de las acciones del grupo islamista en la Franja de Gaza desde esa fecha.

Así, ha detallado que se trata de su responsabilidad en "exterminio", "asesinato como crimen contra la humanidad y como crimen de guerra", "secuestros como crimen de guerra", "violación y otros actos de violencia sexual", "tortura", "otros actos inhumanos", "tratamiento cruel en el contexto de cautiverio" y "actos contra la dignidad personal en el contexto de un cautiverio".

Khan ha dicho que "los crímenes de guerra alegados en estas solicitudes se cometieron en el contexto de un conflicto armado internacional entre Israel y Palestina y un conflicto armado no internacional entre Israel y Hamás que se desarrolla en paralelo", antes de afirmar que "fueron parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Israel por parte de Hamás y otros grupos armados".

"Mi oficina sostiene que hay motivos razonables para creer que Sinwar, Deif y Haniye son responsables penales del asesinato de cientos de civiles israelíes en los ataques perpetrados por Hamás, particularmente su ala armada, y otros grupos armados el 7 de octubre", ha defendido, antes de abundar en que "como parte de las investigaciones" han sido entrevistados "víctimas y supervivientes, incluidos antiguos rehenes y testigos en seis de ubicaciones principales de los ataques".

"La investigación también se fundamenta en pruebas como imágenes de cámaras de seguridad, material de audio, fotografías y vídeos verificados, declaraciones de miembros de Hamás, incluidos los presuntos autores mencionados anteriormente, y pruebas periciales", ha dicho. Así, ha agregado que los sospechosos "planificaron e instigaron la comisión de crímenes el 7 de octubre y, a través de sus acciones, incluidas visitas personales a los rehenes tras los secuestros, reconocieron su responsabilidad en estos crímenes".

"Sostenemos que estos crímenes no podrían haber sido cometidos sin sus acciones. Están imputados como coperpetradores y como superiores, ha afirmado Khan, que ha reseñado que los rehenes "habrían sido retenidos en condiciones inhumanas, con algunos de ellos sometidos a violencia sexual, incluidas violaciones, durante su cautiverio".

Por último, ha argumentado que su oficina "actúa en línea con su mandato bajo el Estatuto de Roma", que incluye el actual conflicto, y ha defendido que estas peticiones "son el resultado de una investigación independiente e imparcial". "Recalcamos de nuevo que el Derecho Internacional y las leyes del conflicto armado que aplican a todos", ha puntualizado, antes de decir que "no dudará a la hora de solicitar nuevas órdenes de arresto".

"Seamos claros en una cuestión fundamental: si no demostramos nuestra voluntad de aplicar la ley por igual, si se considera que se aplica de forma selectiva, estaremos creando las condiciones para su colapso", ha argüido Khan, quien ha indicado que es necesario "demostrar colectivamente que el Derecho Internacional Humanitario (...) se aplica a todas las personas y por igual en todas las situaciones".

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dictado este jueves nuevas medidas provisionales contra Israel después de que Sudáfrica presentase el pasado 6 de marzo una segunda solicitud ante el tribunal debido a la situación de hambruna en la Franja de Gaza, según informa Europa Press.

El escrito de Sudáfrica solicitaba a la CIJ nuevas medidas cautelares o una modificación de las anteriores para así "garantizar la seguridad de 2,3 millones de palestinos en Gaza, incluidos más de un millón de niños". Asimismo, denunciaba las "continuas violaciones" de Israel de las medidas dictadas previamente.

La corte ha determinado así que Israel debe "adoptar todas las medidas necesarias y eficaces para garantizar, sin demora" y en coordinación con Naciones Unidas, "el suministro sin obstáculos y a gran escala" de ayuda humanitaria. Esto incluye alimentos, agua, electricidad, combustible, vivienda, vestimenta, higiene y saneamiento, así como suministros y atención médica.

Asimismo, en su decisión ha indicado que es necesario "aumentar la capacidad y el número de cruces terrestres" para la entrega de ayuda humanitaria a la población gazatí en toda la Franja, así como "mantenerlos abiertos durante el tiempo que sea necesario".

De la misma forma, insta a Israel a "garantizar con efecto inmediato que sus Fuerzas Armadas no cometan actos que puedan constituir una violación de los derechos de los palestinos en Gaza", incluyendo cualquier medida que impida la entrega de asistencia humanitaria. Por último, le pide que presente un informe dentro de un mes para informar sobre el cumplimiento de las medidas adicionales.

El Gobierno sudafricano ha celebrado la decisión y ha afirmado que "el impacto de la orden de la Corte Internacional de Justicia es significativo". "Las circunstancias cambiantes en Gaza justifican la implementación de nuevas estrategias", ha agregado en un comunicado.

"Estas medidas provisionales se complementan a las del 26 de enero, que ordenaron a Israel, entre otras cosas, abstenerse de cometer actos genocidas contra los palestinos en Gaza y prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio en relación con miembros del pueblo palestino en la Franja de Gaza", ha recordado.

Además, Sudáfrica ha precisado que, tal y como ya señalaron varios jueces, "estas responsabilidades sólo pueden cumplirse poniendo fin a las operaciones militares en Gaza y cumpliendo las directivas del tribunal". "Si hay incumplimiento, la comunidad global debe garantizar el cumplimiento en lo que respecta a la santidad de la humanidad", ha zanjado.

Sudáfrica presentó a finales de diciembre ante la CIJ una denuncia contra Israel por supuesto "genocidio" de la población de la Franja de Gaza, escenario de una cruenta ofensiva militar que deja ya más de 32.500 muertos y que fue lanzada en origen como respuesta a unos ataques previos del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Debemos dar gracias a Sudáfrica, y debemos hacerlo por plantar cara diplomáticamente a Israel y denunciarlo por genocidio en el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), ante la inacción de la mayor parte de Occidente. Una digna y ejemplar iniciativa de un país del Sur Global que saca los colores al Norte.

Pretoria presentó la demanda el 29 de diciembre de 2023 acusando a Tel Aviv de la comisión de actos de genocidio en Gaza. Una demanda sólida, clara y ecuánime: “Condena inequívocamente todas las violaciones del Derecho Internacional cometidas por todas las partes, incluidos los ataques directos a la población civil israelí y otros nacionales y la toma de rehenes por Hamás y otros grupos armados palestinos”.

Sudáfrica considera que Israel está cometiendo cinco actos que pueden calificarse de genocidas: el asesinato masivo de palestinos (relacionable con el artículo 2 (a) de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ONU, 1948, que estima genocidio la matanza de miembros de un grupo); la causa de graves daños físicos y psíquicos (relacionable con el artículo 2 (b) de dicha Convención: genocidio es la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo); el desplazamiento forzoso de la población de sus hogares y bloqueo de agua y alimentos (relacionable con el artículo 2 (c): genocidio es el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial); la destrucción del sistema sanitario o la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos palestinos (relacionable con el artículo 2 (d): constituyen genocidio las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo).

Análisis y estudios diversos de amplia difusión sin duda refuerzan las tesis sudafricanas. El 21 de diciembre de 2023, la Organización Mundial de la Salud publicaba su informe “La combinación letal de hambre y enfermedad conducen a más muertes en Gaza”. En él aseguraba (y hoy, tres meses después, la situación es mucho peor) que “el 93% de la población afronta niveles críticos de hambre, alimentación insuficiente y altos niveles de desnutrición. Una de cada cuatro familias se encuentra en condiciones catastróficas. La hambruna, la extrema pobreza y la muerte son evidentes”.

En su informe, el Banco Mundial afirma que en el último trimestre de ese año el PIB de Gaza descendió un 80%: “Es uno de los mayores impactos económicos registrados en la historia reciente”. El 96% de la infraestructura agrícola ha sido dañada o destruida. El secretario general de la ONU, Antònio Guterres, se expresó así el 6 de diciembre de 2023: “El sistema sanitario en Gaza está colapsando. Nadie está seguro en Gaza. Ante el constante bombardeo de las fuerzas israelíes, estimo que el orden público pronto se quebrará por completo debido a las desesperadas condiciones de vida, lo que hará imposible prestar incluso una limitada asistencia humanitaria. La situación se deteriora a gran velocidad, camino de la catástrofe con potencialmente irreversibles consecuencias para los palestinos en su conjunto y para la paz y seguridad en la región”.

El Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, realizó este 5 de marzo una declaración contundente. Tras acusar a las tropas israelíes de matar el 29 de febrero, en el convoy de ayuda humanitaria asaltado, al menos a 112 palestinos y herir a 760, usando el lenguaje más duro desde el inicio de la guerra, concluyó que “Israel desde el 8 de octubre está matando de hambre intencionadamente al pueblo palestino”. Por su parte, Michael Fakhri, relator sobre el Derecho a la alimentación de la organización onusiana, añadió el 8 de marzo: “Israel está matando intencionadamente de hambre al pueblo palestino. Nunca en la historia moderna habíamos visto a toda una población civil pasar a una situación de hambre completa tan rápidamente”.

En su comparecencia ante el TIJ el 12 de enero de este año, Israel realizó varias declaraciones que, generosamente, podrían calificarse de peregrinas y llanamente de ridículas. Dijo que los argumentos sudafricanos están “distorsionados” y “fuera de contexto”.Que la acusación de que Israel quiere destruir al pueblo palestino se basa en “afirmaciones aleatorias”. Es público, sin embargo, que manifestaciones en ese sentido han sido realizadas por numerosos dirigentes israelíes, desde el primer ministro Netanyahu hasta el presidente del Estado, Isaac Herzog, pasando por el ministro de Exteriores, Israel Katz, el de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, o el de Defensa, Yoav Gallant, entre otros.

Israel, que inicialmente consideró no personarse en el TIJ, lo hizo con una andanada política el día previo a su comparecencia. El 11 de enero, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado oficial en el que acusaba a Pretoria nada menos que de ser “el brazo jurídico de Hamás”. Decía así: “Asistimos hoy a una de las mayores manifestaciones de hipocresía de la historia, compuesta por una serie de demandas falsas y sin base alguna. Sudáfrica, que actúa como brazo jurídico de Hamás, organización terrorista, ha distorsionado la realidad de Gaza tras la masacre del 7 de octubre. Sudáfrica busca que se permita a Hamás volver a cometer los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometió el 7 de octubre”.

Respecto a la ayuda humanitaria, la acusación de que Israel bloquea la entrega de alimentos, agua, combustible, Tel Aviv sostiene que es “inexacta”. Increíblemente, afirma que no ha incluido en sus objetivos a los hospitales y que ha ayudado a evacuar pacientes. Sus militares han entrado en escuelas, instalaciones de la UNRWA y hospitales porque allí se escondían militantes de Hamás. Israel avisa a la población de un bombardeo inminente por vía telefónica y lanzamiento de octavillas, asegura.

El único argumento jurídico serio del que se ha servido Israel en su comparecencia ante el TIJ es el del derecho a la legítima defensa, acogiéndose al artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas: “Ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas”. El Tribunal estima que el artículo 51 ampara a Israel. Razón por la que en la orden emitida el 26 de enero de este año no le exige que detenga las actividades militares contra Hamás, actor no estatal que inició las hostilidades, a diferencia de lo que sí exigió a Rusia en su dictamen de 16 de marzo del 2022: “Rusia debe suspender inmediatamente las operaciones militares en territorio de Ucrania”. Considera, no obstante el Tribunal, que la acción militar ha de llevarse a cabo de manera diferente.

Obviamente, el Tribunal comparte la premisa de que una respuesta que no sea proporcional a la acción que da derecho a la legítima defensa excede los límites legales de ese derecho, lo que ocurre cuando la respuesta no es la adecuada para detener y repeler el ataque que se sufre. Y las frecuentes afirmaciones de Netanyahu y de otros dirigentes israelíes (y por supuesto sus acciones militares) sobrepasan claramente esos límites.

Tanto han sido sobrepasados y tanto ha empeorado la situación a causa de las barbaridades que el Gobierno de Netanyahu continúa cometiendo desde que el TIJ anunció su orden el 26 de enero, que Sudáfrica ha movido muy recientemente nueva ficha. El 6 de marzo ante el TIJ con una petición urgente reclamando la adopción de nuevas medidas provisionales.

El texto oficial dice: “Sudáfrica se ve obligada a acudir de nuevo al Tribunal a la vista de los nuevos hechos y cambios en la situación de Gaza -en particular la situación de la extendida hambruna- producidos por las numerosas y continuas violaciones de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio por parte del Estado de Israel, así como por las manifiestas violaciones de las medidas provisionales indicadas por este Tribunal el 26 de enero de 2024”.

En el momento de redactar estas líneas, el Tribunal de La Haya no se ha pronunciado todavía sobre la reciente petición de Sudáfrica, de quien se puede decir que está llevando a cabo una acción ejemplar que dignifica las relaciones internacionales y pone de relieve el valor del derecho internacional. Gracias, Pretoria.

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España.

El lunes 26 de febrero venció el plazo fijado por el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) para que Israel presentara un informe detallando las medidas adoptadas para evitar que se cometieran actos de genocidio en Gaza. Esta obligación ha sido ampliamente ignorada por Israel, según varias organizaciones humanitarias. 

“Israel está desafiando la decisión del TIJ de prevenir el genocidio al no permitir que llegue a Gaza ayuda humanitaria adecuada”, escribe Amnistía Internacional. Por su parte, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) acusa a Israel de “actuar en flagrante violación de la decisión del tribunal”. 

El viernes 26 de enero, el TIJ, órgano judicial de Naciones Unidas encargado de dirimir litigios entre Estados miembros, dio a Israel un mes con el fin de “tomar todas las medidas a su alcance para impedir la comisión de cualquier acto” de genocidio contra los palestinos de Gaza. 

El Tribunal había admitido a trámite una demanda presentada por Sudáfrica en la que se acusaba a Israel de violar la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, que también obliga a los Estados a tomar medidas para prevenir el riesgo de genocidio, con su operación militar lanzada en represalia por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. 

La solicitud sudafricana argumentaba que, “a la luz de los derechos en juego, así como del daño continuo, extremo e irreparable sufrido por los palestinos en Gaza, Sudáfrica solicita que el Tribunal trate esta solicitud como una cuestión de extrema urgencia”.  

Esta necesidad de premura fue reconocida por el TIJ, que dictó una orden provisional dos semanas después de la celebración de las vistas, los días 11 y 12 de enero, ya que el fondo de las acusaciones tendrá que decidirse dentro de varios años, tras una investigación en profundidad. 

Al dictar esta decisión, la presidenta del Tribunal, la jueza Joan Donoghue, subrayó que era “plenamente consciente de la magnitud de la tragedia humana que está ocurriendo en la región y profundamente preocupada por las víctimas y el sufrimiento humano que sigue deplorándose”. 

Se han ordenado seis medidas provisionales contra Israel. En concreto, debe “garantizar con efecto inmediato que su ejército no cometa ninguno de los actos” de genocidio. La orden también “considera que Israel debe tomar todas las medidas a su alcance para prevenir y castigar la incitación directa y pública a cometer genocidio contra miembros del grupo palestino en la Franja de Gaza”. 

El tribunal, con sede en La Haya (Países Bajos), pidió además al Estado de Israel que “adopte medidas inmediatas y eficaces para permitir la prestación de los servicios básicos y la asistencia humanitaria que se necesitan urgentemente para aliviar las difíciles condiciones de vida de los palestinos en la Franja de Gaza”. 

El auto del TIJ ordena asimismo a las autoridades israelíes que “adopten medidas eficaces para impedir la destrucción y garantizar la conservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos” de genocidio. 

Para verificar la correcta aplicación de estas medidas provisionales, el Tribunal pidió al Estado israelí que le enviara, en el plazo de un mes, un informe detallando las medidas adoptadas a tal fin.

Pero un mes después, las operaciones militares continúan y el número de víctimas palestinas ha seguido aumentando. “Aunque el TIJ no ordenó expresamente un alto el fuego”, señala el comunicado de la FIDH, “las medidas provisionales indicadas por el Tribunal tendrían los mismos efectos prácticos si se aplicaran. Sin embargo, Israel ha continuado con su campaña en Gaza, causando la muerte de casi 30.000 palestinos hasta el 23 de febrero”. 

Israel no solamente no ha tomado ninguna medida para facilitar el acceso de la población civil a bienes y servicios esenciales, sino que también ha obstaculizado la entrega de ayuda humanitaria. 

“Israel sigue obstruyendo la prestación de servicios básicos y la entrada y distribución de combustible y ayuda vital en Gaza”, afirma Human Rights Watch (HRW). Para esta ONG, Israel está infligiendo así un “castigo colectivo” constitutivo de “crímenes de guerra”, que “incluyen la hambruna como arma de guerra contra la población civil”. 

“El gobierno israelí está matando de hambre a 2,3 millones de palestinos en Gaza, poniéndolos en un riesgo aún mayor que antes de la decisión del tribunal”, dice Omar Shakir, director de HRW para Israel y Palestina. “El gobierno israelí simplemente ha ignorado la decisión del tribunal, y en algunos aspectos incluso ha intensificado su represión, en particular bloqueando aún más ayuda vital”, acusa. 

“Israel no únicamente ha creado una de las peores crisis humanitarias del mundo, sino que además está mostrando una despiadada indiferencia con el destino de la población de Gaza al crear unas condiciones que, según el TIJ, la exponen a un riesgo inminente de genocidio”, ha advertido por su parte Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. 

“Los suministros que entraban en Gaza antes de la decisión del TIJ eran ya una gota en el océano en comparación con las necesidades de los últimos dieciséis años”, señala también Amnistía. “Sin embargo, en las tres semanas siguientes a la decisión del TIJ, se redujo en alrededor de un tercio el número de camiones que entraron en Gaza, pasando de una media de 146 al día en las tres semanas anteriores a una media de 105 al día en las tres semanas siguientes. Antes del 7 de octubre, entraban en Gaza una media de unos 500 camiones diarios”, explica la ONG. 

Las asociaciones señalan también las declaraciones belicosas e intransigentes de los responsables israelíes, totalmente insensibles a la situación de los civiles palestinos, como la de la ministra para la Promoción de la Mujer, May Golan, que decía el 19 de febrero en la Knesset (el Parlamento israelí): “Estoy personalmente orgullosa de las ruinas de Gaza y espero que cada bebé, dentro de ochenta años, pueda contar a sus nietos lo que hicieron los judíos”. 

“Esta declaración, entre otras muchas, demuestra que el gobierno israelí no flaquea y no muestra ningún remordimiento por sus acciones, que han llevado al TIJ a reconocer la verosimilitud del genocidio israelí contra los palestinos”, subraya la FIDH. 

Israel, según informa la prensa, sí presentó un informe al TIJ el lunes 26 de febrero, la fecha exigida por la orden. No se ha revelado el contenido del informe, pero según el diario Haaretz, el gobierno israelí afirma estar cumpliendo sus obligaciones humanitarias y asegura que sus operaciones militares no están dando lugar a actos de genocidio. 

Ante la negativa israelí, las ONG piden a la comunidad internacional que convenza a Israel para que acepte un alto el fuego. “Solamente un alto el fuego inmediato y sostenido puede salvar vidas y garantizar la aplicación de las medidas provisionales del TIJ, en particular la entrega de ayuda vital”, insiste Heba Morayef. 

Pero el alto el fuego únicamente puede imponerse a Israel mediante la presión internacional. El TIJ no tiene poder coercitivo directo. Es competencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Israel cuenta con un aliado hasta ahora inquebrantable, Estados Unidos, que goza de un derecho de veto que le permite bloquear cualquier decisión. 

“Estados Unidos ha vetado por tercera vez una resolución de la ONU que pedía un alto el fuego, dando así luz verde a más muertes y más sufrimiento masivo de los palestinos”, afirma Heba Morayef.

“Los países con influencia sobre el gobierno israelí, como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y otros aliados, no deben permanecer impasibles ante la muerte evitable de palestinos como consecuencia de los bombardeos, la falta de alimentos y agua, la propagación de enfermedades y la falta de atención sanitaria”, continúa suplicando Heba Morayef. 

Por su parte, HRW pide a la comunidad internacional que “utilice todas las formas de presión, incluidas sanciones y embargos, para obligar al gobierno israelí a cumplir las órdenes vinculantes del tribunal”. 

El lunes 26 de febrero fue también el último día de las vistas, que comenzaron una semana antes, dedicadas a una solicitud de dictamen consultivo “sobre las consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida Jerusalén Este”. 

Este otro procedimiento, en el que están implicados 49 Estados, es consecuencia de una solicitud de dictamen dirigida al Tribunal por la Asamblea General de las Naciones Unidas en una resolución adoptada el 30 de diciembre de 2022. 

En este caso, se pide al TIJ que responda a dos cuestiones. La primera pretende aclarar “las consecuencias jurídicas de la persistente violación por Israel del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, de su ocupación, su colonización y prolongada anexión del territorio palestino ocupado desde 1967, incluidas las medidas encaminadas a modificar la composición demográfica, el carácter y el estatuto de la Ciudad Santa de Jerusalén, y la adopción por Israel de leyes y medidas discriminatorias conexas”. 

La segunda pide al Tribunal que extraiga las consecuencias de estas prácticas “sobre el estatuto jurídico de la ocupación”, así como las “consecuencias jurídicas que de ello se derivan para todos los Estados y para la Organización de Naciones Unidas”. 

La CIJ emitirá su fallo en una fecha aún por precisar.

Traducción de Miguel López

“No hay lugar al que volver, no hay casa, ni escuela, ni barrio al que volver, todo está destruido”, dice el abogado palestino Raji Sourani en una sala repleta de gente en el Colegio de Abogados de Madrid, “yo mismo no tengo ya casa, ni despacho ni siquiera el pequeño huerto que nos gustaba cultivar, todo son escombros , no hay lugar al que volver“, después hace una pausa y su silencio resulta tan expresivo como las palabras que busca y finalmente encuentra: “ Pero volveremos, Gaza será reconstruida, no nos rendiremos nunca”… Raji Sourani salió de Gaza por el paso de Rafah hace apenas un mes, su casa y el edificio de la organización de Derechos Humanos donde trabaja habían sido bombardeados en dos ocasiones muy seguidas hasta quedar totalmente destruidos; no fueron ataques aleatorios sino dirigidos, iban a por él y su familia, como ha ocurrido con las decenas de periodistas sepultados bajo los escombros de la vivienda familiar en esa peculiar forma de bombardeo selectivo con la que el ejército israelí acostumbra a liquidar a testigos incómodos cuya voz puede ser escuchada, como la del abogado Sourani, quien, tras su paso por Madrid, ya se encuentra en La Haya como parte del equipo legal que trabaja con sus colegas sudafricanos en la demanda por genocidio contra Israel.

Conocí a Raji en 1998 durante mi primera visita a Gaza, había cierre de territorios, es decir que en teoría nadie podía entrar ni salir de La Franja, pero entonces las normas no eran tan rígidas con los extranjeros y finalmente mi acreditación de prensa, que en los territorios ocupados solo puede dar el ejército, sirvió de algo y los soldados del puesto de Erezt me dejaron pasar, no así al taxista palestino que me acompañaba, y seguir a pie durante los casi tres kilómetros que quedaban hasta el siguiente control del ejército israelí ya a la entrada de Gaza. Habían pasado tres años desde el asesinato, a manos de un joven ultraortodoxo judío, del Primer ministro israelí, Yitzak Rabin y dos desde las elecciones que habían llevado al poder a Benjamín Netaniahu, quien durante toda su campaña había alardeado de que con él “nunca habrá un Estado palestino”. Para entonces ya se sabía que el proceso de paz se estaba yendo a la mierda. 

Yo había quedado con el doctor Haydar Abdel Shafi, el hombre que había encabezado la delegación palestina en la Conferencia de Paz de Madrid en 1991 y quizás la figura pública más querida y respetada entonces en Palestina. El doctor Abdel Shafi era un hombre bueno y sabio que hacía política como ejercía la medicina, para paliar el dolor del mundo, era lo más parecido a un santo laico; pienso en él cada vez que en estos atroces días oigo mencionar el nombre del hospital Shifa porque fue allí donde le conocí.  Esa noche, cenando en su casa, me presentó a su amigo Rají Sourani, abogado y director del Centro de los Derechos Humanos de Gaza. Era una casa de piedra de tres plantas con jardín y una hermosa galería a la que llegaba el aire del mar cercano porque Gaza es tierra marina y marinera. En aquella velada en la que bebimos vino blanco de Belén y Arak, una especie de anís típico de la zona de Palestina y Líbano, nadie era optimista,“ Europa es cómplice de los israelíes, está permitiendo que amplíen las colonias en Cisjordania para hacer imposible la creación de un Estado palestino” explicaba Raji y todos asentíamos porque para todos era evidente lo que estaba ocurriendo, la esposa del doctor Shafi intervino entonces: “se equivocan los que piensan que los atentados suicidas tienen que ver con la promesa del Paraíso, tienen que ver con la desesperanza, no lo hacen porque esperen entrar en el Paraíso en la otra vida sino porque no esperan nada de esta; no pueden soportar tanta humillación y tanto sufrimiento en esta.”

De vez en cuando uno de los nietos del doctor, un niño de unos 12 años, entraba sin hacer ruido, se sentaba en el suelo junto a su abuelo y se quedaba un rato con la cabeza apoyada en sus rodillas, escuchando la conversación de los adultos, luego se iba y al poco volvía a aparecer. En aquella Gaza sometida a la atrocidad cotidiana de la ocupación, la vida aún conseguía abrirse paso y creaba refugios de ternura y algo parecido a la felicidad, como la casa familiar de los Shafi.  

Veintiséis años después, todo son escombros y muerte y destrucción, una nueva Nakba más atroz aún que la del 48, se cierne sobre la población palestina. La ofensiva israelí contra Gaza no es una operación de represalia, menos aún de autodefensa, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, es una operación de exterminio. La solución final que el gobierno israelí ha puesto en marcha para liquidar la causa palestina.

No hay refugio ni lugar al que volver, dice Raji Sourani para describir lo que está ocurriendo en Gaza, y lo que describe se parece mucho a lo que sabemos que ocurrió en los meses previos y posteriores al establecimiento del Estado de Israel en 1948, cuando las milicias sionistas, luego ejército israelí, llevaron a cabo la gran operación de “vaciado” del territorio, es decir la expulsión en masa de la población autóctona palestina. Una de las claves de aquella operación consistió en destruir las localidades desalojadas y allanar el terreno con excavadoras o poner minas entre los escombros para que los vecinos expulsados de sus aldeas “no tuvieran lugar al que volver”. Más de cuatrocientas localidades palestinas fueron destruidas y sus nombres ya no figuran en los mapas, más de 750.000 personas, dos tercios de la población palestina de entonces, fueron expulsadas de su tierra y de la noche a la mañana se convirtieron en refugiados. Todo lo que ocurrió entonces está perfectamente documentado, pero mucho más eficazmente tapado. Y setenta y cinco años después, el horror de entonces se repite ahora en forma mucho más cruel y letal. 

Ha tenido que ser un país africano el que, frente a la pasividad, en muchos casos complicidad, de estadounidenses y europeos, ha tenido el coraje y la decencia de denunciar por genocidio a Israel. Sudáfrica, cuya población fue víctima del crimen de lesa humanidad del apartheid, está especialmente preparada para detectar crímenes como los que ellos sufrieron. En los años 90, tras una visita a la Cisjordania ocupada, el obispo sudafricano Desmond Tutu, figura clave en la lucha contra el régimen del apartheid, declaró: “lo que están viviendo los palestinos es peor que lo que nosotros sufrimos en los años del apartheid”. 

Al día siguiente de que el Tribunal de la Haya admitiese la demanda sudafricana y dictase medidas cautelares que, aunque no paran la guerra, suponen un serio obstáculo para la continuación de la ofensiva israelí en Gaza, ésta se ha intensificado en un mensaje claro de “desacato” al Tribunal o, dicho al modo en el que Benjamin Netanyahu acostumbra a expresarse, “los jueces pueden decir lo que quieran que no vamos a parar”. 

El Tribunal de la Haya no tiene medios para forzar a Israel a cumplir con las medidas cautelares, entre las que figura “garantizar la entrada de ayuda humanitaria en cantidad suficiente para atender las necesidades de la población de Gaza”, es decir sin las restricciones que impiden el acceso de los camiones de UNRWA (Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos) a las zonas más necesitadas de ayuda, especialmente al norte de la Franja. A modo de respuesta, el gobierno israelí ha lanzado gravísimas acusaciones contra UNRWA, más exactamente contra algunos empleados de la agencia que supuestamente, según Israel, habrían participado en el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. No es la primera vez que Israel lanza acusaciones de este tipo contra la organización humanitaria. La UNRWA no solo es la organización que provee de asistencia vital a los refugiados de Palestina, es también un recordatorio permanente de lo que ocurrió hace 75 años, la limpieza étnica de la que los refugiados son testimonio vivo. Por eso lleva tiempo en el punto de mira de Israel y en consecuencia de EEUU. Donald Trump ya lo intentó, suspendiendo de golpe la financiación de su país a la agencia, y no necesitó ninguna acusación como la actual para hacerlo. Ahora, una oportuna “revelación” de los servicios secretos israelíes ha bastado para que varios países, encabezados por EEUU, decidan suspender su contribución a UNRWA en unos momentos en los que la labor del “mayor actor humanitario en Gaza” es más necesaria que nunca. Y resulta chocante, por no decir sospechosa, la rapidez con la que países europeos como Reino Unido, Canadá, Alemania, Italia o Francia, siguiendo el camino indicado por EEUU, han anunciado la suspensión de su contribución financiera a UNRWA, sin esperar a las conclusiones de la investigación que Naciones Unidas ha puesto en marcha de inmediato.

Cuando el hambre, las enfermedades y las bombas amenazan con liquidar todo resquicio de vida en Gaza, el castigo a UNRWA es un castigo a una población al borde del exterminio. 

Bajo los escombros de Gaza hay miles de cuerpos sepultados. Y con ellos, los derechos humanos, la legalidad internacional, la justicia y ese mínimo de dignidad que nos hace humanos. 

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Teresa Aranguren es periodista y escritora.

La Unión Europea ha señalado este viernes que "toma nota" de la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a las autoridades de Israel para que adopten "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina y evitar un genocidio, insistiendo en que esta medida cautelar es de aplicación "efectiva e inmediata", según informa Europa Press.

"Las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes para las partes y éstas deben cumplirlas. La UE espera su aplicación plena, inmediata y efectiva", ha asegurado un comunicado conjunto de la Comisión Europea y el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.

La UE recalca su apoyo continuado a la corte con sede en La Haya, Países Bajos, como "principal órgano de justicia de Naciones Unidas".

En este sentido, Bruselas y el jefe de la diplomacia europea recuerdan que las partes tienen derecho a presentar alegaciones en relación con la competencia, la admisibilidad o el fondo de la cuestión y esto no se ve afectado por la decisión adoptada sobre la solicitud de Sudáfrica para medidas cautelares.

La CIJ ha declarado este viernes que tiene jurisdicción sobre este caso, avalando que Sudáfrica pueda demandar a Israel por presunta violación de la Convención de Genocidio y que el litigio pueda por tanto seguir adelante. La jueza Joan E. Donoghue ha incidido en que se está produciendo una "tragedia humana" en Gaza y ha confirmado que la CIJ está "profundamente preocupada" por el alto número de muertes.

Las medidas cautelares, de obligado cumplimiento, no implican una orden directa del cese de los ataques sobre la Franja de Gaza y son más un exhorto para evitar y perseguir cualquier abuso sobre la población. Plantean, no obstante, que Israel deba informar a la corte en el plazo de un mes de los pasos que ha dado para cumplir con las órdenes de este viernes.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha instado a las autoridades de Israel a adoptar "todas las medidas posibles" para proteger a la población palestina de la Franja de Gaza y garantizar de manera "urgente" que recibe la ayuda necesaria, en una batería de medidas cautelares acordadas tras una denuncia presentada ante el tribunal por Sudáfrica, según ha informado Europa Press.

La jueza Joan E. Donoghue ha expuesto en una lectura pública que la CIJ tiene jurisdicción sobre este caso, avalando que Sudáfrica pueda demandar a Israel por presunta violación de la Convención sobre el Genocidio y que el litigio pueda seguir adelante. Donoghue ha incidido en que se está produciendo una "tragedia humana" en Gaza y ha confirmado que la CIJ está "profundamente preocupada" por el alto número de muertes.

De hecho, ha expuesto algunas de las cifras dadas por las autoridades locales, pese a que no haya "verificación independiente", y declaraciones de agencias de la ONU para dar cuenta de la "devastación" que sufre la Franja desde hace más de cien días. "La situación de los niños en Gaza es especialmente desoladora", ha lamentado.

Entre las cosas que ha confirmado los jueces en este primer análisis, figura que algunas de las acusaciones presentadas contra Israel entran dentro de la Convención sobre Genocidio y que, conforme a dicho tratado, los palestinos tienen derecho a una protección como grupo. Las medidas cautelares contemplan, además, que Israel deberá informar a la corte en el plazo de un mes de los pasos que ha dado para cumplir con las órdenes de este viernes, que son de obligado cumplimiento.

Sudáfrica presentó su demanda contra Israel a finales de diciembre, bajo la premisa de que podía estar cometiéndose un "genocidio" en la Franja de Gaza, donde ya han muerto más de 26.000 personas, según los datos difundidos este viernes por el Ministerio de Sanidad gazatí.

A la espera de que el tribunal con sede en La Haya se pronuncie en un futuro sobre el fondo de la cuestión, Pretoria pidió la imposición de medidas provisionales, y los jueces han coincidido este viernes en que la situación en Gaza, que ya es "catastrófica", puede deteriorarse aún más antes del veredicto final.

Los abogados de Sudáfrica, que cuentan con el aval de más de 50 países, pusieron sobre la mesa durante las vistas preliminares no sólo las cifras de fallecidos y de armamento utilizado, sino también que líderes políticos israelíes incurrieron en lo que describieron como "retórica genocida", por ejemplo tachando a los palestinos de "animales humanos". Asimismo, denunciaron la destrucción de infraestructuras civiles y el traslado forzoso de población.

Para Israel, en cambio, se trata de una denuncia "infundada", una tesis que comparte con su principal aliado internacional, Estados Unidos. En este sentido, la defensa israelí acusó a Sudáfrica de presentar una versión "profundamente distorsionada" de la realidad y justificó en fondo y forma la ofensiva, que el Gobierno de Benjamin Netanyahu sigue siendo necesaria para erradicar una "amenaza existencial".

Los abogados que representaron a Israel alegaron que la guerra era contra Hamás, que controla Gaza, y "no contra el pueblo palestino". De hecho, sostuvieron que los daños a los civiles es algo común en todo conflicto y puede haber resultados "indeseables", aunque responsabilizaron a Hamás de los mismos.

"Bajo el pretexto de una acusación de genocidio contra Israel, se pide a este tribunal que ponga fin a los continuos ataques de una organización que persigue una auténtica agenda genocida", resumió Tal Becker, asesor jurídico del Ministerio de Exteriores israelí, durante su exposición.

La CIJ forma parte de la estructura de la ONU y sus sentencias son por tanto jurídicamente vinculantes para todos los Estados miembro de la organización. Sin embargo, carece de herramientas propias para que se apliquen, lo que ha provocado que por ejemplo Rusia no acatase la orden de parar la agresión sobre Ucrania que el tribunal emitió semanas después del inicio de la ofensiva en febrero de 2022.

Al contrario de lo que ocurre con el Tribunal Penal Internacional (TPI), no juzga a personas a título individual, sino que dirime disputas entre Estados, como es el caso de la demanda de Sudáfrica contra Israel sobre la que se ha pronunciado este viernes. El caso está todavía en una fase inicial y puede demorarse durante años hasta una sentencia en firme, no recurrible.

La demanda presentada por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ) de las Naciones Unidas contra el Estado de Israel por el "carácter genocida" de su guerra contra los palestinos de Gaza no es sólo un acto jurídico sin precedentes. Esta demanda marca un brusco cambio geopolítico: mientras todos los pueblos del mundo asisten, a través de la tragedia palestina, a la utilización de geometría variable por parte de Europa y Estados Unidos de los valores universalistas que dicen defender, es un país emblemático de las causas emancipadoras, anticoloniales y antirracistas del Tercer Mundo el que toma el testigo. 

Basta con leer el excepcional documento elaborado por la diplomacia sudafricana y escuchar la presentación (ver más abajo, porque los medios audiovisuales apenas la cubrieron), el jueves 11 de enero, de sus argumentos ante el TIJ para tomar la medida del eclipse intelectual de un continente, el nuestro, cuyos Estados-nación han pretendido durante tanto tiempo decir, codificar e imponer el bien, lo justo y lo verdadero.

Porque, en tiempo real y ante los ojos de todo el mundo, frente al martirio de Gaza, no han dicho nada –o muy poco: unos cuantos llamamientos hipócritas a la moderación– y no han hecho nada –o peor aún: han hecho todo lo contrario al entregar cantidades masivas de armas y municiones a Israel, como ha hecho más recientemente Estados Unidos–. Nada se dijo y nada se hizo cuando la población de uno de los territorios más densamente poblados del planeta fue atacada por uno de los ejércitos más poderosos del mundo, el del Estado que la había sitiado tras haberla ocupado, en la campaña de bombardeos más intensa de la historia militar moderna. 

Peor que Alepo en Siria, peor que Mariúpol en Ucrania, por tomar sólo dos referencias contemporáneas que implican a Rusia, pero proporcionalmente peor también, en términos de intensidad, que los bombardeos aliados sobre la Alemania nazi. 

Tanto por las acciones de su ejército como por las palabras de sus dirigentes, el Estado de Israel ha tomado como blanco a un pueblo en su respuesta vengativa al atentado de Hamás del 7 de octubre de 2023 y su masacre de civiles israelíes. Lejos de ser una respuesta proporcionada, se trata de un castigo indiscriminado a una población por su origen, identidad, cultura e historia. 

Ha sido el pueblo palestino de Gaza, y a través de él la idea misma de una Palestina viable, de una vida y existencia bajo ese nombre, con todo lo que ello conlleva en términos de sociabilidad y ciudadanía, el señalado como culpable para ser castigado, indiscriminadamente. El propio primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hizo un llamamiento explícito el primer día a la guerra santa, refiriéndose a Amalec, el pueblo al que Dios ordena exterminar en la Biblia (I Samuel XV, 3): "No te apiades de él, antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, niños y niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos". 

En sólo tres meses de guerra ya han muerto, desaparecido o resultado heridas, decenas de miles de personas, sobre todo civiles, la mayoría niños y mujeres. Todo un mundo ha sido destruido para siempre, viviendas y hospitales, lugares de vida y de culto, escuelas y universidades, administraciones, comercios, monumentos, bibliotecas, incluso cementerios. 

"Ningún lugar es seguro en Gaza", declaró el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en su solemne carta al Consejo de Seguridad el 6 de diciembre de 2023. Desde entonces, las ONG humanitarias y las agencias de la ONU no han dejado de alertar sobre la contaminación del agua, el riesgo de hambruna, la miseria inconmensurable y la desesperación infinita; en resumen, la destrucción sin retorno de una parte de la Palestina ocupada. 

Un giro siniestro: el Estado cuya legitimidad inicial se fundó en la conciencia del crimen de genocidio cometido contra los judíos por el nazismo y sus aliados se enfrenta ahora a la acusación de cometerlo contra los palestinos. En la Convención de 1948 invocada por Sudáfrica, el delito de genocidio se refiere a actos "perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal". Rafaël Lemkin, el inventor de la palabra –del griego genos y del latín cide– lo definió como "un complot para aniquilar o debilitar grupos nacionales, religiosos o raciales". 

El debate jurídico se llevará a cabo sobre el fondo, pero por el momento –y esto es de lo que trata el procedimiento de urgencia ante la CIJ– el objetivo es detener lo antes posible un proceso de aniquilación, depuración, expulsión, supresión y destrucción de los palestinos de Gaza, que tiene características genocidas. 

Como trágicamente nos han recordado los genocidios cometidos en Ruanda en 1994 y en Bosnia en 1995, no se trata en absoluto de relativizar la singularidad de la Shoah, el plan concertado del régimen nazi para el exterminio industrial de millones de seres humanos, sino de mantener una vigilancia universal sobre la repetición, en otros contextos y bajo formas diferentes, de ese inconmensurable crimen de lesa humanidad contra sí misma. 

Pero la historia recordará que las potencias que encarnan Occidente, esa realidad política nacida de la proyección de Europa sobre el mundo, aun cuando se enorgullecen de haber proclamado la universalidad y la igualdad de derechos, se desentendieron de esa vigilancia abandonando a Palestina a su triste destino. Por la audacia de Sudáfrica, son los pueblos y naciones que han padecido esa apropiación dominante de lo universal por las potencias occidentales quienes son ahora sus mejores defensores. En definitiva, están recordando a Europa la promesa que ha traicionado.  

"Si queremos responder a las expectativas de nuestros pueblos, debemos buscar en otra parte que no sea Europa": estas son casi las últimas palabras de Les Damnés de la terre (Los condenados de la tierra, 1961), el ensayo de Frantz Fanon que ha dado la vuelta al mundo desde su publicación, y pueden leerse como una predicción del cambio de rumbo que se está produciendo en la actualidad. Ese llamamiento a "cambiar de bando" exigía una huida emancipadora en busca de un verdadero humanismo, en el que la preocupación por la humanidad deje de estar eclipsada por los intereses de las naciones dominantes o las identidades de los pueblos conquistadores. Siguiendo los pasos del Discurso sobre el colonialismo (1955) de su compatriota martiniqués Aimé Césaire, Les Damnés de la terre glorificaba un verdadero universalismo, sin nación propietaria ni identidad fronteriza. 

En la conclusión de su primer libro, Peau noire, masques blancs (Piel negra, máscaras blancas, 1952), Fanon escribió: "Ojalá se me permita descubrir y querer al hombre, dondequiera que esté", recordando la advertencia de su “profesor de filosofía, de origen antillano: 'Cuando oigas hablar mal de los judíos, agudiza el oído, están hablando de ti'", con el comentario: "Un antisemita es necesariamente un negrófobo". Como epígrafe a uno de los capítulos, había colocado estas palabras de Aimé Césaire: "No hay un pobre hombre linchado en el mundo, un pobre diablo torturado, en el que yo no me sienta asesinado y humillado".

El derecho internacional es la traducción jurídica de ese humanismo esencial. Un humanismo que Fanon, una década más tarde, durante las guerras coloniales francesas, de Vietnam a Argelia, observó con rabia que Europa había negado. 

En Les Damnés de la terre escribió: "Salgamos de esta Europa, que no hace más que de hablar del hombre mientras lo masacra allí donde lo encuentra, en cada rincón de sus propias calles, en cada rincón del mundo. [...] Europa se ha negado a toda humildad, toda modestia, y también a toda preocupación, toda ternura. Se ha mostrado parsimoniosa sólo con el hombre, mezquina, carnívora y homicida sólo con el hombre. Así pues, hermanos, ¿cómo no comprender que tenemos cosas mejores que hacer que seguir a esa Europa?” 

En esta acusación de Europa contra sí misma, Fanon blande su promesa traicionada, para exigir que sea superada y finalmente cumplida. Esa Europa, que proclamó la igualdad natural y luego promulgó los derechos universales, pisoteó y saqueó ambos mediante el colonialismo y el imperialismo, negándoselos a los pueblos y humanidades que oprimía y explotaba. 

Y es este devastador engaño el que han perpetuado hasta nuestros días la larga injusticia cometida con Palestina por la ocupación y colonización de sus territorios desde 1967, y la consiguiente segregación y discriminación de su pueblo, extendiendo en el seno de la sociedad israelí un veneno mortal para los ideales democráticos, como atestigua el ascenso de fuerzas judías de extrema derecha, tan racistas como antisemitas. 

La resonancia actual de ese libro-manifiesto demuestra que la esperanza internacionalista y humanista de la descolonización no es una reliquia pasada, sino todavía una promesa activa. Publicado unos días antes de la muerte de su autor, que había abrazado la causa de la independencia de Argelia, Les damnés de la terre se publicó a finales de 1961, el mismo año en que Nelson Mandela, abandonando la estrategia no violenta del CNA sudafricano frente al régimen del apartheid, fue a entrenarse para la lucha armada con el FLN argelino en sus bases clandestinas de Marruecos, unos meses antes de su detención el 5 de agosto de 1962. 

Pero la resonancia va más allá: el apartheid, régimen de segregación racial, se instauró en 1948, el mismo año en que Naciones Unidas respaldó la creación del Estado de Israel, proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y aprobó la Convención sobre el Genocidio.

Releer a Frantz Fanon es tomar la medida de lo que nos jugamos para nuestro futuro sobre lo que Palestina viene diciendo al mundo desde que se le negó su derecho a existir como Estado soberano, aunque, con Yasser Arafat a la cabeza, acabó concediendo ese derecho al Estado de Israel, a pesar de la expulsión –la Nakba– de la que fue víctima una parte de su pueblo en 1948. ¿Quién va a salvar hoy la universalidad y, sobre todo, lo universalizable –en el sentido de compartición y solidaridad– de los derechos, la justicia y la igualdad, escapando así a su apropiación depredadora por parte de Estados, pueblos y naciones que pretenden ser los legítimos propietarios de lo universal hasta el punto de permitirse contradecirlo y ultrajarlo en cuanto sus egoísmos, sobre todo económicos, se ven en peligro? 

Sudáfrica aporta la respuesta ante el Tribunal de La Haya: el origen no protege contra nada, no hay lo universal del que ninguna nación, civilización, cultura, etc., tenga el monopolio o el privilegio, sólo existe lo universalizable que se juega en cada prueba concreta en la que el destino de una humanidad en particular –atacada, perseguida, violada, discriminada, borrada, exterminada, etc.– pone en peligro el de toda la humanidad. Esta demanda ante el TIJ, rigurosamente jurídica desde el punto de vista del derecho internacional, plantea la cuestión políticamente decisiva de la universalidad sin fronteras de los valores supranacionales que los Estados-nación de nuestro continente y la Unión Europea que los agrupa pretenden encarnar, al menos sobre el papel. 

Los principios, valores y derechos fundamentales invocados por Sudáfrica en respuesta a los actos del Estado de Israel en Gaza no valen sólo para Palestina. Valen, al mismo tiempo, para Ucrania, víctima de una guerra de agresión del imperialismo ruso, con su rastro de crímenes de guerra y contra la humanidad –y este recordatorio vale para los dirigentes sudafricanos que, hasta la fecha, no han condenado a Moscú. Pero también valen para el pueblo de Siria, ayer y todavía hoy martirizado por el régimen dictatorial que lo oprime con el apoyo de Irán y Rusia. Igual que valen para los uigures, el pueblo de habla turca, predominantemente musulmán, perseguido por China en la región de Xinjiang. Al igual que valen para todos los pueblos que sufren bajo el yugo de poderes estatales cuyo aparente apoyo a la causa palestina sirve de distracción del injusto destino que les imponen, desde Irán a Turquía, sin olvidar los absolutismos monárquicos que reinan en la península arábiga.

El humanismo sólo puede ser internacionalista. Es lo que quería decir Nelson Mandela cuando expresó su reconocimiento al pueblo palestino por su ayuda en la lucha contra el apartheid: "Sabemos muy bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad de los palestinos", decía. Por el contrario, la indiferencia de la mayoría de los dirigentes europeos ante el destino de Palestina pone en peligro la idea que Europa tiene de sí misma, de sus valores y de sus principios. 

¿Qué podrá decir Europa mañana ante violaciones del derecho internacional que la pongan en alerta o la amenacen, como la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, después de no haber ayudado a Palestina? ¿Cómo puede atreverse a dar lecciones a otras potencias autoritarias e imperialistas que rechazan todo derecho supranacional que pueda frustrar sus ambiciones, cuando no ha sabido defenderlas frente al Estado de Israel, o incluso cuando simplemente ha renegado de ellas por boca de algunos de sus dirigentes, que presumen de un apoyo "incondicional" a ese Estado, sean cuales sean sus actos? 

Hace poco más de un año, el 13 de octubre de 2022, Josep Borrell, Vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, pronunció el discurso inaugural de la nueva Academia Diplomática Europea en Brujas. "Europa", explicó orgulloso, "es un jardín" donde "todo funciona", "la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que la humanidad ha sido capaz de construir". En cambio, le preocupaba que "la mayor parte del resto del mundo es una jungla, y la jungla podría invadir el jardín". Los jardineros [europeos] deben ir a la jungla", recomendó entonces. “Los europeos deben comprometerse mucho más con el resto del mundo. De lo contrario, el resto del mundo nos invadirá, de diferentes maneras y por diferentes medios.” 

Con Gaza arrasada y Palestina maltratada, ¿dónde está el jardín y dónde está la selva? ¿Y dónde están los "jardineros" oficiales europeos que, en los últimos meses, han abandonado su preocupación por el mundo y la humanidad? Lejos de sernos ajena, la jungla prolifera por la ceguera de la conquista y el poder, la explotación y la dominación. En cuanto al jardín, por muy limpio que parezca, puede ser el caldo de cultivo de las peores barbaridades, las que, en nombre de identidades, orígenes y civilizaciones que se creen superiores a otras, conducen al crimen de genocidio.

Traducción de Miguel López

Israel acusó este viernes a Sudáfrica de presentar a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) una “imagen fáctica y jurídica profundamente distorsionada” de la realidad de su guerra en Gaza, que definió como una respuesta “al mayor asesinato en masa calculado de judíos en un día desde el Holocausto”, el ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre, según ha informado EFE.

Durante una audiencia este viernes en la CIJ, el agente de Israel, Tal Becker, aseguró que la “totalidad” del caso presentado por Sudáfrica “depende de una descripción manipuladora, descontextualizada y deliberadamente recopilada de la realidad de las hostilidades actuales” contra Gaza, donde la ofensiva israelí se ha cobrado ya la vida de más de 23.300 civiles.

Becker advirtió de que “si ha habido actos que pueden calificarse de genocidas, entonces han sido perpetrados contra Israel”, una afirmación que llegó acompañada de fotografías de los 200 rehenes tomados por Hamás, así como de imágenes del ataque, definido como “el mayor asesinato en masa calculada en un solo día desde el Holocausto”. 

Los abogados que representan a Israel tienen el turno de la palabra para exponer todos sus argumentos contra los crímenes enumerados ayer por Pretoria, que acusó a Israel de violar la Convención contra el Genocidio, de 1948, con su guerra en Gaza. 

“Esta Convención se hizo para abordar un crimen malévolo de la gravedad más excepcional. Vivimos en una época donde las palabras son baratas. En una era de redes sociales y políticas de identidad. La tentación de plantear el término más escandaloso para vilipendiar y demonizar se ha vuelto irresistible para muchos. Pero si hay un lugar donde las palabras aún deben importar, donde la verdad aún debería importar, es sin duda en un tribunal de justicia”, explicó Becker.

Becker acusó a Hamás de haber provocado “una masacre, con mutilaciones, violación y secuestro de tantos ciudadanos como los terroristas pudieron encontrar antes de que las fuerzas israelíes los repelieran” y describió que “torturaron niños delante de sus padres, y padres delante de los niños, quemaron personas, incluidos bebés con vida. Y sistemáticamente violaron y mutilaron a decenas de mujeres, hombres y niños”. 

Además, subrayó, “han grabado su barbarie” en videos que fueron reproducidos en redes sociales mostrando con orgullo las consecuencias del ataque a Israel. “Este acto, por sádico y sistemático que sea, no exime a Israel de su obligación de respetar la ley mientras defiende a sus ciudadanos en su territorio. Eso es incuestionable”, reafirmó el agente israelí, girando la mirada hacia el equipo legal sudafricano. 

Pero, advirtió, Israel “tiene el derecho inherente de tomar todas las medidas legítimas para defender a sus ciudadanos y asegurar la liberación de los rehenes”, aseguró. 

Consideró que las medidas cautelares solicitadas por Sudáfrica, que incluye una orden a Israel de suspender la operación militar, “equivale a un intento de negar a Israel su capacidad de cumplir con sus obligaciones de defender a sus ciudadanos, a los rehenes y a más de 100.000 israelíes desplazados internamente que no pueden regresar de manera segura a sus hogares” desde el ataque de Hamás.

Desde el ataque de Hamás a Israel el sábado 7 de octubre y la implacable respuesta del Estado hebreo el lunes, las acusaciones van y vienen: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, incluso genocidio y, por supuesto, terrorismo. Cada parte acusa a la otra de atacar a civiles, incluidos niños, tomarlos como rehenes o bombardearlos. 

Mientras que la respuesta israelí al ataque de Hamás, en el que murieron más de 1.200 personas, parece no haber hecho más que empezar, ya se ha cobrado más de 2.200 víctimas en el lado palestino. Hay muchos civiles entre los muertos, los heridos, los rehenes tomados por Hamás y las familias desplazadas por los bombardeos israelíes en una Franja de Gaza asediada. 

¿Qué valor tienen esas acusaciones según el derecho internacional? ¿Cómo calificar la violencia y las atrocidades cometidas durante la última semana? ¿Qué recursos tienen las víctimas y a qué se arriesgan los autores? 

Julia Grignon, profesora de Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Laval en Quebec (Canadá) y directora de investigación en el Instituto de Investigación Estratégica de la Escuela Militar (IRSEM), empieza por sentar las bases de los hechos punibles. "En derecho internacional, hay cuatro crímenes: agresión, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio", explica. 

"La agresión no nos interesa en esta situación. Un crimen de guerra es una violación de uno de los Convenios de Ginebra cometida en el marco de un conflicto armado. Un crimen contra la humanidad es un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. A diferencia de los crímenes de guerra, puede cometerse en tiempos de paz. Y el genocidio es la destrucción de todo un sector de una población.” 

“Estas calificaciones no se excluyen mutuamente", explica Julia Grignon. “El asesinato puede constituir un crimen de guerra, cometido en el marco de un crimen contra la humanidad o de un genocidio.”

Antes de comentar los últimos acontecimientos, Julia Grignon quiere recordar que "se inscriben en un conflicto preexistente". "Desde 1967, Cisjordania, los Altos del Golán y la Franja de Gaza son territorios ocupados. No lo digo yo, sino la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un dictamen de 2004". 

Ese estatuto de territorios ocupados les otorga ciertos derechos garantizados por el derecho humanitario, destinados a proteger a sus "poblaciones en una situación de gran vulnerabilidad por estar bajo el control de una potencia ocupante", prosigue Julia Grignon. 

"Desde la decisión de la CIJ, las cosas han cambiado. En 2005, el ejército israelí se retiró unilateralmente de la Franja de Gaza, tal vez para dejar de ser considerada potencia ocupante. Sin embargo, sigue manteniendo el control total sobre tierra, mar y aire. Por ello, la doctrina considera que la Franja de Gaza es un territorio ocupado.” 

Es por tanto "en el contexto de este conflicto preexistente cuando, el pasado 7 de octubre, un grupo armado procedente de este territorio ocupado lleva a cabo un ataque a gran escala", prosigue la jurista. "En cuanto a los actos en sí, es de aplicación el derecho humanitario.” 

Y en el caso del ataque de Hamás, su violación es evidente. "Se puede atacar a militares, pero no a civiles. Se puede detener a personas, pero no tomarlas como rehenes. Se puede matar a gente –seamos realistas, se trata de un conflicto armado–, pero el asesinato y las ejecuciones están prohibidos". En cuanto al ataque de Hamás, los hechos están ahí. Ejecutar a civiles, mujeres y niños, a quemarropa, es abominable.” 

“En cuanto a la respuesta", añade la profesora, "en estos momentos el ejército israelí está bombardeando masivamente la Franja de Gaza. Si apunta a una posición de Hamás, es un objetivo militar y puede atacar. Incluso si se trata de una base en un edificio civil, Israel tiene derecho a devolver el golpe. En cambio, no hay derecho a bombardear a civiles. Por tanto, cabe preguntarse si todos los ataques israelíes han alcanzado bases de Hamás. Por ejemplo, se atacó una mezquita. ¿Había miembros de Hamás dentro?”

“Estamos en una situación de conflicto armado en la que los ataques de Hamás y la respuesta de Israel podrían equivaler a crímenes de guerra", coincide Marina Eudes, profesora de Derecho Internacional en el Centro de Derecho Internacional de la Universidad París-Nanterre. “En el caso de Hamás, los actos de terrorismo están prohibidos y atacar a civiles es un crimen de guerra. En cuanto a la respuesta israelí, se han producido bombardeos de zonas civiles y, además, se ha instaurado un bloqueo que, en última instancia, podría poner en peligro la vida de las personas. Y ello a pesar de que Israel ha ratificado la IV Convención de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra.” 

“El asedio no está prohibido per se", añade Julia Grignon. “Sin embargo, vamos a ver los efectos producidos por el asedio, si va a afectar a la población de forma contraria a los derechos humanos". Por ejemplo, "provocar hambruna está prohibido". De igual modo, "no se puede prohibir la ayuda humanitaria". Cuando se corta la electricidad a toda la población, también afecta a los hospitales, por ejemplo", prosigue. Y cuando sus generadores se queden sin gasolina, se pondrá en peligro la vida de los pacientes, como los que están en cuidados intensivos". 

¿Es posible determinar ya en qué categorías de delitos se encuadran los posibles abusos cometidos por ambas partes? "No hago gradaciones del horror", dice Julia Grignon a modo de preámbulo. "Es evidente que hay crímenes de guerra", añade. Pero para ir más lejos y establecer un crimen contra la humanidad, será necesario "probar que hubo un ataque generalizado y sistemático contra una población civil", señala. "Esto ya es más difícil de probar jurídicamente. No niego que pueda haber crímenes contra la humanidad", insiste. “Pero por eso los jueces se toman un tiempo para investigar. Hay que desconfiar de las declaraciones políticas.” 

Los investigadores también podrán esclarecer los hechos a la luz de las declaraciones de dirigentes políticos y militares de ambos bandos. Por ejemplo, la del ministro de Defensa israelí, Yoav Galant, que dijo que estaba luchando contra "animales humanos". “Es abominable hablar así", afirma Julia Grignon. “Es como declarar que no tendremos piedad. Está prohibido por el derecho internacional". 

Luego está la cuestión del terrorismo. Para Johann Soufi, abogado internacional, la cuestión no se plantea en el derecho internacional. "El concepto de terrorismo es principalmente una cuestión de derecho nacional, pero que se utiliza mucho como instrumento político a nivel internacional", explica el abogado, que fue, entre otras cosas, fiscal internacional en Ucrania y jefe de la oficina de asuntos jurídicos de la agencia de la ONU para los refugiados en Gaza. 

"Un país como Irán, por ejemplo, considera terrorista a cualquiera que se oponga al régimen. Y cualquier régimen autoritario sabe que 'la lucha contra el terrorismo' es el mejor pretexto para ir contra las libertades públicas y los opositores." 

Además, no existe una definición universal de terrorismo. “Ha habido intentos", explica Johann Soufi, “pero todos han fracasado, principalmente por dos obstáculos. El primero es la noción de 'terrorismo de Estado'. Algunos países quieren que podamos clasificar de actos terroristas las operaciones de terror cometidas por Estados, mientras que otros se oponen formalmente a ello.” 

"El segundo obstáculo es el reconocimiento de los actos llevados a cabo por "movimientos de liberación nacional". Algunos Estados, a menudo antiguas colonias, consideran que, en la definición de terrorismo, debe conservarse un cierto margen de maniobra excluyendo a los movimientos de lucha armada contra una potencia ocupante, incluso cuando ésta recurre al terror. Este es también un punto central de controversia en el conflicto palestino-israelí.”

En Francia, sin embargo, la cuestión es extremadamente delicada. ¿Por qué el reconocimiento del carácter terrorista del atentado de Hamás es tan importante para toda una parte de la clase política? ¿En qué sentido es más grave que los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra? Y, a la inversa, ¿por qué algunos dirigentes de La France insoumise se niegan obstinadamente a utilizar el término "terrorista"? 

“No me importa utilizar el término "terrorista" para describir las acciones de Hamás, pero de forma genérica", explica Johann Soufi. “Efectivamente, el ataque del 7 de octubre pretendía sembrar el terror entre la población israelí. Y no me sorprende que se califique a Hamás de grupo terrorista". 

“Sin embargo", continua el abogado, "desde un punto de vista jurídico, prefiero no utilizar ese término, que no corresponde realmente a nada en términos de derecho internacional humanitario. No entiendo necesariamente el simbolismo que encierra. ¿Qué aporta a la condena?” 

“Creo que es un debate deshonroso, tanto para Francia como para Israel", afirma Julia Grignon. “Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo sobre el terreno, es penoso que la política francesa se centre en si estos actos pueden calificarse o no de terroristas. Por supuesto que los actos de Hamás pueden calificarse de terroristas", añade la jurista. “No tengo ningún problema con eso. Pero también pueden ser crímenes de guerra, o ambas cosas, o incluso crímenes contra la humanidad. La etiqueta de terrorista no añade nada". 

Marina Eudes señala que la naturaleza simbólica del terrorismo se ha desarrollado "desde los atentados del 11 de septiembre. El término terrorista ha adquirido un carácter aún más infame, que ha acabado primando sobre cualquier otro calificativo". 

Además, aunque no tenga ninguna incidencia en el derecho internacional, la designación de terrorista abre a menudo la vía, a nivel nacional, a procedimientos distintos del derecho común. "En términos de jurisdicciones nacionales, muchos países han adoptado leyes excepcionales, con procedimientos simplificados que les permiten tomar medidas represivas más rápidas y más duras", señala Marina Eudes. 

Johann Soufi también señala una peculiaridad nacional en Francia vinculada al trauma del atentado de Bataclan en 2015. "Apela a una emoción conocida. Lo que pasó en Israel cuando atacaron la rave party recuerda lo que vivieron los franceses. Aunque sea un contexto diferente". 

Una vez identificados los crímenes cometidos durante el conflicto, ¿cómo castigarlos? ¿Qué jurisdicción es competente y en qué condiciones? "En primer lugar, cada Estado tiene la responsabilidad de castigar a los autores de crímenes cometidos en su territorio", explica Johann Soufi. En este caso, el Estado israelí sería el primero legitimado para investigar los abusos cometidos en su suelo. 

"Pero otros Estados también pueden actuar", añade el ex fiscal internacional. Ante todo, cada país es competente para investigar los actos cometidos contra sus nacionales. En Francia, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Parquet national antiterroriste, Pnat) anunció el jueves 12 de octubre que había abierto una investigación por "asesinato en relación con una acción terrorista". 

En derecho internacional, existe también el principio de "jurisdicción universal", que permite a cada Estado asumir la competencia sobre ciertos crímenes particularmente graves, como los de guerra, contra la humanidad o el genocidio, aunque se hayan cometido fuera de su territorio y ninguno de sus nacionales haya sido víctima. 

Sin embargo, este principio se aplica de forma diferente en los distintos países. Durante mucho tiempo, la jurisdicción universal de Francia se vio muy limitada por el principio de "doble incriminación", que exigía que el delito fuera castigado en Francia y en el país de origen. Esta restricción no se levantó hasta una decisión del Tribunal de Casación el 12 de mayo de este año. 

Por último, cuando no es posible el enjuiciamiento a nivel nacional, el caso puede remitirse al Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya (Países Bajos). “El TPI está para garantizar la complementariedad", explica Johann Soufi. “Siempre es preferible que los procesos se lleven a cabo a nivel nacional. El TPI está ahí cuando eso no es posible. Es el caso, por ejemplo, cuando hay un problema con la legitimidad o imparcialidad de los enjuiciamientos nacionales", continúa el ex fiscal internacional. “Imaginemos a un israelí detenido y juzgado en Irán o a un palestino en Israel.” 

Da la casualidad de que el TPI ya ha sido elegido por Palestina, que, aunque no tiene estatus de Estado de pleno derecho, en 2015 se adhirió como observador al tratado que rige el tribunal. Desde entonces, Israel sigue negándose a ratificar el tratado. “Es un criterio territorial y personal", explica Johann Soufi. “En cuanto se cometen crímenes en Palestina o por parte de ciudadanos palestinos, el TPI tiene competencias para investigar.” 

En febrero de 2021, el TPI emitió un dictamen en el que afirmaba su competencia en los territorios ocupados y abría la vía a una investigación que corresponderá a la fiscal Fatou Bensouda. Esta investigación está motivada principalmente por la Operación “Margen Protector”, lanzada por el ejército israelí contra Gaza en el verano de 2014, al que se acusa de ataques desproporcionados. 

Pero la investigación también está analizando los hechos posteriores a ese ataque, cometidos tanto por el ejército israelí como por Hamás. "Así que los hechos en curso están incluidos en esta investigación", aclara Johann Soufi. 

No obstante, la oposición del gobierno israelí a una investigación internacional plantearía ciertos problemas. "Si el Estado se opone al procedimiento y se niega a participar, los investigadores no podrán visitar el lugar, por ejemplo", explica Johan Soufi. "Mientras Ucrania recibe a los investigadores internacionales con los brazos abiertos, con Israel será mucho más complicado". 

El 17 de marzo de 2023, el TPI emitió una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin y la comisaria rusa de Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, por la deportación de niños ucranianos a Rusia. 

Una vez concluida la investigación, el TPI está facultado para dictar órdenes de detención contra los responsables de los delitos que haya podido identificar. Desde ese momento, "todos los Estados tienen la obligación legal de cooperar y contribuir a su detención", explica Johann Soufi. "Por eso Vladimir Putin tuvo que cancelar su viaje a Sudáfrica para asistir a la cumbre de los Brics, por ejemplo". Para el ex fiscal internacional, es "totalmente concebible" que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu u otros responsables israelíes se encuentren en la misma situación. 

Sin embargo, dos años después de la apertura de la investigación, parece haberse estancado. "El fiscal ha podido investigar desde 2021, pero hasta ahora no hemos visto nada", lamenta Marina Eudes. En un momento en el que la región arde, a muchos les gustaría que el fiscal se pronunciara. "Ahora todas las miradas están puestas en el TPI, y esperamos que reaccione", explica la jurista. 

En un artículo publicado en Le Monde el 21 de septiembre, titulado "El futuro del Tribunal Penal Internacional también está en juego en Palestina", en el que pedía al TPI que "acelere sus investigaciones en Palestina", Johann Soufi señalaba la falta de "determinación" en comparación con la investigación sobre los crímenes rusos cometidos en Ucrania, que se tradujo en una orden de detención en menos de un año. 

El TPI debe dar la imagen de que lleva a cabo una política penal justa, porque es la expresión de la voluntad de la comunidad internacional de luchar contra la impunidad", argumenta el abogado a Mediapart. “Es muy importante que el TPI tenga en cuenta esa dimensión y trate todas las situaciones con imparcialidad". 

“Cuando vemos lo que se ha podido hacer en Ucrania, y lo que no parece haberse hecho hasta ahora en Palestina, no podemos dejar de constatar una diferencia en la forma en que se aplica la justicia internacional", prosigue. “No debería haber un doble rasero.” 

Entre la oposición de Israel a cualquier investigación independiente y la falta de voluntad de la comunidad internacional, parecen escasas las posibilidades de que prospere una investigación del TPI en los territorios ocupados. “Yo sigo confiando", dice Johann Soufi. “Llevo diecisiete años trabajando en este campo y ya he visto suceder cosas que creíamos imposibles, como la orden de detención contra Vladimir Putin.” 

“Pero, después de todo, soy consciente de las realidades políticas y diplomáticas", admite el ex fiscal internacional. “Así que mi confianza está teñida de realismo. Pero en lo que respecta a la situación en Palestina, la única vía posible es actualmente la justicia internacional,  a falta de voluntad política para resolver el conflicto. Me gustaría que fuera la diplomacia, pero desgraciadamente no es el caso por el momento.”

Traducción de Miguel López

“El Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) es el mayor éxito de la historia de la justicia internacional", afirma de entrada Jean-Daniel Ruch, actual embajador suizo en Turquía que pasó cuatro años como asesor diplomático de Carla Del Ponte, fiscal general del TPIY de 1999 a 2007. "Investigó los principales crímenes cometidos por todas las partes durante los conflictos de los Balcanes en los años 90, y acusó a los autores, aunque no todos fueran condenados: nunca antes un tribunal había llegado tan lejos".

Con la guerra de nuevo en Europa desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, y la Corte Penal Internacional (CPI) emitiendo una orden de detención contra el presidente ruso Vladimir Putin en marzo de 2023, ¿qué podemos aprender del TPIY?

El TPIY fue creado por la Resolución 857 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada por todos sus miembros, incluida Rusia, el 25 de mayo de 1993. Los combates asolaban Bosnia-Herzegovina y, en aquel momento, algunos lo consideraron una expresión de la "mala conciencia" de la comunidad internacional, que se proponía juzgar una violencia que era incapaz de detener. Sin embargo, la fundación del TPIY (seguida 18 meses más tarde por la del Tribunal Penal Internacional para Ruanda) marcó un paso decisivo hacia la creación de la Corte Penal Internacional (CPI), que vio la luz en 2002.

Sin embargo, los mandatos de estos dos tribunales especiales estaban limitados en el tiempo y en el espacio. La jurisdicción del TPIY se extendía a las "violaciones de las leyes y costumbres de la guerra" cometidas durante la guerra en Bosnia-Herzegovina (1992-1995), durante el conflicto en Croacia (1991-1995) y después en Kosovo (1998-1999). ¿Quién debía ser juzgado? A los autores de "graves violaciones del derecho internacional humanitario", pero desde luego no a todos los ejecutores. Inmediatamente apareció la problemática cuestión del "perímetro" de las posibles acusaciones.

Las primeras acusaciones formuladas por el fiscal sudafricano Richard Goldstone apenas apuntaban a figuras de alto nivel pero la canadiense Louise Harbour, que le sucedió de 1996 a 1999, llevó a la Sala de Acusación del TPIY en una dirección muy política. Acusó a altos cargos serbios de Croacia y Bosnia-Herzegovina, así como a Slobodan Milošević, entonces Presidente de Serbia, que se convirtió en el primer Jefe de Estado en ejercicio en comparecer ante un tribunal internacional. La fiscal suiza Carla Del Ponte continuó en la misma línea, ampliando sus investigaciones a todos los crímenes cometidos, para evitar la acusación de parcialidad antiserbia.

Jean-Daniel Ruch reconoce, no obstante, dos fallos principales. El primero se refiere a la ausencia de justicia por los crímenes cometidos contra la población serbia de Krajina durante la reconquista de la región por los croatas a principios de agosto de 1995. Durante la "Operación Tormenta", al menos 200.000 serbios fueron expulsados de sus tierras y se cometieron numerosos atropellos.

Los generales croatas Ante Gotovina y Mladen Markać –el primero perteneció a la Legión Extranjera francesa y se benefició de la protección encubierta de Francia mientras estaba huido– fueron condenados a duras penas de prisión en primera instancia, pero fueron absueltos en apelación en otoño de 2012, sin que se hayan presentado nuevos hechos que expliquen este cambio de opinión de los jueces.

Los demás principales sospechosos también fueron absueltos, como Ivan Čermak, o no pudieron ser juzgados, como el general Janko Bobetko, inculpado en 2002 y fallecido al año siguiente, antes de ser trasladado a La Haya. Carla Del Ponte también confirma que había abierto una investigación contra el presidente croata Franjo Tuđman, que se interrumpió al morir el 10 de diciembre de 1999.

En el caso de los generales Gotovina y Markać, el Tribunal había sostenido en primera instancia que el fuego de artillería que cayera a más de 200 metros de un objetivo militar era "ilegítimo". Esta "regla" de los 200 metros fue refutada en apelación, sin ser sustituida por otra. El carácter técnico del debate oculta de hecho la intervención directa del Presidente del Tribunal, el juez estadounidense Theodor Meron, para evitar un precedente jurídico que hubiera podido aplicarse a las tropas americanas o israelíes, en particular en los combates urbanos de Gaza o durante el levantamiento de Faluya en Irak en 2004.

Otra absolución problemática, en apelación, fue la del ex jefe del Estado Mayor serbio, general Momčilo Perišić, en febrero de 2013: en su caso, no se mantuvo la noción de responsabilidad del mando, lo que hace dudar de la capacidad del TPIY para juzgar a altos oficiales pero no a los ejecutores directos de los crímenes.

El segundo fracaso que reconoce Jean-Daniel Ruch fue el del juicio de los crímenes atribuidos al Ejército de Liberación de Kosovo (ELK), que hizo necesaria la creación de salas especializadas, una jurisdicción híbrida puesta en marcha tras el cierre del TPIY.

Slobodan Milošević murió en una celda de la prisión de Scheveningen, en La Haya (Países Bajos), el 11 de marzo de 2006, antes del veredicto de su juicio, que debía dictarse tras cuatro años de proceso. El ex presidente serbio, que padecía hipertensión arterial, había tomado deliberadamente medicamentos para agravar su estado, con la esperanza de ser puesto en libertad condicional para recibir tratamiento en Rusia. Graves fallos en la prisión habían permitido la introducción de esos medicamentos, sin que el preso estuviera debidamente vigilado.

La ex fiscal Del Ponte también lamenta haber sido bloqueada en la investigación que abrió contra la OTAN por el atentado contra un tren de pasajeros en el puente de Grdelica, en Serbia, el 12 de abril de 1999, cuyo número exacto de víctimas aún no se conoce. Carla Del Ponte explica que se le cerraron en las narices todas las puertas, y que la OTAN se negó a entregar documentación alguna. Sin embargo, el piloto había recibido la orden de disparar, a pesar de que era evidente que el convoy estaba formado por civiles. "Emitimos un comunicado denunciando esta presión, pensando que provocaría un gran escándalo, pero en lugar de eso los medios sólo publicaron un breve. Es como si todo se hubiera hecho para silenciarlo", añade Del Ponte.

En total, el TPIY juzgó a 161 personas desde su primera vista, el 8 de noviembre de 1995, cinco semanas antes de la firma de los Acuerdos de Dayton que pusieron fin a las guerras en Bosnia-Herzegovina y Croacia, hasta su cierre el 31 de diciembre de 2017. Durante más de una década, su principal reto fue conseguir la detención y el traslado de los acusados a la prisión internacional de Scheveningen.

El jefe militar de los serbios de Bosnia, general Ratko Mladić, fue el último fugitivo en ser encarcelado allí: acusado ya en 1995, no fue detenido hasta el 26 de mayo de 2011 en Serbia, en el pequeño pueblo de Lazarevo, al norte de Belgrado. El líder político serbio de Bosnia-Herzegovina, Radovan Karadžić, fue detenido en julio de 2008 en Belgrado, donde se ocultaba bajo la identidad del doctor David Dabić, especialista en medicina y terapias alternativas.

Los servicios secretos serbios siempre mantuvieron contacto con esos fugitivos durante sus largas huidas, a pesar de que ellos lo negaran. “Fue especialmente complicado conseguir que les arrestaran, sobre todo de los peces gordos", recuerda Carla Del Ponte. “Gotovina estaba protegido en Croacia, al igual que Mladić y Karadžić en Serbia".

La larga persecución de los acusados equivalía a menudo a interminables regateos con las autoridades de sus países de origen. A partir del año 2000, sin embargo, los Estados de la región parecían querer pasar página del nacionalismo con la perspectiva de la integración europea. Con vistas a la integración, la UE impuso a los países balcánicos una condición previa específica, la "cooperación plena y completa" con el TPIY.

Pero apenas una década después de las guerras, las cosas seguían sin arreglarse: se produjeron enormes manifestaciones en Croacia para defender el "honor" de los generales procesados en 2002-2003, pero también lo justo de la "guerra patriótica", es decir, todos los combates que tuvieron lugar en territorio croata, excluyendo la idea de que algunos de estos episodios pudieran haber estado manchados por crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

Aunque las fuerzas nacionalistas y gran parte de la opinión pública, tanto en Croacia como en Serbia, rechazaron la idea de entregar a los acusados, la condicionalidad europea fue decisiva para que el TPIY pudiera funcionar. Pero también tuvo consecuencias terribles que nadie había previsto: todos los países vendieron a la población la idea de que la entrega de sus acusados no era para hacer justicia, sino simplemente un "precio a pagar" por ingresar en el club europeo.

Los sucesivos gobiernos, tanto en Belgrado como en Zagreb y Pristina, han financiado la defensa de "sus" acusados, e incluso se han hecho cargo de las necesidades de sus familias, alegando que eran funcionarios, civiles o militares, y que estaban acusados de actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En general, este tipo de preocupación "humanitaria" continuó después de que algunos de los acusados fueran declarados culpables y condenados. En cuanto a los que fueron liberados, tras ser absueltos o haber cumplido su condena, a menudo regresaron a sus países de origen entre los vítores reservados a los héroes o mártires.

El regreso de Dario Kordić, en junio de 2014, se convirtió así en una auténtica gira triunfal por Croacia y Herzegovina, región del sur de Bosnia donde vive una importante comunidad croata. Condenado por crímenes contra la población bosnia, este ex jefe militar de los croatas en Bosnia-Herzegovina fue condenado a 25 años de prisión en 2001. Fue puesto en libertad tras cumplir dos tercios de su condena, de acuerdo con la práctica del TPIY. En Sisak, el obispo católico no dudó en besarle la mano en público, como si una sentencia dictada en La Haya "para gloria del pueblo croata" equivaliera a una canonización inmediata.

Dario Kordić también volvió a ser noticia esta primavera con un vídeo en el que explica que no se arrepiente de los crímenes por los que fue condenado, porque "ha valido la pena". Del mismo modo, el ex oficial serbio Veselin Šljivančanin, condenado finalmente a diez años de prisión por su participación en la masacre de 260 prisioneros croatas cerca de Vukovar en otoño de 1991, da ahora conferencias para el Partido Progresista Serbio (SNS) del presidente Vučić, que fue ministro de Información de Slobodan Milošević en 1998 y 1999 y procedía de la extrema derecha.

El 11 de diciembre de 2017 tuvo lugar una sorprendente ceremonia en la plaza Ban-Jelačić, en el centro de Zagreb. Ministros, diputados de la Comunidad Democrática Croata (HDZ, el partido conservador en el poder), cientos de ex combatientes y ciudadanos de a pie participaron en un homenaje a Slobodan Praljak. Este miliciano croata de Herzegovina se había suicidado dos semanas antes tragándose una cápsula de veneno ante el tribunal mientras se anunciaba el veredicto que le condenaba a veinte años de cárcel. Los oradores hablaron del "brío" e incluso del "heroísmo" del ex comandante del Consejo de Defensa Croata (HVO), la milicia croata en Bosnia-Herzegovina, sin una sola palabra para las víctimas.

En cuanto se supo que se había suicidado, se reunieron las más altas autoridades del Estado croata. El primer ministro, Andrej Plenković, pronunció casi inmediatamente un solemne discurso a la nación, denunciando la sentencia del TPIY y afirmando que la acción de Praljak "demostraba que estaba convencido de que había actuado únicamente por el bien del pueblo croata". Así, tras haber defendido a su pueblo durante la guerra, los condenados por el TPIY fueron llamados a convertirse en una especie de "víctimas sacrificiales", aceptando "valientemente" las duras pruebas del juicio y el encarcelamiento, siempre por el bien mayor de su pueblo.

Aunque se pretendía que el TPIY permitiera a cada país enfrentarse a las oscuras páginas de su pasado reciente, y que las sentencias individualizaran los crímenes liberando a las comunidades balcánicas del aplastante peso de la responsabilidad colectiva, en aras de la imprescindible reconciliación regional, no parece que se haya logrado esa dimensión esencial de la justicia transicional. Este fracaso deja insatisfecho el deseo de justicia de las víctimas y alimenta las teorías conspirativas sobre la justicia internacional.

Para remediar esta triste situación, ONG de los países balcánicos lanzaron en 2008 una iniciativa para crear una Comisión Regional de la Verdad y la Reconciliación (REKOM), basada en el modelo sudafricano, pero nunca vio la luz por falta de apoyo político de los Estados de la región. Incluso hoy en día, el nacionalismo sigue siendo un combustible político eficaz para conservar el poder. Jean-Daniel Ruch reconoce este fracaso, pero señala que el TPIY tuvo el inmenso mérito de establecer los hechos. "Una base de datos tan fácilmente accesible no existe para ningún otro conflicto. Los historiadores encontrarán en ella el material que necesitan para escribir una historia objetiva de la guerra, aunque puedan pasar varias décadas antes de que eso ocurra".

Hoy, Carla del Ponte se alegra de la inculpación del presidente ruso Vladimir Putin con la esperanza de que un tribunal independiente pueda pronunciarse sobre las tropelías cometidas en Ucrania. "Pero habrá que juzgarlas todas: las de los rusos, por supuesto, pero también las de los ucranianos. En una guerra, siempre hay crímenes por ambas partes", afirma la ex fiscal general del TPIY.

Aunque en 2017 optó por dar portazo a la Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria –"que no hacía nada"–, Del Ponte lamenta más que nunca la falta de recursos humanos y financieros de la CPI. "Si observamos la situación actual, tenemos que admitir que la justicia internacional no ha avanzado nada, sino todo lo contrario: no se han juzgado crímenes ni en Siria ni en Yemen, y la ONU está más débil que nunca. Está aún muy lejos la idea de una justicia internacional independiente de las contingencias de los Estados más poderosos del mundo.”

Caja negra

Hablamos con Carla Del Ponte y Jean-Daniel Ruch por videoconferencia a principios de julio.

Traducción de Miguel López

Los investigadores de la ONU han denunciado que en Venezuela se han registrado crímenes de lesa humanidad perpetrados o avalados por el Gobierno, en el marco de un patrón cuyas ramificaciones se extienden hasta el propio presidente, Nicolás Maduro, y para el que se podría solicitar la intervención del Tribunal Penal Internacional (TPI) en La Haya, según recoge Europa Press.

La misión ha investigado más de dos centenares de casos y ha concluido, en un informe de 443 páginas, que se han cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura en el país sudamericano. Concluye que tanto el Gobierno como los grupos afines han cometido violaciones "flagrantes" de los Derechos Humanos, hasta el punto de que se han identificado patrones "coordinados" con políticas del Estado y mantenidos de forma sistemática, lo que equivaldría a crímenes de lesa humanidad.

La presidenta de la misión, Marta Valiñas, ha subrayado en un comunicado que, "lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del Gobierno".

Así, en el caso de las ejecuciones extrajudiciales, no podrían atribuirse a "falta de disciplina" de las fuerzas de seguridad, sino que "parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen", según Valiñas.

Los investigadores han llamado a poner fin a la impunidad, para lo cual "las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas".

Valiñas ha planteado también la intervención de las jurisdicciones de otros países, así como del TPI, que "deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la misión ha identificado".

Han pasado dos décadas pero el esqueleto derruido de los antiguos ministerios de Defensa de Yugoslavia y Serbia continúan tal y como se quedaron la madrugada del 30 de abril de 1999, después de que la aviación de la OTAN los demoliese con sus bombas. Es el recordatorio de una ofensiva que la mayoría de los serbios ven como una agresión histórica, y que significó el final de la guerra de Kosovo, iniciada tres años antes.

Desde una garita un soldado vigila el recinto, y una pancarta en cirílico dice: “Ministerio de Defensa y del Ejército de Serbia”. Es la única reseña que anuncia lo que significa ese tropel confuso de cemento y ladrillos rojos hundidos y perforados. A la escena, propagandística de por sí, el Ayuntamiento de Belgrado ha decidido colocarle en la fachada una enorme lona publicitaria con la imagen de varios militares tras la bandera nacional y la frase “Solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”, atribuida a Vojvodas Živojin Mišić, considerado un héroe tras participar en guerras como las de finales del siglo XIX contra los turcos.

La operación Fuerza Aliada, como se llamó a la campaña de bombardeos, fue la segunda gran maniobra de guerra de la OTAN desde su creación —la primera se produjo en 1995 durante la guerra de Bosnia—, y la justificó alegando que el entonces presidente serbio, Slobodan Milošević, estaba llevando a cabo una campaña de limpieza étnica contra los albaneses de la provincia autónoma de Kosovo. Aun así, cuando el que fuera secretario general del organismo militar transnacional, Javier Solana, ordenó los ataques sobre lo que quedaba de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), lo hizo sin el consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, una decisión que suscitó controversia y acusaciones de crímenes de guerra por la muerte de civiles en, al menos, 90 incidentes. Posteriormente también se supo que la Alianza Atlántica había llegado a utilizar uranio empobrecido en varias de las más de 23.500 bombas que arrojó, escudándose en la inexistencia de un texto que prohibiese expresamente su uso.

Una lona publicitaria cubre los restos del antiguo ministerio de Defensa de Yugoslavia. En ella se lee: “solo puede hacerlo quien no conoce el miedo, ¡adelante!”. ALBERTO MESAS

Como sucede en todos los conflictos las cifras cambian en función de quién las aporta, pero reuniendo los datos oficiales de ambos contendientes e informes como el de la ONG Human Rights Watch, en los casi 80 días que duró el asedio aéreo (del 24 de marzo hasta el 11 de junio) murieron entre 1.200 y 5.000 civiles, casi 500 soldados yugoslavos y más de 100 policías, y tres periodistas chinos. También perdieron la vida dos soldados estadounidenses en un accidente de helicóptero que en ese momento no estaba en combate. Los heridos de la población civil rondaron los 10.000 y los que huyeron a zonas alejadas del combate o buscaron refugio en otros países se contaron por decenas de miles.

Esto último es lo que le pasó a Čedomir, el propietario de un puesto callejero itinerante de comida típica que él mismo prepara, en el barrio de Stari Grad (el centro de Belgrado). Es sábado y su sobrina Ljerka, una adolescente de 17 años, está en la tienda y accede a hacer de traductora al inglés. “Lo intentaré, pero no habléis muy rápido”, advierte.

Čedomir cuenta cómo poco más de una semana después de que empezasen a caer las bombas tuvo que cruzar la frontera de Rumanía: “Mi padre era electricista en una empresa de reparación de aviones, un día llegó y sus jefes les dijeron a todos que ya no podían trabajar allí porque corrían peligro. Decían que los aviones estaban bombardeando fábricas como esa y que tenían que cerrar”. Efectivamente, después de los primeros días eliminando objetivos militares, la OTAN pasó a destruir infraestructuras económicas y estratégicas como puentes, edificios gubernamentales, plantas de industria pesada y energética o sedes de medios de comunicación.

“Entonces vivíamos en Savamala [en la orilla oriental del río Sava], yo tenía 12 años […] Mi hermana, que era enfermera, y mi madre, que cuidaba a mi abuela, se quedaron en Belgrado, pero a mi hermano pequeño y a mí nos mandaron con mi padre a Timisoara [al oeste de Rumanía]”. Allí, explica, su padre no tardó en encontrar trabajo en un taller de autobuses hasta que, casi tres meses después, regresaron: “Nos enteramos de que la guerra había terminado y queríamos volver a casa cuanto antes, pero mi padre desconfiaba [...] llamó a un montón de parientes y amigos hasta convencerse”.

Apenas un año después de la intervención transatlántica otra ONG, Amnistía Internacional, publicó un informe en el que acusaba a la OTAN de haber cometido crímenes de guerra durante la Operación Aliada, que en opinión del organismo violó el derecho internacional. Entre otras actuaciones, criticaba el bombardeo sobre las sedes de la radio y la televisión de Belgrado, donde murieron casi 20 civiles. Una semana después del dosier, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia contraatacó con otro texto. A través de la ex fiscal jefe suiza Carla del Ponte, la Corte de La Haya promulgó un análisis jurídico elaborado por expertos que exculpaba completamente a la OTAN de haber cometido irregularidades en las ofensivas aéreas y la eximía de responsabilidades penales por la muerte de civiles. No obstante, diez años después de la intervención transnacional, del Ponte publicó un libro en el que tildaba de controvertida la intervención de la OTAN.

Nacionalismo y odio

No es fácil encontrar en Belgrado a un serbio dispuesto a manifestar su opinión real acerca de la guerra y el conflicto kosovar. Muchos se excusan diciendo que ha pasado mucho tiempo y hay que dejarlo correr, o que eran jóvenes y no recuerdan bien lo que sucedió, otros rescatan ambiguas evasivas antibelicistas como “la guerra estuvo muy mal” o “es mejor para todos que haya paz”. Quizá porque hace calor y por los soportales donde ha aparcado no transita mucha gente Ranko, un taxista belgradense que ya conducía el suyo cuando Yugoslavia todavía eran seis repúblicas, se abre a decir lo que piensa.

A pesar de mostrarse apático hacia la política y asegurar que nunca ha votado, tiene interiorizado ese argumento del ellos frente al nosotros, de la Serbia que solo se defendió del agravio kosovar y por ello fue víctima de la injerencia militar extranjera: “[en 1998] Kosovo llevaba muchos años provocando y burlándose de Serbia, y luego los terroristas del UÇK empezaron a atacarnos […] Nosotros solo queríamos un país unido y sin enfrentamientos, pero entonces llegó Europa a bombardearnos [...] Me da igual lo que crean los putos albaneses y que Europa los haya reconocido. Ellos son de Serbia y siempre formarán parte de Serbia, aunque no les guste”.  

Una pancarta delante del Parlamento de Serbia (antiguo Parlamento de Yugoslavia) acusa a la guerrilla albanesa UÇK de haber secuestrado y asesinado a civiles serbios. ALBERTO MESAS

Es verdad que a principios de los 90 el UÇK, el autodefinido Ejército de Liberación de Kosovo, comenzó a crecer, a comprar armas de contrabando en Albania y a consumar ataques contra comisarías y autoridades yugoslavas en Kosovo, pero Ranko obvia, no se sabe si por interés o desconocimiento, los años anteriores de hostigamiento contra albaneses kosovares instigado por Serbia —cierre de medios en lengua albanesa, despidos masivos en empresas e instituciones públicas, prohibición de cátedra a profesores...—. Al hablar de la guerra de Bosnia tampoco cuenta cómo los líderes político y militar serbobosnios (Ratko Mladić y Radovan Karadžić, condenados a cadena perpetua en La Haya por crímenes de guerra y contra la humanidad) ejecutaron en torno a 8.000 bosnios musulmanes por razones étnicas, un antecedente sobre el que la OTAN cimentó su intervención.

Dudoso futuro de Serbia y Kosovo en la UE

Pese a la desconfianza general de la sociedad y el rechazo frontal —y en ocasiones violento— de algunos grupos, como el Partido Radical Serbio del ultranacionalista  Vojislav Šešelj, hace unos años el Gobierno serbio inició los trámites para entrar en la Unión Europea. Bruselas concedió 2025 como la fecha aproximada del ingreso serbio, pero le exigió a su Gobierno que completara ciertos objetivos en los ámbitos económico o de conquistas sociales para que llegue a producirse la incorporación. Entre esas metas está la que Serbia jamás ha aceptado: el reconocimiento de Kosovo como un país independiente y soberano. Este es el mayor escollo y donde Europa incide con más vehemencia para que ambos territorios logren un acuerdo mediante el diálogo. Sin embargo, en los últimos meses la tensión no ha parado de intensificarse por episodios como la imposición kosovar de aranceles a productos serbios, o su amago de crear un ejército propio; comportamientos que alejan sistemáticamente de Europa a las dos naciones.

Kosovo proclamó unilateralmente su independencia en el año 2008, e inmediatamente países como Estados Unidos, la gran mayoría de los países de la UE y las antiguas repúblicas que conformaban Yugoslavia, excepto Bosnia y Herzegovina, reconocieron esa independencia. Por supuesto Serbia se niega a hacer esa concesión y continúa considerando a Kosovo como una de sus provincias autónomas junto a Vojvodina (al norte). Debido a posibles similitudes con la situación en Cataluña, España tampoco ha llegado a reconocer jamás a Kosovo como un país independiente.

Ranko es tajante sobre el tema del ingreso de Serbia en la UE: “La Unión Europea es un timo, allí los jefes son Alemania y Francia y los demás países obedecen [...] Aquí hay muchas cosas que no funcionan bien, hay mucha corrupción, pero la UE no nos va a solucionar nada [...] Nosotros no queremos saber nada de Europa, ¿para qué?, Europa siempre nos ha maltratado”.

Un monumento en el Parque Tašmajdan de Belgrado recuerda a los niños muertos durante los bombardeos de la OTAN. A.M.

Con respecto a la hipotética entrada de Serbia en la OTAN, el pasado marzo el Instituto Europeo de Asuntos Exteriores publicó una encuesta cuyos datos son contundentes. Según el sondeo casi el 80% de los serbios se opone al ingreso en la Alianza transnacional. Del mismo estudio se desprende que más del 60% no está dispuesto a aceptar una disculpa oficial del organismo, cuya actuación tildan de “campaña al servicio de los intereses de Estados Unidos y Occidente”. Por el momento la incorporación de Serbia a la Organización continúa en el aire, algo que desea más el Gobierno que la población.

En 20 años han cambiado muchas cosas en Belgrado, se han asentado multinacionales como McDonald's o Starbucks, se han erigido edificios modernos de compañías extranjeras y se ha trabajado en su promoción, ofreciéndola al turismo como una capital europea moderna. Sin embargo, y tal y como sucedía a finales de los años 90, el nacionalismo excluyente hacia los albaneses continúa, muchos serbios exhiben pegatinas en sus coches con la frase "Kosovo es Serbia", en los mercadillos se siguen vendiendo souvenirs que hacen referencia a una Yugoslavia unida y a una Serbia con Kosovo en su territorio, y los principales periódicos generalistas siguen hablando y recordando la guerra desde las crónicas de desfiles militares y las fotos con banderas de la patria; y lo hacen porque, aunque hayan pasado 20 años, la intención es que no se olvide nunca.