Un año de legislatura

Los pactos de Estado que se le atragantan a Rajoy: desde la financiación autonómica a la educación

Mariano Rajoy, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

El pasado 30 de octubre hizo un año desde que Mariano Rajoy juró la Constitución como presidente de la XII Legislatura. Llegaba al cargo tras haberse enfrentado a dos procesos electorales y a una investidura fallida que provocaron casi un año de Gobierno en funciones. Y con la promesa de que un Partido Popular en minoría en el Congreso de los Diputados, que no iba a poder sacar adelante grandes reformas, se disponía a abrir una nueva etapa de "diálogo" con el resto de fuerzas. Iba a ser, señalaban los conservadores, "la legislatura del pacto y del acuerdo".

Así, además de los 150 compromisos a los que llegó Rajoy con su socio de investidura, Albert Rivera, el presidente del Gobierno se fijó una serie de objetivos de cara a sus primeros meses como presidente. 

A continuación, infoLibre repasa los pactos de Estado o grandes iniciativas que se le han atragantado a Rajoy. La semana pasada, la oposición ha denunciado que el pacto contra la violencia de género va más lento de lo inicialmente previsto. Y el Gobierno se da por derrotado en lo que tiene que ver con la reforma de la financiación autonómica: ni saldrá adelante este año, como se comprometió, ni se avanzará hasta que vuelva "la estabilidad y normalidad" a Cataluña.

  Financiación autonómica

El pasado enero, cuando no habían pasado tres meses desde que Rajoy fue investido, el Senado acogió la Conferencia de Presidentes. En la cita, a la que faltaron los líderes de Cataluña, por entonces Carles Puigdemont, y País Vasco, Iñigo Urkullu, el jefe del Ejecutivo se comprometió a aprobar un nuevo modelo de financiación en 2017.

Este compromiso quedó en papel mojado. Por si el calendario no diese ya sobradas muestras de que en el tiempo que resta hasta final de año no iba a ser posible articular una iniciativa tan compleja, fuentes del Gobierno admitían la semana pasada que la reforma del modelo de financiación autonómica, asunto pendiente desde el año 2014, se deja para 2018.

En el Gobierno luchan por desvincular la cuestión de la financiación autonómica de las negociaciones del cupo vasco pero con mucha dificultad. Primero, por los tiempos. No pasa inadvertido que el cupo vasco ha sido aprobado en el Congreso de los Diputados cuando debería estar debatiéndose también el nuevo modelo de financiación autonómica. Y segundo, y fundamental, porque algunos presidentes autonómicos hablan de trato de favor a Euskadi.

La nueva fecha para la puesta en marcha de la reforma del sistema de financiación autonómica está muy condicionada, no obstante, a que en 2018 el Gobierno logre los apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. El pasado septiembre, el Ministerio de Hacienda desistió de llevar el proyecto al Consejo de Ministros al ver que no le salían las cuentas. Y, ahora, Cristóbal Montoro confía en que puedan salir adelante "en los primeros meses" del año próximo.

Los conservadores confían en que transcurrido el 21D se normalice la situación en Cataluña y el Partido Nacionalista Vasco tenga "más fácil" dar su apoyo al PP, como ya hiciera para las cuentas en vigor y que se prorrogarán a partir de enero.

No obstante, tras todo el argumentario conservador hay mucha letra pequeña. Recientemente, en una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, Rajoy comentó a puerta cerrada que no habrá reforma del sistema de financiación autonómica si no lo hacen de la mano del PSOE. Vino a decir que con los 137 escaños del PP no pueden actuar en solitario y que iniciativas de este calado requieren, al menos, del concurso del principal partido de la oposición.

Para reforzar esta última idea, en el Gobierno recuerdan que el sistema de financiación actual no es del agrado del PP. Confían que los barones socialistas presionen a Pedro Sánchez para que se intensifiquen los encuentros. La idea del PP es que se haga en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en el de la comisión sobre el modelo territorial pactada con el PSOE en el marco de las negociaciones para la aplicación del artículo 155.

  Violencia de género

El pasado 25 de julio, y tras seis meses de trabajo, los partidos sellaban un pacto histórico para luchar contra la violencia de género. Había sido una de los promesas de Mariano Rajoy en su discurso del 30 de agosto de 2016 en el Congreso, cuando se enfrentó a una investidura que no prosperó. "Les propongo alcanzar un gran pacto contra esta violencia que se ejerce sobre las mujeres; un acuerdo que involucre a todos los partidos, a todas las Administraciones y a todas las entidades concernidas, y que implique a toda la sociedad, para que juntos ofrezcamos una salida y una oportunidad a las víctimas", dijo el presidente.

La aprobación por el Pleno del Congreso no llegaría hasta septiembre, dos meses después. Ahora, el pacto tiene que avanzar y los grupos apremian al presidente del Gobierno a que active los siguientes pasos. El Ejecutivo tenía dos meses para comenzar a implementar las recomendaciones plasmadas en este acuerdo, hasta el 28 de noviembre.

En este contexto, el Grupo de Unidos Podemos ha registrado en la Cámara Baja una proposición de ley para que las competencias en esta materia regresen a los ayuntamientos. La portavoz de Igualdad en este tema, Ángela Rodríguez, justificó la iniciativa ante la falta de acción del Gobierno y la necesidad de que algunos puntos del acuerdo empiecen a implantarse.

También el PSOE ha pedido al Gobierno que apruebe a través de un decreto ley un crédito extraordinario de 200 millones contra la violencia de género para poder poner en marcha el acuerdo aunque se prorroguen los presupuestos para 2018. Esta medida, en forma de proposición no de ley, fue apoyada por unanimidad el jueves 23 de noviembre en el Congreso.

La semana pasado se celebró sesión del control al Gobierno tanto en el Congreso como en el Senado. Y Rajoy se enfrentó a preguntas del PSOE sobre la marcha del pacto. "En el debate de investidura me comprometí a impulsar un pacto de Estado contra la violencia de género, lo llevé también a la Conferencia de Presidentes. Es muy razonable escuchar a aquellos que trabajan más directamente con las víctimas [...] Los documentos han sido remitidos al Gobierno, el Gobierno los está ahora tratando con las diferentes comunidades autónomas así como distintas organizaciones no gubernamentales, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, etcétera. Pretendemos que a lo largo del mes de diciembre se pueda firmar el acuerdo sobre la base de lo acordado", respondió a la socialista Margarita Robles.

Además, quiso confirmar "que el año que viene habrá la dotación que se aprobó ayer [por el martes] en el Congreso".

Según los datos provisionales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, actualizados a 10 de noviembre, 44 mujeres han sido asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas. En el mismo periodo de tiempo del año pasado la cifra era de 37.

Además, 23 menores han quedado huérfanos por violencia de género y otros ocho han sido asesinados por violencia de género ejercida contra sus madres en España desde que hay registros, según los datos provisionales del departamento que dirige Dolors Montserrat.

  El debate sobre el modelo territorial

El el segundo de los debates de investidura, el de octubre de 2016, Rajoy fijó como el "reto más grave que tiene España" el "desafío secesionista que algunos están planteando en Cataluña". Un año después, la principal actuación en este sentido ha sido la aplicación del artículo 155 de la Constitución, algo que ha sido calificado por el grueso de las fuerzas de la oposición como un fracaso de la política.

Con este artículo ya en vigor y el Govern destituido, el Ejecutivo lo fía casi todo al resultado de los comicios del 21 de diciembre, convocados por Mariano Rajoy tras disolver el Parlament el mismo día que el 81% del Senado dio luz verde a la aplicación del 155.

Las fuentes consultadas, independientemente de la tendencia política, muestran poca confianza en que el 21D vaya a arrojar un equilibro de fuerzas diferente, que pueda abrir una nueva etapa en Cataluña.

Mientras, el PP y el Gobierno se han dedicado a enfriar las expectativas que en su día crearon respecto a la posibilidad de abrir el debate sobre una reforma de la Constitución. Un acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez en el marco de las conversaciones para la aplicación del 155 ha llevado a la apertura de una comisión sobre el modelo territorial en el Congreso. Un foro que, en un periodo de seis meses, debería abrir un debate para la reforma de la Carta Magna. Pero los conservadores dicen ahora que no puede garantizarse que vaya a ocurrir así.

  Pacto educativo

En su discurso de investidura Rajoy consideró que se abría "la oportunidad" de lograr "definitivamente" un pacto nacional por la educación. La vía, según concretó, iba a ser una subcomisión parlamentaria "que permita la elaboración de un acuerdo consensuado" en el plazo de seis meses. El acuerdo tenía que pasar, según el jefe del Ejecutivo, por un "estatuto del personal docente", la "reforma del sistema de gobernanza" de las universidades, un "programa de refuerzo educativo para luchar contra el fracaso escolar" y el "impulso" a la Formación Profesional.

Transcurrido más de un año, nada de esto es una realidad. La subcomisión prorrogó seis meses más los trabajos de la ponencia y el clima no parece muy apropiado para llegar a grandes acuerdos. En medio se ha cruzado el debate sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución y el debate sobre el supuesto "adoctrinamiento" en las aulas catalanas en el contexto sobre el desafío soberanista. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que, de llegar a firmarse, el pacto será de mínimos, lo que pondría muy en duda su alcance, duración y utilidad.

Que PP, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos y los independentistas se pongan de acuerdo sobre cuestiones como los conciertos educativos, la enseñanza de la religión o el empleo del castellano u otras lenguas oficiales en las aulas se antoja, a día de hoy, casi imposible. Por no hablar del problema que envuelve a todos los incumplimientos de Rajoy y que no falta en los argumentarios de los conservadores: sin presupuestos no se pueden poner en marcha políticas.

Hace un mes, el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, compareció en la comisión del ramo del Congreso de los Diputados. En esta cita, subrayó que "en la calle se respira una voluntad de llegar a acuerdos políticos en educación, una voluntad de consenso". Pero rebajó las expectativas del Ejecutivo respecto a este pacto al hablar de lograr acuerdos "sobre los aspectos nucleares de nuestro sistema educativo".

"Quiero poner énfasis en la palabra nuclear. Yo creo que no es posible llegar a un acuerdo sobre todos los aspectos de las leyes educativas. Antes me he referido a la necesidad de la autonomía de los centros, de la flexibilidad en las comunidades autónomas, pero creo que lo importante es llegar a un acuerdo en los aspectos nucleares de lo que queremos hacer", añadió. Y se marcó un plazo: "Confío que en este tiempo que nos queda hasta enero, cuando ustedes presenten sus conclusiones al Pleno, sepamos aunar voluntad y talento para alcanzar tan ambicioso y ansiado objetivo".

Las fuentes conservadoras consultadas creen posible que en enero haya bajado algo la tensión por la situación en Cataluña y esté cerca el desbloqueo de los Presupuestos. Y que esto elementos contribuyan a un mayor acercamiento entre los grupos.

  Los deberes pendientes del pacto con Ciudadanos

El 28 de agosto se cumplió un año de la firma del documento "150 compromisos para mejorar España". Cuarenta y cuatro folios que concluían con las firmas del portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, y de su homólogo en Ciudadanos, Juan Carlos Girauta.

Aunque los puntos del acuerdo están pensados, en su mayor parte, para cumplirse en una legislatura, algunos sí llevaban fecha comprometida para el primer año. De estos, tres no son todavía una realidad: la reforma del impuesto de sociedades; un pacto nacional para la conciliación laboral y la racionalización de horarios, y garantizar la llegada del AVE a Asturias en 2017. La cifra ascendería a cuatro si se tiene en cuenta el pacto educativo.

El grueso de estos incumplimientos están condicionados, explican en el Palacio de la Moncloa, a que haya Presupuestos. Sobre la llegada de la Alta Velocidad a Asturias, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha fijado un nuevo plazo: acabar las obras a finales de 2020.

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