El confinamiento obró un primer cambio en los hábitos de consumo de la ciudadanía: aumentó los pedidos por internet y el servicio de todo tipo de mercancías a domicilio. Menos tiendas y más aplicaciones en el móvil. Menos estrenar y más vender en la Red lo comprado de más o sencillamente olvidado en el armario. Pero, una vez levantadas las restricciones y recuperadas las calles, la tendencia no sólo se ha consolidado, sino que, además, está en pleno apogeo. Los motivos hay que buscarlos en la nueva crisis que sacude 2022. La inflación erosiona los sueldos y amenaza con seguir haciéndolo muchos meses más de los inicialmente temidos. La guerra en Ucrania ha disparado los precios de la electricidad, el gas y los carburantes. Los cuellos de botella en las cadenas de suministro siguen bloqueando la oferta de muchos productos cuyos precios también suben. La incertidumbre de la que no cesan de hablar economistas y políticos retuerce los bolsillos de los ciudadanos, que postergan o suspenden sus decisiones de compra al mismo tiempo que se esfuerzan para recortar la factura del supermercado.

Según La red del cambio, un estudio elaborado por la plataforma Wallapop y la consultora Kantar, el 43% de los encuestados asegura que compra o vende artículos usados para obtener ingresos extra. El mismo porcentaje explica que la segunda mano figura ya entre sus primeras opciones de compra y el 60% dice que se plantea comprar más productos ya utilizados en los próximos tres años. El porcentaje aumenta cuando se trata de consumidores en la veintena, el 71%, y son los treintañeros quienes más venden artículos de segunda mano, el 70% en los últimos tres años.

El mercado de los artículos usados ha dejado, pues, de ser marginal a disfrutar de una buena imagen, ecológica y responsable, a la que ahora se añade el impulso que recibe de los apuros económicos del consumidor. El resultado es que la segunda mano está alcanzando máximos nunca vistos tanto en número de operaciones como en precios. Se venden más viviendas usadas que nuevas, y más coches, que consiguen precios casi de vehículos de estreno; la ropa y los móviles son productos estrella tanto en tiendas físicas como virtuales; las compras de libros de texto, uniformes y ordenadores o tabletas reutilizados prometen récords este mes de septiembre.

El portal Milanuncios cifra en 5.600 millones de euros el mercado de segunda mano que gestionó en su plataforma en 2021. Unos 6,3 millones de anuncios. Su producto estrella son los coches, 4.700 millones de euros, cuyos anuncios crecieron ese año un 22% respecto al anterior. Thredup, la mayor tienda online de ropa usada, calcula que este año las ventas mundiales de textiles de segunda mano sumarán 119.000 millones de dólares, un 24% más que el anterior, pero la mitad de las que se harán en 2026. Es más, prevé que en 2030 el mercado de ropa reutilizada duplique el tamaño de la moda rápida, la fast fashion de Primark, H&M o Zara. La cadena insignia de Inditex tiene en España unos 10 millones de clientes; la plataforma la plataforma lituana Vinted cuenta con más de 12,5 millones de usuarios en Francia. Thredup destaca que los estadounidenses ahorran 390.000 millones de dólares al año comprando ropa de segunda mano.

Así que los prejuicios sobre los artículos usados dieron paso en un primer momento a la búsqueda de la sostenibilidad reduciendo el consumo y, ahora, con la crisis a las puertas, se le suma la indudable ventaja de su menor precio, aunque también ayuda a su auge la escasa oferta de determinados artículos nuevos.

Es el caso de la vivienda. En los meses de mayo y junio se han vendido más inmuebles de segunda mano que en ningún otro mes desde enero de 2007, antes de que estallara la burbuja inmobiliaria. Entonces se cerraron 50.233 operaciones, según recoge la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). En mayo las operaciones ascendieron a 49.791 y en junio a 48.188. En el primer semestre de este año se han vendido 269.696 viviendas usadas en España, un 26,23% más que en el mismo periodo de 2021. De hecho, casi todo el mercado es de segunda mano. Porque las operaciones con inmuebles nuevos fueron sólo 61.301 y su número creció un 11%, menos de la mitad de lo que lo han hecho las de pisos de segunda mano. ¿Por qué se compra tanta vivienda usada? No hay casi promociones nuevas, así que el ahorro acumulado tras la pandemia y las ganas de cambiar de residencia tras los muchos meses de confinamiento, además de la premura por aprovechar el euríbor antes de que suban los tipos de interés, empujan al comprador a la segunda mano.

De ahí también el consiguiente aumento de los precios. El Índice de Precios de Vivienda (IPV) que calcula el INE, creció un 8,2% para la vivienda usada en el primer trimestre del año respecto del de 2021, el mayor aumento desde el segundo trimestre de 2007. Para el primer semestre, un informe de Tecnocasa basado en las operaciones en las que participa la inmobiliaria y elaborado junto con la Universidad Pompeu Fabra, cifra en un 4,4% la subida del precio de los inmuebles de segunda mano. Y en 2.475 euros el metro cuadrado, aún un 29 % por debajo de los casi 3.500 euros del récord histórico que se registró entre finales de 2006 y principios del 2007.

El portal Idealista ofrece los datos más recientes, del mes de julio: los pisos usados se han encarecido un 3,4% respecto al mes anterior, hasta alcanzar un precio medio de 1.888 euros el metro cuadrado. Pero en Madrid capital se eleva a 3.900 euros y en San Sebastián, a 5.111 euros el metro cuadrado, tras subir un 3,7% y un 3,5% anual, respectivamente.

También hierve el mercado de coches de segunda mano. En este caso, la culpa debe atribuirse a los problemas en el suministro de chips y otros componentes, que viene lastrando la fabricación de vehículos nuevos desde la pandemia. A falta de oferta de estreno, quien quiere cambiar de automóvil acude al usado. También las dudas a la hora de elegir entre eléctricos, diésel y gasolina abonan mientras tanto a los conductores a la opción más barata, explica en su último Barómetro Coches.com y la patronal de la distribución de vehículos Ganvam.

Así que los precios de los coches usados han subido un 17,2% en lo que va de año. Y, de forma sorprendente, los que más se han revalorizado son los más antiguos, con más de 15 años, un 36%. Un 31% los de entre 10 y 15 años. Por tanto, se han encarecido más de lo que lo han hecho los nuevos, que según la Agencia Tributaria han aumentado su precio medio un 7,7% en este primer semestre. De hecho, un vehículo usado con menos de tres años de antigüedad cuesta de media 21.900 euros, muy poco menos de lo que se paga por uno de estreno, 21.862 euros. Cuando tiene más de 15 años, el precio baja a 3.950 euros, una diferencia considerable.

Pero si los conductores prefieren coches tan antiguos no es por amor al vintage, sino, de nuevo, por falta de oferta de vehículos con menos de tres años de rodaje. Como la fabricación se redujo ya durante la pandemia, la oferta de seminuevos aún es pequeña. Sus ventas han caído un 38,3% en el primer semestre respecto a idéntico periodo de 2021. Por el contrario, las de automóviles de más de 15 años han crecido un 10,4%. En total, entre enero y junio se han vendido 916.438 coches de ocasión, más del doble que nuevos, 407.757. Y esta cifra es, además, inferior en un 10,7% a la de 2021. También se han vendido menos coches usados, pero el descenso es mucho menor, un 4,1%. De los de segunda mano, el 38% tienen más de 15 años, tras aumentar en siete puntos la cuota de hace un año. Cada vez se venden más vehículos usados y más antiguos.

Otro factor que está cambiando las pautas de compra de vehículos es, además de la mayor conciencia medioambiental, la escalada de precios de los carburantes y la creación de zonas de bajas emisiones en los municipios de más de 50.000 habitantes. Las ventas de coches eléctricos o híbridos de segunda mano se están beneficiando de esos tres factores. Según las cifras que maneja Coches.net, entre enero y junio sus ventas han crecido un 44,6% y su precio ha subido un 31,5%, lo que duplica los aumentos de los diésel y gasolina. En Canarias, la comunidad autónoma más cara para este segmento, un eléctrico usado cuesta de media 41.699 euros. Aún son pocos los eléctricos usados vendidos, 6.328, pero la intención de compra de estos coches ha crecido un 18%, mientras que la de diésel cae un 5% y un 6% la de los propulsados con gasolina.

Si hay un periodo del año donde se nota la carestía de la vida es septiembre, cuando muchos hogares tienen que hacer frente a los gastos extra del inicio del curso escolar. Milanuncios asegura que la demanda de libros de texto de segunda mano se ha disparado un 67% entre junio y agosto. El precio medio de cada libro, de acuerdo con los anuncios publicados en esa plataforma, ha subido un 8% respecto a 2021, hasta alcanzar los 24 euros de media. Milanuncios cifra en 2,9 millones de euros el valor de este tipo de operaciones en los últimos 12 meses.

La demanda de uniformes de segunda mano es mucho mayor y ha crecido nada menos que un 223% en un año. La de tabletas ha aumentado un 16%, la de portátiles un 10% y la de ordenadores de mesa, un 9%. En 2021 la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) calculaba en 1.980 euros el gasto medio de una familia en el inicio del curso. De esa cantidad, 500 euros se dedican a la compra de material escolar, uniformes y libros de texto.

Finalmente, la segunda mano también triunfa entre los artículos que no son de primera necesidad. O al menos no tanto. En 2021, la oferta de teléfonos móviles en Milanuncios creció un 10,4%. Si se les añaden los relojes inteligentes y los accesorios, las compraventas movieron ese año 60 millones de euros. El precio medio de un móvil usado era entonces de 151 euros, pero si se trata de un iPhone sube hasta 414 euros; nuevo cuesta 909 euros. Un Samsung vale 324 euros si se reutiliza, 700 euros si no se ha estrenado. El 36,4% de los anuncios de móviles en la citada plataforma con de iPhones y el 25,3% para teléfonos de Samsung.

Pero el año pasado la estrella de la tecnología con segundas oportunidades fueron los relojes inteligentes, cuya oferta explotó hasta crecer un 254,5% respecto a 2020. Mucho menos de lo que aumentaron los anuncios de bicicletas, otro artículo reinventado tras la pandemia, cuya oferta sólo subió un 9,6%.

El director general de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), Antonio María Ávila, ha asegurado que todas las comunidades autónomas presionan personalmente a los editores de libros de texto para modificar o incluir contenidos en los libros de texto, y que lo hacen mediante "mecanismos bastardos", según informa Europa Press.

"Los políticos presionan y además utilizan mecanismos bastardos para que los libros digan lo que ellos quieren que se diga y no lo que la ciencia dice", ha denunciado este martes Ávila en una rueda de prensa conjunta con la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE) celebrada en Madrid.

Según el director de la FGEE, los editores de libros de texto reciben "presiones personales" de consejeros de Educación y directores generales autonómicos con "un nulo respeto a la libertad de cátedra" para adaptar los contenidos de los libros de texto a sus intereses particulares.

Ávila ha evitado los detalles y no ha mencionado nombres concretos, pero ha expuesto varios ejemplos de diferentes comunidades autónomas. Por ejemplo, ha asegurado que "políticos" de Cataluña "quieren que hablemos de Wilfredo el Piloso, y no el Velloso —que fue Conde de Barcelona en el siglo IX— y no de los Reyes Católicos" o aludir a la "corona catalanoaragonesa".

"En el caso del reino catalanoaragonés no van a encontrar ustedes ningún documento de la Edad Media que haga esta expresión, ¡ni uno!", ha exclamado el director de la Federación de Editores, acusando también a Canarias o la Comunidad Valenciana de realizar estas prácticas, pero sin mencionar a ninguna persona en particular.

Por ejemplo, Ávila ha contado que desde el Gobierno canario, sin concretar cuándo o quién, se solicitó que en los libros "desaparezcan los ríos" porque en las islas "hay ríos poco importantes" y en los libros se señala que tienen importancia como lugares de asentamiento humano o como vías de comunicación.

Del mismo modo, ha acusado a la Generalitat Valenciana de "censurar a un director de la Real Academia" como el fallecido filólogo Fernando Lázaro Carreter porque, según el relato de Ávila, afirmaba que el valenciano era un dialecto del catalán.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que los libros de texto se han encarecido un 1,6% respecto al año pasado, por lo que cada familia con hijo en edad escolar se gastará una media de 198 euros en ellos en esta vuelta al cole, que se producirá entre el 4 y el 12 de septiembre en todas las comunidades españolas, informa Europa Press.

Según la OCU, se trata de una subida de precio "moderada" en comparación con el incremento del curso anterior, que fue del 3,4%, aunque sigue siendo superior al incremento del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mismo periodo, de tan solo el 0,4%.

Además, no todos los libros han subido de la misma forma, apunta la OCU. "Los libros con precio fijo (de las enseñanzas no obligatorias, como Bachillerato) han subido un 1,9% frente a los libros de precio libre (primaria y secundaria) que ha subido un 1,4%. Esta subida supone sobre la factura media en libros de texto un incremento de tres euros que se eleva a cinco euros para alumnos de Bachillerato", explica la organización.

Del mismo modo, el precio de los libros de texto también oscilan dependiendo de la editorial. Según el análisis de OCU, Cruilla (3,8%), Macmillan (3%) y SM (2,5%) son las editoriales que más suben sus precios. Frente a ellas otras, como Cambridge (-4,2%) o Pearson (-0,5%), son las que menos han subido o incluso han bajado de precio en los establecimientos analizados.

La OCU recuerda además que "no son solo las editoriales las responsables de los precios, ya que los establecimientos también pueden modificarlos cuando se trata de libros con precios no regulados".

Según la organización de consumidores, Casa del Libro y El Corte Inglés son los establecimientos que más han elevado el precio de los libros de enseñanza obligatoria este año, un 2,2% y un 2,1% respectivamente, mientras Imosver (1,0%) y Carrefour (1,2%) son los establecimientos que menos han subido sus precios.

Pese a los incrementos de precios de los libros de texto que refleja este estudio, el gasto escolar en libros de texto tiene una tendencia a la baja, revela la OCU. Frente a los 209 euros que costaban los libros de texto de cada alumno en 2013, la cifra este año se ha reducido a los 198 euros. Una reducción en la que han influido, añade la OCU, los programas de préstamo y gratuidad de libros de texto.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 33,8 millones de euros a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la asociación ANELE por "crear un mecanismo para restringir políticas y condiciones comerciales", informa Europa Press.

Según informa el organismo, se ha desarticulado el mecanismo para coordinar políticas y condiciones comerciales en el marco del desarrollo y aplicación de un Código de Conducta para el sector editorial de libros de texto. Además, añade que también se ha puesto fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital alcanzado entre Anele y diez editoriales.

De este modo, informa de que a partir de una denuncia realizada por la Editorial Vicens Vives, se han sancionado dos conductas ilícitas: una infracción en relación con el desarrollo y aplicación del Código de Conducta para el sector editorial y otra infracción en relación con el libro digital. "Ambas son muy graves, según los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea", indica la CNMC.

También recuerda que la comercialización de libros de texto tiene unas características peculiares, ya que las familias de los alumnos, que son las compradoras de los libros, no seleccionan el producto en función del precio porque están obligados a adquirir los libros de texto que se prescriban en el centro educativo donde asisten sus hijos. Además, hay etapas educativas de precio fijo (educación infantil, bachillerato y FP) y otras (educación primaria y ESO) con precio libre.

A ello, hay que añadir una regulación sobre los contenidos de los libros de texto no universitarios muy "clara y determinante". Asimismo, los centros educativos tienen la obligación legal de mantener los mismos libros de texto por periodos de al menos cuatro años, salvo que estuviera plenamente justificada su sustitución antes del tiempo establecido.

Por su parte, la editorial Santillana, sancionada con más de nueve millones de euros, ha anunciado que recurrirá ante los tribunales la millonaria sanción de la CNMC que la editorial "rechaza" por no "ajustarse a derecho" y "contener errores materiales". En un comunicado, expone que la resolución de la CNMV "descontextualiza la información recabada en el marco de la investigación, menoscabando la presunción de inocencia de las editoriales".

La asociación ANELE también ha anunciado este viernes interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra esta resolución, que ha calificado como "arbitraria e injusta".

Sanción de 2,95 millones de euros a la SGAE por abuso de dominio

Asimismo, Competencia ha sancionado a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) con 2,95 millones de euros por abuso de dominio en la gestión y explotación de derechos de propiedad intelectual de autores y editores de obras musicales y audiovisuales, según ha informado este viernes en un comunicado. Por un lado, la CNMC sanciona a la SGAE por imponer unas condiciones estatutarias y contractuales que "restringen injustificadamente la libertad de sus socios" para decidir si atribuyen o le retiran en parte a dicha entidad la gestión de sus derechos.

Asimismo, Competencia multa a la entidad de derechos de autor por su posición dominante en la concesión de autorizaciones y remuneraciones mediante la venta de paquetes de autorizaciones de reproducción y comunicación pública, así como por la ausencia de desglose tarifario entre el repertorio audiovisual y musical, en el sector del hospedaje y en el de restauración. Según señala la CNMC, al no existir dicho desglose, el usuario no podía conocer los costes reales ni comparar con otras ofertas de competidores de la SGAE.

Esta investigación se inició en 2017 tras las denuncias de las entidades Derechos de autor y Medios Audiovisuales (DAMA) y Unison Rights. Por todo ello, la CNMC insta a la SGAE a abstenerse de realizar conductas semejantes e impone una sanción de 2,9 millones de euros, tal y como establece la resolución contra la que no cabe recurso por la vía administrativa, pero sí recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional.

Ser librero no es un oficio sencillo. En 2018 cerraron cinco librerías en Madrid, entre ellas la más antigua de la ciudad: Librería Moya, ubicada en el número 29 de la calle Carretas desde 1862. Y es que cada vez se venden menos libros. De hecho, hace ya tiempo que las cuentas de muchas pequeñas librerías madrileñas cuadran gracias a la venta de libros de texto. Por eso se conocen también como librerías de proximidad, aquellas que gestionan los bancos de libros en caso de que decidan no hacerlo los centros escolares. Pero ahora, según denuncian los propietarios, ni siquiera podrán mantener su negocio gracias a ello. El nuevo Acuerdo marco para el suministro de libros de texto a los centros docentes públicos de la Comunidad de Madrid [que se puede consultar en este enlace] es el responsable. 

El texto se publicó el pasado 26 de diciembre y encerraba una desagradable sorpresa para los dueños de las librerías de proximidad. Aunque no lo hace explícitamente, en la práctica las condiciones para optar a la licitación de los libros de texto dejará fuera a todas las pequeñas librerías, según denuncian. "Siempre hemos sido las librerías de proximidad las que hemos suministrado a los centros escolares, pero ahora no podemos acceder a la licitación por las condiciones que plantea", denuncia Marisa, propietaria de una de esas pequeñas librerías de la comunidad. En su lugar, critica, serán las grandes empresas las que saldrán beneficiadas. 

Para entender lo ocurrido hay que remontarse al mes de junio de 2017. En ese momento, el Pleno de la Comunidad daba luz verde a una propuesta previamente aprobada por la Comisión de Educación y Deporte, por la que se acordaba la gratuidad de los libros de texto. La medida se iba a implantar, por primera vez, en el curso 2018-2019. Pero un "problema legal" en los trámites establecidos, según explicó el Ejecutivo regional, lo pospuso. Finalmente, se implantará en el próximo curso, el 2019-2020. Serán los centros docentes los que compren el material. ¿A quién? A quien haya obtenido la licitación. Y las pequeñas librerías, denuncian, no van a poder hacerlo. Principalmente, porque las condiciones que se han impuesto para poder optar a la licitación son casi imposibles de cumplir por las pequeñas librerías. 

"En primer lugar, nos exigen especificar cómo se componen las unidades técnicas", explica Marisa. Pero, según critica, en la mayoría de las librerías de barrio trabajan una o, como mucho, dos personas. "Se están pidiendo una serie de requisitos que nos imposibilitan el acceso. No conocen las librerías si piden eso", denuncia. Y es que, según el texto del acuerdo, uno de los criterios para la adjudicación es la "declaración indicando el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no en la empresa, de los que disponga para la ejecución del contrato, especialmente los encargados del control de calidad".

Pero eso no es todo. "Nos piden las cuentas de los últimos tres años presentadas en el Registro Mercantil. No lo tenemos porque no estamos obligadas a estar inscritas ahí", continúa Marisa. Y, también, que los comercios estén dados de alta en el Ministerio de Haciendo para poder obtener, de forma digital, la licitación. "Pero es que tampoco estamos dados de alta", continúa. Por otro lado, penalizan los retrasos en las entregas que, apunta Marisa, ni siquiera dependen de ellos. "No podemos incidir nada en esos aspectos", aclara. "Sea como sea, vamos a perder dinero", añade, antes de destacar que además tendrán que ofrecer un depósito para acceder a la licitación. 

Por eso, quieren que se cambien las condiciones para optar a la licitación. Para ello se han unido en un grupo al que ya se han sumado alrededor de 40 libreros y libreras de toda la Comunidad. Lo primero que harán, dicen, será enviar un escrito solicitando la anulación del Acuerdo marco. Lo mandarán a la Dirección General de Becas y Ayudas al Estudio de la Comunidad y lo registrarán, a su vez, en la Consejería de Educación. El texto, al que ha tenido acceso infoLibre, ruega "encarecidamente" que el acuerdo "sea anulado en su totalidad" por "estar fuera" de sus posibilidades. Pero tienen poco tiempo para que sus demandas sean escuchadas. Según la web del Ejecutivo regional, el plazo máximo de entrega de las solicitudes es el próximo 4 de febrero, plazo que piden ampliar. "No nos han dado ni tiempo para leernos el Acuerdo ni tenemos un equipo jurídico suficiente para que nos explique las casi 80 páginas que contiene", critica Marisa.

El único "balón de oxígeno" de la pequeña librería

Y esta situación, denuncian, les aboca a un posible cierre. La supuesta intención del Gobierno regional era favorecer a las pequeñas librerías de proximidad, no perjudicarlas. Pero han conseguido lo contrario, al menos tal y como lo entienden los propietarios de las pequeñas librerías. Han sido de los comercios más perjudicados por la crisis económica, a la que se sumó además el declive de los libros en papel. 

Según el Mapa de librerías en España 2016 [disponible aquí] —el último disponible— elaborado por el Observatorio de la Librería, durante esos 12 meses se constató el declive los comercios literarios pequeños en favor de los grandes. Se produjo un aumento de este tipo de establecimientos, que también registraron un mayor volumen de ventas. 

"Sufrimos mucha precariedad. Todos los días cierran librerías. Si ahora nos quitan el pequeño balón de oxígeno de los libros de texto, vamos a tener que cerrar", lamenta Marisa. Otra compañera suya denuncia la misma situación: "En mi tienda, el libro de texto es fundamental". Por eso, augura, "esto supondrá el cierre de muchas librerías". "Llevamos muchos años con una línea de negocio que se basa en vender libros de texto. Es una parte importante de nuestras ventas, sobre todo los meses de verano. Si la licitación se la dan a los tres o cuatro grandes que puedan acceder, vamos a tener que cerrar o cambiar de negocio", continúa. 

"Los últimos estudios que hay muestran que las librerías más grandes de ciudades más grandes son las que están mejor y las más pequeñas de ciudades pequeñas, las que lo pasan peor", aseguró el presidente de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), Juancho Pons.

El Gremio de libreros, en periodo de negociación

Pablo Bonet es secretario del Gremio de Libreros de Madrid y, como tal, no es ajeno al nuevo problema al que se enfrentan las pequeñas librerías madrileñas. "Las condiciones que se presentan en el Acuerdo marco son muy complicadas", admite. "Para acceder a la licitación, tienen que tener una facturación en los últimos tres años de al menos 23.000 euros" y eso, si se trata de un comercio pequeño, es complicado, admite. Por eso, se han puesto manos a la obra. 

En estos momentos, según explica en conversación telefónica con este diario, se encuentran en periodo de negociaciones con la Comunidad de Madrid que, explica, continúa afirmando que el texto no está hecho para dejar fuera a las librerías de proximidad. infoLibre ha tratado de conocer la versión del Ejecutivo regional, pero no ha obtenido respuesta. De momento, asegura Bonet, han conseguido que el plazo para optar a la licitación se amplíe hasta el 11 de febrero y, además, han invitado a todos los libreros agremiados a una reunión que tendrá lugar la próxima semana para poder explicarles, de forma detallada, el contenido del documento. Pero según él, el objetivo está claro. "Es un Acuerdo que está hecho para las empresas más grandes, a las que beneficia", asegura. 

Todo apunta a que las pequeñas librerías de barrio se enfrentan a una nueva crisis. Lo que los propietarios esperan, por ahora, es que la imposibilidad de continuar en el mercado de los libros de texto no acabe con un comercio que, desde hace años, se encuentra en declive. "Vamos a morir matando. No entendemos que se haya dado un giro de 180 grados a algo que lleva décadas funcionando a la perfección y que ahora implica complicar la vida a los centros escolares y pegarnos el cerrojazo a la mayoría de librerías de proximidad", sentencia Marisa.

Con la llegada de septiembre lo hará también el inicio del curso escolar y, en consecuencia, la preparación de los materiales educativos por parte de las familias, que este año desembolsarán, por alumno, una media de 185 euros en Primaria y 249 en Secundaria, según datos difundidos por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Eso sí, siempre que residan en una comunidad autónoma en la que no exista un modelo de gratuidad a través del préstamo y la reutilización con cobertura para todos los alumnos o no tengan derecho a acceder a los sistemas de ayudas para familias que están situación de vulnerabilidad que funcionan en el resto. 

En un informe específico publicado en octubre de 2013 [consultar, aquí], el Defensor del Pueblo defendió la "generalización progresiva" de los sistemas de ayudas a los libros de texto y, en último término, el acceso plenamente gratuito de todos los alumnos que cursan enseñanzas obligatorias a los "materiales imprescindibles". En ese mismo documento, la institución constataba la existencia de "diferencias no aceptables" entre unas y otras comunidades autónomas en cuanto al grado de consecución del objetivo de plena gratuidad y proponía la elaboración de un catálogo o carta de servicios mínimos para todas las autonomías.

Desde entonces, ha habido algunos avances, pero se mantienen las desigualdades. Y si hay algo claro es que el gasto para las familias es muy diferente en función de su lugar de residencia. Esta es una cuestión con la que se muestra muy crítica la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), que representa a 12.000 asociaciones de familias de los centros públicos. Su presidenta, Leticia Cardenal, explica que la política de becas debería asegurar que todo el alumnado, con independencia de su renta familiar, dispusiera del mejor material educativo para su formación, pues la propia Constitución explicita la gratuidad de todas las etapas educativas. 

No obstante, esta organización también aboga por "repensar a fondo el modelo" y mantiene que es momento de buscar fórmulas alternativas a los libros de texto convencionales a través de materiales digitales y otros recursos. De hecho, cuestiona que persistan programas en muchas autonomías que "privilegian a la industria del libro de texto por encima de las necesidades pedagógicas del siglo XXI, mucho más necesitadas de materiales curriculares contextualizados que potencien la innovación y la creatividad".

Lo cierto es que Andalucía, Navarra y la Comunitat Valenciana son las únicas autonomías en las que está en vigor un modelo de gratuidad a través del préstamo y la reutilización con cobertura para todos los alumnos y en el que los libros son propiedad de los centros. En el caso de las dos primeras este programa se mantuvo incluso en los años más duros de la crisis. En la Comunitat Valenciana el modelo, que se implantó el curso pasado, es algo diferente porque es universal aunque voluntario, similar al que se iba a implantar en la Comunidad de Madrid a partir de este curso, si bien finalmente se ha retrasado al siguiente por un "problema legal" en los trámites establecidos en la ley que lo consagra, según fuentes del Ejecutivo regional. Para este curso se mantendrá el programa de becas para familias desfavorecidas, que ha incrementado su presupuesto hasta los 22 millones de euros. 

Además, en el País Vasco, existe de 2007 un sistema de préstamo de libros de texto para Primaria y 1º y 2º de ESO para que las familias no tengan que hacer un importante desembolso todos los años. Aun así, cada alumno paga, según el curso en el que esté, entre 27 y 45 euros para adherirse voluntariamente a este programa y el Departamento de Educación aporta a cada centro entre 36 y 109 euros por alumno. 

Los estragos de la crisis

El análisis de la situación de estas ayudas en las diferentes autonomías confirma que la crisis también ha hecho estragos en los modelos de ayuda para acceder a los materiales didácticos necesarios en la etapa obligatoria. De hecho, hasta cinco comunidades que tenían implantados programas de gratuidad universales los cambiaron en un contexto generalizado de recortes por modelos más restrictivos, aunque siempre ligados a la renta.

Es el caso de Aragón, donde el antiguo Gobierno del PP cambió a partir del curso 2012 ese sistema por otro progresivo de becas que alcanzaba a menos del 15% del alumnado. El actual Ejecutivo PSOE-CHA ha avanzado su voluntad de volver a la gratuidad, si bien por ahora mantiene las becas en forma de cheque –160 euros en Primaria y 230 en Secundaria– para las familias que tienen ingresos anuales inferiores a 15.039,18 euros en el caso de familias de cuatro miembros. Dedicará a este programa 3,5 millones.

También en Castilla-La Mancha el programa de gratuidad se vio resentido tras la llegada al Gobierno de los conservadores, en 2011. Entonces se cambió por un sistema de becas, que el actual Ejecutivo del PSOE volvió a modificar por otro combinado en el que los colegios públicos reciben una cantidad para comprar libros en función del número de alumnos beneficiarios, que también se establece en función de la renta. En total, el Gobierno castellano-manchego invertirá en esta cuestión 5,6 millones de euros.

Galicia ha recorrido este mismo camino acabando con la gratuidad universal y apostando por ayudas progresivas, de entre 90 y 170 euros, para el alumnado de 1º y 2º de Primaria, cuyos libros no se pueden reutilizar. El resto de escolares a los que se les reconoce el derecho toman los manuales de los bancos de libros de los centros, que también reciben subvenciones con este fin por parte de la Xunta. En total, la inversión prevista para el próximo curso es de 7,2 millones de euros.

La Rioja también suprimió en 2013 el programa de gratuidad, aunque lo empieza a recuperar parcialmente a partir de este curso, cuando la cobertura será universal para los alumnos de 3º y 5º de Primaria y 1º de Formación Profesional Básica. Para el resto de niveles educativos habrá ayudas en función de la renta familiar y el presupuesto total asciende a tres millones de euros. Algo similar ocurrió en Murcia, donde se pasó de un bono-libro universal de entre 100 y 150 euros para determinados cursos a ayudas monetarias de importe similar que se otorgan directamente a las familias más necesitadas. Además, a partir de este curso, todos los alumnos de 3º y 4º de Primaria, FP Básica y centros de Educación Especial tendrán los manuales gratis a través de la creación de bancos de libros. En los próximos años se irán incorporando el resto. 

Además de en las autonomías citadas, el modelo de préstamo y reutilización para familias vulnerables gestionado por los centros funciona en otras comunidades. Está vigente en Asturias, donde la subvención por beneficiario es aproximadamente de 105 euros, con un presupuesto para el próximo curso de 1,9 millones de euros; en Castilla y León, con una ayuda valorada en 240 euros en Primaria y 310 en Secundaria y un gasto previsto es de 15 millones de euros; en Cantabria, donde hace dos años se cambió el sistema de ayudas directas a las familias por otro en el que los fondos también son gestionados directamente por los centros escolares dotado con 2,1 millones de euros; o en Canarias, donde colegios e institutos reciben dinero para comprar libros que luego reparten a los alumnos más necesitados, con una dotación de 7,4 millones de euros. También en Extremadura son los centros los que se encargan de repartir los materiales a los alumnos que han resultado beneficiarios según sus niveles de renta. Para este curso, el presupuesto previsto es de seis millones de euros. 

En Baleares, por otro lado, son los centros los que tienen que solicitar la adhesión al programa, aunque los públicos están obligados a hacerlo si lo demandan el 10% de los alumnos. Actualmente son 156 los colegios e institutos que participan en el sistema y que recibirán el curso que viene 50 euros por alumno beneficiario para actualizar su fondo de libros y material didáctico. Si no llega para adquirir todo el material, las familias ponen el resto. 

Por último, Cataluña es la única comunidad autónoma en la que no hay ayudas directas a las familias para la adquisición de libros de texto. Sí existe un programa de subvenciones para que ciertos centros seleccionados según el perfil socioeconómico de los alumnos adquieran libros y material informático que reparten entre los estudiantes.

La red de librerías en España ha aumentado un 3,7% en 2016, hasta alcanzar las 3.967 librerías independientes, si bien este crecimiento no refleja el "sufrimiento" de los comercios pequeños, con una caída en ventas y que contemplan como posible mejora la vuelta de precios fijos para libros de texto, entre otras medidas.

Ésta es una de las conclusiones de los estudios presentados este jueves 23 de noviembre que componen el Observatorio de las Librerías, realizado por la Universidad de Zaragoza y dirigido por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL) y el Gremio de Libreros de Madrid.

"Antes con los libros de texto se financiaba todo el año pero, con el precio libre, los grandes establecimientos hacen sus operaciones para ajustar sus precios. Queremos que se vuelva a ese precio fijo, no será fácil, pero permitirá competir en igualdad de condiciones", ha señalado el presidente de CEGAL, Juancho Pons.

En general, el crecimiento de las librerías supone que en España haya una media de 8,5 establecimientos por cada 100.000 habitantes.

Cataluña (603), Madrid (584) y Andalucía (481) concentran el mayor número de librerías, si bien es el norte de España en global el que más centros alberga.

Merchandising y otros productosMerchandising

La mitad de las librerías se sitúa en ciudades grandes (de más de 100.000 habitantes), con una media de 135,2 establecimientos en cada gran capital. Por el contrario, únicamente el 25% de los locales se encuentran en municipios pequeños.

En cuanto a las ventas, solo un 6% de las librerías analizadas factura más de 600.000 euros al año, mientras que la mitad factura menos de 90.000 euros. El estudio pone de relieve que una cuarta parte de la facturación de estos comercios es por la venta de libro escolar, sobre todo en librerías generales de proximidad.

Por un lado, las librerías grandes venden más libros que otros productos -salvo en las tiendas de cómic, donde se apoyan en el merchandinsing merchandinsing-, al tiempo que las librerías pequeñas y de proximidad venden menos libros, en favor de productos de papelería o revistas.

Cultura "pone el foco"

La estimación de las ventas en 2016 ha alcanzado los 736,1 millones de euros y las variaciones de un año para otro revelan que se compensa el aumento de ventas -en un 51,1% de los establecimientos- con la disminución -en el 48,9% restante-. No obstante, ese aumento se registra principalmente en librerías con ventas superiores a 1,5 millones de euros al año, frente a la caída de ventas en librerías de entre 30.000 y 90.000 euros al año.

"Desde el ministerio se prepara una actuación prioritaria para estos comercios pequeños, hemos puesto el foco en ellos", ha apuntado el director general de Industrias Culturales y del Libro, Óscar Sáenz de Santamaría. Pese a que asegura que el estudio supone "motivos fundados para el optimismo", ha pedido "no dormirse en los laureles" porque el pequeño comercio "sigue sufriendo mucho" los efectos de la crisis.

Otros datos que ha puesto de relieve el observatorio es el hecho de que una cuarta parte de las librerías vende por Internet (y supone el 11% de su facturación). Los locales tienen 163,7 metros cuadrados de superficie de media y 9.092 ejemplares de stock medio. Asimismo, han reducido un 4% la tasa de devolución desde 2014, hasta el 26,8% del total.

Las réplicas del momento que vive Cataluña por la tensión soberanista han llegado al sistema educativo a través de sectores de la población que han reactivado el debate sobre el supuesto "adoctrinamiento político" en las aulas. Piedra angular de estas críticas son los libros de texto con los que estudian los alumnos catalanes, que están siendo analizados por la Alta Inspección Educativa. El Ministerio de Educación encargó en mayo a este cuerpo de funcionarios un informe "detallado y urgente" al respecto.

La investigación, tal y como confirma un portavoz autorizado del departamento que dirige Iñigo Méndez de Vigo, todavía no ha sido finalizada, pues hay que revisar los libros de todas las editoriales. El pasado 18 de mayo, el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, dijo que este documento estaría disponible "en breves días" y que se pronunciarían entonces sobre si se estaba vulnerando o no la normativa y sobre si estos manuales carecen de "rigor histórico". Pero han pasado cinco meses y no hay novedades. 

La Generalitat cuestiona la investigación abierta por el Ministerio de Educación, que califica de mera operación de propaganda y sitúa en un contexto de "oscurantismo y censura franquista". "No se entiende por qué se escandalizan tanto de que se ponga el foco en la geografía de Cataluña. Esto pasa en todo el mundo, que todas las materias se explican en referencia al entorno inmediato", ha argumentado la consejera de Educación, Clara Ponsatí. El Gremi d'Editors de Catalunya también ha apuntado que detrás del informe que ha alentado la investigación del ministerio hay un cierto "interés" en "criminalizar" a todo un sector. 

El origen de la investigación de Educación está en un informe [consultar, aquí] de la asociación de profesores Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (AMES), que tras analizar 14 manuales de la asignatura de Conocimiento del Medio de 5º y 6º de primaria (alumnos de once y doce años) de siete editoriales determinó que los contenidos que fija el Gobierno central se han reducido tanto que se dificulta su adquisición y criticó que en algunos de ellos se diga que la ley principal de Cataluña es el Estatuto de Autonomía o que la parte de historia se presente como un constante enfrentamiento entre España y Cataluña al tiempo que se hacen alusiones a la inexistente "corona catalanoaragonesa". 

El documento también cuestiona que la falta de referencias a la monarquía, la Constitución, el Gobierno de España u otras estructuras del Estado "favorece que los alumnos catalanes no adquieran la identidad española" y que "no se sientan españoles, sino sólo catalanes". O que se ensalcen "en exceso" las "diferencias entre los catalanes y los ciudadanos del resto de España, mientras que se reduce o se ignora lo que los une".

No obstante, entre los aspectos criticados de los libros también hay cuestiones de carácter valorativo. Por ejemplo, AMES critica que se presente a la II República "de forma excesivamente favorable"; que se utilice la denominación Estado para referirse a España, lo que lleva a los alumnos a "desconocer que existe una realidad que se llama España"; o que se diga que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 recuperó el uso público de la lengua catalana, lo que da a entender "que antes estaba prohibido hablar en catalán". 

El debate, sin embargo, no es nuevo. En el año 2000, en medio de la negociación de un decreto que pretendía unificar los contenidos de humanidades de todo el país, la Real Academia de la Historia dio a conocer un informe sobre los libros de historia en la enseñanza secundaria en el que determinaba que los manuales no incluían las clásicas cronologías de acontecimientos, ni los personajes históricos y daban una visión parcial y sesgada de la historia de España en detrimento de la historia de cada autonomía. Los académicos también alertaban sobre la supuesta ocultación del concepto de España. Una década después, en 2011, la Real Academia de la Historia fue cuestionada por el escaso rigor científico de algunas de las biografías de personajes del siglo XX incluidas en su flamante Diccionario Biográfico Español. 

La Fundación Jaume Bofill respondió en 2001 al documento de la Real Academia de la Historia con un contrainforme coordinado por el historiador Antoni Segura en el que se analizaron 155 libros de texto, el 80% del total. Ese trabajo demostró que los porcentajes de cada libro dedicados a los avatares de cada comunidad autónoma, estaban muy por debajo de los dedicados a la historia común de España. En Cataluña, la media de páginas dedicadas a la historia autonómica alcanzaba el 15% en ESO y el 33,8% en bachillerato, cuando la normativa fijaba la cuota de historia autonómica en el 45%. 

¿Vuelta a la censura previa? 

En España, desde 2002, no existe para las editoriales la obligación de contar con la autorización de la Administración para poder sacar un material didáctico al mercado, cuestión que ahora se ha vuelto a poner sobre la mesa. Eso sí, la ley establece que deben adaptarse a las edades de los alumnos y al currículo aprobado por cada Administración educativa. La responsabilidad sobre qué manual elegir recae sobre los órganos de coordinación didáctica de los centros educativos.

Respecto a los contenidos que se plasman en los libros, el Gobierno central fija los de las materias troncales (lengua, matemáticas, geografía e historia, física y química, geografía e historia, lengua extranjera...), mientras que los de las llamadas específicas (educación física, plástica, música...) y las de libre configuración (que suponen en torno a un 10-15% del currículo) depende exclusivamente de las autonomías.

En este sentido, el sindicato AMES, que no tiene representación en las instituciones catalanas, reclama que se cambie la ley para que se imponga de nuevo el permiso previo "dados los abusos e incumplimientos de la buena fe constatados". El Govern, sin embargo, no está dispuesto a recoger el guante. A este respecto, la consellera Ponsatí ha defendido que cree "en la libertad de expresión y en la libertad académica" y que entre sus funciones no está censurar de los libros de texto o vigilar a las editoriales. 

La propuesta tampoco gusta a los sindicatos con mayor representación en el cuerpo docente público. El mayoritario USTEC critica las "perversas" finalidades de ese informe, que son "crear una policía del pensamiento, un rígido control curricular y la voluntad de represión contra la disidencia propia de las dictaduras o de democracias como la turca". "Las quejas que se perciben en el informe, solo demuestran la nostalgia por los libros de texto del franquismo", dijo la organización en un comunicado. 

La segunda fuerza sindical del sector, CCOO, también está en contra de la censura previa. "Nosotros creemos en la libertad de imprenta y de cátedra. No se puede controlar absolutamente todo", señala Manel Pulido, profesor de Secundaria y secretario general de la federación de Educación de CCOO en Cataluña. La propuesta tampoco tiene el apoyo de la Fapac, la federación que agrupa al 76% de las asociaciones de padres de alumnos catalanes. "No creemos que sea necesario ese control previo. Nuestra apuesta, de hecho, es que cada vez se utilicen menos los libros de texto en las escuelas", señala su presidenta, Montse Conejo. 

Al igual que ocurre con los supuestos casos de adoctrinamiento o con el modelo de inmersión lingüística, gran parte de la comunidad educativa entiende que este cuestionamiento de los libros de texto no se basa en criterios ni pedagógicos ni sociales, sino meramente partidistas y con fines de desestabilización política. 

En contraposición, la censura previa sí está respaldada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), organización creada en 2014 con el objetivo de promover y difundir las ventajas del bilingüismo y del trilingüismo y defender la "neutralidad política e ideológica" en los centros educativos. Su presidenta, Ana Losada, cree que sí es necesaria la supervisión. Y va más allá, defiende que los manuales deberían ser los mismos en todas las comunidades autónomas y que, en todo caso, se tradujeran a las lenguas cooficiales.   

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Este artículo forma parte de una serie de tres reportajes que ha publicado infoLibre sobre el sistema educativo catalán. Las otras dos entregas son las siguientes: - Verdades y opiniones sobre el supuesto adoctrinamiento en las aulas catalanas- La inmersión lingüística en la escuela catalana: un modelo de consenso cuestionado por unos pocos

Verdades y opiniones sobre el supuesto adoctrinamiento en las aulas catalanas

La inmersión lingüística en la escuela catalana: un modelo de consenso cuestionado por unos pocos

Las autoridades de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigan si algunas de las principales editoriales de libros de texto del país infringieron la ley al llegar a acuerdos para repartirse el mercado de la edición y comercialización de manuales didácticos. Estudian, por ejemplo, si limitaron las políticas comerciales que pueden promover los cambios de editoriales de referencia en los centros educativos. 

Las empresas investigadas son Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press, Edelvives, Edebé, McGraw Hill, McMillan, Pearson, Teide y Serbal. También la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (Anele), que agrupa al 96% de los editores que publican en España libros y materiales destinados a la enseñanza reglada no universitaria. 

Asimismo, la CNMC investiga la posible existencia de acuerdos o prácticas concertadas adicionales entre Anele, Grupo SM, Grupo Anaya, Grupo Santillana, Oxford University Press, Edebé, McMillan, Pearson, Teide y Serbal para "la fijación de precios y otras condiciones comerciales" sobre los libros de texto en formato digital. Los expertos de Competencia indagan sobre posibles acuerdos entre el Grupo SM, Edebé y Edelvives para "repartirse el mercado" de los libros de texto de centros de titularidad católica. Estas tres últimas editoriales están ligadas a organizaciones de la Iglesia católica. 

En el lobby editorial se muestran convencido de que durante la tramitación del expediente se probará que "no se ha desarrollado por parte de ninguna empresa asociada práctica anticompetitiva alguna", según explicó un portavoz a preguntas de infoLibre. Anele también anunció este martes que hará un análisis "más detallado" de las cuestiones que han provocado esta investigación tras conocer más datos y cuando tenga acceso al expediente. La investigación se inició tras la denuncia de la Editorial Vicens Vives.

De acuerdo con los datos del informe Evolución de los precios de los libros de texto publicado por Anele, el sector facturó 882,24 millones de euros por los libros vendidos para el curso 2016-2017, un 3,09% más que en el curso anterior. Según este documento, el incremento es fruto de la mejoría económica, de una mayor aportación de las administraciones públicas y de que todas las comunidades autónomas han culminado la implantación de los currículos de la LOMCE. 

La reforma educativa que el PP aprobó en solitario en 2013 obligó a cambiar en tres cursos los libros de texto de 180 asignaturas, lo que supuso una oportunidad de negocio para los editores de libros de texto. Las editoriales si habían acusado, aunque de forma tímida, la situación coyuntural de crisis en términos de facturación. El curso pasado vendieron 38,7 millones de libros destinados a la enseñanza no universitaria. 

"Indicios racionales"

El regulador anunció este martes la apertura de un expediente sancionador tras haber tenido acceso a "información inicial" de la que se deducen "indicios racionales" de la comisión por parte de las citadas empresas de posibles infracciones del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) por "conductas restrictivas de la competencia". 

La citada ley establece sanciones que pueden ser de hasta el 1% del volumen de ventas global realizado por la empresa en el año anterior a la imposición de la multa si la infracción se considera leve, de hasta el 5% en caso de ser calificada de grave, y de hasta el 10% si se declara muy grave. Teniendo en cuenta que el sector facturó 882,24 millones de euros el curso pasado, una simple operación aritmética permite estimar que las sanciones podrían alcanzar varios millones de euros.

En todo caso, la CNMC recuerda que la apertura del expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación". De hecho, se abre ahora un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del expediente y para su resolución. Preguntado al respecto, un portavoz de Anele asegura que la patronal está colaborando con las autoridades de Competencia poniendo a su disposición toda la información de la que dispone.

Un texto incluido en el libro de Lengua y Literatura para primero de la ESO de la Editorial Santillana ha provocado la crítica de cientos de padres en la red social Facebook. Se titula Qué es un marrón y cómo afrontarlo y explica, en tono humorístico, qué es un marrón en el mundo laboral –"todo aquel trabajo que nadie desea realizar"– y propone a diez "postulados" para evitarlos. Cientos de padres han compartido la página del libro, mostrando su indignación por los "valores del trabajo" incorrectos, que, a su juicio, fomentan estas líneas. Consulte aquí el texto adaptado.

InfoLibre no ha podido comprobar el origen o la autoría del texto, firmado con el seudónimo Brown MoU Group. Una búsqueda en la red evidencia que es de finales de los 90: aparece en webs cuya última actualización fue casi a principios de siglo. Explica cómo reconocer un marrón, traducido al inglés de forma jocosa como brown: "La introducción del marrón suele llevarse a cabo por medio de frases del estilo de 'Oye, tú no tienes nada urgente que hacer, ¿verdad?" e incita a hacer la "prueba del nueve": pedir ayuda a un compañero. Si se niega, explica el escrito, "se puede estar plenamente seguro de que uno está frente a un auténtico y genuino marrón".

Posteriormente, expone los diez "postulados de Skakeitor", entre los que se incluyen recomendaciones como "si no tienes nada que hacer, nunca lo confieses", o "ama el trabajo bien hecho y por ese motivo déjalo para los compañeros más cualificados" y arroja una conclusión: "El trabajo es una cosa buena. No seas egoísta y déjalo para los demás".

Posteriormente, el libro propone una serie de actividades para trabajar sobre el texto. Las cuestiones animan a trabajar sobre la estructura textual, el vocabulario utilizado y su significado: en el apartado dos se pregunta al alumno si se trata de "una definición rigurosa de una situación frecuente en el ámbito profesional" o si, por el contrario, es "una recreación humorística de una situación laboral". La última pregunta lleva el antetítulo “Para pensar” y propone reflexionar sobre "por qué tiene carácter irónico" el texto y si los diez postulados "consiguen el efecto que desean en el receptor".

La interpretación humorística por la que parece decantarse el libro de texto no convence al autor de la publicación original en Facebook, Gonzalo de la Rosa. "Las preguntas están mal planteadas y resulta casi imposible sacar un mensaje positivo del texto. Especialmente si pensamos que está siendo dirigido a niños de entre 11 y 12 años", asegura en declaraciones a infoLibre. Los usuarios de la red social utilizan calificativos como "vergüenza" y aluden a los valores que el texto parece fomentar para evitar las cargas de trabajo en el mundo laboral. "Y luego nos quejamos de las bestias pardas que son los críos de hoy", sentencia una chica. Algunos comentarios, sin embargo, defienden su inclusión en un manual educativo: "Es una prueba de competencia lectora que lo que pretende es que el alumno comprenda todo lo que se dice en el texto, creo que se sobrentiende que no es un manual de buenas maneras", afirma un usuario.

El departamento de prensa de la Editorial Santillana aduce que dentro del programa de Comunicación se analizan textos humorísticos como este. "Hay que diferenciar claramente el contenido de un relato de su intención comunicativa y de análisis por parte del alumno", asegura, aludiendo a los ejercicios propuestos en la página siguiente. "Lo que se pretende es que el alumno sepa identificar en qué tono está escrito y pueda abordar la comprensión de un texto claramente humorístico e irónico", no se trata de infundir "no valores", afirma la editorial. Santillana pone como ejemplo los textos clásicos, llenos de referencias "duras y nada amables, como la guerra o la venganza", que se incluyen en los manuales educativos.

"Sentimos mucho que sacado de ese contexto pueda haber incomodado a alguien. Nada más lejos de nuestra intención. Creemos que queda claro que se trata de un texto humorístico y como tal se trabaja, no sólo en el propio libro sino también con la ayuda del profesor, a interpretarlo", concluyen desde Santillana.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda a las familias acudir a plataformas de trueque e intercambio de ropa, libros y material escolar, o bien comprar los libros de segunda mano, ya sea a través de librerías físicas, particulares o plataformas online. Según indica la organización, "el consumo colaborativo, además de ser una opción sostenible, puede suponer un importante ahorro".

Además, ha emitido otros consejos para ahorrar de cara a la vuelta al cole. Así, recomienda revisar lo que ya se tiene en casa antes de comprar cosas nuevas, y planificar un presupuesto para evitar las "compras compulsivas". "Estrenar curso no es sinónimo de estrenar mochila o zapatos", señala la OCU.

También aconseja escalonar las compras, sobre todo en ropa y zapatos, ya que OCU considera que no es necesario tener todo a principio de curso. "Quizá las zapatillas de deporte aguantan un par de meses, y aún queda tiempo para comprar el abrigo o plumas", pone de ejemplo.

Otro forma de ahorrar de cara al inicio del nuevo curso escolar es fijarse en las ofertas y descuentos que lanzan muchos establecimientos. Para OCU, hay muchas oportunidades que se pueden aprovechar, pero recuerda que "a veces lo barato sale caro". "Si sólo necesita cinco cuadernos, mejor olvidarse de esa súper oferta de diez", advierte la organización de consumidores.

Por último, alerta de que en ropa y material hay muchas diferencias de precio, por lo que recomienda buscar y comparar antes de decidir qué comprar. Según la OCU, en libros de texto, dependiendo del punto de venta donde se realice la compra, se puede ahorrar hasta un 25%.

A finales de agosto, la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto y Material de Enseñanza (Anele) emitió un comunicado que sonó como un suspiro de alivio: "Los libros de texto para el curso 2015-2016 han llegado a tiempo al inicio del curso a pesar del clima de incertidumbre sobre el proceso de implantación de la LOMCE".

Anele presentaba su Informe de Evolución de los Precios de los Libros de Texto, constatando que han experimentado "una ligera subida del 1,05% de media, a pesar de que ha sido necesario realizar grandes inversiones y reforzar los equipos editoriales para adaptar los manuales a los nuevos currículos en tiempo récord". Todo ello, en un contexto de reducción de tiradas como consecuencia del menor gasto en libros de texto y del repunte de los precios del papel.

Los editores admitían que la "reducción e incluso desaparición" de las ayudas públicas podían incidir en un incremento del gasto familiar, si bien el gasto medio por alumno en lo que va de legislatura ha pasado de 111,12 euros en 2011 a 91,62 euros en 2014, casi 20 menos. Y si analizamos la venta de ejemplares por alumno, ha bajado de 7,13 en 2008 a 4,94 en 2014.

El "ufff" de los editores culminaba una larga serie de desencuentros políticos y educativos que habían desembocado en un verano movidito.

Echemos la vista atrás… no se asusten, no mucho.

Resumen (muy resumido) de lo ocurrido

Al año siguiente de su acceso al poder, es decir, en 2012 y so pretexto de imposibilidad económica, el gobierno del Partido Popular redujo estrepitosamente las ayudas para libros y material escolar, una partida considerable del presupuesto de familias con hijos en edad escolar.

A ese apretarse el cinturón en este y otros aspectos de la vida educativa, que muchos tenían por ideológico y que desde el poder se justificaba aludiendo a razones presupuestarias, siguió la voluntad gubernamental de sacar adelante una nueva ley educativa, cosa que hizo en solitario.

Tal fue el enfado que, como se recordará, en julio de 2013, un día después de que el pleno del Congreso rechazara las once enmiendas a la totalidad presentadas contra la reforma educativa que promovía el ministro de Educación, José Ignacio Wert, todos los grupos de la oposición (excepto UPyD y Foro Asturias) se comprometieron por escrito a derogar la ley cuando llegaran al gobierno.

Unos meses después, en noviembre, el Congreso aprobó la llamada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) con los únicos votos a favor del PP. Una ley a la que muchos vaticinaban una vida muy corta, que se implantaría en dos etapas (el curso 2014-2015 en Primaria y Formación Profesional Básica, el curso 2015-2016 en Secundaria, Bachillerato y FP de grado medio y superior), y cuyos primeros meses de singladura transcurrieron cargados de problemas.

Un botón de muestra: en mayo de 2014 el Consejo Escolar del Estado, en el que participan familias, profesores, alumnos, sindicatos y patronales educativas, aprobó una iniciativa en la que exigían al Ministerio de Educación que garantizara libros de texto y material escolar gratis.

El panorama se enrareció aún más cuando, tras las municipales y autonómicas del pasado mes de mayo, las nuevas mayorías autonómicas anunciaron medidas para frenar la implantación de la ley en base a las competencias que en materia educativa tienen las Comunidades Autónomas.

Para entonces, el frente de los libros era uno de los más polémicos. El 19 de junio, ANELE manifestó su preocupación con las declaraciones a favor de derogar la normativa del PP surgidas tras las elecciones locales, recordó que sus asociados habían hecho un esfuerzo inversor de cerca de 200 millones de euros para elaborar los libros de texto y materiales adaptados a la reforma educativa, y amenazó con "interponer las acciones legales oportunas frente a toda actuación" dirigida a "paralizar" su implantación.

Pocos días después llegó la reacción de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA). Su argumentación: la LOMCE no invalida los libros de texto, y deben reutilizarse.

En un comunicado, la confederación tachaba de "inaceptable que algunos editores den instrucciones a las comunidades autónomas sobre sus competencias en educación llegando a recordarles que 'lo único que compete' a las comunidades es desarrollar y completar la normativa básica estatal de obligado cumplimiento y aplicación 'dentro de la regulación y límites establecidos por el Gobierno'". Esta situación, decía, está ocasionando graves perjuicios a los bancos de libros gestionados por las AMPAS que han sido creados sin expectativas de negocio y dentro de la lucha por el derecho a recibir una educación gratuita reconocida en nuestra Constitución pero continuamente ignorada por parte de las diferentes administraciones públicas.

Así las cosas, el 1 de julio, CEAPA exigió "la devolución a las familias de la compra de libros y material curricular por parte de los centros educativos, por obligarles a realizarla".

Un agosto movidito

Y llegó agosto. Y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo saber primero que en los presupuestos el presupuesto para Educación subiría un 9,3%, con 363 millones para la LOMCE, y el ministro anunció después que había conseguido arañar 24 millones de euros para destinar a unas 240.000 familias.

Nada de lo cual calmó los ánimos de quienes se oponen a la ley.

El día 11, Castilla-La Mancha eliminó requisitos para libros de texto gratis en cursos de la LOMCE.

El 25, la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas, propuso que los libros de texto sean gratuitos.

El 31, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una moción en la Asamblea Regional de Murcia instando al Gobierno autonómico a que, con carácter de urgencia, presente un Programa de Gratuidad de Libros de Texto para la educación obligatoria.

Sin embargo, ese mismo día la Junta de Castilla y León descartó la posibilidad de que los libros de texto desgraven, como sí ocurre en otras comunidades que han introducido nuevas deducciones para la compra de libros, material escolar o la enseñanza de idiomas que pueden alcanzar hasta 900 euros.

El 1 de septiembre, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig y su conseller de Educación, Vicent Marzà, anunciaron un plan para garantizar la gratuidad de los libros de texto para los escolares.

Y mientras tanto, en nuestro país y lejos de él…

A expensas de lo que ocurra con la aplicación de la ley Wert, de lo que haga Méndez de Vigo, al que todos reconocen su carácter dialogante, y de lo que suceda en las elecciones generales, dos estudios (quizá interesados, dados sus impulsores, pero en cualquier caso interesantes) nos permiten comprobar hasta qué punto los compradores de libros se buscan la vida, independientemente de quién legisle y cómo lo haga.

Un estudio realizado por Segundamano y Milanuncios detectó que la compra de libros de texto de segunda mano permite un ahorro del 45%.

Una encuesta realizada por Amazon recogió que un 38,8% de las familias españolas adquiere on line (alguna vez o de manera habitual) los libros de texto de cara a la vuelta al cole. Sus motivos: la comodidad y el precio.

Por no hablar de la evolución digital, que lo cambiará todo. Pero mientras llega el futuro, aquí seguimos con una ley educativa que no genera consensos y a la que algunos han puesto fecha de caducidad, y peleando por el sistema de gestión de los libros de texto.

No parece aventurado decir que el alivio de los editores es temporal. La comunidad educativa seguirá estando revuelta. Ellos siguen en la batalla, mientras el impulsor del cambio legislativo de la discordia contempla el paisaje desde su recién estrenada y muy polémica atalaya parisina.

Representantes de asociaciones de libreros y editores han criticado el "alejamiento" de los políticos respecto a los libros, un aspecto que a su entender repercute en los bajos niveles de lectura en España, al tiempo que han pedido más ayudas para las bibliotecas. Esta es la respuesta de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal), la Asociación de Editores de Madrid y la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) tras darse a conocer una encuesta del CIS en el que un tercio de los encuestados reconocía no leer libros porque no le interesaba. En este sentido, el asesor de Cegal, Fernando Valverde, ha lamentado esa distancia de los políticos españoles respecto al libro.

"Es como si les diera vergüenza salir en publico comentando un libro. No es algo habitual que, por ejemplo, usen bibliotecas o librerías para hacer campaña, y eso es un gesto que se echa de menos. Hay que poner el libro en el lenguaje cotidiano de la gente", ha señalado. En esta misma línea, la presidenta de los editores madrileños, Rosalina Díaz, ha reclamado de los poderes públicos mayores ayudas para el sector del libro, ya que considera que en los últimos años se están reduciendo. "Hay una responsabilidad de comunidades autónomas y ayuntamientos y es importante incrementar el nivel de compra de libros", ha explicado.

Por su parte, el director ejecutivo de FGEE, Antonio María Ávila, también ha incidido en la responsabilidad de los poderes públicos, incidiendo en la importancia de mejorar tanto el sistema de bibliotecas como el fomento de lectura en edad escolar y universitaria. Para Díaz, por ejemplo, ésta es asimismo una iniciativa necesaria: "Los métodos para conseguir mayor nivel lector parten de acostumbrar a la lectura desde pequeño, ya en casa o en el colegio". Respecto a las ayudas para las bibiliotecas, las tres asociaciones han coincidido en el descenso en inversión en los últimos años, otra de las barreras para ayudar a la lectura. En concreto, las inversiones en fondos para bibliotecas públicas se ha reducido, solo en los presupuestos del Ministerio de Cultura, en 30 millones de euros desde el año 2009, según un análisis del mercado editorial en España por parte de FGEE.

Libros gratuitos

Cabe recordar que el estudio del CIS reflejaba, respecto a la compra de libros, que la mitad de los encuestados no ha comprado libro alguno en los últimos doce meses y, de ellos, la mitad decía que adquirió de dos a cuatro ejemplares. En cambio, un 61,1% lamentaba que en los últimos doce meses no le habían regalado ningún libro. "Casi siete de cada diez personas no han ido a la biblioteca en el último año. Sería interesante que se hiciera una labor de dar a conocer este servicio y hacer ver al ciudadano que tiene esa posibilidad de no gastar", ha reiterado Díaz. Mientras, Ávila ha apostillado que con los últimos gobiernos del PSOE "sí hubo un apoyo contundente a la biblioteca, algo que se ha perdido ahora".

La caída de los best-sellers

Para Valverde, no obstante, los bajos niveles lectores no solo responden a un problema de los últimos años, sino que se trata de una consecuencia "histórica". "En los últimos años se ha enmascarado esta cifra con los best-sellers, pero al caer este fenómeno con la crisis se ha visto que la gente no leía tanto como decía leer", ha matizado. En cualquier caso, libreros y editores no han dejado de lado la autocrítica y han propuesto medidas que creen se pueden llevar a cabo desde sus asociaciones. Entre ellas, promover "buenos libros a precios razonables", realizar acciones en la calle y otros lugares públicos para "poner el libro en la mente de la gente" o ayudar a los comercios en el márketing de las obras.

La escuela sigue siendo, salvo contadas excepciones, un entorno esencialmente analógico. Cada final de verano se repite la misma historia. El nuevo curso significa para las familias un fuerte desembolso económico en libros de texto y todo tipo de recursos educativos, la mayoría de las ocasiones, en formato papel. El alto precio del material –la vuelta a las aulas cuesta a las familias alrededor de 300 euros según las organizaciones de consumidores– reabre el debate sobre si la informatización de las aulas, considerada también un punto clave en el objetivo de dotar de más calidad al sistema, podría ser más rentable para las familias. 

El mercado de libros de texto, que el curso pasado facturó más de 800 millones de euros, no parece dirigirse a un cambio de modelo. Según datos de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), que agrupa al 96% de los editores que publican en España libros y materiales destinados a la enseñanza reglada no universitaria, sólo un 3,2% del total de su volumen de negocio el curso pasado provino de recursos en formato digital. Su catálogo para este curso que acaba de comenzar tiene 31.000 referencias en papel y 6.000 digitales, pero admiten que la tasa de retorno de los manuales digitales es todavía "muy baja" porque no hay mucho mercado, en parte, por el parón a los programas públicos de digitalización y compra de dispositivos informáticos con excusa de la crisis económica. 

No obstante, en el lobby editorial cuestionan el hecho de que el libro digital pueda suponer en todos los casos un abaratamiento de los precios. "Todo depende del tipo de producto. No es igual acceder a los mismos contenidos que en el libro de papel pero en formato PDF, lo que sí sale barato, que elaborar un contenido específicamente digital con realidad aumentada, vídeos... Además, no todas las familias pueden hacer frente a la compra de un dispositivo electrónico", señalan fuentes de la asociación de editores. 

No tiene la misma opinión Rafael Feito, profesor de Sociología de la Universidad Complutense, quien pone en valor el ahorro que suponen los recursos digitales en aspectos como la impresión, la distribución o el almacenaje. "Es obvio que el libro digital aligera los costes para los consumidores. Comprar los libros para un curso tiene un precio similar al de adquirir una tableta y ésta te ofrece muchas más funcionalidades y puede usarse más de un curso a pesar de que haya que renovar programas o aplicaciones", detalla. 

Desde la confederación de asociaciones de padres de la escuela pública CEAPA su presidente, Jesús Sánchez, habla de la digitalización como un fenómeno "inevitable" pues, dice, la escuela "no puede ir contracorriente". Sin embargo, desde el punto de vista del esfuerzo económico que supone a las familias la escolarización de sus hijos no ve muchos cambios entre uno u otro modelo. "Estamos en lo mismo, es abrir otro mercado con un público cautivo. Lo que pedimos las familias es que la educación pública sea totalmente gratuita porque ya la sufragamos con nuestros impuestos. No es que reclamemos que la Administración compre el material a cualquier precio, sino que la compra sea racional y que se haga una gestión eficiente", asevera. 

Sin embargo, además del coste de los dispositivos hay que tener en cuenta otros aspectos como las licencias de los programas o aplicaciones que se usan en el aula y que pueden adquirirse de forma permanente o con un uso limitado para uno o dos cursos. También hay docentes que promueven el uso de materiales propios o de software libre, menos dependiente de los vaivenes presupuestarios, aunque se trata todavía de iniciativas minoritarias pero que, de expandirse, sí podrían poner en cuestión el negocio del sector de las editoriales de libros de texto. En este punto no extraña que la nueva estrategia de estas compañías pase por ofrecer ellas mismas los dispositivos en paquetes que incluyen también los libros de texto en formato digital.

Pero las causas que explican el escaso desarrollo hay que buscarlas también en el parón que, bajo el pretexto de la crisis, han sufrido la mayoría de iniciativas de digitalización de la escuela. En 2009 el Ministerio de Educación, dirigido entonces por Ángel Gabilondo, puso en marcha a nivel estatal bajo el nombre Escuela 2.0 un proyecto que tenía como objetivo proporcionar ordenadores portátiles, pizarras digitales, proyectores y la infraestructura necesaria para acceder a Internet en las aulas desde 5º de primaria hasta 4º de ESO.

El programa estaba cofinanciado al 50% por las comunidades y se nutría de ejemplos como los de Aragón, Cataluña o País Vasco, donde llevaban años experimentando con proyectos de digitalización de las aulas. Se invirtieron alrededor de 600 millones de euros –de los que 268 salieron de las arcas del ministerio y, el resto, de las autonomías– con el objetivo de distribuir más de 634.000 equipos y llevar conexión a Internet y pizarras digitales a miles de aulas en todo el país. Pero la implantación del proyecto duró apenas tres años. La realidad es que tras dos años de asfixia financiera la sensación más o menos generalizada es que todo quedó un poco a medias. Y que la falta de fondos puede provocar que parte de la inversión acabe quedando en saco roto.

Atendiendo al aspecto pedagógico, Mariano Fernández Enguita, sociólogo de la Universidad Complutense experto en investigación educativa, señala que si el recurso digital se acaba utilizando para hacer lo mismo de siempre es como no haber avanzado en nada. "Con la herramienta siempre se puede ganar algo, aunque sólo sea color, movimiento, velocidad y alcance, pero también se puede perder, sobre todo si el docente pasa demasiado rápido de unas herramientas que es capaz de manejar casi a ciegas a otras en las que es un perfecto neófito. Aquí es muy importante contar con un plan, verificar y aprender de y con el entorno, es decir de y con los demás, en el centro, en equipos, en las propias redes", señala.

Ya se sabe: no hay jardín sin flores, ni inicio de curso sin polémica con o sobre los libros de texto. Y Twitter, esa corrala en la que todos vertemos nuestras opiniones y lamentos, ha sido el lugar elegido por algunos para airear sus críticas.

Un ejemplo: el de la periodista a la par que madre Sara Solomando, que explotaba en la red social.

Se asombraba además Solomando de que una niña de 6 años necesite 22 libros a lo largo de un curso, vaticinaba más gastos porque aún tenía que sumar el material escolar, y terminaba lanzando una pregunta cuya respuesta ya conocía: 

Hablé con ella, me reiteró sus quejas e incluso me mandó las facturas para que viera que, en efecto, no ha sumado mal. Sí, 500 euros en libros es mucho dinero, más aún en nuestra situación económica, más todavía cuando la Constitución garantiza la gratuidad de la enseñanza obligatoria.

El saber cuesta una pasta

Le traslado las quejas a José Moyano, presidente de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE). "Según los datos que manejamos, el precio medio de las cinco materias troncales de primaria (lengua, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales y lengua extranjera) estaría en torno a los 120 euros. No podemos saber por qué ese centro prescribe una lista determinada de libros". 

En cuanto a la reutilización… "Si nos atenemos a lo que marca la ley, los libros, una vez que son elegidos por los centros escolares deben mantenerse, al menos cuatro años. Pero hay más. Para que una editorial pueda rentabilizar un proyecto editorial necesita que éste se mantenga comercializándose cuatro años como mínimo. Cambiarlo cada año no permitiría recuperar la inversión. Creo que es importante destacar que, hoy, la reutilización de los libros de texto alcanza el 40% en la enseñanza Primaria, el 60% en Secundaria y mucho más importante (más del 80%) en Bachillerato y FP". 

El portavoz de ANELE admite, eso sí, que la ley se compadece mal con nuestro vivir cada día. “Cabría preguntarse si es lógico que en nuestro país haya habido siete leyes educativas en esta época democrática, con el consiguiente cambio curricular, o que no se haya conseguido un consenso en una materia tan importante como la educación”.

Empecemos por ahí

El curso escolar, el primero en el que se aplica la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), se ha estrenado en medio de una tremenda confusión.

"Hay comunidades que están aprovechando el ruido social para hacer política y poner palos en la rueda para que la ley no avance, o avance más despacio, y eso genera más descontento". Donde Luis Carbonell, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), dice "poner palos en las ruedas" otros hablan de defender políticas distintas. Pero lo cierto es que once comunidades, entre ellas 6 gobernadas por el PP, han rechazado abiertamente el cambio de libros de texto, mientras otras cuatro han decidido dejar libertad de elección a los centros escolares y sólo Castilla-La Mancha ha obligado a los padres a adquirir nuevos libros de textoCastilla-La Mancha ha obligado a los padres a adquirir nuevos libros de texto. Un gallinero que dificulta la tarea de los editores, que han de tener materiales educativos que se adapten a lo que establece tanto la legislación nacional como cada una de las legislaciones autonómicas y complica la vida a los profesores y a los padres.

"Es importante señalar que la decisión de cambiar o no los libros de texto, o incluso de tener o no libros de texto para el desarrollo de las clases, es de los centros y de los profesores. La Administración educativa no puede tomar decisiones al respecto, así se recoge en la Disposición Adicional cuarta de la Ley de Educación. Por lo tanto, ni pueden obligar a comprar nuevos libros, ni pueden negarse a que los profesores pidan materiales para adecuarse a lo que marca la ley. En este caso se ha producido un cambio curricular importante, no sólo en el contenido, también en la estructura de las asignaturas por cursos, con necesidad de una nueva programación; la aparición de los estándares y las evaluaciones, etcétera, que obliga a adaptar los materiales".  

El saber cuesta una pasta

Según el Informe anual de Evolución de los Precios de los libros de Texto que ANELE elabora consultando a sus asociados (una treintena de empresas, el 90% del sector), el precio de los libros de texto para el curso escolar 2013‐2014 se ha incrementado en un 1,1% con respecto al año anterior y mantiene así la tendencia de años anteriores de situarse por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC).

No obstante, son conscientes del contexto socioeconómico en el que vivimos. Por eso, les llama “poderosamente la atención que hayan desaparecido los presupuestos destinados a las ayudas a las familias para los libros de texto en los programas de cooperación territorial del ministerio. Hemos pasado de 200 millones a cero. Más cuando se ha puesto en marcha una nueva ley que hace necesario cambiar los manuales”.

En cualquir caso, la realidad es terca y los libros de texto, caros. "Un best seller no cuesta 30 euros, que es lo que cuesta un libro de matemáticas cuyo contenido es prácticamente el mismo todos los años", compara Jesús Salido, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa).

Pregunto a los presidentes de las dos confederaciones de padres citadas si el del precio es un asunto que aborden con las autoridades, y ambos me recuerdan que estamos en una economía de libre mercado, por lo que poco se puede hacer en ese terreno. Lo que sí pueden hacer, señala Carbonell, es impulsar la reutilización de los libros, “por lo menos deben durar 5 años para que las familias puedan amortizar ese coste”. Y no dejar de recordar, añade Salido, que “la educación pública obligatoria es gratuita y que tienen que financiarla”.

Es en este punto donde el sistema de becas debería demostrar su eficacia, pero, como denuncia Solomando, los criterios de concesión no se ajustan a la situación a día de hoy de las familias.

“En la propia convocatoria de las ayudas, introduce la concurrencia competitiva, lo que quiere decir que se asigna un presupuesto y en cuanto se acaba el presupuesto, independientemente de que cumplas los requisitos, no se te concede la beca –explica Salido–. Luego, los baremos que se utilizan son la renta, y la renta que se presenta es la de hace dos años, por lo tanto, la situación actual no tiene nada que ver con la de hace dos años. Incluso se exige que toda la tramitación se haga on line.” Ni que decir tiene que no todas las familias tienen Internet o saben saben utilizarlo.

El saber ocupa lugar

Parece, pues, que hay coincidencia entre los paganos: los libros cuestan mucho dinero. “Y a esto añado –me apunta Carbonell– que es hora de que migremos hacia el libro digital, no ya del libro de texto al libro digital sino a contenidos digitales que son mucho más económicos, mucho más versátiles, y permiten abaratar los costes.”

Porque ésa es otra

Esta semana, Joaquín Rodríguez se preguntaba en su blog Los futuros del libro si tiene sentido gastar en libros de texto "en un ecosistema educativo digital, en el que el libro de texto tradicional pierde en buena medida su papel y su significado". “Es importante saber que las editoriales desarrollan proyectos editoriales en todos los formatos, no sólo en papel. De hecho, para este curso, las editoriales españolas asociadas a ANELE disponen de más de 6.000 referencias digitales (con un incremento del 100% con respecto al año anterior). Sin embargo, la facturación digital sólo representa un 3,2%. Esto se debe fundamentalmente a que en la incorporación de los contenidos digitales no sólo hay que tener en cuenta el contenido, que como vemos ya hay una oferta importante, sino cuestiones como la conectividad, los dispositivos, la formación del profesorado, cosas que no dependen de los editores”.

Por cierto que Rodríguez empezaba su entrada citando uno de los últimos números de la revista The Economist (“poco sospechosa de no creer firmemente en la economía del libre mercado”) en el que se reproducía un gráfico cuyo título no dejaba lugar a dudas: “Un caso de manual de manipulación de precios”. Se refería al incremento exponencial e injustificado del precio de los libros de texto en los Estados Unidos.

No es consuelo, pero en todas partes cuecen habas.

Castilla- La Mancha es la única autonomía que recomienda a los centros educativos que cambien los manuales para adaptarse a la reforma que se implanta a partir de este curso en 1º, 3º y 5º de Primaria, así como en la formación profesional para alumnos de 15 años, que sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Fuentes de la Consejería de Educación del Gobierno que dirige María Dolores de Cospedal señalaron a infoLibre que se ha aconsejado a los centros que renueven los manuales pues la nueva ley sí define cambios en las competencias básicas, contenidos y métodos pedagógicos que, a priori, deberían determinar la práctica cotidiana en las aulas y el contenido de las evaluaciones externas que también se harán en Primaria aunque sin carácter de reválida. No obstante, aseguran que respetarán la autonomía de los centros en el caso de que no lleven a cabo esos cambios.

Las autonomías no gobernadas por los conservadores, que se han mostrado muy beligerantes contra esta norma –Asturias, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Canarias– no pedirán que se cambien los manuales. Sin embargo, hay otras diez lideradas por el PP en las que tampoco se instará desde la Administración a hacer esos cambios. Entre estas últimas hay dos grupos. Por una parte están las que optan por no mojarse y dejar la decisión en manos de los centros. Y, por otra, las que de manera expresa recomiendan que no haya modificaciones para intentar así minimizar el impacto económico que tiene en el bolsillo de las familias el inicio del curso escolar y también que no se eche por tierra el trabajo realizado en los bancos de libros o sistemas de préstamo. Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el coste anual por hijo escolarizado en la enseñanza pública es de 1.268 euros. Esta cantidad aumenta hasta los 2.368 en la concertada. 

Entre las gobernadas por los conservadores que recomiendan no hacer cambios están Cantabria, Castilla y León, Murcia, Aragón, Galicia y La Rioja. El consejero castellanoleonés ha manifestado la intención de mantener los manuales al menos dos cursos más. A su juicio no habrá problemas porque los docentes ampliarán los contenidos que sean necesarios para ajustarse a la nueva metodología. En Cantabria, el consejero Miguel Ángel Serna aseguró que desde su departamento se darán a los centros las instrucciones oportunas, dentro del marco legal vigente, para que los libros en Primaria no se cambien a corto plazo. En Navarra, donde gobierna UPN, la orden aprobada por Educación recomienda mantener los actuales libros un año más y realizar pequeñas adaptaciones con materiales de "elaboración propia". 

En Aragón, autonomía liderada por la conservadora Luisa Fernanda Rudi, aseguran que la adaptación se hará "de forma progresiva" y que no se impondrán cambios a los centros porque la adapatación de los manuales "no se considera imprescindible". De hecho, fuentes de la consejería aragonesa aseguran que les consta que "muchos centros" han decidido mantener los libros. En Murcia, por su parte, han reclamado a los docentes que elaboren "de forma alternativa" los materiales que precisen para adaptarse a la nueva ley de forma que no sea necesario cambiar los libros. En Galicia, explican desde la Consellería de Educación, se entiende que la Lomce "supone un cambio metodológico más que de contenidos" y, por lo tanto, "no se considera obligatorio cambiar los libros". 

Entre las que optan por dejar autonomía los centros sin hacer recomendación alguna, al menos así lo han transmitido a este periódico desde los diferentes departamentos de Educación, están Extremadura, Baleares, Madrid y la Comunitat Valenciana. En Madrid, la orden que la consejería de Lucía Figar ha enviado a los centros señala que "no será necesaria la sustitución [de los libros] por motivos académicos" y que incluso en el caso de uno de los cambios más sustanciales, que es la desaparición de la asignatura Conocimiento del Medio y su conversión en dos materias, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, "podrían ser válidos también los libros de esta asignatura con algunas adaptaciones que, en todo caso, pueden ser efectuadas mediante otros medios que no supongan necesariamente la adquisición de nuevos textos". 

Entre las que se rebelan, la falta de tiempo para adaptar los libros o el simple rechazo a la mayoría de preceptos que marca la ley son los argumentos más repetidos. El Gobierno vasco, por ejemplo, asegura que no instará a los centros a cambiar los manuales el próximo curso escolar porque "no hay tiempo" para adaptar los contenidos. Por su parte, la consellera catalana, Irene Rigau, ha dicho que "no es necesario" modificarlos y señaló que los mantendrá como medida ante la crisis para que las familias catalanas no tengan que hacer "gastos innecesarios". "El departamento quiere que estas familias puedan reciclar y continuar utilizando los actuales libros de texto", defendió. El Gobierno de Canarias, según informó su vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez, también comunicará a los centros de las islas que pueden seguir usando los libros actuales.

La Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE), que agrupa al 96% de los editores que publican en España libros y materiales destinados a la enseñanza reglada no universitaria, aseguró hace meses que la reforma obligaría a hacer nuevos libros de 180 asignaturas en sólo tres cursos. La ley educativa se presentaba, por tanto, como una gran oportunidad de negocio para el sector, que tasó en 200.000 euros lo que le cuesta realizar cada manual sin contar los gatos de impresión. "La Lomce modifica los currículos de forma considerable y los libros tienen que cambiar para adaptarse a los nuevos estándares de aprendizaje en los que se basarán las pruebas externas", insisten los editores, que facturaron en 2012 más de 800 millones de euros. 

Recorte en las ayudas para material 

Sin embargo, los docentes, según informan desde los sindicatos, se están pensando mucho el cambiar los manuales. A este hecho contribuyen especialmente los recortes en las ayudas para la compra de libros que han llevado a cabo la mayoría de las autonomías en los últimos cursos. Según el último informe anual Datos y cifras del curso escolar 2013-2014, presentado hace un año, 578.549 beneficiarios de ayudas concedidas para la adquisición de libros de texto y material didáctico –un 59% del total– las perdieron el curso pasado. En el curso 2009/2010, el número de niños con ayuda de libros rozó el millón. Desde entonces ha ido decreciendo, aunque nunca lo hizo con tal firmeza.

Estas cifras ponen de manifiesto de qué manera ha afectado a las familias el recorte de las partidas dedicadas a estas ayudas que han emprendido todas las autonomías excepto Andalucía y Navarra, donde se ha mantenido la gratuidad en toda la educación obligatoria. En Euskadi se consolidó la gratuidad en Primaria y el primer ciclo de ESO para el 80% de los escolares. Por contra, en Cantabria, Galicia, Castilla y León o La Rioja, desde el curso pasado sólo hay ayudas para familias más desfavorecidas.

En Madrid se eliminaron todas las becas existentes y sólo se mantiene una pequeña partida para préstamos a las familias en situación de beneficencia. En Baleares, por ejemplo, no hubo presupuesto para el programa de préstamo de libros en Primaria. Y tampoco hubo convocatoria para la compra de libros. También habrá cambios en otras autonomías. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, la Junta destinará este curso 400.000 euros a becas para comprar material, mientras que el curso pasado este presupuesto era de 1.150.000 euros. La reducción es del 66%. En Extremadura la partida dedicada a las becas para libros será este curso de 3,8 millones, lo que supone un incremento del 43% respecto al curso pasado. 

La difusión en los últimos días de las páginas de un libro de texto de Primaria de la editorial Anaya en el que se manipulaban las historias de vida de los poetas Federico García Lorca y Antonio Machado –del primero obviaba que fue asesinado y del segundo que tuvo que exiliarse en una huida penosa– ha vuelto a reabrir el debate sobre el trato que se da a la historia reciente de España en los libros de texto. Tras el revuelo que la difusión de estos libros provocó en las redes sociales, la editorial se vio obligada a retirar del mercado los manuales y a destruir los que quedan en el almacén. “Hemos encargado a las autoras que hagan una nueva redacción para evitar la polémica”, dijeron a infoLibre fuentes de la compañía. Sin embargo, de no haberse formado tal torbellino los libros seguirían en las aulas y en las librerías y eso es algo que inquieta a docentes y familias. 

Desde la confederación laica de padres de alumnos Ceapa –mayoritaria en la escuela pública–su presidente, Jesús Sánchez, señala que a los padres les preocupa "especialmente" qué se enseña a sus hijos en relación a la historia del siglo XX. "Sabemos la desgracia que supuso. Desconocer la historia nos puede conducir a repetir ese desastre. Por eso es importante que se estudie sin tapujos ni cortapisas”, señala. En este sentido, apuesta por que la historia se cuente tal y como ocurrió, “sin manipulaciones ni de un lado ni de otro”. 

La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, no alude en ningún momento a cómo deben tratarse en la escuela los acontecimientos que se produjeron en España a lo largo del siglo XX. En su articulado no hay ninguna referencia al ámbito educativo, según recuerda Rafael Escudero, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. "Nunca ha habido una política educativa dirigida a explicar qué pasó realmente en España. No se hizo en la Transición, cuando se optó delimitar con equidistancia República y franquismo, ni se ha hecho después. No puede ser que el conocimiento de lo que ocurrió en el pasado dependa de la buena voluntad de profesorado", lamenta. 

Escudero recuerda que, en su borrador, el proyecto andaluz sí incluye la memoria democrática en el currículo tanto de ESO como de Bachillerato "con el objetivo de hacer efectivo el derecho a la verdad y fortalecer los valores democráticos". Con la nueva distribución que recoge la LOMCE, la Junta podría incluir esta asignatura en el bloque de las materias de libre configuración autonómica, que son la Lengua Cooficial –en el caso de que se tenga– y otras a determinar por la autonomía. En estas, las comunidades tienen que encargarse de definir los criterios de evaluación, los estándares de aprendizaje y los horarios, por lo que no tendría por qué haber choque de competencias con el Ministerio de Educación, que sí marca los contenidos de otras troncales como Ciencias Sociales o Historia o Lengua donde se tratan también estos asuntos. Escudero recuerda que el borrador de la norma andaluza prevé que los contenidos de la asignatura se fijen basándose en las prácticas científicas propias de la investigación historiográfica.

Los currículos 

El rigor en el estudio de los acontecimientos de la España del siglo XX queda, por tanto, en manos del buen o mal hacer de docentes y editoriales. Por ejemplo, en el currículo de Primaria de la LOMCE, en la asignatura de Ciencias Sociales se apremia a "explicar los principales acontecimientos que se produjeron durante el siglo XIX y XX y que determinan nuestra Historia Contemporánea". No se dan más detalles. En relación a la Prehistoria, por ejemplo, se insta a explicar la diferencia de los dos períodos en los que se divide esta etapa de la historia y a describir las características básicas de las formas de vida en estas dos épocas. Sobre la Edad Antigua se hace hincapié en las características de la romanización y sobre la Edad Media se pide identificar los rasgos distintivos de las culturas que convivieron en los reinos peninsulares en ese periodo describiendo la evolución política y los distintos modelos sociales. 

Los principales acontecimientos del siglo XX sí forman parte de las enseñanzas mínimas establecidas por ley durante la Secundaria y el Bachillerato, si bien su distribución en los nuevos currículos de la LOMCE todavía es una incógnita. Por ejemplo, el currículo actual de la asignatura Historia de España en bachillerato establece el estudio de la guerra civil, la dictadura, el proceso de transición a la democracia, la Constitución de 1978, los principios constitucionales y el desarrollo institucional y autonómico. Sin embargo, la realidad es que el profesorado a veces solo puede dar "cuatro pinceladas"  a la última parte de este temario por falta de tiempo, tal y como se puso de manifiesto con la reciente muerte del ex presidente Adolfo Suárez, cuya trayectoria era desconocida incluso para muchos jóvenes universitarios. "El curso termina prácticamente en abril y no podemos pararnos en determinados contenidos", aseguró entonces un profesor de un instituto público madrileño a este diario. 

Mirta Núñez Díaz-Balart, directora de la Cátedra de Memoria Histórica del Siglo XX de la Universidad Complutense de Madrid, cree no haber abordado nunca de manera específica qué tratamiento se da a los acontecimientos que tuvieron lugar en la España de siglo XX es "uno más de los frutos de la propaganda de la Transición, construida bajo la premisa de no tocar el pasado", asegura. A su juicio, este hecho corresponde a la voluntad de "algunos" que tratan de "envolver la realidad en papel de celofán". 

Asimismo, Núñez considera que la realidad presentada en muchos libros de texto escolares no presenta de forma veraz lo que fue la Segunda República, el golpe fascista militar o la dictadura. Y tacha de “escandalosos” los “eufemismos” e “inexactitudes” que todavía pueblan algunos de los libros de texto que sirven de guía para la educación de niños y jóvenes en colegios e institutos.

La editorial Anaya retirará del mercado todos los libros de la asignatura de Lengua de primero de Primaria en los que se manipulaban las historias de vida de los poetas Federico García Lorca y Antonio Machado. En los polémicos ejemplares del primero se obviaba que fue asesinado y del segundo que tuvo que exiliarse a Francia. Fuentes de la compañía aseguraron a infoLibre que la editorial tomó esta decisión para "evitar la polémica" surgida en los últimos días a raíz de la divulgación a través de redes sociales de algunas páginas del manual. "Hemos instado a las autoras del libro a que hagan una redacción de ese apartado, pero hay que tener en cuenta que es un libro dirigido a alumnos de seis años", subrayaron estas mismas fuentes. La nueva edición con las modificaciones se distribuirá a partir de junio.

Textualmente, en el libro puede leerse que "poco después de terminar su última obra de teatro La casa de Bernarda Alba Federico [García Lorca] murió cerca de su pueblo, durante la guerra de España". Es decir, no se hace ninguna referencia a que fue asesinado tras la sublevación que dio lugar después a la Guerra Civil o que su cuerpo todavía no ha sido encontrado. Sobre Machado se dice que "se fue a Francia con su familia. Allí vivió hasta su muerte". Se obvia, por tanto, que tuvo que exiliarse en Coillure (Francia) tras una huida penosa por su condición de intelectual. 

Estas menciones que sido calificadas de "antidemocráticas" y de "engaño absoluto" por la Dirección General de Memoria Democrática, dependiente de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, informa Europa Press. Desde esta institución se señaló que los comentarios sobre ambos poetas recogidos en el libro suponen un "eufemismo insoportable" sobre la realidad, "traicionan la verdad histórica y no cumplen con unos mínimos estándares de rigurosidad para su estudio en las aulas". 

Al menos siete autonomías optarán el curso que viene por no adaptar sus manuales a los cambios en el currículo que prevé la ya vigente Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Está previsto que la nueva ley se estrene en 1º, 3º y 5º de Primaria y en la formación profesional para alumnos de 15 años, que sustituirá a los actuales Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). Entre las que se rebelan están las no gobernadas por los conservadores, que se han mostrado muy beligerantes contra esta norma –Asturias, Andalucía, País Vasco, Cataluña y Canarias–, pero también otras dos en las que sí manda el PP. infoLibre intentó sin éxito recabar la información de Navarra, Baleares, Murcia y La Rioja. 

Es el caso de Cantabria y de Castilla y León. El consejero de esta última comunidad ya ha manifestado la intención de mantener los manuales al menos dos cursos más. A su juicio no habrá problemas porque los docentes ampliarán los contenidos que sean necesarios para ajustarse a la nueva metodología. En Cantabria, el consejero Miguel Ángel Serna aseguró que desde su departamento se darán a los centros las instrucciones oportunas, dentro del marco legal vigente, para que los libros en Primaria no se cambien a corto plazo. En Aragón, donde también gobierna el PP, aseguran que la adaptación se hará "de forma progresiva" y que no se impondrán cambios a los centros.

En Madrid o la Comunidad Valenciana la renovación será parcial y se hará para adaptarse a uno de los cambios más sustanciales, que es la desaparición de la asignatura Conocimiento del Medio y su conversión en dos materias, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. No obstante, en estas comunidades no están previstos cambios en el resto de materias aunque el currículo de la Lomce sí define cambios en las competencias básicas, contenidos y métodos pedagógicos que, a priori, deberían determinar la práctica cotidiana en las aulas y el contenido de las evaluaciones externas que también se harán en Primaria aunque sin carácter de reválida.

En Extremadura la renovación, insisten fuentes de la Consejería de Educación, se hará de forma paulatina aunque sí está prevista una adaptación de los manuales de los cursos en los que entra en vigor la reforma de la que no se ha especificado el nivel de concreción. Fuentes de este departamento señalaron a infoLibre que todavía no está definido si el cambio llegará sólo a los libros de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales o a los de todas las materias. Castilla-La Mancha y Galicia sí pedirán a los centros que renueven sus libros para adaptarse a la 'ley Wert'.  

Entre las autonomías que se rebelan, la falta de tiempo para adaptar los libros o el simple rechazo a la mayoría de preceptos que marca la ley son los argumentos más repetidos. El Gobierno Vasco, por ejemplo, asegura que no instará a los centros a cambiar los manuales el próximo curso escolar porque "no hay tiempo" para adaptar los contenidos. Por su parte, la consellera catalana, Irene Rigau, dijo el pasado enero que "no es necesario" modificarlos y señaló que los mantendrá como medida ante la crisis para que las familias catalanas no tengan que hacer "gastos innecesarios". "El departamento quiere que estas familias puedan reciclar y continuar utilizando los actuales libros de texto", defendió. El Gobierno de Canarias, según informó su vicepresidente y consejero de Educación, José Miguel Pérez también comunicará a los centros de las islas que pueden seguir usando los libros actuales.

Quejas y recortes 

Las asociaciones de padres de la pública y la concertada defienden que cambiar los libros generará un gran perjuicio en las familias al tiempo que añaden que es momento de explorar alternativas a los manuales. "Hay conceptos que no cambian y no es necesario obligar a las familias a comprar nuevos libros para tratar los mismos contenidos", señala Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), que agrupa a las familias de la escuela pública. Asimismo, Sánchez lamenta que esta renovación vaya a suponer también que los bancos de libros que miles de asociaciones de padres habían puesto en marcha en sus centros educativos queden obsoletos. A su juicio, el cambio en el currículo y sus consecuencias sobre los libros de texto es un argumento más para denostar una ley que define como "innecesaria". "El ministerio ha pedido una ronda cara y ahora quiere que sean las familias las que corran con la cuenta", amplía. 

Luis Carbonell, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que reúne a los padres de la concertada, cree que la renovación de los manuales creará "una sangría muy importante" en miles de familias. En este sentido, Carbonell defiende es momento de buscar fórmulas alternativas a los libros de texto convencionales al tiempo que reclama que se aumenten las ayudas para los alumnos que tengan situaciones económicas más desfavorables. 

Sin embargo, esa no parece ser precisamente la tendencia. Según el informe anual Datos y cifras del curso escolar 2013-2014, presentado el pasado septiembre, 578.549 beneficiarios de ayudas concedidas para la adquisición de libros de texto y material didáctico, un 59%, las perdieron el curso pasado. En el curso 2009/2010, el número de niños con ayuda de libros rozó el millón. Desde entonces ha ido decreciendo, aunque nunca lo hizo con tal firmeza. Estas cifras ponen de manifiesto de qué manera ha afectado a las familias el recorte de las partidas dedicadas a estas ayudas que emprendieron todas las autonomías excepto Andalucía y Navarra, donde se mantuvo la gratuidad en toda la educación obligatoria. Euskadi, mantuvo la gratuidad en Primaria y el primer ciclo de ESO para el 80% de los escolares.

Aunque se presenta como una reformulación de la ley anterior, la ya vigente Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) supone, en la práctica, una reordenación de calado del sistema educativo. En esta reformulación, los cambios en el currículo son importantes porque determinarán la práctica cotidiana en las aulas y el contenido de las evaluaciones externas –que serán reválidas en ESO y Bachillerato–. De forma obligada, por tanto, todos los libros de texto tendrán que contemplar esas nuevas competencias básicas, contenidos y métodos pedagógicos, lo que abre una previsible oportunidad de negocio para los editores porque los actuales dejarán de tener validez y se tendrán que cambiar. De hecho, según datos de la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE), que agrupa al 96% de los editores que publican en España libros y materiales destinados a la enseñanza reglada no universitaria, la nueva ley obligará a hacer nuevos libros de 180 asignaturas en sólo tres cursos. 

Los editores creen que el cambio es una "apuesta arriesgada" para las editoriales, que invertirán hasta 200.000 euros en la realización de cada ejemplar sin contar los gastos de impresión, según sus propias estimaciones. "Las apuestas son situaciones arriesgadas de inversión porque, en un mercado libre, la competencia es fuerte. La adopción de un libro de texto u otro depende de la prescripción del profesor. Si una empresa no acierta, se puede hundir", señala José Moyano, presidente de ANELE. Las asociaciones de padres, sin embargo, consideran que este cambio creará un gran perjuicio en las familias, pues tendrán que hacer un esfuerzo extra en un momento en el que muchas pasan por una situación económica delicada y al tiempo que disminuyen las becas y ayudas para compra de material. 

El calendario de implantación de la ley prevé que ésta se haga en tres cursos. Para el que viene, el 2014-2015, el nuevo currículo entrará en vigor para los cursos primero, tercero y quinto de Primaria, así como para los 14 títulos de la nueva FP Básica. Y serán por tanto estos los libros que tendrán que cambiarse. La LOMCE comenzará a implantarse en segundo, tercero y sexto de Primaria, así como en primero y tercero de ESO, primero de Bachillerato y el segundo curso de FP en el curso 2015-2016. Para 2016-2017 quedará segundo y cuarto de ESO y segundo de Bachillerato. 

Cambiar todos los manuales del sistema educativo no universitario en sólo tres años es un reto sin precedentes para el sector editorial. No parecen extrañas, por tanto, algunas declaraciones como las que hizo el consejero delegado de PRISA, Fernando Abril-Martorell, en la última Junta General de Accionistas del grupo. En relación a las actuaciones con las que la compañía pretendía mejorar sus negocios en el nuevo año, Abril-Martorell se refirió al "reto de la nueva reforma educativa", en referencia a este asunto y lo que puede suponer para Santillana, la editorial de la casa. 

De acuerdo con los datos del informe Evolución de los precios de los libros de texto publicado por ANELE, el sector parece haber acusado aunque de forma tímida la situación coyuntural de crisis en términos de facturación. En 2012, las editoriales de libros de texto facturaron 803,108 millones de euros. Un año antes, en 2011, habían facturado 868. En 2010 fueron 817,6 y, en 2009, 844,4. En 2008 su facturación alcanzó los 898,3 millones. Estas oscilaciones, señalan fuentes del sector, está relacionada con la habitual renovación de los libros tras cuatro años de uso que establece la legislación española.

Sin embargo, la tendencia a la baja, señalan, tiene que ver con el hecho de que algunas autonomías, especialmente las que pusieron en marcha programas de gratuidad, hayan tardado más de cuatro años en renovarlos. "Es una leyenda que los que queremos cambiar los libros somos los editores. Para amortizar el producto tiene que estar al menos cuatro años en el mercado", señala Moyano. 

Las familias, en pie de guerra

Las asociaciones de padres, no obstante, insisten en que el tiempo máximo de uso de los manuales debería ser mayor. "Hay conceptos que no cambian y no es necesario obligar a las familias a comprar nuevos libros para tratar los mismos contenidos", señala Jesús Sánchez, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), que agrupa a las familas de la escuela pública. A su juicio, el cambio en el currículo y sus consecuencias sobre los libros de texto es un argumento más para denostar una ley que define como "innecesaria". "El ministerio ha pedido una ronda cara y ahora quiere que sean las familias las que corran con la cuenta", amplía. Asimismo, Sánchez lamenta que esta renovación vaya a suponer también que los bancos de libros que miles de asociaciones de padres habían puesto en marcha en sus centros educativos queden obsoletos. 

Luis Carbonell, presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), que reúne a los padres de la concertada, cree que la renovación de todos los manuales en tres años creará "una sangría muy importante" en miles de familias. En este sentido, Carbonell defiende es momento de buscar fórmulas alternativas a los libros de texto convencionales al tiempo que reclama que se aumenten las ayudas para los alumnos que tengan situaciones económicas más desfavorables. En esta línea, reclama a las editoriales un esfuerzo para reducir el “elevado” precio de los libros de texto y para hacer posible su reutilización, al menos, durante cinco años. Por ejemplo, llama a no incluir cuadernos de ejercicios en los manuales para que éstos se puedan reutilizar. 

Recorte en becas y ayudas para libros 

La realidad de las cifras, sin embargo, constata que esta no es precisamente la tendencia. Según el informe anual Datos y cifras del curso escolar 2013-2014, presentado el pasado septiembre, 578.549 beneficiarios de ayudas concedidas para la adquisición de libros de texto y material didáctico, un 59%, las perdieron el curso pasado. En el curso 2009/2010, el número de niños con ayuda de libros rozó el millón. Desde entonces ha ido decreciendo, aunque nunca lo hizo con tal firmeza.

Estas cifras ponen de manifiesto de qué manera ha afectado a las familias el recorte de las partidas dedicadas a estas ayudas que emprendieron todas las autonomías excepto Andalucía y Navarra, donde se mantuvo la gratuidad en toda la educación obligatoria. Euskadi, mantuvo la gratuidad en Primaria y el primer ciclo de ESO para el 80% de los escolares.

Sin embargo, en Cantabria, Galicia, Castilla y León o La Rioja, sólo hubo ayudas para familias más desfavorecidas. En Madrid se eliminaron todas las becas existentes y sólo se mantuvo una pequeña partida para préstamos a las familias en situación de beneficiencia. En Baleares, por ejemplo, no hubo presupuesto para el programa de préstamo de libros en Primaria. Y tampoco hubo convocatoria para la compra de libros. Los alumnos de otras comunidades como Castilla-La Mancha, Cataluña, Canarias o Extremadura contaron con el préstamos de los libros devueltos en años pasados, a pesar de que no todos sus centros disponen de este sistema y además anularon o apenas aportaron fondos para reponer los deteriorados o los que cumplían los cuatro años que marca la ley.

Este escenario se explica por el recorte del importe que el ministerio da a las autonomías para que dediquen a esta partida, aunque . Esta cifra disminuyó del curso 2011-2012 al 2012-2013 de 129,9 a 68,6 millones de euros, es decir, un 47,1%. Los datos de los alumnos que perdieron la ayuda, insisten en el ministerio, son una estimación, pues las comunidades podrían haber compesado esta rebaja, algo poco probable si se tiene en cuenta la presión para que contengan el gasto público a la que se ven sometidas.