Las entidades locales –ayuntamientos, diputaciones, cabildos, mancomunidades– deben enviar al Tribunal de Cuentas, antes de que acabe febrero, una relación anual de todos los contratos celebrados en el ejercicio precedente. También tienen que remitirle, dentro de los tres meses siguientes a su firma, el expediente de cada contratación si ésta excede los 600.000 –contratos de obra–, 450.000 euros –contratos de suministro– o 150.000 euros –contratos de servicios–. Lo mismo rige para los convenios que las entidades locales suscriban con otras administraciones u organismos públicos. Deben enviar la lista de los convenios y los expedientes de aquéllos que superen los 600.000 euros. Sin embargo, el 38% de los ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades incumple su obligación de mandar al Tribunal de Cuentas la relación de los contratos que adjudican. Y con los convenios es aún peor: el 65% de las entidades locales no le remiten la lista.

Además, entre las entidades locales que sí envían la relación de contratos, el 29% lo hacen fuera de plazo. En el caso de los convenios, el 21% se pasan de fecha. Los datos proceden del informe sobre fiscalización del sector público local en 2019 que acaba de publicar el Tribunal de Cuentas.

Tampoco es que los ayuntamientos sean muy diligentes a la hora de mandar al órgano fiscalizador sus presupuestos, otra de sus obligaciones, aunque han mejorado respecto a años anteriores. En 2019 enviaron sus cuentas en plazo el 62%, cuando en 2018 sólo lo hicieron el 55%. Fuera de fecha cumplieron finalmente hasta el 73% –el 71% un año antes–. Entre los desobedientes de 2019 están ayuntamientos tan grandes como Cádiz, Huelva, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella, Badalona, Las Palmas y Getafe, las diputaciones de Cuenca, Zamora, Málaga, Almería y Cádiz, y los cabildos de Gran Canaria, Fuerteventura y El Hierro. Pero los hay que “sistemáticamente”, denuncia el informe, no envían sus cuentas: nada menos que 3.347 entidades locales que llevan sin hacerlo desde 2017. Aunque la mayoría son municipios de menos de 1.000 habitantes, precisa el órgano, también se escaquean ayuntamientos grandes como Jaén, El Puerto de Santa María, Mijas y Vélez-Málaga.

Canarias al 100%

Por lo que respecta a los contratos, las entidades locales formalizaron en 2019 un total de 42.658, por un importe que suma 8.557 millones de euros, sin contar País Vasco y Navarra. Según los datos del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, nueve entidades de más de 40.000 habitantes comunicaron la celebración de 9.199 contratos, por valor de 83 millones de euros. Entre las comunidades autónomas el nivel de incumplimiento es muy dispar. Mientras que el 100% de las entidades canarias respetaron su obligación con el Tribunal de Cuentas, también el 94% de las baleares y el 88% de las madrileñas, en Andalucía se quedaron en el 48% y en Castilla y León en el 47%. En Galicia no superaron el 52%.

Con el envío de los expedientes de los contratos los entes locales también fallan, puesto que impidieron que el Tribunal de Cuentas examinara 1.718, por importe de 1.941 millones. El 57% de ellos correspondían a ayuntamientos y otro 19% a sociedades mercantiles dependientes de consistorios o diputaciones.

Según el informe, además, las entidades locales formalizaron 800.040 contratos menores, aquéllos con un valor inferior a 40.000 euros si son de obra y de 15.000 euros si son de suministro o de servicios. Su importe ascendió a 1.774 millones de euros.

Los convenios suscritos en 2019 por entidades locales sumaron la cifra de 14.356, lo que equivale a 6.998 millones de euros. De nuevo, es Canarias la comunidad autónoma más cumplidora, puesto que el 100% de sus ayuntamientos remitieron sus listas de convenios. Muy lejos quedan Andalucía, con sólo un 15%; Galicia, con el 18%; la Comunidad de Madrid, con un 20%, y Castilla y León, con el 31%.

Pero el Tribunal de Cuentas sólo recibió los expedientes de 523 convenios que superaban los 600.000 euros de importe. Y, curiosamente, fueron los entes locales canarios los que más incumplieron su obligación de remitirlos al órgano para su fiscalización, puesto que suman el 32% de los no enviados.

Presupuestos: gastos e ingresos

El Tribunal de Cuentas también examina otros aspectos de la diligencia institucional de las entidades locales. Por ejemplo, constata que, a 7 de abril de 2021, un total de 103 de ellas aún no tenían aprobado el presupuesto de 2019. Además, el 32% no consiguieron aprobar las cuentas en pleno antes de comenzara el ejercicio, por lo que el 68% restante había prorrogado automáticamente el presupuesto del año anterior. El 14% de estas entidades no integraba en ellas las de las sociedades u organismos que dependen de ellas.

En total, el presupuesto de las 15.580 entidades locales que hay en España ascendió en 2019 a 58.438 millones de euros. Su grado de ejecución fue del 78%. A gastos de personal, ayuntamientos, diputaciones y mancomunidades y cabildos destinaron el 30%, a servicios públicos básicos un 36% y a actividades de protección social el 13%.

En los últimos años, la partida de gastos no deja de aumentar: un 5% en 2019 respecto a 2019 y un 10% respecto a 2017. El Ayuntamiento de Madrid es el que más lo elevó, un 6%, mientras que el de València fue el que más lo recortó, un 17% en comparación con 2018.

En lo que se refiere a los ingresos, el 55% procede de impuestos y tasas, sobre todo el IBI. Aunque, para los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, el 18% de los ingresos tienen como origen la llamada plusvalía municipal, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU).

El aumento del gasto ha sido posible por la reducción del endeudamiento de las entidades locales, un 11% en 2019 respecto al ejercicio anterior y un 20% respecto a 2017. La deuda total suma 16.153 millones de euros, de los cuales el 23% corresponde a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Una vez más, el consistorio madrileño es la entidad local que más ha recortado su deuda, un 17%. Le siguen el de València, con un 16%; Zaragoza, con un 10%, y Barcelona con un 6%.

Por el contrario, la diputación más endeudada es la de Barcelona, con un pasivo de 167 millones de euros. Aunque la que tiene una deuda mayor en términos relativos es la de Huelva, con un volumen que equivale al 53% de sus ingresos corrientes.

Medido en términos per cápita, el gasto medio era de 538 euros en 2019, un 3% más que el año previo. Pero la diferencia es sustancial entre los ayuntamientos de Madrid y Barcelona, que se gastan 1.564 euros por habitante y los ayuntamientos medianos. Curiosamente, los municipios de entre 1.000 y 5.000 habitantes gastan 1.114 euros por habitante, un 3% más que los de más de 100.000 y casi tanto como los más grandes. La inversión per cápita es mucho menor, 79 euros de media, pero ha crecido más, un 6% respecto a 2018 y un 29% respecto a 2017.

Así, la deuda municipal per cápita asciende a 680 euros de media. Aumenta hasta 1.159 euros para Madrid y Barcelona. En total, el endeudamiento per cápita de las entidades locales ha descendido un 10% respecto a 2018 y un 13% respecto a 2017.

Empresas municipales e interventores

Ayuntamientos y diputaciones poseen también organismos autónomos, empresas públicas y sociedades mercantiles, 2.648 en total, que son un 3% menos de las que había en 2017. Al Tribunal de Cuentas le llegaron en 2019 el 77% de las cuentas anuales de este sector público empresarial que deberían haberle enviado las entidades locales. Tras analizarlas, el órgano fiscalizador revela que el 17% de las empresas no tenían actividad. Aun así, el 67% de las anteriores figuraban como activas. Otro 25% sí constaban en disolución.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas examina el funcionamiento de los órganos de Intervención, encargado del control interno de las entidades públicas. En el caso de las locales, sólo en uno de los cinco ayuntamientos con más de medio millón de habitantes –Madrid, Barcelona, València, Sevilla, Zaragoza y Málaga–, que el informe no precisa, el responsable de la Intervención Municipal es un funcionario que ha ganado la plaza mediante concurso público. En el resto, han sido nombrados mediante libre designación. En las diputaciones provinciales, de los 36 puestos de titular del órgano de Intervención, el 53% estaba ocupado también mediante libre designación.

Un dato más que no dice mucho de la eficacia de la Intervención local a la hora de fiscalizar las entidades: sólo el 3% de los 5.805 órganos de este tipo que enviaron información al Tribunal de Cuentas había realizado auditorías públicas de las cuentas. Y en éstas incluían las llevadas a cabo por firmas privadas de auditoría, que supusieron un coste de tres millones de euros.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha exigido este jueves a Hacienda que si ha encontrado la fórmula para pagar a las Comunidades los casi 4.500 millones que les debe por las entregas a cuenta les abone también a los municipios los 1.203 millones que tiene igualmente pendiente con ellos por este mismo concepto, según informa Europa Press.

El presidente de la Federación, el socialista Abel Caballero, ha asegurado que ha enviado una carta al Ministerio que dirige María Jesús Montero para reclamarle para los ayuntamientos el mismo trato que va a dar a las autonomías. El Gobierno ha asegurado que cuenta ya con los informes que le permiten transferir la actualización de las entregas a cuenta de la financiación autonómica, unos 4.500 millones que no ha podido pagar por estar el Presupuesto del Estado prorrogado desde 2018 y el Gobierno, en funciones.

La FEMP ha apuntado sin embargo que esta situación también ha afectado a las entidades locales. Sus ingresos este año por el sistema de financiación local son los previstos en las cuentas del Estado del año pasado y al estar prorrogadas, no han recibido las actualizaciones previstas para 2019, idéntica situación a la sufrida por las Comunidades Autónomas. Según los datos facilitados por la Federación, son 1.203 millones de euros para las entidades locales.

Caballero asegura en su escrito que la posición del municipalismo sobre este asunto es "unánime" y que así quedó de manifiesto en el último Pleno de la FEMP, aunque también añade que confía en poder abordar la cuestión en breve con el Gobierno. Además de exigir que se paguen esas entregas a cuenta, la FEMP exige una solución para que el cambio contable en el IVA de 2017 evite una liquidación definitiva negativa para las entidades locales.

Los consistorios progresistas quieren que el repentino cambio en el Gobierno central libere sus cuentas de los grilletes impuestos por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Y, por ello, alcaldes tanto del PSOE como de las formaciones municipalistas próximas a Podemos ya han comenzado a moverse para impulsar la derogación o, al menos, la modificación de la regla de gasto en lo tocante a los ayuntamientos, una reivindicación en la que ambas formaciones ya coincidieron cuando el PP estaba en el Ejecutivo. Unidos Podemos ha solicitado reunirse con las nuevas ministras de Hacienda y Economía, María Jesús Montero y Nadia Calviño, respectivamente, y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hará lo propio con el nuevo presidente Pedro Sánchez.

La regla de gasto y la aplicación que hacía de ella el exministro Montoro han sido motivo de agrios enfrentamientos entre las corporaciones locales y la administración central en los últimos años. Buena muestra de ello es la intervención de las cuentas del ayuntamiento de Madrid que decidió el año pasado Hacienda al entender que el consistorio estaba sobrepasando los límites de gasto establecidos, lo que obligó a la corporación liderada por Manuela Carmena a hacer recortes en sus inversiones. Pero el de Madrid no es el único ayuntamiento opuesto a la medida: consistorios como los de Zaragoza, València, Cádiz, A Coruña, Barcelona, Valladolid o Vigo también han protestado contra una norma que, consideran, ahoga la autonomía de los municipios.

La regla de gasto está contenida dentro de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y actualmente obliga a los consistorios con superávit a que dediquen prioritariamente este excedente a amortizar deuda, en lugar de poder invertirlo en otras partidas. "Es absurdo", denuncia el alcalde de Valladolid y portavoz de la ejecutiva del PSOE, Óscar Puente, "que con la ley actual yo no pueda contratar policías o jardineros si me hacen falta y me obliguen a usar el superávit para pagar deuda o para inversiones financieramente sostenibles", una serie de programas que sí permite Hacienda porque no suponen un incremento en el presupuesto anual, producen una reducción de gastos anual cuantificable y tienen un mínimo de vida útil de más de cinco años.

Con él coincide Fernando Rivarés, concejal de Hacienda de Zaragoza (Zaragoza en Común), que asegura que la regla de gasto ha conseguido que, en los últimos cuatro años, el dinero que los ayuntamientos tienen en sus tesorerías sin utilizar haya crecido un 32%. "En 2017, entre todos los municipios españoles había 6.812 millones de superávit. Imagina la inversión pública que se podría hacer si circulara ese dinero", lamenta el edil, que critica que la norma se aplique de igual manera tanto a los municipios más endeudados como a los que "cumplen con la estabilidad, han bajado la deuda por debajo del límite establecido y no tienen déficit".

PP y Cs bloquean los cambios en el Congreso

La coincidencia entre el PSOE y las candidaturas más próximas a Podemos en este asunto se ha reproducido en el Congreso. El pasado noviembre, los socialistas y Unidos Podemos combinaron sus votos para sacar adelante una proposición no de ley –sin efectos jurídicos– por la que el Congreso pidió formalmente al Gobierno que reformase la ley de Estabilidad Presupuestaria para eximir de la regla de gasto a los ayuntamientos con cuentas saneadas. Y ambas formaciones también se pusieron de acuerdo en septiembre para iniciar la tramitación de una proposición de ley de Unidos Podemos –que esta vez sí buscaba modificar la norma y no solo pedir cambios al Gobierno– en la misma línea.

La iniciativa de Unidos Podemos planteaba eliminar las limitaciones que impone la ley para elevar el gasto público para los ayuntamientos que tengan "superávit o equilibrio presupuestario" y una deuda "inferior al 110%" de su PIB. Asimismo, el texto buscaba la eliminación del apartado que indica en la Ley de Estabilidad que "los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública", y también planteaba que se supriman de la norma los artículos que establecen la posibilidad de aplicar medidas coercitivas para los ayuntamientos que incumplan los objetivos marcados.

La proposición de ley fue tomada en consideración en el Congreso el pasado diciembre con los votos a favor de PSOE y Unidos Podemos y el rechazo de PP y Ciudadanos. Pero la mayoría de la derecha en la Mesa de la Cámara baja ha bloqueado, de facto, la tramitación de la norma. Una vez el procedimiento fue puesto en marcha por el pleno, la iniciativa pasa a comisión y se abre un plazo para que los grupos presenten enmiendas al texto. Pero la Mesa ha ampliado nada menos que 19 veces dicho plazo, lo que, en la práctica, impide que la tramitación esté avanzando.

Un cambio en la interpretación

La izquierda ha denunciado en repetidas ocasiones esta práctica, que afecta tanto a esta como a otras muchas propuestas presentadas desde el inicio de la legislatura. No obstante, los consistorios aseguran que aunque lo ideal, a su juicio, sería aprobar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno tiene en su mano aliviar la presión sobre las cuentas de los ayuntamientos inmediatamente y sin hacer ni un solo cambio normativo. ¿La clave? Cambiar la "interpretación" que hacía el ministro Montoro de la regla de gasto, que según Jorge García Castaño, concejal de Hacienda del ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid), no tenía "ni siquiera base normativa".

"Nosotros creemos que la regla de gasto debería eliminarse, pero simplemente haciendo una interpretación coherente con la que hace la Unión Europea sería suficiente" por ahora, explica a este respecto Fernando Rivarés. El concejal zaragozano apunta dos diferencias: en España, señala, "el déficit y el superávit" que deben tener los ayuntamientos "se calcula por año y no por legislatura, como en la UE", y además la interpretación europea dicta que "los gastos no habituales, por ejemplo las multas a pagar por condenas judiciales por acciones de anteriores equipos de Gobierno, no se computan" al ahora de hacer el cálculo del techo de gasto.

Óscar Puente, por su parte, también carga contra la aplicación indiscriminada de la regla de gasto. "No entiendo que si un ayuntamiento paga a los proveedores, no incrementa su deuda por encima del umbral establecido dentro de cada ejercicio y no genera déficit extra no pueda gastarse el dinero en lo que necesite", denuncia el alcalde de Valladolid. En su caso concreto, afirma, "el ayuntamiento tiene una deuda de menos del 40%, y encima genera superávit, y en lugar de gastar el dinero en lo que me hace falta, tengo que guardarlo o gastarlo en lo que no necesito". Puente, además, coincide con los ediles madrileño y zaragozano: "La regla es interpretativa por parte de Hacienda, y yo estoy convencido de que hay otra manera de interpretarla", asegura.

La FEMP y Unidos Podemos se reunirán con el Gobierno

Que el descontento con la regla de gasto es generalizado entre los ayuntamientos lo demuestran también las quejas que sostiene al respecto la FEMP desde hace años. La organización liderada por el alcalde de Vigo, Abel Caballero, ya presionó para que Hacienda aumentara el número de inversiones consideradas financieramente sostenibles y, por tanto, permitidas para los ayuntamientos. Pero el objetivo final es librarse de esos grilletes y que los consistorios saneados tengan libertad para usar su "superávit sin la limitación de lo financieramente sostenible", en palabras del propio Caballero. Y, en cuanto al techo de gasto, el desacuerdo también es evidente: "No podemos estar con una norma que se vuelve obsoleta, que es ineficiente y que prima la ineficacia", sostuvo Caballero en febrero.

Vista la situación, los Gobiernos municipales urgen al nuevo Ejecutivo central para que tome medidas. El nuevo presidente, Pedro Sánchez, ha acordado reunirse con la FEMP para discutir las reivindicaciones de los municipios, y Unidos Podemos ha solicitado ya una reunión a Nadia Calviño y María Jesús Montero. "Tenemos mucha confianza en lo que pueda hacer el nuevo Gobierno, y vamos a darles un poco de tiempo, pero no mucho", afirma Jorge García Castaño, que plantea que lo más importante es que Hacienda cambie la interpretación de la regla de gasto "rápidamente para poder invertir ya este año". "Como muy tarde, el 15 de diciembre hay que cerrar la caja, así que la ministra tiene que tomar decisiones ya", sostiene por su parte Fernando Rivarés. 

El Tribunal de Cuentas denuncia que hace ya 14 años, desde 2003, que viene reclamando una legislación nacional que obligue a las entidades locales a presentarle sus cuentas a tiempo para que puedan ser fiscalizadas, porque año tras año un importante porcentaje de ellas lo hace con retraso o incluso no llega a entregarlas.

"Esta recomendación ya se formuló en 2003", afirma en varias ocasiones el órgano fiscalizador en el informe que ha aprobado sobre el sector local en 2015, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que insiste en lo que empiezan a ser ya viejas peticiones que los gobiernos no atienden: que se impongan medidas más duras para que las entidades se dejen fiscalizar.

Las entidades locales están obligadas a enviar al Tribunal sus cuentas del año anterior para que sean fiscalizadas: la cuenta general, el balance de situación, el resultado económico-patrimonial, la liquidación del presupuesto y la memoria.

En el informe sobre el año 2015 se vuelve a constatar el incumplimiento en el envío de toda esta documentación: el 31 de diciembre de 2016, dos meses y medio después del plazo legal, un 27% de las entidades no había entregado al Tribunal las cuentas de 2015, tres puntos más que el año anterior.

La cifra empeora si se trata en concreto de la cuenta general de 2015, que se tiene que elaborar al final de cada año para informar sobre la situación del patrimonio, la ejecución del presupuesto y los gastos e ingresos: sólo la entregó a tiempo el 56% de las entidades, por debajo del 62% del año anterior. En el caso de los ayuntamientos, cumplió el 60% y entre los cabildos y consejos insulares, sólo el 10%.

Dos de cada tres municipios andaluces ocultan sus cuentas

Por comunidades autónomas, el mayor incumplimiento se registra en Andalucía, donde sólo un 34% había cumplido con el envío de la documentación de 2015 el 31 de diciembre del año siguiente; es decir, dos de cada tres entidades locales andaluzas (66%) ocultaron sus balances al tribunal.

A distancia aparecen las entidades locales de Castilla-La Mancha, Murcia y Cantabria, cuyo nivel de incumplimiento se sitúa en el 38%, el 37% y el 35%, respectivamente, según el informe de la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda.

Por contra, en Canarias, Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias, La Rioja y la Comunidad Valenciana cumplen entre el 80 y el 90%, y sólo Aragón presenta un índice de cumplimiento del 93%. El motivo es que en la comunidad aragonesa se aprobó una ley de subvenciones que condiciona la concesión de ayudas a la rendición de cuentas, una medida que, en su opinión, podría expliocar que en esta comunidad, a diferencia de lo ocurrido en el conjunto del Estado, el cumplimiento de los plazos registró un incremento de siete puntos entre 2014 y 2015.

Pero año tras año se producen retrasos y el Tribunal de Cuentas así lo recoge en el informe que elabora sobre la situación del sector local. El documento es remitido al Congreso, donde los grupos parlamentarios lo estudian y aprueban recomendaciones que suelen asumir las que hace el propio Tribunal.

Recetas ignoradas por los sucesivos gobiernos

Entre ellas, la exigencia a las administraciones para que tomen medidas que obliguen a los ayuntamientos a rendirle cuentas. Por un lado, con reformas legales para que esta obligación sea considerada en todo el país como "indispensable" para poder acceder a subvenciones y ayudas públicas, recomendación que ya se hizo en 2003.

También de 2003, de hace 14 años, es la propuesta de que la normativa estatal y las leyes autonómicas impongan los mismos plazos para enviar la documentación, porque "la diversidad genera de manera innecesaria divergencias y desajustes temporales".

El Tribunal insiste igualmente en la conveniencia además de que esos plazos sean más breves, para que se aproxime lo más posible al ejercicio que se va a fiscalizar. "Esta recomendación ya se efectuó en el informe de 2009", recalca el órgano auditor.

Otras recomendaciones del Tribunal de Cuentas también son de hace muchos años. Por ejemplo, tomar medidas legales para que las entidades locales tengan que aprobar unos presupuestos anuales y no funcionen sin ellos, no puedan aprobar modificaciones de crédito sin financiación efectiva y tengan que ajustar su gestión a sus posibilidades financieras reales.

Menos deuda, más inversiones reales

El informe repasa por lo demás las principales cifras de ingresos y gastos de las entidades locales en 2015. En ese año, el gasto total del conjunto del sector fue similar al del año anterior y como en ejercicios anteriores, el área a la que más recursos dedicaron fue la de servicios básicos, el 34%.

Le siguió el apartado de actividades de carácter general (administración, atención al ciudadano, transferencias a otras administraciones, etc), el 21%. Educación, sanidad, cultura y deporte se llevaron el 14% y la protección y promoción social, el 11.

La deuda pública absorbió el 12% del presupuesto ejecutado en 2015, según el Tribunal de Cuentas, lo que supone una reducción del 15% registrado en 2014. "Esta disminución ha sido el hecho más característico en el gasto ejecutado en 2015", dice el órgano fiscalizador, que también subraya el aumento del 14% en las inversiones reales.

Este último capítulo ha ido creciendo desde el año 2013, con la salida de la crisis económica, y el aumento acumulado desde entonces es del 36%.

El Ayuntamiento de Madrid ha reducido 255 millones su deuda durante el primer trimestre del 2017, pasando de los 3.720,04 millones a 31 de diciembre de 2016 a los 3.465,11 millones de euros, según se desprende del informe elaborado por el Gobierno de la capital sobre el endeudamiento a 31 de marzo del presente año.

Esta disminución de deuda se ha hecho de acuerdo al calendario previsto para el presente ejercicio y se traduce en una reducción acumulada desde la llegada del equipo de Manuela CarmenaManuela Carmena al Consistorio, en junio de 2015, del 36,3% de la deuda existente a esa fecha.

Así, el calendario previsto considera una amortización anticipada por 125,44 millones de euros en el año 2017 y otra amortización por 483,7 millones de euros en el año 2018, de acuerdo con los datos contenidos en el Plan Económico y Financiero (PEF) del 2017-2018. De este modo, está previsto pasar de los 503 millones en 2017 a los 820 millones.

Según este informe, la deuda viva consolidada medida en términos de Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) asciende en 2017 a 3.330,62 millones de euros, frente a los 3.868,48 del 2016 recogidos en el Plan de Reducción de Deuda 2013-2018.

En cuanto al detalle de las operaciones a 31 de marzo de 2017, también destaca el total de préstamos que tiene el Ayuntamiento con las distintas entidades bancarias, cuyo importe inicial ascendió a 4.328,71 millones de euros, y el saldo vivo se traduce a 2.655,11 millones de euros.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este miércoles el Presupuesto para 2017, después de finalizar el plazo previsto en la cuestión de confianza planteada por la alcaldesa, Ada Colau, sin que la oposición haya planteado una alternativa, informó el consistorio en un comunicado que recogió Europa Press.

El Presupuesto está cifrado en 2.736,2 millones de euros –con 2.580 de gasto no financiero–, e incrementa un 8% el volumen de inversión, que alcanza 429,1 millones, 141,6 millones de los cuales se destinarán a mejorar y construir equipamientos en los barrios, y 117 millones a mejoras en el espacio público para lograr una ciudad más sostenible.

El gasto corriente aumenta un 4% y llega a los 2.151,4 millones, un campo en el que el Gobierno municipal ha asegurado que "priorizará" la política de servicios sociales y promoción social –321 millones–, con un incremento de recursos del 10% respecto el 2016.

El desglose del gasto corriente por políticas muestra que se destinarán 153,5 millones a transporte público; 144 a Cultura; 121,8 a Educación; 119,4 millones a vivienda, y 71,5 a políticas de empleo y promoción económica de la ciudad.

Se invertirán 5,7 millones para construir seis nuevas guarderías en los distritos de Ciutat Vella, Eixample, Sant Andreu y Sant Martí, y 27,6 millones en la rehabilitación y puesta en marcha de los mercados de Vall d'Hebrón, Bon Pastor, Sant Andreu, Boqueria y Sant Antoni.

Además, se destinarán 3,4 millones a bibliotecas; 5,7 a casales de barrio; 2,9 a mejoras en la red de bus y en la reactivación de buses de barrio y 2,8 millones a la implantación de más carriles bici.

Otras actuaciones

El Ayuntamiento también invertirá 17 millones a desplegar el Plan de Barrios, que promueve la dinamización económica y la cohesión social de las zonas que registran mayores desigualdades sociales, y 12 millones para el Plan de Recursos Humanos municipal, que prevé incorporar más de 400 trabajadores.

En Salud, con un presupuesto de 22,3 millones, se implantarán 50 acciones para el primer Plan de Salud Mental de la ciudad, además de atender la salud comunitaria en los barrios e impulsar actuaciones de prevención de consumo de drogas y obesidad infantil.

El gasto corriente en políticas sociales (321 millones) contempla dotar de más recursos la lucha contra la pobreza energética, más rentas contra la pobreza infantil y más becas comedor para niños, así como dotar de más cobertura el servicio de atención domiciliaria y la teleasistencia.

El Presupuesto prevé un déficit cero, con un equilibrio entre ingresos y gastos; la deuda financiera se sitúa en el 33% sobre los ingresos corrientes; un ahorro bruto de 16% del Presupuesto –implica poder destinar a la inversión 429 millones–, y mantener la cifra de endeudamiento de 834 millones alcanzada en 2016.

Sin alternativa a Colau

El primer teniente de alcalde, Gerardo Pisarello, defendió que son unos buenos Presupuestos para la ciudad, ya que son sociales, redistributivos y "sin recortes", algo importante especialmente después de la crisis económica, destacó en declaraciones a los medios.

Pisarello sostuvo que el hecho de que la oposición no haya articulado una alternativa al Gobierno de Ada Colau demuestra que "no existe una alternativa consistente", por lo que asegura que se abre una nueva etapa en el Ayuntamiento en la que habrán acabado los debates puramente partidistas.

"La oposición cambia de actitud, porque no hay alternativa y se han sumado a intereses de ciudad", como el Plan de Vivienda –con el apoyo de CiU– y el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) –de ERC–, recordó Pisarello, que ha pedido a los grupos llegar a acuerdos sobre cuestiones de ciudad aunque no compartan todo el modelo.

El cambio político que llegó a muchos Ayuntamientos tras las municipales de mayo de 2015 trajo consigo una corriente favorable a la remunicipalización –es decir, la recuperación de la gestión municipal, sin empresas privadas de por medio– de algunos de los servicios que prestan los ayuntamientos como el agua, la zona azul, la grúa, la limpieza, la recogida de basuras, los teléfonos de información ciudadana...

El objetivo, al menos así se plasmó en algunos programas electorales, era dar la vuelta a una situación afianzada desde hace años después de que numerosos consistorios –por motivos ideológicos o económicos, o por una mezcla de ambos– traspasaran la gestión de algunos de estos servicios básicos a compañías privadas. En algunos casos esos contratos son de larga duración (hasta una década) y tienen condiciones blindadas.

Los modelos más habituales de la llamada gestión indirecta son las concesiones administrativas, que suponen la cesión de la explotación de un servicio a una empresa privada a cambio de una cantidad de dinero que le abona la Administración pública, o la venta de parte o de la totalidad de las empresas públicas que gestionan algunas de esas prestaciones básicas, un fenómeno que se ha dado principalmente en sectores como el abastecimiento de agua.

Aunque la mayoría de iniciativas en este sentido propuestas por los consistorios todavía están en fase de estudio y debate, sí hay algunas que se han puesto en marcha. Por ejemplo, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó en mayo la modificación de la forma de gestión de los servicios funerarios. Lo hizo creando una nueva empresa de capital íntegramente municipal para la gestión de 14 cementerios, dos tanatorios y dos crematorios. Esos servicios estaban siendo prestados hasta este septiembre por una empresa que fue privatizada parcialmente en 1992. El contrato vencía ahora y se utilizó esta circunstancia para volver a la gestión directa. 

El consistorio que dirige Manuela Carmena también anunció la semana pasada que la gestión del servicio de préstamo de bicicletas (Bicimad), que hasta ahora estaba en manos de la compañía Bonopark, pasará a depender de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), es decir, de una empresa pública ya existente. En este caso el contrato no había vencido pero el Ayuntamiento acordó con la concesionaria revertirlo por 10,5 millones de euros. Hay que tener en cuenta, no obstante, que la empresa adquirida pierde 300.000 euros al mes por los daños y robos a sus bicicletas, según una auditoría del propio Ayuntamiento. 

También el Ayuntamiento de Barcelona, capitaneado por Ada Colau, está dando pasos para recuperar prestaciones privatizadas. En este caso asumiendo directamente los servicios, sin empresas públicas o privadas de por medio. Por el momento lo ha hecho con el Servicio de Atención, Recuperación y Acogida (SARA) de mujeres maltratadas y el Servicio de Puntos de Información y Atención a las Mujeres (PiAD) asumiendo los contratos de sus 55 empleadas, que han pasado a integrar la plantilla municipal.

No obstante, aunque ahora parece haber una nueva corriente en este sentido, existen ejemplos previos de servicios subcontratados a grandes empresas y grupos económicos que fueron remunicipalizados. Por ejemplo, el Ayuntamiento de León, liderado por el PP, aprobó en 2012 la reversión de las competencias a la gestión pública del servicio de limpieza viaria, que hasta entonces gestionaba Urbaser.  

Límites a la creación de empresas públicas 

Sin embargo, la reforma local que el PP aprobó en 2013 sólo con el respaldo del PNV y Unión del Pueblo Navarro (UPN) y que fue considerada la mayor metamorfosis de los ayuntamientos en democracia, puede dificultar que se pongan en marcha nuevos procesos de remunicipalización, tal y como confirman a infoLibre alcaldes, concejales y expertos en derechos administrativo. Además, la subrogación del personal y los costes derivados de las hipotéticas indemnizaciones a las empresas privadas que prestan los servicios amplían el catálogo de obstáculos. 

Joaquín Tornos, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona (UB), explica que la reforma local de 2013 sí puede suponer un escollo para la remunicipalización en el sentido de que establece "límites" a la creación de empresas públicas. Precisamente esa es una de las principales vías de gestión pública, pues es muy poco habitual que los servicios se presten directamente por los órganos ordinarios del Ayuntamiento, que es la opción por la que está optando Barcelona. Lo que hace esta norma es impedir que las corporaciones que están en situación de déficit y sujetas a planes de estabilidad financiera puedan crear nuevas sociedades municipales. 

Este es uno de los escollos que se están encontrando en Zaragoza, donde la voluntad del Ayuntamiento liderado por Zaragoza en Común –coalición apoyada por Podemos– de revertir la gestión privada del servicio telefónico del 010 y del punto limpio de la ciudad tiene todos los visos de frustrarse por esta prohibición de crear nuevas empresas al estar sometida la institución a un plan de ajuste.

Alberto Cubero, concejal de Servicios Públicos y Personal del Ayuntamiento de Zaragoza, explica que el equipo de Gobierno ha encargado los informes jurídicos pertinentes para conocer si pueden integrar estas prestaciones en sociedades públicas ya existentes, pues el problema es que no coinciden con el objeto social de ninguna. "La mejor fórmula para municipalizar manteniendo la estabilidad en el empleo es a través de mercantiles públicas pero es algo que no podemos hacer al estar sometidos a los objetivos de estabilidad", señala. 

Esta misma vía es la que ya ha explorado, sin éxito, el Ayuntamiento de Cádiz, también capitaneado por una coalición apoyada por Podemos. Ante la imposibilidad de crear una nueva sociedad el alcalde de la ciudad, José María González, pretendía que otra ya creada (Aguas de Cádiz) asumiera los tres primeros servicios que quiere absorber el Ayuntamiento: limpieza de la arena de las playas, socorrismo y mantenimiento de los módulos de las playas. En un informe jurídico, el secretario municipal desaconsejó esta opción "por la situación económica y patrimonial" de la empresa pública que los iba a asumir aunque señaló que el objeto social sí se consideraba apto para estos servicios. 

El concejal Cubero insiste, además, en que otro de los obstáculos que se está encontrando Zaragoza en Común en sus intentos de municipalizar servicios es el propio pleno municipal. Y es que la reforma local también establece que cualquier cambio de gestión debe ser aprobado por el pleno. Pues bien, en Zaragoza, los concejales de PP, PSOE y Ciudadanos han votado en contra del proyecto de remunicipalización del servicio de depuración de aguas de la ciudad, que sí lo podría asumir una empresa pública ya creada (Ecociudad) y que, según cálculos de ZEC, supondría un ahorro de 500.000 euros a las arcas municipales. 

Los grupos votaron en contra de esta propuesta argumentando que otros informes, en este caso realizados por la empresa pública que asumiría ese servicio, no hablan del ahorro de 500.000 euros que defiende el concejal, sino que sostienen que el coste del servicio sería mayor y que tampoco se mejoraría la eficiencia del servicio. Por otro lado, los socialistas tampoco están de acuerdo con que se subrogue al personal sin hacer una oposición previa.

También está encontrando la postura en contra de la mayoría de la oposición el alcalde de Santiago, Martiño Noriega (En Marea), en su pretensión de municipalizar el servicio de aparcamiento regulado y la grúa municipal que gestiona la empresa Setex. El asunto todavía no ha llegado al pleno municipal, si bien los representantes de PP y PSOE en el consejo de administración de Tussa, la mercantil pública que lo asumiría, han votado en contra del estudio de viabilidad sobre la conveniencia de esta municipalización redactado por los responsables de Tussa. La operación siguió adelante gracias a los votos a favor de Compostela Aberta y el BNG y está a la espera de llegar al pleno. 

Noriega conoce bien la cuestión de las municipalizaciones porque lideró la desprivatización del suministro de agua en el municipio de Teo (A Coruña), en un proceso que se alargó durante dos años y en el que hubo que crear una nueva empresa sólo para ese fin. Ahora, sin embargo, el mayor obstáculo son las reticencias de PP y PSOE, a los que critica por poner "todo tipo de obstáculos". "Veo un discurso de exigencia a la gestión pública que no lo hay con las concesionarias privadas", dice a preguntas de infoLibre. 

Asegura que su equipo lleva meses "intentando demostrar lo que es de sentido común". "¿Si es rentable para una empresa privada que además paga un canon, cómo no lo va a ser para la Administración?", se pregunta. No duda en calificar el marco actual de "muy restrictivo" para las municipalizaciones. "También es clave el tema del personal, pues la reforma de Montoro está hecha para impedir la dimensión de lo público en lo municipal y para buscar nichos de negocio a la empresa privada", concluye. 

Eficiencia y sostenibilidad 

Mariano Bacigalupo, profesor de Derecho Administrativo de la UNED, explica además que la reforma local de 2013 también incluye en su articulado la obligación para los ayuntamientos de justificar que la gestión directa es más eficiente y más sostenible "incluso desde el punto de vista jurídico". Es decir, obliga a los ayuntamientos a optar por la fórmula que no aumente la deuda y posibilite un presupuesto equilibrado. 

En este sentido, Tornos considera que la reforma local de 2013 sí introduce unos límites a la libre decisión de los ayuntamientos, pues les exige que acrediten que la opción escogida es la más eficiente y sostenible. Mientras que, al mismo tiempo, impone una cierta presunción a favor de las formas de gestión a través de empresas privadas, ya la opción por la gestión directa "exige una especial fundamentación" al tener que acreditar que existe ese equilibrio entreel criterio económico de los costes y el objetivo general de una prestación eficaz de los servicios públicos.

Por otro lado, la reforma local también pone condiciones a la continuidad de las empresas públicas, puesa las que hayan incurrido en déficit o pérdidas durante dos ejercicios económicos consecutivos les da un plazo de dos años para hacer efectivo su saneamiento. De lo contrario, se podría proceder incluso a su disolución automática, previa liquidación. 

Trabajadores e indemnizaciones 

Además de estas cuestiones, los expertos coinciden en que la subrogación del personal y los costes derivados de las hipotéticas indemnizaciones multimillonarias a las que los ayuntamientos se enfrentan si deciden abortar las concesiones contratadas antes de que caduquen son otros de los obstáculos a los que se enfrentan los equipos municipales que opten por las remunicipalizaciones.

Tornos explica que aunque el Estatuto de los Trabajadores permite la subrogación de los contratos cuando existe sucesión de empresas, hay que tener en cuenta que el acceso a la función pública requiere que los aspirantes demuestren méritos y capacidad, así que estos empleados pasarían en principio a ocupar puestos indefinidos no fijos pero podrían quedar al albur de superar después el concurso u oposición. Todo eso teniendo en cuenta, además, que hay que cubrir una partida presupuestaria para pagar sus salarios y que desde 2014 está establecida por ley la congelación de plantillas en determinados sectores de la función pública. 

Por ejemplo, según explican desde el equipo de comunicación del Ayuntamiento de Madrid, el equipo de Manuela Carmena decidió renunciar a la municipalización del servicio de recogida de basura –propuesta incluida en su programa electoral– "por la dificultad e incertidumbre de crear una empresa de estas dimensiones" y por cuestiones relacionadas con el contrato del personal que está en plantilla en las empresas concesionarias. Los mismos motivos frustraron una operación similar con el 010 madrileño. 

La otra cuestión clave es la de las indemnizaciones que pueden reclamar los concesionarios, pues la cuantía de la misma puede ser el elemento determinante para llevar o no a cabo la municipalización de un servicio. De ahí que la opción más viable, según los expertos consultados, sea ir recuperando los servicios a medida que los contratos firmados anteriormente se van agotando.

En esta tesitura se encuentran muchos consistorios. El de Madrid, por ejemplo, ha creado un "órgano de deliberación y diagnóstico" integrado por grupos municipales, las empresas concesionarias y asociaciones vecinales para analizar el actual contrato integral de limpieza firmado en 2013, que supuso una reducción del 26% en el presupuesto y un recorte de 2.000 trabajadores en la plantilla, según datos facilitados por el Ayuntamiento.

Y es que aunque el Consistorio ha comprobado que el servicio prestado no cumple las condiciones mínimas aceptables, como los contratos integrales firmados por Ana Botella (PP) preveían un tiempo de duración de ocho años (hasta 2021), el equipo actual no puede rescindirlos sin exponerse a las reclamaciones de indemnización de las empresas adjudicatarias. El objetivo es que en este "órgano de deliberación y diagnóstico" –reclamado también por la oposición– se estudien posibles soluciones. 

La Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios S.A, de capital cien por cien público, nace este 16 de septiembre con los 519 trabajadores procedentes de la actual sociedad mixta, que pasarán a ser empleados del Ayuntamiento al ser subrogados.

Será la primera remunicipalización firmada por Ahora MadridAhora Madrid después de que los estudios económicos hayan corroborado que la nueva sociedad cumplirá con el objetivo de estabilidad presupuestaria al generar beneficios todos los años. La memoria presentada incluye un proyecto de nuevos estatutos y un reglamento de prestación de servicios.

El Gobierno municipal detalló que el margen de caída de ingresos asumible por la empresa para no entrar en pérdidas sería de un 11% en 2017, un porcentaje que en ningún caso se alcanzaría, por lo que la rentabilidad está garantizada. La nueva sociedad no tendrá que recurrir a endeudamiento financiero.

La nueva sociedad concentrará la gestión de los catorce cementerios, dos tanatorios y otros tantos crematorios municipales. La subrogación de los 529 trabajadores se repartirá entre cementerios (144), servicios funerarios (115) y servicios de carácter transversal (270).

El plan de negocio presentado contempla un esfuerzo inversor adicional por parte de la nueva sociedad pública ante el "muy deficiente" estado de conservación en los cementerios. Un informe presentado en febrero reveló la necesidad de acometer obras de reparación por valor de casi 24 millones de euros ante la "dejación de responsabilidades" de los últimos años.

Desde el Gobierno municipal vienen remarcando que la remunicipalización de la sociedad mixta supone una ventaja económica ya que se dejará de pagar al socio privado el canon de gestión, fijado en un 20% de los beneficios antes de impuestos. Además la nueva sociedad disfrutará una bonificación del 99% en el impuesto sobre sociedades.

Privatizada por 100 pesetas

La empresa mixta se creó en 1966 por una duración de 50 años. Expiran el 15 de septiembre de 2016. En diciembre de 1992 el Ayuntamiento privatizó el 49% por 0,6 euros, (100 pesetas). El 51% de las acciones quedó en manos municipales y el otro 49% en las de Funespaña.

El socio privado ha recibido dividendos y el 20% del resultado de la explotación a lo largo de las últimas décadas. Hasta 2014 los importes percibidos han ascendido a 63,8 millones de euros cuando el privado invirtió únicamente 1,2 millones de euros.

La forma de extinción de la sociedad, determinada por el artículo 111 del RSCP (Reglamento Servicios Corporaciones Locales), dispone que "revertirán a la entidad local, sin indemnización, el activo y pasivo y, en condiciones normales de uso, todas las instalaciones, bienes y material del servicio".

El Ayuntamiento de Madrid exigió a la sociedad que realice las actuaciones necesarias para que los bienes afectos a la concesión del servicio de cementerios se encuentren en perfectas condiciones de uso en el momento de su reversión.

Un informe de la comisión técnica realizado a primeros de año revelaba un déficit de inversiones en las instalaciones de los cementerios, principalmente en de La Almudena, cuya estimación global cifraba en 23,8 millones de euros. El gasto que finalmente tendría que soportar la sociedad, tras contabilizar gastos generales, beneficio industrial, bajas de licitación y otros, se vería rebajada a 21,9 millones.

Este informe fue aceptado en el consejo de administración de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios celebrado en febrero y al que Funespaña interpuso una demanda. Sin perjuicio de que en el futuro deba prevalecer la situación jurídica que se derive de la sentencia, la Intervención municipal considera correcta la provisión dotada y señala que, al término de la concesión, el Ayuntamiento debe recibir las instalaciones en perfectas condiciones de uso.

La candidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, aseguró este miércoles que no sabía que su hermano era administrador de una licitadora del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid cuando ella era concejala de Cultura. "Yo no conocía que mi hermano era el administrador, conocía que trabajaba en Aúpa pero no que era administrador", manifestó durante su comparecencia en la comisión de investigación que se ha constituido en el seno del Ayuntamiento de Rivas para analizar la adjudicación de contratos por valor de 1,3 millones de euros a la cooperativa de la que su hermano, Héctor Sánchez, fue socio y administrador, siendo además el padre de ambos, Raúl Sánchez, concejal de Deportes.

La actual diputada de IU en la Asamblea de Madrid fue concejala de Cultura de Rivas entre 2007 y 2011 y miembro de la Junta de Gobierno que adjudicó uno de los contratos cuestionados a la cooperativa de su hermano en 2008.

Tania Sánchez insistió en que todo el procedimiento de contratación de la cooperativa Aúpa para el desarrollo de talleres musicales se llevó a cabo en la mesa de contratación, por lo que ella no es adjudicadora, según manifestó. Asimismo, recalcó que de 4.000 asuntos tratados por la Junta de Gobierno durante el periodo en que era concejal (2007-2011), sólo cinco fueron sometidos a votación y el resto fueron aprobados por unanimidad, tal y como dicen las actas a las que se refirió.

"Probablemente debí estar más atenta a los puntos que se trataban. Sí, debí estar más atenta y creo que bastante estoy pagando por no haberlo estado", subrayó la candidata de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

"Quizás por el simple hecho de que fuese trabajador tendría que haberlo comunicado", admitió Tania Sánchez, quien dijo que tampoco comunicó que su madre trabajaba para un banco donde el Ayuntamiento tiene cuentas y aseguró que de haber sabido que su hermano era administrador de una licitadora del Ayuntamiento habría consultado a los servicios jurídicos al respecto. "Quizás tenía que haber consultado a los servicios jurídicos o tomar alguna decisión que no tomé", agregó, ante las críticas por no haberse inhibido en la Junta de Gobierno en la que se aprobó la adjudicación.

"Tranquilidad" porque no tiene "nada que esconder"

No obstante, recalcó que en todos los ámbitos en que ha tenido "responsabilidad directa" de gestión nunca ha tenido relación con dicha cooperativa, al tiempo que señaló que no conoce las empresas que tienen relación con el Ayuntamiento no vinculadas a sus ámbitos de gestión.

A petición de los miembros de la comisión, Tania Sánchez explicó que en un primer momento dijo que no había acudido a la Junta de Gobierno que adjudicó el contrato a la cooperativa de su hermano en 2008 porque no recordaba haberlo hecho. En este sentido, indicó que en el periodo en que fue concejala se celebraron unas 50 juntas anuales y "uno puede errar y pensar que no estaba o que sí estaba", al tiempo que dijo que debería haber buscado la documentación antes de hablar sin haber revisado las actas y con la "absoluta tranquilidad" de que no tiene "nada que esconder".

A la pregunta de si considera ético que un familiar se beneficie de contratos públicos respondió que lo que no le parece ético es que se produzca "ningún trato de favor a nadie bajo ningún concepto", y aseguró que en este caso "eso no se ha producido". "Puesto que no ha habido trato de favor, tenemos que congratularnos de que en este Ayuntamiento los procedimientos sean unificados, transparentes y claros para el conjunto de los procesos que se siguen y con independencia de quien sea las concejalías que los impulsan y las empresas que se presentan", resaltó.

En este sentido, defendió que la obligación de las administraciones públicas es velar por que se cumplan los principios de la contratación pública de libre concurrencia y transparencia y que el resultado de esa contratación sea que se gaste el dinero adjudicado en el objeto del contrato, es decir, "que no hay desvío de dinero público".

La crisis económica ha puesto en cuestión la viabilidad de muchos municipios españoles. El mantra repetido por los que defienden que las 8.115 corporaciones locales que existen actualmente en el país son demasiadas –el último registro, de 2012, no incluye la fusión de Oza dos Ríos y Cesuras, en Galicia, que tuvo lugar en 2013– es que este abultado número tiene como consecuencia un despilfarro de recursos inasumible para un tiempo como el actual. 

El actual Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas parece ser uno de los abonados a esta teoría. En mayo del año pasado este departamento sacó a la luz unos cálculos propios que determinaban que 5.583 pueblos de menos de 5.000 habitantes y 344 de entre 5.000 y 20.000 eran ineficientes porque prestaban sus servicios a un coste superior del que podrían ofrecerlos, según una información recogida por Europa Press. Aunque en la presentación de esos datos no se dijo que el ahorro pudiera conseguirse por la vía de la fusión, sí se dio a entender que eran inviables económicamente. Y su titular, Cristóbal Montoro, sí ha dicho en más de una ocasión que la dispersión administrativa, en ocasiones, es "muy costosa". 

En la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que siempre se ha opuesto a la imposición de uniones de municipios, dicen no contar con estudios rigurosos sobre el impacto que pueda tener en el ahorro en la prestación de servicios municipales las hipotéticas fusiones a las que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, volvió a aludir el pasado lunes ante la plana mayor de su partido, según contó después la secretaria general del PP en rueda de prensa. Y aseguran que cerrar pueblos atendiendo al tamaño no está en la agenda de negociación de la FEMP con el Ejecutivo. 

Este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los periodistas preguntaron a Soraya Sáenz de Santamaría sobre este asunto y ella esquivó la cuestión. Rajoy, por su parte, desde ese Comité Ejecutivo Nacional del PP en el que, según Cospedal, se habló del tema, no ha vuelto a decir una sola palabra. Ha optado por centrarse en el tema de la reducción de aforados y en la elección directa de alcaldes. Por el momento, el Ejecutivo no ha dado más datos sobre el nivel mínimo de población que considera óptimo para que dos o más municipios se fusionen ni sobre cuántas poblaciones se verían afectadas por este plan. La realidad es que el 95% del total municipios que hay en España (7.717) cuentan con menos de 20.000 habitantes. Los que tienen menos de 5.000 habitantes son 6.803.

Sin embargo, no es la primera vez que actual Ejecutivo abre este melón. El Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas 2012-2015 que el Ejecutivo remitió a Bruselas en abril de 2012 incluía este asunto en su capítulo de objetivos. De hecho, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo en ese momento que España tenía un número de ayuntamientos "muy superior a otros países europeos" y que, por tanto, habría que "introducir medidas de racionalización, eficiencia y reducción del gasto público". 

Finalmente, explican desde la secretaría de Estado de Administraciones Públicas, ese asuntó se canalizó, un año después y de forma descafeinada, a través de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida como la reforma local. Aunque en los primeros borradores –llegaron a elaborarse casi una treintena– sí se apostaba por forzar la unión de ayuntamientos, finalmente lo que incluye la norma que se aprobó en el Congreso en diciembre de 2013 son incentivos a la fusión voluntaria. Es decir, esta ley no impone que haya fusiones, si bien establece beneficios para los municipios que lo hagan. Entre ellos, incrementar su financiación, darles preferencia a la hora de asignarles planes de cooperación local o de subvenciones o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional. El requisito para que puedan hacerlo es que lo decida una mayoría simple del pleno municipal y no por mayoría absoluta, como establecía la ley anterior.

La fusión de municipios fue precisamente uno de los asuntos más polémicos de una norma que creó más de un quebradero de cabeza al ministro Montoro. Los alcaldes se pusieron en contra desde el principio y el concepto acabó incluso desapareciendo de algunos de los borradores de la reforma, si bien finalmente se incluyó en los términos comentados.

El argumentario oficial de la FEMP, que preside el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna (PP), es que una fusión de municipios sólo puede tener lugar siempre que sea a petición de estos y que se lleve a cabo "respetando la autonomía municipal". No obstante, fuentes de este organismo señalan que este asunto no está sobre la mesa en sus conversaciones con el Ejecutivo, aunque reconocen que sí lo estuvo durante los primeros meses de Gobierno cuando el posible rescate a España era un tema candente. De hecho, explican que es un "tema delicado" y que puede ser "una fuente de conflictos" y que por eso mismo se optó por no incluirlo como obligación en la reforma local. El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, intentó hacer algo similar en su comunidad y al final la propuesta también cayó en saco roto. 

Montse Muñoz

, secretaria del Área Institucional de IU, cree que el número de municipios no genera en sí mismo problemas económicos porque son precisamente los consistorios más pequeños los que tienen menos problemas financieros. "Lo que sí hay que fomentar son fórmulas de colaboración para garantizar una correcta prestación de servicios a todos los ciudadanos", señala. A su juicio, la fusión de municipios abriría una brecha de desigualdad entre los habitantes del entorno rural y los que viven en espacios urbanos y también restaría elementos de expresión democrática a la ciudadanía, pues son los pueblos más pequeños donde más participación en la gestión suele haber por parte de los vecinos. Abel Caballero (PSOE), alcalde de Vigo y vicepresidente de la FEMP, declinó opinar para este reportaje. 

Motivación económica

Aunque nadie se opone a la fusión voluntaria, sí hay expertos que consideran equivocada la motivación económica. Antonio Embid, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, cree que no tiene sentido sustentar un plan de este tipo en un pretendido ahorro que, a su juicio, "sería una gota de agua en el mar del déficit de las administraciones públicas, no de las entidades locales que, salvo algunas excepciones, tienen sus cuentas saneadas". De hecho, según datos de la Comisión Europea, las administraciones locales cumplieron sobradamente su objetivo de equilibrio presupuestario en 2013, registrando un superávit equivalente al 0,4 % del PIB.

Embid recuerda que la mayoría de alcaldes y concejales de los pueblos pequeños no reciben remuneración alguna en función de su cargo y que sólo cobran determinadas dietas para desplazamiento u otro tipo de gastos derivados de sus funciones. Embid cree que ese "pequeño ahorro" que podría lograrse sería consecuencia de lograr economías de escala que sí son más eficientes. "Es cierto que es más barato recoger la basura de mil habitantes que de cien", asevera, si bien concluye que ese tipo de servicios se pueden abordar de forma conjunta a través de otras fórmulas de colaboración como las mancomunidades, que ya utilizan muchos municipios para la gestión del agua, las basuras, los bomberos... E incluso otro tipo de fórmulas como los consorcios para la prestación de servicios o las comarcas que, por ejemplo, existen en Aragón. 

Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid, cree, no obstante, que sí es imperioso debatir sobre el reparto competencial. Sin embargo, no es tan partidario de asentar el sistema de las mancomunidades, especialmente para municipios que superan los 5.000 habitantes. "La reforma local las considera instituciones intermedias basadas en la voluntad de los regidores del municipio. Eso puede generar problemas de transparencia de cara a los ciudadanos u otro tipo de conflictos especialmente dentro de un momento de crisis. Por ejemplo, si uno de los municipios está pasando por una situación económica peor y deja de aportar lo que debe a la mancomunidad, ¿sus habitantes se quedan sin la prestación de esos servicios o son los otros pueblos los que tienen que compensar la cantidad que no se ha aportado?", se pregunta. 

Parejo considera que una de las soluciones puede pasar por gestionar los servicios a escala provincial. Aunque para eso habría que regular el papel de las diputaciones –"consideradas entidades de segundo grado y no acostumbradas a las prestación de servicios directos", explica–, algo que no incluye la recién estrenada reforma local. 

La realidad es que no se conocen estudios económicos rigurosos que ayuden a decantarse por la supresión de entidades locales. Y el anuncio de esta semana, a juicio de los expertos, aparece más ligado a una situación de crisis o de oportunidad política que a otro tipo de cuestiones de carácter operativo. "Cualquier tipo de reforma del régimen local, pensable y, por tanto, perdurable, parece incompatible con los márgenes temporales de una situación de crisis y es también relativamente presumible que sus efectos económicos, sobre todo, pero también de otra índole, se percibirían ya fuera de la misma", señala Embid. En este sentido, celebra que la reforma local vaya a hacer más transparentes los costes de suministro de los servicios públicos locales, pues la norma obliga a los ayuntamientos españoles a publicar lo que les cuesta cada servicio. A partir de entonces se podrán establecer comparaciones por la mayor o menor eficiencia de los gobiernos municipales.

La fusión de municipios no es algo que resulte ajeno a la realidad de otras naciones europeas. Si bien, señala Embid, hay que tener en cuenta las particularidades de cada país y la forma en que se define su territorio. El último país que ha llevado a cabo un proceso de fusión ha sido Grecia. En situación de bancarrota y alentado por la feroz crisis económica y la supuesta voluntad de ahorrar dinero público, el país heleno acabó con 679 municipios. El ahorro que pretendía lograrse a través de la colaboración en la prestación de servicios se calculó en torno a los 1.185 millones de euros. Suecia, Holanda, Dinamarca o Bélgica también llevaron a cabo grandes procesos de fusión, aunque lo hicieron a mediados del siglo pasado. Según Parejo, en Inglaterra también se eliminaron más del 70% de los municipios y, en Alemania, casi la mitad. 

La realidad es que el debate está ahí. Y por eso conviene determinar quién sería el encargado de establecer ese nuevo mapa. Los procedimientos de fusión, coinciden Embid y Parejo, corresponden a las comunidades autónomas. Aunque, claro está, el Estado puede regular este asunto a través de una ley básica que correspondería después a las autonomías desarrollar en el ámbito de sus competencias. Parejo señala, sin embargo, que una norma de este calado podría plantear algún conflicto en términos de inconstitucionalidad "no por el hecho de que se lleve a cabo la fusión, sino por quién la lleva a la cabo", porque la Carta Magna también reconoce ciertos espacios de autonomía a las entidades locales. En todo caso, Embid considera que, de abordarse este asunto, sólo tendría justificación si estuviera respaldado por un gran pacto nacional. 

Pero además del terreno legislativo, los expertos coinciden en que este tema puede hacer florecer tensiones históricas y culturales en un país con gran tradición localista. Y es que, como sentencia con ironía Embid, "en España la gente es muy de su pueblo". 

Los impuestos, necesarios para asegurar el funcionamiento de los servicios básicos, tienen que ser justos y proporcionales. En el caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que liquidan y recaudan los ayuntamientos, la justicia y proporcionalidad están en cuestión. La Asociación de Asesores y Gestores Tributarios (Asefiget) ha denunciado que los municipios utilizan parámetros incorrectosAsociación de Asesores y Gestores Tributarios al aplicar el impuesto con el fin de recaudar más, sobre todo al gravar las plusvalías generadas en la transmisión de terrenos.

La acusación es fuerte. El IBI ha registrado importantes subidas en los útlimos años, coincidiendo con la crisis, el estancamiento de la actividad económica y el hundimiento del sector inmobiliario. Según denuncia la asociación de asesores, los municipios van aumentando año tras año el valor de los terrenos sobre los que se asientan las construcciones o las viviendas. El resultado: el pedazo de terreno que le corresponde según catastro al propietario de un inmueble acaba por tener un valor "de oro", superior a la construcción que soporta.

Como un chalé, pero en altura

El presidente de Asefiget, Adolfo Jiménez, explica que esa circunstancia "tiene sentido para un chalé, por ejemplo, pero no para un edificio de cinco alturas, donde vale teóricamente más el terreno que le corresponde teóricamente a la construcción que la construcción en sí".

Para Jiménez, esa revalorización (Procedimientos de Valoración Colectiva de Carácter General) tiene impacto en el Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (impuesto de plusvalías), que aplican los municipios en caso de transmisión, donación, venta o herencia de terrenos.

Los asesores fiscales sostienen que ese impuesto, en lugar de contemplar la diferencia entre el valor al que se compró la propiedad y el valor actual, proyecta el valor a futuro "hasta el límite de los 20 años", explica Jiménez. "El cálculo tendría que ser al revés del que se aplica ahora mismo, que es de dudosa constitucionalidad".

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aseguró a infoLIbre que no tiene opinión fijada sobre las acusaciones de los asesores fiscales.

Sentencia

Una sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca, (S 21-9-2010, nº 366/2010, rec. 37/2010), ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la Mancha da la razón a un contribuyente en la línea que defiende Asefiget. El juez, Juan Alberto Prieto, al examinar la reclamación del contribuyente (sobre impuestos pagados en 2005), le da la razón.

"De aplicar la fórmula del Ayuntamiento, lo que se estaría calculando" señala la sentencia "sería el incremento de valor del suelo en años sucesivos y no en años pasados, al aplicar el incremento sobre el valor final, el de devengo, y desde esta perspectiva, por tanto, aplicando dicha fórmula, a su resultado habrá que estar declarando nula la liquidación complementaria practicada y, por tanto, la resolución impugnada".

Asigef asegura que la sentencia pone en cuestión impuestos cobrados por los ayuntamientos en los últimos cuatro años por hasta 13.000 millones de euros, un tercio aproximadamente de la deuda acumulada por los ayuntamientos a finales de 2012 (35.290 millones de euros).

La denuncia de los asesores fiscales se produce en plena campaña de cobro del IBI, un impuesto que el Gobierno del PP autorizó a subir teóricamente para dos años (2012 y 2013), pero que se mantendrá en 2014). La subida autorizada fue de hasta el 10%, dependiendo del tipo de vivienda.

La base también aumenta

Además, a la subida del impuesto aprobado por el Ejecutivo se sumó el aumento de la base sobre la que se aplica el impuesto al actualizarse los valores catastrales. En el caso de Madrid, se ha anunciado un incremento de la tarifa en un 6,5% para 2014; más un 5,8% por el incremento de la base catastral tras la revisión realizada en 2011, más un 4% por el incremento estatal.

En 2012, de acuerdo con los datos de Hacienda, se emitieron 36,4 millones de recibos por IBI de propiedades urbanasdatos de Hacienda, y 6,9 millones por propiedades rústicas. La recaudación fue de 11.200 y 274 millone srespectivamente.