La organización Convocatoria Cívica y su vicepresidente, el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza, mostraron este lunes su apoyo a la oposición al proyecto de extracción de tierras raras en el Campo de Montiel, una región de Castilla-La Mancha. Tras una reunión mantenida entre los principales grupos que rechazan la instalación, Convocatoria Cívica y Mayor Zaragoza han manifestado mediante un comunicado que respaldan "las actuaciones que dichos frentes están llevando a cabo para conseguir la paralización" del proyecto. El también exministro de Educación y Ciencia se ofreció a ejercer, además, "toda su capacidad de diálogo" con los actores implicados. 

La empresa Quantum Minería pretende instalar una explotación minera entre los municipios de Torre de Juan Abad y Torrenueva en busca de monacita, un conjunto de minerales que contienen lo que se conoce como tierras raras, elementos químicos útiles para construir móviles, monitores u otros dispositivos electrónicos. El proyecto ha sido discutido desde el principio por ecologistas, partidos políticos y organizaciones como la Plataforma Sí a la Tierra Viva, que denuncian las posibles consecuencias para la biodiversidad del entorno y la salud y el modo de vida de sus habitantes, entre otras razones porque la monacita gris, que es la que se busca, contiene proporciones variables de elementos radiactivos: torio y uranio, cuyo potencial radiológico ha sido advertido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). 

En la reunión, Convocatoria Cívica fue informada de las razones para oponerse a la extracción de tierras raras: el gran "impacto ambiental" y en las "formas de desarrollo y futuro" de los manchegos, de aprobarse el proyecto; la expropiación de tierras de productores de queso y vino; el agotamiento de los recursos hidrográficos –se necesita gran cantidad de agua para aislar el material–; o la actitud de la administración regional, a la cual las organizaciones achacan "opacidad de información", entre otras razones. 

"En base a estas actuaciones y en el rechazo generalizado por parte de los habitantes de esta zona, nuestra asociación Convocatoria Cívica muestra su total apoyo a las actuaciones que dichos frentes está llevando a cabo para conseguir la paralización de este proyecto", concluye el comunicado. 

¿En qué estado está el proyecto?

El proyecto de extracción de tierras raras por parte de Quantum Minería parece a punto de entrar en vía muerta, aunque hay decenas de informes contrarios a la mina y ningún carpetazo definitivo por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha. Pese a que las Cortes regionales instaron a paralizar las intenciones de la compañía, desde el Ejecutivo del socialista García-Page argumentaron que no podían rechazarlo sin esperar a la Declaración de Impacto Ambiental que, según la legislación vigente, está obligada a presentar la empresa. El pasado mes se presentó, finalmente, y según recoge la Plataforma Sí a la Tierra Viva, la mercantil reconoce que no cumple con los requisitos ya que "la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo", como argumentó en el escrito. La organización denuncia que Quantum no trata con rigor ni los posibles impactos radiológicos a la salud ni el uso previsto de agua. 

La lucha actual de la plataforma es la de que se reconozca que Quantum Minería no ha presentado la declaración a tiempo. El registro es del 20 de febrero y, como argumenta la organización, "la legislación aplicable (...) considera los sábados como días hábiles" así que "el último plazo para la presentación de la documentación era el 18 de febrero". La Oficina del Defensor del Pueblo se ha hecho eco de la denuncia de la asociación y este lunes urgió a la Junta de Castilla-La Mancha que acredite si la mercantil presentó en plazo el estudio. 

¿Este cambio se ha dado por igual en todos los territorios de nuestro Estado? Mi apreciación es que no, que no lo ha sido por igual.

¿Se ha dado igual desarrollo sociopolítico en las amplias zonas semi despobladas y con una edad media muy elevada, como pudiera ser el caso de la Comunidad de Castilla y León, como en otras zonas más desarrolladas e industrializadas? ¿Se ha dado ese cambio por igual o seguimos en muchos lugares encerrados en los miedos a la autoridad y al párroco, exactamente igual que hace un siglo? Tal vez sería exagerado decir que sí al 100 %, pero algo de eso sí que es cierto y se comprueba en diversos ejemplos de prácticas que parecían olvidadas para siempre y que se siguen dando, sobre todo en aquellos municipios con muy pocos habitantes, en donde el enfrentarse a decisiones de “las autoridades” pudieran traer consigo problemas “por haberse significado” (mejor permanecer callados).

En la provincia de Segovia, de sus 209 municipios, el 63% tiene menos de 250 vecinos.

En Castilla y León existen alrededor de 650 municipios con menos de 100 habitantes. En tan solo 29 de estos 650 municipios funcionan los ayuntamientos con el sistema, ya inventado hace muchos años, de Concejo abierto, en donde las decisiones pueden tomarse en “comunidad” por todos los vecinos. Parece un sistema lógico y participativo que en municipios pequeños haría empoderar las opiniones y puntos de vista de los habitantes.

Pero no, parece ser que a la mayoría de las autoridades municipales de esta Comunidad les resulta más cómodo y eficaz el sistema cerrado e incluso algunas veces “unipersonal” del “yo me lo guiso y yo me lo como”, en un ten con ten alcalde-secretario. Sin dar cuentas a nadie más.

Y luego aparecen otros estamentos, como por ejemplo la Diputación: ¡Ay!, la Diputación, ¡con la iglesia hemos topado! Alguien se preguntará que qué pinta aquí la Diputación. Pues miren, resulta que en la Diputación abundan unas personas que al final, con sus decisiones, están influyendo en gran medida y marcando en los temas más básicos y a las formas de vida de las gentes de su provincia respectiva. Es un juego “amigable” entre los alcaldes del partido que gobierne la Diputación correspondiente, donde las razones de beneficio a las poblaciones son lo de menos, frente al amiguismo partidista en la toma de decisiones y el apoyo recíproco (intercambio de cromos, diría yo). El tener buenas influencias en la Diputación correspondiente, empezando por pertenecer al propio partido de Gobierno, es básico para un buen vivir en cada municipio.

Un ejemplo de "buen  hacer": Riaguas de San Bartolomé (Segovia)

Erase una vez un pueblo de 37 vecinos censados (¿a quién le importan 37 votos?) más muchos otros no residentes que acudían allí a sus segundas viviendas, a disfrutar de la paz de Castilla y de sus paisajes y tranquilidad. Es cierto que no es una zona muy poblada por árboles, pero tenían un maravilloso paseo en el que la vida social se desarrollaba, encontrando a amigos en charlas intrascendentes, en una caminata tranquila a la sombra de unos árboles que aportaban frescor al paseo de las tardes de verano.

Érase una vez alguien en la Diputación de Segovia al que le parecía muy fastidioso y antieconómico el realizar podas y cuidados anuales de estos árboles para evitar la caída de ramas sobre la carretera con el consiguiente peligro vial. Es cierto que en sus 60 años de existencia ningún accidente había ocurrido en ese tramo de carretera, nadie había chocado nunca con ninguno de estos árboles, pero el utilizar el argumento de la seguridad vial ha sido el propicio para que la Diputación convenciese a la autoridad del ayuntamiento para que solicitase la tala de estos árboles, aun a sabiendas de que este tema no era responsabilidad de este Ayuntamiento, si no de la propia Diputación, pero eso les añadiría una buena justificación para ejecutar lo ya decidido y quitarse de encima, en apariencia, la responsabilidad de la decisión.

La autoridad del Ayuntamiento, sin consultar a nadie del vecindario, adoptó esta decisión y solicitó la tala. Es cierto que en este Ayuntamiento no hay Concejo Abierto y, claro, las decisiones se pueden tomar así.

Meses después los árboles desaparecieron del paisaje, aprovechando el frío diciembre en el que muy pocos vecinos permanecían en el pueblo, reduciéndose más aún la escasez de arbolado de la zona. La Diputación aduce el mal estado de los mismos pero los vecinos, asombrados, comprueban el perfecto estado del 95% de ellos por la simple observación de los tocones que quedan en las cunetas como presencia de un paisaje muerto. La Diputación se quita de en medio el problema del cuidado y mantenimiento anual y todos tan contentos. “Muerto el perro se acabó la rabia”. Incluso se comprueba que, aprovechando la situación, se han cortado más arboles de los autorizados. Se supone que alguien se habrá podido aprovechar de ello.

Pero no se ha acabado la rabia. Esa rabia que hace llorar a muchos vecinos cuando echan un vistazo a esa zona tan querida y a los que se ha privado del paseo de toda su vida. Ya nadie pasea por allí. Ya no hay zonas de paseo como esa en el pueblo. La Diputación mata dos pájaros de un tiro y consigue que los vecinos permanezcan encerrados en sus casas, sin intercambiar opiniones con otros mientras pasean. La televisión oficial y sus noticiarios oficiales serán la forma de que los vecinos pasen las tardes de verano, acompañados por una buena cerveza. _________________

Ángel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria Cívica

¿Qué opinan los partidos que se dicen de progreso ante todo esto? ¿Qué soluciones proponen? ¿Cuál ha de ser esa nueva política que sería necesario aplicar para iniciar el cambio?

Una gran cantidad de estos desfavorecidos, muchos de los cuales se han marginado de la participación electoral dada la poca confianza que les inspira el sistema actual, lo que precisan son alternativas que les puedan hacer ver la luz al fondo del arduo camino que tienen por delante.

Lejos de las críticas al partido que nos gobierna desde hace varios años y desde la perspectiva, ya incluso manida, de las altas cotas de corrupción en este y que ha sido una de las causas de la situación existente, y de lo que ya prácticamente nadie duda, lo que los ciudadanos esperan con urgencia de los partidos de progreso y del cambio son ofertas claras para poder cambiar esta situación.

Suena repetitiva la crítica al partido en el gobierno. De ello ya se ha hablado constantemente en los últimos tiempos y los españoles que quisieron entender lo sucedido, ya tienen bastante información al respecto. Lo que la mayoría de los españoles quisieran escuchar ahora de manera firme y clara son propuestas. ¿Qué pueden ofrecer, aisladamente y con cierta verosimilitud, los partidos del cambio a los ciudadanos? ¿Qué tipo de política ha de aplicarse para cambiar el rumbo de la degradación existente? De eso, poco se ha oído hablar. Las críticas a lo existente sí se han oído, pero no se han definido alternativas claras.

Las críticas entre los partidos que deberían abanderar ese cambio, o en el seno de ellos mismos, ya solo interesan a sus propios protagonistas y son vistos por la ciudadanía como una defensa de cotas de poder que en nada interesan a los que sufren situaciones de extrema dificultad para sobrevivir.

Las posturas y medidas “cara a la galería”, en un esfuerzo para conseguir la atención mediática no sirven para nada. Lo que se precisa ahora es un gran debate a nivel del Estado, en donde puedan discutirse cuales habrían de ser los mecanismos para reconstruir las nuevas políticas.

Lejos de las críticas al pasado y a lo que la izquierda pudo hacer y no hizo, lo que se precisa ahora es la reconstrucción de un Estado cuyas propuestas, acciones y medidas sean entendibles por los ciudadanos, porque estos sientan que van a afectar directamente a su bienestar y al de sus descendientes.

Se precisan estudios y debates que se generen en el seno y entre los grupos y partidos que buscan el cambio. Estos han de ser rigurosos y serán entendibles por la ciudadanía si abordan problemas concretos y básicos, de forma que hagan recuperar a gran parte de los ciudadanos la confianza en opciones electorales plausibles y que generen la ilusión por la política que se ha perdido en la mayoría de los ciudadanos.

El tablero electoral ha evolucionado de forma importante en los últimos tiempos. El efecto muestra que la opción conservadora ha conseguido mantener una unidad férrea que le ha hecho ganar las últimas contiendas electorales y que les hace ver con optimismo las futuras. Todo el mundo sabe, incluidos los dirigentes de esos partidos del cambio, que la única opción posible para arrebatar esa mayoría al partido que nos viene gobernando, pasa necesariamente por una unidad de acción de las fuerzas que dicen quererlo. La fragmentación actual en el campo de la izquierda y de las fuerzas de centro-izquierda que asumirían ese cambio, pasa por esa unidad en torno a unos principios básicos y acuerdos que sirvan para la regeneración política y la aplicación de políticas económicas que se alejen de las neoliberales que nos gobiernan en la actualidad.

No son de recibo las discusiones y líneas rojas que solo sirven para obtener el “prestigioso” título de primer partido de la oposición y que a ninguno de los ciudadanos que se encuentran en situaciones de precariedad, alto riesgo y marginalidad, sirven ni interesan.

Convocatoria Cívica, impulsora desde su nacimiento de la unidad de las fuerzas de izquierda y de progreso, plantea el espacio 'Actúa' como un lugar de encuentro de estas fuerzas; en donde se debatan, se revisen y se pongan en común todas las opciones y vías, para poder llegar a esa unidad electoral que es la única forma de arrebatar el gobierno de las instituciones a los que ya durante demasiados años las han mantenido en su poder. Ofrecemos 'Actúa' como el lugar en el que se desarrolle la búsqueda de esa nueva Política que debería venir asociada a una unidad de acción electoral, como única forma de salir de la situación en que nos encontramos.

  * Ángel Viviente Core es coordinador general de Convocatoria CívicaÁngel Viviente Core

"Son tiempos para profundizar en una España de brazos abiertos y manos tendidas, donde nadie agite viejos rencores o abra heridas cerradas". Las palabras del rey Felipe VI en su clásica alocución por Navidad pudieron pasar desapercibidas para muchos de los televidentes, pero han suscitado polémica. A la queja ante la Defensora del Pueblo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), considerando que el monarca realizó una "declaración política contraria a los derechos de las víctimas del franquismo", se ha unido Convocatoria Cívica, que exige que la Casa Real se retracte de lo expresado por Felipe de Borbón o que "en todo caso, aclare y rectifique" sus términos.

La plataforma, que preside el exjuez Baltasar Garzón y que componen figuras de la política, la cultura y el periodismo, considera que la declaración de Felipe VI "es atentatoria, en sí misma, a los derechos de las víctimas del franquismo", que no piden cerrar las heridas, sino "verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición". Las palabras del rey "contravienen abiertamente las recomendaciones" del Comité de la Convención sobre Desapariciones Forzadas, las del Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas y las de la ONU, afirma. La organización recuerda que "más de 130.000 personas están desaparecidas y sus restos esparcidos indignamente por fosas y cunetas" por toda España. Sus descendientes, asegura, "aún esperan que el Estado aborde una investigación seria, solvente e independiente" sobre las víctimas de la dictadura fascista.

Convocatoria Cívica protesta ante lo que considera una "toma de postura del rey contra la Ley de Memoria Histórica", ya que "pone en tela de juicio la credibilidad del sistema democrático". Es una posición similar a la ya expresada por la ARMH, que pidió a la Defensora del Pueblo que señale "los límites de interpretación política del monarca" y que "en ningún caso sus intervenciones puedan contradecir la protección de los derechos humanos".

Las palabras del rey, pidiendo no abrir "heridas cerradas”, posicionan al jefe del Estado, a juicio de Convocatoria Cívica, "en apoyo y comprensión de quienes niegan el propio hecho de la represión" y se aproximan "peligrosamente" a las de quienes "sustentan este lema en el seno del partido del Gobierno". Por ello, la organización pide a la Casa Real retractarse o, al menos, aclarar y rectificar el mensaje navideño de Felipe VI.

Bajo el lema #NoNosResignamos, un centenar de manifestantes se reunieron en la tarde de este viernes en la madrileña Puerta del Sol para mostrar su rechazo a la previsible investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, que tendrá lugar este sábado. 

Izquierda Abierta (IzAb), Convocatoria Cívica, Recortes Cero y Foro 26J, entre otras organizaciones, participaron en la protesta en la que el lema más escuchado fue "Ni un paso atrás, esta investidura la vamos a tumbar" acompañado de carteles como "PP: Falsario, feroz ladrón y cruel tirano" o "El PP engaña, roba y amordaza".

Representantes de todos los colectivos presentes coincidieron, además de en el rechazo al potencial nuevo gobierno conservador, en que siguen siendo mayoría quienes piden un cambio político e incluso se permitieron tener ciertas esperanzas en que "los que dijeron no, sigan diciendo no", en alusión al PSOE.

Algunos de los asistentes tomaron la palabra de forma espontánea para censurar que la derecha vaya a mantenerse en el poder.

Gaspar Llamazares, coportavoz de IzAb y parlamentario de IU en Asturias, en declaraciones a infoLibre, sí dio por hecha la investidura de Mariano Rajoy a la que se refirió como "el funeral del cambio”. Aseguró que no cree que "vaya a ser un gobierno débil, ni que vaya a haber un gobierno de oposición progresista. Si no nos hemos puesto de acuerdo en el gobierno, difícilmente lo vamos a hacer en la oposición".

Su censura a la izquierda no acabó ahí. Para alcanzar ese bloque de "oposición progesista", además de exigir autocrítica, Llamazares declaró que lo primero que hay que hacer es que "el PSOE rectifique el error histórico de darle el gobierno a Mariano Rajoy" y que "otras fuerzas de izquierdas reconsideren su carácter excluyente que ha impedido, mediante líneas rojas, pulsos y vetos, los necesarios acuerdos".

En el manifiesto No a la Investidura de la Corrupción, se insistió en lo simbólico del emplazamiento de la concentración –la Puerta de Sol, génesis de las movilizaciones para un cambio político– encabezando todas las disposiciones con un "volvemos a Sol". En la lectura, apostando una vez más por la esperanza, aseguraron que "el cambio, aún aplazado, se hará".

Las movilizaciones se repetirán el día de la investidura

La Coordinadora 25S convocó una nueva movilización de rechazo a la investidura de Rajoy. La concentración tendrá lugar este sábado a las 19:00 cerca del Congreso de los Diputados donde, paralelamente, se producirá la votación de la que, como se prevé, gracias a la abstención del PSOE, saldrá un nuevo jefe del Ejecutivo. 

"Al final el golpe del régimen se ha consumado, Rajoy será finalmente investido en octubre. Será un gobierno ilegítimo de un Régimen ilegítimo", denunció la Coordinadora 25S en el manifiesto que hizo público este martes.

Más de 60 colectivos impulsan esta movilización, a la que adhirieron partidos como el PCE, Izquierda Unida e Izquierda Castellana, además del Sindicato de Estudiantes y algunas asambleas locales del 15M o de las Marchas de la Dignidad. La convocatoria ya fue comunicada a la Delegación del Gobierno en Madrid para evitar que la gente se quede en casa "por la psicosis del miedo" y para garantizar que puedan manifestarse y "expresarse libremente", según declaró Ildefonso Gómez, uno de los portavoces de la iniciativa, este martes a Europa Press.

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, aseguró tras su reunión con el rey que "siempre que no lo impida" su ejercicio parlamentario, estará en esa manifestación. "Espero que esté el mayor número de diputados posible", añadió. 

Desde Podemos, Íñigo Errejón aseguró este mismo viernes que el partido no quiere verse vinculado a la manifestación, ya que consideran que sirve al Gobierno como "maniobra de distracción".

Convocatoria Cívica e Izquierda Abierta (el partido liderado por Gaspar Llamazares) llaman a una concentración en la Puerta del Sol de Madrid en la jornada previa a la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, bajo el lema No nos resignamos, el mismo que ya utilizaron en el acto que organizaron el pasado 8 de octubre en el salón de actos de la UGT y al que fueron invitadas "todas las izquierdas".

En esta ocasión, la concentración tendrá lugar a partir de las 19:00 horas como protesta por "la incapacidad o falta de voluntad de quienes pudieron y no lograron un gobierno de cambio".

"Aunque vuelva a gobernar el PP, aunque las culpabilidades estén repartidas y la regeneración democrática se aplace, aunque se complique mucho el cambio de dirección en este país y las cosas no pinten bien para la mayoría social trabajadora... #NoNosResignamos", declara Convocatoria Cívica en un comunicado.

La concentración, que debe ser "un encuentro ciudadano cívico, abierto, plural, tranquilo y multigeneracional", se une así a la manifestación convocada por la Coordinadora 25S en los alrededores del Congreso para el día de la investidura, a la que algunos diputados como Alberto Garzón ya han confirmado que asistirán.

La asociación Convocatoria Cívica, presidida por el jurista Baltasar Garzón, ha anunciado que su campaña para la petición al Parlamento de la creación de una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes del franquismo ha superado las 106.000 firmas.

La iniciativa, para la que han utilizado la plataforma Change.org, ha sido difundida únicamente a través de las redes sociales, lo cual explica "el gran interés que existe en nuestra sociedad por todos los temas relacionados con la memoria histórica y la necesidad de abordarlos, 80 años después de ocurridos”.

"Más de 130.000 personas desaparecidas; 2.500 fosas comunes por exhumar; decenas de miles de niños robados. Ochenta años después, estos crímenes del franquismo aún están vivos en las mentes de muchas personas en nuestro país y siguen esperando una reparación que el Estado les niega", reza el comienzo del comunicado, actualizado este pasado miércoles 12 de octubre.

La nota explica, a su vez, que el objetivo no es elaborar "aquí" esa Ley, sino "mostrar unas ideas básicas a tener en cuenta cuando este tema se aborde por el Parlamento", ya que, una vez elaborado este documento, será entregado a todos los grupos parlamentarios.

Además de firmar el documento, la iniciativa incluye la posibilidad de participar con cada aportación individual en la elaboración de este, para que se trate de un documento "que elaboremos entre todos".

Un acto promovido por Izquierda Abierta (IzAb) reunió este sábado a diferentes organizaciones como Recortes Cero –impulsores del manifiesto Por un Gobierno de Progreso. Por un acuerdo de PSOE, Unidos Podemos y CiudadanosPSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos–, Convocatoria Cívica, Foro 26J o Izquierda Socialista. Todas coinciden en defender a la mayoría de votantes, unos 14 millones, que reclaman un gobierno alternativo al del PP.

Para dar voz a estos votantes y a las decenas de personas que se acercaron al auditorio de la sede madrileña de UGT, desfilaron por el atril diferentes personajes de la cultura, la política y la justicia que suscribieron el manifiesto de Recortes Cero y defendieron la idea en torno al lema “No nos resignamos”.

El acto comenzó con la entrega de un ramo de flores a Baltasar Garzón, exjuez y presidente de Convocatoria Cívica, en homenaje por su labor al destapar la trama Gürtel. Poco más tarde, en su intervención, Garzón exigió una mayor implicación de la justicia respecto a la corrupción y criticó el acuerdo de PP y Ciudadanos acerca del poder judicial: “Volver a corporativizar el Consejo del Poder Judicial diciendo que es mucho mejor que los jueces se controlen a sí mismos, no tiene nada que ver con la independencia judicial” ya que ésta “emana de cada uno de los jueces”. Para Garzón esta medida significa “una desconfianza absoluta respecto del Parlamento, que es donde reside la soberanía del pueblo” y aclaró que la única forma de que el acuerdo no se lleve a cabo es la formación de un gobierno progresista.

Además, Garzón se preguntó: “¿Por qué narices he tenido que ir a votar el 26 de junio”, cuando en las primeras elecciones ya quedó patente el deseo de la mayoría del electorado de “regeneración, transparencia, confianza los unos en los otros y apostar por lo que los ciudadanos y ciudadanas quieren?” El exjuez reconoció que no le gusta la posición que ocupa Ciudadanos de estar “cambalacheando con uno y con otros” pero admitió que son necesarios y que muestran “unas posiciones de regeneración, aparentemente, sólidas” que tienen que demostrar dejando de ir “de la mano de quien niega elementos básicos y necesarios para la sociedad española”.

La coportavoz de IzAb, Montserrat Muñoz, resumió en su intervencuón las ideas de los participantes y aseguró que los números poselectorales señalan que los ciudadanos tiene “derecho a un gobierno diferente en este país” y que con la petición de un gobierno progresista no se está reclamando nada que no haya sido “prometido”.

Otilia Armiñana, de Foro 26J, aseguró que las fuerzas de izquierdas tienen “demasiadas cosas en común como para que no sea posible hacer un gobierno de progreso” a pesar de que la situación esté mucho “peor que hace 15 días”, y quiso recordar el poder de las acciones conjuntas y la movilización social con ejemplos como las manifestaciones contra la guerra de Irak o las marchas de las Mareas.

El político y sindicalista Antonio Gutiérrez hizo hincapié en la legitimidad democrática del manifiesto por encima incluso de la razón aritmética, ya que “los números dan” pero la propuesta que defienden supondría además reunir la “mayoría de esa voluntad popular” traducida en su representación en las Cortes. Gutiérrez personificó en Felipe González su crítica a la posible abstención del PSOE asegurando que supondría dar vía libre a aquellos que “llevan en su ADN” la corrupción para que sigan “precarizando los empleos, extendiendo la pobreza y ahondando la desigualdad” ayudándose de “leyes que amordazan la libertad de expresión y cercenan nuestro derechos para que no se pueda ni rechistar”.

Nuria Suárez, coportavoz de Recortes Cero, quiso insistir en la gran importancia que tiene que los 2146 firmantes del manifiesto y demás personas que reclaman un gobierno progresista supongan un caudal tan “inmenso y plural”.

Por su parte, Isabel Andaluz, de Izquierda Socialista, dejó claro que esta corriente de opinión del PSOE es consciente del deterioro que está sufriendo el partido, pero que lo urgente reside en “reducir la destrucción de los derechos que el PP está ejecutando”.

El poeta Luis García Montero incidió en la importancia de la cultura a la hora de “definir una nueva ética política” y apostilló en varias ocasiones que “la política no es patrimonio de los políticos, sino una responsabilidad de todos los ciudadanos”. Aseguró, además, que se estaba llevando a cabo una “venganza” contra la cultura por su tradicional tendencia a alinearse con ideologías de izquierdas y que por eso está sufriendo una “persecución clara” como puede ejemplificar su gravamen del 21% de IVA.

Eva Jiménez, concejala de IU en Toledo y miembro de la ejecutiva de IzAb, aprovechó su tiempo para focalizar en las desigualdades de género y aseguró que, a pesar de que el PP no ha realizado políticas económicas contras las mujeres, ellas han sido las más afectadas.

La abogada Cristina Almeida consiguió levantar carcajadas entre los reunidos al referirse a la “noticia terrible” de que Pedro Sánchez había mentido a Felipe González respecto a su intención de abstenerse. Almeida fue más allá y se preguntó si no eran mucho más importantes los miles de votantes a los que se les habría engañado de haber procedido así. Criticó también la potencial decisión del PSOE de irse “a la oposición a recapacitar”.

La última intervención oficial fue la de Gaspar Llamazares, el otro portavoz de IzAb y parlamentario de IU en Asturias, que definió la política como “tejer alianzas más allá de los amigos” y recalcó la necesidad de centrarse en lo que une a todas las fuerzas de ese potencial gobierno progresista: sensibilidad social que no ha tenido el PP, diálogo territorial y lucha contra la corrupción.

Llamazares, al igual que Almeida, criticó el anuncio de “algunos” de colocarse en una “oposición dura” y apuntó que ignoran que el actual sistema de gobierno deriva del sistema alemán blindado: “para cargarse al gobierno de Mariano Rajoy será necesario poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas, presentar un candidato compatible y, además, un programa también compartido. Eso es muy complicado”. Finalmente, acusó de complicidad a “aquellos que dan paso” al PP y que así asumen su impunidad política.

El acto terminó con los saludos de otros invitados al acto que también apoyan la propuesta, entre los que destacan el director de cine Jordi Grau, que acabó su intervención con “Arriba y gritando” y la activista española-palestina que formaba parte de la flotilla de Mujeres Rumbo a Gaza interceptada en los últimos días por el régimen israelita.

La asociación Convocatoria Cívica, presidida por el jurista Baltasar Garzón, anunció este miércoles que su campaña por la petición al Parlamento de la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo ha superado las 100.000 firmas. Las adhesiones se han recabado a través de la plataforma Change.org.

La iniciativa se ha difundido únicamente por redes sociales, por lo que, según la asociación, su éxito “muestra el gran interés que existe en nuestra sociedad por todos los temas relacionados con la memoria histórica y la necesidad de abordarlos, 80 años después de ocurridos”.

Convocatoria Cívica explicó mediante una nota de prensa que tras la recogida de firmas, la Plataforma por Una Comisión de la Verdad –compuesta por diversas asociaciones y organizaciones de la memoria histórica, entre ellas la propia Convocatoria Cívica– "toma en sus manos la gestión y coordinación de los siguientes pasos que van a darse".

La plataforma solicitará entrevistas a todos los grupos parlamentarios. En estos encuentros se presentarán los resultados de la campaña en Change.org y se les pedirá su adhesión para llevar la iniciativa al Parlamento.

En segundo lugar, la campaña se presentará en un acto público, donde la Plataforma por una Comisión de la Verdad explicará qué formaciones se han adherido y desgranará la propuesta de creación de dicha comisión.

El exjuez Baltasar Garzón y la plataforma Convocatoria Cívica han lanzado una petición de firmas en la web change.org para conseguir la creación de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo. Por el momento han reunido más de 77.000 firmas.

El texto que acompaña a la petición sentencia que esa comisión es fundamental para dignificar a las víctimas del franquismo y a sus familias y para entender lo sucedido. "La deuda con los desaparecidos y sus familiares, así como la impunidad al respecto, no es una cuestión política ni del pasado", se apunta en la petición.

La iniciativa reclama al nuevo Parlamento que se abran investigaciones sobre las muertes y desapariciones que se produjeron durante la dictadura, al igual que se ha hecho en países como Canadá o Argentina en torno a hechos similares. Esta comisión, que estaría formada por expertos, ha sido recomendada por la ONU en varias ocasiones tras visitas a España del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias.

Según Ángel Viviente, portavoz de Convocatoria Cívica, el primer paso es hacer un sondeo de los apoyos y la sensibilidad que tiene la ciudadanía sobre este asunto, para después reunirse con los grupos parlamentarios e instarlos a que aprueben la creación de esta comisión. Viviente expresa que es algo nuevo en España, pero que los trabajos ya comenzaron durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "El PP retiró las ayudas y estas investigaciones sobre memoria histórica se paralizaron", afirma. 

La plataforma Convocatoria Cívica y otros colectivos han hecho público un comunicado en el que emplazan a todos los partidos, movimientos sociales, plataformas, sindicatos y personas "claramente de izquierdas" a la aprobación de un documento de mínimos programáticos como punto de inicio de la confluencia de cara a las próximas elecciones generales. 

A este llamamiento ya se han sumado organizaciones como Ezquerra-Berdeak, Izquierda Abierta, La Izquierda, Los Verdes, Nova Esquerda Socialista Galega, Partido de los Trabajadores, Partido Humanista y Somos Izquierda. Y para ello han convocado un acto público el próximo día 8 de octubre a las 19 horas en El Foro de Izquierda Abierta, en la calle Ribera de Curtidores, 37, Madrid).

En el comunicado se apela a la "generosidad y responsabilidad de todos" como forma de conseguir que "la unidad sea una realidad, lejos de acuerdos basados en meros repartos de poder". Su propuesta parte de la premisa de que, "si se es capaz de llegar a un mínimo acuerdo programático, la confluencia de la izquierda es posible".

Entre las propuestas iniciales se encuentra la apertura de un proceso constituyente para elaborar una nueva Constitución ciudadana "vía referéndum" y la profundización y regeneración democrática mediante la revisión de la Ley Electoral y de Partidos, la indepedencia del Poder Judicial o la derogación de la Ley Mordaza.

Junto a estas se establece la idea de un nuevo modelo de Estado republicano, laico, social y participativo en el que "se respete el derecho a decidir" de las comunidades y nacionalidades históricas junta una "apuesta firme" por la recuperación de una sanidad y una educación públicas y universales.

Por último se introducirán propuestas como la asunción del empleo y la vivienda como derechos fundamentales, la confección de medidas contra la violencia machista, un proceso de regularización de migrantes y la creación de leyes de protección animal. 

Con todos estos elementos se parte hacia la construcción de un programa común de izquierdas en una reunión que prentende ser, al fin, la iniciación de una candidatura única de izquierdas que cuente con la capacidad suficiente como para derrotar al bipartidismo en próximas elecciones del 20 de diciembre.

La plataforma Convocatoria Cívica, impulsada hace dos años por el exjuez Baltasar Garzón y otras personalidades como el exdirector general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, aseguró este viernes que la única forma de evitar "el triunfo de la derecha" en las próximas elecciones generales es conformar una "candidatura unitaria" en la que confluyan "las diferentes fuerzas políticas y movimientos progresistas".

"Convocatoria Cívica plantea, una vez más, la necesaria confluencia de partidos, movimientos sociales y asociaciones como iniciativa común frente a quienes defienden, abierta o encubiertamente, las políticas neoliberales en este país", defiende la plataforma en un manifiesto, recogido por Europa Press, que firma el propio Garzón como presidente de Convocatoria Cívica, y su coordinador general, Ángel Viviente Core.

En el texto, la plataforma defiende que "las lecciones aprendidas" en las pasadas elecciones municipales y autonómicas de mayo "deberían servir como base para no cometer los mismos errores". Así, señalan que aunque es cierto que "en algunos Ayuntamientos y Comunidades se han producido acuerdos, en base a los resultados electorales y en los que unos partidos han apoyado a otros o se han beneficiado de ese apoyo, consiguiéndose con ello Gobiernos de progreso", eso "no es suficiente".

Por ello, avisan de que esos resultados hacen evidente "la imposibilidad de un triunfo electoral de cualquiera de los partidos que defienden el cambio, si se presentasen aisladamente" y piden que, "más allá de los aparentes éxitos", se constituya una candidatura unitaria de las fuerzas y movimientos progresistas.

"Lo único que puede evitar el triunfo de la derecha en las elecciones generales y mantener la situación angustiosa de millones de ciudadanos y ciudadanas españoles y españolas, durante cuatro años más, es una definitiva confluencia electoral en la que se alíen las diferentes fuerzas políticas y movimientos progresistas con candidaturas unitarias y unos objetivos mucho más amplios que el de conseguir resultados satisfactorios a nivel individual de cada partido", aseguran.

A su juicio, "la población española y, en gran medida, los militantes de esas organizaciones, perciben que la única forma de superar el lastre que las políticas de austeridad ultraconservadoras de los populares ha dejado en nuestra economía, es mediante la formación de un frente unitario que presente a las elecciones candidaturas de progreso, con fuerza suficiente para conseguir el éxito electoral".

Más allá de "marcas y siglas"

"Si no se hace así, resulta evidente que los únicos beneficiarios serán aquellos que no desean ese frente unitario y los únicos responsables serán quienes, desde la izquierda, no son capaces de renunciar a la parcela, aunque sea mínima de poder, en beneficio de todos", advierten. Por ello, defienden que "por encima de marcas y siglas debe de estar este proyecto común necesario, en beneficio general de la ciudadanía".

"Desde Convocatoria Cívica hacemos un llamamiento a todos aquellos partidos, en cuyos planteamientos figura como objetivo principal el superar las políticas neoliberales que tanto daño están haciendo a nuestro país para que, aplicando grandes dosis de generosidad y mediante el acuerdo en unos puntos políticos básicos de gobierno, se unan y construyan una candidatura unitaria electoral de espectro amplio y plural", insisten.

Asmismo, señalan que dicha candidatura deberá, a su juicio, respetar "las identidades propias de cada partido y grupo que la compongan" y definir "una política integral que proteja y propicie el máximo bienestar de los receptores de esa iniciativa que son los y las integrantes de una sociedad que necesita urgentemente el cambio social que tal iniciativa representa".

Convocatoria Cívica, entre cuyos impulsores figuran el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y el ex director general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza, ha hecho público este jueves su ideario que se inicia con la propuesta de "abrir un proceso constituyente, avanzando en el desarrollo de un estado republicano, federal, solidario y laico".

Entre los planteamientos de esta plataforma, que aspira a aglutinar diferentes grupos de la izquierda, figuran la reforma del sistema electoral mediante "elecciones primarias, directas, asambleas legitimadoras; rendición de cuentas de los responsables políticos a la ciudadanía", así como el voto a los 16 años.

La plataforma se ha ofrecido a asociaciones, partidos y movimientos ciudadanos para llegar a conclusiones comunes, según señala en un comunicado difundido este lunes.

En el ideario destaca también la propuesta de desarrollo de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción mediante la creación del Consejo de Participación Ciudadana o la de elección democrática de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Trabajar por la sostenibilidad medioambiental; combatir la especulacion y la segregación urbana; equiparar a la mujer en todos los ámbitos y defender la igualdad total por razones de sexo, ideología o religión así como el derecho a decidir de la mujer, son otros preceptos claros en el ideario de Convocatoria Cívica.

Además, abogan promoción de la Jurisdicción Universal, como garantía de protección integral de las víctimas, extendiéndola a la protección de los derechos de la naturaleza y los crímenes económicos y financieros que perjudiquen gravemente los derechos básicos de los ciudadanos mediante la especulación o imposición de condiciones injustas.

Reclaman una política integral que defienda en forma real y efectiva el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en España con las víctimas, desarrollando una verdadera acción de futuro en pro de la Memoria Histórica.

Sobre inmigración esta plataforma destaca la necesidad de "una política integradora de la inmigración y recuperación de los inmigrantes como parte integrante de la sociedad en derechos y obligaciones, junto con políticas de apoyo efectivo al desarrollo en los países de origen, exigiendo una política común protectora de esos derechos de la UE".

Las bravatas del ministro de Asuntos Exteriores sobre Gibraltar nos devuelven a la demagogia de un pasado franquista. El grito de “Gibraltar español” suena a rancio y trasnochado en el seno de una Comunidad Europea que debe preocuparse más de la calidad de vida de sus ciudadanos que de cuestiones viciadas de soberanía. No tiene ningún sentido empeñarse en borrar los avances logrados en años anteriores para imponer de nuevo una tensión que sólo provoca el extremismo de las posturas y la imposibilidad del acuerdo.

La inteligencia cotidiana de los pueblos ha extendido una colaboración económica, laboral, turística y cultural muy beneficiosa para la zona. No hay motivos para abandonar un espíritu de diálogo que facilite el avance conjunto y el trabajo en común. Romper esa colaboración en nombre de tensiones huecas supone sacrificar la vida y el futuro de la gente a una demagogia política que, en la vieja tradición del patriotismo cuartelero de la dictadura, sólo sirve para ocultar sentimentalmente los problemas más serios de la situación española.

Pero más grave que la enésima versión veraniega del conflicto sobre Gibraltar resulta la pérdida de prestigio de la política exterior española en América Latina. Después de años de ocupar un puesto destacado en la cooperación y en la defensa de la justicia internacional, nuestra presencia ha desaparecido. El Gobierno no sólo ha renunciado a participar en proyectos nuevos, sino que ha abandonado los ya iniciados sin cumplir muchos de los que estaban en marcha.

Los españoles que viajan por motivos de trabajo tienen la desagradable oportunidad de comprobar que la pérdida de prestigio de España en países como Argentina, Venezuela o Ecuador, entre otros, no se debe al alejamiento de sus dirigentes, sino a una opinión generalizada de la ciudadanía. La causa más profunda de esta situación no hay que buscarla en conflictos puntuales, sino en la política económica extendida por las embajadas. Los empresarios que procuran invertir de manera equilibrada en otros países encuentran poca ayuda e información, pocos estudios serios sobre las posibilidades de una colaboración justa con quienes les acogen. Con sus decisiones, sus bravatas y sus disculpas sucesivas, el Ministerio de Asuntos Exteriores parece sometido a las grandes multinacionales y a los empresarios que pretenden saquear las economías nacionales y esquilmar en pocos años una tierra concebida otra vez como El Dorado. El problema es que esa situación se ha acabado y los países receptores, ahora, no se dejan avasallar por quienes no reconocen que las relaciones ya no son de neocolonización, sino de respeto e igualdad. Serían lógicas incluso medidas de auxilio para compensar los resultados de una nefasta política económica que impulsa ahora a los nacionales a migrar e impone al mismo tiempo la expulsión de los inmigrantes de los propios países a los que se acude.

La incapacidad de mantener en Europa una política de entendimiento con América Latina se ve reflejada en hechos tan pintorescos como inadmisibles en el derecho internacional –sirva de ejemplo la reciente ofensa al presidente de Bolivia, Evo Morales, con tintes colonialistas-, que propician la pérdida de todo el prestigio que le quedaba a España. Y, por motivos históricos, el alejamiento de América Latina supone una inmediata pérdida del peso español en Europa.

La política exterior española sólo parece brillar con satisfacción en países como Arabia Saudí, ejemplo de violación constante de los derechos humanos y de unas condiciones de vida tan serviles como inaceptables.

Así que nuestras relaciones exteriores no están marcadas ni por la defensa de unos valores éticos, ni por un trabajo serio de las administraciones pertinentes en beneficio de los intereses de España, sino por la improvisación y el esperpento. El escándalo provocado por el indulto erróneo de un pederasta español en Marruecos o por el de un joven hispano marroquí que ni siquiera había sido juzgado (circunstancia que imposibilita el indulto) y que fue incluido por el Consulado español de Nador y luego por la Embajada, condensa bien la situación. La búsqueda efectista de resultados en una visita Real y el deseo de destacar el buen entendimiento entre monarcas tienen más peso que el trabajo serio y transparente de la Justicia. El disparate -además del conflicto jurídico y del coste económico que supone el caso del pederasta, finalmente detenido en Murcia- es el caldo de cultivo de las sospechas internas y de la pérdida de respeto internacional.

Todos los dislates están siempre acompañados de una falta asombrosa de explicaciones, y es esta falta de transparencia la que contribuye o potencia la relación entre una desorientada y caótica política exterior española y el estado de descomposición actual de nuestra democracia, a manos de un Gobierno más pendiente de sus problemas internos que de gobernar para los ciudadanos.

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Baltasar Garzón, Federico Mayor Zaragoza, Luis García Montero, Juan Torres, Antonio Gutiérrez, Pilar del Río y Gaspar Llamazares son integrantes de Convocatoria Cívica.Convocatoria Cívica