Defensor Pueblo

El órgano denuncia que no fue "ético ni legal" excluir a los mayores de residencias de la atención hospitalaria. "Nadie por razón de edad, discapacidad o grado de dependencia debe ser excluido de atención clínica".

Los conservadores creen que es "criticable" y "perseguible" el trato a los mayores en la pandemia.

Fernández Marugán considera el estado de alarma una respuesta constitucional, realista y orientada a salvar vidas y determina que la declaración un estado de excepción hubiera sido menos acertado

Ha pedido también pautas claras para los padres y ha recordado que muchos no podrán volver a la rutina laboral normal si no se reabren las escuelas.

Fernández Marugán alerta de las carencias de medios y personal en estos centros durante su intervención este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados para explicar su gestión en los ejercicio 2018 y 2019.

Desde el Gobierno reconocen que en estos momentos el ambiente que se respira no es muy propicio para tejer acuerdos con el principal partido de la oposición.

La Institución constata "un debate social sobre la concreción de lo correcto en cuanto a la proporcionalidad en el uso de la fuerza".

El Defensor lleva examinando desde hace años la atención que se presta en centros de todo el territorio nacional y alerta en un informe de las carencias de medios y personal en "muchos de ellos".

Diversas quejas recibidas a lo largo de 2019, y compiladas en un detallado informe, inciden en la necesidad de mejoras en un sistema con errores "más graves cuanto más vulnerable es la víctima".

Fernández Marugán comparte "la preocupación ciudadana" que reflejan las quejas recibidas por la situación de las personas mayores que residen en centros asistenciales de toda España.

Fernández Marugán decide no presentar recurso ante el Constitucional.

El Defensor del Pueblo ha manifestado en diversas ocasiones el descontento ciudadano ante la reforma de la Ley Electoral de 2011.

Diferentes asociaciones han presentado este miércoles un escrito para promover la nulidad por el Tribunal Constitucional (TC) del Real Decreto-ley 14/2019, que aumenta los supuestos por los que el Gobierno puede intervenir las redes.