El servicio doméstico es un microcosmos privilegiado para observar las diferencias de clase. También, como nos recuerda estos días el caso Julio Iglesias, es un espejo donde se reflejan las estructuras patriarcales y, en ocasiones, las manifestaciones más brutales de violencia machista. Si a ello le sumamos la variable temporal, las vidas anónimas de algunas de estas criadas pueden llegar a contener la historia de un país. Es lo que ocurre con la biografía de María Alivio Menéndez, violada por su “amo” en la casa donde servía en la Asturias de los años veinte del siglo pasado. Como consecuencia de aquellas continuas agresiones sexuales nació su hija Carmen, quien décadas más tarde, se convertiría en la pareja del futuro secretario general del PCE, Santiago Carrillo.

Aquella violación fue una tragedia íntima que María Alivio guardó en secreto durante décadas. Ahora, su nieto, Jorge Carrillo Menéndez, recupera la historia de su abuela con el libro Luchadoras, publicado por la editorial Almuzara. Fue su propia abuela quien le contó aquella traumática experiencia pocas semanas antes de morir en el verano de 2001, a la edad de 104 años. “Mi abuela me dijo: ‘Te lo cuento porque quiero que se sepa’. Aunque entonces no sabía que se convertiría en un libro, una cosa me quedó clara: mi abuela quería que se supiera", recuerda. Además ha querido también reivindicar con este trabajo la figura de su madre. “En la dirección del PCE de los últimos 40 años prácticamente nadie conocía su historia; Carmen no dejaba de ser ‘la mujer de Santiago’. Y a mí me jodía que su imagen fuera esa, porque ella fue mucho más que eso y creía que era una historia que había que dar a conocer”, afirma.

La vida de María Alivio recorre tres siglos. Nació el 26 de septiembre de 1899 en el caserío de Santullano, en el valle asturiano de Somiedo, en el seno de una humilde familia rural. Desde bien pequeña, la niña tuvo que trabajar en las faenas domésticas y agrícolas. Aunque su padre emigró a América en varias ocasiones para intentar mejorar la economía familiar, los frutos no fueron tan generosos como para permitirle regresar convertido en un rico indiano. Su afición al juego tampoco le ayudó a conservar el poco dinero reunido. En ese contexto de dificultad, a María Alivio no le quedó más opción que tomar una de las pocas alternativas que tenía una joven en aquel mundo rural: entrar como criada de familia adinerada.

Fue así como la muchacha comenzó a servir en la casa que el cacique local tenía en Aguasmestas. A Jorge Carrillo Menéndez se le quedaron grabados los comentarios que, muchas décadas más tarde, hizo su abuela en una ocasión al pasar cerca de aquella casa durante un viaje en coche: “Los días eran largos, el trabajo duro. Para la mujer del dueño, yo no existía, era como un mueble; ninguno de los dos era una buena persona”. Pero en aquel lugar María Alivio no solo iba a sufrir desprecio y explotación laboral; también viviría la pesadilla de la violencia sexual el día que el “amo” la violó por primera vez. Y no sería la última. La joven soportó aquellas agresiones con vergüenza y en soledad, sin el respaldo siquiera de unos padres que le exigían resignación para no perder el trabajo.

Hasta que quedó embarazada. Tenía 23 años y la única alternativa que le daban el cacique y el párroco era abortar. Sin embargo, María Alivio rechazó aquella salida por las convicciones religiosas que profesaba entonces y por el miedo a someterse a un aborto en las condiciones precarias y clandestinas de aquella época. Su decisión fue abandonar aquella casa tras arrancar a su dueño el compromiso de pagar los estudios de su futura hija. Y afrontar en soledad aquel embarazo, porque su familia la repudió al conocer la noticia.

Su destierro la condujo primero a Madrid y luego a Barcelona, donde se afincó a finales del verano de 1923. Una semana antes de Navidad nació Carmen. En la capital catalana, María Alivio se ganará la vida y criará a su hija limpiando casas, hasta que en 1929 entra a trabajar en un hotel. Luego, la vida de ambas se vería arrastrada por el vértigo de la historia de España: la proclamación de la República, la Revolución de Asturias y la proclamación del Estat Català, el triunfo del Frente Popular, la guerra civil.

Esta convulsa realidad fue acrecentando su conciencia y su compromiso político. Durante la guerra, la madre soltera compaginó su trabajo en el hotel —donde coincidió con brigadistas internacionales, intelectuales y políticos— con su colaboración en un hospital del Socorro Rojo Internacional. En ese tiempo mantendrá una breve pero intensa relación sentimental con Ivan, nombre de guerra de uno de los asesores soviéticos llegados a España. En enero de 1939, cuando las tropas nacionales están ya a las puertas de Barcelona, madre e hija emprenderán el camino al exilio en Francia. En su huida deberán sufrir los duros bombardeos de la aviación franquista sobre Figueres.

Pero la paz pronto dejará de ser un consuelo para sobrellevar la dura carga de la derrota. La invasión alemana volverá a obligarlas a tomar partido. Muy pronto ambas, junto con Alberto —un veterano comunista asturiano que se convertiría en la pareja de María Alivio—, comenzarán a colaborar con la resistencia. En 1943, en los momentos más duros de la lucha contra las tropas de Hitler, madre e hija ingresan en las filas del PCE. Acabada la guerra, la vida de María Alivio, siempre ligada al servicio doméstico, y la de su compañero Alberto se irán normalizando. No así la de Carmen, que intensificará su compromiso militante asumiendo nuevas responsabilidades en las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU). A finales de 1946, participó en Toulouse en la Conferencia de Mujeres Antifascistas, donde coincidió, entre otros, con Pablo Picasso. Unos meses más tarde, recibe una carta en la que se le propone trasladarse a París para trabajar en la sede de la JSU. Carmen no se lo pensará.

El trabajo que se le encomienda es muy delicado: fotografiar toda la documentación del Partido que llega clandestinamente desde España para archivar distintas copias en París y Praga. Esta nueva responsabilidad le obligará a pasar a la más absoluta clandestinidad, agravada a partir de 1950 cuando el gobierno francés declara ilegal al PCE e inicia una campaña de detenciones y deportaciones de militantes comunistas españoles. En ese ambiente de persecución, clandestinidad y lucha antifranquista, Carmen iniciará su relación con Santiago Carrillo, con quien se casará en 1949 y con el que tendrá tres hijos: Santiago, José y Jorge.

Es entonces cuando María Alivio decide contarle la verdad a su hija. Hasta los años 60 siempre le había dicho que su padre había muerto antes de que ella naciera. Ahora, cuando Carmen ha formado su propia familia, considera que ha llegado la hora de desvelarle el secreto de su violación. “Creo que mi abuela quiso proteger a su hija, evitarle un trauma que pudiera afectarle antes de consolidar su vida”, señala Carrillo Menéndez. Sin embargo, conocer aquella verdad tuvo un profundo impacto en Carmen. “Mi padre nos contó que ella llegó llorando tras conocer la historia. Él le dijo que María había sido una buena madre y que, aunque comprendía que para ella era traumático, para él aquello, evidentemente, no cambiaba nada”, señala.

Fue así como, por respeto a Carmen, la historia de aquella violación dejó de ser un secreto para convertirse en una losa de silencio. “Para mi madre era un tema inabordable. Yo, en alguna ocasión, después de morir mi abuela, la tanteé. Ella se quedó muy sorprendida de que yo lo supiera, pero no siguió hablando del tema”, recuerda. Jorge Carrillo Menéndez ha sido fiel a la voluntad de su madre y hasta después de su muerte, ocurrida en la madrugada del 19 de noviembre de 2019, no ha querido contar su historia.

Ahora rompe ese silencio con un libro que busca acercar a las nuevas generaciones la dura lucha clandestina antifranquista y reivindicar la memoria rebelde de su madre y de su abuela. También quiere subrayar la necesidad de combatir las agresiones sexuales que, como María Alivio, han sufrido y continúan sufriendo muchas mujeres. “Ahora hablamos de Julio Iglesias, como antes se ha hablado de otras celebridades como Gérard Depardieu. Pero hay un montón de sitios donde esto sigue ocurriendo. Es un tema que no ha desaparecido y es preciso seguir denunciando”.

El Gobierno prevé aprobar la próxima semana el proyecto de la nueva Ley de Memoria, que sustituye y deroga la anterior, aprobada con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa en 2007. infoLibre ha tenido acceso a la última versión hasta ahora, que puede experimentar modificaciones en el seno del Gobierno. Ahora todos los ministerios harán sus aportaciones. El resultado final lo llevará previsiblemente el martes al Consejo de Ministros el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige la vicepresidenta primera Carmen Calvo. Estas son las claves del texto, que quiere incrustar en el BOE el “repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura” y que establece el “derecho de las víctimas a la verdad”.

1. Auditoría del expolio. La ley entra en terreno pantanoso: la represión económica. El Estado “promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo”, según recoge el borrador de la norma, que aún puede sufrir modificaciones en su tramitación antes de llegar al Consejo de Ministros.

La auditoría incluirá “el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas”. Habrá, según prevé la norma, un inventario de bienes y derechos incautados. “Una vez finalizada la auditoría [...], se implementarán las posibles vías de reconocimiento a los afectados”, señala la norma.

2. Reparación de los trabajos forzosos. La ley prevé que el Estado perseguirá el “reconocimiento y reparación a las víctimas que realizaron trabajos forzados". Las autoridades públicas intentarán que organizaciones o empresas que “utilizaron trabajos forzados en su beneficio” adopten medidas de reparación.

Las administraciones elaborarán un inventario de edificaciones y obras realizadas por miembros de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores, así como por prisioneros en campos de concentración, Batallones de Trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas.

3. Ilegitimidad de los tribunales y sus resoluciones. La ley declara la “ilegitimidad” de los tribunales y jurados formados durante la Guerra Civil para imponer “por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa, condenas o sanciones de carácter personal”. También son nulas e ilegítimas sus resoluciones. La ley declara expresamente ilegítimos el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los Consejos de Guerra “constituidos por motivos políticos, ideológicos, de conciencia o creencia religiosa”.

También se declaran “ilegítimas y nulas, por vicios de forma y fondo”, las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la dictadura “contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución”.

Las declaraciones de nulidad darán lugar al derecho a obtener una declaración de reconocimiento y reparación personal, “sin que pueda producir efectos para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado” ni a indemnización, según el borrador de la norma.

4. Fosas de oficio. La ley establece que corresponde a la Administración General del Estado la búsqueda de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones. El Estado gana fuerza como motor de la búsqueda de fosas y cuerpos. El procedimiento de búsqueda –y en su caso de exhumación e identificación– se incoará de oficio por el Gobierno o la comunidad autónoma, o bien a instancias de los ayuntamientos o los familiares, según recoge la norma, que prevé una reglamentación posterior de las tareas de búsqueda y la elaboración de un “mapa” de fosas. Además, las administraciones llevarán a la Fiscalía los “indicios” de delito que encuentren en las fosas. El Estado se responsabiliza de las pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos exhumados. La restitución de los restos a sus familiares se realizará en todo caso en presencia de un representante de los poderes públicos. Si las fosas están en terrenos privados y los familiares de las víctimas no obtienen permiso, las administraciones podrán autorizar la ocupación temporal del área.

5. Nueva fiscalía. La ley prevé una “Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos con ocasión de la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”. A esta Fiscalía se le atribuirán asimismo funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas. Se garantizará la tutela judicial en los procedimientos. La Fiscalía, con la ley en la mano, promoverá las inscripciones en el Registro Civil de las defunciones de las víctimas.

6. Banco de ADN. La norma prevé la creación del Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura. “Se asume como política de Estado la legítima demanda de los ciudadanos y ciudadanas que ignoran el paradero de sus familiares, la mayoría en fosas comunes”, señala el texto.

7. Censo de víctimas. Habrá también un “censo” de las mismas, que recogerá el listado de las personas que sufrieron cualquier forma de violencia, coacción o represión, así como quienes murieron en combate.

8. Supresión de títulos nobiliarios. El Gobierno elaborará un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que exalten la Guerra Civil y la dictadura y los suprimirá, según la norma, que elimina la Orden Imperial del Yugo y las Flechas.

9. Retirada de honores. Las administraciones públicas revisarán de oficio todos los reconocimientos y honores “manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales” o que comporten exaltación de la sublevación del 36, la guerra o la dictadura. También se revisan los honores concedidos “por haber formado parte del aparato de represión de la dictadura”. Las condecoraciones y recompensas concedidas antes de la ley podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario hubiera incurrido en actos contra la democracia. La revocación, que también podrá llevarse a cabo a título póstumo, determina la pérdida de todos los derechos anejos a la recompensa, “incluso los económicos". No tiene efecto retroactivo.

10. Revocación de medallas policiales. El Consejo de Ministros o el Ministerio del Interior podrán revisar o revocar las recompensas y medallas concedidas para premiar los hechos o servicios meritorios al amparo de la legislación preconstitucional. La nulidad apareja la pérdida de los derechos adquiridos con el reconocimiento, también los económicos. Una medida que toma nota de lo ocurrido con Billy El Niño.

11. Extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo. La Ley de Fundaciones considera que concurrirá “causa de extinción” de una fundación el que no persiga fines de interés general. La Ley de Memoria señala ahora como “contraria al interés general” la apología del franquismo o la incitación al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, la Guerra Civil o el franquismo. Traducción: la apología del franquismo será “causa de extinción” de una fundación”, una medida que puede tener impacto sobre la Fundación Francisco Franco. Añade la norma: “Las administraciones públicas competentes procederán a revocar la declaración de utilidad pública de aquellas asociaciones en que concurriera esta circunstancia [...]”. La norma prevé la modificación de la Ley del Derecho de Asociación, de 2002, para incluir como causa de disolución de las asociaciones estas causas.

12. Veto en las ayudas públicas. Quedan fuera de cualquier posible subvención, bonificación o ayuda las organizaciones y personas sancionadas en firme por “atentar, alentar o tolerar prácticas en contra de la memoria democrática”. En ningún caso se podrán otorgar ayudas a este tipo de fines. Para ello se establecerá una “base de datos” que “permita cruces informáticos para el seguimiento y comprobación”. 

13. Cambios en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos es considerado “un lugar de memoria democrática” cuya “resignificación” irá destinada a dar a conocer “las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado”, expone la norma, que prohíbe allí los actos de exaltación de la Guerra Civil y la dictadura.

En el Valle de los Caídos sólo podrán yacer, según la norma, los restos de fallecidos a consecuencia de la Guerra Civil. La ley prevé “la reubicación de cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto”, lo que podría afectar a Primo de Rivera.

La norma extingue la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, “por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales”. El “Panteón de Hombres Ilustres” pasa a llamarse “Panteón de España”.

El Gobierno atenderá las reclamaciones de exhumaciones de los familiares. “Para el caso de imposibilidad técnica de exhumación, se acordarán medidas de reparación de carácter simbólico y moral”, prevé la norma.

14. Memoria en el instituto. El Gobierno llevará a cabo la “actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato”, para incluir la memoria democrática.

15. Persecución de símbolos contrarios a la democracia. La ley recrudece la persecución de los símbolos del franquismo, que ya formaba parte de la norma de 2017. Se recoge expresamente la eliminación de nombres de centros públicos y pueblos. Si los elementos contra la memoria están en ubicados en edificios de carácter privado o religioso, pero con proyección a un espacio o uso público, los propietarios deberán retirarlos o eliminarlos. Esto afecta a la tumba de Queipo de Llano en la basílica de la Macarena.

Si hay razones artísticas para defender el símbolo, “podrá incorporarse una mención orientada a la reinterpretación de dicho elemento conforme a la memoria democrática”.

Las administraciones pasan a tener el deber de prevenir actos contra las víctimas del franquismo o que homenajeen al franquismo. En particular, los ayuntamientos “impedirán” la celebración de actos de este tipo junto a las fosas comunes.

16. Reconocimiento a las mujeres. Las administraciones adoptarán las medidas necesarias para “reparar las formas especiales de represión o violencia de cualquier tipo sufrida por las mujeres” en la Guerra Civil y el franquismo, sea por su actividad pública o “como madres, compañeras o hijas de represaliados o asesinados”. La ley prevé actuaciones de reparación de las mujeres que sufrieron privación de libertad u otras penas como consecuencia de los delitos de adulterio y aborto.

17. Más acceso a los archivos. La norma fija la creación de un Centro Documental de la Memoria Histórica y establece que los documentos en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la dictadura son “Patrimonio Documental y Bibliográfico”. Se garantiza el derecho de acceso a los fondos depositados en los archivos públicos –o privados sostenidos con fondos públicos– y la obtención de las copias que se pidan.

18. Hasta 150.000 euros de multa. La norma establece infracciones muy graves (10.001-150.000 euros), graves (2.001-10.000) y leves (200 y 2.000 euros). Entre las muy graves están trasladar restos de víctimas sin autorización y destruir fosas o Lugares de Memoria Democrática (una nueva figura prevista en la norma). También la falta de adopción de las medidas necesarias para impedir la realización en el espacio público de actos de exaltación franquista. Entra en la categoría de infracción muy grave la convocatoria de actos de este tipo, cuando entrañe menosprecio a las víctimas.

19. Definición de víctimas. La norma considera “víctima” a “toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico y daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos durante el periodo que abarca la Guerra Civil y la dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución”.

20. 31 de octubre y 8 de mayo. La ley declara el 31 de octubre como el Día de Recuerdo y Homenaje a Todas las Víctimas, fecha en la que se aprobó en 1978 la Constitución por las Cortes, y en la que se produjo 29 años después la aprobación de la Ley de Memoria de 2007. La norma declara el 8 de mayo Día de Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Exilio, fecha que celebra la victoria europea sobre el fascismo y el nazismo.

Este jueves, el Congreso de los Diputados dio el segundo paso para subsanar la "anomalía" –en palabras de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo– que, para la mayor parte de la Cámara, supone mantener al golpista y dictador Francisco Franco en su tumba del Valle de los Caídos 43 años después de su muerte. La exhumación, que ejecutará el Gobierno en los próximos meses, será posible tras la modificación puntual de la Ley de Memoria Histórica que aprobó el Ejecutivo por decreto hace unas semanas y que este jueves convalidó el Congreso. Pero los cambios en esta materia podrían no haber finalizado: la Cámara baja tramitará ahora la modificación de la norma a través del procedimiento legislativo ordinario, y los grupos que han apoyado la exhumación de Franco exigen ir más allá y abordar otros asuntos pendientes.

Fue el pasado 24 de agosto cuando el Gobierno aprobó el decreto por el cual reformaba la Ley de Memoria Histórica para impulsar la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Tal y como explicó entonces la vicepresidenta Calvo, ese decreto modificaba "dos aspectos puntuales" de la norma para permitir la salida del cadáver del monumento, pero ya entonces la dirigente señaló que su intención era tramitar el decreto "por el procedimiento de ley" con el fin de "hablar de muchas cuestiones que quedan por redefinir con todos los grupos de la cámara" para "mejorar" la Ley de Memoria Histórica.

Y dicho y hecho, ya que este jueves el Congreso no se limitó a convalidar el decreto –lo que implica que la ley queda definitivamente modificada y se podrán proseguir los trámites para la exhumación–, sino que también aprobó su tramitación como proyecto. Además del PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, ERC, Compromís, PNV, EH Bildu y Coalición Canaria votaron a favor de la reforma. Y varios de los portavoces de estos grupos hicieron propuestas para ampliar la reforma de la Ley de Memoria Histórica y que el texto final que salga del Congreso recoja varias de sus reivindicaciones.

  1. La resignificación y reforma del Valle

Si en algo coincidieron los grupos que apoyaron al Gobierno para sacar adelante el decreto de la exhumación de Franco fue en que el Valle de los Caídos no puede mantenerse como un monumento al fascismo, sino que tiene que sufrir una "resignificación". Por eso mismo abogaba el grupo de expertos que, en 2011, elaboró un informe sobre el recinto a petición del Gobierno, en el que apostaba por establecer en Cuelgamuros un "Memorial del Valle" que incluyese una "instalación o actuación artística" con "una posible inscripción de los nombres de todas las víctimas", un "cementerio" y un "espacio destinado a la meditación de carácter cívico", así como un "centro de interpretación" del monumento.

Este jueves, el diputado del PNV Mikel Legarda aseguró que su grupo "comparte las conclusiones" de dicho informe, y así lo ha hecho también Unidos Podemos, que no obstante ha ido más allá. Eva García Sempere, la diputada de IU que ha subido a la tribuna por su grupo, ha abogado por sacar del Valle de los Caídos también al fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, al que el Gobierno no se ha planteado exhumar porque sí falleció en la Guerra Civil. 

"A este decreto le falta decir claramente que a Franco se le exhuma porque fue un genocida, no porque no fue un caído en la guerra", señaló la diputada, que insistió en que "justificar la exhumación de Franco del Valle por no ser un caído en la guerra es un barbaridad". Sempere, además, ha afirmado la resignificación del monumento pasa por retirar del mismo la gigantesca cruz de piedra, símbolo –señaló la portavoz– de "una cruzada nacionalcatólica" como la que Franco defendía haber iniciado. Y el PDeCAT, por su parte, ha abogado por la desacralización del monumento.

  2. El reconocimiento de las víctimas 

La Ley de Memoria Histórica ya reconoce el derecho de las víctimas a obtener "una declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura" fueron objeto de represión. No obstante, algunos de los socios del Gobierno quieren ir más allá, y Unidos Podemos, por ejemplo, abogó por la exhumación de los restos de miles de republicanos enterrados sin el consentimiento de sus familias en el Valle de los Caídos. Pero quien más hincapié hizo en esta cuestión fue el portavoz de ERC, Joan Tardà, que planteó la necesidad de que la norma incluya el "reconocimiento jurídico de las víctimas como tales", lo que implica que la administración pública se implique en la "política de fosas".

"Lo que no puede ser es que el Estado español trate las fosas como si fueran enterramientos romanos", criticó Tardà, que también anunció que su grupo promoverá durante el trámite parlamentario una enmienda para que el Estado se haga responsable e incluya dentro del catálogo de víctimas a aquellos republicanos que fueron deportados "a los campos de exterminio nazis". El reconocimiento de los maquis –los grupos de guerrilleros antifranquistas que se mantuvieron activos hasta la década de los 50– para evitar que sigan siendo "considerados bandoleros" también es un objetivo de ERC. Y asimismo, Tardà aseguró que es prioritario incluir dentro de las víctimas de la dictadura a los asesinados durante la transición por grupos de extrema derecha o por "funcionarios".

  3. La anulación de las condenas

En la necesidad de anular las condenas a los sentenciados por los tribunales del régimen franquista hicieron hincapié especialmente los nacionalistas catalanes. Jordi Xuclà, el diputado del PDeCAT que intervino en el debate, apostó por poner en marcha el "modelo alemán" y llevar a término la "nulidad de las sentencias políticas del franquismo", mientras Tardà declaró tener "absoluta confianza" en un pacto que, aseguró, había alcanzado con el Gobierno para hacer precisamente eso: declarar nulas las sentencias de los tribunales de la dictadura, entre ellos los "consejos de guerra, el Tribunal de Orden Público, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo y el Tribunal de Responsabilidades Políticas".

  4. Devolución de las incautaciones de la dictadura

"Como gallegos y gallegas, estamos indignados y tenemos que hablarles de todo lo robado, y por supuesto del Pazo de Meirás. ¿Cómo puede ser que los privilegios de la dictadura y la familia del dictador continúen en democracia? Franco, además de un golpista, un dictador y un asesino, era un ladrón", denunció en el pleno el diputado de En Marea Antón Gómez-Reino. Y la propuesta de acabar con esos "privilegios" no solo fue enunciada por En Marea, ya que Unidos Podemos, por boca de García Sempere, denunció el "patrimonio saqueado" de los Franco.

Igualmente, ERC apostó por que la reforma de la Ley de Memoria Histórica atienda a la "reparación de las personas y los colectivos, también partidos políticos, víctimas de incautaciones" en la Guerra Civil y la dictadura. "Todavía hay miles de personas que tienen pagarés del Banco de España, cuyos bienes fueron incautados, y todavía hoy día la administración española no ha dicho nada", denunció Joan Tardà.

  5. Ilegalización de la fundación Francisco Franco

En 2017, el Congreso aprobó una proposición no de ley –sin efectos jurídicos– en la que, entre otras cosas, exigía al Gobierno que excluyera de cualquier reparto "de todo tipo de subvención o ayuda pública" a aquellas fundaciones dedicadas a ensalzar o defender "la dictadura o la figura del dictador Franco, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión de carácter discriminatorio o vejatorio para las víctimas".

En aquel texto no se nombraba específicamente a la Fundación Nacional Francisco Franco, pese a que esta medida afectaba de lleno al colectivo. Pero este jueves, Jordi Xuclà (PDeCAT) sí planteó abiertamente que una de las medidas que los nacionalistas catalanes propondrán incluir en la reforma de la Ley de Memoria Histórica será la "ilegalización" de dicha fundación y de todas aquellas que hagan "apología del franquismo".

  6. Exclusión de los crímenes de lesa humanidad de la ley de amnistía

Durante el debate de la convalidación del decreto, a Franco se le tachó repetidamente de "genocida" y se le acusó de crímenes masivos. Y, en ese sentido, ERC planteó que la reforma de la Ley de Memoria Histórica debe llevar aparejada un cambio en la Ley de Amnistía de 1977. "No puede ser que la Ley de Amnistía dé cobertura a los crímenes de lesa humanidad, al menos hay que plantearse qué actuaciones delictivas no pueden quedar resguardadas bajo su paraguas", sostuvo Joan Tardà, que no ofreció más detalles al respecto.

Kirmen Uribe (Ondarroa, Bizkaia, 1970) es un tipo risueño que habla de su trabajo con gran entusiasmo. Es, también, un escritor "menos de patria chica y más global", como dijo en una entrevista en 2009, cuando apenas se estaba iniciando en la literatura. En las 100 primeras páginas de su última y tercera novela, La hora de despertarnos juntos (Seix Barral), escribe sobre Sabino Arana y Eleanor Roosevelt, el Athletic de Bilbao y las ambiciones de Hermann Göring tras el bombardeo de Gernika. Y en el resto, traza un mapa de la resistencia antifranquista de los vascos desde Ondarroa a París, pasando por Caracas y Nueva York.

Cuando le preguntan por los protagonistas de sus libros, el también poeta y periodista no ahorra en comentarios de cariño. Se debe, en buena medida, a su afición por novelar su realidad y la de sus conocidos. En su primera obra, Bilbao-Nueva York-Bilbao(Seix Barral), con la que ganó el Premio Nacional de Literatura en 2009, escribió sobre tres generaciones de una familia vinculada al mar, basándose en la suya propia. En la segunda, Lo que mueve el mundo (Seix Barral), contó la vida de una niña vasca, Carmen, que partió al exilio en los primeros meses de la Guerra Civil y fue acogida por un escritor belga, Robert Mussche. Ahora, acaba de publicar su tercera obra, La hora de despertarnos juntos (también con el sello Seix Barral), una macronovela de la resistencia antifranquista vasca desde el final de la contienda hasta la aparición de ETA, a través de la historia de una familia marcada por el exilio. Aparece, por cierto, simultáneamente en euskera (la versión original, con la editorial Susa), castellano, catalán (Edicions 62) y gallego (Xerais). 

La protagonista, Karmele Urresti, tiene que dejar su Ondarroa natal y partir hacia Francia cuando los franquistas comienzan su ofensiva en el frente norte. Allí conoce a su marido, el músico de orquesta Txomin Letamendi, junto al que huye de nuevo a Venezuela tras la invasión nazi del país galo. Esta sucinta sinopsis es lo que Kirmen Uribe había escuchado siempre en casa, pues la hija de Karmele y Txomin, Ikerne, comparte amistad con su madre desde la infancia. Uribe siempre tuvo en mente contar, literariamente, esta historia, pero no fue hasta 2010 que decidió ponerse a ello. Entonces descubrió una trayectoria apasionante, que vinculaba a los protagonistas con los servicios secretos estadounidenses, el gobierno vasco en el exilio y un antifranquismo muy activo que se había ido desvaneciendo con el paso del tiempo.

En las primeras páginas del libro, Uribe resume en unas frases la filosofía de La hora de despertarnos juntos, que bien podría ser la de todo su proyecto literario: “[Karmele y Txomin] formaban parte también de mi propia historia y subyacían en el origen de lo que yo soy, la semilla de mi identidad […]. [Se trata] de la vida de una familia, sí, pero también, ¿por qué no?, la historia de todo un pueblo”.

PREGUNTA: Se refiere al libro como una novela, ¿pero se trata de una novela, una biografía o una biografía novelada?

RESPUESTA: Es una novela, pero tiene todo aquello que contaba Milan Kundera en los Testamentos traicionados, donde decía que las novelas debían contener narración, pensamiento, reportaje, autobiografía y sueño. Y tiene un poco de todo esto. Es también una obra muy al hilo de lo que se está haciendo ahora mismo: una historia que busca la veracidad, basada en hechos y personas de carne y hueso, y que cuenta una historia real. Se trata de un movimiento que se está dando en todo el mundo. En Estados Unidos encontramos a Siri Hustvedt -que es conocida como la mujer de Paul Auster, pero creo que es mejor escritora que él- o Don Delillo en su momento; y en Francia, a Emmanuel Carrère. La gente de mi generación, los escritores de 40 años, estamos haciendo mucho, a nivel mundial, esto que se llama docuficción, una ficción muy cercana a la realidad pero cuyos elementos para construir los relatos son, de partida, novelescos.

P: Es también algo parecido a lo ha hecho Elvira Navarro en Los últimos días de Adelaida García Morales.

R: Sí, más o menos. En mi novela Bilbao-Nueva York-Bilbao hice algo parecido, ya que introducía mucho elemento de ficción, pero como era mi familia... Sin embargo, en este caso, al ser otra, y a pesar de que les conocía desde que era niño, he tratado de ser muy respetuoso y veraz, muy escrupuloso con la verdad. De manera que la invención va en las escenas que yo me imagino, en los diálogos y, sobre todo, en la manera de estructurar el propio relato, entendido como novela, no como biografía o libro de historia.

P: ¿Qué le han dicho los familiares de Karmele y Txomin?

R: ¡Están encantados! El hijo, Txomin, me dijo: “Gracias por no cambiar los nombres”. Tenía la posibilidad de que la novela fuera mucho más ficcional, de cambiar nombres, escenarios o modificar la historia para elevarla donde yo quería, pero no quise hacerlo.  

P: El relato que reconstruye está basado en la memoria de quienes conocieron a los protagonistas, ¿no le importaba que a veces los recuerdos fuesen, aun de manera inconsciente, selectivos?

R: No me importaba, pero también buscaba contrastarlos. Estuve con con los hijos de Karmele y Txomin uno a uno y también en grupo. También investigué en muchísimos documentos que conservaban o he ido recuperando de los archivos, visitando el Archivo Nacional Vasco, el catalán y también los de la CIA. Eso ha ayudado a la novela, que tiene una base documental muy grande que no entorpece la lectura, pero que le da como, digamos, fundamento. Tener esos datos resultaba fundamental para mí y para que la gente realmente se creyera la historia. Es una época que yo desconocía, aunque supiera la historia de oídas: una enfermera que fue madre soltera, que se enamoró de un músico que también estaba en el exilio, perdieron todo y, cuando los nazis toman Francia, tienen que huir a Venezuela. Lo que no sabía era que Txomin Letamendi, el músico, estaba metido en los servicios secretos.

A raíz de todo el proceso de documentación que he realizado en estos cuatro años, he descubierto una historia increíble que, casi, casi, lo explica todo. Al final, se trata de la historia de la resistencia antifranquista desde los primeros años. Las décadas de los cuarenta y cincuenta son muy oscuras, con muchísima represión, pero también muy activos en el sentido de que realmente existió una resistencia muy grande. Lo más bonito de la novela es descubrir cómo esta resistencia trata de derrotar al franquismo desde dentro y creo que el lector va a pensar que Franco, al final, caerá.

P: ¿Por qué decidió plantear la novela de manera coral?

R: En los años en los que tienen lugar la resistencia, participó mucha gente y, además, una novela coral retrata mucho mejor un proceso o un momento histórico determinado. Para mí, resultaba fundamental que apareciesen muchos personajes, aunque sólo lo hicieran una vez, para que el lector vaya dándose cuenta de todo el movimiento que había. Creo que aparecen cientos de personajes en la novela y no sólo de aquí, sino franceses, ingleses, estadounidenses... Asimismo, creo que nosotros, la sociedad, o cualquier movimiento, somos cada vez más corales.

P: En una entrevista en 2010 dijo que un escritor debe buscar su propia mirada por encima de cualquier ejercicio de estilo. ¿Ha cambiado la suya desde entonces? entrevista

R: Ha cambiado en el sentido en el que yo mismo, como autor, me ido retirando. Antes era más autoficcional, pero ahora mismo aparezco ya sólo como narrador, aunque también incluya mis opiniones o pensamientos. Ahora trato de ser muy certero en mi prosa. No obstante, lo que creo que aparece siempre como una constante en mis novelas es el juego entre el límite de realidad y ficción. Me interesa mucho contar historias muy ligadas a lo real e historias de personas anónimas. Eso me interesa muchísimo. Pude haber escrito esta novela fijándome en el lehendakari [José Antonio] Aguirre o en políticos y personajes históricos de primera fila, pero no quise hacerlo. Prefería el personaje de Karmele, una mujer totalmente atípica para la época, valiente, comprometida, que con veintipocos años ya era indepediente, tenía un trabajo, era madre soltera, la primera enfermera del hospital de Basurto que no era monja, vive el exilio con su marido, tiene que volver para meterse en los servicios secretos... Y luego sufre un segundo exilio, que ya no es político sólo, sino también económico, a Venezuela sin sus hijos. En lugar de contar la vida de un político conocido, prefería abordar, sobre todo, la de una mujer. Es la vida de una familia, pero Karmele es el centro de todo.

P: Al principio del libro se plantea que la historia de una familia puede contar la de un pueblo. ¿Cómo hace para que el relato vaya más allá de lo anecdótico?

R: Creo que la clave es contar historias que el lector reconozca como suyas. Esto me ha pasado muchas veces, también con esta novela. Quienes la han leído ven reflejada su vida o recuerdan cosas paralelas a lo que se cuenta en ella: la vida de su padre, su madre o la suya propia. Mucha gente se identifica con el relato y, aunque no sean ellos los protagonistas, les da para hablar, recordar y revivir esos momentos. 

P: Escribe sus novelas en euskera, pero ¿se ha planteado traducirse a sí mismo?

R: Sí, pero creo que esto debería entenderse de una manera más natural. Yo me puedo traducir a mí mismo, pero prefiero confiar en un profesional, aunque, en esta traducción en concreto he trabajado junto a J. M. Isasi. De todas formas, acabo muy agotado como para volver sobre la novela y me gusta confiar en profesionales, trabajando con ellos para que la novela quede muy bien. Y en esta, me reconozco.

P: En los últimos meses han aparecido un par de novelas que abordan los últimos años en Euskadi y el conflicto vasco: El comensal (CaballEl comensalo de Troya), de Gabriela Ybarra; y Patria (Tusquets), de Fernando Aramburu. Ambas con notable éxito. La suya, además, se podría considerar una precuela. ¿Qué está pasando en el panorama literario vasco? Patria

R: Yo he preferido hacer como Philip Roth en American Pastoral: ir al episodio anterior para tratar de entender lo que ha pasado después. Ahora están saliendo libros, poco a poco, ya que son cinco años del cese de la violencia de ETA y la sociedad vasca ha avanzado muchísimo estos últimos años. Con el tiempo, irán saliendo relatos sobre diferentes épocas y desde diferentes puntos de vistas. Esto es algo esencial, no sólo hablar desde un único punto de vista o que lo haga sólo una persona. Creo que es muy positivo y, según lo que estoy viendo, también hay mucho interés en esta novela. Leernos, escucharnos y hablar entre nosotros siempre es positivo.

La excepcionalidad de la Transición española, que no contó con una comisión de la verdad que pusiese negro sobre blanco los crímenes cometidos durante la dictadura, hace que buena parte de ese trabajo recaiga en la memoria colectiva y en cómo las personas recuerdan algunos de los hechos más traumáticos del franquismo. Por ello, el escritor y director de cine Ramón Lluís Bande (Gijón, 1972) ha basado buena parte de su producción en los últimos años en esta premisa, poniendo especial atención en la lucha antifranquista de los maquis asturianos, vinculados casi por completo al PCE. Bande comenzó a trabajar sobre la memoria histórica en 2003, cuando conoció a Manuel Alonso González, Manolín el de Llorío, uno de los últimos guerrilleros que quedaban con vida por aquel entonces. Con él rodó, antes de su muerte en 2011, Estratexa, un retrato audiovisual de aquel pastor de cabras que se alistó con 18 años en el ejército de la república, pasó 20 años en las cárceles franquistas y perdió a buena parte de su familia debido a la cruenta represión del régimen. 

La intensa amistad con Manolín el de Llorío se tradujo, asimismo, en varios proyectos, entre ellos una película de ficción en la que el actor Carlos Álvarez-Novoa, recientemente fallecido, interpretaba a Manolín, contándole su historia y la de sus compañeros a su nieto. Sin embargo, y a pesar de haber grabado alguna de las escenas, la cinta no acabó de cuajar y Bande se decantó por el género documental para plasmar los tres ejes fundamentales que definen su trabajo: memoria, paisaje y paisanaje. Así, aparece en 2014 Equí y n'otru tiempu –el realizador gijonés utiliza el asturiano en la mayor parte de su obra-, un documental que recorre los lugares en los que los guerrilleros asturianos perdieron la vida entre los años 1937 y 1952, y que recibió el premio de la crítica en el Festival de Cine de Sevilla. Ahora, motivado por el valor histórico de los testimonios que recogió durante la investigación, presenta la cara B de aquella cinta, El nome de los árboles, que se podrá ver en la Cineteca del Matadero de Madrid, del 15 al 17 de este mes.

Esta nueva propuesta de Bande, que también dirige los programas Camín de cantares y Pieces en la televisión pública asturiana, es una especie de making-of en el que muestra el mismo relato, pero a través de los recuerdos de los vecinos.making-of “Uno de los valores de la película es que no habíamos hablado con esta gente ni antes ni después de hacerla. Nos la íbamos encontrando por el camino”, cuenta el director gijonés, que reconoce una “fascinación” por la narración oral y la memoria "sin construir". De esta manera, desfilan, acotados en 19 episodios, los testimonios de diferentes vecinos de la zona central de Asturias que son interpelados acerca de su convivencia con la guerrilla. Además, revela algunos aspectos interesantes como "que muy pocos guerrilleros murieron por otra cosa que no fuera un chivatazo, motivados, uno por intereses fascitas; y otros, por cuestiones menos confesables".

El documental arranca con Nicanor Rozada, autor de varios libros sobre la guerrilla asturiana, mostrando la tumba de Alfredo Llaneza, El Gitano, y José García Álvarez, El Barrendero.El Barrendero Se trata de dos palos corroídos por el tiempo, clavados en un prado de los montes de Sotrondio, muy cerca de donde fueron asesinados en noviembre de 1938. De manera inexacta y vaga –como es la memoria, por otro lado- un vecino recuerda a uno de los fugaos que, tras ser asesinado por la Guardia Civil, fue colgado por sus mismos asesinos con una ristra de chorizos y una hogaza de pan y no “paraban de sacarle fotos”. Y otra mujer, apenas una niña cuando rememora la escena en la que la Guardia Civil atrapó a dos maquis en la casa de al lado, señala que todavía hoy no puede ver escenas de guerra en la televisión porque se le vienen a la cabeza la larga espera que pasó bajo un colchón de lana junto a su madre, mientras los guardias tiraban bombas de mano al otro lado de la calle.

A pesar de lo trágico que resultan algunos de los pasajes, hay un sentido del humor que transita todo el documental. Bande achaca esto “al carácter asturiano, que desdramatiza el relato”. Aun así, considera fundamental recoger estos retales de la memoria colectiva para evitar que se pierda. Como la Canción del fugado que aparece al final del filme: "Muera el fascismo/ con sus traidores/ siguen venciendo/ los corazones". De hecho, es por esta forma de rebuscar en el pasado que el documental debe su nombre, que era el original destinado para Equí y n'otru tiempu. Un juego entre la presencia permanente de los árboles, muchos de ellos testigos de las peripecias de los que se echaron al monte para evitar la represión franquista, y los nombres olvidados de todos aquellos que nunca volvieron a bajar de allí.

Circula por ahí una foto de O Piloto –con sombrero de ala corta, armado hasta las cejas, apuntando con gesto grave a un enemigo imaginario– que bien podría pasar por una del célebre mafioso Al Capone. Xosé Luís Castro Veiga, popularmente conocido como O Piloto, fue el último guerrillero caído en un choque armado en España, además de un personaje a medio camino entre la leyenda negra y el héroe antifranquista. La muerte le pilló de sorpresa mientras descansaba sentado en una peña en la ribera del río Miño. Aunque la sorpresa no debió ser tanta para alguien que llevaba más de dos décadas burlando a los secuaces del régimen.

Aquel 10 de marzo de 1965 O Piloto venía de robar a un vecino –"En nombre de la República", le dijo– los cuatro duros que había sacado con la venta de una vaca, cuando la Guardia Civil lo acribilló a balazos sin mediar palabra. Ni siquiera le dieron el "alto". La leyenda de aquel forajido cuyo nombre mentaban las madres de Chantada para asustar a los niños hablaba también de un personaje que no se lo pensaba dos veces para apretar el gatillo. Pero aquel día, el guerrillero más buscado de España cayó y su cadáver estuvo un día entero expuesto en el cementerio de la parroquia lucense de San Fiz. Cuentan que incluso el régimen llegó a fletar autobuses para que los vecinos pudiesen ver de primera mano su última hazaña.

El periodista Alfonso Eiré (Laxe, Chantada, 1955) era apenas un niño cuando le llegó la noticia de su muerte y quiso ir a ver el cuerpo sin vida de uno de sus héroes de infancia. Sin embargo, su abuelo (que había sido acusado de estar vinculado con O Piloto y sabía, además, que aquel era un espectáculo para vejar al muerto) no le dejó. “Antes de leer los libros del Capitán Trueno o El Jabato, en mi aldea se hablaba de O Piloto. Para mí era un mito, no se podía morir”, rememora el periodista. Gracias a esta apropiación popular de sus aventuras, para Eiré, O Piloto siempre fue una especie de obsesión y ha aprovechado este año, efeméride de su asesinato, para publicar una biografía novelada: O Piloto, el último guerrillero (Hércules de Ediciones) y escribir el guion de un documental con el mismo título, dirigido por Xosé Reigosa.

Culto, ingenioso y audaz, aunque también implacable con sus enemigos y con quienes traicionaban los principios de la guerrilla, O Piloto pudo sobrevivir durante 20 años como fugitivo gracias a una vasta red de apoyos que fue tejiendo en el municipio de Chantada, situado al suroccidente de la provincia de Lugo, en pleno corazón de Galicia. De hecho, Eiré llegó a contabilizar 105 casas que le servían como cobijo al que llegó a dirigir la Tercera Agrupación Guerrillera de Galicia entre 1946 y 1947.

Entre las muchas habilidades de O Piloto, destacaba la de un don innato para camuflarse entre el gentío y pasar desapercibido. No falta quien contaba haberle visto disfrazado en fiestas y ferias de cura, Guardia Civil, tratante o mendigo. Precisamente, Eiré recoge una anécdota que sitúa a O Piloto cenando una noche de agosto de 1964 junto a una treintena de curas en una casa de Naia, vestido de clérigo, con la pistola abultándole bajo la sotana. Aquella noche comió y brindó con sus compañeros de mesa sin que ninguno de ellos sospechase que aquel comensal traía de cabeza a los falangistas gallegos.

Traicionado por el PCE

A principios de los años cincuenta, O Piloto se distanció del PCE que años antes ya le habían pedido la entrega de armas y la disolución. En nombre de Santiago Carrillo, el periodista Antonio Olano –"agente doble, que acabaría derivando a posturas fascistas al final de la dictadura"–, le comunicó al veterano guerrillero la voluntad del Partido de desmovilizar las agrupaciones guerrilleras. El encuentro, tenso, termina, según la recreación novelada de Alfonso Eiré, con O Piloto acusando a Carrillo de traidor. A partir de entonces, y pesar de que seguiría haciendo proselitismo en las aldeas gallegas, O Piloto estaría vetado en Radio Pirenaica; y el día que le mataron, el guerrillero llevaba entre sus pertenencias el carnet del Partido Comunista, con el sello de la estrella de cinco puntas, la hoz y el martillo.

A O Piloto el mote se lo puso la Guardia Civil y los falangistas. Había nacido en 1915 en O Corgo en una familia de caseiros que al poco tiempo se mudó a Boelle, donde vivió hasta a los 16 años. Entonces se alistó como voluntario en la aviación, cumpliendo un sueño de infancia que siempre le había parecido un imposible. Acabó siendo cabo del Ejército Republicano y durante la Guerra Civil luchó en Madrid. Por todo ello, le condenaron a 30 años de cárcel, pero gracias a un indulto del régimen salió de prisión a los cuatro años, en 1943. Poco después, en 1945, se enrolaba en el Exército Guerrilleiro.

Pepiño y Mirelle, los Bonnie y Clyde antifranquistas

La vida en el monte no fue óbice para que O Piloto conviese clandestinamente durante años con la que sería su compañera, Ramona Curto (rebautizada como Mirelle). Cuando abatieron a O Piloto, “Mirelle quedó viviendo con una familia en Chatada y no fue hasta 1979 que salió a la luz para cuidar a su padre en la aldea de Saviñao”, cuenta Eiré y añade un elemento más para ampliar la leyenda: “En 1961 o 1962 Mirelle viajó a Venezuela para operarse con papeles falsos que le arregló el propio alcalde falangista de Chantada”.

Juntos, Pepiño (como le llamaban sus amigos más íntimos) y Mirelle necesitaban 20.000 pesetas para sobrevivir durante un año como fugitivos, a razón de 25 pesetas por día cada uno. Cuando mataron a O Piloto llevaba encima 15.000 pesetas (las que costó la vaca de su vecino) y comía un trozo de pan con chorizo apostado a la vera del embalse de Belesar. Él fue el último guerrillero que murió con las botas puestas. Cuenta Eiré que todavía hay quien dice que si la Guardia Civil le hubiesen dado el alto “los mata él a todos”, pero seguramente en aquel momento recordaban a su madre metiéndoles el miedo en el cuerpo con un sempiterno "que viene O Piloto". 

A mediados de octubre de 1944, 4.000 guerrilleros españoles, curtidos en la Guerra Civil y la resistencia francesa, atravesaron los Pirineos con la intención de liberar del control franquista una pequeña porción de territorio español. Aupados por el éxito del desembarco de Normandía meses atrás y la liberación del sur de Francia de manos de un gobierno germanófilo, los maquis esperaban que con ese gesto (el enfrentamiento bélico más importante desde la Guerra Civil en suelo español) las potencias aliadas apoyasen de una vez la causa republicana. Y aunque la llamada Operación Reconquista Operación Reconquistacomenzó bien, acabó en fracaso, con 129 bajas y casi 600 heridos entre los guerrilleros republicanos, y ante la indiferencia de las democracias occidentales. Su historia, relegada al olvido durante décadas, fue rescatada en la novela de Almudena Grandes Inés y la alegría que publicó la editorial Tusquets en 2013.

Entre los guerrilleros asesinados estaban dos que habían penetrado en la Península por el Valle del Roncal (Navarra) y fueron emboscados por la Guardia Civil en la carretera que une el municipio oscense de Ayerbe con Sádaba. Tras el encontronazo, que se saldó con la muerte de los dos maquis, los guardias civiles trasladaron sus cuerpos en un camión al cementerio de Fuencalderas, donde los enterraron en una fosa común sin señalizar.

Ahora, la Asociación Charata para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo (Zaragoza) ha puesto en marcha un proyecto para la búsqueda y exhumación de los dos guerrilleros, de los cuales desconocen su identidad, pero según las investigaciones históricas que han llevado a cabo, piensan que han podido pertenecer a la brigada 522ª o a la 560ª. Una información que pretenden precisar a través del material documental de los juicios contra los maquis arrestados que se produjeron entre octubre y noviembre de 1944, según explica el arqueólogo y miembro de Charata Javier Ruiz. Asimismo, según las fuentes orales que son las que normalmente ofrecen las primeras pistas, uno de los guerrilleros fusilados podría ser natural de Muel o Alfajarín, ambas localidades en la provincia de Zaragoza.

Miembros de las asociaciones Charata y Arico en los trabajos de exhumación 

Los miembros de Charata comenzaron a tirar del hilo en 2010, cuando la historia llegó a sus oídos, pero no fue hasta principios del pasado mes de mayo cuando hicieron los primeros sondeos. Al tratarse de personas desconocidas, no es necesaria la autorización familiar que se requiere para las exhumaciones, sino que existe la posibilidad de que sea una autoridad la que dé luz verde a las excavaciones, según explica Ruiz.

En este caso, fue el Ayuntamiento de Fuencalderas (PSOE), con el apoyo de IU en la comarca de Cinco Villas, el que respaldó la iniciativa, además de los permisos del propietario del terreno y de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón. En ese primer sondeo encontraron los restos de dos personas que en principio coincidían con las características de los guerrilleros, pero que posteriormente fueron descartadas en el estudio antropológico, ya que uno de los cuerpos era de una mujer.

Sin financiación institucional

“El problema es que el relato es más o menos el mismo hasta que los llevan al cementerio”, señala Ruiz. De manera que los trabajadores voluntarios de la organización tengan que retomar las indagaciones en cuanto puedan para cercar la búsqueda en el camposanto. Desde Charata denuncian que no cuentan con ningún apoyo económico por parte de las instituciones de la comunidad y del Estado, a pesar de que en los presupuestos de Aragón para 2015 se aprobó una partida de 125.000 euros en cumplimiento con la ley de Memoria Histórica. Por otro lado, desde que el PP llegó al Gobierno se paralizaron las ayudas para subvencionar estas iniciativas, lo que supone una derogación de facto de la ley. Ruiz defiende que la continuación de sus trabajos es una “forma de respuesta política para demostrar públicamente a los partidos que esto [las fosas] sigue ahí, a pesar de que no haya ninguna ayuda”. Calculan que en total necesiten unos 6.000 euros para encontrar a los dos guerrilleros.

Debido a la falta de financiación, la asociación ya lanzó una campaña de crowdfunding crowdfundingpara recuperar los restos de dos personas asesinadas al comienzo de la Guerra Civil en Sos del Rey Católico. Desde la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO), también de Aragón, comparten la misma queja. Ellos solicitaron una ayuda a la comunidad para la exhumación de dos víctimas de la represión franquista en la localidad de Velilla de Jiloca (Zaragoza) y todavía no han tenido respuesta, por lo que han lanzado una campaña de microfinanciación para recaudar los 7.400 euros que necesitan.

En el terreno que quieren excavar, un campo frente a la puerta del cementerio del pueblo, según las investigaciones que han realizado hasta la fecha, están enterrados en una fosa común Bernabé Serrano y otro vecino del cual desconocen su identidad, ambos de la localidad de Fuentes. Bernabé, cuyos nietos se pusieron en contacto con la asociación hace tres años, era un trabajador del campo sin ninguna filiación política. Tras su asesinato, el 1 de noviembre de 1936, su mujer y sus hijos se mudaron a Zaragoza y cuando quisieron volver a su casa del pueblo no pudieron, ya que había sido ocupada por otras personas. “Es la historia de otros tantos miles de asesinados que no tenían nada que ver con política ni sindicatos”, lamenta Miguel Ángel Capapé, miembro de ARICO.

Si don Benito Pérez Galdós ayuda a entender la historia española del siglo XIX desde la derrota de Trafalgar hasta los turnos políticos de la Restauración, la literatura de Max Aub es una buena compañía para meditar sobre los años republicanos, la guerra civil y el exilio. Las palabras iluminan las huellas que dejaron las efemérides y las declaraciones oficiales sobre la vida cotidiana.

Aub dedicó tres pequeñas obras de teatro a contar Las vueltas de algunos exiliados españoles o a darle vueltas a España desde el exilio. En una de ellas, fijada en 1964, un personaje dice: “La democracia liberal ha llegado a ser algo tan útil como el coche, las vacaciones pagadas o la televisión”. Creo que es necesario tener en cuenta estas palabras. Cuando murió el dictador en 1975, después de los planes de desarrollo, los Seat 600 y los electrodomésticos, las verdaderas tensiones políticas no se producían entre la dictadura y la democracia. Conviene comprenderlo si queremos entender el significado de nuestra historia y de nuestro presente.

Las élites económicas del franquismo habían aceptado ya que la autarquía y las formas dictatoriales no eran aconsejables para integrarse en los negocios del capitalismo europeo. La dictadura estaba de sobra y las peligrosas agresiones de la extrema derecha suponían, más que un camino de afirmación fascista, un argumento a la hora de imponer las condiciones que más les interesaban en el diseño de la Transición. El debate real se produjo entre dos formas de entender la democracia. Por un lado, la reforma liberal útil para perpetuar el predominio económico de las élites franquistas y acercarlas a un campo más ancho de negocios internacionales; por otro, la democracia social promovida durante años de clandestinidad por el movimiento obrero y las luchas estudiantiles con el deseo de una transformación más profunda de la sociedad.

La situación histórica, eso que se llama correlación de fuerzas, hizo que las élites impusieran su modelo bajo el símbolo de la monarquía restaurada, el olvido del pasado y la reconciliación. Pero estas élites españolas, poco dadas a lo largo de la historia a rebajar su prepotencia y a perder privilegios, tuvieron que ceder y asumir algunas demandas de la democracia social en libertades civiles y derechos públicos. Sin llegar nunca a igualarnos con las democracias maduras de Europa, se consiguieron avances significativos en la sanidad, la educación, las administraciones, las fuerzas de orden público y los derechos laborales.

Conviene recordarlo por varias razones. En primer lugar, porque muchos luchadores antifranquistas, después de haber soportado años de cárcel, torturas y miedos, y después de haber visto a muchos compañeros asesinados por el Régimen, tienen derecho a pensar y saber que su sacrificio sirvió para algo. Y en segundo lugar, porque nos interesa darle vueltas a la actualidad y tomar conciencia del significado de nuestro presente. Aunque critiquemos con toda justicia el bipartidismo, la degradación institucional y la deriva calculada de nuestro sistema, no debemos perder de vista que las batallas profundas contra la Transición, sus liquidaciones más serias, las plantean ahora las élites.

Una configuración neoliberal de Europa y la dinámica de la crisis financiera han servido de argumento a los poderes económicos, bajo el paraguas de la austeridad, para recuperar todos los privilegios que cedieron con la intención de perpetuarse en su modelo de democracia neoliberal. De ahí el ataque agresivo a los servicios públicos y a los derechos laborales.

Hay muchos motivos para estar indignados. El ejercicio de la crítica es indispensable, pero conviene tomar conciencia del tablero de juego para evitar que los movimientos no faciliten la pérdida de nuestros peones, alfiles y torres. Se trata de comerse al rey del adversario. La furia desemboca en mansedumbre disfrazada cuando nos obsesionamos con nuestra táctica y perdemos de vista la estrategia del enemigo.

Sollozos, lágrimas y alabanzas a la jueza María Servini de Cumbría y a toda la Justicia argentinaMaría Servini de Cumbría: esta es la tónica general de los testimonios de las once personas que hasta este miércoles han declarado ante la magistrada que investiga los crímenes contra la humanidad cometidos en el seno del régimen franquista, según el impulsor de la querella, el abogado Carlos Slepoy. "Nunca pensé que ningún juez fuera a escucharnos, por lo que estoy muy agradecido a la justicia argentina", han coincidido varias de las personas que han participado desde el lunes en las declaraciones por videoconferencia que se celebran en la Embajada de Argentina en Madrid.

José Luis Martínez Ocio ha sido una de las víctimas que han acudido a la legación diplomática. Era hermano de uno de los cinco trabajadores que fallecieron en los conocidos como sucesos de Vitoriasucesos de Vitoria, del 3 de marzo 1976. La querella, promovida por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo (Ceaqua), se centra en la participación en los hechos del entonces ministro de Relaciones Laborales Rodolfo Martín Villa. Martínez. Ocio recordó a la jueza a principios de 1976 hubo una huelga en Vitoria. El 3 de marzo, la Policía Armada lanzó gases lacrimógenos para desalojar a los trabajadores que estaban reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, situada en el barrio obrero de Zaramaga. "A las 5 de la tarde la Policía comenzó a romper cristales y a lanzar gases lacrimógenos. A la salida de los manifestantes los agentes mataron a 5 personas e hirieron a otras 50", según José Luis Martínez Ocio, que recuerda que las investigaciones sobre la matanza fueron archivadas por la imposibilidad de identificar a los autores de los disparos.

Por su parte, Felipe Gallardo Gómez relató a la jueza Servini que su padre y ocho familiares habían sido fusilados. Y su madre también fue encarcelada. Ya estando presa, la obligaban, según la declaración, a limpiar todos los días en una nave industrial los restos humanos de personas. También relató un bombardeo de la aviación alemana durante su estancia en Valencia.

Siete años en la cárcel

Víctor Díaz-Cardiel, declaró que llegó a ser detenido cinco veces. Tras la primera, que se produjo en 1965, permaneció en prisión 7 años. Fue torturado en varias ocasiones. Además, en su testimonio suministró a la jueza la identidad de los inspectores que le arrestaron. 

Raúl Herrero Solano, el cuarto de los testigos de este miércoles, es en la actualidad miembro del PSOE. Fue arrestado en tres ocasiones en los años 70. En una de ellas fue objeto de torturas. También dio a la magistrada argentina un listado de las 27 personas fusiladas de un pueblo de Burgos de 300 habitantes, casi el 10% de la población. 

Declaraciones del martes

El pasado martes fue el turno de otros cuatro querellantes. El primero fue José Alfonso Rodríguez, que sufrió la muerte de 12 familiares asesinados por el franquismo. Esta persona denunció también a la magistrada la desaparición de su padre. Según este testimonio su padre fue secuestrado de un hospital el 20 de agosto de 1936.

Otra de las personas que contaron su historia personal por videoconferencia fue el cura Jon Etxabe. Fue detenido el 11 de abril de 1969 por su militancia en ETA. Según su testimonio, fue torturado en la comisaría. Un mes después ingresó en una cárcel de Zamora. Fue juzgado en el proceso de Burgos y sentenciado a 50 años. Cumplió ocho tras ser amnistiado en 1977 con la llegada de la democracia.

Bebés robados

También testificó la presidenta de la Asociación SOS Bebés Robados del País Vasco, Flor de Lis Díaz Carrasco. Esta mujer inició sus propias investigaciones sobre la desaparición de su hermano en 2006. Mientras le buscaba descubrió la desaparición de su hermano mellizo en 1962.

También testificó Julián López Muñoz (88 años) que denunció el asesinato y desaparición de su padre en Badajoz. Álvaro López Ruiz y otros presos fueron fusilados a 10 kilómetros del pueblo. Sus cuerpos, que siguen desaparecidos, fueron arrojados a una fosa común.

Jesús Rodríguez es uno de las tres personas que han declarado por videoconferencia este lunes en la Embajada de Argentina en Madrid ante la jueza María de Servini de Cubría, que es la encargada de investigar los crímenes cometidos durante la dictadura del general Francisco Franco. "He aclarado a la jueza mis motivaciones para denunciar, que no son otras que se escuchen las voces de las personas que han sufrido los crímenes del régimen franquista. A mi Billy el Niño [Juan Antonio González Pacheco] y su equipo me detuvieron a tiros a la puerta de mi casa de Vallecas (Madrid) el 16 de abril de 1975. Durante el interrogatorio él y su cuadrilla me molieron a palos. Y me detuvieron porque era muy activo en contra del régimen. Pero mi caso no es ni mucho menos el peor de todos. Pues esta persona se jactaba de conseguir que todos los detenidos hablaran", ha asegurado esta persona a infoLibre, el único medio de comunicación presente a la salida de las declaraciones efectuadas en la Embajada argentina, situada en la madrileña Calle de Serrano.

"Víctimas del franquismo"

"La declaración de este lunes ha sido muy importante porque hasta este momento en España no se nos ha reconocido la condición de víctimas del franquismo, pues nos han considerado unos delincuentes a los que se les perdonaron los delitos con la democracia. Por eso, estoy convencido de que con mi voz hablo por mucha gente que no puede o no se atreve a contar lo que le ha pasado. Además, de esta forma se lanza el mensaje de que cualquier torturador, aunque esté protegido por una dictadura, acabará siendo perseguido", especificó frente a la entrada de la Embajada argentina Jesús Rodríguez, que forma parte de la asociación La Comuna.

Juan Antonio González Pacheco, conocido con el alias de Billy el Niño, era según el testimonio de Jesús Rodríguez, el encargado de perseguir a las personas que como él eran antifranquistas. "Perseguía al grupo de gente en el que yo me movía. Militábamos en organizaciones a la izquierda del PCE. Actuábamos en los barrios y en la universidad. Pese a su juventud, pues tendría unos 28 años, era el que estaba al mando de la cuadrilla que me detuvo. Y también el dirigió mis interrogatorios. Era famoso y le gustaba serlo, pues presumía de su capacidad de conseguir las confesiones. Pero yo tuve muchas suerte, pues ni me ahogaron ni hicieron barbaridades, solo me dieron palos por todas partes. Yo fui uno de tantos. He sido y soy muy activo políticamente, y por eso me he decidido a testificar.

Bebés robados

María Bueno, la presidenta de la asociación andaluza Alumbra, que lucha por esclarecer el robo de bebés durante el franquismo y la democracia, fue la segunda en declarar y la encargada de relatar a la magistrada Servini casos referentes a la sustración de hijos de los represaliados republicanos. "Hablo por los afectados de mi asociación, que están por toda Andalucía, pero también en nombre propio, pues soy víctima de la desaparición forzosa de mi hijo", especificó María Bueno que resaltó el papel juzgado por la jueza: "La he visto en mi caso en su condición de mujer y en la de magistrada-jueza. Y he sentido amparo, y es algo difícil pues en mi caso llevo peleando desde 2010. Y es la primera vez que siento que alguien con autoridad nos escucha", ha asegurado esta mujer. 

La juez María Servini es muy popular entre el colectivo de las Madres de Mayo pues ha encabezada varios procesos en Argentina sobre niños robados. "Mi sensación es que es una mujer fuerte que quiere hacer algo de verdad por todos nosotros", reseñó a infoLibre esta querellante andaluza, que destaca que la jueza ha permitido "sacar todo el dolor que llevamos dentro".

"Trabajadores esclavos"

Cecilio Gordillo, sindicalista sevillano de la Confederación General del Trabajo (CGT), se centró en su testimonio a los trabajos forzados a los que fueron sometidos los presos del franquismo hasta 1962, que fue el año en el que se clausuró el último campo de concentración en Andalucía: "Hemos aportado numerosa documentación y hemos intentado que la jueza entienda que los trabajos forzados y la utilización de los presos políticos no fue un hecho aislado, sino que fue generalizado durante el régimen".

Gordillo, también se refirió en su testimonio a la existencia de un campo de concentración de Sevilla "para vagabundos y mendigos donde mataron de hambra a más del 50% de la población reclusa. "Y este fue uno de los puntos que interesó a la jueza, que pidió que identificáramos a los 144 presos. También me preguntaron por las empresas privadas que utlizaron a los presos. Nosotros hemos dicho a la jueza que pida al Gobierno de España la documentación del patronato de la Merced, que era la institución que regulaba la cesión de los presos en toda España".

Tres horas

Las declaraciones de Jesús Rodríguez, María Bueno y Cecilio Gordillo se extendieron durante casi tres horas. Además de escuchar los relatos, la jueza se interesó por datos concretos de los testimonios, como por ejemplo los campos de concentración o las empresas que utilizaron mano de obra esclava. Esta martes, y hasta el jueves continuarán las videoconferencias.