Gustavo Petro: tres años para cambiarlo todo con la sensación de que el tiempo se agota

Gustavo Petro durante una manifestación en apoyo de las reformas sociales propuestas por el gobierno en Bogotá, el pasado mes de septiembre.

Pablo Castaño

Bogotá —

Gustavo Petro atraviesa un período de dificultades catorce meses después de su llegada al poder. Aunque ha logrado aprobar una reforma fiscal que ha incrementado sensiblemente los recursos del Estado y ha iniciado un prometedor proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos armados, la popularidad del gobierno ha caído y sus proyectos legislativos avanzan lentamente en un parlamento donde la coalición gobernante –el Pacto Histórico– está en minoría.

Por si fuera poco, el presidente se ha visto afectado por dos escándalos en su entorno: su hijo ha sido detenido por supuesta financiación ilegal de la campaña de Petro y su antigua jefa de gabinete está acusada de haber ordenado escuchas ilegales a una trabajadora doméstica. Dos escándalos que quizá queden en nada pero que han hecho mella en la popularidad del presidente. Las elecciones regionales y locales del 29 de octubre podrían ser otro mal trago para el gobierno liderado por Petro y la vicepresidenta Francia Márquez: los partidos tradicionales tienen las de ganar en la mayoría de territorios, donde tienen extensas redes clientelares de las que carece el Pacto Histórico.

Escándalos aparte, las dificultades del gobierno no son sorprendentes. Gustavo Petro ganó las elecciones presidenciales en junio de 2022 por una diferencia de solo un 3% respecto a Rodolfo Hernández, un populista de derechas. Además, las elecciones legislativas celebradas poco antes dieron lugar a un parlamento dominado por los partidos tradicionales, aunque el Pacto Histórico fue la primera fuerza. Una vez investido presidente, Petro consiguió formar una amplia coalición de gobierno con varios partidos centristas, pero la paz post-electoral no duró. Después de meses de tensiones, en abril Petro expulsó del gobierno a varios ministros liberales opuestos a la reforma de la salud promovida por el Pacto Histórico, que pretende mejorar el acceso a la sanidad en las zonas rurales y reducir el papel del sector privado. Para Alejandro Mantilla, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, “era muy difícil para Petro mantener a estos ministros porque no compartían el programa de gobierno”.

Y esta es la gran contradicción del primer gobierno de izquierdas en 200 años de historia colombiana: un programa ambicioso y una debilidad parlamentaria que le obliga a aliarse con partidos opuestos a buena parte de la agenda de reformas económicas, sociales y ambientales. Ante este panorama, según Matilla, el gobierno está desplegando una estrategia doble: “por un lado está llamando a un acuerdo nacional para posibilitar algunas reformas y por el otro está intentando afianzar su base social” con movilizaciones en la calle como la del pasado 27 de septiembre, que reunió a decenas de miles de personas en apoyo al gobierno en diversas ciudades colombianas – una movilización criticada por la oposición por haberse financiado parcialmente con recursos públicos. Todavía es pronto para decir si esta estrategia mixta le permitirá a Petro aprobar al menos el grueso de su programa, repleto de eslóganes épicos como “Colombia, potencia mundial de la vida” o “Paz total”.

La gran promesa de la paz

La paz es precisamente una de las grandes promesas de Petro y seguramente la más difícil de cumplir. Después del acuerdo que desarmó a las FARC en 2016, sigue activa la guerrilla del ELN, grupos disidentes de las FARC y diversos grupos armados de paramilitares o simplemente del crimen organizado. El presidente ha prometido iniciar hasta siete procesos de paz paralelos, con grupos de naturaleza muy distinta, un inédito intento de alcanzar la “paz total” que lleva a Matilla a hablar de “optimismo y poco conocimiento de las capacidades reales del Estado colombiano”, especialmente cuando el acuerdo con las FARC sigue sin aplicarse.

Por ahora, las negociaciones con el ELN “han llegado más lejos que nunca”, como destaca Sandra Borda, politóloga en la Universidad de los Andes, y el Estado ha conseguido una tregua con el principal grupo de disidentes de las FARC que se negaron a firmar el acuerdo de 2016 con el gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras tanto, la violencia del crimen organizado y el paramilitarismo arrecia en varias regiones del Pacífico, donde el Estado corre el riesgo de “perder la soberanía”, alerta Borda.

Junto al eterno y complejo conflicto armado, la desigualdad es el gran mal de Colombia, el segundo país con mayor diferencia entre ricos y pobres de América Latina. Fue justamente la principal razón que sacó a la calle a miles y miles de personas en el estallido social de 2019 y 2021, un ciclo de movilizaciones sociales que trastocó el panorama político colombiano y dejó vía libre a la llegada de la izquierda al poder. En palabras de Mantilla, el gobierno del Pacto Histórico se enfrenta a “una larguísima deuda social que viene de 200 años de historia republicana”. La reforma laboral, de la salud, las pensiones o la educación pretenden desmontar al menos los aspectos más nocivos del régimen neoliberal que ha dominado Colombia en las últimas décadas. Pero para conseguirlo, el gobierno tendrá que llegar a acuerdos con los mismos partidos de centro y derecha que dominaban la política colombiana hasta el año pasado.

Por otra parte, si hay un tema por el que Gustavo Petro se ha hecho famoso en la escena internacional es su férrea defensa del medio ambiente. Siguiendo los pasos del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Petro ha reclamado a los países ricos recursos económicos para financiar la protección del Amazonas. En el plano interno, el gobierno del Pacto Histórico se ha propuesto suspender la exploración de petróleo y carbón – un objetivo que hace estremecerse a los defensores de la ortodoxia económica, en un país donde el petróleo representa casi la mitad de las exportaciones.

Tres años para cambiarlo todo

A Petro y Márquez les quedan tres años para desplegar su ambicioso programa y cunde la sensación de que el tiempo se acaba. Sandra Borda es escéptica sobre la posibilidad de que las movilizaciones en la calle logren presionar al Congreso para acelerar las reformas: “La gente que sale [a la calle] no es el electorado de los partidos tradicionales, no tiene nada que ver con la forma en la que ellos son elegidos”. Más bien considera que, después de la “debacle” que previsiblemente sufrirá el Pacto Histórico en las elecciones regionales del 29 de octubre, “el gobierno vea el margen de maniobra tan reducido que tiene y empiece a negociar más hábilmente”.

A su favor, el gobierno tiene una oposición dividida y los efectos de un “estallido social” que, en palabras de Alejandro Mantilla, “cambió el país”. De hecho, todos los grandes partidos aceptan la necesidad de reformas per reforzar el Estado de bienestar y reducir la desigualdad, si bien harán todo lo posible por descafeinar las propuestas socialdemócratas de Gustavo Petro. Para Mantilla, “el gobierno todavía tiene una oportunidad de recomponerse” si logra impulsar una buena política de redistribución de tierras, un acuerdo de paz al menos con el ELN y si el Ministerio de Igualdad de Francia Márquez logra enviar “el mensaje de que el gobierno está con la redistribución”. Borda coincide en que la siempre aplazada reforma agraria es uno de los ámbitos donde el gobierno tiene más posibilidades de avanzar.

Tres años no es mucho tiempo, pero bastó un estallido social de dos años para poner patas arriba el sistema político colombiano y llevar a la izquierda al poder por primera vez. Según Borda, Petro “está absolutamente convencido de que podrá hacer todo”. El tiempo dirá si este optimismo exagerado le ayudará al presidente a demostrar que el giro a la izquierda era posible en Colombia. 

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