España es hoy un nodo central del narcotráfico global: punto de entrada y distribución de droga hacia el resto de Europa, refugio de capos internacionales y paraíso del blanqueo. Lo sabemos, en parte, gracias al trabajo de Víctor Méndez Sanguos, fundador y director de Narcodiario —socio editorial de infoLibre— y uno de los periodistas españoles que participó, junto a infoLibre, en NarcoFiles, la investigación internacional liderada por la red OCCRP que trazó una panorámica inédita del nuevo orden criminal global.  

En su libro Paraíso (Plaza & Janés, 2026), Méndez profundiza en este retrato del papel de España como punto en el que confluyen todas las grandes organizaciones del narcotráfico mundial. Con infoLibre, reflexiona sobre lo que el Estado podría hacer y no hace: jueces sin especializar, medios sin desplegar, blanqueo sin perseguir... Y sobre el porqué.

Su libro sitúa a España, y en particular a Marbella, como un nodo central del narcotráfico global. ¿Es así?

Marbella tiene el nombre, la fama, y es verdad: yo estuve allí reunido con mafias internacionales muy peligrosas, de las que dominan el narcotráfico. Pero no es solo Marbella: es toda la Costa del Sol, Girona, Alicante, Canarias, Baleares... Marbella tiene el nombre, pero hay muchos más sitios en toda España.

Desde mediados de la década pasada, los líderes de las grandes organizaciones también operan mucho desde Emiratos Árabes. Vieron que era un gran lugar para blanquear dinero, sobre todo en el sector inmobiliario, y allí se sienten seguros, porque hay muchas dificultades para extraditarlos. Como dice Gustavo Petro [presidente de Colombia], que tiene muy buena información sobre el tema, Colombia, Dubai y España forman los tres puntos fundamentales del negocio de la cocaína.

¿Cuáles son las consecuencias de esta presencia del narco global para la seguridad pública en España? ¿Podemos ver escenarios como el de Suecia o Países Bajos, donde ha aumentado la violencia del crimen organizado?

En cuanto a eso yo soy relativamente optimista, porque lo que vemos es que la violencia, por ahora, es un 99% entre ellos, dentro del crimen organizado. Por eso no hay concienciación del problema en España: cuando se matan entre ellos parece que no pasa nada. Y sin embargo hay muertes relacionadas con el narcotráfico prácticamente todas las semanas. 

Las grandes organizaciones no atacan a la sociedad porque llevan treinta años aquí y saben que el perfil bajo les funciona. Lo que han hecho en Holanda aquí no lo veo, de momento, aunque es cierto que las organizaciones que lo hacen allí también operan aquí. Además, cada vez hay más mafias de más distinto tipo asentadas en España. Aparecen grupos más jóvenes y más violentos, y que quizá no tienen esos códigos no escritos de proteger el negocio manteniéndose en la sombra.

En el libro usted cita dos nombres relativamente nuevos, el Cártel de los Balcanes y la ‘Mocro Mafia’, como dos de las organizaciones más potentes hoy. ¿A qué se debe este auge?

Primero hay que aclarar que son nombres periodísticos, como el propio término 'Mocro Mafia': no hay una organización única con ese nombre, sino un montón de grupos, procedentes de Marruecos y asentados en Holanda, que a veces trabajan juntos y a veces se matan entre ellos. El Cártel de los Balcanes son organizaciones procedentes de distintas regiones —Albania, Serbia, Montenegro, Croacia— que se iniciaron con formación militar en los años noventa, tras la guerra. Emigraron, algunos hacia Europa occidental, muchos hacia Sudamérica, y empezaron estableciendo negocios turbios: robos, prostitución... Después vieron que el narcotráfico era mucho más lucrativo y menos arriesgado.

Fueron muy listos. Se instalaron en Colombia y Ecuador, pero le dijeron a los mexicanos: yo trabajo aquí, pero no para Estados Unidos, sino para Europa. Por eso no hubo violencia entre ellos: el territorio quedó repartido. Lo que va para Estados Unidos es cosa de los mexicanos; lo que va para Europa, de ellos. A partir de ahí se infiltraron en la sociedad, en distintos países, incluso establecieron relaciones con personas del Gobierno y la justicia en Ecuador, por ejemplo.

¿Qué rol juega en España el Cártel de los Balcanes? 

Además de manejar plantaciones de marihuana, su papel fundamental está en la recepción de los envíos: son especialistas en entrar en los puertos, recoger los alijos —cada vez menos en grandes contenedores, sino, últimamente, muchos envíos más pequeños con GPS incorporado— y hacer el primer guardado. Tienen células itinerantes que van de puerto en puerto.

El libro describe una desigualdad de medios muy notable entre las fuerzas de seguridad y los narcos. ¿Cómo se trabaja con esa realidad?

Hay dos patas de esa desigualdad. Por un lado, los medios para interceptar alijos: pasa varias veces al año que la policía y la Guardia Civil saben que viene un barco, lo tienen controlado, pero no pueden salir porque no hay embarcaciones operativas.

La Armada tiene los barcos y los aviones —incluso para detectar narcosubmarinos— y no se utilizan. Francia los usa, Portugal los usa, Estados Unidos los usa. No es cuestión de ponerse a matar gente, como Trump, pero tenemos los medios y no los utilizamos. Es una decisión política.

Pero el factor más importante es que no se persigue el dinero. Las directrices son incautar droga, y eso está bien y es importante. Pero no se destinan medios a la lucha contra el blanqueo, contra los beneficios del narcotráfico. Y hay que entender algo: a los narcos les da exactamente igual que la droga sea ilegal o que mate. Lo hacen para ganar dinero. Si no persigues el dinero, no consigues nada, por muchos alijos que intervengas. En Galicia hay un montón de mansiones que se sabe que proceden del narcotráfico y no se atacan. Hay una legislación que invierte la carga de la prueba —la persona tiene que justificar de dónde viene un bien— y no se aplica. El resultado es que algunos narcos pasan una temporada en prisión, pero cuando salen conservan todo su patrimonio. Les vale la pena y seguirán traficando.

¿Está el sistema judicial español preparado para combatir el crimen organizado?

No. Primero, el colapso general retrasa todas las causas, no solo las de narcotráfico. Cuando llega el juicio, diez años después de la operación, el narco se queda con una pena muy reducida por dilaciones indebidas. Los abogados se encargan de que eso pase, con recursos y contrarre­cursos. Pero el problema de fondo es que en España no existen jueces especializados, cuando somos el país de Europa con más presencia del crimen organizado. Al mismo juez que le llega una pelea o un caso de alcohol al volante le cae de repente un caso de la ‘Mocro Mafia’ con ramificaciones en tres continentes. Es imposible que lo pueda asumir.

La solución es sencilla: siete u ocho juzgados específicos en puntos estratégicos del territorio, tanto para la instrucción como para la fase de juicio oral. Habría que pagarlo, claro. Pero los narcos vienen a España precisamente porque saben todo esto. En Francia, si te pillan, en dos o tres semanas hay sentencia y vas directo a la cárcel. Aquí te ponen en libertad y ya veremos. Por eso las narcolanchas no desembarcan en Francia, y tienen las mismas playas que nosotros. 

Hablemos de la infiltración en las fuerzas de seguridad. El caso del inspector jefe de la UDEF, Víctor Sanchez Gil, ¿es anecdótico o hay un patrón?

Después de 2020, con la desencriptación de Sky ECC [una plataforma de mensajería encriptada muy usada por el crimen organizado] a los policías buenos, que son la mayoría, se les abrieron los ojos: la infiltración dentro de las fuerzas de seguridad españolas es grande, mucho más de lo que la propia Policía pensaba. El puerto de Valencia es el ejemplo más claro: el jefe de la Guardia Civil del puerto estaba metido en el ajo. También hay estibadores, jefes de aduanas, gente de todos los cuerpos…

La mayoría de la Policía trabaja muy bien y no es corrupta. Pero hay un problema estructural: igual que los narcos tienen abogados muy buenos, los policías o guardias civiles corruptos también los tienen. Ya hemos visto absoluciones de agentes que evidentemente trabajaron con los narcos. Si quieres tener un contacto con acceso al sistema GATI [Grupo de Análisis y Tratamiento de Información, una base de datos policial unificada] necesitas un inspector jefe como mínimo. Hay que poner mucho dinero encima de la mesa, pero a estas organizaciones no les supone un problema hacerlo. Y hay gente que lo coge.

En España hay más crimen organizado que en países que, como dice, sí tienen jueces especializados, despliegan medios militares, persiguen el blanqueo… ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos?

Voluntad política. Pero no se lo achaco solo a los políticos: se lo achaco a la sociedad. Los políticos son un reflejo de lo que pide la sociedad. Hace treinta años la droga aparecía en el CIS en el número dos de preocupaciones, junto al terrorismo de ETA. Ahora no aparece ni entre las treinta primeras. La sociedad no tiene esa preocupación, la droga se ve como algo de ocio. Y si no te revierte en votos, no lo tocas.

¿Cómo se rompe ese círculo?

Es un problema de todos los ministerios, no solo de Interior o Justicia. También de Educación y de Cultura: hay que conseguir que esto deje de estar bien visto. En el sur de España tienes a tu primo que vuelve forrado con la mejor moto y el mejor coche, mientras tú trabajas por mil euros en la fábrica de turno, y la música que escuchas encumbra ese modelo. Si la sociedad lo ve normal, el político también lo ve normal. Y si el político lo ve normal, no se hacen las cosas para frenarlo: ni la represión con medios, ni la justicia con recursos. Y seguimos igual.

Durante décadas, el foco informativo permanente de los casos más trascendentes y algunos jueces de gran popularidad la convirtieron en la imagen que los ciudadanos tenían de la Justicia. Por sus juzgados centrales de instrucción –y después por sus banquillos de cristal blindado– pasaron los terroristas más sanguinarios y peligrosos. Los de ETA y los islamistas. Desde sus despachos se puso a la Justicia española en el mundo a través de causas internacionales como las de Pinochet, el torturador argentino Scilingo, el asesinato de José Couso, los crímenes de Israel en Gaza anteriores a la actual invasión, Guantánamo o Ruanda. Con la desaparición de ETA, el repliegue del yihadismo y los sucesivos recortes a la jurisdicción universal, la Audiencia Nacional se ha convertido en el escenario de las grandes macrocausas por corrupción como Gürtel, Púnica, Pujol o Lezo.

A falta de un año para su 50 aniversario, el tribunal del terrorismo aspira a transformarse en el del crimen organizado más sofisticado.

El nuevo presidente, Juan Manuel Fernández Martínez, planteó el debate el pasado noviembre con una carta abierta enviada a todos los jueces centrales y secciones de lo Penal –también de lo Contencioso-Administrativo, Social, Menores y Vigilancia Penitenciaria– para abrir una reflexión que adapte las competencias del tribunal a la criminalidad más compleja y sofisticada. La idea es plantear una reforma legal que pueda ser trasladada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de ahí al Gobierno y al Parlamento. La propuesta del presidente considera que el actual marco competencial de la Audiencia ha quedado obsoleto. Fernández considera que, pese a la transformación de la criminalidad en los últimos años, el órgano sigue siendo necesario, aunque necesita una mayor especialización. La Audiencia Nacional aspira ahora a convertirse en el órgano de la criminalidad organizada en todas sus vertientes.

Para ello, según el documento enviado por Fernández a toda la plantilla, es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que le atribuya expresamente esa materia que requiere una respuesta judicial especializada y coordinada. La delincuencia organizada que se atribuya a la Audiencia Nacional con esas nuevas competencias –entre las que se propone que siga estando el terrorismo– tendrá que cumplir tres requisitos. En primer lugar, que la organización criminal de que se trate tenga "una estructura organizada y jerarquizada". También que su ámbito de actuación sea transnacional o, en caso de que se implante en territorio español, "que afecte a un número significativo de personas que exceda de una comunidad autónoma". El último criterio por el que este tribunal entraría a investigar y enjuiciar a estas bandas sería la utilización por estas "de medios sofisticados o violentos para la comisión de delitos".

Esa atribución general de la criminalidad organizada debería, a su vez, especificarse en sus diferentes ramas. El narcotráfico, uno de los campos tradicionales de la Audiencia –con operaciones como Nécora o las actuales del exjefe de la UDEF al que encontraron 20 millones en su casa o las narcolanchas del Estrecho– es uno de ellos. El documento considera que los criterios de atribución de estos casos a la Audiencia han quedado anticuados y que esto "perjudica gravemente al éxito de las investigaciones en esta materia". La ley establece que la AN es competente siempre que el delito lo cometa una organización criminal y actúe en el territorio de varias provincias. Lo que se plantea es que se deje al margen ese criterio territorial y la Audiencia sea competente solo en los casos más graves. Uno de los criterios para determinar esa gravedad podría ser la corrupción que en muchos casos lleva asociada, lo que sí justificaría que un órgano central como la AN, y no los de los distintos territorios, se encarguen de ellos.

Otra de las manifestaciones del crimen organizado que reclama la Audiencia Nacional es el blanqueo de capitales a través de organizaciones criminales transnacionales. Se trata de un tipo de delito que este órgano ya investiga, pero que no tiene atribuido expresamente. Su inclusión expresa en el catálogo de delitos del tribunal se justifica "por la necesidad de centralizar la investigación de delitos complejos que requieren una visión global y recursos especializados". "El blanqueo de capitales moderno implica técnicas sofisticadas como el uso de paraísos fiscales, empresas pantalla y criptomonedas", dice el documento enviado a los jueces. "La AN, con sus recursos especializados, puede abordar la complejidad de estas investigaciones", continúa. La razón es que el tribunal permite una mayor coordinación entre los cuerpos policiales, los jueces y los organismos internacionales. El objetivo final es proteger "la estabilidad financiera y la confianza en las instituciones" frente a un delito que socava el sistema financiero, distorsiona la economía y facilita la corrupción.

Transformar la Audiencia Nacional en el tribunal de la criminalidad organizada obliga, además, a incluir entre sus competencias otras materias. Como la trata de seres humanos, una actividad caracterizada por la transnacionalidad y que ejercen organizaciones de una extraordinaria complejidad que requieren una respuesta judicial especializada y centralizada. También las infracciones cada vez más frecuentes relacionadas con la ciberseguridad que puedan poner en peligro infraestructuras críticas como la red eléctrica, el transporte público o las instituciones financieras. "La AN, con su experiencia en la lucha contra el terrorismo y otros delitos complejos, es el órgano idóneo para abordar estos casos", afirma el documento del presidente. Otras dos categorías cuya inclusión se plantea son los delitos medioambientales que causen "un grave daño" y afecten a más de una comunidad autónoma o tengan dimensión transnacional. También los relativos al "tráfico ilícito de bienes culturales" o "que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia".

Estafas masivas como los casos Foro Filatélico y Afinsa, entre otros, han sido también materia tradicional de la Audiencia. El Supremo estableció que estos casos le correspondieran cuando la cantidad defraudada superara un millón de euros. La propuesta enviada a los jueces considera que ese límite está desfasado y que solo deberían corresponder a la AN las que "afecten gravemente a la economía nacional". El documento destaca el atasco que provocan las defraudaciones con criptomonedas con muchos afectados pero con deudas individuales muy pequeñas. Por eso propone que el límite se eleve a los 10 millones de euros con, al menos, 100 perjudicados. También propone que se le encomienden los delitos que afecten al orden constitucional y a la forma de gobierno, y no solo a altas instituciones del Estado.

Además de los jueces destinados en el Tribunal Central de Instancia (el que engloba los antiguos juzgados centrales de instrucción) y los magistrados de las distintas secciones y salas, en el debate abierto sobre el futuro de la Audiencia planteado por Juan Manuel Fernández también entran la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Antidroga y la Fiscalía Anticorrupción.

La Costa del Sol es la zona cero del crimen organizado en España y, por extensión, a nivel internacional. Allí se reúnen integrantes de las mafias delictivas más poderosas del mundo y desde allí controlan su negocio más lucrativo, el del tráfico de drogas, y no dudan en emplear la violencia extrema cuando se trata de protegerlo. Allí también hacen negocios legales para blanquear. La Policía Nacional, consciente de la magnitud del reto al que se enfrenta, tiene un amplísimo despliegue de medios en la provincia de Málaga. He aquí los últimos resultados.

En el último mes, agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Málaga han realizado diversas operaciones con un objetivo común: debilitar al crimen organizado que opera en la Costa del Sol. De este modo se han desarticulado siete organizaciones criminales y se ha llevado a cabo la detención de 55 personas. Los investigados, asentados a lo largo de toda la costa malagueña, eran muy violentos y con un alto grado de especialización. Los arrestos se corresponden con diversos operativos explotados en las últimas semanas, entre los que destaca la resolución de un secuestro en Marbella y dos tiroteos, sucedidos uno en Benalmádena y el otro en Málaga capital.

En los sucesivos registros realizados se han incautado 37 armas de fuego y munición, armamento que estaba a disposición para ser utilizado por los entramados criminales. Además, destaca la gran cantidad de droga incautada, 8.984 kilogramos entre hachís y cocaína, los más de 150.000 euros en efectivo decomisados y la intervención de 40 vehículos. Todo ello es fruto de la tarea de los investigadores de la Comisaría Provincial de Málaga, en coordinación con otras plantillas policiales.

Una de las acciones más relevantes fue la operación Lobezno, en la que se detuvo a diez ciudadanos de nacionalidad francesa cuyo centro de operaciones era la Costa del Sol, en relación con los presuntos delitos de secuestro y lesiones.

Gracias a la labor investigativa, la Policía ha podido atribuirles su participación, por encargo, en la detención ilegal de un ciudadano marroquí, asaltado en un aparcamiento de un restaurante en Marbella, en octubre de 2024. La víctima y un acompañante salían del local y, al dirigirse a su vehículo, fueron abordados por varios sujetos. Uno de ellos fue introducido a la fuerza en otro turismo y privado de libertad durante varios días. Finalmente, fue puesto en libertad en la localidad malagueña de Torre de Benagalbón.

En una segunda operación, dos ciudadanos franceses eran detenidos en Mijas Costa y Estepona, en relación con la tentativa de homicidio a dos ciudadanos suecos en el término municipal de Benalmádena, ocurrida el pasado mes de diciembre. Ocurrió cuando las víctimas tomaban un vehículo de transporte con conductor (VTC), y fueron interceptadas en la calle Poseidón por unos hombres a bordo de otro vehículo, provistos de un subfusil y una pistola.

Las víctimas, amenazadas en su país en relación con el crimen organizado, lograron salir del VTC y salvaron su vida al arrojarse por un talud de 30 metros, siendo finalmente rescatadas por los bomberos. Estos hechos dan cuenta de la peligrosidad de los detenidos y del alto grado de violencia que utilizaban. En el marco de esta investigación se intervinieron 21 armas de fuego que la organización tenía almacenadas en una vivienda de Estepona.

En la siguiente operación, bautizada como Barbas, fueron arrestadas otras cinco personas, también de nacionalidad francesa, y emitida una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) a otro ciudadano galo como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas, falsificación documental, sustracción de vehículo a motor, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

A raíz de la investigación en el marco de la operación Lobezno, las investigaciones desvelaron cómo dos miembros de la organización alquilaron una nave industrial en Antequera con identidades falsas. A finales de mayo se supo que usaban dicha nave para la carga de una furgoneta con hachís. Dicho vehículo tenía las placas dobladas y la carga quedó oculta en un camión-furgón de alquiler con placas de matrículas polacas que se dirigía a Madrid. Finalmente fue interceptado por una patrulla en Jaén. De la operación, además de las detenciones, destacan entre lo incautado 374 kilos de hachís.

Los distintos investigadores, a raíz de las pesquisas de las tres operaciones referidas, constataron que los investigados pertenecían a una misma organización y se dedicaban a llevar a cabo distintos delitos –secuestros, ajustes de cuentas y tráfico de drogas–. A medida que fueron desarrollando sus averiguaciones, los agentes se percataron de que algunos autores eran coincidentes en las distintas operaciones, las cuales confluyeron en un punto de la investigación, confirmándose la más que constatada versatilidad delictiva de la red. Destaca su elevada peligrosidad y forma de actuar altamente especializada y violenta.

En fechas recientes también se cerró la operación Bolero, una investigación que logró esclarecer la tentativa de homicidio sucedida el pasado mayo, a plena luz del día, en el parking de un supermercado sito en la calle San Salvador, en Málaga capital. Un hombre recibió dos disparos por parte de un grupo de cinco individuos que pretendían sustraerle una bolsa de gran tamaño que contenía fajos de billetes. Fueron arrestados dos de los investigados, uno de ellos –presunto autor material de los disparos– en Marbella y otro en Málaga capital, y se emitieron requisitorias internacionales de búsqueda y detención respecto al resto de los sospechosos.

Por otra parte, y tras un año de investigación, se cerró la operación Kuni, en la que los componentes de la Udyco-Costa del Sol han logrado la desarticulación de otra organización criminal de origen francés que se había asentado en Estepona. En el transcurso de las diligencias policiales se realizaron 11 registros en domicilios de Marbella, Estepona y El Saucejo (Sevilla). Los investigadores detuvieron a nueve individuos por delitos de depósito de armas, tráfico de drogas, robo de vehículos, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Entre los efectos intervenidos es reseñable la aprehensión de 14 armas de fuego, incluidos tres fusiles de asalto con su munición. También fueron incautados 600 kilos de hachís que la organización tenía almacenados en una vivienda particular en Estepona.

Para desplazar las armas de fuego y no levantar sospechas, lejos de un vehículo de alta gama o grandes dimensiones, usaban un pequeño automóvil utilitario con un doble fondo a modo de 'armero móvil', con el que pasaban desapercibidos y acudían a los lugares para llevar a cabo los vuelcos a narcotraficantes. Tras revisar su interior, se halló un compartimento oculto y mecanizado que contenía un fusil de asalto, cuatro pistolas y un revólver junto a abundante munición.

Además, realizaban dos operativas claramente diferenciadas para ejecutar los asaltos, de un lado usando matrículas falsas 'dobladas' en vehículos sustraídos y, por otro lado, automóviles titularizados de manera fraudulenta a nombre de terceros ajenos a la trama. Empleaban distintivos policiales para suplantar a los agentes.

Tras la labor investigativa, se extrajo que los detenidos acudían a realizar los vuelcos a localidades de la Costa del Sol, pero además a otras ciudades como Cádiz, Sevilla y Madrid. Su labor principal era el asalto violento y con armas de guerra a otras organizaciones criminales. Se han podido intervenir 14 armas de fuego –tres fusiles de asalto y 11 armas cortas–. Se han aprehendido, además, 2.515 kilogramos de hachís, 120.000 euros en efectivo y 27 vehículos. Tras este operativo, desarrollado en varias fases por su complejidad, los detenidos han ingresado en prisión provisional.

La operación Marisma partió de la colaboración de los mismos agentes adscritos a la Udyco-Costa del Sol junto con sus homólogos en Udyco-Barcelona, para lograr la incautación de 1.680 kilogramos de hachís y la detención de cinco personas, localizadas en esta ocasión en Cataluña. Con ello se consiguió la desarticulación de una organización criminal asentada en la provincia de Málaga, que operaba haciendo acopio de grandes cantidades de cannabis en el Campo de Gibraltar para luego trasladarlas a Barcelona.

En la Ciudad Condal contaban con la infraestructura para almacenar esas partidas de droga y ocultarlas entre mercancía legal. Para ello, habían habilitado una nave industrial dedicada al reciclaje textil donde la droga era almacenada antes de su transporte a terceros países de la Unión Europea.

La operación Tomato partió de diversas informaciones sobre la venta de cocaína en viviendas de la barriada malagueña de Bailén-Miraflores, que llevaron a los agentes a varias vigilancias en las que constataron el elevado tránsito de compradores y movimientos, y en los que el máximo investigado hacía entrega de bolsas o mochilas en las que se portaban hasta cinco kilogramos de cocaína. Se logró así la identificación de cada uno de los miembros de la red.

Posteriormente, centrados los agentes en conocer de dónde partía la droga, localizaron varias 'guarderías' –como se conoce en el argot los lugares de almacenamiento de los estupefacientes– en la capital. De este modo se descubrieron dos zulos bajo tierra en una propiedad en el barrio de Campanillas, en cuyo registro se incautaron de 170 kilos de cocaína, dos pistolas semiautomáticas y 129.515 euros.

Nueve personas resultaron detenidas, entre ellas el máximo responsable de la organización, cuyo arresto tuvo lugar en la localidad malagueña de Ronda. Para los detenidos fue decretada prisión provisional sin fianza.

La siguiente operación, llamada Mosk, sirvió para descubrir a una red criminal que empleaba vehículos de alta cilindrada para transportar droga. En ella se investigó la existencia de un grupo criminal, asentado en las localidades malagueñas de Alhaurín El Grande y Cártama, presuntamente dedicado al tráfico internacional de droga.

Tras las vigilancias policiales, se detectó un inmueble en este último municipio del que se extraían fardos de color azul para ser introducidos en un todoterreno que iniciaba la marcha auxiliado por una furgoneta y un turismo. Tras comprobar que las placas no correspondían con dicho vehículo, y en colaboración con Udyco-Granada, se logró interceptar a dichos vehículos con 600 kilogramos de hachís en su interior y se detuvo a los implicados. Se detuvo a tres personas, a dos de las cuales se les imputó un delito contra la seguridad vial al carecer de carné de conducir, y a todas ellas delitos de tráfico de drogas, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

A continuación se realizaron, como parte del operativo, dos entradas y registros domiciliarios en Alhaurín el Grande y Cártama, interviniéndose más de 2.500 kilogramos de hachís y cuatro vehículos. A uno de los detenidos le constaba una OEDE por las autoridades francesas por su implicación en un delito de homicidio y agresión con lesiones graves. La autoridad judicial decretó para todos ellos ingreso en prisión.

En la operación Chef, por otra parte, se investigaba a otro grupo criminal integrado por ciudadanos franceses y especializado en el tráfico de drogas por el método gofast, todo ello con vehículos robados. La operación ha sido desarrollada en dos fases.

En su operativa, esta organización había realizado al menos cinco transportes internacionales. Queda constatado mediante la labor investigativa el cambio de los modelos de los vehículos de carga y las placas de matrícula. Tras las pesquisas se comprobó la existencia de una nave industrial en la localidad de Mollina (Málaga) donde guardaban los coches con los que posteriormente transportaban la droga.

Ya a finales del mes de septiembre, los agentes presenciaron una importante carga de hachís en un paraje rural situado entre las Sierras de Grazalema y los Alcornocales, cuya intervención policial frustró el transporte internacional previsto al detener la carga en Cijuela (Granada). La furgoneta con 33 bultos quedó intervenida: contenía 1.045 kilos de hachís. Se realizaron cuatro registros y fueron detenidas cuatro personas por su implicación en los hechos en las localidades de Mollina, Mijas y Estepona. Se intervinieron seis vehículos.

Por último, a finales del mes de octubre, se llevó a cabo la segunda fase de explotación del operativo, con dos detenciones más y un registro en una finca en Churriana (Málaga), donde se guardaban los vehículos empleados por la organización. Se intervinieron otros seis vehículos.

Si hace unos años se publicase una noticia sobre abordajes de barcos portacontenedores en tránsito hacia el puerto de Málaga con la intención de robar cargamentos de cocaína, cualquiera habría pensado que era la trama de una película o que se estaría hablando de algo ocurrido en el golfo de Somalia. Pero como la realidad siempre supera a la ficción, en menos de tres meses un grupo especializado de narcotraficantes ha asaltado dos buques en altamar cuando se dirigían a la Costa del Sol haciendo la ruta Vigo-Málaga.

El primer objetivo del comando tuvo como misión robar un cargamento de al menos 1.300 kilos cocaína que fueron transportados por el portacontenedor con bandera portuguesa AS Carelia, y que había iniciado su travesía desde el puerto de Cartagena de Indias (Colombia).

La tripulación alertó la madrugada del 17 de julio de que unos polizones se habían introducido a 40 millas de la costa de Cádiz. Sin embargo, cuando la Guardia Civil apareció no había ni rastro de los asaltantes. El Carelia es un navío construido en 2006 por los astilleros surcoreanos Hyundai Mipo, y cuenta con 220 metros de eslora y un ancho de 30 metros.

Abarloarse mar adentro a su vera con otra embarcación y subir por sus escalerillas de estribor completamente a oscuras de madrugada no es una tarea fácil. Quienes abordaron el Carelia en búsqueda de droga sin duda eran expertos en la mar, y por algún motivo desconocido no encontraron la cocaína o simplemente dejaron parte del cargamento en el buque por cuestiones logísticas. No fue su único asalto conocido este verano.

A esa primera acción conocida se le unió un segundo asalto ocurrido también en la ruta del puerto de Vigo hacia el de Málaga; la víctima fue el portacontenedores con bandera liberiana Odysseus en la madrugada del 4 de septiembre. Su último puerto europeo antes de llegar a Europa fue también el de Cartagena de Indias. Curiosamente, mientras se escriben estas líneas, se dirige en este momento hacía allí, al igual que el AS Carelia, para comenzar una nueva travesía.

El mando del buque mercante notificó por radio a las autoridades portuguesas a las 00:00 (hora española) del 4 de septiembre la presencia de hombres armados en el mercante. Los portugueses eran los competentes porque se encontraba a unas 30 millas de las costas del Algarve. Pero la respuesta portuguesa no llegó hasta las 11:28, de la mañana, según los datos obtenidos por fuentes OSINT por parte del portal portugués Espada y Escudo.

La Marina portuguesa utilizó una lancha semirrígida y activó un helicóptero Super Lynx Mk 95 con miembros del grupo de operaciones especiales del ejército portugués. Cuando asaltaron el Odysseus, el comando se había marchado ya con la cocaína y sólo quedaba una tripulación asustada que fue liberada, porque habían sido retenidos dentro del buque por los narcotraficantes.

Después de tantas horas entre el aviso de emergencia del Odysseus y la actuación de la policía marítima portuguesa y su armada, el comando armado de narcos tuvo tiempo suficiente para marcharse sin ningún tipo de impedimento. Cuando la Marina portuguesa tomó el control del buque, fue llevado al puerto de Sines y allí se le realizó una revisión exhaustiva de la carga que certificó que no quedaba ya rastro de sustancias estupefacientes.

Ninguna de estas acciones son casuales. Hay varios factores en el puerto de Málaga que provocan ese interés del crimen organizado en el recinto. El primero y principal de ellos es el siguiente. Hace unos días la Fiscalía Antidroga de Málaga volvió alertar de una situación anómala en la última memoria de la Fiscalía General del Estado. Hizo una denuncia pública y es propia de un Estado en decadencia: el puerto de Málaga no cuenta en sus instalaciones con un escáner de seguridad para contenedores marítimos.

Y es aún más llamativo que no lo tenga después de una operación judicial que unió a la Policía Nacional, la Guardia Civil y al Servicio de Vigilancia Aduanera: se investiga por narcotráfico a gran escala a varios trabajadores de la empresa ADTRANS, que fue la que facilitó durante algo más de un año un escáner dentro del puerto de Málaga. Por esa investigación de principios de 2024 fue arrestado también el jefe de la Unidad de Análisis de Riesgos de Vigilancia Aduanera en el mismo puerto, una de las personas con mayor poder en un recinto aduanero.

Con un solo click de él, las mercancías podían traspasar las puertas del recinto portuario y tener libertad de movimiento en todo el territorio europeo.

Si al hecho de tener supuestamente en nómina al jefe de la Unidad de Análisis de Riesgos se le añade que el propietario y varios trabajadores de la empresa que controla el escáner de contenedores están involucrados en el narcotráfico del máximo nivel, se puede alertar de que una infraestructura crítica como es el puerto de Málaga podría estar en manos de cualquier tipo de mafia internacional. Sobre el papel podían introducir cualquier tipo de mercancía ilegal porque contaban con todos los medios para ello: el propio escáner de seguridad lo manejaba un trabajador de ADSTRANS.

Los alijos de cocaína han ido en aumento en el puerto de Málaga en estos últimos años cuando antes era raro que se utilizase para esa labor, porque las organizaciones criminales lo suplían con Algeciras, que se encuentra a una hora y media. Pero hay tanta producción de droga que el crimen organizado sigue innovando. Hay mafias internacionales que se está moviendo hacia el puerto de Málaga porque hay tendencias positivas en él que lo hacen más permeable a introducir cualquier sustancia ilegal.

En 2024, el tráfico de mercancías creció en el puerto de Málaga un 76%, lo que hace que cualquier tipo de grupo criminal tenga más oportunidades de establecer rutas hacia él sin que se levanten sospechas. Se han constatado en estos últimos años rutas de cocaína hacia Málaga desde los puertos de Guayaquil (Ecuador), Manzanillo (Colombia), Santos (Brasil), o Limón (Costa Rica).

Fuera del radar de los otros grandes puertos españoles como son el de Algeciras, Valencia y Barcelona, el crimen organizado siempre aprovecha sus bazas. Que no exista un escáner de seguridad de contenedores en un lugar así ofrece mucha tranquilidad a las grandes mafias internacionales. Nadie quiere perder su dinero, y menos un traficante de drogas.

Mientras, la presencia de piratas de la cocaína en la costa atlántica de la península ibérica sigue causando un gran revuelo en el seno de las fuerzas de seguridad. Se sospecha que proceden de Europa del Este y que tienen sus bases en Portugal, pero su itinerancia es absoluta. Aprovechan la lentitud de las fuerzas de seguridad para acometer los asaltos y, como ocurrió a principios de septiembre, huir sin dejar rastro.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Benahavís, en plena Costa del Sol, a un fugitivo buscado por las autoridades polacas, considerado por Europol como un Objetivo de Alto Valor (HVT, por sus siglas en inglés) por los supuestos delitos de homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El arrestado formaba parte de una gran red internacional desmantelada años atrás en España dedicada al envío de grandes cantidades de marihuana a Polonia desde la península ibérica en camiones de frutas y verduras, hechos de los que dio cuenta en 2023 Narcodiario.

Junto al fugitivo se ha arrestado a otro prófugo de la justicia polaca sobre el que también pesaba una orden de detención. Ambos arrestados, según las autoridades polacas, lideraban una organización criminal de carácter violento de Cracovia que se dedicaba al transporte de estupefacientes desde España hasta Polonia y que no dudaban en amenazar a agredir a agentes aduaneros y a cualquiera que se opusiera a su negocio.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando por parte de las autoridades polacas se compartió información en la que se alertaba sobre la posible presencia en España, una vez más, de la misma organización criminal de carácter violento dedicada al tráfico internacional de estupefacientes detectada años atrás. A su vez, las autoridades del país, informaban que la organización formaría parte de un grupo de hooligans, aficionados radicales vinculados a equipos de fútbol, que controlaba el tráfico de drogas en la ciudad de Cracovia.

Sobre la organización criminal se habían iniciado pesquisas en Polonia en el año 2016 y, en el año 2022 y 2023 se desarticularon dos redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, principalmente marihuana, que operaban entre España, Polonia y otros países europeos. Ambas organizaciones funcionaban bajo estructuras jerárquicas, coordinando la adquisición intracomunitaria de grandes cantidades de drogas, su transporte internacional y distribución en Polonia y otros territorios. Se documentaron compras y ventas de marihuana en cantidades superiores a 140 kilogramos y de cocaína en cantidades significativas, con valores en el mercado negro que superan varios millones de zlotys, la moneda del país destino de las drogas.

Los agentes polacos también detectaron que integrantes de estas redes participaron en múltiples actos ilícitos, incluyendo agresiones violentas a agentes de la Guardia de Fronteras y a particulares utilizando vehículos y objetos punzantes, siendo el líder principal y causante de graves lesiones a la autoridad el prófugo arrestado.

Las indagaciones de los agentes españoles permitieron identificar y localizar al fugitivo en el municipio malagueño de Benahavís, por lo que se estableció un operativo para su arresto que contó con la colaboración de una delegación de la policía de Cracovia y permitió la detención del prófugo, que se encontraba huido de la justicia polaca desde hacía más de dos años.

Tras el arresto se pudo localizar y detener al otro líder de la organización, en el municipio de Denia, sobre el que también recaía una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades polacas.

El hombre asesinado a tiros este martes a la entrada de un edificio en pleno centro de Barcelona ha sido identificado como Filip Knežević, presunto sicario del clan montenegrino Kavač y uno de los criminales balcánicos más buscados, según ha sabido de fuentes conocedoras de la investigación el consorcio de investigación OCCRP, del que es socio infoLibre.

Los Mossos d'Esquadra han confirmado oficialmente la identidad de la víctima este jueves y han dicho que se encontraron documentos de identidad falsos en su poder. La investigación sigue abierta.

Knežević, de 36 años, era buscado en Serbia por los asesinatos en 2020 de dos mafiosos rivales en la isla griega de Corfú. Fuentes familiarizadas con el caso han explicado a OCCRP que Knežević había estado recientemente en Ibiza y tenía previsto viajar a Roma. Aunque se alojaba en un apartamento no turístico de un edificio de Barcelona, creen que no era residente en España.

Le dispararon por la espalda en el interior de la entrada del número 200 de la calle Consell de Cent. El atacante disparó al menos 10 veces con un arma automática, alcanzando a Knežević en la cabeza y la espalda mientras que otras balas impactaron en las paredes interiores del edificio.

Las autoridades lo identificaron por sus huellas dactilares, ya que figuraba en una base de datos criminal serbia. Según un informe de la policía secreta serbia obtenido por el medio de investigación KRIK, Knežević formaba parte de un equipo de asalto del clan Kavač que fue enviado a Corfú para asesinar a Alan Kožar, líder del clan rival Škaljar. Al parecer, Knežević y otro sicario entraron ilegalmente en Grecia a través de Kosovo y Macedonia del Norte y siguieron la pista de Kožar durante varios días.

El 23 de julio de 2020, esperaron mar adentro en una embarcación hasta que Kožar regresó de la playa a su casa de alquiler. En ese momento, abrieron fuego, matando a Kožar y a su acompañante. Las comunicaciones interceptadas indican que Knežević cobró 200.000 euros por el asesinato.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas danesas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas danesas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

Carl Richard Christensen, empresario danés de la construcción y exconcejal socialdemócrata en la ciudad de Køge, al sur de Copenhague, se convirtió en un personaje público nacional cuando apareció en El cisne negro, un documental en cinco episodios de TV2, el segundo canal de la televisión pública danesa. Presidente del club de balonmano Sydhavsøerne –el balonmano es poco menos que el deporte nacional en el país nórdico, donde se inventó a finales del siglo XIX– y conocido como Køge-Calle, fue grabado con cámara oculta mientras admitía, ante una abogada que actuaba como topo, que se dedicaba al blanqueo de dinero. Sentada en su despacho, Amira Smajic, que trabajó durante 10 años para bandas criminales como los Ángeles del Infierno, recuerda que él la ayudó a blanquear al menos tres millones de coronas danesas procedentes de actividades delictivas. Incluso cuenta que le dio una caja de zapatos con 1.150.000 coronas danesas en dinero negro y, a cambio, recibió dinero limpio camuflado en un préstamo.

Carl Richard Christensen también lo tiene fresco en la memoria. “Bajamos al sótano aquí. De hecho, tengo tu caja de zapatos de aquella época”, le dice a Smajic. “Hicimos un trato para que cuando necesitaras una transferencia de un millón, por ejemplo, traerías 1.150.000, creo que era…”.

Después, cuando ella se queja de que tiene más dinero que no puede utilizar, porque es dinero negro, él se ofrece a ayudarla de nuevo: “Aún se puede repetir el modelo que hicimos. Si es así, dímelo”. A continuación le propone un acuerdo simulado para que ella le preste “asistencia jurídica” durante seis meses, que le facturará a cambio de dinero negro.

El escándalo en Dinamarca fue mayúsculo. No sólo por Christensen. Ante la cámara oculta de TV2, desfilaron abogados y empresarios detallando cómo defraudaban a Hacienda, colaboraban con bandas criminales, falsificaban informes, fabricaban facturas por servicios ficticios o blanqueaban dinero. Las grabaciones se realizaron durante 10 meses en 2022 y fueron emitidas en mayo y junio de 2024. Los despidos y dimisiones de los implicados fueron inmediatas, mientras la policía y los jueces abrían investigaciones.

Carl Richard Christensen dimitió enseguida de todos sus cargos, tanto en el club de balonmano como en las más de 70 empresas que dirigía o en cuyos órganos ejecutivos participaba. Pero fue sólo el primer capítulo de la estrepitosa caída del hasta entonces próspero –y bien conectado políticamente– empresario. El pasado octubre, fue acusado por un tribunal danés de blanquear millones de dólares para Frank Errington Olsen, un cabecilla de los los Ángeles del Infierno que había sido condenado un mes antes a seis años y siete meses de cárcel por tráfico de hachís. Y en noviembre se declaró en bancarrota.

Lo que hasta ahora no se había hecho público es que buena parte de sus labores de blanqueo se han llevado a cabo en la Costa del Sol. Lo acaba de revelar, de nuevo, TV2, que ha emitido grabaciones inéditas de las charlas con Amira Smajic donde menciona sus numerosas propiedades en España. “Lo he hecho varias veces”, responde a la abogada cuando hablan de sacar dinero de Dinamarca, “tengo algunas propiedades en España”. Y lo repite cuando ella le menciona el nombre de uno de sus colaboradores: “Él se ocupa de temas financieros, hace cosas con mis propiedades españolas”. Más adelante, Christensen explica a Smajic que el dinero que ésta le dio para blanquear lo utilizó “para muchas cosas diferentes. Construí en España”.

La confesión de Christensen es doblemente problemática para él. No sólo porque admite un delito penado con hasta ocho años de cárcel en su país, sino también porque durante la vista judicial por su bancarrota personal aseguró que no tiene propiedad alguna a su nombre desde 2008.

Sin embargo, las grabaciones de El cisne negro contradicen su supuesta insolvencia y han sido confirmadas por la investigación que han llevado a cabo TV2 e infoLibre. Según consta en los registros mercantil y de la propiedad españoles, Carl Richard Christensen administra o está vinculado con al menos una docena de propiedades en la Costa del Sol: ocho en Estepona (Málaga) y cuatro en Almuñécar (Granada). A petición de la televisión danesa, dos expertos locales las han valorado: suman 40 millones de coronas suecas, 5,36 millones de euros. El empresario y exconcejal adeuda un total de 250 millones de coronas suecas, unos 33,5 millones de euros, a Finansiel Stabilitet –el FROB danés– y a otro organismo público llamado Gaeldsstyrelsen –Agencia Danesa de Cobro de Deudas–.

Si Christensen ha ocultado estas propiedades, puede haber incurrido en lo que en España se conoce como alzamiento de bienes. En Dinamarca, Boris Frederiksen, el abogado que defiende los derechos del Estado en el proceso por la quiebra del empresario, revela a TV2 que está investigando estos nuevos datos “incluso con abogados españoles”, y estudiando si pide a Christensen que comparezca de nuevo ante el tribunal de quiebras. Frederiksen resalta que ha preguntado “repetidamente a Carl Richard Christensen si posee bienes en el extranjero, incluidas propiedades en España, y él siempre lo ha negado rotundamente”.

Sin embargo, los registros mercantil y de la propiedad españoles han permitido a TV2 y a infoLibre dibujar un mapa de las empresas e inmuebles relacionados con el también exconcejal. Al menos en una docena de empresas el danés o personas vinculadas a él han figurado o figuran como administrador o socio. Y ocho de ellas poseen inmuebles. De hecho, el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella embargó el pasado septiembre un apartamento en la urbanización La Alborada, en Benahavís (Málaga), para cumplir la orden de auxilio judicial europea emitida desde Dinamarca en el caso contra el ángel del infierno Frank Errington Olsen. El juez danés investiga si Christensen compró el apartamento con dinero obtenido por el motero gracias al tráfico de drogas. La adquisición se hizo a través de Almukoege SL, una sociedad de la que es administrador el empresario desde noviembre de 2022 y cuya propiedad y administración correspondió a su mujer, Hanne Romlund Taylor, hasta ese año.

La operación se firmó en diciembre de 2022. El inmueble tiene 88 metros cuadrados y dos terrazas que suman 30 metros cuadrados más, además de contar con gimnasio y piscina comunitarias. El juzgado lo valora en 360.000 euros. Para el tribunal danés, las comunicaciones de Whatsapp entre el ángel del infierno y Christensen constituyen suficiente prueba del blanqueo, por lo que también ordenó que se le embargaran casi cuatro millones de coronas danesas depositadas en cuentas bancarias pertenecientes a dos de sus empresas, CC Ejencomms Koege y Lasti ApS.

Casa Lasti SL es precisamente el nombre de otra de las sociedades de Carl Richard Christensen en España. Fue su único propietario hasta 2016. En 2020 pasó a ser su administrador y desde enero de este año figura sólo como su apoderado, según consta en el Registro Mercantil. El domicilio social de Casa Lasti SL es una vivienda llamada Casa El Morro, en Almuñécar, donde también figuran registradas otras sociedades relacionadas con Christensen: Casa Punta Prima SL, Casa Prima Gambo SL, Bocasatres SL, Casa Boca SL, Casa Sticalas SL, Viboquinta SL, Selected Homes Spain SL, Casa Bjerre SL, Casa Natal SL. Y la ya citada Almukoege SL.

Se trata de una propiedad de 219 metros cuadrados, aislada y ligeramente elevada en lo alto de una colina, desde donde se disfruta de unas vistas panorámicas del Mediterráneo más allá de una piscina de las denominadas “infinitas”. Dos agentes inmobiliarios locales tasan la propiedad en al menos 13 millones de euros.

Según la información del Registro, el dueño de la propiedad es Casa Punta Prima SL, en la que Christensen ha figurado como administrador hasta octubre del año pasado. Aunque su titularidad real no es pública, documentos a los que ha tenido acceso TV2 muestran que el empresario danés está autorizado a controlar esa sociedad. Hasta 2017, el propietario único de Casa Punta Prima SL fue Casa Lasti SL, que a su vez aparecía en el registro como dueña de la mayor parte de las empresas citadas más arriba.

Además, TV2 ha hablado con varias fuentes independientes que confirman que Carl Richard Christensen y su pareja utilizan la vivienda de forma privada, lo que también se desprende de las fotos que ésta ha publicado en su perfil de Facebook.

En las grabaciones ocultas, Christensen no sólo habla de sus propiedades en España, sino que también revela cómo ha actuado para ocultarlas. “No tengo nada. Sobre el papel no pone nada. Así que, en realidad, no soy interesante”, se confiesa a Smajic. “Me he adaptado a vivir con un perfil bajo... También conduzco una furgoneta, no quiero provocar con un coche grande”. Además, describe la estructura de sus empresas dentro y fuera de Dinamarca. “Tengo una estructura empresarial a nombre de uno de mis buenos amigos a través de Luxemburgo. Luego tengo otro amigo aquí en Dinamarca que tiene otra estructura empresarial. Yo sólo la alimento”, dice y explica que el dinero que gana con los proyectos lo coloca en las empresas de sus hijos.

Lo cierto es que, pese a su aparente discreción, Christensen no escatima en lujos. Además de sus inmuebles en la Costa del Sol, posee un apartamento dúplex en Villefranche-sur-Mer, una zona exclusiva entre Niza y Mónica, en plena Costa azul francesa. Según ha desvelado TV2 con la ayuda del periódico Le Monde, comparte la propiedad de la vivienda con un concejal conservador del Ayuntamiento de Køge, Jørgen Lynge Petersen.

Christensen y Petersen compraron dos apartamentos en 2003 y 2004, por los que pagaron en total 1,5 millones de coronas danesas –200.000 euros–. Después los unieron, por lo que ahora ambos disfrutan de una terraza extragrande con vistas al Mediterráneo, en una urbanización con piscina. En 22 años, su valor se ha más que duplicado. Según los cálculos del agente inmobiliario Bertrand Esclapez, alcanza los 470.000 euros.

Además, los daneses compraron en 2000 un tercer apartamento en el mismo complejo. Pagaron por él 86.000 euros y lo vendieron ocho años después por 140.000. Pero sus relaciones van más allá de la propiedad inmobiliaria: el concejal conservador trabajó como directivo y administrador de varias empresas del exconcejal socialdemócrata.

Quizá el deseo de Christensen por pasar inadvertido se deba a una circunstancia anterior: su aparición en los Papeles de Panamá, la filtración de documentos del despacho Mossack Fonseca en 2016. El danés figuraba como propietario de Queens & Partners Ltd, una sociedad registrada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los paraísos fiscales más opacos del mundo, y como beneficiario último de Fareham Real Estate SA, registrada en Panamá. Entonces negó, sin embargo, que el objetivo de ambas fuera ocultar dinero a la Hacienda danesa.

TV2 ha presentado los documentos registrales y las grabaciones ocultas al abogado Morten Bøgenskjold, del bufete Njord, que está personado en el proceso que investiga la quiebra de las empresas de Carl Richard Christensen. “Es súperinteresante., porque Carl Christensen dice que es propietario de algunas empresas, aunque a través de otras personas, cosa que no habíamos oído antes”, sostiene. “Hemos visto que hay algunas conexiones de los patrimonios de la quiebra de los que soy administrador, incluidas algunas propiedades españolas, tanto con Luxemburgo como con empresas danesas”, dice el abogado.

La mayoría de las millonarias propiedades españolas con las que está relacionado Christensen se encuentran en Estepona. Todas ellas están a nombre de empresas cuyo administrador es o ha sido Carl Richard Christensen y en las que antes aparecía como único propietario. Allí los vecinos le conocen bien.

Cuando los periodistas de TV2 visitaron la urbanización El Pirata, una mujer que paseaba a su perro les dijo que conocía muy bien a Christensen y que lo vio por última vez en una reunión de la comunidad de vecinos. Tras una breve charla, señala varias propiedades del empresario danés que coinciden con los datos del Registro.

Un sueco que se encontraba sentado en una terraza con vistas al Mediterráneo también respondió a TV2 que conocía el nombre de Carl Richard Christensen, mientras señalaba unas viviendas de la urbanización de las que supuestamente es el propietario.

El profesor Troels Michael Lilja, de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Dinamarca, cree que Christensen está utilizando testaferros: “Está traspasando sus propiedades a otra persona para no ser dueño de nada formalmente, pero en realidad mueve los hilos entre bastidores”.

El abogado Michael Bjørn Hansen, antiguo jefe de la Agencia Tributaria danesa, es de la misma opinión. Cree que Carl Richard Christensen oculta las propiedades españolas en complicadas estructuras societarias porque las propiedades valen muchos millones. “Cuanto mayor es su valor, mayor es el incentivo para crear las estructuras societarias más enrevesadas y opacas”, subraya Hansen.

Los dos mayores acreedores de Christensen, Finansiel Stabilitet y Gældsstyrelsen, apoyan que se investiguen los bienes de Carl Richard Christensen, tanto en Dinamarca como en otros países. “Si son de su propiedad y están a nombre de testaferros, habrá que intentar recuperarlos en beneficio de los acreedores”, zanja el abogado Boris Frederiksen.

TV2 ha intentado, en vano, ponerse en contacto con Carl Richard Christensen para preguntarle por las grabaciones ocultas y la información obtenida en los registros españoles. Él ha leído las preguntas que la televisión danesa le ha enviado, pero no ha sido posible obtener de él ningún comentario. Tampoco de su esposa e hijos.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir a trámite la demanda de 72 víctimas de un entramado internacional que ha estafado a decenas de miles de ciudadanos de todo el mundo prometiéndoles cuantiosos beneficios a unas supuestas inversiones en acciones, materias primas y criptomonedas que jamás se llevaron a cabo. Mauro Jordán de la Peña, que se ha especializado en este tipo de ciberfraudes –todos los estafados fueron atraídos gracias a anuncios publicados en internet– ha agrupado a los perjudicados, con el objetivo no sólo de llevar a juicio a quienes les han robado casi 10 millones de euros en apenas unos meses, sino también de intentar recuperar su dinero. Un total de 31 de los 72 demandantes aparecen en los registros de la investigación Scam Empire.

El abogado es consciente de la dificultad de estas investigaciones, que deben traspasar los cortafuegos de los testaferros y empresas ficticias para llegar hasta oscuros personajes situados en países tan lejanos como Georgia o Israel. Pero critica con igual dureza a la policía y los bancos como a los organismos públicos que deberían velar por el cumplimiento de la ley. “El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste”, se explaya. También se lanza contra la propia ley antiblanqueo que, a su juicio, ha creado un “limbo” para las criptomonedas donde se mueven con demasiada alegría los ciberestafadores internacionales.

¿Cómo llegaste a interesarte en este tipo de estafas?

Empecé hace siete u ocho años, prácticamente cuando empecé en la abogacía. Uno de mis primeros clientes fue un señor con una enfermedad muy avanzada, que había perdido ciento y pico mil euros con el que era en aquel momento el broker más famoso del mundo, IronFX, patrocinador del FC Barcelona. Era una estafa muy clara y el dueño estaba en Chipre. Fueron los pioneros.

Y, en el caso de la demanda que acaba de admitir a trámite la Audiencia Nacional, ¿cómo agrupó a estas 72 personas, cada una de ellas en una provincia de España y que probablemente ni siquiera sabían que otras personas como ellos habían sido estafadas por los mismos delincuentes?

Al llevar tantos años y tener el know-how, digamos, sabemos lo que hay que buscar y lo que es relevante para establecer relaciones. Muchas veces la policía investiga hilos que no tienen ningún sentido, como los números de teléfono, por ejemplo, o las criptomonedas. Nosotros tenemos una base de datos muy grande que nos permite establecer marcadores y podemos ver que una persona y otra y una tercera hacen una transferencia a la misma empresa fantasma de la República Checa, por ejemplo. O vemos que el nombre falso de un estafador es el mismo que en otra denuncia. El modus operandi [de los estafadores] es siempre el mismo. Las páginas web que utilizan tienen exactamente la misma maquetación, sólo cambia el nombre. Titularizan a la vez 40 plataformas diferentes. Y manejarse con 40 nombres falsos diferentes, para ellos también es una locura. Por eso muchas veces los nombres falsos también son los mismos. El primer pago siempre es con tarjeta, y las empresas que les hacen la publicidad o el SEO son también muchas veces las mismas.

Además, parece que las plataformas o los grupos criminales no desaparecen, sino que se regeneran y siguen operando.

Sí, las organizaciones criminales, al igual que las empresas tradicionales, tienden al monopolio, tienden a la concentración de capital y de actividades. El ejemplo más claro de otro submundo delictivo con el que se puede comparar es el tráfico de drogas. Es decir, da igual dónde compres la droga, en España, Francia, Bélgica, esa droga viene de Colombia, Ecuador o México, y de cuatro organizaciones fuertes. Dan igual los subgrupos, al final la raíz es el cártel de Cali, los Zetas… Pues con las ciberestafas pasa lo mismo. Fueron poco a poco y cada vez se juntan más: hay tres, cuatro, cinco organizaciones grandes que se dedican a esto y se van extendiendo, se van dividiendo, se vuelven a juntar… y ya las tenemos identificadas.

¿Puede poner nombres y localización a esas tres o cuatro grandes organizaciones?

No es tan sencillo como con el mundo del tráfico de drogas, que está más localizado geográficamente. Pero, policialmente y a nivel europeo, hay identificadas varias organizaciones, pero no tienen un nombre como el cártel de Medellín, claro. Esas organizaciones tiene presencia en varios países, Bulgaria, Albania, y vínculos con Israel, con Rusia.

Por su experiencia, ¿son rivales estos grupos? ¿O trabajan juntos, cooperan y comparten información, por ejemplo?

No, no son rivales. Tras años de actuación, la infraestructura detrás del crimen tienen muchos vínculos en común, como pasa con otros submundos. Al igual que los narcotraficantes gallegos trabajan y descargan cocaína para diferentes cárteles, aquí hay determinadas empresas que proporcionan a los estafadores la tecnología de la información que hay detrás, el CRM [Gestión de Relación con los Clientes, por sus siglas en inglés] o los círculos para el blanqueo de capitales, que son los mismos. Y al final, fruto de años de detenciones de la policía o de explotar la operación contra una parte, surgen envidias, rencores. Sí, los hay que han tenido problemas, pero no hay una guerra entre ellos, que yo sepa.

¿Y las diferentes subcontratas o divisiones de las grandes corporaciones criminales, las que suministran la tecnología o los afiliados de marketing, están identificadas?

Esta gente mueve muchísimo dinero, tanto dinero como los cárteles de la droga. Esas empresas que les proporcionan servicios, son de dos tipos. Unas son fugaces. Proporcionan marketing online, SEO, o son procesadores de servicios de pago, pero las utilizan poco porque tienen una vida útil corta: al final los pillan, se queman. Otras son empresas grandes, potentes, que están controladas por los que realmente cortan el bacalao y que llevan operando años. Éstas les proporcionan la infraestructura, el CRM, los programas informáticos, las herramientas para estafar.

Nos ha sorprendido descubrir que la trama utiliza en España, sin ningún problema, cuentas en el BBVA, el Santander o el Sabadell. Han constituido empresas que han abierto cuentas desde las que han hecho miles de transferencias.

El sistema bancario tiene mucha responsabilidad. Los controles que deben hacer contra el blanqueo de capitales, los procedimientos KYC [Conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés] funcionan para los ricos, para los millonarios y para que una empresa de construcción no reciba tres millones de euros de Arabia Saudí. Para eso sí salta la alarma.

Pero el sistema no funciona para estas estafas, porque la mayoría de las transacciones son transferencias desde España hacia países dentro de la Unión Europea y los bancos ganan mucho dinero con las comisiones que cobran. El BBVA es el banco que menos controles hace. Con todo, lo grave no es que permitan todas esas transferencias, lo grave es que los bancos, como pasaba antes de 2009 con la crisis de las hipotecas, aprueban ahora préstamos preconcedidos para todo el mundo. Y no hacen ningún test de solvencia.

No se trata sólo de que los bancos no apliquen controles al blanqueo de capitales, sino que, una vez que a la víctima le vacían toda la cuenta, el banco le concede un crédito de 50.000 euros que, automáticamente, los estafadores transfieren al extranjero. Los bancos tienen responsabilidad de muchos tipos, pero ir contra ellos es complicado, mientras que los organismos que controlan su actividad son completamente inoperantes. El Banco de España es una vergüenza, el Sepblac es totalmente inoperativo y la CNMV es un organismo de chiste en España.

¿Hay algún agujero o algún fallo en los procedimientos KYC y en los seguimientos posteriores de las cuentas a los que están obligados los bancos españoles que los diferencia del resto de los bancos de Europa? ¿Son menos diligentes de lo que deberían ser o de lo que son en otros países, les dan alguna ventaja que aprovechan los estafadores?

No lo creo. El banco que más utilizan es el Deutsche Bank. [Los estafadores] conocen muy bien el sistema financiero europeo, tanto la banca tradicional como los neobancos. De hecho, participan en neobancos y han creado procesadores de servicios de pago propios, también tienen exchanges de criptomonedas propios. Mueven tanto dinero que ponen tres testaferros, una garantía de tres millones y se abren un banco en Estonia o Lituania. Alguno de ellos ya los han cerrado las autoridades allí.

Pero no creo que haya nada especial en relación a eso. Esta gente fue parte de la caída de Wirecard, que era el tercer neobanco de Alemania. Y el Deutsche Bank… es una locura.

Antes ha mencionado los escasos controles que hace el BBVA…

El BBVA no aplica ningún control. Pero lo importante no son las cuentas de las víctimas, sino que permiten la apertura de cuentas de testaferros, de empresas fantasma, sin plantilla, creadas por ciudadanos extranjeros, sin actividad, sin página web, ni sede social, ni nada… Que facturan miles de euros de un día para otro y esas cantidades se van automáticamente a otras cuentas bancarias en el extranjero

¿Y eso no debería saltar la alarma en los bancos?

Sí.

¿Y salta?

No.

¿Por qué no? ¿Porque los testaferros que abren las cuentas son ciudadanos de la UE?

Porque los bancos no ponen de su parte. Porque ganan mucho dinero permitiéndolo. Los bancos saben contra quién juegan y conocen sus riesgos. Una cosa es la responsabilidad administrativa de los bancos por blanqueo de capitales, que el Sepblac [la unidad de inteligencia financiera y de lucha contra el blanqueo de capitales] les ponga una multa de 15 millones. Pero, por la falta de control en la cuenta de Pepa María en Murcia, la multa de 15 millones a Pepa María de Murcia no le da nada. Pepa María sigue perdiendo los 100.000 euros que se transfirieron desde su cuenta. Entonces, ¿quién se toma ese trabajo?

Y eso suponiendo que Pepa María sepa que el banco tiene alguna responsabilidad. ¿Va una ciudadana de Murcia, destrozada por ser una víctima, a poner, no ya digamos una denuncia en la policía, sino una reclamación al Sepblac, al Banco de España?

Por ejemplo, un control facilito: que, cuando una persona de más de 65 o 70 años haga una transacción de más de 10.000 euros al extranjero, esa transacción se paralice. Los bancos no lo hacen porque ganan mucho dinero con las comisiones. Y no sólo ganan mucho dinero con las comisiones. Los neobancos procesan para ellos

Como Revolut.

Bueno, Revolut, ahora ya no, los cortó, porque ya tiene suficiente cuota de mercado, ya no se arriesga más. Pero tengo decenas, cientos de transacciones a través de Revolut [en la demanda ante la Audiencia Nacional].

El objetivo es la lucha contra el blanqueo de dinero, no la lucha contra el fraude ni contra las estafas.

La lucha contra el blanqueo de capitales la marcan las directivas europeas y es obligada a esta exposición. Y son muy genéricas. Si usted es una institución financiera o un procesador de servicios de pago, tiene que saber hacia dónde va el dinero. Pero un exchange de criptomonedas [un servicio que conecta compradores y vendedores], que también es un sujeto obligados en materia de blanqueo de capitales, ¿cómo garantiza eso? Tengo decenas, cientos de comunicaciones de Binance, de Kraken, entre las principales casas de cambio de criptomonedas, diciendo: “No, no. Esto salió de mi exchange, se fue el dinero a otra criptocartera y no tengo ningún dato, no tengo ni idea”. ¿Cómo se compagina eso con las directivas contra el blanqueo de capitales? Me da igual que sean criptomonedas, tú tienes la obligación de saber adónde mandas el dinero.

Además, a mí la gente no me contrata para luchar contra los bancos, sino para que intente recuperar su dinero. Alguien tiene que hacer esa labor, que es muy complicada. Si quieres que sea efectiva, no se trata de decir a los bancos que tienes a María Pepa, a la que han estafado 100.000 euros. No, se trata de decirles que tienes a 300 clientes que han hecho decenas de transacciones que han sacado miles de euros al extranjero. Tengo 200 cuentas bancarias de testaferros y empresas a través de tu banco. Y ése es un trabajo que también deberían hacer los organismos públicos, la policía, pero son completamente inoperantes.

Parece que, por su nivel de complejidad, estas estafas son muy difíciles para la policía. Empiezan una investigación, pero cuando ven que el dinero sale del país, paran.

Lo que le preocupa a un comisario provincial es que la gente pueda salir a cenar sin que le roben, pueda ir tranquilo por la calle sin que tenga miedo. La seguridad ciudadana. Y, en términos de política criminal, los casos que preocupan a la policía, que son los mismos que preocupan al Gobierno, son los que causan alarma social y tienen mucha repercusión mediática, las agresiones sexuales, los delitos contra la integridad, la libertad… Y después, los casos de corrupción, prevaricación, malversación, la Gürtel, Aldama…

Pero este tipo de delincuencia no causa ninguna alarma social, porque la sociedad española para determinados aspectos tiene la empatía muy poco desarrollada: “Si les han estafado es porque querían ganar mucho dinero”. Tú sabrás dónde metes tu dinero. O porque eres tonto: ¿quién te va a dar duros a cuatro pesetas? Lo ves incluso entre los propios policías y los juzgados.

Hay ciertas cosas de la policía que tendrían que cambiar mucho. Por ejemplo, no tiene ningún sentido que estos delitos se investiguen de forma tradicional o en un ámbito geográfico, que es lo que hacen. Las unidades de ciberdelincuencia son bastante nuevas. Las unidades arroba de la Guardia Civil o los equipos Edite de derechos telemáticos. Pues, resulta que están por demarcaciones geográficas. Y eso no tiene ningún sentido.

Policías y jueces suelen decir que no saben contra quién actuar. ¿Pueden actuar contra las empresas fantasmas que la trama ha creado en España para empezar a tirar del hilo?

Claro que pueden: son empresas con sede social en España, constituidas ante notario, el nombre de los testaferros es conocido, también el número de las cuentas de los bancos, se sabe que el dinero pasó a otras cuentas... Tirar del hilo es muy fácil. Parte de la investigación tiene que ser en otros países, y resulta que el 75% de los juzgados de España no saben mandar una comisión rogatoria, o consultar con un órgano europeo.

Entonces, ¿qué tiene que pasar para que cambie esta situación?

Muchas cosas: una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, una reforma de Ley de Planta Judicial. En Italia, por ejemplo, los jueces cierran las plataformas, y lo hacen bastante.

Los cuerpos policiales dicen que funciona muy bien la coordinación entre ellos, también la colaboración con Eurojust y Europol.

No es cierto. A nivel europeo el país que funciona relativamente bien es Alemania, porque allí mandan los fiscales de los Länder. Y tienen la suerte de que hay tres o cuatro fiscalías donde los jefes son personas muy aptas, que conocen mucho este campo desde hace años y que son los que llevan a cabo las investigaciones.

Volviendo a la tarea de recuperar el dinero de las víctimas. En la demanda, se exige la responsabilidad civil a los exchanges de criptomonedas, no a los bancos. ¿Por qué?

La normativa contra el blanqueo de capitales, aunque los bancos la incumplan, es bastante clara. Los exchanges tienen que saber también a quién envían los fondos, pero la propia tecnología blockchain hace que eso sea imposible. Es una contradicción. Hay una especie de limbo.

Si yo imputo al BBVA, me dirá que verifica completamente la identidad de la empresa a la que se ha enviado el dinero: una empresa de la República Checa con este IBAN determinado. Ahí tienes la identificación formal. Pero debería ir un paso más allá y, como esa empresa está en el ciclo de blanqueo, debería bloquear esa transacción, pero ya es más película.

A mí me da igual que la tecnología haga imposible ese control. La ley lo marca. O cambia la ley o no le dejes operar. Pero no que se mantenga en este limbo: hay una ley de blanqueo de capitales que se aplica a todos, pero a los exchanges no se le aplica y nadie hace nada. Y te dicen, pero ¿cómo voy a prohibir operar a las casas de cambio de criptomonedas? Pues cambia la ley. U oblígales a operar de otra manera.

¿Ha conseguido recuperar el dinero de alguna víctima en otros casos que has llevado? ¿Qué tipo de pruebas hacen falta para tener éxito?

Sí, hemos recuperado dinero, de forma extrajudicial, es decir, apuntando directamente a los responsables, porque son empresas más o menos legítimas, como en el caso de las chipriotas, y todavía están empezando y no quieren que salte la liebre porque saben que tienen pendientes una base de 1.000 personas a las que están estafando. O a través de bloqueos de cuentas bancarias. De hecho, nosotros tenemos una de las primeras resoluciones que bloquea una criptocartera con un millón y medio de euros.

Pero también depende del grupo de la policía que te toque. El grupo de delitos telemáticos de la Policía Nacional de Zaragoza es muy bueno. Aquí en Madrid hay un par de grupos de la UDEF que son muy buenos también. Pero te puede tocar alguien en una comandancia que no sabe lo que es un bitcoin. O los Mossos d’Esquadra, me consta que están sobresaturados y contestan a los juzgados diciéndoles que no pueden investigar.

¿Y cómo es la colaboración con otros países de la UE como Bulgaria?

Estas organizaciones son tan grandes que obviamente están relacionados con los aparatos de poder de países como Bulgaria, Albania.. No me extrañaría que, en muchas ocasiones, policías de Francia o España desconfíen de meter en uno de sus grupos de trabajo internacionales a determinados organismos públicos de terceros países.

La estafa comienza cuando alguien pincha en un anuncio en Facebook o en Google. ¿Estas plataformas tienen también su grado de responsabilidad?

Son cooperadores necesarios. La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, las directivas europeas, son relativamente nuevas. Un página web que sirve para una estafa necesita, para estar operativa, que alguien le venda un dominio y se lo mantenga. Si estás vendiendo un dominio y manteniendo en la nube un dominio que sabes que se está utilizando para una estafa, eres responsable. Sin embargo, la ley, las directivas europeas, excluyen la responsabilidad de los registradores de dominios, a no ser que alguien les avise de un incumplimiento y, aun habiendo sido avisados, lo sigan manteniendo. Una víctima no sabe lo que es un registrador de dominio y buscar quién es el registrador de dominio de una página web es inviable para una víctima.

La CNMV acaba de abrir expediente a Twitter, y le amenaza con una multa de 340 millones de euros por permitir anuncios de entidades no autorizadas. Eran deepfakes de famosos que prometían grandes beneficios. Pero no creo que la CNMV tenga quejas de Twitter y no de Facebook o de Instagram. O de los periódicos online. O de Google.

¿Es posible identificar a los teleoperadores? Hemos visto que todos usan nombres falsos. Algunos se comportan como auténticos psicópatas.

Sí es posible. Los descubres porque son chavales, aparecen en las redes sociales, se van de fiesta, alquilan un reservado VIP en discotecas, posan con coches de lujo… Muchos son latinoamericanos, también hay rumanos y extranjeros que hablan español. Todos trabajan desde call centers en el extranjero. Los hay que están allí mes y medio, y se van. Y los hay que levantan 400.000 euros a una víctima. Los que les mandan son los que me interesan. Y esos sí que son psicópatas. He tenido vídeos de algunos de  ellos celebrando que han estafado 300.000 euros a alguien tocando la campana.

“Me dijeron que, o invertía más, o perdía todo lo que tenía. No lo hice y vi que mi cuenta desaparecía [en la pantalla del ordenador]. Entonces invertí de nuevo. Siempre digo que en ese momento debería haber parado”. Pero el doctor M., cirujano vascular de Barcelona, propietario de una clínica, no paró y perdió casi un millón de euros tras ser estafado durante un año por los agentes telefónicos de una difusa, pero muy profesional, red internacional de ciberestafas dirigida desde Israel y Chipre. El médico catalán es sólo uno más de los 4.564 españoles que quedaron atrapados en los engaños de esta auténtica corporación criminal, que les robó 26,4 millones de euros en dos años.

Para hacerse una idea de la magnitud del ciberfraude, basta con recordar que el caso Gescartera, en 2001, afectó a unas 2.000 personas, la mitad de las perjudicadas ahora por el conglomerado israelí-chipriota. Si se añaden las 115 víctimas del AK Group, otro call-center georgiano con el que comparte modus operandi, proveedores de servicios e incluso víctimas, la cifra de españoles expoliados asciende a 4.679. El dinero robado por este centro de llamadas de Tiflis es mucho menor: entre octubre de 2023 y abril de 2024, despojaron de 425.000 euros a sus víctimas españolas.

Otra comparación: el Fondo de Víctimas de Madoff, creado para restituir a los estafados por el famoso financiero estadounidense con un esquema Ponzi que se extendió por 127 países, ha devuelto su dinero a 40.800 inversores a fecha de 31 de diciembre de 2024, 15 años después de que estallara el escándalo. Los embaucados por estas dos corporaciones criminales, la israelí-chipriota y la georgiana, suman no muchas menos: casi 33.000 personas, repartidas en 34 países.

Ambas redes quedan al descubierto en Scam Empire, la investigación en la que han colaborado 31 medios de todo el mundo, que se basa en documentos filtrados a la televisión pública sueca (SVT) y ha sido coordinada por el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre.

Como ocurría con esas dos famosas estafas españolas, las víctimas de la red israelí-chipriota se alejan del estereotipo de la viuda o el jubilado solitarios, tampoco son necesariamente personas sin cultura financiera. Aunque las haya con ese perfil. Arquitectos, médicos, empresarios, una famosa deportista, abogados y hasta asesores fiscales se cuentan entre los españoles que creyeron operar como exitosos inversores en Bolsa, materias primas, divisas y criptomonedas, pero acabaron perdiéndolo todo sin saber que también estaban engordando las cuentas de dos corporaciones criminales, una con oficinas centrales en Israel y Chipre, y enormes call-centers repartidos entre Bulgaria, Ucrania, Macedonia del Norte e incluso la misma España, y otra con call-centers en Georgia.

De hecho, España es el segundo país donde más víctimas ha conseguido la red dirigida desde Israel y Chipre, también donde más dinero ha robado, sólo después de Canadá. Pero, si se elimina el número de quienes sólo hicieron el primer pago de 250 euros –el anzuelo con el que los estafadores pretenden hacer creer a sus objetivos que los beneficios se han multiplicado milagrosamente–, España resulta ser el país que más dinero ha hecho ganar a esta corporación criminal, más de 18 millones de euros, el doble que el Reino Unido. Es más, 135 españoles han sido víctimas de los dos entramados, lo que sitúa a España, de nuevo, como el segundo país con más estafados compartidos tras Canadá, y muy por encima del Reino Unido.

Aunque para apreciar con exactitud la gravedad del expolio conviene acercarse a las cifras individuales. Según los análisis llevados a cabo por los periodistas que han participado en Scam Empire, la corporación dirigida desde Israel y Chipre, a la que los periodistas han bautizado como Red Sapir por el edificio de Tel Aviv donde situó sus oficinas centrales, estafó entre 100.000 y 400.000 euros a 48 ciudadanos españoles. Otros 80 perdieron entre 50.000 y 100.000 euros. Pero a quienes sacaron entre 10.000 y 50.000 suman más de 300.

Aunque el mayor golpe se lo llevaron las cuatro víctimas que entregaron más de 400.000 euros a los criminales. Uno de ellos, el cirujano catalán, es además el cuarto que más dinero perdió de todos los estafados en los 34 países donde actúa la red, sólo superado por ciudadanos británicos. “Tenía unos ahorros que no estaban haciendo nada, así que quise ponerlos a trabajar para ver si podía sacarles algún beneficio. Perdí los ahorros de toda mi vida”, resume el doctor M., a quien los criminales hicieron creer que había ganado 2,6 millones de euros. “Me han dejado en blanco”, se lamenta, “estoy tocado, muy tocado”. Aun así, sólo eleva el tono de voz cuando cuenta que denunció la estafa a los Mossos d’Esquadra y en el juzgado. “No sirve de nada: ni el juez te escucha ni la policía se mueve”, protesta: “Sólo me llamaron un día, a las 11 de la noche, y me dijeron que investigarían, pero con una desgana total y absoluta”.

Además de haber resultado una auténtica mina de oro para las dos corporaciones criminales, España es el primer país donde los tribunales han admitido a trámite una demanda colectiva contra estos entramados dedicados a la ciberestafa internacional. El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Santiago Pedraz, acaba de admitir la que ha presentado el abogado Mauro Jordán de la Peña, experto en este tipo de fraudes, en nombre de 72 víctimas. El dinero que les estafaron alcanza los nueve millones de euros. Treinta y una de ellas aparecen en los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire.

Pero hay otra circunstancia que singulariza a España en la red criminal. También es el único país de la Europa occidental donde la corporación ha instalado un call-center. Situado en la calle Venezuela de Barcelona, permaneció abierto sólo unos meses el año pasado, tal y como confirmó el conserje del edificio a OCCRP. En ese tiempo, el centro de llamadas dio empleo a una veintena de personas. En marzo de 2024, una de las empresas de la red Sapir, Telecom Wide SL, pidió a un despacho de abogados de Barcelona, Gutierrez Pujadas & Partners, una opinión legal –asesoramiento– antes de abrirlo. Según los documentos de Scam Empire, la empresa pretendía prestar servicios a una compañía extranjera “para captar clientes de Latinoamérica”. Y preguntó a los abogados si las leyes laborales españolas permiten someter a la prueba del polígrafo a los candidatos a teleoperadores, entre otras cuestiones sobre tipos de contrato, periodos de prueba, causas e indemnizaciones de despido.

Gutiérrez Pujadas le contestó que las leyes españolas no prohíben usar el polígrafo en los procesos de selección de personal, pero se trata de una “práctica controvertida” que no está regulada de forma específica. Por tanto, aconseja que la prueba se haga “respetando los derechos fundamentales” y la privacidad de los candidatos. También debe ser “voluntaria” y sujeta siempre al consentimiento previo y expreso del trabajador. En todo caso, el abogado recomienda a su cliente que consulte con empresas especializadas antes de llevar a cabo ese tipo de exámenes. En el Registro Mercantil aparece como administrador y propietario de Telecom Wide SL un ciudadano húngaro, Imre Szalka, que constituyó la sociedad en marzo de 2024, el mismo mes en que solicitó la opinión legal a Gutiérrez Pujadas & Partners.

OCCRP ha preguntado al despacho barcelonés por esta empresa y el centro de llamadas, pero no ha obtenido respuesta alguna.

“Si una empresa se establece en España, seguro que no estafa aquí, sino a ciudadanos de otros países”, expone a OCCRP un investigador de los Mossos d’Esquadra especializado en ciberfraude. Lo que no impide que en Cataluña las estafas por internet sean el segundo delito más denunciado, añade. Es más, en toda España, los delitos cibernéticos crecen un 20% al año, destaca por su parte Alberto Redondo, jefe del Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil. Una de cada cinco denuncias son por crímenes cometidos gracias a internet y de éstos, el 90% son estafas, detalla. Sobre todo en los últimos cinco años, el aumento ha sido “exponencial”, tanto en número de víctimas como en las cuantías estafadas. Y no hay un perfil de víctima, resalta Alberto Redondo: “Ricos y pobres, vulnerables o no… Se ha puesto de moda entre los jóvenes invertir en criptomonedas, por ejemplo, y también ha coincidido con una época en que los bancos retribuyen poco los depósitos”. Mientras la remuneración media de estos productos financieros era del 2,31% en 2023, según datos del BCE, los estafadores prometen beneficios del 200% al mes, recuerda el investigador de los Mossos.

La historia de persuasión, ingenuidad y desengaño final que relata el cirujano catalán la repiten, con escasas variaciones, todas las víctimas contactadas por infoLibre. El doctor M., que como el resto de los estafados no ha querido revelar su verdadera identidad, pinchó en un anuncio falso de internet donde el presidente de Mercadona, Juan Roig –en otros casos eran Pablo Motos, Gerard Piqué o Fernando Alonso– aparecía prometiendo grandes beneficios a partir de inversiones modestas. Dejó su nombre y número de teléfono móvil para recibir información. No mucho tiempo después –a veces sólo unos minutos o unas horas más tarde, apuntan otros afectados–, un supuesto asesor financiero le llamó por teléfono para explicarle cómo funcionaba, usando la inteligencia artificial, una supuesta plataforma online de inversiones. El agente telefónico que contactó con el doctor M. decía llamarse Alejandro Sarmiento y hablaba con acento latinoamericano. No es su nombre verdadero, por supuesto. Ninguno de los más de 60 teleoperadores del departamento español de la red Sapir contabilizados por Scam Empire facilita su verdadera identidad. Y no sólo a las víctimas de la estafa. Ni siquiera figuran sus auténticos nombres en las nóminas que cobran o en cualquiera de los documentos internos de la red criminal a los que ha tenido acceso OCCRP.

Pero todos los miembros del departamento español son latinoamericanos o rumanos con un excelente castellano, de acuerdo con los testimonios recogidos de los estafados. Y aunque llamaban desde números de teléfono supuestamente españoles, su lugar de trabajo es Sofía, la capital de Bulgaria, según la investigación que ha llevado a cabo Scam Empire. Los call-center dedicados a engañar en español son denominados Zebra-IB y Sales-IB por la propia red criminal. En el primero trabajan 39 personas; en el segundo, 23.

Alejandro Sarmiento fue el analista de cabecera del doctor M., pero no el único agente que se ocupó de asegurarle como fuente de ingresos para la red. “Luego apareció otro, que parecía su superior”, recuerda el cirujano. Alguien que decía llamarse Emiliano Mendieta. “Eran muy persuasivos”, reflexiona ahora el doctor M. Muy hábiles en la manipulación psicológica. “Uno iba de poli bueno y otro de poli malo”. La amenaza del poli malo era directa: “Si no haces una transferencia hoy, lo pierdes todo”. El poli bueno le dejaba respirar sólo un poco: “Bueno, vamos a darte unos días”.

Desde febrero de 2023, cuando hizo su primer ingreso de 250 euros, hasta noviembre de ese año, el doctor M. firmó más de 60 transferencias bancarias, de acuerdo con los registros de los propios estafadores. A veces hasta cuatro en una misma fecha. La de mayor cuantía, una de 37.500 euros. Hubo un día en que les ingresó 86.000 euros en varias transacciones. Algunas fueron para comprar criptomonedas. A cambio, en 10 meses sólo pudo retirar 1.000 euros, uno de los trucos empleados por los estafadores para hacer creer a las víctimas que podían recoger el beneficio de sus “inversiones” en cualquier momento. De esa forma, el cirujano fue despojado de unos 990.000 euros, como se puede ver en los propios registros de los criminales y él mismo confirma.

El doctor M. hizo transferencias a las cuentas que Sarmiento y Mendieta le iban indicando. Así, pagó supuestas facturas a la cuenta en un banco lituano de una empresa estonia llamada Linerum OU, una gestoría. También a una empresa polaca de la construcción, Hilone SP ZOO, y a otra italiana de restauración, All Inclusive20 SRLS. Además de a una sociedad española, Selterico SL, que tenía abierta una cuenta en el Banco Santander. Creada en junio de 2023 por una ciudadana extranjera de nombre Sofija Ivanova, que figura también como su adiministradora y socia única, es una supuesta agencia de publicidad. En el Registro Mercantil figura como domicilio social un coworking en el barrio de Salamanca de Madrid. Su gerente aseguró a infoLibre que esa empresa jamás ha sido su cliente. Pese a esos extraños pagos, el cirujano creía estar invirtiendo en Rivobanc, una firma de inversión sobre la que han emitido advertencias la CNMV y sus equivalentes en Reino Unido, Irlanda, Suiza y Canadá porque carece de autorización para operar.

El doctor M. no sospechó hasta que pidió retirar sus supuestas ganancias y le hicieron una transferencia que debía ascender a 500.000 euros. “A través del BBVA, pero era completamente falsa. Fui al banco y me dijeron que esa cuenta no existía”, recuerda. Los estafadores le aseguraron entonces que tardaría tres semanas en cobrar. Después le llamó alguien que aseguraba ser el director del SabadellUrquijo: “[Los estafadores] Decían que era su banco”. “Me dijo que yo tenía unos beneficios y que me los enviarían en 24 horas. Pero nunca llegaron”, concluye.

La historia de I.G.P., una arquitecta de Sevilla en la cuarentena, revela además la absoluta falta de empatía de los ciberestafadores telefónicos. “En ese momento me encontraba en unas circunstancias que me hacían especialmente vulnerable ”, comienza, “porque yo ahora en algo así no entro…”. Tras haberle diagnosticado un cáncer de mama a finales de 2021, se estaba sometiendo a quimioterapia y sufrió un derrame cerebral que la llevó al quirófano. Al mismo tiempo, se estaba divorciando. “Había heredado unas tierras de mi madre, así que pensé en venderlas e invertir de otra manera”, explica. Pinchó en un anuncio donde Pablo Motos prometía ganancias. Al rato le llamó un tal Álvaro Enrique Álvarez. “Parecía español, pero me dijo que vivía en Ginebra”.

Se supone que I.G.P. estaba comprando acciones de Repsol, también materias primas, oro, plata. En su caso, invertía a través de Tigcap.com, otra entidad con advertencias de la CNMV y las autoridades financieras de Canadá y Australia. Nada más comenzar, Álvaro le hizo instalarse una aplicación llamada Anydesk, que permitía al estafador controlar en remoto el ordenador de la arquitecta sevillana. Al principio, todo iba bien, el asesor financiero le decía que sus valores no hacían más que subir. Hasta que las tornas cambiaron. “Presionada por ellos, pedí un préstamo de 50.000 euros, porque si no, me dijeron que perdería todo el dinero”. ING, el banco de I.G.P., se lo concedió. “Fue todo muy rápido, bastó con un click”, lamenta ahora. También abrió una cuenta en Binance, el más famoso exchange de criptomonedas, donde llegó a hacer compras por más de 300.000 euros.

Cuando se dio cuenta de que la habían estafado, había perdido un total de 436.000 euros, según consta en los registros de sus estafadores: no sólo la herencia de su madre, sino también el préstamo, que no podía devolver porque ING le había bloqueado la cuenta: “Tuve que poner una reclamación”. Pero no fue el último susto. “La Policía me dijo que me estaban usando como mula con mi cuenta de Binance. Estaba recibiendo en ella dinero de otras personas que también estaban siendo estafadas”, recuerda horrorizada. Esa es una más de las estratagemas de los ciberestafadores: utilizar cuentas de unas víctimas para recibir pagos de otras.

I.G.P. es un buen ejemplo de los efectos devastadores del abuso infligido por estos nuevos criminales de guante blanco. “Fui muy ingenua”, confiesa. “Tonto” es el adjetivo que más se repite entre las víctimas con las que ha hablado infoLibre. La vergüenza les impide dar su nombre o mostrar su rostro. “Intento no hablar mucho sobre esto, no recordarlo mucho, porque no me sienta bien”, zanja la arquitecta sevillana, a la que se ha concedido la incapacidad absoluta y da el dinero por perdido, pese a que, además de a la policía, también ha presentado un escrito en la CNMV.

Carlos no quiere dar sus apellidos. Es asesor fiscal y también picó. Un anuncio de Gerard Piqué tuvo la culpa. Pero no llegó más que a hacer el primer ingreso, 250 euros. “Me pidieron que los enviara a una empresa de formación de Kenia, Edupac, eso fue lo que me hizo sospechar”, resalta. En su caso, varios supuestos empleados de Virgobanc, otra entidad con advertencias de la CNMV y la autoridad financiera suiza, se pusieron en contacto con él por correo electrónico para convencerlo de las ventajas de invertir con ellos. Carlos rechazó su oferta y pidió que le devolvieran el dinero. Lo consiguió. Una de las empresas españolas de la trama, llamada Martello Circle SL, creada y administrada por un ciudadano búlgaro, Boris Borisov Kodjov, le reembolsó 42 euros más de los que había pagado, ríe ahora el asesor fiscal.

Tampoco revela su nombre una profesora de Tecnología de una universidad catalana a la que la red dirigida desde Israel robó 63.600 euros, según los registros a los que ha tenido acceso Scam Empire. Su estafador dijo llamarse Martin Coppola. La profesora no ha puesto una denuncia porque, dice, apenas tiene datos sobre “ellos”. Le hicieron creer que invertía en criptomonedas. Cuando empezó a sospechar y pidió que le reembolsaran sus supuestos beneficios, le advirtieron de que tendría que pagar impuestos a la Hacienda española si retiraba su dinero.

Teresa Rodríguez de la Borbolla, además de hermana del expresidente socialista de la Junta de Andalucía, es arquitecta-decoradora. A ella sólo le birlaron los 250 euros de iniciación, que consiguió recuperar “inmediatamente”: “Reaccioné muy rápido”. Aunque eso no le evitó ni el acoso ni los insultos cuando se negó a seguir “invirtiendo”. “Me llamó ordinaria, histérica, me preguntó si tenía nervios por la regla… ‘¿Qué quieres, vieja?”, llegó a increparla quien se hacía llamar Sergio Berg.

A Blanca de Borbón le atrajo un anuncio donde aparecía Amancio Ortega, el dueño de Inditex. Cuenta que está intentando renegociar con el banco la hipoteca que pidió con su marido para comprar la casa donde vive, por lo que necesitaba aumentar “un poco” sus ingresos. Blanca es la hija de Leandro de Borbón, el hijo ilegítimo de Alfonso XIII que hace unos años acaparó titulares tras publicar sus memorias y reclamar, en vano, el título de infante de España. Blanca impulsa una ONG, Proyectos de Vida, e intenta sacar adelante otra, Isla Mujer, un refugio para mujeres maltratadas. Suele aparecer en la televisión para hablar de los Borbón. “Recuerda que por primera vez tendrás la oportunidad de probar la bolsa real, las ganancias y el éxito. Te prometo que te ayudaremos a pagar mucho más rápido la hipoteca para que no sea una carga para tu hijo”, le escribió uno de los ciberestafadores por Whatsapp.

Blanca explica que han intentado estafarla varias veces. Es más, asegura que alguien que dice llamarse Emma, vivir en Londres y trabajar para un despacho de abogados, ha prometido llamarla el próximo lunes –la entrevista para este reportaje se celebró a finales del pasado enero– para ofrecerle nuevas oportunidades de inversión.

“Quería invertir para ayudar a mi hijo a emanciparse”, se justifica por su parte un abogado madrileño jubilado al que los ciberestafadores prometieron 200.000 euros de beneficios invirtiendo en café y otras materias primas, pero que perdió 11.000. “Me han dejado en blanco”, se queja. Ha presentado dos denuncias ante la policía, que instruye el Juzgado número 43 de Madrid.

Los operadores son mucho más que charlatanes telefónicos. Hacen un completo seguimiento de sus objetivos, como puede verse en los documentos que ha analizado Scam Empire. Sus anotaciones, en inglés, son otra prueba más del carácter despiadado de estos estafadores en remoto. “Jubilada, no tiene ni inversiones ni ahorros, pero sí una casa a su nombre que en su momento puede usarse para obtener algo de liquidez”, apunta uno de ellos sobre una mujer a la que asignan un “potencial” de 4.000 euros. “Cobra el subsidio, 480 euros, cuida a un anciano que le paga algo de vez en cuando, pero no tiene ahorros”, escribe otro sobre una mujer de 64 años de Palma de Mallorca a la que no ven ningún “potencial”. Aun así, no dejaron de llamarla una y otra vez, cuenta ella a infoLibre, tras haber abonado los 250 euros iniciales y 1.500 más en criptomonedas.

Lo mismo le ocurrió a otra mujer del Bierzo que no quiere dar su nombre. Sólo dejaron de llamarla hace un mes, asegura, casi un año después de que empezaran a engañarla. Hasta entonces, la molestaban “tres o cuatro veces al día”, rezonga. Tiene 60 años y cobra la pensión de viudedad. Según las anotaciones de los estafadores, el plan era despojarla incluso de los 5.000 euros que guardaba en su cuenta bancaria. Ella dice que le robaron más de 3.000.

Pero pueden ir mucho más lejos. Llamarlos vampiros no es en absoluto una exageración. Bien lo sabe Alberto, nombre figurado de un albañil de Huelva de 48 años que fue abordado por un agente telefónico del call-center de Georgia llamado Bruno Carvajal. Scam Empire ha podido escuchar muchas de las conversaciones que los estafadores mantienen con sus víctimas. Todas son grabadas, como en cualquier centro de llamadas legal, para evaluar el rendimiento de los teleoperadores.

En la grabación [que se puede escuchar en los clips que aparecen en esta información], Bruno Carvajal le dice a Alberto que necesita aportar 1.163 euros más de los que ya ha ingresado, a fin de completar los 3.000 “necesarios” para continuar invirtiendo y sumando beneficios. El albañil le contesta que no tiene ese dinero. Se acaba de quedar sin trabajo y su madre está enferma. “Ese dinero”, le asegura, “me hace falta para comer”. No importa. El estafador le pregunta si no puede pedirlo prestado. “A tu mamá”, le dirige. Alberto le contesta que no. “No me digas que eres la persona más pobre de España”, ataca Carvajal. “Pues al ritmo que llevo, lo seré”, replica el albañil, “me veo en la calle pidiendo”.

El teleoperador sube aún más la presión y le pregunta si no puede “empeñar o vender algo”. “Llevo cinco meses intentando vender un terreno [de su familia], pero ha sido imposible”, se defiende Alberto. Bruno sigue presionando inmune a la desesperación de su víctima: “¿No puedes vender otra cosa que te dé ese dinero?”. El coche, le sugiere. “El coche me hace falta. ¿Qué hago? ¿Vendo sangre?”, responde, cada vez más enojado, el albañil. Sorprendentemente, el estafador se echa a reír. “Pues mira, si te dan una buena pasta por eso…”. Y no afloja: “¿No tienes algo de oro, una cadena o un anillo? Cualquier joya sirve”, vuelve a insistir. El siguiente paso es una manipulación de libro: “Te digo todo esto para que puedas salir de esta situación, porque me preocupo”, remata. Bruno no suelta el hueso y quiere quedar con Alberto otro día: “A ver qué vendiste, la sangre o qué”.

infoLibre ha hablado con Alberto, que perdió más de 10.000 euros en dos años y medio. “Mis ahorros”, confiesa. Ha denunciado la estafa a la policía. Pero a él también lo denunciaron por una transferencia de 100 euros que otra víctima hizo a su cuenta. “Me usaron de mula”, protesta. “Pensaba que ganaría dinero para ayudar a mi madre enferma, porque no podía pagar a una mujer que la atendiera”. En cambio, lo desplumaron.

Puede que el éxito profesional de Bruno Carvajal se deba a un evidente talento natural, pero también al entrenamiento. Entre los documentos a los que ha tenido acceso Scam Empire, se encuentran los materiales didácticos con los que estos teleoperadores aprenden los trucos de su oficio. Por ejemplo, un powerpoint en castellano con los emblemas de Financika y Clicktrades, otros dos chiringuitos financieros señalados por la CNMV. El folleto llama “clientes” a las víctimas, cuya atención deben captar en sólo 10 segundos. Anima a crear “un vínculo” con ellas. A hablarles de “beneficios, beneficios”, “convertir sus deseos en necesidad”. Incluso apela a los “sueños”: “Que el cliente se vea ganando dinero para pagar el coche, la hipoteca, los estudios de su hijo”. También ofrece respuestas a las objeciones más habituales de las potenciales víctimas. A la de “no tengo dinero”, la réplica es el colmo del cinismo para un profesional del engaño: “Tenemos que saber cuándo el cliente miente, partiendo de la premisa de que todos los clientes mienten”. “Si dice eso, es porque no hemos trabajado bien el sueño y no le dimos emoción a la venta”, analiza el coach estafador. Y si dice que tiene que consultarlo con su mujer… “Cuando ella se va a comprar un traje, ¿te llama antes para preguntártelo?”, es el contraargumento que ofrece el entrenador. Finalmente, recurre a una técnica básica de la atención al cliente: “La sonrisa telefónica es imprescindible”.

El adiestramento no parece muy sofisticado y, a tenor de las conversaciones grabadas que infoLibre ha escuchado, tampoco se exigen demasiados conocimientos financieros para el puesto. Con sus víctimas, los estafadores emplean una verborrea en la que se confunden conceptos económicos con términos en inglés y alguna referencia a la actualidad –la subida de las materias primas por la guerra de Ucrania, la apuesta de Elon Musk por las criptomonedas, la inflación…–. Pasar la prueba del polígrafo no debe de ser un problema para quien se va a dedicar básicamente a mentir en jornadas de nueve a cinco. Por lo que Scam Empire ha podido constatar en los documentos del departamento de Recursos Humanos de la red, merece la pena el esfuerzo. Alejandro Sarmiento, el estafador que sacó al cirujano barcelonés casi un millón de euros, cobró en un mes, el de noviembre de 2023, un total de 11.064 dólares –10.064 euros–: 2.206 dólares de sueldo base y 8.858 dólares de bonus por su excelente desempeño. Además, él y el resto de sus compañeros reciben una ayuda de 500 euros para vivienda.

“En el mundo físico, cuando aumentan los robos en una zona, se mandan patrullas y los delitos disminuyen, pero en el mundo cibernético, no: el problema es el usuario”, advierte el guardia civil Alberto Redondo, “mientras no haya alarma social, no bajarán y no se legislará para atajar estos crímenes. La clave es denunciar”.

Una tarde de junio de 2022 cinco hombres entraron tranquilamente en un apartamento de la planta baja de un complejo residencial de Marbella. Sólo cuatro de ellos salieron vivos de él.

A la noche siguiente, el administrador de la finca encontró el cadáver lleno de golpes de Aleksandar Kolundzic, un serbio de 33 años afincado en Alemania, que había sido amordazado y atado a una silla en el interior del apartamento, situado en una urbanización cerrada a pocos minutos a pie del mar. Según la policía española, Kolundzic tenía la cabeza envuelta en plástico y fue golpeado durante horas con palos de golf antes de recibir un disparo en la cabeza.

“Fue una ejecución en toda regla”, resume a OCCRP una fuente policial española que participó en la investigación [El agente estaba autorizado a hablar con la prensa, pero no a ser identificado por su nombre].

Casi dos años después del horrible asesinato, su primer sospechoso fue extraditado de Turquía a España y detenido en abril. La policía española alega que el ciudadano alemán de origen turco de 32 años, identificado como Tolga S., formaba parte del grupo que torturó y asesinó a Kolundzic. Mientras las autoridades buscan a los demás sospechosos, Tolga S. está siendo investigado por asesinato, detención ilegal, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Tanto Kolundzic como su presunto asesino estaban presuntamente implicados en el crimen organizado, según las autoridades españolas y alemanas. Pero había una gran diferencia: Kolundzic también era confidente de la policía.

Junto con sus socios Paper Trail Media, Der Spiegel y la televisión pública alemana ZDF, la red de medios OCCRP, a la que pertenece infoLibre, ha recabado nuevos detalles sobre la peligrosa doble vida de Kolundzic como presunto narcotraficante y colaborador de la policía alemana, y sobre cómo acabó con su horrendo asesinato.

El reportaje, que se basa en revelaciones de las que informaron por primera vez las emisoras alemanas WDR y NDR, utiliza miles de documentos que los periodistas han obtenido de la investigación que ha hecho la fiscalía alemana sobre el asesinato, así como en expedientes judiciales y entrevistas con la policía en Alemania y España. 

Los archivos de la fiscalía obtenidos por Paper Trail Media, Der Spiegel y ZDF incluyen testimonios de los contactos de Kolundzic, así como de los mandos de la policía alemana responsables de gestionar su trabajo como informante. El caso se cerró en 2023 tras considerarse que no había más pasos que dar en Alemania.

Se trata de una historia de contornos difusos, de un confidente apreciado por la policía alemana por su información precisa sobre las redes delictivas, pero también sospechoso de participar en grandes alijos de drogas. Los testimonios recogidos por la policía y la fiscalía sugieren que Kolundzic debía drogas y grandes sumas de dinero a algunos de sus socios, una situación que puede haber hecho aún más insostenible su trabajo como informante.

Mientras que las fuerzas de seguridad de algunos países permiten que los confidentes cometan delitos con autorización oficial, las normas en Alemania son más restrictivas. Aunque Alemania carece de una ley específica que regule el uso de confidentes, según los expertos y una sentencia del Tribunal Supremo del país, los protocolos policiales estipulan que no se debe permitir que los informantes participen en delitos, lo que plantea interrogantes sobre el grado de conocimiento que tenían los responsables de Kolundzic de su doble vida.

Tampoco está claro si la policía alemana gestionó adecuadamente el riesgo que corría Kolundzic. Según los testimonios facilitados a la policía y a la fiscalía tras su muerte, los agentes al cargo de Kolundzic conocían su plan de acudir a la fatídica reunión de Marbella, pero afirmaron que ignoraban los detalles de su viaje y, al parecer, no hicieron muchas preguntas al respecto.

Según explicaron, Kolundzic había viajado a España por su propia “iniciativa”, aun reconociendo que el objetivo era que reuniera pruebas contra Tolga S., a quien la policía alemana había identificado como miembro de una banda de los Ángeles del Infierno.

Kolundzic había prometido informar a los agentes tras su viaje. Nunca regresó.

“Nadie habría soñado que acabaría así”, dijo uno de los agentes alemanes encargados de trabajar con Kolundzic, según el testimonio recogido en los archivos de la fiscalía: “Fue un golpe tremendo”.

Aunque las autoridades aún no han establecido el móvil del asesinato, la historia que circula en el submundo criminal de Marbella, según la policía española, es que Kolundzic quedó al descubierto como informador durante la reunión en el apartamento.

Pero cuando los fiscales alemanes intentaron investigar la posibilidad de que los asesinos hubieran descubierto los mensajes de Kolundzic con su contacto en la policía alemana, se toparon con un callejón sin salida: no se encontró ningún teléfono en la escena del crimen y, pocos días después de la muerte, el principal contacto policial de Kolundzic había reestablecido su propio teléfono móvil a los valores de fábrica, borrando sus comunicaciones con el informador.

El Ministerio del Interior alemán y la Policía de Fráncfort, donde trabajaban los controladores de Kolundzic, declinaron responder a las preguntas enviadas por los periodistas de OCCRP, incluso sobre los resultados de la investigación abierta para determinar si la decisión del agente de borrar los mensajes constituía una “conducta delictiva”.

El abogado que representaba a Tolga S. tampoco respondió a las preguntas de OCCRP, aparte de señalar que la investigación en Alemania se había cerrado.

Marbella es una ciudad con dos caras, el escenario apropiado para un hombre que lleva una doble vida. Con el Mediterráneo de fondo, la glamurosa jet set sale de fiesta en sus yates, los golfistas juegan en greens de césped perfecto y los turistas se extienden a lo largo de kilómetros de playas de arena.

Pero el destino de vacaciones andaluz también es desde hace mucho tiempo un imán para bandas criminales de todo el mundo, cuyas batallas por la supremacía acaban a menudo en sangrientos tiroteos. La policía española ha descrito la ciudad como la “ONU del crimen organizado”, que atrae a los delincuentes con su oferta de lujo y su situación estratégica cerca de los puntos de entrada del hachís y la cocaína en España.

Aunque Kolundzic era un visitante habitual de Marbella –incluso se había registrado en un gimnasio local con un nombre falso–, residía principalmente a las afueras de Fráncfort, en la ciudad de Offenbach, según la investigación alemana sobre su muerte. Conocido por sus amigos como Goran, vivía en Offenbach con su esposa, que también procede de Novi Sad, su ciudad natal, en el norte de Serbia. Tenían dos hijos y esperaban un tercero cuando Kolundzic fue asesinado.

En el testimonio que dio a la policía alemana, la esposa de Kolundzic declaró que su marido trabajaba como conductor para una empresa de servicios asistenciales y entrenaba regularmente en un gimnasio de artes marciales. Aunque mencionó que de vez en cuando discutía con otros hombres después de unas copas, no tenía constancia de ninguna amenaza grave ni de lo que hacía su marido cuando viajaba, que a menudo era a España. Parecía no tener ni idea de su otra profesión: trabajar como informante confidencial para la policía de Fráncfort desde al menos 2018.

No está claro cómo comenzó la colaboración, pero la policía alemana consideraba a Kolundzic una “persona V”, término utilizado para designar a alguien con información privilegiada que la proporciona en secreto a las autoridades. La V hace referencia a las palabras alemanas para conexión (Verbindung) y confianza (Vertrauen).

Según el testimonio de sus contactos policiales en Fráncfort, Kolundzic informó a dos agentes de sus planes de viajar a España para reunirse con Tolga S., de quien dijo que era narcotraficante. Según los policías, Kolundzic les dijo que Tolga S., conocido por sus socios como El Gordo, enviaba semanalmente a Alemania camiones con cientos de kilos de marihuana. Aunque se desconoce la naturaleza exacta de su relación, Kolundzic dijo que se había reunido anteriormente con Tolga S.

Por su parte, la policía española asegura que la pareja se reencontró en un chiringuito de Marbella el día antes del asesinato. Pero todavía investiga por qué los cuatro hombres atacaron a Kolundzic al día siguiente y de forma tan brutal. En su comunicado de prensa, la policía española afirma que “desacuerdos entre las partes” llevaron a la víctima a ser torturada durante horas. La fuente policial española implicada en la investigación explica a OCCRP que los agresores querían sonsacar información a Kolundzic. “No se tortura a una persona tan salvajemente sólo para saldar una cuenta o una deuda”, aclara.

La policía alemana también descubrió que se enviaron mensajes desde el teléfono de Kolundzic la noche en que fue torturado. Pero no está claro si fue el propio Kolundzic quien tecleó los mensajes, que se enviaron cuando ya había circulado entre sus conocidos un vídeo en el que aparecía vivo pero atado a una silla, con las piernas envueltas en papel de aluminio y una sábana de plástico colocada debajo.

Según los archivos de la investigación alemana, la esposa de Kolundzic dijo que había recibido un mensaje de su marido a las 22:19 horas que decía: “Me voy”, seguido de un beso sonriente.

Una hora más tarde, cuando ya estaba dormida, le llegó otro mensaje en el que le pedía el número de un amigo de la familia. La esposa de Kolundzic le envió el número a las tres de la madrugada, pero el mensaje no llegó a su teléfono. Para entonces, su marido llevaba muerto alrededor de una hora, según la policía.

El cadáver de Kolundzic fue encontrado la noche siguiente por una persona que se encargaba del apartamento, donde la policía descubrió también notas manuscritas en las que se detallaban cantidades de droga y de dinero junto a una lista de nombres. El arma homicida, una Glock 19 de cuarta generación, fue descubierta por los trabajadores de la limpieza en un cubo de basura cercano.

Además, las imágenes de vídeovigilancia captaron a cuatro hombres saliendo del apartamento, uno de ellos con varios teléfonos móviles en las manos. Tolga S. y los otros tres sospechosos huyeron posteriormente a Turquía, según la investigación alemana.

La policía española asegura que pudo relacionar a los sospechosos con la escena del crimen en parte gracias a las huellas dactilares: Tolga S. ya figuraba en una base de datos policial tras ser detenido brevemente en Madrid en 2021 por portar documentos de identidad falsificados. Al hacer pública su detención, la policía lo describió como el “líder de una red de narcotráfico con ramificaciones en el sur de España”, que había sido extraditado por su presunta implicación en la muerte de Kolundzic.

El principal contacto de Kolundzic en Fráncfort declaró a la policía y a los fiscales que se reunía con él cada tres semanas aproximadamente. Sus pistas eran siempre verificables y conducían a investigaciones fructíferas, según consta en una nota de la investigación.

Pero el nuevo material revisado por los periodistas sugiere que la posición de Kolundzic era cada vez más precaria en el periodo previo a su asesinato, lo que plantea interrogantes sobre si la policía cometió errores en su trato con él. Por ejemplo, una persona descrita como un confidente cercano declaró a la policía que Kolundzic le había hablado de deudas de drogas por un total de varios cientos de miles de euros en una llamada telefónica tres días antes de su muerte. Este socio dijo que también había recibido varias llamadas desde un número español, en las que un interlocutor bosnio le exigía que “liberara el dinero de la droga de Kolundzic”.

Otra persona interrogada por la policía alemana aseguró que dos individuos le habían pedido que buscara a Kolundzic en Offenbach y le habían dicho que les debía “800.000 euros y una cantidad desconocida de cocaína”.

Y una tercera testigo, que dijo haber presentado a Kolundzic a Tolga S., declaró a la policía durante un registro de su apartamento que este último estaba enfadado con Kolundzic porque no le había pagado una deuda de 100.000 euros. La mujer se negó posteriormente a prestar testimonio oficial.

Al ser interrogados tras su muerte, los responsables de Kolundzic adujeron que no tenían conocimiento de ninguna amenaza contra el informador.

Según informaron las emisoras alemanas WDR y NDR, también hay pruebas de que Kolundzic incumplía los protocolos de la policía alemana que prohíben a los informadores participar ellos mismos en actividades delictivas, aunque no se ha podido confirmar si sus superiores eran conscientes de sus actividades.

En un caso seguido en 2020 en Giessen, ciudad alemana al norte de Fráncfort, Kolundzic fue investigado “bajo sospecha de importación ilegal de una cantidad no despreciable de estupefacientes”, según confirmó la fiscalía a OCCRP.

Otra investigación llevada a cabo por los fiscales en 2021 cita chats interceptados que muestran a Kolundzic, que se hacía llamar “Profesor”, coordinando supuestamente numerosas entregas de varios cientos de kilos de marihuana. Los investigadores lo identificaron como el enlace entre un presunto correo de droga y los destinatarios.

En aquel momento, la fiscalía de Giessen desconocía que Kolundzic fuera un confidente o que fuera un chivatazo que dio a su contacto de Fráncfort lo que había desencadenado la segunda investigación. “La fiscalía de Giessen no fue informada de la condición de VP del sr. K. hasta después de su muerte”, declaró a la prensa un portavoz de la fiscalía, utilizando el acrónimo de V Person. “Debido al fallecimiento del sr. K., el procedimiento contra él se suspendió posteriormente”.

El principal responsable policial de Kolundzic, que declinó hacer comentarios cuando fue localizado por los periodistas de OCCRP, tiene previsto testificar durante el juicio por el segundo caso en Giessen, donde otros seis sospechosos fueron acusados de tráfico de drogas a gran escala a finales de marzo de 2023.

Aunque la policía española no conocía a Kolundzic antes de su asesinato, un investigador español declaró a OCCRP que más tarde supieron que se había reunido en Cataluña con individuos relacionados con el clan mafioso Kavač de Montenegro, muy implicado en el tráfico de drogas. En su comunicado de prensa sobre la detención de Tolga S., la policía española describió a Kolundzic como “vinculado a organizaciones criminales de los Balcanes”.

La falta de una ley específica que regule el uso de los informadores confidenciales en Alemania se ha convertido en objeto de debate en los últimos años. Los expertos jurídicos argumentan que debería haberse aprobado una norma hace tiempo, mientras que algunos policías expresan su preocupación por que las nuevas normas puedan frenar la eficacia de una poderosa herramienta de investigación. Actualmente se está tramitando una nueva ley sobre el uso de este tipo de confidentes.

Sin embargo, según un dictamen jurídico encargado por el Ministerio de Justicia de Alemania en 2017, que sopesó si el uso de informantes confidenciales requería una mayor regulación, en la práctica la policía ya debe asegurarse de que “no participen ellos mismos en actos delictivos a pesar de su proximidad al medio delictivo”. El Tribunal Federal de Justicia de Alemania también dictaminó en 2020 que no se debe permitir que los informantes cometan delitos, pero que pueden –con el consentimiento de los fiscales– observar delitos sin intervenir para investigar ilegalidades más importantes.

Cualquier informante al que se descubriera traficando con drogas a gran escala dejaría de ser considerado un colaborador adecuado, según confirmó a Der Spiegel bajo condición de anonimato un experimentado gestor de confidentes de la policía alemana.

Es posible que nunca se sepa qué sabían los responsables policiales de Kolundzic sobre su presunta implicación en el tráfico de drogas. Los intentos de la policía alemana de recuperar los mensajes borrados del teléfono de su principal controlador no tuvieron éxito, según establece la investigación. Al ser interrogado al respecto, el agente declaró que borraba regularmente sus historiales de chat como medida de seguridad, lo que llevaba a cabo sin supervisión.

El departamento de investigación criminal de Fráncfort no respondió a las preguntas que le formuló OCCRP sobre si alguno de los registros de comunicación seguía existiendo en otro formato.

1. ¿Qué es Dubai Unlocked?

Dubai Unlocked es una investigación internacional sobre los propietarios de inmuebles en Dubái. Con sus lujosos clubes de playa, tiendas de lujo y rascacielos ultramodernos, el emirato es conocido como el patio de recreo de los ricos y famosos del mundo.

Pero las laxas normativas que aplica también han convertido su mercado inmobiliario en un imán para otra clase de élites mundiales: delincuentes, fugitivos, políticos e individuos bajo sanción internacional que buscan esconder su dinero en el extranjero.

Dubai Unlocked, una colaboración en la que participan 74 medios de comunicación de todo el mundo, revela quién posee qué en el centro financiero más pujante de Oriente Próximo, y cómo el emirato ha abierto sus puertas a cientos de personas acusadas de todo tipo de delitos.

2. ¿En qué se diferencia Dubai Unlocked de otras investigaciones?

Dubái lleva años siendo señalado como uno de los principales destinos para blanquear capitales ilícitos, especialmente a través de su mercado inmobiliario. Mientras que otras investigaciones se han centrado en las propiedades de personas procedentes de regiones y países concretos, Dubai Unlocked es el primer proyecto de este tipo que analiza las propiedades en el emirato a escala mundial. También se basa en datos más actualizados, gracias a la filtración de un nuevo conjunto de registros de la propiedad, en gran parte de 2022 y 2020.

Los periodistas hemos identificado a decenas de propietarios de Dubái sobre los que creemos que es de interés público escribir, desde presuntos blanqueadores de dinero y capos de la droga hasta políticos acusados de corrupción y empresarios sancionados por financiar el terrorismo.

3. ¿Por qué Dubái es un centro de blanqueo de capitales?

Dubái no es la única ciudad donde se sabe que delincuentes y cleptócratas limpian su dinero en efectivo a través del sector inmobiliario. Pero los expertos afirman que tiene varios puntos de atracción, sobre todo para quienes huyen de las fuerzas de seguridad occidentales o de las sanciones internacionales.

Hasta hace poco, el emirato carecía de tratados de extradición con muchos países, lo que lo convertía en destino obligado para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con los gobiernos extranjeros, siguen siendo conocidas por su falta de coherencia en las respuestas que dan a las solicitudes de extradición.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a sospechosos de alto perfil como “moneda de cambio”. “Incluso si afirman que han detenido a personas o congelado sus activos, puede que sólo sea a efectos de comunicados de prensa”, asegura.

Algunos agentes inmobiliarios de Dubái también han cultivado la reputación de hacer preguntas mínimas sobre el origen de los fondos de sus clientes. Hasta 2022, los agentes inmobiliarios, brokers y abogados no estaban obligados a informar a las autoridades sobre grandes transacciones en efectivo o en criptomonedas.

Por último, el mercado inmobiliario dubaití es uno de los más dinámicos del mundo y ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión en su cambiante silueta urbana. Con el valor de la propiedad en alza, las inversiones inmobiliarias ofrecen una vía no sólo para blanquear fondos ilícitos, sino también para obtener beneficios adicionales.

“Las políticas del emirato tienen el efecto secundario de garantizar que los activos se revaloricen con el tiempo”, afirma Colin Powers, investigador principal y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro. 

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022.

4. ¿De dónde proceden los datos inmobiliarios de Dubái?

Los registros inmobiliarios que constituyen el núcleo de este proyecto proceden de múltiples filtraciones de datos, en su mayoría del Departamento de Suelo de Dubái, así como de empresas de servicios públicos de titularidad estatal o municipal. En conjunto, los datos proporcionan una visión detallada de cientos de miles de propiedades en Dubái e información sobre su propiedad o uso, en gran parte a partir de 2020 y 2022.

Los datos fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro con sede en Washington DC que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Posteriormente se compartió con el medio financiero noruego E24 y con el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre y que coordinó el proyecto de investigación con decenas de medios de comunicación de todo el mundo.

5. ¿Qué contienen los datos sobre la propiedad?

Los datos incluyen el sujeto de control de cada propiedad, así como otra información identificativa como su fecha de nacimiento, número de pasaporte y nacionalidad. En algunos casos, los datos recogían el nombre de los inquilinos en lugar de los propietarios.

Según los economistas del Observatorio Fiscal de la UE y del Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos filtrados, la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái tenía un valor estimado de 160.000 millones de dólares en 2022. Para este proyecto, optamos por destacar a unas 200 personas, entre presuntos delincuentes, fugitivos, políticos y personas bajo sanción internacional, que han sido propietarios de más de 1.000 inmuebles que encontramos en los datos y verificamos posteriormente.

6. ¿Cómo se han verificado estos datos? ¿Qué sabemos de ellos y qué no sabemos?

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad extranjera en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos filtrados, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y otras filtraciones. Los periodistas sólo han incluido a personas en el proyecto si su identidad podía confirmarse de forma independiente a través de otras fuentes.

También se recurrió al registro de Dubái para averiguar si las personas que aparecían en los datos seguían siendo propietarias de los inmuebles.

En algunos casos, los reporteros no pudieron determinar la situación actual de la propiedad, por lo general porque se ha vendido recientemente. Entonces se hicieron esfuerzos adicionales para confirmar que la persona había sido propietaria del inmueble, por ejemplo cotejando la información de su pasaporte con una base de datos pública del gobierno sobre propietarios de inmuebles. 

En los casos en que los datos filtrados no dejaban claro si la persona había sido inquilina o propietaria de un inmueble, los periodistas también pudieron confirmar su propiedad comprobando los datos sobre alquileres, donde se puede confirmar si un inmueble ha sido alquilado alguna vez. En algunos casos también fue posible acceder a contratos de alquiler en los que figuraban los nombres o la nacionalidad de los propietarios. 

7. ¿Cómo eligieron los periodistas a quién investigar? ¿Qué pasa con la protección de la intimidad?

Los periodistas sólo han revelado los nombres de los propietarios de inmuebles en Dubái en casos de interés público. Esto incluye a los propietarios que han sido condenados o acusados de delitos, que se enfrentan a sanciones, o que son funcionarios públicos o sus asociados, incluidos los acusados de corrupción o quienes han mantenido sus propiedades ocultas al público.

Hemos optado por no escribir sobre celebridades u otros particulares que no cumplan estos criterios.

8. ¿Qué ha hecho Dubái para combatir el blanqueo de capitales en el sector inmobiliario?

En marzo de 2022, los Emiratos Árabes Unidos recibieron un duro golpe a su reputación cuando el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo de control mundial contra el blanqueo de capitales creado por el G8, los señaló por “deficiencias” en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La medida, que amenazaba con empañar la imagen de Dubái como centro financiero de primer orden, desencadenó un esfuerzo concertado de las autoridades emiratíes para endurecer la legislación y aumentar la cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras en materia de extradición.

Según las autoridades emiratiés, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022.

Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de informar de los agentes inmobiliarios sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no respondieron a las preguntas detalladas que sobre los hallazgos de la investigación les formuló OCCRP, pero las embajadas de los Emiratos Árabes Unidos en el Reino Unido y Noruega enviaron una breve respuesta a los periodistas, afirmando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”.

“En su continua persecución de los delincuentes globales, los Emiratos Árabes Unidos trabajan en estrecha colaboración con socios internacionales para interrumpir y disuadir todas las formas de financiación ilelgal”, añade el comunicado. “Los Emiratos Árabes Unidos se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”.

9. ¿Cuántos medios de comunicación participaron en Dubai Unlocked?

Periodistas de 74 medios de comunicación contribuyeron al proyecto. Junto con OCCRP y E24, son:

● Africa Uncensored

● Age y Sydney Morning Herald

● Al Jazeera

● AZDA TV

● Centro Bielorruso de Investigación (BIC)

● BIRD

● Buro Media

● Civilnet

● Context Investigative Reporting Project Rumanía

● Red de reportajes de investigación de Chipre

● DARAJ

● Dawn

● De Groene Amsterdammer

● De Tijd

● Delfi

● Der Spiegel

● Der Standard

● Diario Rombe

● Direkt36

● E24

● Economy Post

● El Universal

● Etilaat Roz

● Expresso

● Forbes

● Frontier Myanmar

● Frontstory.pl/Fundación de reporteros

● Proyecto de rendición de cuentas del Gobierno

● infoLibre

● inside story

● Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)

● Investico

● investigace.cz

● Centro de investigación de Jan Kuciak

● Laboratorio de reportajes de investigación - IRL

● Irish Times

● IrpiMedia

● iStories

● Knack

● Centro coreano para el periodismo de investigación (KCIJ) - Newstapa

● KRIK

● Le Monde

● Le Soir

● Lighthouse Reports

● Malaysiakini

● Malta Today

● Mikroskop Media

● NIRIJ

● Proyecto de información sobre la delincuencia organizada y la corrupción

● Oštro

● paper trail media

● Rappler

● Reporter.lu

● Esquemas, proyecto de investigación del servicio ucraniano de RFE/RL

● Shomrim

● Siena

● SIRAJ

● Slidstvo.Info

● Straits Times

● SVT

● Tempo

● The Age

● The Confluence Media

● The News International Pakistan

● The Nikkei

● The Sydney Morning Herald

● The Times

● Times of Malta

● Twala

● VG

● Vlast

● Yle

● Zamaneh Media

● ZDF

Desde el piso 37 del rascacielos más alto de Dubái, la esposa de un presunto miembro de un cártel bosnio de la droga publicaba en TikTok un vídeo tras otro del elegante apartamento de alquiler de la pareja, en el que a menudo aparecía su gato gris. Las imágenes proporcionaban pistas suficientes para identificar la ubicación exacta del apartamento en el rascacielos Burj Khalif, el más alto del mundo; también revelaron el dato de que la vivienda pertenecía a otro individuo en el punto de mira de la policía: Cándido Nsué Okomo, ex director general de la petrolera estatal de Guinea Ecuatorial, que está siendo investigado por blanqueo de capitales en España. Okomo es cuñado del presidente Teodoro Obiang Nguema, a cuya familia la Fiscalía francesa acusa de saquear los recursos públicos del país africano, que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo.

No está claro si el inquilino, Dženis Kadrić, conocía las presuntas fechorías de su casero Okomo y viceversa. Pero su coincidencia en un contrato de alquiler es un emblema del moderno Dubái, donde el secretismo y años de políticas indulgentes han llenado sus registros inmobiliarios de propietarios de dudosa reputación.

James Henry, profesor de Justicia Global en la Universidad de Yale y experto en paraísos fiscales, compara los Emiratos Árabes Unidos, la federación de siete emiratos que incluye a Dubái, con “la escena del bar de La guerra de las galaxias”. La cantina de Mos Eisley donde Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi conocen a Han Solo y Chewbacca entre piratas, contrabandistas y sicarios.

“Entras y ves a los cleptócratas, a la izquierda a los oligarcas, en medio a los blanqueadores de dinero y al fondo a los brokers rusos de materias primas que lo utilizan para eludir las sanciones [por la guerra de Ucrania]”, describe Henry. “Todos ellos se benefician del secreto financiero”.

En el caso del altísimo piso de Okomo, los periodistas de KRIK, socio serbio de OCCRP, emplearon primero vídeos de TikTok para vincular el apartamento con el presunto miembro del cártel de los Balcanes, un expolicía que fue detenido en Bosnia en febrero por pertenencia a una banda organizada, contrabando de drogas y blanqueo de dinero. Fue puesto en libertad en mayo, pero sigue bajo investigación. Los especialistas en geolocalización del medio de investigación Bellingcat usaron después los vídeos para identificar el apartamento concreto. La propiedad de Okomo fue confirmada por un contrato de alquiler de 2023 y su aparición en una filtración de datos inmobiliarios.

Okomo no es el único propietario acusado de delincuencia que los periodistas han encontrado en esa filtración: tras una investigación de seis meses dirigida por el consorcio Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), al que pertenece infoLibre, y el medio financiero noruego E24, descubrieron al menos decenas delincuentes convictos, fugitivos, figuras políticas acusadas de corrupción y personas bajo sanción internacional que han sido propietarias de al menos un bien inmueble en Dubái. Aquí puede consultar la lista de los más destacados.

Por ejemplo, no muy lejos de la propiedad de Okomo en Burj Khalifa se encuentra un apartamento en el Hotel Burj Lakel que pertenece a Shwan Mohammad Almulla, un británico nacido en Irak que fue acusado en Estados Unidos en 2021 por una trama de sobornos para obtener millones en contratos de reconstrucción en ese país árabe.

Costa abajo, en las Grandeur Residences, un edificio situado en Palm Jumeirah, el famoso archipiélago artificial con forma de palmera, se encuentra el apartamento del holandés Joseph Johannes Leijdekkers, de 32 años, también conocido como Chubby Jos, que figura en la lista de los más buscados de la Unión Europea por tráfico de estupefacientes.

Y en la cercana Palm Tower tiene su piso Danilo Vunjao Santana Gouveia, un empresario brasileño conocido como Dubaiano. Acusado de blanqueo de capitales y fraude por dirigir presuntamente una estafa piramidal masiva de bitcoins en su país de origen, desde entonces ha emprendido una carrera como músico en Dubái, que detalla en una cuenta de Instagram con fotografías donde posa en varios lugares de la ciudad, incluido el rascacielos con forma de vela Burj Al Arab Jumeirah.

Estos y otros muchos propietarios verificados por OCCRP y sus socios deberían haber hecho saltar inmediatamente las alarmas en la evaluación básica de riesgos de cualquier empresa. Sin embargo, parece que a ninguno de ellos se le impidió comprar propiedades a su nombre. Ni Kadrić, ni Okomo, ni Almulla ni Leijdekkers ni Santana Gouveia han respondido a las preguntas que les ha hecho OCCRP al respecto.

Los datos filtrados, que son principalmente de 2022 y 2020, fueron obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin fines de lucro de Washington DC, que investiga el crimen y los conflictos internacionales. A continuación, se compartieron con el medio financiero noruego E24 y con OCCRP, que coordinó Dubai Unlocked, un proyecto de investigación en el que participan periodistas de 74 medios de comunicación de 58 países.

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad inmobiliaria en manos extranjeras en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas que aparecían en los datos, así como confirmando su condición de propietarios, utilizando registros oficiales e investigando en fuentes abiertas y en otras filtraciones.

Desde traficantes de cocaína australianos hasta familiares de dictadores africanos y financieros de Hezbolá sancionados, los resultados revelan cómo el emirato ha abierto sus brazos a personajes sin escrúpulos de todo el mundo. “Corruptos y personas políticamente expuestas que evitan la rendición pública de cuentas utilizan jurisdicciones secretas como los Emiratos Árabes Unidos para ocultar activos a plena vista”, denuncia Maria Giuditta Borselli, gestora de carteras de C4ADS.

Las autoridades dubaitíes –incluidos los ministerios de Interior, Economía y Justicia– y la Policía de Dubái no han respondido a las preguntas detalladas que les ha formulado OCCRP, pero las embajadas del emirato en el Reino Unido y Noruega han enviado una breve respuesta, asegurando que el país “se toma muy en serio su papel en la protección de la integridad del sistema financiero mundial”. Aseguran que sostienen una “continua persecución de los delincuentes mundiales” y que trabajan “en estrecha colaboración con socios internacionales para desbaratar y disuadir todas las formas de financiación ilícita”. “Los Emiratos”, añaden, “se comprometen a continuar estos esfuerzos y acciones más que nunca hoy y a largo plazo”. 

Hace 40 años, Dubái era un enclave anodino de Oriente Próximo, donde una tormenta de arena podía atravesar casi sin obstáculos desde el desierto de Arabia hasta el Golfo Pérsico. Hoy es un centro financiero mundial que presume de contar con una de las siluetas urbanas más reconocibles del mundo: una jungla de acero futurista donde empresarios y altos ejecutivos hacen negocios por valor de miles de millones de dólares, influencers alardean de una existencia envuelta en lujo y Tom Cruise escala Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, para la cuarta entrega de Misión imposible.

El emirato no es ni mucho menos el único lugar en el que delincuentes y personas políticamente expuestas (PEP) esconden su riqueza en propiedades de lujo. Los inmuebles de Nueva York y Londres también son conocidos por atraer dinero negro. Pero los expertos afirman que Dubái tiene mucho que ofrecer, y no sólo por su amplia gama de rascacielos y villas de lujo.

Según los economistas de The EU Tax Observatory y el Centro de Investigación Fiscal de Noruega que analizaron los datos de Dubai Unlocked, el valor de la propiedad extranjera en el mercado inmobiliario de Dubái ascendía a 160.000 millones de dólares en 2022.

Otro factor de atracción, destacan los expertos, son las respuestas incoherentes que da el emirato a las peticiones de ayuda de las autoridades extranjeras para detener y extraditar a fugitivos.

Hasta hace poco, los Emiratos Árabes Unidos carecían de tratados de extradición con muchos países –no así con España, que firmó un convenio de asistencia judicial mutua en materia penal en 2009–, lo que convertía a Dubái en un imán para fugitivos de todo el mundo. Aunque en los últimos años las autoridades emiratíes han aumentado su cooperación con las fuerzas de seguridad extranjeras, el Gobierno de Dubái sigue siendo conocido por sus ambiguas respuestas a las solicitudes de extradición.

Los hermanos Gupta, nacidos en la India y acusados de saquear los fondos públicos de Sudáfrica por sus estrechos vínculos con el expresidente del país Jacob Zuma , son un ejemplo reciente. A pesar de que existe un tratado de extradición entre ambas naciones, el año pasado los Emiratos desestimaron discretamente la solicitud de Sudáfrica de extraditar a Atul y Rajesh Gupta, imputados por blanqueo de dinero y fraude. La decisión causó indignación Sudáfrica, donde las autoridades han declarado que los Emiratos no han dado “respuestas satisfactorias” sobre los motivos de la denegación.

Las autoridades dubaitíes no han contestado a las preguntas específicas que OCCRP les ha enviado sobre los Gupta, pero reafirman sus esfuerzos contra “todas las formas de financiación ilegal”. Los Gupta y Zuma tampoco han respondido a las solicitudes de comentarios cursadas por el consorcio de medios.

Según Radha Stirling, abogada y defensora de los derechos humanos que dirige la organización de asistencia jurídica Detained in Dubai, las autoridades emiratíes utilizan a fugitivos de alto perfil como “moneda de cambio”. “La existencia de acuerdos de extradición entre naciones no es necesariamente clave para que las personas sean extraditadas o no”, explica. “Lo que importa es lo que Dubái quiera a cambio y si esa nación tiene algo que desee lo suficiente como para hacer un trueque”.

Al ser preguntado por la trayectoria del país en materia de extradiciones, Sauod Abdulaziz Almutawa, jefe del Centro de Delitos Financieros de la Policía de Dubái, destaca los recientes arrestos de individuos con notificaciones rojas, emitidas por Interpol, y asegura que las solicitudes de extradición, que deben pasar por los tribunales locales, tardan más en tramitarse, y a menudo tienen que enfrentarse a despachos de abogados con mucho dinero.

“Estamos aumentando nuestra capacidad, incrementando y desarrollando nuestros recursos [...] para satisfacer las expectativas de nuestros homólogos extranjeros”, añadió en una entrevista concedida a la televisión pública sueca SVT el pasado marzo.

En los últimos años, las autoridades emiratíes han endurecido las leyes contra el blanqueo de capitales, sobre todo desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental de vigilancia contra el blanqueo de capitales del G8, incluyera en 2022 a Emiratos en su lista gris por no combatir eficazmente los flujos de dinero ilícito. El Gobierno emiratí, que supuestamente había presionado para salir de la lista, recibió una buena noticia el pasado mes de febrero: el GAFI reconocía los “significativos progresos” de Emiratos y los eximía de la vigilancia adicional.

Pero algunos expertos advierten de que la medida es prematura o está motivada por razones geopolíticas. “Las recientes reformas del código penal y del sistema judicial pueden haber bastado para sacar a Dubái de la lista gris del GAFI este invierno, pero no han modificado sustancialmente la naturaleza del mercado inmobiliario”, afirma Colin Powers, investigador y redactor jefe del Noria MENA Program, una organización independiente de investigación sin ánimo de lucro.

“Las reformas no cambian lo que hace que el mercado inmobiliario sea tan atractivo para almacenar riqueza”, apunta, resaltando la facilidad que tienen los compradores para ocultar su propiedad tras fideicomisos, sociedades de cartera y fundaciones.

Una consulta realizada de forma encubierta en marzo a un agente inmobiliario de la empresa líder del sector en Dubái, Damac, sugiere que todavía hay comerciales dispuestos a mirar hacia otro lado cuando se trata del origen de los fondos de sus clientes. Durante una visita a una propiedad de Damac, uno de ellos dijo a los reporteros de la televisión sueca SVT que podían comprar el piso con “bolsas de dinero en efectivo” o con criptomonedas y no se les haría “ninguna pregunta” sobre el origen de sus fondos.

“Tratándose de propiedades, no te van a preguntar desde ningún departamento... especialmente el propio promotor”, aseguraba el agente inmobiliario. “Cualquiera que quiera comprar puede hacerlo”, resumió. También describió cómo, comprando inmuebles al contado, los clientes evitan las preguntas de los bancos sobre el origen de su dinero. “Si vendes la propiedad y luego transfieres todo el importe a la cuenta bancaria, entonces no hay problema, no te van a preguntar de dónde traes el dinero en efectivo para comprar la propiedad y luego ponerlo en el banco”, detalló el comercial.

Consultado más tarde, un representante de Damac respondió que la empresa comprueba los antecedentes de sus clientes y que no es su política recomendar a los clientes que compren en efectivo. “Si su reportero encubierto hubiera seguido adelante en el proceso de venta más allá del mero primer encuentro con un comercial, habría sido testigo del escrutinio y las medidas reforzadas que aplicamos a las transacciones que activan las alertas rojas”, declaró el portavoz Damac, añadiendo que se investigarían las declaraciones del agente.

Cuando se le informó de la conversación con el comercial, el jefe de la unidad policial de lucha contra el blanqueo de capitales, Sauod Abdulaziz Almutawa, mantuvo que el emirato tiene una “tolerancia de riesgo cero ante el incumplimiento [normativo]” y que toma medidas contra quienes hacen la “vista gorda” ante el delito. “Dubái no es un refugio seguro para los fondos ilícitos de los delincuentes. Dubái es un refugio seguro para el comercio legal, para personas honradas que trabajan duro y se han ganado lo que tienen de otra manera”, añadió.

Según las autoridades emiratíes, agentes inmobiliarios, brokers y proveedores de servicios a empresas han intensificado la notificación de transacciones sospechosas, mientras que el valor total de las multas impuestas por las autoridades contra el blanqueo de capitales se ha triplicado desde 2022. Pero el número de transacciones reportadas todavía representa una pequeña fracción de los negocios realizados, y la obligación de información para los agentes inmobiliarios actualmente sólo se aplica a las ventas, dejando los alquileres como un agujero negro. 

Melissa Sequeira, responsable de atención al cliente de Themis, una empresa con sede en el Reino Unido y Emiratos que ayuda a sus clientes a gestionar los riesgos de la delincuencia financiera, elogia el endurecimiento de la ley en Dubái y el aumento de las inspecciones a los agentes inmobiliarios en los últimos años. Pero señala que el cambio sobre el terreno es aún un trabajo en curso, sobre todo entre las empresas más pequeñas con recursos limitados, en un sector en el que hace sólo unos años “se podía comprar una propiedad sólo con el pasaporte”. El objetivo es cambiar el “tono de los altos directivos, que están más centrados en los beneficios que en frenar las repercusiones financieras globales y negativas de la delincuencia”, aclara Sequeira.

Jodi Vittori, profesora de la Universidad de Georgetown que estudia la corrupción y la financiación ilegal, sugiere que la actual guerra en Oriente Próximo puede ser un factor a tener en cuenta en lo que respecta a la salida de los Emiratos de la lista gris del GAFI. Dado que Estados Unidos espera que los Emiratos y otros aliados de la zona le ayuden en la ingente tarea de reconstruir Gaza, podría considerarse insostenible canalizar su financiación a través de un país señalado por el GAFI.

“La complicidad de los Emiratos en la corrupción, el blanqueo de dinero y la delincuencia organizada socava los esfuerzos occidentales para luchar contra todo tipo de delitos, desde el tráfico de fentanilo hasta la trata de seres humanos y los flujos financieros ilegales”, indica Vittori. “Pero será difícil para los gobiernos occidentales”, advierte, “pedir a los Emiratos que reconstruyan Gaza y al mismo tiempo presionar al GAFI para que vuelva a incluirlos en su lista gris de blanqueo de dinero o los sancione de alguna otra manera”.

OCCRP ha enviado a las autoridades dubaitíes una batería de preguntas sobre los mecanismos de control que aplican para luchar contra el blanqueo de dinero, así como sobre la colaboración judicial que prestan a otros países en la persecución de delincuentes internacionales. También se les ha preguntado sobre los propietarios de inmuebles en búsqueda y captura. A través de su Embajada en Oslo, ponen en valor sus acciones contra el blanqueo de capitales, mencionando su Oficina Ejecutiva de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y el Terrorismo (EO AMLCTF), que se dedica a organizar sesiones de divulgación –dice que 40– para profesionales del sector privado.

También exponen que han firmado 45 tratados de asistencia mutua legal con otros tantos países. Según sus cifras, los Emiratos se han incautado de más de 5.400 millones de dírhams –1.362 millones de euros– entre diciembre de 2021 y junio de 2023 en casos relacionados con el blanqueo de capitales, lo que les lleva a asegurar que esa cifra se encuentra entre los más altas del mundo, en términos generales y relativos, en comparación con los ingresos obtenidos de esas actividades delictivas. Y enumeran las multas que han impuesto por blanqueo, un total de 115 millones de dírhams –29 millones de euros–, tanto el Banco Central de Emiratos como el Ministerio de Economía, así como las incautaciones de activos por valor de más de 925 millones de dírhams –233 millones de euros–. Esas multas, añaden, incluyen a instituciones financieras.

Es difícil encontrar un lugar más tranquilo que el reservado del bar de un elegante hotel de Gotemburgo en una tarde de diciembre. En esta época del año, ya hace tiempo que ha anochecido en la segunda ciudad de Suecia, que vive a ritmo lento. Precavido por la naturaleza de su trabajo, Rami (nombre ficticio) evita las escuchas como la peste. Nos ha pedido que nos reunamos con él en privado porque lo que va a contarnos podría ponerle en peligro.

Oficialmente, Rami trabaja para una respetable empresa sueca, pero los tatuajes que luce indican que es uno de los miembros más importantes de la banda Shottaz, una red criminal liderada por un sueco de origen somalí conocido como Yassin. Compuesta por un centenar de miembros y en la que trabajan muchos menores, está en el punto de mira de las autoridades por causar cada poco problemas de orden público en las ciudades suecas en despiadados enfrentamientos con bandas rivales.

En un artículo anterior, Mediapart desveló los entresijos de los Shottaz, en particular su dominio del tráfico de drogas. Tras nuestros contactos con miembros de la banda especializados en drogas, Rami aceptó reunirse con nosotros para hablarnos de otra actividad: el comercio de armas de fuego.

«En Suecia hay una demanda muy fuerte de armas. Ahora ganamos más dinero con las armas que con las drogas», explica este miembro, que continúa explicando el lucrativo negocio: «Compramos mercancía por 1.000 euros y la vendemos por 4.000».

Rami detalla el catálogo de armas que la banda pone en venta: «Una pistola nueva con siete balas cuesta entre 2.200 y 3.000 euros. También ofrecemos pistolas de segunda mano en muy buen estado por 1.700 euros. Luego están las que llamamos 'las gordas', que son armas de guerra. Los fusiles de asalto AK-47, más conocidos como Kalashnikovs, o las pistolas ametralladoras compactas MAC-10 se venden por entre 2.600 y 3.500 euros de segunda mano. No tenemos ninguno de esos modelos nuevos.»

«Más caras y más modernas», dice el traficante, «también suministramos MP7, armas automáticas alemanas de alta gama de un tamaño intermedio entre una pistola ametralladora y un fusil de asalto. Dependiendo del modelo elegido, las vendemos por entre 3.000 y 4.400 euros cada una». Rami muestra en su teléfono fotos de armas y munición. Esas fotos, publicadas en grupos de discusión en las redes sociales, permiten a los clientes ver el stock y los precios, y hacer su elección antes de hacer el pedido con total facilidad.

Rami detalla a continuación el procedimiento de entrega, que tiene lugar en Malmoe, la tercera ciudad más grande de Suecia que está unida a Dinamarca y Copenhague por el enorme puente de Øresund sobre el mar Báltico. «Las armas vienen de los Balcanes, concretamente de Albania y Serbia, de donde son los camioneros que nos las entregan más o menos cada tres meses.»

El origen de las armas no es casual: desde las guerras que asolaron los Balcanes cuando se desintegró la antigua Yugoslavia, los delincuentes de la región se han aprovechado de los enormes arsenales que dejó el ejército yugoslavo. Con millones de unidades no registradas en circulación, la región se ha convertido en uno de los principales proveedores mundiales de bandas, grupos armados y terroristas, sobre todo en Oriente Próximo y Francia. Lo mismo puede decirse de Suecia.

«En los últimos años hemos observado que grupos de delincuencia organizada, principalmente serbios, colocan intermediarios en Suecia para recepcionar cargamentos de drogas y armas», declaró a la televisión nacional sueca el comisario Gunnar Appelgren, uno de los investigadores suecos más experimentados en materia de delincuencia organizada.

«Nunca recibimos menos de veinte armas, incluidas al menos dos de las “gordas”», explica Rami. Luego hacemos un arriesgado viaje en coche hasta Estocolmo, donde está la mayoría de los compradores. «Alquilamos coches con el logotipo de una empresa de alquiler. Eso suele levantar menos sospechas. Salen dos coches a explorar y se quedan a dos kilómetros de un tercero que lleva la carga. Si hay presencia policial, nos detenemos, dividimos la carga en tres y tomamos rutas separadas.

Según Rami, que ha participado en casi todos los convoyes hasta la fecha, la ruta seguida es siempre la misma. Para evitar en la medida de lo posible los controles policiales, se alejan lo más posible de la autopista que conduce directamente a las dos ciudades: «Desde Malmo seguimos por la costa hasta Gotemburgo y la circunvalamos para evitar las patrullas de policía. Luego pasamos por las ciudades de Säffle, Karlstad y Västerås, para llegar finalmente a Estocolmo, donde hacemos nuestras entregas a los clientes». Un viaje de más de diez horas para 850 kilómetros, frente a las siete horas y 600 kilómetros por la ruta directa.

Las armas traídas a Suecia por los Shottaz son un factor importante en la escalada de violencia entre bandas, que causa cada vez más muertes. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Suecia ha superado a Bosnia-Herzegovina y ocupa el segundo lugar entre los países europeos con mayor porcentaje de muertes por arma de fuego, por detrás de Albania: según la policía sueca, en los 314 tiroteos que se produjeron en 2023 murieron al menos 47 personas, entre ellas víctimas colaterales, .

«No vendemos Kalashnikovs y otras armas largas a gente implicada en actividades ilegales, para que un día no se vuelvan contra nosotros», dice Rami. Pero la banda presta poca atención a la identidad de sus compradores, delincuentes o no. Como buenos negociantes, no discriminan a sus clientes. Pero Rami se contradice casi de inmediato: «Vendimos fusiles de asalto a los Angeles del Infierno. Fueron de nuestros primeros clientes. En mayo o junio de 2021, les entregamos seis AK-47».

Los Ángeles del Infierno son una banda de moteros fundada en Estados Unidos a finales de los años cuarenta. Con ramificaciones en más de cincuenta países, la mayoría de sus filiales, a las que denominan «capítulos», se dedican a actividades delictivas que van desde el tráfico de armas y drogas hasta la extorsión, la prostitución y el asesinato. Aunque la organización se declara apolítica y utiliza diversos medios para limpiar su imagen de las numerosas acusaciones de racismo, su naturaleza siempre la persigue.

«Creo que eran supremacistas blancos», dice Rami de su trato con los moteros. «El club como tal no es racista, pero probablemente hay suficientes miembros racistas como para que ningún negro pueda entrar», dijo Sonny Barger, uno de los miembros más conocidos y respetados de los Ángeles del Infierno, en una entrevista con la BBC de 2000.

En Estados Unidos están procesados actualmente diecisiete miembros de la banda  por «violencia» y «delito de odio» tras un ataque racista que hirió a tres personas negras en San Diego (California). En Francia están siendo juzgados catorce Ángeles del Infierno  por matar a un hombre y herir a otros cinco de una banda de motoristas rival en Tarbes en septiembre de 2021.

En Suecia, los Ángeles del Infierno son conocidos por haber sembrado el terror en Escandinavia y Finlandia entre 1994 y 1996, durante la «Gran Guerra Motera del Norte», cuyo balance (11 muertos, 96 heridos, 74 intentos de asesinato y más de 130 detenciones), sumado al uso de armas de guerra, recuerda al mortífero conflicto en el que están inmersas las bandas suecas en la actualidad.

En aquella época, los Ángeles del Infierno se enfrentaban a sus principales enemigos, también presentes en todo el mundo: la banda de moteros Los Bandidos. Al igual que sus enemigos hereditarios, los Bandidos eran conocidos por sus actividades delictivas y sus estrechos vínculos con los grupos más radicales de extrema derecha. En junio de 2023, la policía austriaca se incautó de cientos de armas de fuego y munición, así como de numerosas banderas con la cruz gamada, uniformes, puñales y demás parafernalia nazi en un escondite de los Bandidos.

La venta de armas de guerra a grupos abiertamente racistas es motivo de preocupación, ya que se produce en un momento de crecientes tensiones por la inmigración y la violencia racista en Suecia. Según las estadísticas publicadas por el Consejo Nacional Sueco para la Prevención de la Delincuencia (Brå), de los 2.834 delitos de odio registrados en el país en 2022, el 53% fueron ataques xenófobos y racistas.

Esta organización afirma en un informe que la mayoría de estos ataques afectan a personas de origen africano: «Se utilizan regularmente expresiones deshumanizadoras [...] o que contienen referencias a la trata de esclavos, la teoría biológica racial y el supremacismo blanco». En abril de 2022, unos disturbios sin precedentes dejaron numerosos policías heridos después de que Rasmus Paludan, líder del partido anti-islam Stram Kurs, quemara un ejemplar del Corán. Los agentes encargados del caso acusaron a las bandas de alentar la revuelta para asestar un duro golpe a la policía sueca, en particular atacando a agentes y quemando vehículos.

«Las guerras entre bandas siempre han existido en suelo sueco, no es nada nuevo», explica a Mediapart la inspectora de policía Hanna Johansson, que patrulla cerca del enorme puerto de Gotemburgo. Y añade: «En los años 90 nos enfrentábamos a los moteros, que hacían gala de una violencia rara y espectacular. Luego vinieron las bandas de la antigua Yugoslavia, algo más discretas. Ahora el tráfico está en manos de grupos de Somalia y Oriente Próximo. La delincuencia sigue siendo la misma, sólo han cambiado los actores.»

«En Suecia siguen existiendo los Ángeles del Infierno, pero sus miembros están envejecidos y cansados. En los últimos años, el número de capítulos se ha reducido de catorce a once", explica Lasse Wierup, periodista especializado en asuntos de bandas en Suecia, entrevistado por Mediapart. Y añade: «Siguen implicados en varios tipos de actividades delictivas, pero su principal negocio es la delincuencia de cuello blanco y la extorsión».

El periodista señala que sus rivales, los Bandidos, son aparentemente más activos en el conjunto de Suecia. «Están más presentes en los conflictos directos entre bandas, que a veces son mortales. También están implicados en el tráfico de drogas y armas, así como en la extorsión.» Esta evolución se caracteriza por un aumento del número de sus miembros y de sus capítulos: «En Suecia, estos moteros tienen diez secciones activas. Su objetivo es aumentar la actividad de las bandas, principalmente en las ciudades de Karlstad, Vänersborg, Skara, Kungälv, Växjö, Höör, Helsingborg y Karlskrona.»

Lasse Wierup señala que, a pesar de su racismo, las bandas de motoristas buscan cada vez más atraer a inmigrantes: «De hecho, hoy los Bandidos tienen en sus filas a muchos inmigrantes de primera y segunda generación. Es más, mantienen estrechos vínculos con bandas somalíes que están desarrollando un estilo de delincuencia callejera. Es el caso de los Shottaz, con quienes comparten cada vez más el mismo origen étnico y social.»

Traducción de Miguel López

En marzo de 2021 comenzó en Ámsterdam el primer gran juicio contra la Mocro Mafia, la banda de origen marroquí que domina el tráfico de drogas en los Países Bajos y Bélgica. El principal acusado era Ridouan Taghi, jefe del violentísimo grupo criminal. En el proceso, todo un acontecimiento mediático en el país, participaba un conocido periodista, Peter R. de Vries, en apoyo de un testigo que con su declaración podía acabar con la banda. Sólo unos meses más tarde, el 6 de julio, De Vries recibió un tiro en la cabeza, en plena calle, cuando acababa de abandonar un estudio de televisión. Murió nueve días después.

Dos fueron los atacantes: el pistolero, Delano G., un rapero holandés de origen antillano, y un taxista polaco, Kamil E., que le esperaba en el coche donde ambos se dieron a la fuga. Fueron detenidos apenas 45 minutos después del ataque. En el caso también estaban implicados otros dos polacos relacionados con los bajos fondos holandeses, Krystian M. y Konrad W [las autoridades holandesas no hacen públicos los apellidos de los detenidos].

Un año después, fue arrestado en San Feliu de Llobregat (Barcelona), un holandés de origen antillano, Gerower MC, de 26 años; otro más, Erickson O., fue capturado en Curaçao, una isla autónoma perteneciente a los Países Bajos, y un tercer antillano, Christopher W., en Helmond, cerca de Eindhoven. Finalmente, dos antillanos más cayeron en enero y abril de este año: Divainy K. y Ludgardo S.

Un total de nueve delincuentes de dos nacionalidades distintas se pusieron al servicio de la mafia marroquí para acabar con la vida del periodista que había amenazado la hasta entonces exitosa carrera criminal de Ridouan Taghi. Los dos primeros, Delano G. y Kamiml E., ya han sido juzgados y condenados a cadena perpetua. Los siete restantes, acusados de pertenencia a organización criminal, serán juzgados en enero de 2024.

Según la fiscalía holandesa, el detenido en Barcelona, Gerower, y el capturado en Curaçao, Erickson, grabaron a De Vries nada más recibir el disparo en la calle. Poco después, los vídeos fueron publicados en Twitter y luego compartidos masivamente a través de WhatsApp. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad recogidas por la policía muestran a ambos comiendo en un MacDonald’s próximo al estudio de televisión donde estaba el periodista aquella tarde. Cuando éste abandona el edificio, Gerower y Erickson salen del restaurante y se dirigen hacia donde acaba de ser tiroteado. Lo graban con sus móviles mientras otros transeúntes lo atienden. Se van, riendo, en cuanto llegan los servicios de emergencia.

La fiscalía sostiene que la intención de Gerower y Erickson al subir esos vídeos a las redes sociales no era otra que sembrar el terror en la ciudadanía. Por eso les acusan de formar parte de una organización criminal con fines terroristas. En una vista preliminar celebrada en octubre, las defensas de los dos antillanos, en cambio, alegan que los dos jóvenes ni siquiera sabían quién era Peter R. de Vries.

Según contó la Policía Nacional cuando capturó a Gerower, el holandés apenas salió de las casas donde se escondía –y que cambiaba periódicamente– en todo el tiempo que pasó en España: otras personas, también delincuentes, le llevaban la comida. A detenerle fueron también miembros de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), debido a la “alta peligrosidad” del antillano, que había adoptado “fuertes medidas de seguridad” para evitar su captura, incluida una puerta metálica antiocupación.

Este reportaje forma parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado coordinada por el consorcio de medios OCCRP, del que forma parte infoLibre, en cooperación con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), a partir de la filtración de millones de correos electrónicos de la Fiscalía colombiana.

La Mocro Mafia es un grupo del crimen organizado que lleva años aterrorizando a Países Bajos y Bélgica desde los años 90. La base de su negocio es el tráfico de drogas desde Sudamérica y África, pero también ordena secuestros y asesinatos y se manejan con una violencia extrema. En marzo de 2016, alguien dejó la cabeza cortada de un traficante de drogas de 23 años frente a un bar de shishas en Ámsterdam. Es una advertencia de gángsters, como la cabeza del caballo en El padrino, explicó el periodista Peter R. de Vries en televisión. Toda una autoridad sobre el crimen organizado en los Países Bajos, De Vries era famoso por el libro que escribió sobre el secuestro del magnate cervecero Freddy Heineken en 1983 y por las investigaciones de su propio programa, Peter R. de Vries, misdaadverslaggever [periodista de sucesos]. 

En los últimos meses antes de su muerte, en julio de 2021, De Vries había decidido ayudar a la Justicia holandesa a obtener pruebas contra la Mocro Mafia. Unos años antes, en 2017, Nabil B., antiguo subordinado del capo Ridouan Taghi, había prestado un extenso testimonio de 1.500 páginas. Y pagó un alto precio por ello: una semana después de que se hiciera pública su declaración, su hermano fue tiroteado. Después, en 2019, la foto de Nabil B. fue incluida por error en los expedientes a los que tuvieron acceso los acusados en el proceso contra la Mocro Mafia. Su abogado, Derk Wiersum, fue asesinado al salir de su casa en Ámsterdam en la mañana del 18 de septiembre de 2019. 

Nabil B., que era un entusiasta seguidor del programa de Peter R. de Vries, invitó al periodista en 2020, según informó The Guardian, a formar parte de su equipo de abogados como asesor y persona de confianza. El periodista aceptó, lo que le puso en el punto de mira de Ridouan Taghi. 

Una semana antes de ser tiroteado, el periodista se reunió con la policía para pedir protección. Le ofrecieron 10 agentes armados, seguridad día y noche. De Vries creyó que era demasiado y se negó a aceptarla.

Ahora NarcoFiles desvela cómo se gestó el asesinato del reportero holandés. Delano G. recibe un mensaje del polaco Krystian M. con una foto de De Vries y un breve texto debajo. “Hay que matar a este perro”, escribe Krystian, de 27 años. El polaco, que procede de la ciudad polaca de Hrubieszów y llegó a los Países Bajos siendo adolescente, jugaba al fútbol en un club local y fue quien organizó el ataque al periodista. Un testigo de la fiscalía, conocido sólo como Eddy, otro polaco que conocía bien a Krystian M., lo denunció a la policía cuando se enteró del asesinato.

Según el periódico holandés Het Parool, Eddy y Krystian se conocieron en 2020 a través de un amigo en común, también polaco. Eddy ayudó a Krystian, por ejemplo, registrando coches a su nombre. ¿Cómo se ganó Krystian M. la confianza de la mafia marroquí? Eddy contó que su amigo ya había matado a alguien en nombre de la mafia marroquí. “Una vez me dijo que tenía pesadillas por ello”, declaró.

Un buen día, Krystian le contó a Eddy sus planes para matar a un periodista famoso: “Puedes conseguir 150.000 euros por el trabajo: 100.000 para el tirador, 50.000 para el conductor. La orden proviene de un hombre llamado Tío”. ¿Quién es? Basándose en los mensajes interceptados del teléfono de Krystian M., los investigadores determinan que ese Tío es Ridouan Taghi, el jefe de la Mocro Mafia.

Poco después del asesinato, Krystian M. viaja a Polonia para pasar un mes. A su regreso, sigue trabajando para el hampa: consigue armas, vigila envíos de dinero. Para cuando Eddy testifica sobre Krystian, en el otoño de 2021, el polaco ya está detenido por participar en sangrientas disputas entre gánsteres. Después, en las vistas del juicio, oculta su rostro tras una mascarilla; no quiere que los medios publiquen su imagen.

Además de contratar a Delano, Krystian busca un conductor, el polaco Kamil E. Alto, de complexión fuerte, barba de chivo y tatuajes en el cuello, es aficionado a las artes marciales. Vive con su pareja e hijos en un pueblo holandés de sólo 4.000 habitantes llamado Maurik. Sólo unos días antes del atentado contra De Vries, el polaco fue detenido mientras conducía. La policía sospechaba que podía haber un arma en el coche, pero no encontró nada y le dejó marchar. El 6 de julio fue Kamil quien llevó a Delano al lugar del asesinato.

“Yo no maté a nadie”, declaró el chófer durante su primera vista judicial. Cierto: sus instrucciones eran sacar al asesino del lugar lo más rápido posible, quemar el Renault Clio que conducía y deshacerse de las matrículas. Pero el plan fracasó: Delano y Kamil fueron detenidos en la autopista a las afueras de Ámsterdam menos de una hora después del ataque. Pudo ser incluso peor. Mientras Kamil estaba bajo custodia, la Mocro Mafia planea matar a su madre, que vive en la pequeña Tiel, en el centro de los Países Bajos, si decide testificar.

Las huellas polacas en el crimen de De Vries no terminan en Kamil. En septiembre de 2022 llegaron a la ciudad de Ostrów Wielkopolski dos policías con una orden de detención europea. Junto con tres uniformados polacos, arrestaron a Konrad W., que fue extraditado enseguida a los Países Bajos y juzgado por el asesinato de Peter R. de Vries. Fontanero de 31 años, cubierto de tatuajes y pillado con 79 gramos anfetamina en su casa, Konrad asegura que se enteró del ataque al periodista holandés por los medios de comunicación. El día que dispararon a De Vries, además, estaba en otra ciudad. No admite su culpa y no tiene idea de por qué le involucran los otros detenidos.

Pero la fiscalía holandesa no le cree, porque sabe que contactó con el asesino Delano y su chófer Kamil justo antes del crimen y les proporcionó información clave. Su misión era ayudarles a conseguir armas y un coche, e incluso se le consideraba como posible tirador. Además, hay otra pista que le conecta con el mundo criminal holandés: un polaco que colabora con el hampa trabaja cargando contenedores en el puerto de Róterdam, donde sólo en 2020 se incautaron 70 toneladas de cocaína.

¿Por qué se ordenó a los polacos matar a Peter R. de Vries? ¿Significa que en Países Bajos ocupan un lugar elevado en la jerarquía criminal? Un periodista holandés que conoce bien el hampa los describe más bien como “soldados dispuestos a apretar el gatillo”. 

Hoy, además de los tres polacos y del rapero Delano, en el banquillo se sientan otros dos holandeses que supuestamente ayudaron en el crimen. En el caso de Konrad, la fiscalía no hará pública su petición de penas hasta principios del próximo año. Pero Krystian, Kamil y Delano se enfrentan a cadena perpetua por asesinato y participación en un grupo terrorista.

Los países del Benelux son puntos clave en el mapa del contrabando mundial de cocaína operado por la Mocro Mafia. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías y de Europol, sólo en 2020 se incautaron en Europa un total de 213 toneladas de cocaína. Principalmente en los puertos más occidentales de la UE, sobre todo en Países Bajos, Bélgica y España. Pero otro punto importante de distribución de cocaína en Europa son los puertos de los Balcanes orientales: Albania, Montenegro y Croacia.

Polonia es desde hace años un país de tránsito. Las drogas que han eludido los controles de aduanas de Bélgica, Países Bajos, España o Francia se transportan por mar a Gdynia, Gdańsk y Szczecin, los tres mayores puertos internacionales de Polonia, donde se confiscaron 3,8 toneladas en 2020. Este papel se ha reforzado después de que se hayan cerrado algunos puertos ucranianos, adonde en el pasado llegaban transportes procedentes de América del Sur que luego seguían la ruta de los Balcanes y finalmente llegaban a Alemania y más allá.

Según el último informe de Europol, Polonia también es un lugar donde los delincuentes compran los llamados precursores y otras sustancias para mezclar cocaína: “Hay indicios de que los productos químicos incautados en laboratorios de cocaína de los Países Bajos fueron comprados en otros países de la UE, incluidos Alemania, Polonia y España. Probablemente son de mayor calidad que los utilizados en los laboratorios de cocaína colombianos”, explica Mariusz Majewski, subdirector del Departamento de Lucha contra la Delincuencia Marítima de la Oficina de Aduanas e Impuestos de Pomerania.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Cristian Cortés ya consideraba seriamente irse de Colombia para escapar de la violencia que devoraba su barrio cuando un día, al llegar a casa, encontró un panfleto con amenazas por debajo de la puerta de su apartamento. “Los que estén de sapos [soplones] les estallamos su granada en sus carros”, decía el papel. “Nadie estará seguro en su casa”.

Los mensajes con las amenazas eran obra del Tren de Aragua, una banda que desde su origen en 2012 en una cárcel de Venezuela se ha expandido a media docena de países sudamericanos. Allá donde ha aparecido este grupo ha llevado consigo secuestros, tráfico de drogas, trata de personas, asesinatos por encargo y extorsiones. La tarjeta de presentación del Tren de Aragua es la violencia. Sus miembros cuelgan en las redes sociales grabaciones en las que puede verse a las víctimas rogando por su vida antes de ser ejecutadas.

Tras una disputa con los responsables del edificio en Bogotá en el que vivía Cortés, la banda amenazó con envenenar el suministro de agua o con prender fuego a los ascensores. Así que Cortés y 15 miembros de su familia decidieron huir. “En Bogotá, cada vez que llegaba de vuelta al barrio tenía que esconder todo –el dinero, el teléfono– porque podían asesinarme sólo por eso”, explica Cortés en una entrevista con los periodistas en una ciudad estadounidense cuyo nombre pide que no se revele.

El Tren de Aragua ha acaparado titulares en los últimos años, la inmensa mayoría en medios de comunicación en español. Pero comparado con otras organizaciones criminales transnacionales, tales como la MS-13 o el cártel de Sinaloa, el grupo ha seguido siendo una banda bastante desconocida fuera de Sudamérica. Y fuerzas de seguridad y expertos aún siguen sin entender del todo muchos elementos sobre su manera de actuar.

Basándose en una filtración de documentos de la Fiscalía colombiana, OCCRP y sus socios, entre los que se cuenta infoLibre, han logrado componer una imagen de cómo opera esa banda en una nueva investigación de los NarcoFiles. Esta investigación revela cómo el Tren de Aragua logró enfrentarse a grupos criminales ya establecidos, obtener armamento pesado y expandirse a otros países desde Venezuela. La organización ha desatado oleadas de terror en Chile, Colombia, Brasil y Perú, muchas veces aliándose con bandas locales. “Utilizan violencia desmedida para demostrar su poder y a quien traicione o no obedezca órdenes, su asesinato lo pone como ejemplo para que otros no piensen por ningún motivo seguir estos pasos”, se puede leer en un informe policial que detalla la historia de esta banda y que forma parte de los documentos de la Fiscalía de Colombia.

El Tren de Aragua ha añadido una capa más de sufrimiento sobre los venezolanos que, por millones, han tenido que abandonar su país escapando de la inestabilidad política, de la corrupción extrema y de un colapso económico que ha desembocado en una crisis humanitaria. Y por si eso fuera poco, empiezan a aparecer señales de que miembros del Tren de Aragua van rumbo al norte. La Patrulla de Fronteras de Estados Unidos explicó a la cadena de televisión CNN, socia de OCCRP en esta investigación, que en el último año, entre octubre de 2022 y octubre de 2023, ha detenido a 38 individuos sospechosos de pertenecer al Tren de Aragua. Al menos dos de ellos han sido procesados por intento de entrada ilegal en Estados Unidos.

El Tren de Aragua surgió en la extraordinariamente superpoblada prisión de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, entre 2012 y 2013, según estiman las autoridades. Tras años de negligencia y corrupción, las autoridades cedieron el control de la cárcel a los reclusos, que la gestionaban mediante un sistema jerárquico conocido como pranato. A lo largo de los años, Tocorón pasó a convertirse en un nodo del crimen internacional. En septiembre, el ministro venezolano de Interior, Remigio Ceballos, reveló a los reporteros que las autoridades se incautaron de fusiles de francotirador, granadas y lanzacohetes dentro de la prisión. 

Humberto Prado, el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, una organización no gubernamental de derechos humanos que verifica las condiciones de las prisiones en el país, explicó que las brutales tácticas empleadas por el Tren de Aragua tienen sus raíces en la violencia carcelaria que aplicaban dentro de Tocorón.

Prado detalla a qué extremos llega la banda para lograr que se pague la causa, un impuesto que han de abonar los reclusos sólo para que se les permita seguir vivos. “Preso que no pagaba un impuesto [...] le daban un tiro en la muñeca; si no paga por segunda vez, un tiro en el tobillo y la tercera falta de pago equivale a la pena de muerte”. Este tipo de brutalidad ha permitido al Tren de Aragua conquistar negocios ilegales como la prostitución o el tráfico de drogas en numerosas ciudades por toda Sudamérica.

Una joven contó a la CNN que fue forzada a prostituirse en Colombia por miembros del Tren de Aragua, que la tuvieron atada a una cama durante dos meses, drogándola y dejándola sin comer. La mujer relató también cómo fue violada por cinco hombres, que luego la forzaban a tener sexo con clientes. Aunque sabía que en las habitaciones contiguas había otras mujeres, asegura que durante aquellas semanas sus únicos compañeros “eran los ratones”.

Óscar Naranjo, exvicepresidente colombiano y general retirado de la policía que combatió al temido cártel de Medellín de Pablo Escobar, sostiene que el Tren de Aragua es “la organización criminal más disruptiva que hoy registra América Latina”. Aunque los métodos de esta banda recuerdan aquella época terrible –bolsas con cuerpos desmembrados y cadáveres enterrados bajo cemento han aparecido en Colombia y Chile, por ejemplo–, los miembros del Tren de Aragua van más allá pues emplean las redes sociales para amplificar ese terror.

En febrero de este año, el vídeo del asesinato de una trabajadora sexual trans llamada Rubi Ferrer sembró el terror en las calles de Lima, la capital de Perú. El vídeo, grabado con un teléfono, muestra a Ferrer suplicando por su vida antes de ser asesinada de un disparo a quemarropa. La policía peruana atribuyó el crimen al Tren de Aragua. El asesinato de Ferrer, así como el de una de sus compañeras, llamada Priscila Aguado, fue un mensaje, según Ángela Villón, presidenta del Movimiento de Trabajadoras Sexuales de Perú. En aquel momento, según relata Villón, el Tren de Aragua intentaba hacerse con el control de la zona de Lima donde ofrecen sus servicios las trabajadoras sexuales. Varias de ellas fueron avisadas de que dejaran de aparecer por allí. La banda estaba reemplazándolas con mujeres que habían huido de Venezuela y que se encontraban en una situación de extrema pobreza. “Y después [de las amenazas] vinieron las muertes, los asesinatos de Rubí Ferrer y Priscila Aguado. En una semana mataron a seis mujeres”, dice Villón, que como otras muchas personas recibió en su teléfono el vídeo del asesinato de Ferrer.

Villón cuenta además que al menos 18 de sus compañeras han recibido disparos en el pie, el mensaje del Tren de Aragua para que dejen de pisar las calles que ellos quieren controlar. Según la organización de Villón, 24 trabajadoras sexuales han sido secuestradas o asesinadas en 2023. Otras 35 se encuentran desaparecidas.

Otra demostración de la rápida expansión de esta banda fue la oleada de asesinatos que se produjeron en 2021 en Boa Vista, la capital del Estado brasileño de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana. Entre marzo y agosto de ese año la policía investigó una docena de asesinatos, que acabaron siendo atribuidos al Tren de Aragua. Las víctimas eran migrantes venezolanos y los cadáveres de cuatro de ellos habían aparecido desmembrados. Los fiscales en Roraima aseguraron que algunas de las víctimas tenían deudas por droga y que los asesinatos tenían como objetivo “infundir miedo y terror” en la región.

Un documento de la Secretaría de Seguridad Pública de Roraima, que supervisa a la policía estatal, sostiene que los miembros del Tren de Aragua están bien armados, con ametralladoras y rifles de asalto. En el documento, el secretariado estatal –así como la policía y la policía militar– solicitaban al Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública que les suministrara “armamento y munición proporcionales a las condiciones necesarias para combatir al crimen organizado en las áreas amazónica pertenecientes al Estado de Roraima”.

El Tren de Aragua también empleó armamento pesado en Colombia en 2021. Un informe de la inteligencia militar, procedente de la filtración de la Fiscalía colombiana, señala que el grupo empleó “fusiles de asalto y granadas de fragmentación”, cuando se enfrentó a la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN). Los alrededores de la ciudad colombiana de Cúcuta se convirtieron en lo que algunos habitantes describieron como “zona de guerra” cuando distintos grupos comenzaron a combatir por el control de La Parada, punto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Al final, según el informe, el Tren de Aragua “impuso su poder bélico, logrando establecerse en el lugar como máximo controlador de la economía ilegal”.

Otro informe obtenido en la filtración de la Fiscalía colombiana detalla la brutalidad contra aquellos que traicionan a la banda. Así le ocurrió a Yonathan Zabalza Palencia, un miembro del Tren de Aragua que fue marcado por la banda como “guerrillero del ELN”. La policía encontró su cuerpo desmembrado dentro de un saco que había sido arrojado a un canal. 

En 2022, la Fiscalía General de Colombia anunció el arresto en Bogotá de 19 miembros del Tren de Aragua, que fueron acusados de asesinato, tráfico de drogas, soborno, extorsión y posesión ilegal de armas de fuego.

“La característica básica es la de una violencia que no se detiene ante nada. Han asesinado a menores, torturado a jóvenes, descuartizado ciudadanos. Y no se conforman con eso, sino que quieren mostrarlo, hacerlo público, visible, para intimidar al conjunto de la sociedad”, detalla Naranjo, el general de policía retirado. 

Este septiembre, el ministro venezolano de Interior dijo a la CNN que las autoridades habían desmantelado la cúpula del Tren de Aragua tras una masiva operación para recuperar el control de la cárcel de Tocorón. La banda había gestionado el penal durante años, disfrutando allí del lujo que pagaban con los ingresos obtenidos por sus crímenes. Los miembros del Tren de Aragua tenían acceso a una piscina, así como a varios restaurantes dentro de la prisión, donde también había una discoteca, una cancha de béisbol, un mercado y una gallera.

Ceballos dijo a los periodistas que la operación, en la que participaron miles de agentes armados, fue un “éxito total”. Pero la periodista Ronna Risquez, autora de un libro recién publicado sobre el Tren de Aragua, advirtió a OCCRP de que, si bien la redada fue “un golpe duro” a la organización, es poco probable que vaya a suponer el desmantelamiento total de la banda: “Los líderes del Tren de Aragua no han sido detenidos y no se sabe dónde están”.

Perú y Colombia han emitido órdenes de arresto contra Héctor Guerrero, conocido por el alias de Niño Guerrero, quien según las autoridades dirigía el grupo desde la cárcel de Tocorón. Su ubicación actual es desconocida.

Y ahora, según sugiere la Patrulla de Fronteras de Estados Unidos en un comunicado, hay señales de que la banda encamina sus pasos hacia el norte. Ésta es una mala noticia para gente como Juan, un venezolano llegado recientemente a Nueva York con su mujer y sus tres hijas. La familia huyó después de que el exmarido de su esposa, un miembro del Tren de Aragua, ordenara asesinarlo. Juan, de 28 años, que pide ser identificado sólo por su nombre de pila como medida de seguridad, explicó que era muy arriesgado quedarse en Sudamérica, ya que la banda podía localizarlo fácilmente. “Se mantienen por todo Ecuador, por Colombia, por todos esos países”, avisa. “Aquí [en Estados Unidos]”, duda, “se les hace un poquito más difícil entrar, creo yo”.

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Esta información es parte de NarcoFiles: El Nuevo Orden Criminal, una investigación periodística internacional sobre el crimen organizado global, sus innovaciones, sus tentáculos y quienes lo combaten. El proyecto se originó con una filtración sin precedentes de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Vorágine y Cerosetenta / 070 accedieron a los datos a través de dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets y Enlace Hacktivista. Luego compartieron el material con más de 40 medios de comunicación, entre ellos infoLibre y Narcodiario en España. Periodistas de 23 países trabajaron en las investigaciones, principalmente en América Latina, pero también en Europa y Estados Unidos.

A partir de las pistas encontradas en los datos filtrados, los periodistas han elaborado docenas de artículos que revelan las múltiples formas en las que los grupos del crimen organizado evolucionan, se expanden y experimentan en el mundo moderno, dejando nuevas víctimas a su paso.

Más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de Colombia, entre ellos la correspondencia con embajadas y gobiernos de todo el planeta. Un sinfín de mensajes, audios, imágenes, PDF, hojas de cálculo y calendarios, en su mayoría con fecha entre 2017 y 2022, que dan acceso a los secretos del negocio global del narcotráfico. Rara vez la redacción de un periódico dispone de un material tan impresionante sobre el que trabajar. Y más raramente aún ese periódico tiene la oportunidad de hacerlo en cooperación con toda una red internacional de medios de investigación.

Pues bien, eso es lo que ha ocurrido esta vez.

Ese ha sido el desafío al que se han enfrentado durante meses más de 40 medios, entre ellos infoLibre, miembro de la red Organized Crimen and Corruption Reporting Crime (OCCRP), que tuvo acceso a la histórica filtración. Decenas de periodistas han trabajado a partir de la información de la Fiscalía verificando datos, siguiendo pistas, entrevistando a delincuentes, víctimas, policías y autoridades, cosechando información complementaria, hablando con expertos, recabando antecedentes y contexto.

El resultado es NarcoFiles: el nuevo orden criminal, una panorámica nunca antes vista del más poderoso negocio ilegal del planeta, que mueve cantidades fabulosas de dinero mientras provoca muerte y devastación social, lesiona las arcas públicas y destroza el medio ambiente. Un negocio letal no sólo en términos de salud pública, sino también para la democracia misma, que se corrompe al contacto con el polvo blanco.

La investigación, publicada en exclusiva en España por este periódico, permite identificar grupos, líderes, rutas y estrategias del narco global. Sus resultados muestran la naturaleza cada vez más sofisticada de una actividad que desborda las imágenes estereotipadas, combinando ahora el recurso a la violencia con una creciente profesionalización basada en la cooperación entre grupos y el uso de alta tecnología.

NarcoFiles arroja además una preocupante conclusión: España se ha convertido en un nodo fundamental de toda una vasta red criminal transnacional. Lo cuentan con detalle los periodistas Begoña P. Ramírez, de infoLibre, y Víctor Méndez, de Narcodiario, que han trabajado juntos para esta serie: la Mocro Mafia holandesa, el cártel de los Balcanes, la 'Ndrangheta, el clan irlandés Kinahan y los grupos colombianos y mexicanos mantienen estructuras estables en España, país erigido en enclave privilegiado para el blanqueo de capitales. Especial atención para la radiografía del narconegocio merecen los puertos –Algeciras, Valencia, Barcelona, Málaga, Vigo, Bilbao–, convertidos en "un problema importante de corrupción", como alerta la fiscal jefe antidroga, Rosa Ana Morán. “Hay que evitar que Valencia se convierta en Amberes”, advierte. No es una advertencia cualquiera.

Hay que tirar a la papelera todas las ideas preconcebidas sobre cómo funciona el negocio de la droga. Y esto vale tanto para su operativa global como para el papel de España, que ha dejado atrás su condición de mera puerta de entrada de la cocaína y el hachís para alzarse con el título de gran productor de droga de la UE. Eso sí, su papel vital en las rutas de la droga y el dinero sucio contrasta con la escasa fuerza de los grupos criminales nacionales. Sólo hay tres organizaciones, las tres gallegas, con músculo suficiente para completar el negocio de principio a fin. Los españoles son transportistas, blanqueadores, rescatadores... pero los grandes capos son de fuera. Al menos, de momento.

El narco global es hoy una hidra de la que brotan dos cabezas en cuanto la Policía tiene el acierto de cortar una. Con la demanda global de cocaína en alza y su mercado creciendo en Asia, África y Europa, las grandes organizaciones del narcotráfico parecen haber razonado que hay tarta para todos y que ganan más cooperando y refinando sus métodos empresariales que ocupando las páginas de sucesos. Los días en que un solo cártel se hacía cargo de toda la cadena de suministro han quedado atrás. Hoy se impone la colaboración en redes fluidas que se reparten los papeles a lo largo de todo el ciclo de producción, distribución, venta y blanqueo de los beneficios. NarcoFiles repasa casos concretos que permiten ver punto a punto, desde Latinoamérica a Europa, el viaje de la droga y el dinero, con su rastro de crimen y destrucción.

Si el trabajo en red hace más difícil aún de combatir esta lacra, tiene perfecto sentido que sea el periodismo en red, como el desarrollado por OCCRP, el que presente a lectores de todo el mundo esta completa radiografía del fenómeno. NarcoFiles no sólo levanta acta definitiva del fracaso de la "guerra contra las drogas" tal y como fue concebida por Estados Unidos hace ya más de cuarenta años, sino que invita a superar el diagnóstico y la persecución fragmentada de un tipo de criminalidad que ha crecido sin control durante demasiado tiempo, hasta el punto de ostentar ya un poder que parece imposible de doblegar.

Los gobiernos –el español, claro, entre ellos– afrontan un reto de época, ante el que harían bien en arremangarse y usar todos los recursos a su alcance, singularmente los que puedan prestar las grandes empresas tecnológicas. Mañana podría ser tarde.

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Ángel Munárriz es Jefe de Investigación de infoLibre.

NarcoFiles: el nuevo orden criminal es una investigación internacional sobre la situación actual del crimen organizado y sobre aquellos que lo combaten. Esta colaboración de más de 40 medios es el mayor proyecto de investigación sobre este tema que nace en América Latina, una región golpeada por el tráfico de drogas, así como la estela de violencia y corrupción que deja. La serie desvela el papel clave de España en el negocio global del narcotráfico.

El proyecto se originó con una filtración de correos electrónicos de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, que fue compartida el año pasado con OCCRP y con una cuarentena de medios latinoamericanos, entre ellos, Cerosetenta/070, Vorágine y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP). 

OCCRP recopiló esos datos e invitó a medios de 23 países de América y Europa para analizar su contenido. Las investigaciones resultantes ofrecen una ventana única sobre cómo colaboran, se comunican e innovan los grupos criminales en un mundo globalizado. 

En 2022, un grupo de hacktivistas conocido como Guacamaya obtuvo los correos electrónicos tras infiltrarse en el servidor Microsoft Exchange, una plataforma que usa la Fiscalía colombiana. En un comunicado de prensa atribuido a ese colectivo, Guacamaya explicó que puso en el punto de mira a las instituciones a las que acusa de favorecer la corrupción y el crimen organizado.

Microsoft había pedido a sus clientes que hicieran una actualización de seguridad a principios de ese año, pero numerosas compañías e instituciones en Latinoamérica no las llevaron a cabo. Guacamaya fue capaz de sacar partido de esta vulnerabilidad para piratear a la Fiscalía, así como a otras instituciones militares y policiales, agencias regulatorias y compañías a lo largo de América Latina.

Guacamaya compartió los datos con dos organizaciones: Distributed Denial of Secrets, un colectivo que distribuye y archiva datos filtrados de interés público, y Enlace Hacktivista, una página web que publica información sobre herramientas y noticias de hackers. Estos dos grupos compartieron esa filtración con OCCRP y con varios medios latinoamericanos.

En octubre de 2022, la Fiscalía lanzó una investigación criminal sobre el ataque. La institución aseguró que también había abierto un proceso administrativo contra el contratista a cargo de la infraestructura digital. En enero de este año, la vicefiscal Martha Mancera anunció que la institución estaba tomando medidas para reforzar la ciberseguridad.

OCCRP y sus socios en Colombia enviaron un cuestionario a la Fiscalía y pidieron una entrevista para hablar de la filtración. Al cierre de Narco Files, la Fiscalía no había respondido. 

Con un tamaño de cinco terabytes, la filtración contiene más de siete millones de correos electrónicos de la Fiscalía de Colombia, entre ellos correspondencia con embajadas y autoridades de todo el planeta. Los archivos –que también contienen audios, imágenes, PDF, hojas de cálculo y calendarios– se remontan a 2001, aunque la mayoría de ellos se concentran entre 2017 y 2022.

Los documentos en la filtración revelan detalles únicos sobre el funcionamiento interior de las bandas criminales internacionales, así como sobre los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelarlas. En sus investigaciones, los reporteros exploran seis temas principales:

Para confirmar la autenticidad de la filtración, los reporteros contrastaron los datos con otras fuentes; por ejemplo, cruzaron los números de referencia de casos judiciales con información que está disponible de forma pública. Los números de identificación pueden ser confirmados en bases de datos públicas, mientras que los nombres de las sociedades y la información sobre propiedades aparecen en los registros. Los nombres de los fiscales y agentes fueron también comprobados en las páginas de internet de las distintas agencias.

Para verificar aún más a fondo la información que encontraron, los reporteros enviaron peticiones de información pública, revisaron cientos de documentos públicos y privados, así como bases de datos; entrevistaron a autoridades, criminales convictos, expertos y a víctimas del tráfico de drogas.

Después de clasificar la información filtrada, los reporteros identificaron en los correos temas de interés que emplearon como puntos de partida para investigar más a fondo. En la mayoría de los casos, los documentos de la filtración acabaron siendo sólo una pequeña porción de las fuentes que se emplearon para cada historia.

También se tomaron medidas para proteger a terceros y evitar alterar investigaciones en curso.

El crimen organizado alimenta la corrupción, devasta el medio ambiente, siembra desigualdades y frena el desarrollo económico. Por eso, es fundamental que el periodismo de investigación exponga a las personas que están detrás del tráfico de drogas y otras actividades criminales y explique cómo opera. 

En Colombia, los ciudadanos tienen derecho a acceder a información de interés público y los medios de comunicación tienen derecho a publicar esta información, independientemente de la fuente. Uno de los más altos tribunales del país, la Corte Constitucional, ha subrayado que ninguna fuente está intrínsecamente fuera del alcance de los periodistas.

Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de la Prensa (FLIP), una organización colombiana que aboga por la libertad de expresión, le dijo a OCCRP que “el derecho a la libertad de expresión significa que los medios de comunicación tienen derecho a difundir información según su propio criterio editorial, siempre que actúen en cumplimiento de la ley y bajo la responsabilidad periodística”. 

Periodistas de más de 40 medios publican investigaciones en el proyecto NarcoFiles. Estos medios, en orden alfabético, son: 

El histórico narcotraficante Pablo Escobar firmó su sentencia de muerte en el momento en el que decidió descolgar el teléfono desde la guarida en la que se escondía. Era jueves, 2 de diciembre de 1993. Y el sanguinario jefe del cartel de Medellín necesitaba hablar con su familia, a la que se había impedido salir del país. Haciendo caso omiso a las precauciones que él siempre había impuesto a sus secuaces, marcó en varias ocasiones el número del complejo residencial Tequendama, en Bogotá. Lo hizo hasta conseguir hablar con su mujer y su hijo. La charla apenas duró un par de minutos. Pero fue tiempo suficiente como para que el Bloque de Búsqueda, una unidad integrada por policías y militares, consiguiese ubicar a través de los sistemas de triangulación a Escobar. El resto, es historia.

El mundo del narcotráfico ha cambiado mucho en estas tres últimas décadas. Los clanes familiares han dejado paso a organizaciones internacionales que funcionan como si fueran cooperativas y que subcontratan algunas labores del negocio criminal –el transporte o el cultivo, por ejemplo– a otros grupos. Y las comunicaciones son cada vez más sofisticadas. "Los narcos ya no hablan por teléfono, lo hacen a través de sistemas de comunicación encriptados", resaltan fuentes de la lucha antidroga. Unas redes que han ido proliferando durante los últimos años y contra las que ya se han dado algunos golpes importantes. El problema, sostienen estas mismas fuentes, es que en cuanto desaparece una surge otra nueva.

La primera caída importante fue la de EncroChat, que garantizaba el anonimato de los clientes por unos 3.000 euros anuales y a la que recurrieron organizaciones criminales. La red fue desmantelada en el verano de 2020, poniendo así punto y final a una investigación que arrancó unos años antes en Francia, donde se ubicaban los servidores utilizados por la firma. Durante todo ese tiempo, se logró acceder, según Europol, a las "comunicaciones de miles de delincuentes", una información que posteriormente fue compartida a través de Eurojust con las autoridades de otros Estados miembro. En cuanto la empresa se percató de que habían penetrado en su sistema, puso en alerta a todos sus usuarios y les recomendó que apagasen y tirasen sus terminales.

Tras el derrumbe de Encrochat, muchos de sus usuarios se movieron a Sky ECC, otra herramienta de comunicación cifrada. Pero, de nuevo, una investigación llevada a cabo por varios países europeos –entre ellos Bélgica y Holanda, puerta de entrada de la cocaína al Viejo Continente– acabó con la interceptación de casi un billón de mensajes de usuarios. A este segundo gran golpe le siguió un tercero el pasado mes de febrero, cuando autoridades alemanas y holandesas desmantelaron Exclu, una aplicación cuyas licencias costaban alrededor de 800 euros por seis meses. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer. A día de hoy, explican fuentes de la Fiscalía Antidroga, hay al menos otros tres sistemas de este tipo bajo el foco.

La información extraída de todas estas operaciones ha resultado valiosa a nivel judicial. En la actualidad, según señalan las fuentes fiscales consultadas, Antidroga tiene más de seis decenas de procedimientos que beben de todas estas comunicaciones interceptadas. En concreto, 34 lo hacen de Encrochat y 37 de Sky. "La mayoría de las investigaciones ya estaban abiertas y los mensajes sirven como refuerzo", resaltan. Así, algunos de los extraídos del primero de los sistemas se han incorporado, por ejemplo, a la causa de narcotráfico seguida en la Audiencia Nacional contra el marido –recientemente fallecido– y el hijastro de la alcaldesa de Marbella. Las comunicaciones sacadas de Sky, por su parte, fueron claves a la hora de detener a un peligroso neonazi en relación con un alijo de media tonelada de cocaína.

La infiltración en estas redes de comunicación, no obstante, está siendo objeto de una intensa batalla judicial en el Viejo Continente. Despachos de abogados de distintos países llevan meses peleando para conseguir que se invaliden las pruebas obtenidas por esta vía al entender que se han conseguido a través de una investigación prospectiva. Y han obligado a diferentes tribunales a pronunciarse. El pasado mes de octubre, por ejemplo, lo hizo la Corte de Casación francesa. Aquel fallo anulaba parcialmente una resolución del Tribunal de Apelación de Nancy en un caso donde estaba presente EncroChat, pero lo hacía por una cuestión formal, sin apreciar vulneración alguna de los derechos fundamentales.

Las fuentes de Antidroga consultadas entienden que el pronunciamiento de la Corte gala "valida" el uso de la información extraída de todos estos sistemas en los procedimientos. Pero también recuerdan que están a la espera de otro pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que puede resultar clave. En concreto, Luxemburgo debe dar respuesta a una serie de cuestiones con las que el Tribunal Regional de Berlín busca aclarar si los datos recibidos por las autoridades germanas a través de las francesas pueden servir como base válida para los procesos penales de EncroChat en Alemania. Un pronunciamiento negativo en este sentido, reconocen fuentes fiscales, podría afectar a algunas causas. No obstante, recuerdan que en muchas de ellas no son la única prueba.

Mientras, Antidroga sigue trabajando sin descanso. Y lo hace con el foco puesto, entre otras cosas, en Valencia. El puerto de la ciudad mediterránea se ha convertido en el principal punto caliente de la entrada de cocaína en España y en el tercero a nivel europeo, solo por detrás de los de Amberes y Rotterdam. Solo en 2022 las autoridades se incautaron en los muelles valencianos de 26 contenedores con más de 11,5 toneladas de fariña, frente a las poco más de 9 toneladas aprehendidas en 2021. Tras el puerto de la Ciudad del Turia, son los de Barcelona y Algeciras los que registran mayor flujo de entrada de cocaína a través de contenedores.

Desde el año negro de la pandemia, las autoridades han apreciado que el movimiento de estas sustancias estupefacientes se ha disparado. La crisis sanitaria, al fin y al cabo, paró el mundo y provocó una acumulación de mercancía en los países productores a la que las organizaciones criminales tratan ahora de dar salida. Y para luchar contra ello, es fundamental la colaboración a nivel internacional. Para avanzar en este sentido, las fuentes fiscales consultadas proponen, entre otras cosas, implementar cambios legales en relación con los equipos conjuntos de investigación penal. Hasta ahora, la ley solo regula la creación de los mismos pero con otros Estados miembro de la Unión Europea, no con países productores de América Latina.

Las fuentes de Antidroga consultadas también abogan por cambios legales que permitan que la Audiencia Nacional pueda asumir más casos relacionados con el narcotráfico. Hasta ahora, sólo puede encargarse de aquellos que hayan sido cometidos por grupos organizados y que produzcan efectos en lugares pertenecientes a diferentes audiencias, lo que provoca que en algunos casos grandes investigaciones terminen recayendo en pequeños juzgados con pocos medios donde se ha producido la incautación. En este sentido, las fuentes pulsadas también plantean como posibilidad avanzar hacia un modelo como el francés, con diferentes jurisdicciones interregionales especializadas de las que forman parte magistrados con experiencia en delitos financieros y crimen organizado.

Por otro lado, en esta fiscalía especializada también se está estudiando cómo podría incorporarse como delito el transporte clandestino de gasolina que muchas veces va a parar a las narcolanchas. Una opción sería utilizar la regulación de explosivos para tipificar el transporte o almacenaje de más de 20 litros de combustible sin autorización.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dejado a un paso del banquillo de los acusados al expresidente de Vitaldent Ernesto Ramón Colman y a otras 50 personas por presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales, apropiación indebida y pertenencia a organización criminal.

El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 dictó este jueves el auto de pase a procedimiento abreviado, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que pone el foco en la "estructura societaria y de franquicias creada por Colman", y que habría dado "lugar a un modelo abusivo que buscaría el enriquecimiento de la organización a través de diferentes vías".

El magistrado sitúa en la cúspide al que fuera presidente de Vitaldent, a quien acusa de haber "creado un entramado de sociedades instrumentales, situando al frente a personas de su confianza (testaferros), ocupándose realmente de la gestión de todas y cada una de ellas". En esta red, detalla, habrían participado sociedades localizadas en España, Países Bajos, Suiza y Luxemburgo.

Además de a Colman, el magistrado sitúa en lo más alto de la organización a Bartolo Conte. Los dos acusados protagonizaban "un específico rol dentro de una operativa compleja, cuyo objetivo final era la comisión de fraudes masivos (de índole tributaria y contractual) y el blanqueo de los beneficios obtenidos en la estructura empresarial sujeta a comprobación".

Una de las vías utilizadas por la estructura para su enriquecimiento habría sido la de los sobrecostes, como habría quedado reflejado en "las obras de acondicionamiento de los locales, compra de material informático y software para la gestión de las clínicas, arrendamientos de locales en los que se establecen las clínicas y proveedores y laboratorios".

Según el instructor, se habría obligado a los franquiciados a comprar a determinados proveedores y a diferencia de lo publicitado, los beneficios o descuentos que obtenía la marca no redundaban en los franquiciados, sino que, al verse obligados ellos también a pagar un canon del 11%, se traducía en un incremento del precio para los franquiciados y, en el caso de las prótesis, en una disminución de su calidad.

Por otro lado, la red también se habría enriquecido por la inversión en publicidad. El canon anual, un 5% del bruto, no se aplicaba a esos fines. "Al igual que en el caso anterior, de las diligencias de investigación se deriva la existencia de varios documentos que acreditarían el desvío del canon de publicidad abonado por los franquiciados a otros fines", sostiene el juez.

En este contexto, García Castellón relata que la organización también habría perseguido otras vías para sus planes, y entre las que se encuentran la formación de personal para las clínicas, la inversión inmobiliaria y la financiación a los franquiciados.

Asimismo, el magistrado se refiere a la creación de una contabilidad en b y a un sistema de generación mensual y anual de grandes cantidades de dinero opaco fiscalmente. "En un primer momento, cada clínica podía generar en b la cantidad mensual elegida, debiendo entregar el 10% de lo ennegrecido a la organización, estableciendo para ello un sistema de recogidas de dinero en efectivo y facilitando la entrega de metálico en las reuniones anuales de los franquiciados", explica.

Con todo, "el sistema de generación en b habría evolucionado". "De tal modo se exigiría el pago de 10.000 euros mensuales en efectivo, pero únicamente a las clínicas propias y a algunos franquiciados de confianza, utilizando para ello el sistema de recogidas de efectivo diseñado con anterioridad", añade.

El magistrado incide en que desde el año 2005 hasta la instrucción de esta causa, que arrancó en 2015 en los Juzgados de Majadahonda antes de dar el salto a la Audiencia Nacional, Colman constituyó "un entramado societario con la finalidad de eludir sus obligaciones fiscales, obteniendo importantes cantidades de dinero, y de blanquear los beneficios obtenidos con esta actuación".

Ello, asegura el juez, habría "perjudicado a los franquiciados al imponerles una serie de condiciones por el uso de la marca (entre ellas, pago de determinados cánones según su volumen de facturación entre el 10 y el 11 %)".

"Y por actividades que no prestaba, destinando dichos recursos a su enriquecimiento personal, mediante la estructura de sociedades instrumentales al frente de las cuales ha situado a personas de su confianza (testaferros), pero ocupándose realmente de la gestión de todas y cada una de ellas, resultando un solo sujeto a efectos tributarios", apostilla el instructor.

Este auto del magistrado llega después de que el pasado mes de octubre acordase el archivo de la causa al entender que no quedaban acreditados los hechos delictivos que se atribuían a la antigua directiva. Sin embargo, la Sala de lo Penal revocó esa decisión el pasado mes de noviembre al tiempo que ordenó a García Castellón que dictase auto de pase a procedimiento abreviado.

Los magistrados de la Sala entendían que la investigación desarrollada en torno a Vitaldent originó un cúmulo de indicios sobre la supuesta perpetración de los hechos posiblemente constitutivos de los mencionados tipos penales, tal y como indicaba la Fiscalía Anticorrupción y una acusación particular.