España aprobará en pocos días la séptima regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular. Antes de seguir, toca reconocer la histórica movilización liderada por el tejido migrante y antirracista que desplegó alianzas desde los territorios para conseguir 700.000 firmas de personas con DNI (es decir, que ninguna persona en situación irregular pudo firmar la Iniciativa Legislativa Popular, tampoco migrantes con permiso de trabajo o residencia) para apoyar una iniciativa justa y necesaria.

La regularización extraordinaria es una buena noticia porque repara una injusticia sistémica que genera la Ley de Extranjería, la cual obliga a la exclusión social a cientos de miles de personas, simplemente por su condición administrativa. El verdadero fallo democrático es la Ley de Extranjería y las políticas migratorias que cancelan derechos.

Sin embargo, desde que se anunció el acuerdo para su aprobación, se ha desatado una oleada de bulos promovida por la extrema derecha. Pero este no es un texto para desmontar bulos. Tampoco un texto con razones para apoyar la regularización: ya han hecho suficiente pedagogía política las compañeras de la campaña Regularización YA en distintos foros, debates, actos políticos y públicos. Escribo esto como persona de origen migrante que conoce de cerca la realidad de exclusión y vulneración de derechos que provoca un sistema económico perverso.

Las migraciones han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad; las migraciones son más antiguas que las fronteras. El mundo que hoy conocemos no sería el mismo sin la historia de movilidad humana, desde nuestros antepasados más antiguos que se desplazaban en busca de alimentos en la etapa más primitiva, a la migración económica provocada por un capitalismo racial salvaje que depreda recursos naturales del sur global para sostener modelos de vida del norte global y, al mismo tiempo, genera grandes movimientos de seres humanos que buscan en otras latitudes las oportunidades que se les ha robado en su propia tierra. Nadie, absolutamente nadie, se jugaría la vida en procesos migratorios durísimos si no fuese por una acuciante necesidad. Ninguna persona es ilegal, independientemente de su condición administrativa.

También es tan antigua como la historia de la humanidad la instrumentalización del odio y del miedo al diferente para enfrentar a los pobres contra los más pobres que se ha empleado, y se emplea, para evitar el señalamiento de quienes acaparan el poder. Hace pocos meses, cuándo comparecí en el Congreso de los Diputados, pregunté a sus señorías si consideraban que España era más machista o más racista y la respuesta de Vox confirmó efectivamente su racismo rampante.

Pero no es la única fuerza política racista. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en respuesta a Vox, defendió que “alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas”. Son dos caras del mismo fenómeno: quienes parasitan las instituciones para salvar los negocios y privilegios de unos pocos solo ven en las personas migrantes mano de obra a la que explotar. Para todos ellos, efectivamente, la regularización es una afrenta, porque sus amigos explotadores tendrán más dificultades para esclavizar a las personas más desprotegidas del sistema. Pero las personas migrantes son mucho más que mano de obra, tienen rostro e historias, resiliencia, penas, alegrías… y también derechos.

Estos días también vemos a los mismos que hacen regalos fiscales a los ricos “preocupados por los servicios públicos”. Unos servicios públicos que la propia Ayuso recorta para asegurarle el negocio a Quirón mientras desmantela la sanidad pública y mantiene asfixiada a la universidad de todos y de todas.

Por eso, demócratas, las personas progresistas y la gente decente en general tenemos que apoyar la regularización, y, por supuesto, la universalidad de derechos. El derecho a tener derechos. Allí nos encontramos, como en cada manifestación en defensa de la sanidad pública, de la educación, por Gaza o por la vivienda. Que esta victoria ciudadana nos recuerde la potencia política de la organización colectiva, que nos aliente a seguir disputando la conquista de derechos para todos y todas. En torno a su defensa, construyamos alianzas, tal y como el movimiento Regularización YA nos muestra, tejiendo desde abajo, superando las pequeñas diferencias para centrarnos en lo que nos une.

Solo así podremos escapar de la barbarie. Pongamos nuestra energía en el lado correcto de la historia, mientras Trump y la internacional reaccionaria atacan a los y las migrantes para que no señalemos su obsceno acaparamiento de riqueza, sacudamos la rabia y organicemos la esperanza, reivindicando –como Benito* en los Grammys–, que no somos salvajes, somos humanos.

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Margarita Guerrero es directora general del Instituto de Juventud .

*Nota de la Redacción de infoLibre: Benito es Bud Bunny.

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Comunidad de Madrid para suspender cautelarmente el inicio del procedimiento para trasladar a doce menores extranjeros no acompañados a esta región desde Ceuta y Canarias, al considerar que provocaría "graves daños".

La Comunidad de Madrid recurrió ante el Supremo el inicio de doce procedimientos de traslado, cursado por las oficinas de extranjería dependientes de la Delegación del Gobierno en la comunidad y la ciudad autónoma, en virtud de la reforma de la Ley de Extranjería, que estableció la derivación de estos niños que migran solos desde las comunidades en contingencia migratoria a otras autonomías.

En un auto dictado el pasado 8 de enero, el Supremo, que no entra en el fondo del recurso, sostiene que paralizar los traslados de menores provocaría "graves daños" y rechaza además los argumentos esgrimidos por la Comunidad de Madrid para frenar esta medida de forma cautelar.

Recuerdan los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Admistrativo que en un procedimiento distinto, el de los menores solicitantes de asilo llegados a Canarias que debe acoger el Gobierno central, ya sostuvieron que estos niños y adolescentes estaban en el archipiélago en un "notorio estado de hacinamiento" incompatible con superior interés del menor.

Y por ello, señalan que si ahora acordasen suspender las disposiciones tomadas por Administración del Estado para "evitar" esta situación, no solo caerían "en contradicción" con su anterior resolución sino que además facilitarían el mantenimiento de unas circunstancias que ya consideran "gravemente perjudiciales para los menores".

El auto se refiere además a la situación de contingencia migratoria que viven Ceuta y Canarias, que acogen al triple de menores migrantes de los que indica su capacidad ordinaria, una eventualidad que les ha afectado "negativamente" al verse "forzadas a dedicar especiales recursos asistenciales a los menores migrantes", lo que continuaría si se suspenden los procedimientos de traslado.

El Supremo rechaza los argumentos dados por la Comunidad de Madrid, que acusa al Gobierno de haber empleado una vía de hecho para efectuar los traslados, algo que desestiman los magistrados dado que se recurre un trámite y no una actuación material.

Tampoco hay vía de hecho aunque algunos procedimientos hayan concluido en resoluciones que disponen el traslado, señala también la Sala, que apunta a que dichas resoluciones no se han impugnado ante el Alto Tribunal sino ante juzgados de Canarias que también han rechazado suspender cautelarmente las reubicaciones.

Además, cuestionan el argumento dado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso sobre que el Gobierno no ha dictado una norma que determine el número de menores que han de desplazarse a una comunidad autónoma, porque la propia recurrente alude tanto a la reforma de la Ley de Extranjería como al decreto que estableció la capacidad ordinaria de cada comunidad, con la que después se calcula qué autonomías están en situación de contingencia y cuales deben acoger a más menores.

Que la Comunidad de Madrid vea una "laguna" en la normativa respecto al número de menores que cada comunidad tiene es una incidencia "solo parcial" en el acto que incoa el procedimiento de traslado de cada menor, señalan también los magistrados.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha visto la resolución del Tribunal Supremo como una "noticia positiva para los niños, que son la prioridad" y porque responde al marco legal.

Lo ha expresado en su cuenta de la red X, en la que ha destacado la "humanidad y justicia" de la resolución y ha puesto en valor la reforma de la Ley de Extranjería que, ha apostillado en referencia a los gobiernos autonómicos del PP que se oponen a las derivaciones, "hay que cumplirla".

El Gobierno aprobó en marzo del año pasado la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para crear un mecanismo de derivación obligatorio de los menores migrantes no acompañados desde comunidades con alta presión migratoria como Canarias o Ceuta a otras que no tienen sus recursos tan saturados.

Desde que se gestó este modelo, la mayoría de las comunidades autónomas -casi todas las del PP pero también Castilla-La Mancha- han mostrado su oposición frontal.

Once autonomías han recurrido la norma al Tribunal Constitucional y algunas, como Madrid, también han recurrido ante el Supremo algunas de las decisiones del Ejecutivo al respecto y las propuestas de traslado que les afectan.

El Supremo ya rechazó en diciembre los recursos presentados por Baleares, Comunitat Valenciana o Andalucía para suspender cautelarmente la capacidad ordinaria de acogida, fijada en 32,6 menores no acompañados por cada 100.000 habitantes. 

El Gobierno prevé regularizar a unos 100.000 inmigrantes durante este año y pasar de los 250.000 que había a 31 de diciembre del año pasado regularizados a través de la figura del arraigo a 350.000 a finales de 2025, según informa EFE.

La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, que ha participado, junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en el II Encuentro con Entidades de Inmigrantes en València, ha explicado que con la reforma del reglamento de Extranjería, que entró en vigor en mayo, se prevé que a finales de este año sean 350.000 los inmigrantes regularizados y el próximo año se llegue a las 400.000 personas regularizadas.

Cancela ha señalado que es un procedimiento individualizado "con garantía, seguridad jurídica", y además con él se atiende el marco de la Unión Europea de no poder hacer regularizaciones masivas con carácter general. "Entonces creo que esta es la mejor herramienta que puede existir para que las personas puedan acceder a la ciudadanía plena, que es de lo que estamos hablando", ha afirmado.

Según Cancela, con las novedades que contempla la reforma del reglamento se simplifican los trámites, se facilita el acceso al arraigo y se aumenta el número de figuras de arraigo (social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar), "intentando facilitar al máximo" que las personas que puedan acreditar los requisitos puedan hacerlo.

La secretaria de Estado de Migraciones ha calificado de "éxito absoluto" las medidas extraordinarias desplegadas por el Gobierno para regularizar la situación administrativa de migrantes tras la dana, pues de las 30.000 solicitudes recibidas, la mayoría de la provincia de Valencia, más del 95 % han sido resueltas en positivo y quedan pendientes de resolución unas 4.000.

Las que han resultado negativas -1.366 desestimadas según datos de la Secretaría de Estado de Migraciones ofrecidos el pasado 14 de mayo- es debido a documentación que hay que subsanar y a la no aportación de documentación que se requiere, como ocurre en el caso del documento sobre antecedentes penales, para lo que se ha ampliado el plazo puesto que hay países que están tardando mucho en remitir esos papeles de constatación de no tener antecedentes y eso hace que los migrantes no lleguen a cumplir los plazos.

Cancela ha destacado las medidas extraordinarias para los extranjeros que estuvieran en situación irregular para que tuvieran la oportunidad de participar en la reconstrucción en la tierra que "han escogido para desarrollar su vida".

Valencia es la cuarta provincia con mayor presencia de personas migrantes y un territorio que ha demostrado "solidaridad y acogida".

Sobre el reparto ha defendido que el Gobierno está poniendo propuestas encima de la mesa y que sigue pensando que la medida oportuna es la modificación de la Ley Orgánica de Extranjería.

Canarias, ha dicho, cuenta con "toda nuestra colaboración y solidaridad y seguimos hablando, buscando soluciones, sobre todo para los menores no acompañados, solos, muy vulnerables, que creo que habría que pensar primero ante todo en ellos para intentar buscar una solución lo antes posible".

Emily huyó de las extorsiones y amenazas de violencia que le llegaban a la casa donde vivía con sus dos hijos menores en Colombia. Pidió asilo en 2023 y logró encontrar un trabajo con contrato y alojamiento en Barcelona. No obstante, la reforma del Reglamento de Extranjería del Ministerio de Inclusión que entró en vigor este martes la podría penalizar y obligarla a tener que sobrevivir dos años en la irregularidad.

A Emily le denegaron la solicitud de asilo y recurrió, creyendo que la situación vivida en su país de origen era merecedora de protección internacional. A lo largo de este tiempo tuvo un contrato de trabajo que duró hasta febrero. Pero ahora ya nadie la contrata pese a contar con años de experiencia laboral. “He hecho diez entrevistas y las empresas me dicen que sus abogados recomendaron no emplearme porque tengo un primer rechazo en el asilo”, explica.

La parte que más le atemoriza es verse empujada a la irregularidad. Si la resolución firme de su solicitud acaba siendo denegada, no podrá usar los años vividos en el país para demostrar su arraigo. Un tiempo que antes de la reforma sí que computaba. Eso significa que para volver a tener permisos de trabajo y residencia tendrá que poner su contador a cero y pasar los dos años que marca la ley en situación irregular.

“Si tienes un contrato de trabajo, lo tendrás que dejar; si tienes un contrato de alquiler, lo tendrás que dejar, y también muchos bancos pondrán trabas para abrir una cuenta”, enumera Jordi Campabadal, coordinador del área jurídica de la Fundación Bayt al-Thaqafa, como algunas de las consecuencias que ya afectan a quienes se les deniega el asilo.

La ambiciosa reforma del Ministerio de Inclusión ha ampliado las modalidades de arraigo, ha flexibilizado parte de la burocracia y ha facilitado la contratación laboral en origen. Pero por contra, desde su aplicación este martes, está perjudicando a quienes huyen de sus países buscando refugio. Una situación que podría afectar aproximadamente a 150.000 personas en España, estima la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Para subsanar esta brecha, el Gobierno propuso el martes pasado reactivar la Proposición de Ley para la regularización de personas migrantes, una propuesta basada en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Regularización Ya. Pero los efectos aún tardarán en aplicarse porque hay que llegar a un acuerdo con los socios de investidura, lo que también definirá quién se beneficiará de la ley.

A día de hoy, tanto la Fundación Bayt al-Thaqafa, especializada en acogida y protección internacional en Cataluña, como CEAR, ya han notado que esta reforma ha desincentivado las peticiones de asilo y los recursos por rechazo. “Nos consta que nacionalidades colombianas, peruanas o marroquís ahora piensan mucho si solicitar el asilo o no”, expone Elena Muñoz, coordinadora del área jurídica de CEAR. “Porque, si no se pide ya, empieza a correr el plazo de su permanencia en España y, si se pide y se deniega, su contador vuelve a cero”.

Las solicitudes de Colombia y Perú han caído drásticamente si se comparan los primeros meses del año 2024 y 2025, según datos del Ministerio de Inclusión. El año pasado, hasta mayo se presentaron 19.371 peticiones de colombianos y 4.964 de peruanos. Por contra, en los primeros cuatro meses de este año 6.762 colombianos y 1.755 peruanos han pedido protección internacional.

“Necesitamos el asilo, pero si hubiéramos sabido lo que pasaría no lo hubiéramos pedido”. Luciana (nombre ficticio), su pareja y su familia con dos hijos menores también huyeron de Colombia por las amenazas y extorsiones que recibieron. “Yo era maestra y mi pareja, jefe de obra en la construcción, teníamos una vida tranquila hasta que apareció un grupo paramilitar”, relata Luciana. “El detonante para irnos fue cuando hicieron estallar una granada en casa de un vecino”, zanja la madre. Pidieron asilo hace nueve meses y aún esperan resolución. 

“Cuando uno tiene hijos se propone que no vean lo que uno ha visto”, explica también Mariana (nombre ficticio), solicitante hondureña con dos hijas a cargo. “Nosotros hemos tenido que enterrar a algunos de nuestros amigos”, manifiesta Mariana, en su caso afectada por la violencia de las maras. Tras más de seis meses esperando, aún no sabe si le aceptarán la protección internacional.

El Ministerio incluyó en la reforma una disposición transitoria que rebajaba de dos años a seis meses el tiempo que algunos solicitantes debían pasar en irregularidad antes de poder demostrar su arraigo. Pero sólo se pudieron acoger a esta rebaja quienes con un primer caso de asilo denegado, desistieron del recurso interpuesto. En la práctica, ha puesto entre la espada y la pared a quienes aún no tenían el proceso resuelto antes del 20 de mayo.

“El problema ha afectado sobre todo a quienes no han recibido una respuesta firme sobre su asilo antes de este martes”, apunta Elena Muñoz, “porque debían decidir antes de esa fecha si desistían de la solicitud”. Ni Luciana, ni Mariana ni Emily quisieron desistir. 

“Dudé mucho”, expone Emily, que lleva más de tres años viviendo en Barcelona. “Pero tengo dos hijos a cargo, soy madre soltera y no me podía permitir estar un tiempo en la irregularidad, necesitaba encontrar trabajo”. Emily se queja de que esta reforma probablemente también tendrá un impacto diferencial por género. “Hay más mujeres que aceptan trabajos peor pagados o con más horas de jornada laboral porque tienen hijos o familias que deben sostener”, apunta. “Conozco personas que han trabajado de internas en atención domiciliaria como yo y que han sufrido acoso sexual en sus trabajos y no han denunciado por el temor de estar en situación irregular”.

Vicky Columba, portavoz de la ILP Regularización Ya, denuncia también que la irregularidad administrativa en mujeres y trans “impide denunciar la violencia machista por temor a una orden de expulsión”. Y añade que “en trabajos como el del hogar, impide la fiscalización laboral, lo que hace más difícil denunciar situaciones de vulneración de derechos”.

Nuria Moya, responsable del área de Salud Mental de Bayt al-Thaqafa y miembro de la Red Acoge, puntualiza que a los seis meses de la disposición habría que añadir “el tiempo que luego tardan en resolver, con lo que en la práctica, quien haya desestimado el asilo acabará pasando más de un año en situación irregular”. 

“Han incluido una disposición que genera incertidumbre, porque hay un factor que no depende de ellos, sino de la agilidad de la Administración en los trámites burocráticos”, admite Elena Muñoz, de CEAR. “Hay muchas realidades, hay personas que pueden estar menos de seis meses y otras que pueden estar tres años.”

Según datos de Eurostat, a 2024 España tenía pendiente de resolver 263.985 solicitudes de protección internacional, lo que incrementó en casi un 30% los expedientes apilados en las oficinas de extranjería respecto al año 2023. El promedio mensual de solicitudes resueltas fue de 8.020, lo que indica que para resolver todas las que hay pendientes, se necesitarían casi 33 meses –sin que entraran más solicitudes, algo que no es realista–.

Esta situación motivó este lunes un paro de dos horas de CCOO delante de todas las oficinas de extranjería “ante el colapso del sistema”. Para intentar paliar la situación, el Gobierno ha anunciado, junto a la reforma, que prevé incorporar 750 trabajadores en las 25 Oficinas de Extranjería. En Cataluña, por ejemplo, supone incrementar entre un 30% y un 40% los recursos, ha afirmado Carlos Prieto, el Delegado del Gobierno.

Jordi Campabadal, de Bayt al-Thaqafa, cree que el cambio en el Reglamento tiene su raíz en esta saturación en las oficinas. Uno de los objetivos de la reforma es “despejar la vía del asilo”, explicó esta semana la ministra Elma Saiz. La idea de fondo sugiere distinguir la migración por lazos familiares de la de personas que huyen porque su vida está en peligro. “Existe el argumento de que hay quien usa mal el asilo”, asegura Campabadal. “El argumento considera que hay quien sabía que no le iban a dar el asilo, pero lo pedía igualmente porque podía computar los años de espera de su resolución para luego pedir el arraigo”.

No obstante, la alta denegación de solicitudes de asilo, que en 2024 aumentaron al 43% de las totales, sumada a la gran cantidad de solicitudes pendientes, ha provocado una situación que puede acabar por enviar a la irregularidad a muchas familias.

Para paliar esta brecha, el Gobierno ha rescatado la regularización de migrantes como solución. El borrador de la propuesta de ley ya está en la mesa de los partidos políticos, y quieren que afecte a todo aquel que estaba en España de forma irregular antes del 31 de diciembre de 2024. Una fecha que tendrá que acordarse con los socios de investidura.

Los promotores de la ILP Regularización Ya piden regularizar a quienes estuvieran antes del 20 de mayo de 2025, según su portavoz, Vicky Columba. “Esto también afecta a los empresarios que han tenido que despedir a gente o no pueden aceptar solicitantes de asilo”, considera la portavoz. Columba considera que un factor que podría haber hecho activar la regularización es el efecto que podía tener en las vacantes laborales la cifra estimada de 150.000 solicitantes abocados a la irregularidad.

Este martes entra en vigor el nuevo reglamento de extranjería, una herramienta con la que el Gobierno prevé regularizar a unas 900.000 personas en los próximos tres años pero que ha despertado un gran rechazo por los posibles riesgos que entraña para colectivos como los solicitantes de asilo o la infancia. El texto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 19 de noviembre y entra en vigor ahora, seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, según informa EFE.

Desde entonces, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, lo ha presentado como una ambiciosa reforma que, después de 13 años y bajo una perspectiva de defensa de los derechos humanos, da respuesta a la realidad migratoria actual, adaptando la normativa europea en la materia. En esta línea, una de sus novedades más importantes es que se reconfigura la figura del arraigo en cinco tipos -social, sociolaboral, socioformativo, de segunda oportunidad y familiar- y reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ella.

También se crea una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles con el fin de mejorar la figura de la reagrupación familiar, a través de una ampliación de su cobertura, por ejemplo, al extender la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años. Entre sus puntos positivos, el nuevo reglamento establece que todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro, con el fin de evitar situaciones de irregularidad sobrevenida.

Las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios. Además, mientras se forman, podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales.

En la otra cara de la moneda está una novedad del nuevo texto que ha despertado grandes críticas de muchas oenegés de defensa de derechos de los migrantes, fuerzas políticas e instituciones como el Defensor del Pueblo. Y es que el nuevo texto establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará como tiempo a tener en cuenta para optar al arraigo, por lo que una persona cuya petición sea denegada caerá en la irregularidad y deberá permanecer en ella hasta dos años para conseguir los papeles.

Como vía transitoria, durante un año, el Gobierno reduce de dos años a seis meses el tiempo de residencia exigido para que los solicitantes de asilo rechazados puedan acceder al arraigo, lo que ha provocado que muchos potenciales refugiados que ya estaban viviendo y trabajando regularmente en España hayan renunciado a su petición y caído en la irregularidad.

Esto ha llevado a siete entidades sociales -la Asociación Pro Derechos Humanos de España y Coordinadora de Barrios por un lado y Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes por otro- a recurrir el reglamento ante el Tribunal Supremo, que aún no ha pronunciado al respecto. También el Defensor del Pueblo registró el pasado viernes un informe en las Cortes Generales en el que advierte de que la entrada en vigor del reglamento "podría abocar a la irregularidad sobrevenida a miles de menores".

Estos efectos negativos de la norma han llevado al Gobierno a estudiar nuevas vías para paliar estos daños y a cambiar su posición respecto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de migrantes, que no había estado entre sus prioridades hasta ahora. En los últimos días, el PSOE ha impulsado las negociaciones en el Congreso con los diferentes grupos para impulsar la tramitación de esta iniciativa, que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y lleva allí más de un año estancada.

La reforma del reglamento de la ley de extranjería aprobada este martes por el Gobierno, y que este miércoles publica el BOE, reduce plazos y simplifica requisitos para regularizar a migrantes que viven en España sin papeles, proceso del que podrían beneficiarse unas 300.000 personas cada año en los próximos tres años, según recoge EFE.

La principal novedad es que homogeneiza las figuras de arraigo, el mecanismo existente para que los extranjeros que viven en España puedan regularizar su situación administrativa, y reduce de tres a dos años el tiempo de permanencia en España necesario para acceder a ellas.

También aclara la incompatibilidad entre la solicitud de protección internacional y la regularización por arraigo, mejora la reagrupación familiar, establece que todos los visados tengan una duración inicial de un año, refuerza la protección para los trabajadores de temporada y facilita la transición del permiso de estudios al de trabajo.

A continuación, algunas de las claves de esta reforma integral del texto, vigente desde hace 13 años, que entrará en vigor en forma de real decreto el 20 de mayo del 2025, según ha detallado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en una entrevista en RNE recogida por EFE.

Una de las novedades más reseñables es la reconfiguración de las figuras de arraigo, que quedan de la siguiente forma:

Otra de las novedades del nuevo texto es que establece que el tiempo de residencia en España como solicitante de protección internacional no computará como tiempo a tener en cuenta para optar al arraigo, como ha dictaminado recientemente el Tribunal Supremo y sostiene también la legislación europea.

Como vía transitoria, durante un año, el Gobierno reducirá de dos años a seis meses el tiempo de residencia mínimo en España exigido para que los solicitantes de asilo que tengan una petición denegada en firme puedan acceder a las diferentes figuras de arraigo, siempre que cumplan los diferentes requisitos.

Se crea una autorización de residencia para familiares de ciudadanos españoles y se amplía su cobertura.

Entre las novedades, extiende la edad de los hijos beneficiarios de 21 a 26 años, incluye otras realidades como las parejas no registradas formalmente que puedan acreditar una relación afectiva análoga y se facilita la reagrupación de los hijos y progenitores de víctimas de trata, violencia sexual o de género.

El nuevo reglamento crea un título específico para los visados y establece que todas las autorizaciones iniciales van a ser de un año y las renovaciones, de cuatro.

Esto servirá para evitar situaciones de irregularidad sobrevenida, algo que también se ha querido evitar al simplificar los trámites para el cambio de una situación de residencia a otra: por ejemplo, no será necesario abandonar el país para obtener la residencia de larga duración después de una temporal. La modificación también extiende el visado para la búsqueda de empleo de tres meses a un año.

Se crea una autorización específica de residencia y trabajo para las actividades de temporada que facilita la contratación individual y colectiva y mejora la protección de los derechos de los trabajadores, ya que estos deberán tener información concreta y escrita en un idioma que comprendan de sus condiciones laborales, de estancia y otros gastos.

El nuevo texto mejora sus condiciones de habitabilidad y su seguridad desde que sale del país hasta que su alta en la Seguridad Social y se incluye la posibilidad de cambiar de empleador en caso de abuso u otras causas que hayan impedido desarrollar la relación laboral, como una plaga en la cosecha.

En cuanto a la formación, las personas que vengan a España para cursar sus estudios contarán con una autorización de estancia inicial que dure el mismo tiempo que su formación y se les facilitará una vía rápida para poder enlazarla con una de trabajo cuando acaben los estudios.

Además, mientras estudian, podrán trabajar un máximo de 30 horas semanales

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), han coincidido este miércoles en la necesidad de una reforma de la Ley de Extranjería, pero mientras, en buscar otras "alternativas" como un plan estratégico para abordar el fenómeno migratorio. Así lo han indicado durante una intervención conjunta en el Salón del Trono del Palacio Autonómico durante una visita oficial a la ciudad de la titular ministerial para conocer sobre el terreno la presión migratoria que afronta la autonomía ceutí, según informa Agencia EFE.

Rego ha apostado por la puesta en marcha de un "plan estratégico" de diagnóstico de la situación migratoria y por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería con "diálogo y entendimiento entre todos" para atender el fenómeno "estructural" de la migración. "Si hay voluntad política por todas las partes, podemos llegar a una solución para tener un mecanismo sensato y de futuro" para dar respuesta a la llegada de inmigrantes a las costas españolas, ha insistido la ministra. En relación a los contactos con el PP para esta reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería ha dicho que "es imprescindible tener la mejor voluntad y alcanzar un acuerdo".

Mientras eso se produce, ha apostado por un plan estratégico que se abordará con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial, también respaldado por Ceuta, para tener un "diagnóstico del número de plazas disponibles por territorio y también desarrollar otros aspectos del artículo 35 para atender situaciones de emergencia y ver la política de acogida en algunos territorios de esos menores".

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha expresado su "apoyo" a la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que exista un mecanismo "ágil y vinculante" para atender el "fenómeno estructural" de la migración, la vez que ha pedido el traslado "urgente" de menores por tener las capacidades de la ciudad "desbordadas". El presidente ceutí ha destacado que Ceuta ha "respondido con un admirable nivel de eficacia a la incidencia migratoria, pero no podemos esperar la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería sin realizar traslados de menores cuanto antes para atender este problema".

Vivas ha añadido que la respuesta a la "emergencia" debe tener "dos planos simultáneos, uno con el traslado de menores a otras autonomías y tener la financiación necesaria para estos traslados y cubrir la emergencia y otro que sea un planteamiento de carácter estructural, estable y perdurable en el tiempo con la modificación de la Ley de Extranjería que permitiría un traslado ágil y vinculante de los menores".

"Un Partido Popular responsable sabe que la alternativa se manifiesta también sabiendo llegar a acuerdos". La frase, pronunciada este martes por la número dos del PP, Cuca Gamarra, durante el debate sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se corresponde con lo que horas más tarde hizo su partido en el Congreso: votar en contra de todas las normas presentadas por el Gobierno y los grupos parlamentarios salvo la reforma anteriormente citada, pactada por PP y PSOE hace más de un mes. Incluso en ese punto Gamarra se esforzó mucho en que no pareciera un acuerdo, hasta el punto de acusar al presidente de Gobierno ser "un depredador del Estado de Derecho" y de anticipar que "el final de Pedro Sánchez está más cerca" durante su turno de intervención.

El texto del CGPJ pactado por ambas formaciones no implica que "los jueces elijan a los jueces" como pretendía el PP ni evita que en un futuro pueda volver a producirse un bloqueo del órgano de gobierno de los jueces como el que hemos vivido durante los últimos cinco años. Sin embargo, la secretaria general del PP presumió de que es la manera de "empezar a proteger la Justicia del intervencionismo y manipulación de Sánchez". La dos de Feijóo mezcló las críticas con la celebración de que por fin haya un "consenso entre las dos primeras fuerzas políticas" —obvió en todo momento que es su formación quien ha mantenido bloqueada la renovación—como los que se llevaron a cabo durante la Transición, y no basado en "bloques en los que 51 se imponen a 49".

Tras la votación, que se saldó con dos derrotas importantes del Gobierno, Gamarra aseguró que "es el momento" de que el Ejecutivo "entienda que ha acabado su tiempo". Además de definir al jefe del Ejecutivo como la "principal amenaza" del país, recalcó que el socialista "no tiene ni la estabilidad ni la dignidad de asumir las consecuencias de la situación parlamentaria que tiene" y argumentó que "sus socios no le quieren por su valía, sino por su debilidad".

Siguiendo esa línea estratégica, el PP no dio su visto bueno ni a la reforma de la ley de extranjería, ni a la de paridad, ni el decreto anticrisis y, por supuesto, tampoco a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Una decisión tomada por la dirección del PP, con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza, que ha priorizado la derrota parlamentaria del Gobierno frente a los intereses, incluso, de algunas de sus autonomías como Canarias, donde gobiernan en coalición con Fernando Clavijo (CC). Génova buscaba anotarse un tanto antes del parón estival para evidenciar la debilidad parlamentaria del Gobierno votando junto a Vox y Junts.

Aunque Feijóo presume de manera frecuente de que el PP es un partido "de Estado" —de hecho, sostiene que es el único que hay en nuestro país— ha desdeñado cualquier acercamiento con el Gobierno de Sánchez y solo se ha abierto a pactar la reforma del CGPJ tras las europeas —sin convocatorias electorales a la vista— tras bloquear su renovación desde que accedió al cargo. Cuando llegó a la presidencia del PP hace ya dos años, prometió desterrar el frentismo y abrir una nueva etapa donde fueran posibles los pactos de Estado, pero lo cierto es que ese giro nunca llegó a producirse y ahora Génova lo que prioriza es el choque con el Gobierno de Sánchez. Cuando es La Moncloa quien plantea la necesidad de llegar a acuerdos, Feijóo se echa para atrás. En esta legislatura el conservador solo ha suscrito un pacto con el PSOE para reformar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término de "disminuidos".

El Ejecutivo de Sánchez pide al PP que, además de un acuerdo en torno a la migración, también se adhieran al nuevo Pacto de Estado contra la violencia machista, den su visto bueno a la reforma sobre la financiación autonómica y también participen en plan de regeneración democrática. Respecto al primero de ellos, el ministerio busca actualizar el pacto alcanzado en noviembre de 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy como presidente y con el PSOE gobernando por una gestora —Sánchez había dimitido bajo la presión de la vieja guardia del partido apenas unos días antes—. Más complicado parece convencer al PP de Feijóo de la financiación y la regeneración democrática, aunque ambas formaban parte de los pactos que el líder del PP le propuso alcanzar a Sánchez tras el 23J.

La llamada a la negociación de pactos de Estado es una constante de los últimos años, especialmente sobre aquellas materias de especial relevancia para las dos fuerzas que han dominado la política española durante 40 años. La excusa siempre es la misma: asuntos que se quieren sacar del debate ideológico porque, teóricamente, deben permanecer al margen del cambio de orientación del Gobierno. Sin embargo, lo cierto es que los pactos de Estado con participación de la izquierda y la derecha han sido muy escasos en democracia. De hecho, la mayoría de ellos se cerraron con la derecha en el Gobierno y la izquierda en la oposición.

En la Junta Directiva celebrada el lunes el vicepresidente canario, Manuel Domínguez, trató de convencer a la plana mayor de su partido para que el PP facilitase la admisión a trámite de la ley de extranjería, poniendo ejemplos concretos de menores migrantes en situaciones muy complicadas. Sin embargo, otros presidentes autonómicos como el murciano Fernando López Miras y el valenciano Carlos Mazón insistieron en el rechazo a la reubicación obligatoria de menores entre las comunidades, tal y como Canarias pactó con el Gobierno central, alegando que estaban también al límite de su capacidad. La madrileña Isabel Díaz Ayuso también se opuso y dirigió el foco a la situación del aeropuerto Madrid Barajas. Por su parte, el discurso de Feijóo fue inequívoco: el PP no acepta "trágalas", afirmó.

Según explican fuentes de la dirección del PP, el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, solicitó este martes al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que el Gobierno se comprometiera a aceptar cuatro de las seis peticiones que le trasladó la pasada semana a cambio de no tumbar la norma: que el Ejecutivo central financiara al 100% la acogida de menores migrantes, declarara la emergencia migratoria en toda España, convocara a la conferencia de presidentes e impulsara un mecanismo para que el Gobierno se haga cargo del gasto cuando las comunidades autónomas estén saturadas. Unas peticiones que podrían haber incluido a través de enmiendas si hubieran dejado que el trámite continuara, como les reclamaba el Ejecutivo.

Antes de celebrarse la votación, la diputada encargada de defender la posición del PP, Ana Alós, instó a los partidos de Gobierno a retirar la proposición de ley "Póngase de verdad a negociar si tienen voluntad para ello, convoquen una conferencia de presidentes de forma inmediata y un pleno extraordinario monográfico para debatir sobre migración y tendrán soluciones para este problema que sufre Canarias y el resto de España", señaló. "Dejen de hacer demagogia: sentimientos tenemos todos, pero responsabilidad parece que no", añadió.

El PP está forzando el choque hasta el punto de que todas las comunidades autónomas en las que gobiernan, a excepción de las islas, han anunciado este martes que presentarán recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo para denunciar la negativa de Sánchez a convocar la conferencia de presidentes. Tampoco se ha unido, por el momento, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan José Vivas, que es, junto con Canarias, uno de los más afectados por la migración. Aunque Feijóo asegura que la "solidaridad" del PP está garantizada cuando se trata de menores migrantes, su decisión de votar en contra de la reforma de la Ley de Extranjería evidencia que la estrategia de los conservadores sigue otros derroteros.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que debe hacer "cesiones", como hace con sus socios parlamentarios, si quiere el apoyo del Grupo Popular a la reforma de la Ley de Extranjería que se vota este martes en el Pleno del Congreso, subrayando que las exigencias de su partido son de "mero y simple sentido de Estado". Tras recriminar al Gobierno que siga sin "hacer nada" para solucionar la crisis migratoria, ha defendido la solidaridad del PP con las personas que llegan a España jugándose la vida, pero ha hecho hincapié también en la seguridad.

"Solidaridad sí, pero seguridad también", ha afirmado Feijóo ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, donde ha recordado que "los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle".

El Pleno del Congreso acogerá el martes 23 de julio el debate de toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron hace cinco días con el objetivo de fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en Canarias como sucede en este momento.

A los promotores de esta iniciativa les bastaría una abstención del Grupo Popular para que la norma arrancase su tramitación parlamentaria, pero el PP confirmó este domingo su "no" al Gobierno -tras un contacto entre el ministro Ángel Víctor Torres y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado- después de que no se haya aceptado ninguna de sus exigencias.

Feijóo ha acusado al Gobierno de "mirar para otro lado" ante la situación migratoria, pese a que las comunidades autónomas llevan un año advirtiendo del "colapso del acogimiento". Según ha subrayado, Sánchez lleva "más de seis años en el Gobierno" de España y "no han hecho nada" en materia migratoria sino que ahora recurre a la "improvisación" porque busca "quitarse el problema de encima, no resolverlo".

"Una improvisación que descarga en las comunidades autónomas las responsabilidades que el Gobierno no ejerce. Y una improvisación con la que se quiere cronificar esta crisis en vez de atajarla", ha apostillado.

Tras asegurar que el PP "no tiene que acreditar la solidaridad" porque "nunca" dejarán "un ser humano en la orilla, mucho menos a un menor", ha advertido al Ejecutivo que no puede usar la "cuestión humanitaria para chantajear al primer partido de la oposición ni para desdeñar las propuestas razonables" del PP y sus CCAA, que han "arrimado el hombro" ante lo que está ocurriendo.

De hecho, Feijóo ha indicado que hoy mismo se reúne la Conferencia sectorial de inmigración para acordar un cambio en el reglamento de extranjería y, dos horas antes de ese encuentro, "las comunidades ni siquiera tenían el borrador que se iba a someter a votación". "No parece la mejor manera de llegar a acuerdos", ha exclamado, para agregar que "los desplantes al primer partido de la oposición y primer partido en las Cortes son continuos".

Feijóo ha afirmado que hace una semana les llamaron "ultras en redes sociales" y les "insultaron en sede parlamentaria" pero "unos días después pretenden un trágala". "Pues no. Cada decisión que Sánchez ha adoptado en esta legislatura ha sido en base a cesiones a sus socios, pues si quiere pactar con el PP tendrá que recorrer el mismo camino, con una diferencia: las exigencias que nosotros le ponemos sobre la mesa son de mero y simple sentido de Estado, lo contrario, por supuesto, que sus socios independentistas", ha resaltado.

El líder del PP ha indicado que, si otros países "han reducido la llegada de inmigrantes en situación irregular, por qué "España no es capaz" y "es uno de los destinos preferidos por las mafias internacionales". "¿Por qué este gobierno no se deja de frivolidades y se dedica a tomar en serio los problemas serios? ¿Y por qué no nos dejamos de consignas demagógicas desde uno y otro lado y hablamos de verdad sobre lo que está sucediendo?", ha preguntado.

En este punto, ha defendido la solidaridad del PP pero también ha puesto el foco en la seguridad porque "los españoles tienen derecho a salir tranquilos a la calle", vinculando así la inmigración irregular con la inseguidad ciudadana.

"Somos una nación con valores y esos valores incluyen auxiliar y dar apoyo al que lo necesita, pero también incluyen el respeto a la cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales, a la libertad de poder sentirse seguro uno en su casa", ha apostillado.

El líder del PP ha recordado que hay "miles de inmigrantes regulares que han hecho de España la nación que es" y para los que España "es su casa", pero "no puede serlo para quien viene con otra aptitud y con otra intención". "Nosotros estamos con los millones de españoles que así lo creen, inmigrantes incluidos", ha manifestado.

Finalmente Feijóo ha dejado claro que el PP no va a "ceder ante ninguna presión, ni gubernamental, ni partidista, ni mediática" sino que seguirá actuando conforme a su "deber de servicio a los españoles". "Probablemente este Gobierno ya no tiene remedio, pero España sí lo tiene", ha dicho.

Así, ha garantizado a los ciudadanos que el PP no se va a "acomodar como oposición para que el Gobierno campe a sus anchas" y va a señalar a los españoles que hay otra alternativa ante este Gobierno "pésimo". "Os invito, y yo intentaré ser el primero, a que mostremos a los españoles en el tiempo que tenemos por delante que no hay que resignarse, que hay una España con ambición, que hay esperanza, que hay soluciones, que hay un mejor proyecto para los españoles y que pronto habrá otro Gobierno", ha concluido.

La diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido, ha abroncado este miércoles al Pleno de la Cámara Baja después de la muerte de una bebé, de dos años, que había llegado el lunes a la isla de El Hierro a bordo de un cayuco. "Dejénse de chorradas. Esto es una crisis humanitaria", ha afirmado la diputada leyendo el comentario de un médico en X, que es "una fotografía de lo que ocurre".

Así lo ha dicho durante su intervención en el Pleno del Congreso que acoge la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para exponer propuestas sobre regeneración democrática y dar cuenta del último Consejo Europeo.

La diputada ha leído un comentario en X, "de los muchos que podría leer", que es "una fotografía de lo que ocurre, viene ocurriendo y va a seguir ocurriendo". "SOS, soy médico de urgencias de la isla de El Hierro. Hoy he llegado a la guardia y mis compañeros estaban llorando. Pues me he puesto a trabajar y he acabado llorando yo también. Señores políticos, déjense de chorradas. Esto es una crisis humanitaria y está en Canarias", ha parafraseado Cristina Valido, quien ha recordado que una niña de dos años, que había llegado el lunes a la isla de El Hierro a bordo de un cayuco, murió.

"Ya no aparecen en primera página. Se acabó la foto de los niños muriendo al llegar a la orilla después de semanas de estar a la deriva sin alimentación y sin agua. Y esto no es un bulo", ha manifestado la diputada, que ha defendido que la modificación de la Ley de Extranjería no es "para resolver un problema" de Canarias, sino que "es de todos".

Asimismo, ha afeado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que Canarias "no está en ninguna parte" del documento que recoge las conclusiones de los Consejos Europeos, "a pesar de ser la mayor tragedia humanitaria fruto de la inmigración que tiene Europa en su frontera sur".

"Las prioridades son la seguridad, la competitividad y la democracia. Y yo les pregunto a ustedes: ¿De qué democracia puede presumir un Estado que discute los derechos fundamentales, los derechos humanos de la infancia migrante?", ha planteado la diputada en su intervención ante el Pleno de la Cámara Baja.

De esta forma, ha pedido a Pedro Sánchez, "por favor, que lidere medidas urgentes para esta tragedia, porque el proyecto de ley y su tramitación requieren un tiempo que no tienen los niños", y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo que "haga sus palabras una realidad".

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al jefe del Ejecutivo no mencionar el "problema" de la migración durante su discurso. "Ha venido aquí a darnos sermones y, en cambio, se resiste a hablar de la política migratoria que no tiene este Gobierno", ha aseverado.

Núñez Feijóo ha defendido que "España necesita una migración regulada" y afrontar "con urgencia" la inmigración "irregular y descontrolada", ante datos que considera "alarmantes".

"¿Va a declarar la emergencia migratoria nacional? ¿Va a convocar una Conferencia de Presidentes urgente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir recibiendo inmigrantes de forma irregular sin hacer nada? Solidaridad sí, seguridad también, señor Sánchez. Señor Sánchez, póngase a trabajar en los temas realmente necesarios", ha enfatizado.

Por su parte, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aprovechado sus cinco últimos minutos para hablar de los menores migrantes no acompañados, "porque este asunto al final no se trata y cuando sale es un pseudodebate simplón y que no acaba de entrar en el meollo de la cuestión". Esteban ha avisado de que hay un problema "acuciante" que, a su juicio, "va a durar", no solo en Canarias, sino en todas las comunidades.

El portavoz del PNV ha defendido que esta situación "no se va a evitar con la Marina". "Esto es un problema estructural de medios, de organización, de asunción de responsabilidades por parte de la gente", ha afirmado, para después reclamar "una asignación e identificación de la persona y asignar un tutor" a los menores, así como "más medios para la clasificación, también médicos, a la hora de ver si son menores o no son menores".

"La frontera es del Estado", ha recordado Esteban, quien ha censurado que "hay comunidades autónomas que no asumen su responsabilidad" y ha señalado "el ejemplo paradigmático" que, en su opinión, es "La Rioja".

Desde Vox, su líder Santiago Abascal ha afeado al PP "fingir discutir sobre calidad democrática" con el PSOE "semanas después de haber votado a favor de iniciar los trámites para una regularización masiva de medio millón de personas, que no cumplen la Ley de Extranjería, que no respetan las leyes".

Además, ha afirmado que esta medida crea "un brutal efecto llamada que pagará Canarias". "Luego querrá que paguen todos los españoles con lo que ustedes llaman el reparto de la solidaridad y no es más que el reparto de la inseguridad y de la ruina", ha subrayado.

Por su parte, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha tachado de "vergonzoso" el debate sobre el reparto de menores migrantes solos llegados a Canarias entre las distintas comunidades autónomas. "El nivel de odio, mezquindad y egoísmo que algunos de ustedes están mostrando hacia niños y niñas necesitados de protección y acogida es, de verdad, de vergüenza ajena", ha aseverado, para después añadir que se trata de "niños y niñas que no tienen nada, ni familia, ni medios de vida, ni dónde ir, ni a dónde volver".

"Bastante duro debe de ser la miseria que dejan atrás, como para encontrarse de bruces con la miseria que ustedes transmiten hacia ellos y hacia ellas aquí", ha declarado, al tiempo que ha añadido: "Euskal Herria fue y también ahora será una tierra de acogida".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha recalcado este miércoles que no se puede ser "independentista y racista" porque no existe una "Cataluña pura", al tiempo que ha proclamado que "no hay un problema con la inmigración, sino que el problema es que hay muchos fachas, incluso con estelada".

Rufián ha aprovechado su turno para sacar a colación el debate sobre la inmigración que estos días copa la actualidad por la discusión sobre el reparto de menores migrantes no acompañados.

"No se puede ser independentista y racista. De hecho, estas dos condiciones niegan la condición independentista, porque no se puede crear una Cataluña plena si es pura porque no existe la Cataluña pura. Somos el fruto de una mezcla y así ha de ser", ha indicado Rufián.

Además, ha avisado de que quién no entienda esta premisa o "no quiere ganar o simplemente quiere volver a una esencia perdedora. Al menos una persona tiene que hablar con los de afuera, el resto que hable con los de dentro, pero al menos una, tiene que hacerlo si quieren ganar", ha concluido, en velada referencia a Junts.

La coincidencia ha querido hacernos disfrutar del triunfo de la selección española ante Francia al tiempo que se aborda el drama de la reubicación de los menores en Canarias. Cualquiera de los niños y niñas en las islas podría ser Lamine Yamal, hijo de un marroquí y una guineana criado en un barrio humilde de Mataró de código postal terminado en 304, el gesto de celebración y reivindicación de Yamal. Y podría ser Nico Williams, después de que sus padres entraran en España de manera irregular. No son menores no acompañados, pero podrían haberlo sido. Nico Williams ha recordado cómo sufrió su madre andando descalza por el desierto, cómo se “partió el lomo” y su padre fue a Londres para alimentarlos. La gesta de Nico Williams, de 21 años, conoce el efecto del racismo. “Nadie viene a robar a nadie. Mi madre es una luchadora. Mi padre ha luchado como el que más. Venimos a tener un pan, un techo, un mejor futuro”. Y enfrente de esta gesta, un debate muy lejos de estar a la altura.

Vox no es capaz de mirar de frente a los jugadores de la Eurocopa. Porque además de antipatriotas, son racistas. El escuadrón político de la xenofobia lleva una semana enarbolando políticas migratorias de ilegal aplicación en España, fuera del marco del Pacto Migratorio Europeo. Su único fin es agitar la confrontación de la sociedad española contra el que ha llegado de fuera. Convertir al migrante en objetivo a batir y ampliar la base electoral desde ahí. Muy en la línea de la armada “protegiendo la frontera” de los cayucos, lo que convierte al que llega en “enemigo”.

El PP ha utilizado dos lenguajes. La “solidaridad” de Alberto Núñez Feijóo con el reparto territorial de los migrantes y los subtítulos de Miguel Tellado mandando al Ejército. Se ha agitado la “avalancha”, “alarma” e “ilegales” al tiempo que no hay ninguna concreción de qué significa y en qué se traduce la solidaridad. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha pedido una solución estructural. Un SOS de solidaridad a las comunidades autónomas permanente en el tiempo. Para esto, la reforma de la Ley de Extranjería es imprescindible. Y el PP podría tumbarla. Una solidaridad de boquilla porque los números de hoy son irrisorios y las comunidades que más menores acogerán no pasan de 30. El PP y Vox han tensionado el debate desde hace una semana por 347 niños cuando hay unos 6.000 menores esperando en Canarias. Y todo, dando la espalda a una respuesta que solo puede aterrizar en un pacto de Estado.

La ley es imprescindible para organizar los criterios de distribución, condiciones y un sistema de protección eficaz. Y es contradictorio criticar a Junts por no querer recibir menores en Cataluña y a la vez no aprobar una ley por encima de las tentaciones y supremacías territoriales. Una norma que escape a las presiones propias del ADN de Vox; las de Junts en su competición con la extrema derecha de Alianza Catalana; o la de Madrid en la confrontación de Ayuso con Feijóo y el Gobierno.

Ha hecho bien el PP en plantarse a los ultras. Primero, es un órdago que los de Santiago Abascal no cumplirán (las comunidades donde gobiernan ya gestionan a menores no acompañados) y porque los populares tampoco pueden quedarse atrapados en Vox en política migratoria. Hace una semana Abascal decidió salirse del marco español y europeo. Se ha empotrado en el grupo del autócrata Viktor Orbán el mismo día que el primer ministro húngaro visitaba en Moscú a Vladimir Putin. El PP puede presumir de haberse plantado en el debate migratorio, pero con las últimas decisiones de Vox y los ultras, la única alternativa coherente es romper. Y si la solución Canaria queda en esos 347 menores será muy difícil de justificar que estamos hablando de unas migajas de solidaridad o de estar a la altura de una respuesta política y humanitaria.

El PP dio este martes un paso al frente y, empujado por la iglesia y los empresarios que demandan trabajadores extranjeros, y se sumó a la apertura de un debate en el Congreso de los Diputados para abrir la puerta a una regularización de migrantes. Será, si llega a materializarse, la primera que tenga lugar en España desde 2005.

La formación de Alberto Núñez Feijóo no ha dado detalles de hasta dónde están dispuestos a llegar, pero su líder, en una entrevista radiofónica, prometió abiertamente “una solución” para los extranjeros en situación irregular que viven y trabajan en nuestro país. 

“Hay un debate que debemos de dar y debemos de zanjar con los migrantes que viven y trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país”, señaló.

La actitud del PP de Feijóo, que hasta ahora nunca se había manifestado a favor de una regularización, facilitó que este martes el Congreso diese luz verde a la tramitación de una iniciativa legislativa popular que persigue precisamente solucionar el problema en el que viven decenas de miles de extranjeros en España. Aunque su voto no era necesario, porque la propuesta solamente contó con la oposición de la extrema derecha de Vox.

Un consenso insólito e inesperado, al tratarse de un asunto que divide a PSOE y PP desde los tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero, y que abre al mismo tiempo una brecha profunda entre la derecha de Feijóo y los ultras de Santiago Abascal.

Cerrar las fronteras y expulsar a todos los migrantes, tengan o no arraigo y empleo, es una de las principales señas de identidad de Vox desde su creación y un objetivo que la extrema derecha trasladó a sus acuerdos de gobiernos con el PP en comunidades y ayuntamientos. Los ultras planean hacer de este asunto uno de los ejes de su oferta electoral en las europeas de junio, especialmente ahora que el PP parece dispuesto a apoyar una regularización.

Lo dejó claro la diputada ultra Rocío de Meer, que en el debate en el Congreso reprochó a los promotores de la iniciativa, entre los que están organizaciones sociales de la iglesia católica, pensar “que las naciones son una cosa facha”. 

La extrema derecha se opone a la regulación con el argumento de que quieren que “España siga siendo España y no Marruecos, ni Argelia, ni Nigeria, ni Senegal”. E insiste en relacionar a los migrantes con la delincuencia en general y la violencia sexual en particular. Son personas que viven en “la precariedad, en la pobreza, en las economías sumergidas, pidiendo en los semáforos durante diez años sin otro futuro y sin otro recorrido”.

Todos los partidos e incluso la Iglesia, acusó, son culpables de una situación que pone en peligro la cultura, modo de vida, costumbres y la “visión sobre el bien y el mal” de los españoles. “Si importas 200.000 nigerianos de uno de los países más inseguros y donde más se persigue a los cristianos del mundo, tendrás yihad aquí. Y ustedes no quieren traer 200.000. Han dicho que quieren traer a siete millones de personas de estos países”, proclamó De Meer. “Cambiarán nuestros barrios y nuestra configuración social y política”, profetizó.

La portavoz del PP en materia de migraciones, Sofía Acedo, rehuyó el debate con sus socios en comunidades y ayuntamientos y se limitó a anticipar que el PP daría “salida a esta toma en consideración”, pero únicamente “para que se aborde con responsabilidad”. Y solo “porque Cáritas y otras entidades que cuidan y trabajan con los migrantes nos lo han pedido”, así como “los empleadores que necesitan, imperiosamente, mano de obra”.

En todo caso, advirtió, el PP se reserva su posición final a la espera de que el debate saque a la luz “la población objetiva que, a día de la fecha, se encuentra en una irregularidad sobrevenida en nuestro país” y que, asegura, el Gobierno “oculta para esconder su fracaso” en materia de migraciones. 

El problema, en todo caso, acusó Acedo, es culpa del Ejecutivo. Sea por “la entrada por vías irregulares, por pérdida del permiso de trabajo por una penalización, por exceso de burocracia, por las dilaciones en los procedimientos administrativos como consecuencia del abandono al que tiene sometido el Gobierno a las oficinas de extranjería o por no haber sido beneficiario de la protección internacional solicitada”.

La toma en consideración abre el debate para determinar las condiciones concretas en las que se puede acceder a un permiso de trabajo y residencia y viceversa, pero debe incluir también, advirtió, el abordaje de los mecanismos de expulsión cuyos expedientes “el Gobierno no está ejecutando”. “No sería responsable ni positivo lanzar el mensaje de que en España las vías irregulares de llegadas acaban siendo homologadas a través de los procedimientos extraordinarios de regularización”, remarcó. “No pueden contraponer permanentemente el necesario y exigido control de nuestras fronteras con el respeto a los derechos humanos”.

Según Feijóo, “es evidente que tenemos un problema de trato con los migrantes sin papeles en nuestro país, pero también tenemos un problema de que España en este momento es el mayor coladero de las mafias que impulsan a los migrantes a llegar de forma ilegal a las costas españolas. Y el problema es encontrar el justo término”.

El resultado de la votación arrojó un consenso poco frecuente estos días en el Congreso: 310 votos a favor (incluido el PP) y 33 en contra (únicamente los de Vox).

La posición fijada por el PP en torno a esta regulación cambia, de forma inesperada, el rumbo fijado durante la etapa de Pablo Casado como presidente del partido, contrario radicalmente a lo que llamaba despectivamente una política de “papeles para todos”. 

De hecho, en el programa con el que Feijóo se presentó a las elecciones el pasado 23 de julio no hay ni rastro de propuesta de regularización alguna y sí, en cambio, numerosas medidas dirigidas a reforzar el control de las fronteras y a expulsar extranjeros en situación irregular.

Si el actual presidente del PP acaba sumándose a este intento de regularización, no hará otra cosa que seguir el camino que ya transitó José María Aznar, que cuando era el líder de la oposición apoyó la segunda regularización impulsada por Felipe González, en abril de 1991.

El entonces diputado del PP Javier Rupérez, respaldó entonces una “interpretación favorable a los derechos del extranjero, a sentimientos y a realidades de solidaridad, a una comunidad nacional comprensiva y compasiva”. Ante la “vecindad africana” no cabía “construir un espíritu de barrera”. “Ni por razones prácticas, ni por razones teóricas, ni por razones de filosofía o de creencias”, añadía, defendiendo “una pedagogía antirracista, antixenófoba, integradora y generosa”.

Ya como presidente, Aznar no hizo nada por derogar ni frenar el reglamento de extranjería redactado por los socialistas y que dio lugar a miles de regularizaciones. Y en el año 2000 aprobó la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España que establecía como condiciones para la regularización estar en España desde antes del 1 de junio de 1999, haber tenido algún permiso desde 1986 o ser familiar de los solicitantes. Un real decreto permitió revaluar solicitudes con criterios más flexibles de los que se beneficiaron casi 200.000 personas.

El reglamento de extranjería de 2001 fue parte esencial de la cobertura a una nueva regularización ese año, que ponía como requisitos estar en España desde antes del 23 de enero de aquel año, haberse incorporado al mercado de trabajo y vínculos familiares con extranjeros legales o con españoles. Por esta vía lograron regularizar su situación más de 230.000 migrantes.

Con Aznar en la oposición o en La Moncloa la inmigración no llegó a ser objeto de refriega política de primera línea. Actuó con criterios economicistas y abrió la mano a las regulaciones. No recibió por ello críticas ni se le acusó de repartir “papeles para todos”. 

Lo que sí creció durante los ocho años de Aznar fue la bolsa de inmigración de irregular, al menos 700.000, según desveló a su llegada al gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que cambió a partir de entonces fue la posición del PP. Ya con Mariano Rajoy como líder de la oposición, la derecha colocó la inmigración en el centro del debate y el PP la convirtió en arma de oposición.

Rajoy empezó el mismo 2004 a exigir mayor control sobre la inmigración. A juicio del dirigente conservador, la política de Zapatero al respecto era “un disparate” y se opuso a la regularización aprobada por su Gobierno. 

Los permisos de trabajo concedidos a ciudadanos extranjeros se han disparado un 42,3% desde el pasado mes de octubre, cuando entró en vigor la reforma del reglamento de Extranjería promovida por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que flexibilizó los requisitos. Según las estadísticas que publicó el pasado miércoles el Ministerio de Trabajo, entre octubre de 2022 y mayo de 2023, el último mes del que ofrece datos, se han otorgado 157.208 autorizaciones, 46.766 más que entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Pero en los tres últimos meses del año pasado, el aumento fue muy superior, de un 63,6% respecto al último trimestre de 2021. Gracias a ese tirón final, el número total de permisos concedidos a extranjeros para trabajar en España fue de 198.752 en 2022, un 46,2% por encima de los aprobados en 2021. Es la cifra más elevada desde 2013.

Desde ese año, 2013, cuando se otorgaron 180.259, las autorizaciones no dejaron de caer hasta 2017, llegando a un mínimo de 111.323. Entonces comenzaron una remontada que explotó el año pasado. Y que previsiblemente se superará en el ejercicio en curso, puesto que entre enero y mayo se han aprobado 93.866 permisos de trabajo, un 30,7% más que en el mismo periodo de 2022.

Una parte del auge de los permisos de trabajo se debe a un nuevo tipo de arraigo creado con la reforma impulsada por el ministro José Luis Escrivá: el arraigo por formación. Desde el pasado septiembre al 14 de mayo de este año, 28.681 personas han solicitado una autorización de esta clase y 12.348, el 43%, la consiguieron, según cifras facilitadas a infoLibre por el Ministerio de Seguridad Social.

“[La nueva figura del arraigo por formación] ha sido todo un éxito”, resume José Antonio Moreno, responsable de Migraciones de CCOO, quien asegura que está siendo “muy bien recibida por algunas empresas”. En algunas provincias, incluso, los arraigos por formación han superado a los laborales y sociales, “que eran los clásicos hasta ahora”, apunta Moreno.

En julio de 2022 el ministerio aprobó una reforma del Reglamento de Extranjería que pretendía “favorecer la incorporación al mercado laboral” de extranjeros que se encuentran en España, “reforzar las vías de migración regular y mejorar el sistema de gestión”, que adolece de procedimientos “lentos e inadecuados”. Desde entonces, se permite a los estudiantes extranjeros compaginar su formación con el trabajo, siempre que éste no supere las 30 horas semanales. Además, ya no se les exige una estancia de tres años para obtener un permiso de trabajo una vez finalizados los estudios.

También se concede el permiso de trabajo por arraigo laboral a quienes, en situación irregular, llevan al menos dos años con un trabajo legal y a quienes, habiendo trabajado seis meses en la economía sumergida, denuncien a la empresa. Para conseguir el permiso por arraigo social, basta ahora con que el contrato del trabajador extranjero le garantice el cobro del salario mínimo interprofesional (SMI), independientemente de su duración. Finamente, la reforma creó un nuevo modelo de arraigo, por formación, que da acceso a un permiso de residencia de 12 meses a quienes lleven en España dos años, si cursan una formación reglada para el empleo.

El ministerio destacó en su día que se trata de una figura inspirada en otra alemana, denominada Duldung o estancia tolerada. Este mecanismo no otorga el permiso de residencia, pero detiene la expulsión de quien no lo tiene. Lo conceden los Länder por periodos de tiempo variables, también son distintos los derechos que tiene asociados: sólo algunos estados federados permiten el acceso al mercado laboral tras haber participado en programas de formación profesional. Según el Ministerio del Interior alemán, 247.290 personas tenían una estancia tolerada en la primera mitad de 2022, de los cuales 136.605 llevan más de cinco años en el país.

En España, la “flexibilización” de los requisitos para conseguir un permiso de trabajo tuvo un recorrido largo y controvertido. Porque tanto los sindicatos como el Ministerio de Trabajo veían con muchos recelos las propuestas de José Luis Escrivá, que en cambio contaron con el apoyo de la CEOE. Los empresarios llevan tiempo quejándose de que no encuentran trabajadores para ciertos puestos. Por el contrario, tanto CCOO y UGT, que critican la reforma porque a su juicio genera migrantes de primera y de segunda, como la ministra Yolanda Díaz replican que no faltan trabajadores sino “condiciones laborales dignas”.

El número de vacantes en España era de 149.645 en el primer trimestre, de acuerdo con la última Encuesta Trimestral de Coste Laboral que elabora el INE. El 89,2% se encuentra en el sector servicios. En la construcción hay 6.200 vacantes.

“No es cierto que haya déficit de mano de obra”, rechaza tajante José Antonio Moreno. “En la UE estamos a la cola de esa carencia junto con Polonia, Bulgaria y Rumanía”. Según Eurostat, la tasa de vacantes española es del 0,9%, mientras que Bélgica, Países Bajos y Austria tienen la mayor, un 4,7%. Además, España es líder en sobrecualificación de sus trabajadores –el 35,9% están empleados en puestos muy por debajo de la formación que han adquirido, la media europea es del 22,2%, según Eurostat– y uno de los países con mayor tasa de paro de la UE, el 11,6%, con 2,7 millones de desempleados, enumera el responsable de CCOO. “Lo que hace falta es fomentar la empleabilidad en el mercado laboral español, lo que significa fomentar no sólo la de los trabajadores españoles”. Los sindicatos temen que rebajar los requisitos como ha hecho el Gobierno permita un “ejercicio de oportunismo por parte de las empresas: en lugar de mejorar las condiciones laborales de las plantillas, van a contratar por mucho menos a trabajadores extranjeros”.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de UGT, atribuye a los buenos resultados del arraigo por formación el aumento de los permisos concedidos pese a la desconfianza que, en principio, les suscitaba la nueva figura. Admite que si los extranjeros consiguen así salir de la economía sumergida, no es mala solución, siempre que los empleos a los que accedan tengan “las mismas condiciones que el resto de los trabajadores”. Para eso tienen que implantarse “controles muy rigurosos”, tanto en lo que se refiere a la formación como en las empresas, reclama. infoLibre ha preguntado por los resultados de la reforma de Escrivá tanto a la CEOE como a Cepyme, pero no ha obtenido respuesta.

Analizando las ocupaciones en las que se han concedido permisos de trabajo se comprueba en qué tipo de trabajos se reclama a los extranjeros. Los permisos que más han aumentado en los primeros cinco meses de este año respecto a 2022 corresponden a extranjeros que trabajan en bares y restaurantes, un 59,7%, seguidos de los trabajadores cualificados de la construcción, un 55,6%, y los peones de la construcción, un 34,9%. Sin embargo, el mayor volumen de autorizaciones lo han conseguido las empleadas domésticas, 26.966, que también han crecido de forma apreciable en lo que va de año: un 31,6%. Tras ellas se sitúan los peones agrícolas, 12.570 permisos, pero han aumentado menos, un 15,4%.

No obstante, no todas son autorizaciones para trabajadores poco cualificados. Se han concedido permisos de trabajo para 5.483 técnicos, científicos e intelectuales extranjeros –un 20,2% más que en 2022– y 1.518 para ejecutivos.

Estas cifras no incluyen los contratos en origen, que también subieron en 2022, el último año del que ofrece datos el Ministerio de Trabajo: se firmaron 18.565, un 29,2% más que en 2021, pero aún por debajo de los 18.987 suscritos en 2019, antes de la pandemia.

Por nacionalidades, los permisos concedidos a ciudadanos colombianos casi se han duplicado en los primeros cinco meses de este año respecto del mismo periodo de 2022: han crecido un 99,5%, hasta alcanzar los 13.292. Pero el mayor número de autorizaciones se ha otorgado a ciudadanos marroquíes, un total de 15.697, un 25,3% más que el año pasado. También han crecido por encima del 40% los conseguidos por hondureños y peruanos. Los de senegaleses, un 38,9%. Por el contrario, los de venezolanos sólo han aumentado un 3,5%, mientras que los aprobados para ucranianos se han hundido un 44,6% y fueron sólo 1.363.

El catálogo de ocupaciones de difícil de cobertura –los trabajadores que se pueden contratar en el extranjero– también fue objeto de enfrentamiento entre el Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos. Tras meses de tira y afloja, Escrivá consiguió ampliar el número de ocupaciones, hasta ahora limitado a deportistas profesionales y a empleos relacionados con la Marina Mercante. Desde ahora, incluye siete ocupaciones más, todas de la construcción, pero no la treintena, de todos los sectores, que quería incorporar el ministerio: carpinteros de aluminio, metal y pvc, montadores de carpintería metálica, aluminio y pvc, instaladores electricistas de edificios y viviendas, instaladores electricistas en general, conductores-operadores de grúa en camión, conductores-operadores de grúa fija en general y conductores-operadores de grúa móvil.

“Éramos reacios a abrir el catálogo sin analizar antes de qué ocupaciones había déficit por provincias y sectores”, explica Cristina Antoñanzas, “pero finalmente accedimos a esas siete nuevas ocupaciones que pedían las empresas de la construcción”. “Vamos a ver cómo funcionan, porque el catálogo se revisa cada trimestre”, adelanta.

El Ministerio de Seguridad Social explica a infoLibre que el catálogo se ha elaborado “en consulta con los agentes sociales, a partir de las necesidades constatadas por los servicios de empleo públicos y en consulta con los distintos ministerios”. De hecho, asegura que su papel ha sido “más el de facilitadores y canalizadores de las demandas que llegan tanto desde los territorios y desde los sectores” que de “promotores de listados”. José Antonio Moreno lo niega: “El ministerio no canaliza nada, son las empresas las que comunican sus ofertas de puestos de trabajo a las comisiones provinciales de empleo y éstas a las comisiones autonómicas, que las trasladan a la Comisión Laboral Tripartita”, describe.

Los sindicatos ven en los afanes de rebajar los requisitos para contratar a trabajadores extranjeros una cesión del ministro ante las presiones de los empresarios, ansiosos por encontrar mano de obra más barata. Pero el ministerio insiste en que la mitad de las empresas declara que tiene problemas de escasez de personal y, el pasado junio, volvió a rebajar los requisitos para conceder el arraigo por formación, reduciendo el número de horas de los cursos exigidos y ampliando el tipo de trabajos en los que se puede contratar a los extranjeros: antes tenía que ser exactamente en los empleos para los que se les había formado; ahora puede ser en cualquiera perteneciente a la familia de ocupaciones de que se trate.

Además, para obtener el arraigo, ahora les bastará con tener "experiencias de aprendizaje de corta duración" –cursos cortos– que les permitan conseguir “microcredenciales”, una figura impulsada por la Comisión Europea. El gran aumento de los permisos reflejado en las estadísticas antes citadas se ha producido, por tanto, antes de esa segunda “flexibilización” recién aplicada.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado que en España, los migrantes en situación irregular tardan, de media, siete años y medio en regularizar su situación. "De facto, estamos arraigando a los 7 años y medio, es decir mantenemos en España de manera irregular 7 años y medio", ha precisado Escrivá, este jueves, durante su ponencia 'Next Generation UE, un mecanismo frente a la desigualdad', en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial, según informa Europa Press.

Si bien, ha precisado que muchos migrantes acaban trabajando como autónomos y, en este sentido, ha precisado que los autónomos, a los tres años, en principio, se pueden arraigar en España, siempre que encuentren un trabajo. El año pasado, según ha precisado, el Gobierno dio unos 200 permisos de autónomo.

Por otro lado, Escrivá se ha referido a los desplazados de la guerra de Ucrania y ha asegurado que España ha hecho un "esfuerzo muy alto" para crear centros propios de acogida y para poder darles permisos de trabajo y residencia "prácticamente inmediatamente".

Además, ha asegurado que están trabajando por su integración y ha precisado que, del total de los refugiados ucranianos que han llegado a España, hay unos 60.000 en edad de trabajar y 10.000 ya han conseguido un empleo.

Asimismo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha avanzado que están "a punto" de aprobar una reforma del reglamento de extranjería y ha puntualizado que va a ir en la dirección de combinar tres dimensiones: la humanitaria, la económica y la del control de fronteras.

"En las fronteras hay que asegurarse de que no entren un cúmulo de personas sin control. Pero después hay una dimensión humanitaria clara, que se manifiesta claramente en los refugiados. Aquellos que huyen de guerras tienen derecho a la protección. Y hay una tercera dimensión que es económica, obviamente nuestras políticas tienen que ir dirigidas a que nuestros jóvenes tengan plenas oportunidades de trabajo", ha explicado Escrivá.

Un informe de las entidades Irídia y Novact publicado este miércoles recoge que entre 2010 y 2019 España deportó a 223.463 personas: de estas, 92.433 lo fueron por procedimientos de denegación de entrada, 56.576 por devoluciones y 74.454 por expulsiones, según recoge Europa Press.

El informe, titulado Vulneraciones de los derechos humanos en las deportaciones, señala que desde 2017 han aumentado todas las modalidades de deportación, y sobre las deportaciones en caliente o expulsiones sumarias, en las que se devuelve al migrante al país a través del que ha llegado a España sin ningún procedimiento administrativo, los autores del informe reprochan que "existe una falta de transparencia flagrante que impide el monitoreo y la rendición de cuentas del Estado respecto esta práctica".

Asimismo, critican que España no "garantiza de manera adecuada el derecho a la defensa letrada de las personas llegadas por vías informales, a las que incoa un procedimiento de devolución, fomentando así un marco de desprotección hacia potenciales víctimas de trata, solicitantes de asilo o menores de edad", y afirman que se producen vistas colectivas en las que jueces ordenan el internamiento de los migrantes, a quienes abogados de oficio tienen que atender de forma grupal.

En cuanto a las nacionalidades de los migrantes deportados, el informe destaca que más del 50% de las expulsiones de personas marroquíes desde la Unión Europea (UE) se hacen en España: en concreto, señala que en 2019 hubo 10.350 deportaciones de personas marroquíes en Europa, de las que 6.380 se hicieron en España.

En este sentido, Irídia y Novact critican que "no existen fuentes de información oficial que especifiquen de qué manera, bajo qué procedimientos, condiciones, transportes, rutas utilizadas o garantías se llevan a cabo estas deportaciones", ya que no hay vuelos de deportación a Marruecos, sino que se hacen por tierra desde Ceuta y Melilla.

En cambio, apuntan que "los vuelos nacionales de deportación siguen siendo la norma", ya que España ha hecho 996 vuelos de deportación en solitario en la última década, y en el mismo periodo ha participado en 263 operaciones coordinadas por Frontex. 

El mismo documento reseña que los contratos públicos relacionados con el sistema de deportación en España han costado 127 millones de euros entre 2014 y 2020, un periodo que suma 456 contratos. Desde 2014, el Estado ha recibido 812 millones de euros de fondos europeos en materia de control y ordenación de flujos migratorios.

Regularización "urgente"

Entre las recomendaciones en la materia, los autores reclaman "un proceso extraordinario y urgente de regularización de las personas migrantes" residentes en España, y apuntan la especial necesidad en el contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus.

También piden derogar la Ley de extranjería y aprobar una ley de control de procesos migratorios que sea "respetuosa con los derechos humanos", además de una ley contra el racismo y la discriminación, así como flexibilizar los supuestos para la regularización.

Irídia y Novact también reclaman eliminar la posibilidad de internamientos cautelares en el CIE y que "cesen las devoluciones de personas nacionales de terceros países a Marruecos, dado que hay evidencias de que son sometidas a torturas y a tratos crueles, inhumanos o degradantes".

Pablo Casado dice sentirse víctima de las fake news. El líder del PP así lo señaló la mañana del jueves, durante un acto en la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) en Valladolid. Lo hacía como respuesta a una noticia que saltó a los medios de comunicación la noche del miércoles de la mano de Newtral, precedida por otro titular de El Mundo fechado a 10 de marzo: "Blindaje a las sin papeles que den a su hijo en adopción". La web hablaba de una propuesta de los conservadores, quienes apostarían por incluir dentro de la anunciada Ley de Apoyo a la Maternidad un supuesto "blindaje" temporal de todas las mujeres migrantes en situación irregular que decidan dar a sus hijos en adopción. De esta forma, argumentan, las mujeres esquivarían el miedo a iniciar procesos de adopción por una posible expulsión. El medio entrecomillaba una respuesta del PP a la pregunta que le plantearon sobre el tema.

Pocas horas después de difundirse la información de Newtral, fuentes oficiales del PP la negaron de forma tajante: "Es falso que el PP proponga no expulsar a mujeres en situación irregular a cambio de que entreguen en adopción a sus hijos. Esto es, literalmente, una barbaridad". Y Pablo Casado respondía, este jueves, durante el acto en la universidad. "Lo que propone el PP desde hace diez años en sus autonomías, en la Comunidad de Madrid, es que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo, tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos que si estuvieran regularizadas", afirmaba el líder del PP. Y añadía que, para evitar casos de abandono de bebés, cuando una mujer "decide entregar al niño en adopción en cualquier institución pública, esa institución decida no incoar el procedimiento de informar de que esa persona está en situación irregular, tal y como exigiría la actual Ley de Extranjería". De esta manera, continuaba, primaría "la protección del menor, de la madre y sobre todo de los facultativos o servicios sociales que deciden no entregar la información de su identidad si está en situación irregular".

Una medida, relataba Casado, "que ya está en marcha, que nunca había sido polémica, que garantiza los derechos de esa mujer que lo que no quiere es ser detenida por dar a su hijo en adopción". La medida que cita el conservador es el Protocolo de Intervención ante Abandonos, adoptado en la comunidad madrileña hace una década. Fuentes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid aclaran que los responsables de llevar a cabo el procedimiento de adopción "no saben si las madres son extranjeras" porque "la renuncia de la madre al bebé es anónima y confidencial". Así lo indica el propio protocolo: "Por respeto a su intimidad [de la madre] sus datos personales sólo constarán en los archivos de las entidades directamente implicadas (Maternidad, Comisión de Tutela del Menor, Registro Civil y Juzgado) y sometidos a la debida reserva". Es un proceso "de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la madre biológica". Sus datos, además, "están sujetos a reserva y sólo se recogen en la partida de nacimiento original y documentos del expediente de adopción".

El documento también recalca que la entrega del niño, "en condiciones de seguridad y de legalidad, no tiene perjuicios legales o administrativos para la madre biológica". Pero no hace ninguna alusión específica a las mujeres extranjeras en situación irregular, de modo que no exige un blindaje explícito a las mismas frente a una orden de expulsión. Desde la Consejería, de hecho, recuerdan no tener "competencia en materia de inmigración y extranjería". La propuesta del PP, asegura Casado, tiene que ver con trasladar lo dictado por el protocolo madrileño a nivel estatal.

La medida, según han ido detallando los conservadores a lo largo del jueves, sería aplicable a las mujeres embarazadas durante el periodo de gestación y hasta la entrega del niño. La confidencialidad que quieren garantizar, sostienen, evitaría que su decisión de iniciar el proceso de adopción pudiera abrir la puerta de su expulsión. Una vez la mujer extranjera dé a luz al bebé y pasada la entrega del recién nacido, sí podría ser expulsada por cualquier otro motivo recogido en la ley. El vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, dijo en declaraciones a EFE que "por razones humanitarias y de protección del menor y de la mujer decimos que este proceso no sirva para iniciar un trámite de expulsión", pero puntualizó que "esto no cambia la situación irregular de esa mujer, ni cambia nada". 

La vicesecretaria del PP Cuca Gamarra declaró además que la medida del PP busca evitar que "muchos" bebés aparezcan en contenedores. Y Javier Maroto coincidió en que se trata de "evitar la situación de niños que son abandonados o tirados en el contenedor porque la madre tiene miedo a acercarse a una administración por estar en situación irregular". El PP, a preguntas de infoLibre, no ha concretado los datos que maneja sobre bebés aparecidos en contenedores en los últimos años.

En definitiva, la postura del PP es la siguiente: garantizar que el bebé nazca en España y, una vez entregado en adopción, se termina ya la protección "por razones humanitarias" de la madre y puede ser expulsada conforme a los supuestos contemplados en la ley.

Situación actual

  Para contextualizar la situación en la que se encuentran las embarazadas sin papeles que deciden dar a su futuro hijo en adopción es necesario examinar dos asuntos clave: por un lado la Ley de Extranjería y por otro la realidad de los procesos adoptivos. La Ley de Extranjería menciona en su artículo 57 que "la expulsión no podrá ser ejecutada cuando ésta conculcase el principio de no devolución, o afecte a las mujeres embarazadas, cuando la medida pueda suponer un riesgo para la gestación o la salud de la madre". Las mujeres embarazadas en situación irregular estarían, a priori, protegidas por esta norma.

Benedicto García, de la Coordinadora de Asociaciones de Adopción y Acogimiento (Cora), explica en conversación con este diario que aunque cada comunidad está regida por su propia legislación, sí existe de forma generalizada una situación que se produce a nivel global, y es que "todas las madres que deciden dar a un menor en adopción, es decir, renuncian a la tutela de ese menor, lo tienen que comunicar" y en el momento en que lo hacen "los servicios sociales de la comunidad tienen que intervenir y analizar su situación personal", además de informar de todas las condiciones y requisitos. "Si quiere renunciar a ese menor, automáticamente los servicios sociales tienen que avisar al servicio de protección del menor", continúa, "que generalmente suele depender de la misma consejería de la comunidad".

En todo este proceso, subraya García, "estamos hablando de organismos oficiales, de instituciones, que están obligadas a mantener la confidencialidad de todo lo que se trate y gestione ahí, tanto con esa persona como con su entorno". Esa información, añade, "tiene que ser confidencial, esté o no regulado" en una norma autonómica. Una vez la mujer da a luz al niño, los servicios sociales deben ofrecerle "un documento de renuncia a la patria potestad" y además la madre debe estar "asistida y asesorada por un jurista que le explique lo que implica esa renuncia". Con toda esa información, la mujer "después del documento de renuncia aún tiene un mes y medio para retractarse de esa decisión".

La pregunta, entiende García, tiene que ver con si "hay algún tipo de fuga de información de esta confidencialidad por parte de los servicios públicos". Y resuelve: "Que respondan ellos, pero por lógica no tiene que haberla".

Durante el año 2017, de acuerdo a datos recopilados por el Ministerio de Sanidad, el número de adopciones nacionales ascendió a 680, siendo un 46% menores de tres años. Se registraron, además, 1.313 nuevos ofrecimientos de adopción, emitiéndose 925 certificados de idoneidad, de los cuales el 93% fueron positivos. No existen datos oficiales sobre la procedencia de las madres que dieron en adopción a sus hijos, aunque la fundación Redmadre dio este jueves alguna pista: durante 2018 la entidad atendió en sus centros madrileños a un total de 1.122 mujeres embarazadas y madres con dificultades, de las que un 68% eran migrantes en situación irregular y entre ellas sólo una dio a su hijo en adopción.

El Ministerio del Interior también señaló, a través de declaraciones a Europa Press, que en España "nunca se expulsa" a una mujer embarazada en situación irregular, con el objetivo de priorizar así el interés superior del menor. "Como práctica general, nunca se expulsa a una mujer en situación irregular que esté embarazada, lleguen embarazadas o estando aquí", destacó el departamento. Interior precisó que, una vez terminado el periodo de gestación, se sigue el procedimiento habitual y se analiza "caso por caso" antes de proceder a la expulsión de cualquier persona. El bebé nacido en territorio español, cuya madre está en situación irregular, no adquiere automáticamente la nacionalidad española aunque puede hacerlo por residencia al cabo de un año.

Tampoco la Red Acoge "tiene conocimiento de casos en los que se haya abierto un expediente de expulsión" en un caso de una mujer en situación irregular que se plantee dar a su hijo en adopción. La organización añadió el mismo jueves que "incluso teniendo decretada una expulsión, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones no se ejecuta o se puede recurrir o revocar si se cumplen determinados requisitos como los de arraigo social o solicitud de asilo, entre otros".

Estigma y coacción

La propuesta de Pablo Casado ha hecho saltar las alarmas de organizaciones y expertos, quienes hacen una lectura crítica basada en las aristas sin pulir, la letra pequeña y las dudas sin resolver. Médicos del Mundo lo expresa de forma clara al señalar su temor a que "se aboque" a mujeres en situación irregular y de especial desprotección "a que decidan sobre el futuro de sus hijos bajo presión y sin que se les ofrezcan salidas humanitarias y fundadas en los derechos humanos que las asisten".

"A Médicos del Mundo le preocupa que para el PP sea legítima la posibilidad de que se inicien procesos de expulsión a personas en situación irregular durante cualquier procedimiento en el que deban entregar sus datos de identidad a administraciones públicas que no tienen funciones de extranjería", manifiesta la organización.

Con esta posición coincide Juezas y Jueces para la Democracia, que mediante un comunicado emitido la tarde del jueves valoró la medida como una "clara coacción del derecho de la mujer a la maternidad". Además, considera que la propuesta "situaría a la persona afectada ante una situación coercitiva, de modo que en la práctica se le amenazaría de expulsión salvo que renunciara a la propia maternidad dando a sus hijos en adopción". "Ninguna política pública de un Estado democrático de derecho puede situar a las personas en una tesitura como esta", reiteran y entienden que "no es posible admitir propuestas para legislar que impliquen la mercantilización de los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de los niños, sea cual sea su nacionalidad, situación económica o administrativa".

Los jueces observan además que la medida chocaría de pleno con la misma Constitución, que obliga a los poderes públicos a "asegurar la protección integral de los hijos y de las madres y el derecho a la intimidad familiar". Por tanto, "la entrega coactiva en adopción, pues no se puede calificar de otra manera la situación que se propone, choca frontalmente con la letra y el espíritu de nuestra ley fundamental". También "se violarían derechos consagrados en instrumentos internacionales como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en cuanto al derecho de cualquier persona a fundar su propia familia o a no sufrir injerencias en su vida familiar", rematan los juristas.

La Comisaría General de Extranjería, dependiente del Ministerio del Interior, ha impartido instrucciones a los Centros de Internamiento de Extranjeros para que, a partir de ahora, las solicitudes de protección internacional las presenten los internos personalmente, se registren y anoten en el libro de registro de peticiones y se entregue a cada solicitante un justificante de la misma en la que conste la fecha y la hora, informa Europa Press.

Así lo ha confirmado el Defensor del Pueblo en un comunicado, en el que señala que el departamento de Interior ha aceptado la recomendación de la Institución que dirige en funciones Francisco Fernández Marugán de adecuar el sistema de registro de las solicitudes de asilo en los CIE a la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Interior pide a los centros que retiren los buzones utilizados hasta la fecha para recoger las solicitudes, que, según el Defensor, eran abiertos cuando se había ejecutado la orden de expulsión o devolución de los internos de asilo. El Defensor recuerda las quejas y denuncias de que algunos solicitantes habían sido devueltos a sus países de origen sin que se les facilitara el acceso al procedimiento.

La Institución de Fernández Marugán sostiene que el sistema de buzones empleado no cumplía con la normativa vigente e impedía a los internos tener garantías de acceso al procedimiento de protección internacional ya que su deseo de solicitarla no se registraba y no recibían ningún recibo que acreditase su petición.

Las 60 personas rescatadas por Proactiva Open Arms frente a las costas de Libia llegarán este miércoles a Barcelona, y tendrán los 45 días de permiso de estancia que marca la Ley de extranjería, consiguiendo el mismo permiso que autorizó el Gobierno central a los migrantes que llegaron a bordo del Aquarius, en Valencia.

Lo ha anunciado en una atención a los medios este lunes el coordinador del plan Barcelona Ciutat Refugi, Ignasi Calbó, tras una reunión con representantes de la Subdelegación del Gobierno central, la Policía Nacional y la Conselleria de Asuntos Sociales, además del Ayuntamiento de Barcelona.

Calbó ha explicado que este lunes ha tenido lugar la primera reunión de coordinación técnica para decidir la operación para este miércoles, donde se ha acordado formar tres grupos de trabajo: uno de gestión de la llegada al puerto, otro de coordinación institucional y un tercero que se encargará de la acogida.

El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, ha explicado que la comisión de coordinación será liderada por el Estado y la Generalitat –Ayuntamiento, Open Arms y Cruz Roja también formarán parte de ella–.

En cambio, la de primera llegada estará coordinada por el Estado –y contará con el apoyo de la Generalitat, el Puerto de Barcelona y Cruz Roja–, y la comisión de acogida la liderará la Generalitat y contará con Cruz Roja, el Estado y el Ayuntamiento.

"El permiso de 45 días permitirá a los migrantes disponer de un tiempo de residencia legal en el Estado, gestionar de forma legal trámites como la solicitud de asilo y legalizar documentación", ha informado el coordinador.

Calbó también ha afirmado que esta tarde habrá otra reunión en la que se decidirá el operativo, el martes se hará una observación de la situación del puerto y, a partir de entonces, "se activará la operación, que ya se ha hecho en Valencia y que debe servir para ganar experiencia y fijar estándares por si se producen situaciones similares en un futuro".

En estos 45 días, Calbó ha dicho que prevé que "la mayoría pida asilo", y ha reivindicado que el objetivo de las administraciones es asegurar que los procesos de documentación estén en orden, atender a las demandas de los migrantes y, paralelamente, evitar que los migrantes sean derivados a los CIE.

Asimismo, ha asegurado que se pondrá acompañamiento jurídico a disposición de estas personas en todo momento, como traductores, y ha dicho que en pocas horas estará hecha la operación y que tendrán 45 días para entrevistar, conocer las situaciones personales de cada uno y que pretenden "convertir esta situación excepcional en la regla a partir de ahora".

"Barcelona quiere ser un puerto seguro, porque la situación de muertes en Mediterráneo no se puede seguir produciendo", ha afirmado que la ciudad se ofrece a acoger a las personas que lo necesiten, y ha criticado que esta situación no es ideal porque, según ha añadido, lo óptimo sería que el barco atracara en el puerto más cercano de donde ha sido rescatado.

Por su lado, Amorós ha tachado de inaceptable que haya países "que se salten el derecho marítimo y no respeten las vidas humanas", ha lamentado que se disponga de pocos recursos y marcos legislativos para dar acogida a quien lo necesita, y ha añadido que la situación de este miércoles es puntual pero que, según cree, hay otros flujos migratorios que deben abordarse.

El Ministerio del Interior ha dictado una orden por la que se suprime el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, una instalación de carácter policial no penitenciaria creada en 2003 para alojar a los inmigrantes que llegaban a las Islas Canarias y que está vacío desde el año 2012, pese a que sigue generando gastos a la Administración.

De acuerdo a la Orden INT/675/2018, de 25 de junio que publica este martes el Boletín Oficial del Estado (BOE), el cierre se explica atendiendo a "la situación que presenta" el CIE de Fuerteventura, que "dada su antigüedad y pese a las continuas obras de reparación, adaptación y mejora que se han ido realizando, presenta unas instalaciones que no se adecuan a la vigente normativa", por lo que "procede acordar su supresión definitiva".

Asimismo, expone que la orden "persigue un interés general al suprimir por causas legales un centro público dependiente de este Ministerio; no existiendo ninguna alternativa regulatoria menos restrictiva de derechos, resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de los recursos públicos".

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya avanzó el pasado martes 19 de junio, en su primera sesión de Control al Gobierno en el Senado, su intención de cerrar el CIE de Fuerteventura, tras valorar la situación y "atendiendo al número de migrantes que llegan a Canarias" y las "previsiones" para estos años, pues, según afirmó entonces, no iba a ser "necesaria la utilización" de esta instalación habida cuenta de que Canarias cuenta con otros dos centros, el de Barranco Seco (Gran Canaria) y el de Hoya Fría (Tenerife).

En aquel momento, Grande-Marlaska dijo que la decisión estaba tomada a falta "del informe previo del ministerio de Hacienda". "Una vez nos conste, se cerrará administrativa y operativamente", señaló.

4,1 millones de euros en cuatro años

El CIE vacío de Fuerteventura ha costado a las arcas públicas 4,1 millones de euros entre 2013 y 2016. Gastos que, según se recoge en documentos de la Dirección General de Policía, y tal y como informó eldiario.es en diciembre de 2017, estaban destinados a servicios de alimentación, limpieza, mantenimiento, suministros de luz y agua, y equipación del centro.

Unos gastos que giran en torno al millón de euros por cada ejercicio anual y que ascendieron tras el cierre del CIE en 2012. En 2010, el Gobierno destinó 789.464,31 euros al centro del Matorral, de acuerdo a lo expuesto en la documentación oficial. En 2013, tres años después y con el centro ya en desuso, el gasto fue de 1.154.690,25 euros.

Según la definición del reglamento oficial, los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son instalaciones públicas de carácter no penitenciario, pero de gestión policial, donde son encerradas personas que se encuentran en España en situación administrativa irregular. El máximo de tiempo que estas personas pueden permanecer privadas de libertad son 60 días, mientras se prepara su expulsión al país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, son puestas en libertad.

El cierre no es el final

La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha celebrado la supresión del CIE. No obstante, la organización considera el cierre "un gesto vacío si no va acompañado de medidas serias en materia de política de extranjería". Así, ha indicado que el ministro de Interior, Grande-Marlaska, puede hacer gestos "que son agradecidos", pero ha avisado de que por sí solos "no solucionan el grave incumplimiento de los Derechos Humanos ni las múltiples irregularidades" que, le consta, han sido cometidas en estos centros.

En este sentido, ha pedido al titular de la cartera de Interior que "clarifique de una vez por todas" sus planes en materia de CIE y las vías que contempla su Departamento en esta materia, "sobre todo, tras saber que en concurso con Francia pretende hacer unos CIE 2.0, también para personas potenciales solicitantes de asilo".

Según ha señalado la ONG, el Gobierno de Mariano Rajoy "ha dejado en herencia" al Ejecutivo de Pedro Sánchez "seis CIE que se unen a los tres que proyectó el exministro de Interior Juan Ignacio Zoido, así como la costumbre de habilitar espacios 'temporales' para hacinar a seres humanos privándoles de derechos, como se hizo en Archidona".

A juicio de la Red, Grande-Marlaska tiene que acometer, "como mínimo", un plan que proceda al cierre de los centros, así como la apertura de una comisión para investigar las irregularidades que "se han cometido en los mismos".

Centenares de personas y de colectivos antirracistas se manifestaron este domingo en la capital para protestar contra el "racismo estructural en España", informa Europa Press.

Bajo el lema Por una sociedad sin racismo, los manifestantes han pedido la derogación de la Ley de Extranjería española, el cierre de los CIE, el fin de las identificaciones policiales racistas, la despenalización de la manta, y el fin de la militarización de fronteras, de las deportaciones y de las devoluciones en caliente.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el miembro de SOS Racismo Madrid, Moha Gerehou, aseguró que van a "luchar" para acabar con el racismo "desde lo más estructural hasta lo más simple".

Alzando pancartas con lemas como "España será antirracista o no será", "Mi cultura no es tu disfraz", "La cooperación internacional es otra forma de racismo" o "Comunidades racializadas unidas en la lucha", los manifestantes reivindicaron que se aborde el racismo desde un "punto de vista político y no como una causa social menor" ya que "no es algo anecdótico, sino un sistema de opresión que tiene que ver con cuestiones estructurales".

En este sentido, los participantes de la manifestación señalaron que el primer paso para solucionar este problema es "concienciarse de que España es un país racista", unido a la "educación", porque "cuando se educa a una persona de que otra persona es igual y no es inferior, se acaba el racismo".

La manifestación, que comenzó en Cibeles y culminó en la Puerta del Sol, contó con la participación del delegado de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato o los ediles de Ahora Madrid Guillermo Zapata, Rommy Arce y Pablo Carmona.

También estuvieron presentes la comunidad afrodescendiente, la comunidad africana española, la comunidad musulmana, la población gitana, la población latinoamericana y caribeña, y la población asiática representadas en distintas asociaciones.