El Defensor del Pueblo avisa de carencias en la llegada de menores migrantes a Canarias

El Defensor del Pueblo considera necesario dotar a las Islas Canarias de "infraestructuras adecuadas" y de "personal especializado" en las llegadas para la identificación, acogida e integración de los niñas y niños migrantes no acompañados. Así se desprende del Informe Anual de la institución, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y del que ha recogido toda información Europa Press.

Al respecto, la institución indica que, según los últimos datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, 4.700 niñas y niños no acompañados se encontraban, al finalizar el año 2023, bajo su guarda o tutela en una red de 66 dispositivos de acogida inmediata que "ya venía soportando una gran presión". Las islas que más personas recibieron durante el año pasado fueron El Hierro y Lanzarote.

"Resulta preciso urgir la adopción de medidas complementarias urgentes que se centren en paliar la situación de emergencia en la que se encuentra el sistema de protección de menores canario", subraya el Defensor en el documento. Gabilondo realizó en 2023 dos visitas a Canarias, durante las cuales acudió a centros de protección de menores y mantuvo entrevistas con todos los actores implicados. Tras ellas, a pesar de constatar que se habían producido "avances" en los últimos años, se identificaron "varios retos".

Asimismo, la institución ha recomendado la "revisión del protocolo para la derivación de personas sin documentos, cuya minoría de edad pueda resultar dudosa, al recurso adecuado". Además, recuerda que hasta que exista una norma específica reguladora de la determinación de la edad, "la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia mantiene el criterio de que si la persona interesada aporta un acta de nacimiento o un pasaporte que no han sido impugnados, no es razonable considerarla indocumentada, a efectos del citado artículo 35.3".

Por otra parte, se ha insistido en la necesidad de identificar a los menores con necesidades de protección internacional o víctimas de trata, y la de poner en marcha el mecanismo previsto en el artículo 35.11 de la Ley de Extranjería para realizar convenios con organizaciones no gubernamentales, fundaciones y entidades dedicadas a la protección de menores, con el fin de atribuirles la tutela ordinaria de estos y descongestionar los servicios de protección más tensionados. La institución ha sugerido cambios legales para regular la acogida de menores en las diferentes comunidades autónomas.

La Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha informado de la creación de un grupo de trabajo para ello. "La puesta en marcha de todas o, al menos, de algunas de las medidas aludidas permitirían descongestionar la sobreocupación de los recursos de emergencia en Canarias, identificar los perfiles más vulnerables y agilizar la inserción sociolaboral de los que alcanzan la mayoría de edad", ha añadido.

Por último, el Defensor del Pueblo ha asegurado que sigue con "especial atención" la situación y en 2024 tiene previsto presentar un informe monográfico sobre este asunto.

Detecta más casos de gravedad de violencia escolar y advierte de la corta edad de los agresores

Gabilondo también ha informado que se ha detectado un aumento en la gravedad de los conflictos escolares y advierte de que estos casos de "extrema gravedad", tanto por la conducta como por la corta edad de las víctimas y presuntos agresores, han motivado la tramitación de oficio de diversas actuaciones en el último año. Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, las agresiones sexuales con autores menores incoadas aquel año ascendieron a 974, lo que supone un ascenso del 45,8% respecto del ejercicio anterior, y un incremento del 116% en los últimos cinco años, siendo el porcentaje más alto el de las agresiones sexuales a niñas con menos de 16 años.

A ello se suma una nueva forma de violencia de género, la vinculada a las nuevas tecnologías (violencia de género digital o ciberviolencia de género). En relación con esta tipología penal, la Fiscalía señala que, aún teniendo menos incidencia entre los menores de edad, "resulta preocupante que a tempranas edades ya se exterioricen ciertos comportamientos despreciativos hacia la mujer, lo que vuelve a evidenciar déficits educacionales".

El Defensor también ha querido reforzar la postura en la que el centro escolar, como entorno de socialización central en la vida de los niños y adolescentes, "debe conformarse como un entorno protector que permita la participación, garantice el respeto y la igualdad, fomente la comunicación y la resolución pacífica de conflictos". Esta protección, a su juicio, debe reforzarse de manera especial en aquellos menores que, por cualquier circunstancia, se encuentran en contextos de riesgo de vulnerabilidad.

No obstante, el informe detecta que, según estudios realizados, hay una "importante limitación educativa" para detener el acoso escolar desde sus inicios, "probablemente relacionada con la dificultad para detectarlo o con la insuficiencia de recursos y habilidades para intervenir con quienes lo llevan a cabo tanto para el profesorado como para las familias".

"Un entorno escolar seguro, física y psicológicamente, exige adoptar protocolos preventivos, pues cuando se produce la violencia escolar, incluido el acoso, se habrá llegado tarde", apunta Gabilondo, que insiste en la necesidad de revisar la efectividad de las acciones preventivas desde una perspectiva proactiva y de género para "lograr desterrar en todos los niveles educativos las conductas de ruptura de la convivencia, especialmente las más violentas".

Para ello, apuesta por la formación del alumnado en competencias digitales para una adecuada utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como la adopción de medidas que "conciencien a todo el alumnado en la evitación de estas conductas y favorezcan un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz".

Recibió 34.926 quejas ciudadanas en 2023, 3.849 más que en 2022

La institución recibió en total 34.926 quejas ciudadanas en 2023, 3.849 más que en 2022, la mayoría de ellas relacionadas con la Administración de Justicia, la Seguridad Social, Interior, asilo, educación y sanidad.

"Los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías", ha asegurado Gabilondo este viernes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

En concreto, ha explicado que la institución tramitó un total de 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022, que dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 668 fueron recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias. Además, inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, 38 más que en 2022, y atendió personalmente a 37.752 ciudadanos, 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Cataluña (3.208). Se repite la situación de los últimos ejercicios, en los que estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición.

"Cambios orgánicos" en el IMV

Asimismo, sobre el Ingreso Mínimo Vital, Gabilondo ha indicado que "es necesario introducir cambios orgánicos". El Defensor del Pueblo cree necesario introducir "cambios" organizativos y legislativos que garanticen que la prestación del IMV "llegue a todos los que la necesitan en términos de justicia social"

La institución explica que el año 2023 ha sido el tercer ejercicio completo de vigencia de la prestación que vio la luz, de urgencia, en medio de la pandemia por covid-19, en mayo del 2020. "Transcurrido este período de tiempo, con la presumible adquisición de experiencia por parte de la Administración llamada a realizar su gestión (el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS), cabía esperar un progresivo descenso en el número de quejas recibidas sobre esta materia. Sin embargo, dichas quejas se han incrementado con respecto a años anteriores, aproximándose a las 1.000", subraya.

En este escenario, Gabilondo aboga por una revisión normativa en varios ámbitos. Es el caso de la conformación de las unidades de convivencia, ya que considera que la "rigidez" en la aplicación del IMV "choca con su propia finalidad" y conlleva que en algunas ocasiones se dejen de lado algunas situaciones de vulnerabilidad y se produzcan "situaciones irrazonables y hasta injustas".

El Defensor considera que existe "una pluralidad de circunstancias sociales que la ley tiene difícil poder abarcar y que requiere que los órganos llamados a gestionar la prestación dispongan de un mayor margen de interpretación y aplicación normativa". "Siempre garantizando la seguridad jurídica y la correcta gestión de los recursos públicos", apostilla.

Admite quejas contra la ley de amnistía pero no intervendrá mientras no esté aprobada

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Gabilondo también ha admitido que la institución ha recibido algunas quejas relativas a la ley de amnistía, pero ha dejado claro que no se pronunciará sobre la misma mientras no esté definitivamente aprobada, pues subraya que no puede ni debe "hacer incidencia política" durante la tramitación de una norma. ha reseñado que les han llegado quejas sobre la amnistía a los encausados por el procés y también sobre los pactos con formaciones independentistas suscritos para garantizar la investidura del presidente Pedro Sánchez.

"Sería injusto decir que algunos ciudadanos nos escriben para desahogarse", ha comentado, detallando que los autores de esas quejas expresan su "disconformidad social, política" o incluso "emocional" con esta medida de gracia. "Unos argumentan más y otros menos, pero tienen cariz político, que es muy respetable, pero nosotros no podemos dirimir sobre posiciones políticas", ha apuntado.

Eso sí, ha remarcado que a estas personas no les da un "portazo", sino que se les contesta explicándoles los motivos por los que sus quejas no pueden ser aceptadas. En cualquier caso, Gabilondo ha incidido en que la Defensoría "no puede ni debe" pronunciarse sobre una norma que aún no ha finalizado su tramitación parlamentaria, porque "no puede ni debe intervenir ni interferir en los procesos de elaboración de las leyes".