Vox ha expulsado cautelarmente este lunes a dos de sus cinco concejales en el Ayuntamiento de Madrid, cercanos al portavoz municipal del partido, Javier Ortega Smith, cuyo futuro en el partido está pendiente de un expediente disciplinario, aunque ya ha avanzado que seguirá ejerciendo como tal en el pleno municipal del martes, informa EFE.

Una situación a la que el presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, no ha querido dar mucha importancia al afirmar que la portavocía de un grupo municipal en un ayuntamiento de España -en referencia al de Madrid- es "la última" de sus "preocupaciones".

Vox debe decidir si Ortega Smith, también diputado nacional y ex secretario general del partido, continuará dentro de su grupo parlamentario en el Congreso una vez que el Comité de Garantías de la formación resuelva si es suspendido definitivamente de militancia.

El futuro de Ortega Smith depende así de la resolución que dicte el partido sobre el expediente disciplinario abierto contra él y la decisión de expulsarle cautelarmente de militancia por negarse a acatar la orden de dejar de ser portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid y ceder el puesto a la concejala Arantxa Cabello.

Pero Ortega Smith ha anunciado que en el pleno municipal de mañana, martes, volverá a ejercer como portavoz al entender que cuenta "con el apoyo de la mayoría del grupo" y que seguirá hasta que el resto de concejales decida lo contrario.

Y ha lamentado que "un grupo de personas llevan tiempo intentando eliminar, expulsar a todos aquellos que han querido tener personalidad", además de criticar, aludiendo a la dirección nacional de Vox, las "amenazas que se vierten de expulsiones, expedientes, traiciones".

Mientras, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha informado este lunes al Ayuntamiento de Madrid de la expulsión cautelar de Carla Toscano e Ignacio Ansaldo y ha dejado claro que cualquiera que no respete las órdenes del comité ejecutivo nacional será expulsado, como establecen los estatutos.

Una expulsión que Carla Toscano, a través de su cuenta personal en la red X, ha calificado de "situación absurda": "Se me ha suspendido e inhabilitado por no aceptar una situación imposible: apoyar la destitución injusta e ilegal de mi compañero Javier Ortega como portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Madrid", ha advertido.

Preguntado al respecto en una visita a Arévalo (Ávila), Abascal ha comentado que "los partidos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos y no mirarse el ombligo", que es lo que ha asegurado que va a hacer. 

La mañana del 27 de enero de 2025, Leila E., una trabajadora social de 54 años, estaba preparando el almuerzo con sus hijos y nietos en el campo de refugiados de Tulkarem, en el norte de Cisjordania ocupada, cuando 25 soldados israelíes irrumpieron en su casa.

“Gritaban y tiraban cosas por todas partes... Nadie dio explicación alguna, destrozaban todo, gritaban y decían tacos. Era como una película, algunos iban enmascarados y tenían todo tipo de armas”, relata. Los soldados los sacaron a la fuerza de casa y uno de ellos les dijo: “Ya no tenéis casa. Tenéis que iros”. La hija de Leila, embarazada de cuatro meses, entró en pánico y abortó.

Este testimonio es uno de los 31 relatos recopilados por la ONG de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que ha publicado el jueves 20 de noviembre un informe de 105 páginas sobre la expulsión de unos 32.000 habitantes de tres campos de refugiados del norte de Cisjordania: Jenín, Tulkarem y Nur Shams. HRW acusa al ejército israelí de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad.

El 21 de enero, dos días después de la entrada en vigor de la segunda tregua en Gaza, Israel lanzó una amplia operación militar que causó al menos 40 muertos en varios campos de refugiados de Cisjordania. Diez meses después, el ejército sigue prohibiendo el acceso a tres campos.

Entrevista a Nadia Hardman, autora principal del informe e investigadora principal de la división de derechos de los refugiados y migrantes de HRW.

Mediapart: Usted acusa a Israel de limpieza étnica, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra los habitantes palestinos de los campos de refugiados de Jenín, Tulkarem y Nur Shams. ¿Cómo han llegado a estas conclusiones?

Nadia Hardman: La investigación ha durado nueve meses, durante los cuales hemos examinado lo ocurrido en los campos. Los medios de comunicación cubrieron un poco esta noticia en enero y febrero de 2025, pero la atención se centró principalmente, como es lógico, en Gaza. Sin embargo, se trata del mayor desplazamiento de población desde 1967 en Cisjordania. Es tremendo.

Fuimos dos veces a las zonas donde se desplazó a la gente, a Jenín y Tulkarem. Entrevistamos a 31 palestinos. Vimos las imágenes de satélite para visualizar cómo son los campos de refugiados. En los seis meses estudiados, descubrimos que habían sufrido daños importantes o habían sido destruidos 850 edificios. El ejército israelí invadió los campos con helicópteros Apache, infantería y excavadoras. Las personas cuyas casas fueron arrasadas no podrán volver. Y, por ahora, no está claro si los palestinos de estos tres campos de refugiados podrán volver algún día.

Desde el punto de vista jurídico, Israel ocupa Cisjordania. El derecho de la guerra y el derecho internacional prohíben absolutamente cualquier desplazamiento de poblaciones bajo ocupación, salvo en casos excepcionales. Las autoridades israelíes afirman que hay activistas dentro de estos campos. Pero la mera presencia de combatientes o armas no justifica el desplazamiento masivo de 32.000 personas o más. Las leyes de la guerra son muy claras al respecto. Israel debe explicar, en cada caso, por qué no hay otra solución que desplazar a estas personas. Y no lo ha hecho.

Además, si se desea desplazar a personas, hay que proporcionarles comida, agua y refugio. Las autoridades israelíes simplemente obligaron violentamente a huir a los habitantes. Hemos documentado homicidios durante estas expulsiones. Había personas dentro de sus casas mientras las excavadoras destruían partes del edificio, unas escenas aterradoras. Se ordenó a los habitantes que se marcharan sin indicarles adónde ir ni cómo sobrevivir.

Una vez que el ejército israelí tomó el control de esas zonas, las arrasó. Construyó amplias carreteras de acceso dentro y fuera de los campamentos. Esto se asemeja más a una destrucción sistemática e intencionada, que va más allá del simple imperativo militar.

Todos esos elementos combinados nos llevan a concluir que se trata de crímenes de guerra relacionados con el desplazamiento forzoso. Varios meses después del supuesto fin de la operación militar, cuando ya no hay combates, los habitantes no pueden volver a sus hogares.

A esto se suma la intención de Bezalel Smotrich [ministro de Finanzas supremacista judío, también gobernador de facto de Cisjordania, ndr] que declaró explícitamente que iban a convertir estos campamentos en "ruinas inhabitables". El ministro de Defensa [Israel Katz, ndr] ha dicho que los campamentos están vacíos.

La operación cuenta con el respaldo de una política estatal, lo que nos lleva a concluir que es amplia y sistemática: constituye pues un crimen contra la humanidad. Por último, dado que se trata de acciones de un grupo étnico que desplaza a otro por medios violentos, se asemeja a una limpieza étnica.

En noviembre de 2024, ustedes estudiaron los desplazamientos forzados de los palestinos de Gaza. Su informe también concluía que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad. ¿Se pueden señalar similitudes con lo que ocurrió en los campos de Jenín y Tulkarem?

El modus operandi es ligeramente diferente en cada campo, pero en ambos casos es aterrador. En Jenín, se dirigió a la gente hacia una única salida, donde se había instalado un puesto de control informal con un sistema de seguridad. En Tulkarem y Nur Shams, a los habitantes simplemente se les ordenó salir por unas rutas determinadas. Se les dijo que si tomaban otro camino, los francotiradores les dispararían. Algunos informaron de que la orden provenía de los drones que, según ellos, a veces los seguían cuando salían del campo.

Las personas con discapacidad intentaban averiguar cómo salir mientras las carreteras eran destruidas por las excavadoras. Hablé con un hombre que no pudo llevarse su silla de ruedas. Una mujer murió cuando el ejército israelí voló la puerta de su casa. Su padre resultó gravemente herido. A otra mujer, embarazada de ocho meses, la dispararon, muriendo ella y su bebé. Su marido ha quedado discapacitado de por vida. La gente no tuvo tiempo de recoger lo mínimo indispensable. Se marcharon con lo puesto.

Es una estrategia similar a la de Gaza y pone de manifiesto el enfoque militar israelí hacia la población, que se basa en una política de desplazamiento y obstaculización del derecho al retorno. En Gaza, el ejército fingió respetar el derecho internacional: afirmó haber establecido un sistema de evacuaciones, con zonas seguras... Hemos demostrado que todo esto era completamente falso. Pero en Cisjordania, los militares ni siquiera se molestaron en hacer creer que estaban evacuando a la gente. Se trataba simplemente de expulsiones, sin órdenes planificadas, sin zonas seguras ni instrucciones sobre dónde ir.

El ejército israelí nos envió una larga carta, más detallada que todas las que habíamos recibido antes, pero no era sustancial porque no abordaba algunas de nuestras preguntas. Simplemente decía que había activistas en los campamentos y que habían confiscado armas. Admitió que quería reorganizar los campamentos.

Pero la cuestión no es si tiene una razón militar legítima. Se necesita una razón militar imperiosa. Existe una prohibición absoluta de los desplazamientos [de población en territorio ocupado], salvo como último recurso, y entonces hay que explicar las otras soluciones que se han barajado; por supuesto, Israel no ha presentado nada de eso.

En el informe, Leila E., de Tulkarem, vivió la incursión militar como “otra Nakba”, en referencia a la expulsión de cerca de 900.000 palestinos en torno a la creación de Israel en 1948. ¿Qué secuelas hay en los habitantes de los campos de refugiados, descendientes de quienes fueron expulsados de sus tierras en aquel momento?

Lo realmente desgarrador era que la gente nos decía que no tenían ni idea de qué había pasado con sus casas. A veces, podíamos ver en las imágenes de satélite que habían sido destruidas antes incluso de que ellos lo supieran. Otras veces, se enteraban por terceros y se veían invadidos por una sensación de pánico. Son zonas militares, cuyo acceso está oficialmente prohibido. La gente no tiene posibilidad de recurrir. El Tribunal Supremo israelí ha declarado que esas demoliciones pueden continuar y extenderse tanto como el ejército desee.

Los refugiados palestinos han soportado años de desplazamiento, pero los campamentos eran su hogar, un espacio en el que habían vivido durante generaciones. Es imposible verificarlo, pero la gente nos ha dicho que cree que las autoridades están tratando de borrar la cuestión de los refugiados, en particular con la represión contra la UNRWA [la agencia de la ONU para los refugiados palestinos] y los desplazamientos de población que continúan en todos los territorios palestinos ocupados [TPO].

Hemos verificado los crímenes de guerra cometidos en los campos de refugiados, pero eso no significa que no se estén produciendo desplazamientos forzados en otros lugares. Hay casos de desplazamientos en Cisjordania y, evidentemente, un desplazamiento masivo en Gaza. Son patrones que deben situarse en el contexto del trato que reciben los palestinos en los TPO, que, como ya hemos dicho, corresponde a un apartheid.

En el informe, ustedes invitan a los tribunales nacionales y al Tribunal Penal Internacional (TPI) a investigar estos crímenes israelíes. ¿Cuáles son sus recomendaciones, dado que Israel parece gozar, aún hoy, de una amplia impunidad?

En este informe hemos aislado las responsabilidades individuales, ya sea por lo que esas personas han declarado o porque formaban parte de la cadena de mando. Hemos identificado que las unidades sobre el terreno obedecían al general de división Avi Bluth, que, dentro del mando central, está a cargo de las operaciones militares en Cisjordania.

Estamos convencidos de que estas personas deberían ser, como mínimo, investigadas. No somos un tribunal, no sabemos qué concluirá la justicia. Con este informe, queremos exponer las pruebas abrumadoras de los numerosos crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y limpieza étnica.

Todo esto ocurre mientras el Tribunal Internacional de Justicia ha publicado un dictamen consultivo según el cual los Estados no deberían participar en la ocupación ilegal [por Israel en los territorios palestinos] y mientras hay un alto el fuego en Gaza que podría allanar el camino para el retorno a la solución de dos Estados (Human Rights Watch no se ha pronunciado sobre esto último).

Pero queremos demostrar que se están cometiendo atrocidades al más alto nivel en los territorios palestinos ocupados, incluso mientras se llevan a cabo esas negociaciones políticas. Los Estados pueden, en virtud de la jurisdicción universal, decidir investigar, y nosotros intentamos demostrar que algunos crímenes son tan graves que cualquier tribunal podría juzgarlos, incluido el TPI.

También afirmamos que se deben imponer sanciones a las personas que hemos identificado: Bezalel Smotrich, Israel Katz, Benjamín Netanyahu y Avi Bluth, además de la imposición de un embargo al comercio con los asentamientos ilegales y a la transferencia de armas. Son recomendaciones que llevamos repitiendo desde hace años.

Esperamos también que este informe ponga de relieve lo que está ocurriendo en Cisjordania, mientras la atención del mundo se centraba en Gaza, con razón, debido a las atrocidades tan brutales que allí se estaban cometiendo.

Traducción de Miguel López

Podemos ha registrado en la Junta General del Principado de Asturias dos comunicaciones, una dirigida al Letrado Mayor, Alberto Arce, y otra a la Mesa de la Cámara, para informarles de la expulsión definitiva del partido de la única diputada que resultó elegida por la formación morada en los últimos comicios regionales, Covadonga Tomé. Así, desde Podemos se pide a los órganos de la institución que tomen las medidas oportunas para llevar a efecto la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal del partido, que "impide a la diputada utilizar y actuar en nombre de Podemos Asturies".

A través de un comunicado, Podemos acusa a Tomé de "apropiarse" de la asignación económica de su grupo parlamentario en la Junta General, que en el momento presente superaría los 150.000 euros. "Respecto a esto último, debemos hacer hincapié en el hecho, sumamente grave, de la utilización indebida de los fondos propios de nuestra organización, cuyo uso por parte de Covadonga Tomé se desconoce". "Todo ello supone un grave perjuicio económico para nuestra organización política, que actualmente no tiene acceso a los fondos que le corresponden por haber obtenido representación parlamentaria en las pasadas elecciones autonómicas", han añadido desde Podemos.

Según la dirección de Podemos en Asturias, la diputada no presentó alegaciones a la resolución del expediente que proponía su expulsión, por lo que una vez cumplido el plazo correspondiente se hizo efectiva la expulsión definitiva propuesta el 26 de diciembre. Dicen que los hechos que han motivado su expulsión son "sumamente graves" e incluyen "la ocupación forzosa de una sede del partido" y "la realización de escraches a trabajadores".

Al ser una sola parlamentaria, Covadonga Tomé formará parte del Grupo Mixto, junto al secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares. Tras conocerse esta petición, ha informado de que ha solicitado este martes a la Mesa de la Cámara y al Letrado Mayor su desvinculación total del partido Podemos Asturies. A través de una nota de prensa, ha dicho que seguirá trabajando como hasta ahora en el parlamento asturiano en el seno del Grupo Mixto.

La Confederación Internacional Sociedades de Autores y Compositores (CISAC) ha votado a favor de la exclusión durante un año de la entidad española durante la Asamblea general de la entidad que se ha celebrado en Tokio, según ha informado CISAC en un comunicado, recogido por Europa Press. 

Aunque la entidad celebra los avances positivos llevados a cabo recientemente para mejorar la situación, considera que "el camino correcto para alcanzar unas soluciones que sean realmente duraderas es el de garantizar que estas reformas se completan, con el pleno respaldo de la Asamblea General de la SGAE y que sean llevadas a cabo, realmente, por parte de los órganos de gobierno de la entidad". Según recuerda, la CISAC lleva trabajando varios meses con la SGAE a raíz de las denuncias interpuestas y que son "motivo de gran preocupación" en relación con las actividades de la entidad, entre las que incluye el "trato discriminatorio de titulares de derechos" y "la aplicación de procedimientos de reparto de manera no equitativa".

En el mes de abril de 2018, se hizo llegar a la SGAE un informe completo de la CISAC con una serie de recomendaciones para los cambios necesarios en relación con las normas de gobernanza, los estatutos y los procedimientos de reparto de la entidad. En diciembre de 2018, a la vista de la "falta de progreso" por parte de SGAE en relación con los requerimientos exigidos, el Consejo de Dirección de la CISAC anunció la apertura de un procedimiento sancionador.

La votación del día de este jueves de proceder con la sanción de un año de exclusión es el resultado de un análisis exhaustivo de las recientes reformas puestas en marcha por la nueva Presidenta de la SGAE, Doña Pilar Jurado. La confederación internacional apunta que si bien se han propuesto una serie de "cambios favorables" por la nueva presidenta de la SGAE estos aún no han sido aprobados por la Asamblea General, que tendrá lugar el próximo 24 de junio.

En este sentido, la CISAC exige la "realización adicional de importantes desarrollos técnicos y cambios reglamentarios necesarios" para garantizar el cumplimiento de la SGAE de las reglas profesionales para las sociedades miembro de la Confederación.

La Asamblea General de la CISAC ha acordado que la sanción podrá ajustarse o levantarse en cualquier momento, siempre que el Consejo de Dirección de la CISAC considere que se ha logrado el suficiente progreso para aplicar los requerimientos de la CISAC. Por ello, vigilará "atentamente" los progresos que realice la SGAE y seguirá ofreciendo su "apoyo" a la Presidencia y al equipo de dirección de la entidad española con "la esperanza de poder readmitir a la SGAE como miembro lo antes posible".

La presidenta de la SGAE, Pilar Jurado, que ha asistido a la Asamblea General junto al director general de la SGAE; Miguel Ángel Recio, ha destacado que la CISAC "da la oportunidad de trabajar" sobre el futuro de la entidad española por lo que hace un "llamamiento" para que los socios ratifiquen en la próxima Asamblea General del 24 de junio los cambios introducidos "para cumplir las demandas de la CISAC" y dejar "atrás esta situación". "Es el momento de que todos estemos unidos y hagamos un ejercicio de responsabilidad y generosidad compartida por el futuro de nuestra SGAE", ha declarado Pilar Jurado desde Tokio.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha devuelto este jueves a los 117 migrantes que el pasado miércoles accedieron a Ceuta tras saltar el vallado fronterizo a Marruecos, en aplicación, según han confirmado fuentes de Interior, del acuerdo firmado en 1992 entre España y el reino alauita de readmisión de "extranjeros entrados ilegalmente". La decisión sorprende por ser una decisión prácticamente inédita tras el aumento de este verano en las llegadas, tanto por tierra como por mar, de migrantes a las costas andaluzas y a las ciudades autónomas. Las ONG humanitarias han expresado sus quejas sobre la legalidad y la conveniencia de este procedimiento "exprés", ante la duda de si este será el modus operandi habitual a partir de ahora.

  ¿Qué dice el texto legal?

El acuerdo [consulte aquí su publicación en el BOE] fue rubricado por el entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera, y su homólogo marroquí, Driss Basri. El primer artículo reza: "Las autoridades fronterizas del Estado requerido (Marruecos) readmitirán en su territorio, a petición formal de las autoridades fronterizas del Estado requirente (España), a los nacionales de países terceros que hubieren entrado ilegalmente en el territorio de este último procedente del de Estado requerido". El texto indica, posteriormente, que es condición indispensable que se acredite que las personas sujetas a esta readmisión provienen de Marruecos.

Hay excepciones: no están sujetas a la norma las personas que provengan de países fronterizos con Marruecos que tengan permiso de estancia o visado expedido por España, y los que sean reconocidos como refugiados por este último país. Además, Marruecos contrae la obligación de devolver a los migrantes a sus países de origen o al país donde comenzaron su viaje, aunque se reserva la posibilidad de denegar el tránsito de vuelta si la persona tiene prohibida la entrada al país, ha sido condenado penalmente en un tribunal del país alauita o del país de destino o si "corre riesgo de sufrir malos tratos" en el lugar de donde proviene.

España se compromete, además, a identificar a los migrantes en el proceso. "Se harán constar los datos relativos a la identidad, la documentación personal poseída por el extranjero, su estancia en el territorio del Estado requirente y las condiciones de su paso por el territorio del Estado requerido", reza el acuerdo.

  ¿Cuándo se ha aplicado?

Pocas veces, teniendo en cuenta que el flujo migratorio, con sus picos, no ha cesado desde la rúbrica del acuerdo. Un artículo de 2005 de El País cifraba en 114 personas a las que se les había aplicado hasta entonces el acuerdo hispano-marroquí. Unos días después de dicho conteo, el Gobierno español mandaba a su vecino africano a 70 personas más, en pleno aumento de las llegadas. La decisión generó polémica, ya que Marruecos fue acusado de abandonar en pleno desierto a cientos de migrantes que no habían logrado entrar en Europa.

Tras los episodios de 2005, el convenio se ha aplicado en contadas ocasiones. En los últimos años, el Gobierno lo ha utilizado en casos en los que los migrantes o refugiados llegan a pequeños territorios de ultramar de soberanía española. En 2012, 83 personas fueron deportadas desde la Isla de Tierra, en el archipiélago de Alhucemas, en base al acuerdo. Lo mismo pasó muy recientemente, en junio de 2018, con ocho migrantes que llegaron a las Islas Chafarinas.

El acuerdo no se ha aplicado con más frecuencia por las reticencias de Marruecos, que suele alegar que no se puede documentar que los migrantes que se pretende devolver provengan del país africano. Además, muchos de ellos llegan indocumentados, por lo que no se puede cumplir el requisito que establece el texto de identificarlos. Según apunta Interior, las relaciones con el reino alauita en estos momentos son mejores, lo que permite las devoluciones y apunta a un criterio político, más que legal, de los marroquíes a la hora de aplicar el convenio.

  ¿Se respetan los derechos de los migrantes?

No se trata de devoluciones en calientedevoluciones en caliente. Según ha confirmado Interior, los migrantes que han sido devueltos este jueves a Marruecos han contado con asistencia letrada, lo que, en teoría, les garantiza poder disfrutar del derecho a asilo y solicitarlo si así lo desean, lo que paralizaría la expulsión. Las llamadas devoluciones en caliente no permiten esa asistencia y esa petición, principal motivo de su ilegalidad según organismos como Naciones Unidas.

Sin embargo, las ONG no creen que un procedimiento "exprés", de menos de 24 horas, garantice adecuadamente los derechos de las personas a las que se les aplica el convenio de devolución. "Existen dudas razonables para pensar que el procedimiento no se ha llevado a cabo con todas las garantías", explica Verónica Barroso, portavoz de Amnistía Internacional. Asegura que, al ser tan corto el lapso de tiempo desde que han llegado hasta que han sido llevados de vuelta a Marruecos, los migrantes pueden no haber sido asesorados adecuadamente de sus derechos, entre los que se encuentra la posibilidad de pedir asilo en España. La rapidez en las gestiones "impide la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional", ha afirmado la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

De hecho, el miembro del Colegio de Abogados de Ceuta José Luis Pizarro ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que han asistido este miércoles a los migrantes sin saber que se planteaba una devolución exprés, y considera que la atención ha sido "para cubrir el trámite" y para que "de cara a la legislación internacional" no se pueda acusar a España de vulnerar sus derechos.

  ¿Qué pasará con ellos?

Amnistía duda de que la asistencia letrada haya sido de calidad. Y dicha circunstancia supone un problema teniendo en cuenta que Marruecos tiene la obligación de llevarlos a sus países de origen, donde pueden estar perseguidos, sufrir de malos tratos o ver vulnerados sus derechos humanos, lo que contravendría el principio de no devolución –que establece que una persona no puede ser devuelta a un Estado donde esté en peligro su vida o su dignidad—. La ONG cree que Marruecos no es un "país seguro" para los migrantes y duda de que el país cumpla con ese principio.

Idéntica posición mantiene CEAR, que señala "el creciente hostigamiento que están sufriendo las personas subsaharianas en el norte de Marruecos, con redadas policiales violentas que demuestran una vez más que no es un país seguro, ya que no garantiza el principio de no devolución ni el respeto a los derechos humanos".

El problema, mantienen las organizaciones, es cooperar con un país bajo sospecha por no respetar los derechos de las personas que entran en su territorio, de paso en busca de una vida mejor. Los antecedentes no son tranquilizadores: los episodios de octubre de 2005, en los que Rabat tuvo que rectificar tras dejar a cientos de vidas a su suerte, despertaron la desconfianza hacia el país africano y su gestión humanitaria.

Una veintena de colectivos sociales ha protagonizado una acción de protesta este sábado en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para denunciar, según recoge Efe, las "flagrantes vulneraciones de derechos básicos" de un grupo de 54 saharauis que han pasado la semana en la sala de inadmitidos del aeródromo. 45 de los solicitantes de asilo iniciaron este lunes una huelga de hambre para pedir el acceso a España. Quedan unos 20. Un total de 17 saharauis han podido entrar al país desde este sábado, mientras que muchos de ellos ya fueron deportados a Argelia, puesto que la mayoría procedía de los campos de refugiados de Tinduf.

Los participantes han coreado consignas como "Ningún ser humano es ilegal", "Europa, canalla, abre la muralla", "Ni muros, ni rejas, no somos ovejas", "Marruecos culpable, España responsable" o "Dónde están los derechos humanos", asegura la agencia. 

En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, las asociaciones han mostrado su "disconformidad y absoluto rechazo a la presión y precarización del procedimiento de petición de asilo, en términos de ausencia de garantías y de vulneración de derechos básicos que está teniendo lugar sobre las personas solicitantes de protección internacional en el aeropuerto de Madrid-Barajas, promovidas activamente por miembros del personal y órganos competentes en el procedimiento (Policía Nacional y Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior)".

Además, han denunciado que, a su juicio, se haya negado la opción a los solicitantes de poder contar con los servicios jurídicos de organizaciones sociales especializadas en el procedimiento de solicitud de protección internacional, "vulnerando el derecho de las mismas a elegir la asistencia letrada que ellas mismas decidan y, por tanto, el de la tutela judicial efectiva".

También señalan que el servicio de traducción que se ofrece en las entrevistas para formalizar la solicitud de asilo en aeropuerto se ha llevado a cabo de forma "ilegal". "Entre otras deficiencias, las mujeres solicitantes han tenido que declarar su relato ante traductores hombres. Asimismo, algunos solicitantes han alegado que las historias traducidas no se corresponden con lo que habían expresado en las entrevistas; hecho que puede derivar de que algunos de los traductores son de origen marroquí, y manejan un dialecto (dariya) muy diferente del que hablan la población saharaui (hassanía)", apuntan los firmantes.

Además de tachar de "arbitrario" el proceso legal de las inadmisiones, denegaciones y admisiones a trámite, han criticado que la expulsiones de territorio español "se han llevado a cabo bajo agresiones físicas por parte de la policía, en al menos un caso, según testimonio directo de los afectadas".

En este sentido, las asociaciones han resaltado que el jueves, "según fuentes oficiales, el Gobierno ha comenzado a expulsar a 61 jóvenes desde Barajas, sin que se les garantice su regreso a los campos de refugiados de Tindouf". Por este y otros motivos, 45 de los jóvenes llevan en huelga de hambre desde el lunes, "como acción urgente de denuncia ante su precaria situación".

En conclusión, consideran que los servicios y oficinas de Asilo y Refugio debieran actuar en este tipo de procedimientos "con la máxima de las garantías, ya que estas personas se encuentran en una condición de grave vulnerabilidad en sus países de origen".

Sin embargo, los firmantes concluyen en el comunicado que "la mala gestión ha llevado consigo una vulneración de derechos de los solicitantes con la nula actuación por parte de Acnur a este respecto".

Un grupo de 54 saharauis iniciaron este lunes en la sala de inadmitidos del Aeropuerto de Barajas una huelga de hambre para solicitar asilo en España. De ellos, según cuentan a infoLibre fuentes cercanas a los inmigrantes, ahora quedan menos de veinte. Este viernes el Gobierno aceptó a un total de cinco personas, mientras que se denegaron otras cuatro solicitudes.Así, según informó Europa Press, un total de 17 saharauis han podido entrar al país desde este sábado, mientras que los demás ya fueron deportados a Argelia, puesto que la mayoría de ellos procedía de los campos de refugiados de Tinduf. Los saharauis, según explican, esperan que este fin de semana se resuelvan todas las solicitudes, aunque creen que serán expulsados. 

La celeridad en la resolución de las peticiones de asilo se debe a un refuerzo del Ministerio de Interior del personal de la Oficina de Asilo. "La ley permite un procedimiento en frontera de un máximo de hasta siete días", explica Marcelo Belgrana, coordinador de los servicios de orientación jurídica de extranjería del Colegio de Abogados de Madrid. "Es un procedimiento rápido porque las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes no son las más adecuadas, tienen sólo lo básico", explican fuentes del Colegio que han actuado de oficio en los procedimientos de petición de asilo de los saharauis. 

Este jueves el Defensor del Pueblo realizó una inspección sorpresa a la sala de la Terminal 1 del aeropuerto de la capital. Según informó este organismo a infoLibre, las autoridades se encuentran en este momento realizando el informe correspondiente, aunque aclararon en un comunicado que realizaron entrevistas con los inmigrantes, "con los responsables de la sala y con intérpretes, abogados, ONG acreditadas y otros intervinientes en el procedimiento de asilo que también se encontraban en estas dependencias", además de observar las instalaciones y el trato de los saharauis que se encuentran ahí. 

Varias visitas del Defensor del Pueblo

Como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (MNP), el Defensor del Pueblo visita asiduamente estas dependencias para observar las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Así, en numerosas ocasiones, este organismo ha realizado varias recomendaciones al Ministerio del Interior orientadas a garantizar el trato adecuado de los inmigrantes. 

Este mismo mes de agosto, el Defensor del Pueblo presentaba una serie de deficiencias a Interior, aunque este Ministerio todavía no ha respondido a la solicitud. Entre ellas, el organismo solicitaba que se adaptara la alimentación a cada una de las personas que se encuentran en las dependencias, prestando especial atención a las mujeres embarazas, personas bajo tratamientos médicos y menores de edad. En relación a los niños, la institución pidió además que se adaptara la zona de juegos exterior a la sala, que se encuentra "en desuso", según declaran. En este momento, además, ya se recomendó la ampliación del personal de la Oficina de Asilo, puesto que "el aumento exponencial del número de solicitudes en frontera durante el año 2017" no estaba siendo adecuadamente cubierto, provocando un deterioro de las condiciones de vida de los inmigrantes. 

"Las condiciones no son las más adecuadas", afirma Paloma Favieres, coordinadora del servicio jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). "La sala fue trasladada a la Terminal 4 cuando ésta fue inaugurada pero, tras las recomendaciones del Defensor del Pueblo, se volvió a instalar en la T1, donde estaba originalmente", señala. "Aún así, no es un lugar muy adecuado", critica. 

Desde las organizaciones que siguen de cerca la inmigración saharaui se apunta, sin embargo, a que se ha de extremar el celo a la hora de aplicar el derecho de asilo de estas personas, que "quieren mirar hacia adelante y labrarse un futuro más prometedor e ilusionante". En este sentido, CEAS-Sahara insistió, según informó Europa Press, en que los saharauis, "como el resto de personas del mundo, tienen derecho a migrar y a desarrollar sus vidas en el lugar que mejor les parezca", y apuntó que, desde hace más de 40 años, las personas refugiadas saharauis "sobreviven 'almacenadas' en unos campamentos marcados por la desesperación y la impotencia, altamente dependientes de la ayuda exterior, y en condiciones muy inestables, lo que les convierte en población extremadamente vulnerable".

Respeto a la legalidad

A pesar de afirmar que las condiciones de estas dependencias son, en muchos aspectos, mejorables, las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre coinciden en apuntar que se está respetando la legalidad a la hora de tramitar las solicitudes de asilo de los saharauis. 

"No se están produciendo devoluciones en caliente, puesto que éstas se producen cuando ni siquiera se les deja solicitar el asilo", cuenta Belgrana, aunque añade que es cierto que "a principios de agosto a algunos inmigrantes no se les dejó pedirlo". No obstante, respecto al grupo de los 54 inmigrantes que iniciaron la huelga de hambre para que se les dejara entrar en España, sí afirma que se está siguiendo el procedimiento habitual que se emplea con cualquier peticionario. 

"El tiempo máximo de resolución es de siete días, tres o cuatro hasta que se acepta la petición, un día para presentar un recurso en caso de resolverse desfavorablemente y otros dos días para contestarlo", explica.

En la misma línea se pronuncian fuentes del Colegio de Abogados que han actuado de oficio con el grupo de saharauis que se encuentran en la sala. "Se están cumpliendo todas las garantías de los peticionarios de asilo", afirman. Sin embargo, sí señalan que la legislación es mejorable, puesto que "no da para mucho más, pero la ley es la ley, y hay que cumplirla", sentencian. 

En cuanto a la asistencia jurídica, las citadas fuentes también confirman que se actúa de acuerdo a la legalidad vigente, tal y como informaron fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press este viernes. "Interior informa a los solicitantes de asilo que pueden elegir entre un abogado de oficio, uno privado o uno perteneciente a alguna organización como Cear", explica Favieres. 

Estas dependencias, al ser una zona internacional, tienen un acceso muy limitado, de tal manera que sólo pueden acceder a ella "los abogados y las ONG acreditadas, como Acnur", según Belgrana. "Salvo que sean representantes legales, los miembros de las demás ONG no pueden entrar", añade. 

Por otra parte, este viernes, algunos colectivos LGTB mostraron su postura favorable a la expulsión de dos de los saharauis por lo que calificaron de comportamiento homófobo y violento. Según explicaron, el traductor de los inmigrantes pasó por delante de varios solicitantes de asilo y escuchó insultos, la palabra 'maricón', burlas y risas irónicas. Tras una discusión entre ambas partes, el jefe del grupo de inadmitidos y asilo decidió no tomar a dos de ellos la solicitud y aplicarles el protocolo de rechazo y retorno al país de procedencia.

El PSdeG-PSOE expulsará a su edil en Coristanco (A Coruña), Abraham Gerpe, si no retira la moción de censura presentada con el respaldo de los seis concejales del PP, según han informado a Europa Press fuentes del partido tras instar, en una carta, al concejal a dar este paso.

Mientras, Gerpe ha reiterado que él está "al servicio de los vecinos" y que tiene que ser la militancia del PSOE local quien le dé "argumentos válidos para quitarla o no quitarla", ha insistido en línea con su discurso de los últimos días. Sobre su posible expulsión, ha expresado que serían "daños colaterales".

Por su parte, el alcalde, Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGA), ha comparecido junto a otros miembros de su partido en rueda de prensa para rechazar los argumentos dados para presentar la moción de censura, entre ellos la pérdida de subvenciones.

Además, ha denunciado la existencia de "intereses de fondo" detrás de esta iniciativa, tras recordar que su formación denunció ante Fiscalía "intentos de soborno" a algunos de sus ediles.

Por todo ello, y en particular por el apoyo a la moción de los seis concejales del PP, ha exigido a esta formación que se pronuncie al respecto."Si no su credibilidad se vería seriamente dañada", ha insistido. Por otra parte, ha confirmado que desde el PSOE le han ratificado su rechazo a la moción en línea con lo manifestado a Europa Press por fuentes del partido.

Argumentos del PSOE

Desde esta formación han recordado que ni la gestora del PSdeG ni la Ejecutiva provincial "ni la asamblea local de Coristanco autorizan la moción", han manifestado en referencia a una reunión celebrada recientemente.

Así, han señalado que le han trasladado una carta a su edil pidiéndole que la retire. De no hacerlo, han precisado que se remitirá una carta al Ayuntamiento comunicando que deja de ser concejal del PSOE. "Con lo que se aplicaría la ley antitransfugismo", han recordado.

"Lo que diga la provincial —ha señalado sobre la Ejecutiva— lo respeto, pero no lo comparto", ha señalado a su vez a Europa Press Gerpe, quien se ha remitido a la militancia.

Posicionamiento del alcalde

Mientras, el alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento tiene ahora "dinero suficiente para pagar", culpando a la etapa de gobierno del PP de las deudas contraídas. Así, ha comunicado que entre los años 2013 y 2014 "se perdieron con el PP más de 400.000 euros".

No obstante, ha admitido que no se presentó la cuenta anual del Ayuntamiento, un hecho que ha vinculado con "las idas y venidas" de interventores. Pese a todo, ha reconocido que están "parados", pero no perdidos, según ha insistido, unos "70.000 euros en subvenciones".

En todo caso, ha señalado que si saliera adelante la moción dejarían el gobierno municipal "con la cabeza muy alta y las manos limpias", ha vuelto a señalar al defender su gestión.

Las agencias de Naciones Unidas y las organizaciones en defensa de los derechos de los niños han expresado este viernes su temor a que los menores sean objeto de "devoluciones rápidas" sin todas las garantías pertinentes ante las nuevas directrices de la Comisión Europea en la materia.

En un comunicado conjunto, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), Save the Children y PICUM han recordado que Bruselas aprobó el jueves una recomendación y un nuevo plan de acción dirigido a los estados miembros sobre los procedimientos de devolución o expulsión de hombres, mujeres y niños que se encuentran de forma irregular en la UE a sus países de origen o tránsito, informa Europa Press.

La Comisión Europea ha animado a los estados miembros a efectuar retornos rápidos que limitan las garantías básicas y los derechos que todos los migrantes, incluidos los niños, deberían tener garantizados, han añadido.

En este sentido, las organizaciones firmantes han expresado su temor a que estas medidas "animen a los estados miembros a llevar a cabo 'devoluciones rápidas' de personas, incluyendo niños, lo que conlleva menos garantías procesales y que se recurra con mayor frecuencia a la detención".

Este nuevo enfoque, han advertido, "pondría en peligro la vida de los niños y violaría la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por todos los estados miembros de la UE".

No obstante, han acogido "favorablemente que el documento se refiera a la necesidad de evaluar el interés superior del niño en aquellas decisiones que tengan que ver con el retorno de menores no acompañados".

Interés superior del niño

Los firmantes han sostenido que "es esencial que se adopten procedimientos sólidos para determinar el interés superior antes de emitir ninguna decisión sobre el retorno de niños, incluidos aquellos que están acompañados de sus familias" y han pedido que se tengan en cuenta las opiniones de los menores.

"Las expulsiones forzosas y las detenciones son extremadamente perjudiciales para los niños y sus familias. Los niños nunca deben ser detenidos por causas relacionadas con la migración, ni siquiera como último recurso", han advertido las organizaciones.

Asimismo, han prevenido del riesgo de rechazo por sus familias o comunidades de los retornados, quienes "a menudo enfrentan graves discriminaciones y son vulnerables a la explotación, a ser reclutados por grupos armados o a ser empujados a realizar trabajos forzosos.

Así las cosas, las agencias de la ONU y las ONG han lamentado que Bruselas haya recomendado medidas que en lugar de enmedar los daños provocados por las políticas de retorno de la UE y sus miembros, "no harán sino agravarlos" ya que promueven "menos garantías, devoluciones automáticas y más rápidas, más expulsiones forzosas y más detenciones".

"Lejos de abordar los verdaderos desafíos migratorios que existen en toda la UE, estas propuestas sólo empeorarán la situación" máxime cuando "no hay evidencia de que la expulsión forzosa disuada a las personas de migrar", han recalcado.

"Por encima de las decisiones políticas y del objetivo de hacer cumplir las normativas de retorno están las vidas de los niños y sus familias", han sostenido. "La UE y sus estados miembros han liderado durante mucho tiempo la defensa de los derechos de los niños. Ahora les pedimos que respeten sus compromisos con ellos, independientemente de su situación migratoria", han reclamado.

La comisión gestora del PSOE ha acordado la expulsión del partido del exsecretario de Organización del PSOE en Lucena (Córdoba) Antonio Sánchez Villatoro como conclusión del expediente disciplinario que le abrió el pasado 7 de noviembre la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Córdoba, por, entre otras acciones, pedir firmas en un grupo de Facebook para declarar a la secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, persona "non grata" en la Agrupación socialista lucentina.

Dicho expediente, según han confirmado a Europa Press fuentes socialistas, también se le abrió a Sánchez Villatoro por afirmar en una reunión de afiliados socialistas, celebrada el pasado octubre en Pedro Abad (Córdoba), que el secretario general del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, y el secretario de Organización del PSOE cordobés, Antonio Ruiz, eran "la corrupción pura y dura", siendo grabado todo ello en un vídeo que luego se difundió por diversas redes sociales.

Ante ello, según ha adelantado el diario digital Lucenadigital.com, la gestora del PSOE ha acordado la expulsión de este militante socialista, en base a los artículos 49 y 50 del Reglamento del Afiliado, al considerar que las afirmaciones y acusaciones de Sánchez Villatoro referidas a Susana Díaz, Juan Pablo Durán y Antonio Ruiz suponen "dos infracciones muy graves" del citado Reglamento, pues "menoscaban la imagen de los cargos públicos o institucionales socialistas" y pueden suponer, como ha ocurrido ahora, la expulsión del partido.

La expulsión se produce después de que la comisión gestora en la ciudad de Alicante de Podemos propusiera al Consejo Ciudadano Valenciano la apertura de un expediente informativo por parte de la Comité de Garantías por si la concejala del grupo municipal Guanyar Alacant Nerea Belmonte "hubiera vulnerado el código ético" de la formación tras conocerse que Belmonte concedió varios contratos menores a la empresa de comunicación de dos compañeros suyos en Podemos.

Asimismo, la Comisión de Garantías de Guanyar Alacant dictaminó el pasado mes de marzo que la edil de Acción Social y Vivienda en el Ayuntamiento de Alicante y miembro de la formación, Nerea Belmonte, "incumplió" el código ético de la coalición en cuatro de sus artículos, por lo que la conminó a dejar su cargo en el consistorio municipal.

En concreto, precisaron que se trataba del artículo 3.8, al participar "directa o indirectamente" en un proceso de contratación del ayuntamiento y el artículo 3.7, por haber contratado con una empresa constituida con posterioridad a su toma de posesión como edil "corriendo el riesgo de generar dependencias o clientelismos".

Asimismo, la Comisión consideró que incumplió el 3.2, por no haber renunciado a un regalo en forma de un pase para asistir a la Madrid Fashion Week "que le hizo una amistad común con los socios" de la empresa a la que contrató y, por el artículo 3.11, por tolerar la adjudicación continuada con una empresa de amigos y por no "perseguir con firmeza" cualquier signo de "fraude o corrupción".

Ahora y tras la decisión del Comité de Garantías autonómico de expulsarla del partido, Belmonte contará con un plazo de 15 días para presentar un recurso ante el Comité de Garantías estatal, según indicaron las mismas fuentes.

Belmonte anuncia acciones judiciales

Por su parte, Belmonte recurrirá su expulsión de Podemos ante la Comisión de Garantías Estatal y anunció que emprenderá acciones judiciales contra "aquellas personas que de forma malintencionada hayan intentado o intenten ensuciar" su "honor" o su "imagen".

Así lo indicó en un comunicado en el que defiende que la decisión de expulsión de la Comisión de Garantías "no se basa en la contratación de militantes del partido", sino en su "desobediencia" a la Gestora de Alicante por no haber renunciado al acta de concejal.

"Mi expulsión no se debe a la contratación que llevé a cabo, sino a la desobedecida a un órgano que no tenía ni tiene legitimidad para exigirme el acta, y por ello recurriré la decisión al órgano superior", sostuvo.

De este modo, recalcó que la Comisión de Garantías "no ha entrado a valorar que la Gestora dejó la decisión sobre mi acta en manos de Izquierda Unida a través de Guanyar Alacant, lo cual fue una irresponsabilidad política, ni tampoco el hecho de que la Gestora temporal de Podemos Alicante no tenía potestad para exigir mi dimisión".

"La Gestora de Podemos Alicante tenía pleno conocimiento de que Guanyar Alacant estaba controlada por Izquierda Unida y de que la asamblea donde se decidió mi expulsión tenía múltiples irregularidades, entre ellas no dejaron votar a decenas de militantes de Podemos", criticó Belmonte.

Además, la edil alicantina señaló que una gestora que "no aparece ni siquiera" en el documento organizativo del partido "no tiene potestad" para exigir su acta de concejal puesto que ella ni se presentó a las elecciones locales con Podemos ni "es el órgano del partido con la potestad para exigir dimisiones".

"No hice nada ilegal"

A su juicio, la razón por la que la Comisión de Garantías de la Comunitat Valenciana no ha podido expulsarla por las contrataciones con militantes de Podemos es "simple". "No hice nada ilegal ni contrario al código ético de Podemos y, de hecho, en otras ciudades como Valencia, concejales militantes de Podemos han contratado a compañeros de partido y han recibido el apoyo del partido", recalcó.

Por tanto, consideró que la "gran diferencia" es que ella no pertenece al sector "oficialista" del partido y siempre se la ha tachado como "crítica". "Parece ser que las críticas no son siempre bienvenidas en Podemos, sobre todo si vienen de personas que no pueden ser controladas por la cúpula valenciana", puntualiza.

"Las elecciones han terminado, tiempo durante el cual he permanecido callada para evitar que hubiese ruido en Alicante contra Podemos, mi lealtad hacia mi partido ha quedado suficientemente probada, pero no voy a permitir por más tiempo ataques gratuitos sin defenderme ante las mentiras", remarcó.

"Caza de brujas"

La edil denunció una "caza de brujas" contra ella y criticó que ésta "ha durado más que suficiente" por lo que no va "a tolerar" que se manipule la información para "manchar" su nombre.

Por ello, señaló que llevará a cabo las acciones judiciales que considere necesarias "contra aquellas personas que de forma malintencionada hayan intentado o intenten ensuciar" su "honor" o su "imagen".

Más de 1.500 personas han sido rescatadas de aguas del mar Mediterráneo este lunes por la marina italiana cuando trataban de alcanzar Europa desde la costa norteafricana según informó la Guardia Costera.

El país transalpino es uno de los mayores receptores de inmigrantes dada su cercanía con países como Libia o Túnez. En total se trata de más de 6.000 personas que han intentado alcanzar territorio de la Unión Europea de forma irregular en los últimos días.

La presión migratoria hacia Europa continúa aumentando durante este año sin que los líderes nacionales y europeos de nuestro continente tomen decisiones conjuntas como demostró el reciente reparto de refugiados entre los países miembros de la Unión Europea.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reveló que un total de 225.000 inmigrantes y refugiados habían llegado a Europa este año y que, de todos ellos, la mitad lo había hecho por territorio griego, especialmente las islas del mar Egeo, las más próximas a Turquía.

Además, Europa ha de acometer nuevos desafios como los conflictos producidos en fronteras dentro del espacio europeo de movilidad (Schengen) y que en las últimas fechas se han reproducido especialmente en el paso de Calais (Francia y Gran Bretaña).

Inmigrantes interceptados en el Mediterráneo, la frontera italo-francesa y Hungría

Las autoridades hungaras han interceptado este último fin de semana a 4.500 refugiados, de los cuales 248 eran menores de edad, y que trataban de llegar a territorio europeo mediante la frontera con Serbia. La gran mayoría proceden de países con problemas de inestabilidad política como Pakistán, Siria e Irak. El Gobierno húngaro, de corte ultraderechista, está construyendo una valla que cubra los 175 kilómetros que separan a su país con los Balcanes para evitar la llegada de estas personas.

La madrugada del domingo al lunes la policia francesa detuvo a un centenar de inmigrantes que intentaban ilegales que intentaban cruzar la frontera con Italia a través de la ciudad costera de Ventimiglia. En este caso y conforme al derecho europeo, las personas regresarían al país procedente, es decir, Italia.

Por su parte, más de 1.500 personas han sido rescatadas de aguas del mar Mediterráneo este lunes cuando trataban de alcanzar Italia desde las costa norteafricana según informó la Guardia Costera italiana. El país transalpino es uno de los mayores receptores de inmigrantes dada su cercanía con países como Libia o Túnez. En total se trata de más de 6.000 personas que han intentado alcanzar territorio europeo de forma irregular en los últimos días.

¿Qué pasó?

“El Consejo de hombres eminentes y caballeros de nuestro reinado (…) acordó en dictar que todos los judíos y judías deben abandonar nuestros reinos y que no puedan nunca regresar”. Con este fragmento, incluido en el Edicto de Granada, los Reyes Católicos pusieron fin, en pleno verano de 1492, a varios siglos de presencia judía en España.

Aunque se firmó el 31 de marzo de ese año en la ciudad andaluza, el mandato daba a los afectados hasta el “fin de julio” para que saliesen de los “dominios y territorios” –tanto del Reino de Castilla como del Reino de Aragón–, pudiendo llevarse consigo “sus bienes y pertenencias (…), exceptuando oro y plata, o moneda acuñada u otro artículo prohibido por las leyes del reinado”. Además, la orden establecía que todos aquellos que no la hubiesen cumplido en el plazo estipulado o regresasen con posterioridad se enfrentarían a la pena de muerte. Aquellos que les auxiliaran, también se exponían a perder todos sus bienes.

¿Cuándo pasó?

A pesar de que el edicto ordenaba que España estuviese completamente libre de judaísmo el 1 de agosto de 1492, finalmente se dio a los afectados diez días más de plazo para que pudiesen “deshacerse de sus hogares y todas sus pertenencias” y emprender el viaje de salida. Así, el 10 de agosto de 1492 desapareció finalmente la diversidad religiosa en la península, o al menos eso parecía. Sin embargo, gran cantidad de judíos convertidos al cristianismo para evitar la expulsión siguieron practicando su religión a la sombra y siempre bajo la amenaza de ser descubiertos o denunciados a la Inquisición.

El también conocido como Decreto de la Alhambra permaneció vigente hasta el 16 de diciembre de 1968. En los últimos años del franquismo, con motivo de la inauguración de la primera sinagoga en Madrid, el Ministerio de Justicia hizo oficial su abolición en una carta remitida a Max Mazin, un importante miembro de la comunidad hebrea en España. Un año más tarde, en diciembre de 1969, el decreto fue finalmente abolido.

¿Quiénes fueron los protagonistas?

El edicto afectaba a unos 200.000 judíos, que representaban un 5% de la población de los dos reinos . Sin embargo, cerca de 50.000 no llegaron a abandonar la península al convertirse al cristianismo. Además, un elevado número de los que emprendieron el camino de salida regresaron al cabo de un tiempo alegando haberse convertido en el extranjero.

¿Qué fue de los protagonistas?

Los hebreos expulsados se desplazaron a países como Italia, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Líbano o Turquía, entre otros. Además, a través de Grecia, también tuvieron presencia en algunas zonas del este de Europa. En la actualidad, Israel y Estados Unidos son los dos países con una mayor comunidad judía, con 6,1 y 5,7 millones de personas, respectivamente, según datos de 2014 recogidos por American-Israeli Cooperative Enterprise (AICE). Además, a mediados de junio se aprobó en el Congreso de los Diputados la ley que permite a los sefardíes descendientes de los desterrados en 1492 disponer de la nacionalidad sin que tengan que renunciar a su nacionalidad anterior y suprimiéndose en estos casos la necesidad de disponer de una residencia.

¿Por qué fue importante?

La expulsión de los judíos fue uno de los pasos previos en el proceso de unificación religiosa en torno al catolicismo, que culminó en 1502 con la pragmática que anunciaba la expulsión de todos aquellos musulmanes del reino de Granada que no se hubieran convertido al cristianismo antes del mes de abril. De esta manera, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón pusieron fin a siglos de diversidad y convivencia religiosa en la península.

Así, los reinos de Castilla y Aragón siguieron la estela de otras monarquías europeas como Francia, donde el rey Felipe II ordenó la expulsión de esta comunidad en 1182, e Inglaterra, con Eduardo I en 1290. Ya en el siglo XV, el Archiducado de Austria y el Ducado de Parma adoptaron medidas similares. El caso español fue interpretado como un paso hacia la modernidad y los monarcas recibieron las felicitaciones de una gran parte de Europa. Incluso la Universidad de la Sorbona de París presentó a los Reyes Católicos sus congratulaciones.

Los cuatro activistas de Fuerteventura que fueron "invitados" por la Policía de Marruecos a abandonar el país por "motivos de seguridad" cuando se encontraban en Dajla, esperan para poder volar este lunes a Canarias.

Así lo informaron a Europa Press fuentes de la delegación majorera de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, que agregaron que el objetivo de los isleños era "sumarse a la lucha para romper el cerco mediático al que está expuesta la situación del Pueblo Saharaui y denunciar la vulneración de los derechos humanos a la que están sometidos por parte del Gobierno de Marruecos".

De esta manera, las autoridades instaron a los canarios a coger un taxi hacia El Aaiún, mientras que la delegación majorera se encuentra en Agadir desde las 03.00 horas de este domingo, donde permanecerán hasta este lunes por no haber vuelo disponible.

La previsión es que lleguen al aeropuerto de Gran Canaria sobre las 14.25 horas para, desde ahí, coger otro avión destino Fuerteventura.

Cinco diputados socialistas fueron expulsados este jueves durante el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha donde se debatió y aprobó el Proyecto de Ley de Presupuestos de la región para 2015, por exhibir una camiseta y otros elementos contra el cierre de la central térmica de Elcogas, situada en Puertollano (Ciudad Real).

Todo comenzó tras la reanudación la sesión plenaria tras el parón del mediodía, cuando los diputados se disponían a debatir las enmiendas previstas para esta jornada vespertina y el parlamentario socialista Santiago Moreno subió a la tribuna vistiendo una camiseta en la que se podía leer 'No al cierre de Elcogas'.

Este acto provocó que el presidente de las Cortes castellano-manchegas, Vicente Tirado, rogara en varias ocasiones al diputado socialista que se quitara esa prenda puesto que, recordó, la normativa parlamentaria veta este tipo de manifestaciones en la cámara autonómica.

Tras un cruce de declaraciones entre ambos y la negativa de Moreno a quitarse la camiseta, Tirado llegó a suspender el pleno, que se reanudó unos minutos más tarde con el presidente de las Cortes dando lectura a la normativa que impide este tipo de manifestaciones.

Como Santiago Moreno insistió en no quitarse la prenda, Tirado le llamó al orden hasta en tres ocasiones y, dado que el diputado no modificaba su postura, el presidente de la Cámara autonómica le expulsó del salón de plenos.

En ese momento y mientras el diputado socialista José Molina portaba una gorra también contra el cierre de la central térmica –siendo amonestado por ello– sus compañeros de bancada se fueron pasando la camiseta cuando les tocaba intervenir.

Expulsiones en cadena

Esto motivó que, tras la de Moreno, fueran encadenándose las expulsiones de José Manuel Caballero, Modesto Belinchón, Beatriz Labián y Dolores Andújar, y que fueran llamados al orden José Molina, Sonia Reyes, Marta Chacón, Yolanda Lozano, José Luis González y Amaya Villanueva, por mostrar la camiseta y la gorra o chapas alusivas al cierre de Elcogas.

Después de las dos primeras expulsiones, el portavoz del Grupo Socialista, José Luis Martínez Guijarro, tomó la palabra para informar a Tirado de que su grupo había solicitado la convocatoria extraordinaria de la Mesa del Parlamento para revisar la interpretación que éste estaba haciendo de las normas de la casa.

El presidente de las Cortes, por su lado, le contestó que ya le habían comunicado esta petición y que esa cita se iba a celebrar, "en tiempo y forma", como establece el Reglamento.

En una rueda de prensa posterior en la sala de prensa de las Cortes, el diputado socialista Santiago Moreno apuntó que lo sucedido este jueves es "una estupenda lección" de "cómo se concibe la libertad de expresión de los diputados en el Parlamento de Cospedal". Asimismo, apuntó que en el Congreso de los Diputados este tipo de manifestaciones se pueden hacer "sin ningún problema" y defendió que la camiseta que han portado los diputados socialistas no es ofensiva para nadie.

Respondías así a las muchas críticas recibidas desde distintas instituciones españolas y europeas, a causa de esa ilegalidad-legalizada-recientemente que son las devoluciones en caliente o “rechazo en frontera”, como tú las llamas…

¡Cuán incomprendido tu afán bíblico de hacer más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un inmigrante por Ceuta y Melilla!

Tanto te irritó el juicio del prójimo que, durante tu alocución, tú, hombre pío donde los haya, te pusiste a cometer pecados capitales como un descosido. Ira: “hay mucha hipocresía”; envidia: “en el norte de Europa no tienen ese problema”; soberbia: “no acepto lecciones de humanitarismo”… Y no sé si al llegar a casa te daría incluso por pecar de gula y matarte a helado delante de la tele, en plan Meg Ryan enfurruñada: “¡Dejadme en paz, largaos todos al infierno!

Se ve que estás calentito con este tema de las devoluciones ídem porque días atrás, cuando la Iglesia, tu Iglesia, se manifestó abiertamente en contra de la decisión, respondiste respondón: “España es un estado aconfesional en el que existe una separación de la Iglesia y el Estado”, como queriendo decir que para humanitario tú y que se fueran con la homilía a otra parte…

Claro, lo del Estado aconfesional, dicho por ti, suena tan exótico como la niña del exorcista cuando se arrancaba a hablar por los codos en lenguas muertas. Alucinamos más que Santa Teresa el día del éxtasis…

La verdad es que no has tenido una semana muy católica, Jorge. No sólo te has cubierto de gloria con ese milagroso atajo jurídico para salirte del marco legislativo –entrando en conflicto con la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de Derechos Humanos–, es que con tu Ley de Seguridad Ciudadana, en toda su extensión, bautizada como Ley Mordaza y según una encuesta de Metroscopia rechazada por el 82% de los españoles, has puesto a una gran parte de la población a jurar en arameo.

Contradiciendo aquello que dijiste una vez, “Tengo fe en que Dios está en todas partes, también en el Congreso”, tu Ley no la apoyó ni Dios.

Bueno, sí, los tuyos. La Ley Mordaza salió adelante con ese halo de minoría que ilumina las decisiones parlamentarias tomadas por la gracia de la mayoría absoluta. Que Dios te perdone, Jorge, no parece que la ciudadanía tenga mucha intención de hacerlo.

En contra de tu dogma, un amplio abanico de colectivos pecadores: Amnistía Internacional, Reporteros sin Fronteras, Greenpeace, SOS Racismo, la plataforma No Somos Delito, Jueces para la Democracia, Ecologistas en Acción, Red Internacional de Abogados Eureka y la Federación Europea de Periodistas (FEP). No sólo por la merma en el derecho de protesta de los ciudadanos, sino también por la limitación en el derecho a difundirla. Hablando en cristiano, comparado con el queme que lleva la comunidad, San Lorenzo sólo estaba hecho vuelta y vuelta…

En fin, Jorge, te dejo hasta tu próxima perla dialéctica, que la habrá, estoy segura. Nos has regalado tantas como para llenar versículos y versículos: “El matrimonio homosexual no garantiza la pervivencia de la especie”, “El aborto tiene algo que ver con ETA… pero no demasiado” o “Por supuesto que tengo amigos homosexuales y algunos muy buenos”, entre otras. Inagotable inspiración.

Ah, supongo que te habrá llegado el mensaje de la parroquia de San Carlos Borromeo, que te tomó la palabra y te pide que le envíes a los extranjeros que salten la valla. Yo, en pleno síndrome navideño, loca por regalar amor, le digo a quien me lea que si les gusta a rabiar este ministro de Interior, me manden la dirección y se lo envío a casa por Seur. ¡Sorpresa!

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha contestado este jueves a las críticas vertidas por distintas instituciones nacionales y europeas, la Iglesia y más de un centenar de ONG sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente que si le facilitan "una dirección" donde a "esa pobre gente" se les vaya a dar "manutención y trabajo", les envía para allá.

"Si me dan la dirección donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutención y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocresía", ha dicho en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press en relación a los migrantes que malviven en el monte Gurugú, frente a la frontera de Marruecos.

Fernández Díaz respondía así sobre las denuncias reiteradas contra la devolución sobre la marcha a Marruecos de los migrantes que sean interceptados saltando las vallas de Ceuta o Melilla, práctica que el Gobierno quiere legalizar mediante una reforma de la Ley de Extranjería introducida en el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que el Congreso va a enviar este jueves al Senado para seguir su tramitación.

"Desde despachos del Norte de Europa que no tienen este problema, desde el centro de Europa o desde otros lugares que dan lecciones de humanitarismo yo les diría que me den esa dirección y que enviamos a esta gente, eso sí, con el compromiso de que les van a mantener y que les van a dar un puesto de trabajo adecuado a su dignidad y a sus competencias", ha retado Fernández Díaz.

En su opinión, "hay mucha hipocresía". "Si el problema se resolviera cogiendo a esa pobre gente que está en el Gurugú delante del perímetro fronterizo de Melilla o fuéramos a Ceuta y cogieramos a los miles de personas inmigrantes ilegales y los metieramos en España y así arreglásemos el problema, le aseguro que yo lo hacía mañana", ha asegurado.

Sin embargo, según ha dicho, "el problema es que el efecto llamada sería de tal magnitud que centenares de miles de inmigrantes que buscan un mejor futuro que el que tienen en sus países de origen vendrían" y España "tiene la capacidad de acogida que tiene".

"Yo comprendo esos dramas humanitarios, cómo no los voy acomprender, pero no acepto que nadie se considere que tiene unos sentimientos humanitarios superiores a mí, y tampoco inferiores. No acepto lecciones de humanitarismo por parte de nadie", ha zanjado.

El ministro ha insistido en "negar el concepto de devolución en caliente" y ha asegurado que en las ciudades autónomas, "lugares que no tienen comparación posible con otras zonas de España y de Europa", el objetivo es "simplemente, algo tan elemental y tan complejo allí como es intentar impedir que se entre ilegalmente" en España.

"Diría que si alguien tiene una solución distinta de la que nosotros proponemos para cumplir lo que dice la ley, que a España hay que entrar legalmente por los pasos fronterizos habilitados al efecto y no ilegalmente ni masivamente y en no pocas ocasiones violentamente; si alguien tiene una fórmula distinta de operar a como lo hace la Guardia Civil que nos lo diga. Hasta ahora nadie ha sido capaz de decírnoslo", ha asegurado.

Además, ha defendido que el objetivo es "garantizar la inviolabilidad de las fronteras" algo a lo que España tiene "el derecho y el deber" y "un plus de responsabilidad" por ser también frontera exterior de la Unión Europea. "Las fronteras delimitan el territorio y el territorio va intimamente unido a la idea de soberania. Tenemos el derecho y el deber de defender nuestra soberanía"

Dany, el joven camerunés que la ONG Prodein retrató en un video del salto a la valla del pasado miércoles siendo golpeado en una escalinata por agentes de la Guardia Civil, ha perdido un riñón y tiene medio cuerpo paralizado, según informó la ONG melillense, que consiguió contactar con el migrante después de que recibiera el alta en un hospital de Nador.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la entidad, José Palazón, incidió en que el joven "no sabía bien lo que le había pasado", y solo le informaron de que fue necesario inyectarle una solución para devolverle la consciencia.

Dany es uno de los 150 migrantes que el pasado miércoles acabaron encaramándose unas horas a la valla de Melilla después de un intento de salto protagonizado por más de 200 personas que fue repelido por la Guardia Civil y las fuerzas marroquíes. Solo tres consiguieron superar el perímetro aquel día y llegar al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

La organización difundió dos vídeos, en uno de los cuales se observaba cómo el joven recibía hasta diez golpes de los agentes de la guardia civil cuando estaba descendiendo de la valla por la escala que los agentes españoles habían apostado para desalojarla.

El joven cayó al suelo y fue apartado de la zona por dos guardias que, conforme muestra el video, intentaban sin éxito que se mantuviera sentado. Acabó tumbado de lado, con la cabeza en el asfalto, hasta que cuatro agentes lo llevaron en volandas por la puerta de servicio de la valla hasta el lado marroquí.

La Delegación del Gobierno afirmó que el joven estaba ejerciendo "resistencia pacífica" pero la ONG mantuvo desde el principio que estaba inconsciente mientras se produjo su devolución ilegal a Marruecos.

Tras unas primeras "informaciones contradictorias", Palazón pudo hablar personalmente con él, contrastando así que estaba vivo, información que se cuestionaba en un principio, y que había sido herido de gravedad: le han quitado un riñón y con la movilidad mermada, necesitó ayuda para poder abandonar el centro hospitalario.

La organización está a la espera de que este joven de Camerún se instale en un lugar permanente, probablemente uno de los campamentos que los migrantes tienen instalados en los montes cercanos a la valla, como el Gurugú, para conocer más detalles y practicar una intervención directa, fundamentalmente, para proveerle de los medicamentos que necesite dadas las circunstancias.

Tras la difusión de las imágenes, el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió a España que abra una investigación y "depure responsabilidades" tanto por "la violencia" ejercida ese día contra los migrantes como por el hecho de que fueron devueltos de forma ilegal a Marruecos.

La entrega sobre la marcha de las personas que se suben a la valla o consiguen rebasarla no está amparada ni por la Ley de Extranjeria ni por los acuerdos de readmision de extranjeros que España ha suscrito con Marruecos. De hecho, el Comandante Jefe de la Guardia Civil en Melilla ha sido imputado por un posible delito de prevaricación, por ordenar esta práctica a sabiendas de que no tiene respaldo legal.

El PP incoará esta semana el expediente informativo a los 16 afiliados de la formación que están implicados en el presunto uso fraudulento de las 'tarjetas B' de Caja Madrid, entre los que figura el exdirector gerente del FMI y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, según informaron a Europa Press fuentes conservadoras este domingo.

Del total de 86 directivos y consejeros de Caja Madrid que utilizaron presuntamente esas tarjetas para gastos personales por valor de más de 15,2 millones de euros entre los años 2003 y 2012, un total de 28 fueron nombrados a propuesta del Partido Popular. Sin embargo, el PP solo puede tomar medidas contra aquellos que tienen carnet del partido y, según las mismas fuentes, la cifra se reduce a 16.

El Comité de Derechos y Garantías del PP que preside Alfonso Fernández Mañueco tiene previsto celebrar esta semana, previsiblemente el miércoles 15, su primera reunión, en la que se designará a un instructor encargado de la investigación de este caso y ante el que tendrán que dar explicaciones los afiliados afectados.

Pero antes de empezar formalmente los trámites de este expediente es necesario elegir a un nuevo secretario del Comité de Derechos y Garantías, después del fallecimiento a finales de agosto de Carlos Argos –uno de los fundadores de Alianza Popular junto a Manuel Fraga– que ocupaba ese cargo.

El expediente puede conllevar la expulsión

El plazo de tramitación del expediente no podrá exceder los dos meses desde su inicio, si bien por "circunstancias excepcionales", podrá ser prorrogado por otro mes mediante resolución motivada de instructor que deberá aprobar el Comité de Derechos y Garantías, según consta en los Estatutos del PP.

Este expediente informativo, que se realizará de forma paralela a la investigación de la Agencia Tributaria, podría conllevar como sanción la expulsión del partido si "se aprecia una posible actuación contraria a los Estatutos", según la nota de prensa difundida este miércoles por el PP.

Hace una semana, en el marco de la XXI Interparlamentaria que el PP celebró en Guadalajara, la dirección nacional de los conservadores ya avanzó que actuaría "en consecuencia" si quedaba demostrado que algún militante del partido había cometido fraude con el uso de las tarjetas opacas en Caja Madrid.

Dado que también hay abierta una investigación judicial en la Audiencia Nacional, fuentes del PP no ocultan que pueden encontrarse con dificultades a la hora de tramitar los expedientes abiertos.

Rato, entre los afectados

Entre los implicados figura Rodrigo Rato, que llegó a ser vicepresidente del Gobierno con José María Aznar durante dos legislaturas. Precisamente el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar a Rato como imputado el día 16 de octubre tras abrir una pieza separada en el caso Bankia para investigar los hechos relacionados con la existencia de las 'tarjetas B' en Caja Madrid.

Según se deduce de los extractos bancarios que investiga el juez, Rato sacó un total de 16.300 euros del cajero utilizando su 'tarjeta B' durante los tres últimos meses que permaneció al frente de la entidad. Esa documentación revela que, coincidiendo con la fusión que dio origen a la entidad, cargó 1.849 euros en clubs y discotecas durante cuatro días consecutivos.

En los últimos días, algunos cargos implicados en este caso dejaron sus responsabilidades en el partido. Tal es el caso de Beltrán Gutiérrez, que era gerente del partido en Madrid; Manuel José Rodríguez, que ocupaba el cargo de gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Boadilla del Monte (Madrid); Pablo Abejas, que era director de Economía, Estadística e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Otro de los afiliados del PP que tendrá que dar explicaciones ante el Comité de Garantías del partido es el director del Departamento de Telegenia del partido, que aparece en la lista de cargos de Caja Madrid que habrían dispuesto de una 'tarjeta B', con un gasto que ascendería a 8.000 euros entre 2010 y 2012.

En declaraciones a Europa Press, Rábago aseguró que solo usó su tarjeta de Caja Madrid para gastos de representación propios de su cargo como miembro de la Comisión de Control de la entidad financiera, sin que hubiera "ningún tipo de ánimo de lucro o de abuso". "He hecho un uso correcto. No hay ningún gasto que haya hecho mal", se defendió.

Al ser preguntado si la dirección nacional del PP le ha solicitado que presente su dimisión –como hizo este lunes con el gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez–, Rábago señaló que nadie le ha dado ninguna indicación en ese sentido porque él "explica las cosas". "Soy transparente", dijo, para añadir que le avala su trabajo durante muchos años en el partido y que está sufriendo una "criminalización absoluta" por este caso.

La muerte de 15 inmigrantes hace unas semanas en la playa ceutí de El Tarajal, cuando intentaban alcanzar a nado las costas españolas, destapó los procedimientos que las fuerzas de seguridad utilizan para controlar las fronteras. Y ha puesto en el centro del debate el tema de las llamadas “devoluciones en caliente” en la frontera entre España y Marruecos.

Ante esta realidad, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ofreció el pasado jueves al reino alauí el establecimiento de un mecanismo para devolver de forma “inmediata” a los inmigrantes que traspasen las fronteras de Ceuta y Melilla. El Ministerio del Interior explicó este viernes que ha creado “un grupo de trabajo, formado por especialistas de diferentes áreas, para estudiar la forma de modificar la ley que regula el rechazo en la frontera, respetando el marco comunitario”.

Diferentes expertos en legislación de extranjería e inmigración consultados por infoLibredenuncian las devoluciones en caliente y aseveran que legalizarlas supone violar la Constitución Española, así como convenios y normativas europeas.

¿En qué supuestos se puede producir la entrada de inmigrantes?

Existen tres fórmulas legales de entrada y expulsión de inmigrantes en territorio español:

1. Los inmigrantes pueden solicitar al país de entrada su admisión. En este caso, el país receptor estima la petición y se produce un “retorno de frontera”. Este rechazo constituye una “denegación de entrada”. Este supuesto tiene lugar antes de que el inmigrante haya cruzado la frontera. "Este proceso sólo puede llevarse a cabo en los puestos habilitados como aeropuertos o puertos –explica Francisco Solans, abogado experto en extranjería– lo que supone que la petición se produzca en jurisdicción española, a pesar de no encontrarse fisicamente en territorio español".  

2. En el caso de que los inmigrantes traten de cruzar de manera ilegal al país receptor, y estos sean interceptados en la frontera –como ocurre con la mayoría de las devoluciones en caliente– se trata de una “intercepción en la frontera”, explica Javier Galparsoro, presidente de CEAR-Euskadi. En este supuesto los extranjeros tienen que ser identificados para proceder a su “devolución” al país de procedencia o al país por el que han accedido.  

3. Una vez que los inmigrantes han cruzado la frontera el procedimiento para su expulsión es mucho más largo y riguroso. Se habla entonces de "expulsión", en este caso al país de origen del extranjero o a cualquier país que lo admita en su territorio.

Como explican los expertos, en todos los casos los inmigrantes tienen derecho a garantías y tutela legal: la asistencia de un traductor, la asignación de un abogado y una resolución que puedan recurrir. Todo inmigrante tiene "derecho a audiencia, a ser escuchado y a explicar su situación", recalca Solans. 

¿Qué leyes españolas violan las devoluciones en caliente?

Las devoluciones inmediatas de inmigrantes en la frontera violan el artículo 24 de la Constitución Española de 1978. Dicho epígrafe establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

Por lo tanto, las devoluciones en caliente que se producen en la frontera entre España y Marruecos transgreden los límites legales establecidos por la Constitución. “La ley establece una procedimiento y unas garantías: un intérprete, un letrado, asistencia –explican desde Amnistía Internacional a infoLibre–, y las devoluciones inmediatas no cumplen ninguno de estos requisitos”.

Las devoluciones exprés vulneran el artículo 22 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, señala el letrado Galparsoro. Dicho epígrafe establece el derecho de los extranjeros a la asistencia jurídica gratuita en las mismas condiciones que los ciudadanos españoles. 

Por lo tanto, "los extranjeros que se hallen en España tienen derecho a asistencia letrada en los procedimientos administrativos que puedan llevar a su denegación de entrada, devolución, o expulsión del territorio español y en todos los procedimientos en materia de protección internacional, así como a la asistencia de intérprete". 

Esta misma normativa establece que todo inmigrante tiene derecho a interponer un recurso a través de un proceso contencioso-administrativo contra las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa en materia de denegación de entrada, devolución o expulsión. Dicho recurso deberá realizarse conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, o en caso de que el extranjero pudiera hallarse privado de libertad, en la forma y ante el funcionario público que reglamentariamente se determinen.

En última instancia, estas devoluciones exprés en la frontera "violan el artículo 23 del Real Decreto 557/2011 que regula las devoluciones", como apunta Galparsoro. Según esta normativa, todo extranjero tiene derecho a asistencia jurídica, así como a la asistencia de intérprete. Además este decreto suspende la ejecución de devoluciones cuando se trata de "mujeres embarazadas y la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o para la salud de la madre; o se trate de personas enfermas y la medida pueda suponer un riesgo para su salud". A estas excepciones se suman los casos de "solicitud de protección internacional hasta que se resuelva sobre la solicitud o ésta no sea admitida conforme con lo dispuesto en el artículo 19.1 de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria".

En este sentido, las devoluciones en caliente violan la Constitución Española, la Ley de Extranjería y el derecho al asilo, destacan los expertos. 

¿Qué convenios internacionales vulneran las devoluciones inmediatas?

Amnistía Internacional advierte de que "las devoluciones inmediatas no respeta la Convención de Ginebra de 1951", que regulan el derecho internacional humanitario y por el que se "asegura el acceso a la justicia a todas las personas". Las expulsiones exprés defendidas por el Ejecutivo no ofrecen ninguna garantía legal a los extranjeros ni les permite acceder al derecho de tutela judial. 

Además, en el caso de producirse "devoluciones colectivas se viola el Protocolo número 4 al Convenio Europeo para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y las Libertades fundamentales", aclaran desde la organización. Dicho protocolo prohibe expresamente las expulsiones colectivas de extranjeros. 

¿CÓMO AFECTAN LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE AL DERECHO AL ASILO?

Este procedimiento impide a los inmigrantes acceder a una petición de asilo. "Existe un marco legal, europeo e internacional, que regula el derecho al asilo. Dicho marco legal establece "que se examinen las solicitudes de protección y asilo, para lo que es necesario identificar a los inmigrantes", subrayan desde Amnistía Internacional. En las devoluciones en caliente, que la Guardia Civil ha reconocido como habituales, no se produce ningún tipo de identificación ni regulación, por lo tanto se restringe a los extranjeros la posibilidad de solicitar protección subsidiaria. 

Según aseguran desde Amnistía, a las fronteras españolas llegan decenas de inmigrantes sirios en busca de asilo político. Desde la organización recuerdan que "el asilo, tanto político como económico, es un derecho y no un crimen". Las devoluciones en caliente "vulneran los derechos humanos y rompen los Convenios de Ginebra" que amparan este derecho. 

¿Qué establece el actual Acuerdo de Readmisión entre España y Marruecos? 

El Acuerdo de Readmisión hispano-marroquí de 1992 actualmente en vigor, al que hizo referencia el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para normalizar la devolución en caliente de inmigrantes establece que "la solicitud de readmisión deberá ser presentada en los 10 días posteriores a la entrada ilegal en el territorio del Estado requerido. En ella se harán constar todos los datos disponibles relativos a la identidad, a la documentación personal eventualmente poseída por el extranjero y a las condiciones de su entrada ilegal en el territorio del Estado requiriente, así como cualquier otra información de que se disponga sobre el mismo”. Por lo tanto, explican los expertos, "no ampara ni da cobertura legal a las devoluciones inmediatas en la frontera" en las que no se realiza ningún tipo de identificación ni trámite administrativo.

Desde Amnistía recuerdan que un acuerdo bilateral entre dos Estados no está, en ningún caso, por encima de los convenios internacionales. Por lo tanto, una modificación de este convenio no daría amparo legal a la expulsión exprés de inmigrantes. 

¿cómo puede regular el Gobierno las devoluciones en caliente?

El abogado Javier Galparsoro explica que la mayoría absoluta del Ejecutivo podría facilitar la reforma de la Ley de Extranjería así como el Real Decreto pertinente. A su vez, sería necesario que el Gobierno modificase el tratado bilateral que actualmente mantiene con Marruecos. De esta manera, desde el Ejecutivo "se trataría de dar amparo legal a un procedimiento que, hasta ahora, es ilegal", recalca Solans. 

A pesar de modificar la legislación española, la nueva normativa que estudian desde el Ministerio del Interior no cumpliría con el marco europeo y los convenios internacionales citados con anterioridad,explican los especialistas. También podría violar el artículo 24 de la Constitución Española.

¿CÓMO SE PODRÍA RECURRIR A ESTA "LEGALIZACIÓN"?

Tanto Amnistía como los expertos en derecho de extranjería señalan que el primer paso para evitar una legislación que autorizase las devoluciones en caliente consistiría en recurrir al Tribunal Constitucional. En segunda instancia, se procedería a denunciar la nueva normativa ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Todas las resoluciones de este ente europeo son de caracter obligatorio, por lo que el Ejecutivo español estaría obligado a ejecutar la sentencia.