"El silencio es el cómplice de los culpables": expertos denuncian la inacción de las instituciones en los casos de tortura

El madrileño Teatro del Barrio se quedó el martes por la tarde en silencio, sin aplausos. Así es cómo pudo escuchar el público las historias que hay detrás de una cifra: 6.000. Seis mil son los casos de tortura documentados entre 1978 y 2014 en el País Vasco, aunque se estima que las víctimas podrían ascender a 20.000, algo difícil de confirmar puesto que muchas no quieren someterse a las pruebas de verificación y revivir lo que sufrieron. Son las conclusiones de Francisco Etxeberria Gabilondo, uno de los forenses más reputados de España, después de que se creara un equipo en el Instituto Vasco de Criminología en 2014 para que se investigara la tortura en Euskadi entre 1960 y 2013.

"El principal objetivo de estas jornadas es la reparación de las victimas, además de que la sociedad en su conjunto reflexione sobre algo que ha vivido a sus espaldas, es muy importante unir el tejido social ante esto”, explica a infoLibre Juan Ignacio Ruiz-Huerta, uno de los organizadores. A partir de las investigaciones de Etxeberria surge una petición al Defensor del Pueblo para que se realizara un informe extraordinario sobre ello. Los firmantes fueron el propio Juan Ignacio Ruiz-Huerta junto con Jorge del Cura y Pedro José Larraia, quienes también han organizado estas jornadas en Madrid para exigir una Comisión de la Verdad que dé respuestas y justicia ante algo que se ha vivido en el más absoluto silencio en España.

La segunda de estas jornadas giró en torno a una mesa redonda entre Gabriela López del Centro SiRa, en el que se asiste a víctimas de torturas; Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y Ruiz-Huerta, ex jefe de Gabinete del Defensor del Pueblo. En una charla moderada por Sara López, de la Comisión Legal Sol - 15M, los ponentes analizaron el estado y las consecuencias de la investigación de las denuncias por tortura desde que murió Franco. La primera parte de estas jornadas tuvo lugar el pasado 1 de octubre con la proyección del documental Arg(h)itzen, del director Mikelatxo Urbi.

La gran cantidad de casos hacen imposible que se pueda hablar de sucesos aislados. Sin embargo, denuncian que sus reclamaciones han caído en saco roto. Ruiz-Huerta, del Cura y Larraia ya denunciaban en infoLibre la inacción del Defensor del Pueblo. En esta carta publicada en este medio explicaban cómo, en la respuesta que recibieron ante la petición de un informe extraordinario sobre las torturas en Euskal Herria, la institución sacaba pecho por haber elaborado cientos de recomendaciones y sugerencias para prevenirla, mediante el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, aunque el Comité de Derechos Humanos de la ONU expuso que estas recomendaciones apenas se habían aplicado en las instituciones españolas. 

Estaban convencidos de que con Ángel Gabilondo al frente del órgano sería distinto. Sin embargo, su respuesta no fue la que esperaban. El Defensor del Pueblo alegó que los “casos de gravedad" sucedieron entre el franquismo y la Transición. Sin embargo, los organizadores de la jornada aseguran, que las torturas han formado parte del Estado español hasta hace solo unos pocos años. “Esto es lo que se dice siempre, que son cosas del pasado, en los noventa se decía que era algo de los ochenta, y así a cada década”, expresan antes de entrar.

“El Defensor del Pueblo puede hacer lo que quiera, puede velar y supervisar a todas las administraciones y pedir los documentos secretos. Lo que queremos es que haga un informe sobre la tortura, que se cree una comisión, porque queremos que se escuche su voz, porque el silencio es el cómplice indispensable de los torturadores”, denuncia Ruiz-Huertas.

Uno de los objetivos principales de estas jornadas es el planteamiento de una Comisión de la Verdad, que siga la estela de la que José Antonio Martín Pallín creó en relación a las 7.291 personas que murieron en residencias durante la pandemia por los "Protocolos de la Vergüenza". Aun así, entienden que puede haber obstáculos, como que en ella tendrían que participar aquellos que perpetraron esas torturas y, según las reacciones de los sindicatos policiales, no parece que esto vaya a ser viable.

El papel de los jueces

El sistema judicial parece estar más de un lado concreto denuncia el catedrático Joaquín Urías. “Lo que demuestra que un país es una democracia, no es que no haya torturas, sino que se puedan investigar. Los que se encargan de esto son los jueces. El problema que tenemos es hay muchos que no han pasado la Transición. Los mismos jueces que metían a la cárcel a alguien por participar en política, ahora son los que aplican las leyes democráticas o son quienes han preparado a los que ahora ocupan su cargo”, explica Urías. 

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“En España se tortura”, añade y la propia policía impide que estas torturas se investiguen. Siempre sucede lo mismo: una persona denuncia a la policía por malos tratos y la policía dice que la misma persona les ha agredido. Los jueces se inclinan por la segunda versión y, por lo tanto, no se investiga. Solo se puede dar en el caso de que haya vídeos, aunque en muchas ocasiones, tampoco da resultado o se alega que “era la fuerza necesaria”. 

El proceso de las víctimas

Según un informe del Instituto Vasco de Criminología, la investigación de los casos de tortura se puede complicar ante el silencio que provoca el trauma en las victimas. También la falta de una investigación ha provocado en ellas “un sentimiento de desconfianza hacia las instituciones y el sistema de justicia”, según el informe.

En este sentido, Gabriela López afirma que "la sociedad civil rellena los huecos que faltan". Por ello, insiste, la colectivización es vital para que aquellos que han sido torturados entiendan que el fallo no es suyo, sino del sistema.