Tres años después de las dos grandes operaciones contra la construcción de embarcaciones de alta velocidad para el transporte de estupefacientes, las conocidas como narcolanchas, la Fiscalía de Pontevedra está en condiciones de describir todo el engranaje criminal que dotaba de la infraestructura naval necesaria, antes para el tráfico de hachís y ahora para la mucho más lucrativa cocaína. El esquema delitictivo nacía en el corazón de la comarca de O Salnés (Pontevedra), cruzaba el Miño hasta distintos puntos de Portugal y se ramificaba en los cuatro puntos cardinales de España, desde Salamanca hasta Tarragona, pasando por Toledo, Huelva, Sevilla y Santa Pola (Alicante).

Las dos redes con matriz en Galicia desmanteladas se exponen a penas de prisión que, en conjunto, superan los 110 años. Eso es lo que exige de forma provisional la acusación pública para las 23 personas que serán sometidas a juicio en los próximos meses.

En el caso de la primera de las redes, que cayó fruto del trabajo conjunto de las autoridades españolas –Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera– y las fuerzas de seguridad portuguesas, los investigadores sitúan en la cúpula a personas de la comarca de O Salnés y, en concreto, a Pablo V. El nombre más sonado de entre quienes se sientan en el banquillo no es, sin embargo, el suyo, sino el de Ramón Bugallo, primo del histórico José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Los gallegos son los mayores expertos a la hora de manejar la materia prima con la que se construyen esta clase de embarcaciones, la fibra de vidrio, y se aprovechan de esa circunstancia y de sus contactos en el submundo criminal para mantener una línea de negocio alternativa al narcotráfico puro y duro

La organización disponía de tres localizaciones clave en Galicia: en Castrelo y en A Pedreira, en el municipio pontevedrés de Cambados, y en Sisán, en el de Ribadumia, según explica el fiscal. La más relevante era la primera, pues allí se construían los cascos de las embarcaciones semirrígidas, de unos 12 metros de eslora y con espacio para tres motores –en ocasiones, para cuatro–. Con el trabajo aún por terminar, las narcolanchas eran transportadas a una instalación clandestina en Salamanca que resultó ser un escenario clave: allí se incorporaban los motores, el cableado eléctrico y los sistemas de navegación.

Esta fase final de ensamblaje y pertrecho también se ejecutaba en Viana do Castelo (Portugal). Los gallegos saben bien que con sólo cruzar el río que separa la provincia de Pontevedra de Valença y Monçao, localidades fronterizas, todo cambia: lo que en España está prohibido allí se permite. La mera tenencia de estas embarcaciones es un delito de contrabando al norte de la raia, pero no está penada al aur. Sin embargo, sí se puede atacar, previo pacto con las autoridades portuguesas, el esquema ideado por especialistas en saltar la frontera para delinquir. Y eso es lo que se hizo. 

Desde Salamanca y, en ocasiones, desde Viana do Castelo, las narcolanchas partían en camiones de gran tonelaje hacia distintos puntos del país e incluso del extranjero: llegó a comprobarse el traslado de una de las embarcaciones hasta los Países Bajos.

La segunda red especializada en el negocio que cayó en esa misma época, en 2022, y que será juzgada en breve plazo en Pontevedra tenía una operativa similar. En este caso dos personas afincadas en Barcelona se desplazaban a Galicia para organizar un tejemaneje que comenzaba en una nave del polígono industrial de Cotogrande, a las afueras de Vigo, y que se ramificaba en al menos cinco emplazamientos de Portugal, todos ellos con acceso cercano a un río navegable, el Miño o el Lima, que permitiese pruebas de agua e incluso botaduras. La dinámica criminal, sin embargo, devolvía la lanchas, una vez preparadas, a España.

En Toledo se ubicaba el principal escenario de almacenaje de las embarcaciones que construía la organización, pero fueron halladas planeadoras también en Tarragona –punto de partida de alijos que acaban en España por el Delta del Ebro–, Santa Pola (Alicante), Sevilla y Huelva. Lanchas rápidas de este entramado criminal fueron utilizadas para varios transportes acreditados de droga en distintos puntos, algunos frustrados por las autoridades –en Almería y Huelva– y otros que consiguieron eludir los controles. 

Las penas que solicita la Fiscalía por estos hechos alcanzan los siete años de cárcel en el caso de los presuntos responsables de ambas organizaciones, tres personas en el caso de la red con matriz en Cambados y dos más en la de Vigo. A ello se añaden multas multimillonarias, que parecen más una formalidad que otra cosa. nadie las paga. El resto de los individuos que realizaban diferentes funciones en los entramados, como la mano de obra para trabajar la fibra de vidrio o la conducción de los vehículos para el transporte, así como quienes aportaban las empresas y naves necesarias para el desarrollo del delito, se exponen a posibles condenas que oscilan entre los dos y los cinco años. Salvo un imputado, que añade una acusación por tenencia ilícita de armas y podría ser condenado a siete años de cárcel.

En total, las dos operaciones, bautizadas Munari y Endurance, se saldan con peticiones de penas de prisión para una mayoría de gallegos, pero también para acusados originarios de otros puntos de España y Marruecos. 

En 2025, Galicia sigue siendo centro de producción de esta clase de embarcaciones que se emplean para el transporte masivo de drogas y, en ocasiones, también de personas migrantes, en especial en el sur de España. Sus responsables disponen de la materia prima gracias a la actividad lícita que se lleva a cabo en muchos puntos de la provincia de Pontevedra. Además, tienen acceso a enclaves secretos en los que trabajar la fibra de vidrio para su posterior traslado a Portugal.

Con la misma operativa descrita, los narcos reciben estas lanchas, cada vez más avanzadas y caras, en el sur, en un negocio que puede aportar hasta 200.000 euros por unidad a quienes las construyen, en función de las características de la embarcación. Los motores cuestan entre 30.000 y 50.000 euros cada uno, según sean Honda, Yamaha, Suzuki o Evinrude, los más utilizados por los narcos. Los anclajes, equipos de navegación y acabados añaden unos 15.000 euros más. La mano de obra del constructor gallego y los materiales suponen la parte más variable del presupuesto. En total, restando gastos, las mafias criminales dedicadas al negocio de las narcolanchas se embolsan entre 70.000 y 100.000 euros limpios por cada narcolancha que entregan a sus clientes.

El bañador apretado de leopardo o el tanga lucecuerpo combinan con el bañador de toda la vida o el de más rabiosa moda. La piscina es un marco democrático donde cabe todo. Gritos, saltos, tumbados, tertulias, incluso vermut. Ahora, además, han puesto el cartelito “swimming pool”. Casi todo ha de acabar en -ing: balconing, puenting, edredoning…, como rajoying, que da a entender que uno se ha ido o irá a Santa Pola. Un hecho, el de ir, que implica voluntad, deseo, predisposición…, a no ser que te hayan tirado, que te hayan conminado, en ese caso… Pero, a la piscina, ni obligan, ni fuerzan; siempre que vayas con bañador y con chanclas. Poca cosa. Bueno, también puedes llevar gafas de sol y gorro. Hay que competir con pocas cosas, ¡eso sí!, con cuerpo grácil; algunos, bastantes, se fuerzan, nos forzamos, al cuerpo presentable. Que implica algún, digamos, pequeño suplicio restrictivo, todo llevado a gusto aparentemente.

Y, sin embargo, el título de piscinero mayor se lo lleva Cristiano Ronaldopiscinero. ¡País! Pero no se proclama esto a los cuatro vientos, se gestiona callandito. Ya lo dijo Florentino, el Real Madrid es un símbolo de España. Y los símbolos no se tocan. Y es que no se puede competir en nada con Cristiano Ronaldo. Parece que siempre gana. ________

Jesús Moncho Pascual es socio de infoLibre

A veces hay bandazos y golpes de timón en la vida que nos pone boca abajo o patas arriba. En los medios de comunicación se publicó que llegó tarde 50 minutos a su trabajo. Se sabe que un registro de la propiedad abre al público a las 9 de la mañana y Rajoy llegó a las 9:50, pero es que como titular de la oficina no tiene la obligación de cumplir estrictamente con el horario establecido para los empleados y el público. Los jefes suelen disponer de un horario flexible y a la vez dicen que no tienen horas.

Hay trabajos, sobre todo en el caso de los autónomos, en los que sus responsables se quejan de hacer más horas que un reloj. Las reivindicaciones de jornada laboral, bajas, vacaciones y salarios no van con ellos. Supongo que en nada se parecerá el trabajo de un presidente de Gobierno y de un registrador de la propiedad. Parece que es mucho más difícil acceder a lo segundo que a lo primero, aunque ninguno de los dos está al alcance de todo el mundo y, sin embargo, es mucha mayor la responsabilidad de un presidente de Gobierno que de un registrador de la propiedad. Nadie es imprescindible, todos somos necesarios y cada día es más difícil mantener el mismo puesto de trabajo toda la vida laboral. Menos mal que existen los sustitutos. A Rajoy le sustituyó en la plaza de registrador de Santa Pola (Alicante) un amigo, de nombre Francisco Riquelme, lo que significa que dejó el puesto provisionalmente con la tranquilidad de que quedaba en buenas manos. En la Presidencia del Gobierno le ha sustituido alguien que no es amigo, Pedro Sánchez, y seguro que piensa que no la ha dejado en buenas manos. Le ha sucedido como en un cuento, un día se durmió presidente de Gobierno y el día siguiente se despertó registrador de la propiedad.

Menos apasionante su vida de registrador de la propiedad que de presidente de Gobierno, también una vida más tranquila, pero sin duda necesitará un tiempo para reciclarse y ponerse al día, porque las cosas no son como hace 28 años. __________________

Antonio Nadal Pería es socio de infoLibre

Cinco días después de haber abandonado su escaño, Mariano Rajoy se reincorporó este miércoles, 20 de junio, a su plaza como titular del Registro de la Propiedad número 1 de Santa Pola (Alicante), que durante los 28 años en que el hoy expresidente ha ocupado cargos públicos de manera ininterrumpida permaneció regentado por un "registrador accidental permanente", su amigo y compañero de profesión Francisco Riquelme. 

Por una vez, el todavía líder del PP ha renunciado al quietismo para reingresar de inmediato en el cuerpo de registradores. Lo ha hecho mucho antes de ver agotado el mes que la legislación española concede a aquellos funcionarios que, previo cese voluntario o forzoso en el cargo público que estuvieran ocupando, soliciten regresar a su plaza. La celeridad de Rajoy ha sido tal en esta ocasión que el expresidente ha vuelto a ese municipio de la costa alicantina con 31.137 empadronados antes incluso de que el nuevo Ejecutivo haya tenido tiempo de confirmar -o de relevar, como por lo general sucede cuando cambia el color político- al director general de Registros y Notariados, Javier Gómez Gálligo.

La nueva etapa del todavía líder del PP abre un ramillete de incógnitas y algunas certezas. El primero de los interrogantes es el de si Rajoy se mudará a Santa Pola o si -como anticipan algunas fuentes del sector- permanecerá allí el tiempo imprescindible hasta que quede una plaza libre en algún otro punto del país con el que posea vínculos más sólidos: por ejemplo, Madrid.

Santa Pola no parece haber figurado nunca en su mapa de prioridades personales. Y en esa dirección apunta su declaración de bienes de 2016. Ese año, el presidente poseía dos viviendas en Madrid, una en Pontevedra y el 25% de otra en Gran Canaria, su última adquisición y realizada en 2004. 

Pero la legislación aplicable a los registradores de la propiedad les impone la obligación de residir allí donde tienen su plaza. Así lo preceptúa el artículo 548 del Reglamento Hipotecario, cuya redacción, inequívoca en su artículo 548, rezuma un espíritu tan anticuado o si se prefiere atemporal como la propia norma: "Los Registradores residirán en la capital del registro, y sólo podrán ausentarse de ella en los días no feriados y durante las horas de oficina, cuando hubieren obtenido licencia de la Dirección, prórroga del Ministro de Justicia o nombramiento para desempeñar alguna comisión o agregación de las autorizadas por la Ley o por este Reglamento". La "capital del registro" no es Alicante aunque los usos lingüísticos de 2018 induzcan a creerlo así. La "capital" es Santa Pola.

Que un reglamento de 1947 continúe vigente hoy, con apenas cinco revisiones efectuadas desde el año de su entrada en vigor, ilustra en sí mismo por qué los expertos consultados por infoLibre entienden que el expresidente no tendrá que someterse a ningún periodo de adaptación antes de sumergirse en los cartapacios, las notas simples, los historiales completos de cada una de las fincas situadas bajo su tutela registral. A diferencia del asunto relativo a su lugar de residencia, el salto desde Moncloa al Registro de Santa Pola podrá efectuarse sin solución de continuidad constituye la principal certeza.

Entre noviembre de 1987 y el mismo mes de 1989, el único periodo en que Rajoy no ostentó ningún cargo público desde que en 1981 había comenzado a compaginar su carrera política con la plaza que entonces le correspondía como registrador, la de Padrón. Pero en el bienio 1987-1989 Rajoy difícilmente pudo residir en Santa Pola a tenor de su ajetreada agenda interna en la Alianza Popular (AP) gallega de la época, que había sido desbancada de la Xunta y había quedado hecha añicos  tras la moción de censura que en septiembre de 1987 y con el apoyo de un sector de exdirigentes del partido había aupado al PSOE al Gobierno regional.

El 21 de noviembre de 1987, ocho días antes de que solicitase al Ministerio de Justicia su reincorporación al servicio activo como registrador, comenzó el congreso provincial de AP que devolvió a Rajoy la presidencia del partido en Pontevedra. Seis meses después, el 22 de mayo de 1988, se convertía en secretario general de AP en Galicia, es decir, en el número dos.

El precedente de los años ochenta

El cotejo de los textos legales con la formidable actividad política desarrollada por Rajoy entre 1987 y 1989 presenta como una hipótesis inverosímil la de que residió de forma permanente en Santa Pola, situada a 1.052 kilómetros de Pontevedra. El 29 de noviembre de 1989, y ya con un acta de diputado al Congreso que jamás volvió a perder hasta este 15 de junio, Rajoy pidió de nuevo excedencia por servicios especiales con reserva de plaza.

Ni el expresidente ni el Ministerio de Justicia ni su partido han accedido nunca en estos últimos años a responder sobre esa cuestión ni sobre otras relacionadas con la trayectoria de Rajoy como registrador de la propiedad. Por ejemplo, la de hasta cuándo simultaneó sus retribuciones como cargo público con las que le fueron generando los sucesivos registros de los que fue titular entre al menos 1981 y 1985. Ese último año, pidió que lo declarasen en "servicios especiales" de acuerdo con una ley aprobada 14 meses antes. Esa nueva ley había pasado a prohibir a los cargos públicos cobrar también como funcionarios.

¿Hay más incógnitas en su camino inmediato? Depende. La vicepresidenta de la Generalitat valenciana, Mónica Oltra, sostiene que Rajoy deberá aprender valenciano porque para trabajar en Santa Pola por cuanto su condición de funcionario en esa comunidad implica la obligatoriedad de “conocer las dos lenguas oficiales”. 

En cambio, expertos en la materia que son por completo ajenos al PP no dudan en desmarcarse de cabo a rabo de la versión ofrecida por Oltra: "El de registradores es un cuerpo nacional, así que lo que ha dicho la vicepresidenta valenciana carece de sentido", dictamina una fuente que goza de larga y extensa especialización en ese ámbito.

Aunque en la práctica ejercen como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, los registradores poseen la condición de funcionario. Pero a diferencia de los restantes empleados públicos, no cobran un salario predeterminado sino aranceles de los que el Estado no recibe ningún porcentaje. Es decir, el registrador se embolsa íntegros los ingresos que genere su registro a cambio de abonar el sueldo de la plantilla y afrontar los gastos del local. Cuánto recauda el Registro número 1 de Santa Pola es un dato que nunca ha trascendido. Hace un año, cuando el Ejecutivo entonces presidido por Rajoy aprobó una nueva demarcación registral  que implicaba sacar a concurso el Registro número 2 de Santa Pola, hasta ese momento agrupado al número 1, infoLibre contactó con su "registrador accidental permanente". Riquelme rehusó facilitar cifras aproximadas de facturación.

Quien aceptó soborno de un empresario español, ¿lo volverá a admitir de otro empresario? Y si el empresario es extranjero, ¿lo rechazará? Es posible que desde un importantísimo cargo de representación pública se pueda actuar contra el interés general para beneficiarse actuando arbitrariamente.

Quien así se desempeña, ¿volverá a actuar idénticamente si se le presenta otra oportunidad? Estas y otras consideraciones nos asaltan al repasar la trayectoria de eminentes políticos españoles y europeos que, habiendo alcanzado la cima de relevantes cargos en la Administración pública y tras años de ejercicio sin tacha aparente, se revelan repentinamente un día con hechos, decisiones, actitudes más que perjudiciales o inquietantes para el interés público.

Un presidente de gobierno alemán, tras negociar su gabinete un contrato de suministro de combustible con una empresa extranjera dependiente del gobierno de su país, llegado el día del cese en sus funciones, y tras un breve período de “descompresión”, pasa a ocupar un cómodo y excelentemente retribuido puesto en el organigrama de dicha empresa que, gracias a las gestiones de aquel, se encuentra en posición de presionar eficazmente a los sucesivos gobiernos alemanes a la hora de tomar decisiones que afecten a los intereses de esta compañía o al gobierno extranjero del que depende.

Un ministro de Sanidad o consejero del mismo ramo de una comunidad autónoma española influye decisivamente en la concesión de servicios esenciales que ofrecen pingües perspectivas de beneficio a favor de un consorcio empresarial perjudicando el interés general: peor servicio, sobrecostes... Finalizado su mandato o cesado o dimitido el exconsejero o exministro pasa a detentar puesto de asesor “a mesa puesta” en la empresa beneficiada por la Administración que dirigió satisfaciendo con largueza las pretensiones comerciales que dicho grupo empresarial codiciaba.

Estos son hechos recientes en la historia de la Administración europea, española y de sus comunidades autónomas. Se suceden con relativa frecuencia y reiteración como para considerarlas si no habituales tampoco excepcionales.

La duda que inquieta al ciudadano que reflexiona sobre hechos de esta naturaleza se extiende al ámbito exterior. Es decir, si en España un representante público cualificado se aviene a beneficiar, con las decisiones que le competen, a un particular en detrimento del interés general, ¿hemos de suponerle escrúpulos especiales cuando este particular beneficiado es ciudadano de un país extranjero? ¿Hará ascos a la retribución en metálico o en especie si ese particular es una empresa avalada por el gobierno de un importante país extranjero? 

Me explico. En los tiempos previos a la independencia de la entonces provincia española conocida como Guinea Española, la metrópoli, es decir España, debió realizar o encargar la ejecución de todo tipo de sondeos para localizar recursos naturales que pudieran ser explotados como yacimientos de mineral o más concretamente gas o petróleo. Dichas catas, al parecer, dieron un resultado negativo.

Sorprendentemente menos de dos décadas después de la firma de los acuerdos por los que se reconocía la independencia de la ya excolonia o exprovincia española, aparecen bajo patrocinio de empresas estadounidenses y francesas importantes recursos petrolíferos que “no existían” para la Administración española. Este curioso hecho, llamativo al menos, jamás ha merecido una explicación que aclarase la aparición-desaparición de bolsas petrolíferas como si fueran la isla de San Borondón.

Las mentes más analíticas apuntan a una probable actuación desleal cuando menos de las compañías encargadas de los sondeos, que ocultarían los resultados de los análisis a la Administración española en beneficio de otros actores que aparecieron con posterioridad a la independencia. Hay quien piensa que si las empresas encargadas de la búsqueda hicieron correctamente su trabajo sería “alguien desde dentro” y altamente cualificado el que traficaría con dicha información en beneficio de países o empresas extranjeras que le habrían hecho “una oferta que no pudo rechazar” perjudicando los intereses públicos nacionales de España y engordando su peculio particular. Esperaremos a que el asunto sea tratado en el programa de investigación de hechos inexplicables que presenta Iker Jiménez, Cuarto Milenio.

Enlazando con sucesos de similar naturaleza nos encontramos hoy con un Gobierno español cuajado de “registradores de la propiedad” y presidido por el registrador de la propiedad de Santa Pola, ya bajo sospecha de aceptar sobres en negro, que llevándose por delante el interés general de los usuarios, es decir de los españoles, toma las decisiones oportunas para beneficiar, privatizando el Registro Civil, al gremio registral al que pertenecen él y un puñado de altos funcionarios de su Gabinete, con el que está emparentado algún ministro decisivo en lo tocante al Registro Civil, sin que se oiga el vuelo de una mosca, salvo quizá el mosqueo en la prensa de algún celoso notario.

Esperaremos pacientes a que el oportuno capítulo de Cuarto Milenio nos ofrezca las claves de tan inexplicable por inadmisible suceso. Entretanto seguiremos ejerciendo el derecho a voto con el acierto manifestado hasta hoy en la elección del Gobierno de España, de la Comunidad de Valencia, de Cataluña, de Madrid… y demás ejemplos sacados del manual Cómo entregar impecablemente un país a las tramas corruptas y salir perdiendo sin salir escaldado.

Fernando Pérez Martínez es socio de infoLibre

Una jueza de Murcia ha condenado al abogado José Luis Mazón a pagar 30.000 euros de multa por opinar que Mariano Rajoy y su sustituto en el Registro de la Propiedad de Santa Pola (Alicante) tienen un "apaño" para repartirse los ingresos. La jueza no admitió ninguna de las pruebas presentadas por Mazón "para acreditar la veracidad de sus opiniones".

Los hechos se remontan a enero de 2012, cuando José Luis Mazón concedió dos entrevistas al periódico La Opinión de Murcia y a la revista Atlántica XXII, hablando sobre las relaciones entre Rajoy y su amigo Riquelme. En el primero declaró su sospecha de que, "unidos por su amistad", ambos "pudieron llegar a un acuerdo" para que Riquelme constase como registrador pero Rajoy continuase "percibiendo parte de su sueldo". En la segunda, Mazón manifestó lo siguiente: "Yo creo que ha hecho algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha regalado a su amigo toda la fortuna que le correspondía durante todos estos años?".

José Luis Mazón se refería a la peculiar situación que tiene el presidente del Gobierno, que es titular del Registro de Santa Pola desde el año 1987, aunque desde marzo de 1990 ocupa la plaza Riquelme en calidad de sustituto. El pasado mes de septiembre, infoLibre desvelóel expediente que permanecía oculto del registrador Rajoy.

Las declaraciones de Mazón llevaron a Riquelme a presentar una demanda contra el abogado murciano en la que reclamaba una indemnización de 100.000 euros por intromisión en su derecho al honor.

La argumentación de la jueza

La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 10 de Murcia, Carmen Mérida Abril, explica en su sentencia que es necesario distinguir entre información y opinión: a la primera se le impone constitucionalmente la exigencia de veracidad, requisito que no se pide a la segunda. Pues bien, la jueza considera que las declaraciones de Mazón no contienen "ningún elemento informativo", de forma que el objeto del proceso "lo será exclusivamente la adecuación del contenido de las opiniones emitidas por el demandado en el ejercicio de la libertad de expresión, que no de información, que al no quedar sometida al canon de veracidad justificó la inadmisión de toda la prueba propuesta por el Sr. Mazón preordinada a acreditar la veracidad de sus opinions o juicios de valor". 

En otras palabras: la jueza considera irrelevante saber si realmente Rajoy percibe algún ingreso del Registro de Santa Pola a la hora de decidir si las palabras de Mazón violan el derecho al honor de Riquelme.

Una vez acotado el terreno de juego, la jueza concluye que las opiniones de Mazón supusieron un "manifiesto descrédito" para la "integridad personal y profesional" de Riquelme. "El mensaje es claro –razona en la sentencia–. Amistad entre el Sr. Rajoy y el actor, supuesta cesión de los derechos de la titularidad de registro público a favor del amigo, acuerdo privado entre partes para decidir sobre el destino de una plaza pública e indebida percepción de sueldo por parte del cedente".

La jueza da a entender que, si las palabras de Mazón se hubiesen referido a Rajoy, el fallo hubiese sido otro. "Es innegable que cualquier manifestación que afecte a la actividad pública del presidente del Gobierno es de interés general [...]. Pero resultan en todo punto innecesarias las acusaciones vertidas frente al actor si lo que se quería era criticar o poner en tela de juicio la situación administrativa de don Mariano Rajoy".

En consecuencia, la jueza condena a Mazón al pago de 30.000 euros –frente a los 100.000 que pedía Riquelme– y a la publicación del fallo en los dos medios donde realizó las declaraciones. La sentencia es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial de Murcia. Mazón confirmó ayer a infoLibre que presentará el recurso en los próximos días.

El registrador Rajoy

El presidente del Gobierno se ha negado sistemáticamente a aclarar su situación como registrador. Este periódico desveló que, al menos entre 1981 y 1985, Rajoy cobró como cargo público de la entonces Alianza Popular y como registrador. Al conseguir su primer escaño, Rajoy tenía dos opciones legales: pedir la excedencia como registrador, con lo que su plaza saldría a concurso, o acogerse a la norma que le permitía recibir una parte de los honorarios registrales al tiempo que percibía retribuciones como diputado. Y optó por la segunda opción.

En 1984 se aprobó la Ley de Reforma de la Función Pública, que prohibía que un cargo público pudiese percibir también cualquier retribución relacionada con el puesto como funcionario que desempeñaba hasta su elección. Pero, en realidad, hasta el año 1998 existió legislación contrapuesta en el caso de los registradores. En esa fecha se retocó el Reglamento Hipotecario para dejar claro que los registradores interinos cobrarían "la totalidad de los honorarios" de un registro, sin tener que ceder una parte de sus ingresos a los titulares de la plaza ¿Recibió Rajoy ingresos, entre 1990 y 1998, del Registro de Santa Pola mientras cobraba como diputado en las Cortes? El presidente del Gobierno siempre se ha negado a aclararlo, lo que lógicamente ha incrementado las sospechas al respecto.

Pero no es el único aspecto llamativo sobre el registrador Rajoy que descubrió infoLibre. En los últimos 32 años, Rajoy sólo ha sido registrador en ejercicio durante dos, mientras que en los otros 30 ha estado en servicios especiales pero manteniendo su plaza de titular de un registro. Pues bien, ese bienio, de 1987 a 1989, incumplió su obligación legal de residir en la localidad donde estaba el registro. Rajoy vivía en Galicia, donde desarrollaba una intensa vida política, pero trabajaba oficialmente a más de mil kilómetros, en la localidad alicantina de Santa Pola.

Una historia, la del registrador Rajoy, que también tiene casualidades llamativas. En 1990, cuando había sido elegido diputado, propuso que el sustituto en el Registro de Santa Pola fuese su amigo Francisco Riquelme. Pues bien, el 20 de febrero de aquel año, la víspera de que Rajoy pidiera al Ministerio de Justicia que su amigo se quedase con el registro de Santa Pola, Riquelme constituyó una empresa denominada Inlimur. Con fincas en la localidad murciana de Abanilla, ha multiplicado por 20 su capital social desde entonces: pasó de 90.000 euros a 1,8 millones. Rajoy tampoco ha aclarado si tiene o ha tenido algún vínculo, de forma directa o indirecta, con dicha empresa.

Todo lo relacionado con la situación administrativa de Rajoy ha estado marcado por la opacidad desde hace años. Y no sólo porque el presidente del Gobierno se niegue a ofrecer cualquier dato. En 2001, el Gobierno de José María Aznar dio instrucciones a la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia para esconder en un “archivo de seguridad” el expediente de Rajoy como registrador de la propiedad.

Las preguntas esenciales sobre cómo compaginó a partir de 1981 Mariano Rajoy sus cargos públicos con la titularidad de sucesivos registros, preguntas cuya respuesta se localiza en su expediente como registrador de la propiedad, seguirán sin respuesta. El Gobierno contestó la semana pasada una pregunta de Izquierda Unida (IU), pero logró cumplir el trámite sin responder a ni una sola de las cuestiones planteadas. La primera de ellas, la de por qué el Ejecutivo de José María Aznar ordenó en 2001 ocultar el expediente como registrador del entonces ministro Mariano Rajoy, como ya desveló infoLibre.

El pasado 11 de septiembre, el diputado de IU Gaspar Llamazares registró una batería de preguntas en las que inquiría expresamente por qué el Gobierno ordenó en 2001 trasladar el expediente a un archivo de seguridad. El Gobierno, que respondió el día 21 de este mes, elude la cuestión y se limita a exonerar a Rajoy, que -alega- "ha sido siempre ajeno" al lugar exacto dónde se encuentra el expediente y a la posibilidad de que su contenido pueda o no divulgarse.

El historial "ha obrado" en el Ministerio de Justicia

Redactada como si cada sílaba y cada coma hubieran sido objeto de medición previa, la respuesta del Gobierno utiliza el pretérito perfecto y no el presente para responder dónde se localiza ese expediente: "Ha obrado -dice el texto- en los archivos correspondientes del Ministerio de Justicia, sin que conste que su custodia haya impedido en ningún momento su conocimiento de acuerdo cn las reglas de acceso aplicables al efecto, cuestión a la que en todo caso ha sido siempre ajeno el señor Rajoy". 

¿Significa lo anterior que el expediente "ha obrado" pero ya no en los archivos del Ministerio de Justicia, del que depende la Dirección General de los Registros y del Notariado? Y si sigue en las dependencias de Justicia, ¿por qué la respuesta evita hablar en presente? ¿Qué norma exacta regula la posibilidad de acceso al expediente de un registrador que ocupa el máximo cargo del Gobierno? Las preguntas, como ya viene sucediendo desde que en 2012 IU lanzó la primera pregunta parlamentaria sobre la materia, continúan en el aire. 

Como en las ocasiones anteriores, IU volvió a preguntar en septiembre si Rajoy percibió alguna vez dobles ingresos, como registrador y político, en algún momento de su carrera. Ahora, el Gobierno ha elegido una fórmula que nada aclara pero que tampoco niega nada: "Don Mariano Rajoy se ha ajustado siempre y en todo momento a la legislación aplicable al efecto, tanto en lo relativo a su situación administrativa por razón del puesto o cargo desempeñado en cada momento como en la percepción de la retribución correspondiente".

En 1984, la ley de reforma de la función pública pasó a prohibir que los funcionarios que accediesen a un cargo político obtuviesen doble remuneración. De hecho, entre 1981 y hasta que en 1985 registró su primera solicitud de pase a servicios especiales como funcionario con cargo público, Rajoy recibió durante ese cuatrienio ingresos como registrador y como cargo público: primero diputado gallego, luego alto cargo de la Xunta y, finalmente, presidente de la Diputación de Pontevedra. Fue ese último puesto, uno de los más preciados para la hoy extinta Alianza Popular gallega, el que le llevó a pedir servicios

Pero los registradores, que poseen rango de funcionario pese a que operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio, se rigen por una legislación específica: la Ley Hipotecaria y el Reglamento Hipotecario, que en su artículo 541 autorizaba a los registradores que entraban en política a repartirse con su sustituto los beneficios que reportase la plaza registral . Hasta 1998, el Reglamento Hipotecario no prohibió la doble percepción de retribuciones para los registradores que se incorporasen a la vida pública, bien como parlamentarios, bien como cargos de designación.

Tanto el PSOE como IU han pedido oficialmente al Gobierno que les facilite el expediente de Rajoy. El Ejecutivo tiene dos opciones: atender las peticiones de los dos grupos de oposición o denegarlas, pero si elige esa segunda vía tendrá que explicar qué motivo impide que el Parlamento sepa, por ejemplo, hasta cuándo compatibilizó Rajoy los ingresos registrales con los de sus puestos de representación o designación política. O cuántas solicitudes de excedencia especial -la que, al menos hasta 1985, le permitía cobrar de las dos fuentes, la registral y la del cargo público- solicitó hasta su elección como presidente del Gobierno en 2011.

La batería de preguntas formulada en septiembre por Llamazares incluía algunas de las otras incógnitas que el PP se ha negado a resolver. Entre ellas, estas dos: por qué el presidente nunca ha solicitado excedencia en sentido estricto -lo que habría forzado la salida a concurso de su actual plaza, Santa Pola- pese a que en los últimos 32 años solo ha ejercido dos años como registrador. Por qué nunca, y en la casilla destinada a puestos públicos a los que ha renunciado, reflejó Rajoy en su declaración de bienes el cargo de registrador.

El silencio del Gobierno sobre las circunstancias en que Mariano Rajoy ejerció como registrador de la propiedad mientras ocupaba sucesivos cargos públicos ha encontrado una nueva respuesta en la oposición. Ayer, Izquierda Unida presentó en el Congreso una amplia batería de preguntas entre las que figura una que busca respuesta clara  l interrogante de si Rajoy percibió alguna cantidad como registrador en 1990-1998. Es decir, durante el periodo comprendido entre el momento en que obtuvo su definitivo pase a servicios especiales y aquel en que el Reglamento Hipotecario, el aplicable a los registradores, prohibió ya taxativamente y sin los ambages anteriores que quienes accedan a un cargo público puedan seguir cobrando un solo euro de su registro. Aunque operan como profesionales en régimen de monopolio, los registradores son funcionarios.

En las elecciones de octubre de 1989, Rajoy consiguió un escaño al Congreso que ya nunca ha perdido. En 1996 se incorporó al primer Gobierno de José María Aznar como titular de Administraciones Públicas. El firmante de la iniciativa, Gaspar Llamazares, sostiene que esos dos cuatrienios permanecen bajo la “larga sombra” que rodea la “doble carrera” de Rajoy como registrador y político. La exposición de motivos del bloque de preguntas lo expresa así: “Hasta ahora sabemos que un Gobierno del qué él [Rajoy] formaba parte, en 2001, escondió en un archivo de seguridad el expediente que registraba su historial; y sabemos que cobró como político y como registrador a un tiempo mientras la ley se lo permitió”.

Como desveló infoLibre, el expediente de Rajoy fue trasladado en 2001 por orden de la entonces directora general de Registros y no regresó a los despachos del Servicio de Registradores hasta que el PSOE descubrió en 2004 lo sucedido.

Es en ese expediente donde consta que el presidente se acogió a la norma legal que le permitía cobrar como registrador y como cargo público.Entre 1981 y 1985 compatibilizó ingresos dobles: como registrador con aquellos otros que le fueron reportando sus sucesivos cargos públicos: diputado en el Parlamento gallego, luego director general de la Xunta y, finalmente, presidente de la Diputación de Pontevedra. 

Ese último cargo, el de la disputada corporación provincial pontevedresa, es el que le llevó a pedir en noviembre de 1985 su pase a  servicios especiales, una variante de excedencia exclusiva para los funcionarios.

Pidió servicios especiales, no obstante, con 15 meses de retraso.En agosto de 1984, se había aprobado ya la Ley de Reforma de la Función Pública, cuyo artículo 29 ya preveía la figura de servicios especiales y prohibía la doble percepción como cargo público y como funcionario . Ahora, Llamazares insta al Gobierno a confirmar cuánto cobró de los registros por los que fue pasando entre 1981 y 1985  -el coruñés de Padrón, el barcelonés de Berga y uno en la alicantina Elche- y le requiere que explique cómo “justifica” la doble cobranza del presidente.

Pero, sin duda, la almendra de esta batería de preguntas parlamentarias se localiza en el lapso de tiempo transcurrido entre marzo de 1990, cuando Rajoy pasó a servicios especiales, y septiembre de 1998. Llamazares ya planteó en febrero una pregunta sobre las retribuciones de Rajoy entre 1990 y 1998. Pero la respuesta del Gobierno fue de nuevo inconcreta. El Ejecutivo contestó invocando, sin citar la fecha, un cambio legal que no se aprobó justamente hasta septiembre de 1998, con lo que en la práctica dejaba un vacío de siete años y medio en su respuesta.

La reforma incorporó al Reglamento Hipotecario un nuevo artículo, el 552, que anulaba, ya sí de forma inequívoca, la prerrogativa que hasta entonces contenía el Reglamento Hipotecario. Plasmado en el artículo 541 del Reglamento, ese privilegio confería a los registradores con cargo público la opción de repartirse los ingresos de su registro con el sustituto encargado de su llevanza. Había una segunda opción: pedir lisa y llanamente la excedencia y permitir así que la plaza saliera a concurso. Desde que en 1987 aterrizó en el registro de Santa Pola, Rajoy ha ocupado cargos públicos de forma ininterrumpida salvo en el paréntesis 1987-1989. Nunca ha solicitado la excedencia pese a que su trayectoria vital muestra que la principal vinculación de Rajoy con Santa Pola es la amistad que le une a quien desde marzo de 1990, hace 23 años, es su sustituto en ese registro, Francisco Riquelme.

El Ejecutivo prescinde del calendario

Riquelme asumió la gestión del registro de Santa Pola en marzo de 1990 a propuesta de Rajoy, que pasó a servicios especiales. Pero, al explicar ese episodio en su respuesta a la pregunta formulada por Llamazares en febrero, el Gobierno se comió de un bocado nada menos que los ocho años de limbo y contradicciones legales que transcurrieron hasta que en 1998 se produjo la reforma del Reglamento Hipotecario.

En marzo de 1990, dice aquella respuesta, la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia nombró un registrador accidental, “al que corresponden, de acuerdo con la normativa hipotecaria, la totalidad de los beneficios que se devenguen”. El entrecomillado pertenece a la respuesta del Gobierno a la pregunta formulada por Llamazares en febrero.

Pero su afirmación solo es netamente válida para los años que siguieron a la reforma de 1998. Hasta la publicación del reglamento modificado, el 2 de septiembre de 1998 , caben al menos dudas sobre si se mantuvo la distribución de beneficios entre el titular y el interino. Expertos consultados por este diario sostienen que, en caso de dilema entre la legislación general sobre incompatibilidades y la específica sobre registradores, prima la específica.  

A modo de apostilla tajante, el Ejecutivo concluyó entonces su respuesta escrita reprendiendo a Llamazares por insistir sobre el asunto: “Como ya se informó a su señoría en anterior pregunta, el registrador titular que se encuentra en excedencia por servicios especiales no puede recibir del mismo ninguna remuneración, como así sucede”.

El uso del presente como tiempo verbal en la respuesta del Gobierno deja otro rastro de duda. Porque, en efecto, ya en agosto de 1984 entró en vigor la nueva ley de función pública que en su artículo 29 prohibía a los funcionarios en servicios especiales cobrar remuneración alguna de la plaza que habían aparcado para asumir un cargo público.

Pero lo cierto es que el Reglamento Hipotecario, con rango de legislación específica, no se modificó hasta 14 años más tarde. Qué ocurrió en aquel largo intervalo en el que convivieron normas legales contradictorias sigue siendo un misterio que tanto PSOE como IU se proponen resolver.

El PSOE la semana pasada al Congreso una petición formal para que el Gobierno aporte el expediente completo de Mariano Rajoy como registrador.

Ahora, IU hurga en la llaga y acaba de solicitar también una parte del expediente: la relativa al bienio 1987-1989, el primer y único periodo desde 1981 y hasta ahora en que Rajoy no ostentó ningún cargo público y se dedicó oficialmente a gestionar el registro de Santa Pola.

Rajoy , entonces con una agitada vida orgánica en la organización gallega de la extinta Alianza Popular, nunca residió en el municipio alicantino. Además de reclamar el expediente de Rajoy, IU plantea una pregunta específica sobre el bienio 1987-1989: Llamazares quiere que el Gobierno valore el siguiente hecho: que el presidente “haya incumplido” el artículo del Reglamento Hipotecario que le imponía residir en la ciudad donde tuviese su sede el registro. Es decir, en Santa Pola.

Las revelaciones de infoLibre sobre cómo el expediente funcionarial de Mariano Rajoy indica que al menos entre 1981 y 1985 cobró como registrador de la propiedad y como cargo público han movilizado al principal partido de la oposición. El miércoles, el PSOE presentó en el Congreso una petición para que la Dirección General de los Registros y del Notariado le facilite el expediente “completo” de Rajoy como registrador, el mismo cuyo traslado a un archivo secreto ordenó el Gobierno de Aznar en 2001. La devolución del historial a las dependencias del Servicio de Registradores del Ministerio, donde se custodian los de todos los funcionarios de ese cuerpo, se produjo en 2004, cuando el equipo del entonces nuevo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, descubrió lo sucedido.

Firmada por el diputado por Alicante Gabriel Echávarri en nombre de su grupo, la solicitud de documentos planteada por el PSOE se suma a las nuevas preguntas de Izquierda Unida formuladas hace tres semanas y en las que Gaspar Llamazares insta al Gobierno a explicar por qué ordenó ocultar el expediente de Rajoy. 

Al requerir ahora el historial completo de Rajoy los socialistas cierran al Gobierno todas las vías utilizadas hasta ahora para esquivar una respuesta que definitivamente aclare el asunto. ¿Servirá la iniciativa para resolver pronto la incógnita? No. El artículo 7 del Reglamento del Congreso, que es el invocado por los socialistas, concede al Gobierno un plazo “no superior a 30 días” para facilitar los documentos requeridos o manifestar “las razones fundadas en derecho que lo impiden”. Y, pese a que la norma es inequívoca en cuanto a plazos, las fuentes parlamentarias consultadas avisan de que el tiempo de espera real puede convertirse en un largo limbo. En el último mes, Moncloa ha declinado contestar a las preguntas que infoLibre le fue formulando por escrito antes de publicar cada nueva información sobre el historial del presidente como registrador y cargo público. 

Pero, tarde lo que tarde ahora la respuesta, el requerimiento del PSOE no admite lugar a dudas sobre qué documentos deben aportarse: “Expediente con todas las incidencias, fecha de alta, fecha de baja, situaciones administrativas que se han dado en la plaza de Santa Pola desde que el señor Rajoy adquirió la misma, totalidad de los ingresos percibidos por el señor Rajoy como registrador de Santa Pola desde que ocupó dicha plaza y finalmente actual situación administrativa de la plaza de Santa Pola y actual situación de Mariano Rajoy como registrador”.

Hasta la fecha, la compleja legislación vigente para los registradores hasta 1998 ha permitido hasta ahora al PP zafarse de las preguntas sobre esa materia. Por ejemplo, en febrero de este año, el diputado de IU Gaspar Llamazares preguntó por cómo había compaginado Rajoy entre 1981 y 1985 su plaza de registrador con los sucesivos cargos públicos que durante ese periodo desempeñó en Galicia. La respuesta fue la siguiente: “El presidente del Gobierno, a lo largo de su vida administrativa y en el ejercicio de sus cargos, se ha ido sujetando en cada momento a la legislación vigente en materia de función pública, en materia de incompatibilidades de cargos públicos y en materia de registros”.

El Ejecutivo tenía otra opción: responder que, entre el otoño de 1981 y el de 1985, Mariano Rajoy había hecho uso de una excepcional prerrogativa que solo beneficiaba entonces a uno de los cuerpos más raquíticos del funcionariado español: los registradores, los únicos funcionarios que, junto con los notarios, cobran aranceles y no salario y los únicos que operan como profesionales del sector privado en régimen de monopolio.

Incrustada en el artículo 541 del Reglamento Hipotecario y solo anulada por otro artículo de la misma norma en 1998, esa prerrogativa iba dirigida a los registradores que accedieran a un cargo público. El articulo 541 les autorizaba a repartirse con su sustituto las ganancias que deparase el registro. Para optar a esos “beneficios”, debían formular una solicitud a la Dirección General de Registros del Ministerio de Justicia en el plazo de un mes “a partir de la aprobación del nombramiento por las Cortes Españolas o por el Organismo de que se trate”. Si esa solicitud no se producía en los términos estipulados, la plaza quedaría vacante y saldría a concurso. Rajoy tenía, por tanto, también una segunda opción: haber pedido excedencia en Santa Pola, una ciudad en la que nunca residió de modo estable pese a que la legislación le obligaba a ello y en la que no se localiza ninguno de sus cinco inmuebles, adquiridos justamente a partir de 1987, es decir, del año en que tomó posesión de la plaza alicantina.

El registro de Santa Pola, el único ahora en activo después de que el Ministerio de Justicia congelase en febrero el segundo de la localidad, nunca ha quedado vacante desde que Rajoy desembarcó en él en noviembre de 1987.

Antes, el líder conservador había ido compatibilizando el escaño en el Parlamento gallego, el cargo como director general de Relaciones con el Parlamento de la Xunta y la Presidencia de la Diputación de Pontevedra con la titularidad sucesiva de otros tres registros: Padrón, en A Coruña; el barcelonés Berga; y el alicantino de Elche. Cuando Rajoy logró destino en esa ciudad, ya tenía allí plaza propia en otro registro Francisco Riquelme, quien en marzo de 1990 se convirtió en “registrador accidental permanente” –sustituto, en la terminología del momento- del registro de Santa Pola.