Durante décadas, las grandes plataformas digitales han estado operando bajo un principio casi sagrado: lo que publican sus usuarios no es responsabilidad suya. La Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos les otorgó un escudo legal que las blindaba frente a miles de demandas y convertía cualquier intento de atribuirles responsabilidad en un ejercicio jurídico destinado al fracaso. Ese escudo se está agrietando, y lo que está entrando por las grietas, además de un reproche moral, es una abultada factura.

En Los Ángeles, un jurado popular declaró esta semana a Meta —la matriz de Instagram y Facebook— y a YouTube —propiedad de Alphabet, la empresa madre de Google— responsables de negligencia por haber diseñado ambas plataformas de una manera que dañó la salud mental de una joven de veinte años. La indemnización fue de seis millones de dólares, repartidos entre daños compensatorios y punitivos, con Meta asumiendo el 70% de la responsabilidad y Google el 30%.

Una cifra modesta comparada con lo ocurrido unos días antes en Nuevo México, donde Meta fue condenada a pagar 375 millones por permitir que Instagram se convirtiera en un entorno propicio para la explotación sexual infantil y por engañar a los usuarios sobre la seguridad de sus aplicaciones. Snap y TikTok se libraron en el juicio de Los Ángeles gracias a que prefirieron llegar a acuerdos extrajudiciales con la demandante antes de que el jurado emitiera su veredicto. Nadie sabe cuánto pagaron por no ser señaladas en este caso, pero eso no las librará de ser acusadas en en otros procedimientos.

Lo que hace jurídicamente relevantes estos fallos es que no se basan en el contenido que circula por las plataformas sino en cómo están construidas. Los demandantes no están acusando a Meta o a Google de publicar algo ilegal. Las acusan de haber diseñado productos defectuosos: el scroll infinito que elimina cualquier punto natural de parada, las notificaciones de intervalo variable que imitan la lógica de una máquina tragaperras, los algoritmos que priorizan el contenido que más engancha aunque sea el más dañino. Eso no es contenido de terceros. Eso lo fabricaron ellas. Y ahí es exactamente donde la Sección 230 deja de protegerlas.

La norma, aprobada en 1996, cuando internet era todavía un espacio marginal y sus riesgos apenas se intuían, fue concebida para proteger a los proveedores de servicios digitales de la responsabilidad por lo que sus usuarios publicaran. Su lógica parecía razonable en aquel contexto: no tenía sentido hacer responsable a una plataforma de mensajería por los insultos que un usuario enviara a otro, del mismo modo que no se considera responsable a una empresa de telefonía por las conversaciones que se producen a través de sus líneas.

Pero las redes sociales del siglo XXI no son una infraestructura pasiva. Son sistemas activos de recomendación, ordenación y amplificación del contenido, diseñados con una intención precisa: mantener al usuario el mayor tiempo posible dentro de la plataforma. Y ese diseño, argumentan los demandantes con creciente éxito, es una decisión de ingeniería cuyas consecuencias dañinas sus autores deben asumir.

Los juristas recurren a la industria tabacalera para explicar el giro histórico que están protagonizando estos procesos. Al igual que ocurrió con las tabaqueras en los años noventa, lo determinante no está siendo solo el daño, sino la evidencia de que las empresas lo conocían. Documentos internos de Meta han demostrado que sus propios equipos sabían que los filtros de belleza de Instagram generaban dismorfia corporal en adolescentes, que sus algoritmos podían empujar hacia contenido relacionado con trastornos alimenticios, y que la empresa eligió priorizar el engagement sobre el bienestar. Sabían, callaron y siguieron optimizando. Ese es el patrón que en los años noventa arruinó a Philip Morris. Y ese es el patrón que los jurados de Los Ángeles y Santa Fe han empezado a penalizar.

La base científica que sustenta estas demandas no es especulativa. El cerebro reacciona a las redes sociales de forma parecida a como reacciona a las drogas. Recibir un “me gusta” libera dopamina —el neurotransmisor que el cerebro segrega cuando anticipa o recibe una recompensa— en sus zonas más instintivas.

Con el tiempo, el usuario desarrolla lo que los investigadores llaman una disociación entre el “querer” y el “gustar”, un deseo compulsivo de revisar la plataforma que no va acompañado de satisfacción real, o que incluso coexiste con una satisfacción decreciente. El usuario sigue abriendo la aplicación aunque sepa que no va a encontrar nada que le importe, del mismo modo que un fumador enciende un cigarrillo sin esperar ya ningún placer particular de él. Los adolescentes son especialmente vulnerables porque su corteza prefrontal —la región que regula el control de los impulsos— aún no está completamente desarrollada. No es una metáfora clínica. Es neurobiología con implicaciones jurídicas.

Los mecanismos concretos mediante los que las plataformas explotan esa vulnerabilidad están bien documentados. El scroll infinito, desarrollado por el diseñador Aza Raskin —que después se arrepentiría públicamente de haberlo inventado—, elimina los momentos naturales de pausa que en cualquier otra actividad actúan como señales de que ha llegado el momento de parar. "Es como si estuvieran tomando cocaína conductual", ha llegado a decir Raskin.

La reproducción automática de vídeos hace lo mismo en el terreno audiovisual. Las notificaciones de intervalo variable —que llegan de forma impredecible, como los premios de una tragaperras— generan un hábito de comprobación compulsiva que los psicólogos conductuales llevan décadas identificando como uno de los mecanismos de condicionamiento más potentes conocidos.

Y los algoritmos de recomendación, optimizados para maximizar el tiempo de uso, aprenden rápidamente que el contenido que genera más actividad neuronal es el que activa el sesgo de negatividad: la indignación, el miedo, la comparación social desfavorable. El contenido más rentable tiende a ser también el más tóxico, y los sistemas están diseñados para servirlo con precisión creciente.

La investigación ha empezado a documentar además cambios estructurales en el cerebro asociados al uso intensivo. Niveles más bajos de materia gris en ciertas áreas, alteraciones en los patrones de atención, mayor impulsividad. En adolescentes, cuyo sistema nervioso está todavía en formación, estos efectos pueden condicionar el desarrollo cognitivo de forma duradera. La correlación entre el uso excesivo de redes sociales y el aumento de la depresión, la ansiedad y las ideas suicidas en jóvenes está suficientemente documentada como para que ya no pueda descartarse como alarmismo de padres preocupados.

El problema central es que el diseño adictivo no es un efecto secundario del modelo sino su columna vertebral. Las redes sociales ofrecen sus servicios de forma gratuita porque su negocio no consiste en vender un producto al usuario sino en vender al usuario —su atención, sus datos, su comportamiento— a los anunciantes. En ese modelo, el tiempo que el usuario permanece en la plataforma es literalmente la unidad de medida de la rentabilidad. Cada scroll de más es un anuncio más, un dato de comportamiento más, una fracción de céntimo más. El usuario no es el cliente. Es la materia prima.

Investigaciones con universitarios estiman que, si los usuarios pudieran desactivar todas las funciones de diseño persuasivo, su tiempo de pantalla se reduciría una media del 37%, con casos individuales que llegan al 65%. Una reducción de ese calibre no sería un ajuste menor para estas empresas: sería un colapso de las métricas sobre las que se construyen sus valoraciones bursátiles y se justifican sus ingresos publicitarios. El mercado global de publicidad digital, que valía 350.000 millones de dólares en 2020, alcanzará este año los 768.000 millones, un crecimiento impulsado casi exclusivamente por el aumento del engagement. Sin adicción, no hay negocio a esta escala. Esa es la aritmética del modelo.

La diferencia con otros sectores que también pueden generar dependencia es reveladora. En un modelo de suscripción —Netflix, Spotify— la empresa es indiferente a la intensidad del uso siempre que el cliente renueve. Un abonado que apenas consume el servicio es tan rentable como uno que lo usa doce horas al día, y de hecho consume menos infraestructura. Una tabaquera puede ser indiferente a si el cliente fuma el cigarrillo o lo tira, siempre que lo compre. En las redes sociales, en cambio, el beneficio no se produce con la compra inicial del servicio —que es gratuita— sino con cada minuto adicional de uso. La adicción no es un riesgo colateral del modelo. Es el modelo.

Tristan Harris, exdiseñador de Google convertido en crítico del sector, lleva años argumentando que estas empresas no pueden reformarse significativamente desde dentro porque sus incentivos financieros están estructuralmente orientados a consumir el tiempo de ocio de las personas. La arquitectura de las plataformas, sostiene, no está diseñada para servir al usuario sino para servirlo a él como producto. Los veredictos judiciales de estos días parecen haberle dado la razón, al menos en los tribunales.

Lo ocurrido en Los Ángeles y Santa Fe es, en términos procesales, un ensayo general. El juicio californiano funciona como caso piloto para más de 1.500 demandas similares consolidadas en ese estado, y sus resultados orientarán el valor de miles de reclamaciones pendientes y la posibilidad de acuerdos globales. En junio comenzará en Oakland un juicio federal impulsado por distritos escolares contra Meta, ByteDance —la matriz de TikTok—, Snap y Google. En julio, otro proceso estatal en California involucrará a las cuatro grandes plataformas. En mayo, un juez de Nuevo México decidirá si impone a Meta cambios estructurales en la arquitectura de sus productos, como verificaciones de edad efectivas que hoy no existen o no funcionan con ninguna fiabilidad.

Meta y Google han confirmado que apelarán, y los expertos prevén que la disputa llegará al Tribunal Supremo, que tendrá que pronunciarse de forma definitiva sobre si las protecciones legales actuales cubren el diseño de algoritmos adictivos. Es una pregunta a la que la Sección 230, redactada treinta años antes de que existiera el scroll infinito, no puede responder.

La batalla, previsiblemente, se extenderá además hacia nuevas fronteras: Baltimore ha demandado a xAI, la empresa de Elon Musk, alegando que su chatbot Grok genera imágenes sexuales explícitas de menores, y más de 130 demandas apuntan ya contra la plataforma de videojuegos Roblox por reclamos similares de desprotección de la infancia. La teoría del "diseño defectuoso" está encontrando aplicaciones que sus impulsores iniciales apenas anticipaban.

Hay algo significativo en que sean jurados populares —no legisladores, no reguladores, no académicos— quienes estén forzando este punto de inflexión. El Congreso estadounidense lleva años intentando aprobar la Ley de Seguridad Infantil en Internet sin lograrlo, paralizado por el poder de lobbying de las plataformas, por la dificultad de alcanzar consensos en un sistema político fracturado y por la genuina complejidad de legislar sobre tecnologías que evolucionan más rápido que los ciclos parlamentarios. Doce ciudadanos reunidos en una sala de Los Ángeles han conseguido en días lo que la política no ha logrado en años: establecer, con fuerza de ley, que estas empresas conocían el daño que causaban y eligieron no actuar. Que la ignorancia, en este caso, no es una defensa.

Las plataformas llevan años presentándose como meros intermediarios neutrales, espacios donde las personas se expresan libremente y la empresa solo pone la infraestructura. Es una imagen que siempre tuvo más de relato corporativo que de descripción precisa, pero que funcionó durante tiempo suficiente como para construir sobre ella un muro legal casi impenetrable.

Los veredictos de estos días dicen que ese muro tiene fecha de caducidad. Que el scroll infinito, las notificaciones diseñadas para generar ansiedad y los algoritmos optimizados para maximizar el tiempo de pantalla son decisiones de ingeniería con consecuencias reales sobre personas reales, y que tienen autor, tienen destinatario y tienen precio. Son, simplemente, un producto. Y los productos defectuosos no son neutrales.

Un jurado de Los Ángeles ha declarado este miércoles culpables a Meta y Youtube de perjudicar la salud mental de menores en una histórica demanda sobre la adicción a las redes sociales y por la que tendrán que pagar una indemnización de 3 millones de dólares (unos 2.6 millones de euros).

El juicio comenzó a finales de enero en el Tribunal Superior de Los Ángeles con la demanda de una joven de 20 años que alegó que se volvió adicta a aplicaciones como Instagram y YouTube durante su infancia. Ambas plataformas deberán pagar 3 millones de dólares en concepto de indemnización por daños morales y otros perjuicios económicos. De acuerdo con la sentencia, Meta es responsable del 70% de dicho coste y YouTube del resto.

El jurado de este histórico juicio, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, seguirá deliberando para decidir qué daños punitivos adicionales deberán pagar las empresas por dolor o fraude.

El resultado de esta demanda representa una importante victoria contra dos gigantes tecnológicos y sienta las bases para la resolución de alrededor de 1.500 casos similares contra empresas de redes sociales.

La demanda de la joven, identificada como K.G.M., incluía a las herramientas TikTok y Snapchat, que lograron alcanzar un acuerdo en términos no revelados para evitar el primero de una serie de juicios históricos contra las plataformas de redes sociales.

Esta resolución se suma a la sentencia dictaminada ayer por un jurado de Nuevo México que también encontró culpable a Meta de ocultar información sobre deficiencias en sus plataformas y prácticas comerciales que facilitaban la explotación sexual infantil y fue condenado a una multa de 375 millones de dólares (324 millones de euros).

Estos litigios forman parte de una ola más amplia de casos que cuestionan las prácticas de la industria tecnológica y podrían sentar precedentes sobre los límites de responsabilidad de las redes sociales en EEUU.

“Instagram es una droga. Básicamente, somos camellos”. Esta frase, escrita por uno de los ingenieros de Meta en un arranque de sinceridad en un chat interno de la compañía propiedad del oligarca tecnológico Mark Zuckerberg, resume hasta qué punto las grandes plataformas son conscientes del producto que manejan. De cómo está diseñado y qué daño causa.

No es de extrañar que este haya sido uno de los primeros argumentos utilizados por la acusación en el histórico juicio de Los Ángeles (California) que por primera vez ha sentado en el banquillo a los gigantes tecnológicos de Estados Unidos.

Los documentos filtrados en litigios recientes pintan un panorama demoledor: las empresas no solo conocen los riesgos, sino que diseñaron sus productos para maximizar el compromiso adolescente aunque el coste fuera la salud mental de toda una generación. 

Un informe interno de TikTok, filtrado en 2024, lo admitía sin ambages: “Los menores no tienen una función mental ejecutiva para controlar su tiempo de pantalla”. Es decir: son incapaces de desconectar, atrapados en el scroll infinito.

En 2019, pruebas piloto encargadas por Facebook demostraron que los usuarios que abandonaban la red durante una semana mostraban niveles menores de depresión, ansiedad y soledad. La investigación fue cancelada. Un empleado dejó constancia de su inquietud: ocultarlo les haría parecer “compañías de tabaco” que sabían del daño de los cigarrillos y callaban. La comparación no puede ser más reveladora.

La pregunta ya no es si estas plataformas son adictivas, sino por qué, conociéndolo, no implementan frenos. La respuesta es simple: menos tiempo de pantalla significa menos anuncios, y menos anuncios significan menos ingresos. 

El caso de la plataforma de juegos Roblox recientemente denunciada en Australia, un país pionero en la legislación para regular el acceso a redes sociales, añade otra capa de horror porque se ha convertido en terreno de caza para depredadores que la utilizan para manipular a menores con el objetivo final de obtener concesiones de índole sexual, imágenes íntimas o incluso un encuentro físico. La exposición a contenido gráfico se suma a un ecosistema donde la seguridad infantil queda sistemáticamente supeditada al crecimiento de usuarios activos.

Regular este paisaje resulta endiabladamente complejo. En Estados Unidos, la Sección 230 protege a las plataformas de responsabilidad por contenidos de usuarios, creando un escudo legal casi impenetrable. Los litigios actuales intentan cambiar el foco: el problema no es solo lo que se publica, sino el diseño negligente y adictivo de las plataformas mismas. Pero probar causalidad directa entre un algoritmo y un daño específico es un objetivo que todavía nadie ha conseguido alcanzar.

Lo confirma la doctora en Psicología Silvia Álava. “Determinadas redes sociales están pensadas para hackear la atención del cerebro y que intentemos estar en ellas el máximo tiempo posible”. Algo particularmente dañino “en el cerebro de niños o adolescentes, que es muchísimo más sensible” y está lejos de haber madurado lo suficiente. 

No obstante, precisa, y aunque la ciencia nos dice que hay una correlación entre el uso del móvil y un incremento de los problemas de salud mental, sobre todo de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta alimentaria, aún no tenemos un estudio que diga “que hay una relación causal”, solo que es “un factor de riesgo”.

Son, en todo caso, evidencias suficientes para que gobiernos de todo el mundo traten de poner coto al problema. La cuestión es cómo hacerlo. Una verificación de edad robusta requiere, para muchos, datos biométricos cuyo almacenamiento masivo plantea riesgos monumentales de ciberseguridad. ¿Qué empresa merece custodiar los rostros de millones de menores? ¿Qué ocurre cuando esa base se filtra?

Sin embargo, Mar España, responsable de Control Z y exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), no tiene dudas. La prioridad tiene que ser la defensa del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud física y mental de los menores y, para hacerlo, asegura a infoLibre, el problema no es la privacidad.

Son precisamente las grandes plataformas, subraya, las que la están vulnerando al perfilar a los menores a edades tremendamente tempranas con un único objetivo: “Cuanto más pronto se enganchen a las redes, más vulnerables van a ser y más cautivos serán de los productos y servicios que estas grandes plataformas ofrecen”.

Ahora mismo “hay muchísimos menores de 14 años en TikTok y en Instagram” precisamente "porque las redes no están cumpliendo adecuadamente los principios de privacidad". “Hay que ir hasta el fondo” para proteger a los menores. “Igual que no pueden consumir alcohol o conducir un coche. Esto es incluso más perjudicial. ¿Por qué? Porque en la adolescencia es cuando las personas creamos hábitos de comportamiento, nuestros valores y cómo nos relacionamos con el otro”. 

Las redes no son, además, el único problema. A todo esto hay que sumar las cajas de recompensa (loot boxes) en videojuegos que operan mediante refuerzo intermitente —exactamente como las tragaperras— pero se perciben como entretenimiento, no como apuesta. Detectar y regular esta mecánica hasta que el daño económico o la adicción están consolidados resulta extremadamente difícil.

Hay, además, cierta tensión constitucional: algunos sectores advierten de que la prohibición de acceso a los menores puede limitar oportunidades legítimas de participación juvenil. O lesionar otros derechos. Laura Davara, socia del despacho de abogados especializado en derecho digital que lleva su nombre, y experta en educación digital, considera difícil verificar la edad sin incumplir la normativa de protección de datos. 

No se puede pedir el DNI, pone como ejemplo, porque ”incumple el principio de minimización, que es esa obligación de únicamente recabar los datos mínimos necesarios para cumplir con la finalidad” que se persigue. Tampoco es fan de la implantación de controles parentales en los dispositivos porque dan “una falsa sensación de seguridad. Yo animo a poner en Google cómo saltar control parental: te salen varios tutoriales”.

El riesgo principal de una regulación, a su juicio, “es que se vulneren derechos fundamentales. En primer lugar, el derecho a la privacidad. Una cosa es poner límites y otra censurar o espiar: podemos estar hablando de situaciones tremendamente graves”. En juego están, además, la libertad de expresión y “el tema del tipo de mensajes que se pueden limitar. ¿Dónde pones el límite?”, se pregunta. “Es algo muy, muy peligroso”. 

Mar España discrepa. “Las plataformas sociales tienen medios de sobra para verificar la edad”. Y pone un ejemplo que conoce bien, de su etapa al frente de la AEPD. La única plataforma de distribución de porno que entonces decidió voluntariamente adaptarse a los criterios de la agencia usando servicios de verificación de edad que respetan la privacidad perdió el 85% del tráfico. Es decir: el servicio logró una efectividad de 8,5 sobre 10. 

Esto no va de si “les quitamos derechos o no les quitamos derechos”, añade la psicóloga Silvia Álava. Cuando “tenemos evidencia de que hay algo que no funciona bien, que puede provocar problemas, hay que regular su uso, porque lo primero es la protección de la infancia, y la infancia llega hasta los 18 años”.

Frente a quienes dicen que es imposible impedir completamente el acceso, porque siempre habrá quien se lo salte, otros manejan con soltura la analogía de la prohibición del alcohol a los menores. El valor de una ley no reside solo en su capacidad de vetar, dicen, sino en su función pedagógica y simbólica.

Cuando no existe regulación, el problema permanece invisible, relegado a la responsabilidad individual de padres superados por los acontecimientos. Legislar contra cajas de recompensa o acceso a contenidos tóxicos, en cambio, emite un mensaje inequívoco: “Esto no es inofensivo, es un riesgo documentado”. Desnaturaliza lo que la inercia social había normalizado —que un niño de diez años pase seis horas diarias en una red diseñada para adultos— y rompe la aceptación pasiva del daño.

Davara advierte, en todo caso, de que “esto no es una cosa solo de plataformas. Es algo tan grande y tiene tal nivel de implicaciones que se tienen que tener en cuenta muchos más factores. No es algo solo de las familias, de los menores, de los centros educativos, de las plataformas, de las administraciones públicas o de los gobiernos”. 

Tampoco debería ser, añade, “una cuestión solo de la edad. Si ponemos el foco solo en la edad, nos vamos a quedar cortísimos. Yo lo digo siempre: todos tenemos un cuchillo en casa y podemos utilizarlo para cortar el filete o para cortarle el cuello a la persona con la que convivimos. Y es el mismo cuchillo”. La cuestión es no dejar "utilizar un cuchillo a gente que no tiene el conocimiento" para hacerlo.

De ahí la importancia, subraya, de la “educación digital”. “Yo soy una de las mayores partidarias, pero de una educación digital de verdad”. Más que de nuevas normativas. Ya hay varias, recuerda, “que imponen obligaciones a las plataformas. No digo que sean perfectas, porque no lo son. Tampoco digo que no haya que imponer más obligaciones”, pero lo importante es hacerlas cumplir, en particular la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés). Gracias a esta norma, recuerda, se han impuesto multas cuantiosas por diseños adictivos.  

Es cierto, como sostiene esta abogada, que las prohibiciones se pueden sortear usando, por ejemplo, VPN de fácil acceso. Pero la mayoría de usuarios no poseen conocimientos técnicos ni voluntad de complicarse constantemente la vida. Si una medida evita que el 70% de menores accedan a contenido tóxico, aunque el 30% restante lo consiga, el impacto en salud pública seguiría siendo considerable, subrayan sus partidarios. 

Entre tanto, sin regulación, toda la carga recae en padres que deben competir contra equipos de psicólogos conductuales y diseñadores de experiencia dedicados profesionalmente a minimizar la adicción. No se debe “poner todo el peso únicamente en las familias”, explica Álava, aunque tengan un trabajo que hacer de acompañamiento y alfabetización digital. “Las plataformas también tienen que proteger a los menores”. Están hechas precisamente “para enganchar, saben perfectamente que hay contenido que es nocivo”. No solo porno, recuerda, al que los niños están accediendo con ocho años, sino también contenido acerca de cómo autolesionarse, ideación de suicidio, o promoción de trastornos de conducta alimentaria. 

Hace décadas, obligar a usar cinturón generó resistencias: resultaba incómodo, paternalista, una intromisión estatal. La ley no evitó todos los accidentes, pero cambió la percepción del riesgo. Hoy, abrochárselo es acto reflejo, y mirar atrás asombra: ¿cómo permitimos que niños viajaran sin protección? Con las redes sociales, cada vez más personas buscan una transformación cultural semejante: pasar del salvaje oeste actual a una cultura de cuidado. 

En todo caso, subraya Mar España, “esto tiene que ser un pacto de Estado. Necesitamos consenso y aprobación urgente, pero incorporando el criterio de salud en el proyecto de ley de protección al menor en el entorno digital que probablemente se impulse en este periodo de sesiones. Porque no puede haber una ley donde el eje principal no sea la salud, desde la evidencia científica y la neutralidad política”. 

Consumir porno o redes sociales desde los 12 años y formar tu atención a través de vídeos cortos de 15 segundos afecta al desarrollo cognitivo, insiste la exdirectora de la AEPD. Nunca como ahora la salud física y mental de los adolescentes se ha visto tan perjudicada. “Los médicos están horrorizados de lo que están viendo en consulta”, remarca. Silvia Álava lo confirma: “Tenemos chicos y chicas que se nos están rompiendo”.

De ahí que la Asociación Española de Pediatría, con el respaldo unánime de todas las sociedades médicas, esté pidiendo prohibir las pantallas en la etapa infantil, la de “mayor plasticidad cerebral”. Recomiendan cero exposición hasta los seis años; de una hora máximo al día entre 6 y 12 años y dos horas máximo al día de 12 a 18 años. “Incluyendo deberes, enseñanza digital y ocio”, remarca España.

“Hasta que consigamos que esté tan mal visto que un adolescente tenga un smartphone con 13, 14 o 15 años —o un bebé, que es una salvajada—, como ahora está mal visto conducir estando borracho o sin el cinturón de seguridad”, habremos perdido “una o dos generaciones”, advierte.

Por primera vez, el modelo de negocio de Silicon Valley no se enfrenta solo al escrutinio de la opinión pública o a comparecencias políticas de escaso recorrido. Esta vez se arriesga al veredicto de un jurado popular. Este martes comenzará, en el Tribunal Superior de California del condado de Los Ángeles, en Estados Unidos, un proceso judicial sin precedentes en el que tres de los mayores gigantes tecnológicos del planeta —Meta (matriz de Facebook e Instagram), TikTok y YouTube— deberán responder a una acusación central: haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción en los jóvenes, con un impacto grave en su salud mental.

El litigio marca una nueva fase en el debate sobre los efectos sociales de la tecnología y ya ha sido calificado por expertos y activistas como “los juicios al tabaco de nuestra generación”. 

La comparación no es retórica. Al igual que las tabaqueras ocultaron durante décadas los efectos nocivos de la nicotina mientras reforzaban su carácter adictivo, los demandantes sostienen que estas compañías han priorizado el tiempo de uso y la interacción por encima de la seguridad, ignorando riesgos documentados de depresión, ansiedad y pensamientos suicidas entre menores.

Los juicios contra las tabaqueras iniciados en la década de 1990 marcaron un punto de inflexión histórico al demostrar que grandes corporaciones podían ser consideradas legalmente responsables por los daños causados por productos diseñados para generar adicción. 

Aquellos procesos sacaron a la luz documentos internos que probaban que las empresas conocían los efectos nocivos del tabaco y, aun así, los ocultaron, manipularon la información científica y orientaron su marketing hacia públicos vulnerables. 

El acuerdo de 1998 entre las tabaqueras y 46 Estados no solo supuso indemnizaciones millonarias y fuertes restricciones publicitarias, sino que estableció un precedente clave: la salud pública podía prevalecer sobre los intereses comerciales cuando se demostraba un diseño deliberadamente dañino. 

Desde entonces, esos juicios representan el momento en que la impunidad regulatoria de una industria se quebró y se redefinieron los límites de su responsabilidad social y legal.

El caso que abre esta ofensiva legal contra las redes sociales es el de KGM, siglas detrás de las cuales está una joven californiana de 19 años que asegura haberse vuelto adicta a estas plataformas desde los 10. Según los documentos judiciales, el diseño atractivo y el flujo constante de notificaciones de Instagram, TikTok y Snapchat —esta última aplicación alcanzó un acuerdo extrajudicial poco antes del inicio del juicio— la empujaron a un consumo compulsivo que derivó en una depresión severa, en conductas de autolesión y pensamientos suicidas.

La demanda sostiene que las empresas diseñaron sus productos de forma que los menores podían eludir el consentimiento paterno, quedando expuestos a desconocidos, depredadores y a contenidos dañinos relacionados con la imagen corporal y la comparación social. 

Lo verdaderamente histórico del caso no es solo la gravedad de los daños alegados, sino que por primera vez las compañías deban rendir cuentas ante un jurado por sus decisiones de diseño de producto.

Durante años, las grandes tecnológicas se han protegido tras la Sección 230, la norma federal estadounidense que las exime de responsabilidad por los contenidos publicados por los usuarios. 

Pero los abogados de los demandantes han encontrado una grieta en su defensa: no demandan por lo que se dice en las plataformas, sino por cómo están construidas. El núcleo del argumento es que el desplazamiento infinito, los algoritmos de recomendación y los sistemas de notificaciones constituyen elementos de diseño defectuosos y peligrosos. 

Al encuadrar la demanda en el ámbito de la responsabilidad civil por productos defectuosos, el caso ha logrado superar las mociones de archivo que durante años frenaron litigios similares. 

Como resume Matthew Bergman, abogado de la demandante, en declaraciones a Reuters, el proceso se desarrolla sobre una auténtica “tabla rasa legal” que amenaza con erosionar el poder omnímodo de las grandes tecnológicas.

Las empresas han reaccionado desplegando todos sus recursos. Meta ha contratado a Covington & Burling, el bufete que defendió a la farmacéutica McKesson en los litigios multimillonarios por la epidemia de opioides en Estados Unidos. El abogado principal de TikTok, por su parte, participó en la defensa de Activision Blizzard y Microsoft en disputas relacionadas con el diseño adictivo de videojuegos. La elección de estos equipos legales dice mucho sobre el debate que se abre y que ya no es tecnológico, sino clínico y conductual.

Mientras tanto, las compañías intensifican sus campañas públicas para tranquilizar a las familias —patrocinando talleres escolares, colaborando con organizaciones juveniles o anunciando nuevas herramientas de control parental—, al tiempo que se preparan en los tribunales para una batalla técnica sobre la mecánica de la dependencia.

Sin embargo, la analogía con el tabaco se refuerza a medida que afloran documentos internos. En procesos paralelos ya ha salido a la luz evidencia comprometedora: un investigador de experiencia de usuario de Meta llegó a comparar Instagram con una droga en comunicaciones internas. Revelaciones que evocan los documentos secretos que acabaron por demostrar que las tabaqueras conocían la peligrosidad de sus productos mientras la negaban públicamente.

Incluso el ex cirujano general de Estados Unidos, Vivek Murthy, hasta hace unos días la máxima autoridad en salud pública del país, ha reclamado que el Congreso imponga etiquetas de advertencia en las redes sociales, similares a las de las cajetillas de cigarrillos, ante la magnitud de la crisis de salud mental juvenil. 

El juicio obligará además a directivos de primer nivel, incluido el oligarca multimillonario Mark Zuckerberg, a declarar bajo juramento, con el riesgo de que salgan a la luz correos electrónicos y estrategias de captación de menores hasta ahora ocultas.

En todo caso, lo que ocurra en Los Ángeles en las próximas semanas será solo el comienzo. Se trata de un juicio que servirá de guía al sistema legal estadounidense para actuar en otros casos. Su resultado influirá en más de 1.000 demandas similares presentadas por familias, distritos escolares y fiscales generales de distintos estados. Un fallo condenatorio no solo implicaría indemnizaciones millonarias, sino cambios profundos en la arquitectura de las plataformas.

Nuevo México, por ejemplo, ya ha demandado a Meta por haber creado un “mercado para depredadores”, aportando pruebas de cómo los algoritmos facilitaban el contacto con menores. Todo apunta a que 2026 marcará un punto de inflexión en la rendición de cuentas de una industria que ha operado durante años con una libertad casi absoluta en el diseño de sus herramientas de persuasión.

Las compañías niegan las acusaciones. YouTube insiste en que su servicio es sustancialmente distinto al de sus competidores y que la seguridad es el eje de su actividad. Meta sostiene que los problemas de salud mental son complejos y que los demandantes los “simplifican en exceso”, al tiempo que presume de haber lanzado decenas de herramientas de control parental y cuentas juveniles con protecciones por defecto.

Para organizaciones como Madres Contra la Adicción a los Medios, estas iniciativas son poco más que cortinas de humo. Denuncian que las empresas emplean “todos los mecanismos de influencia imaginables” para desorientar a las familias, mientras mantienen intacto el núcleo del modelo adictivo.

Independientemente del veredicto, el juicio supone ya una amenaza real para las redes sociales. El proceso de pruebas y los testimonios públicos expondrán las tácticas de captación, la lógica de la adicción y, sobre todo, qué sabían realmente los ejecutivos sobre el impacto de sus productos en el cerebro adolescente.

Y aunque, al final, las tecnológicas firmen un acuerdo para evitar males mayores, los precedentes indican que aun así les será difícil eludir las consecuencias. 

Un ejemplo es el caso contra McKesson por la crisis de los opioides, que no concluyó con un veredicto judicial, sino con un acuerdo extrajudicial histórico que evitó el juicio. 

En 2021, la distribuidora farmacéutica pactó pagar alrededor de 7.400 millones de dólares como parte de un acuerdo global de más de 21.000 millones firmado junto a otros grandes distribuidores, destinado a resolver miles de demandas presentadas por Estados, condados y municipios de Estados Unidos. 

Aunque McKesson no admitió responsabilidad legal, el acuerdo reconoció implícitamente el papel del sistema de distribución en la expansión masiva de opioides al imponer cambios estructurales: controles reforzados sobre pedidos sospechosos, límites a la comercialización y obligaciones de supervisión activa. 

El resultado sentó un precedente decisivo que ahora se puede volver también contra las redes sociales: las empresas podían ser consideradas responsables no por fabricar el producto, sino por haber contribuido a una crisis de salud pública a través de su modelo de negocio.

En una escena del documental Flores para Antonio, Alba Flores lee la autopsia de su padre y pronuncia las sustancias que encontraron en su sangre: “Leo tu autopsia, papá. Tus 33 años. Tu pelo oscuro. Tus ojos oscuros. Tu mano izquierda, la de los acordes, con una férula de escayola. Escarcha en tus pulmones. Y petequias en tu corazón. La presencia de opiáceos, cocaína, analgésicos, ansiolíticos y alcohol. Y la presencia de tu dolor”. En otra secuencia, el músico Ariel Rot le explica a Alba que uno de cada quinientos españoles consumía heroína en España en aquellos años, que sus ídolos lo hacían y que, para algunos, tenía algo de romanticismo. Aunque Antonio Flores no murió por causas derivadas del consumo de heroína, nombrar aquella adicción es una parte del viaje que hace la hija a través de los recuerdos y la música de su padre. Antonio Flores tenía treinta y tres años cuando se fue en batalla contra sí y contra la vida, quince días después de su madre, que tanto bregó para sacar de las adicciones a su hijo.

En el libro Futuro imperfecto, Xulia Alonso explica que las razones que llevan a cada persona al consumo de drogas son distintas, especialmente, aquellas que te llevan a clavarte una aguja en el brazo con una sustancia desconocida. “Todos escapábamos de algo, todos buscábamos algo, nos buscábamos”. Alonso narra en su libro cómo fueron aquellos años y la muerte por SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) de su pareja, Nico. Es especialmente estremecedor cómo relata la abstinencia física: el terror y el frío. El FRÍO, siempre con mayúsculas. Escribió el libro para su hija, la carta más importante de todas las que podamos enviar, porque pensaba que ella también iba a morirse. Quería explicarle por qué llegaron hasta ahí entregando la voluntad, cómo es volverse adicto. Quería decirle cuánto la quisieron los dos. 

No son los únicos trabajos que están nombrando aquellos tiempos y ese agujero oscuro y silencioso que se abrió dentro de las familias y de la sociedad. Está la película Romería, la tercera parte de la trilogía de Carla Simón, una serie de largometrajes con los que la directora indaga en su memoria personal para componer su identidad y que acaban señalando directamente hacia esa herida primera: la muerte de sus padres por SIDA cuando ella era una niña. Simón escribe además el epílogo de Futuro imperfecto, donde cuenta que, en el estreno en Pontevedra de Estiu 1993, Alonso se acercó para darle su libro y ella leyó las primeras páginas durante la proyección: “Xulia es mi madre si siguiera viva. Igual que yo soy su hija si ella hubiera muerto”. En un cortometraje de Simón titulado Carta a mi madre para mi hijo, se pregunta la directora qué podrá saber su hijo de su abuela biológica si apenas ella conoció a su madre. Cómo se la puede contar si no tiene casi elementos, cartas a los amigos, fotografías, para contársela a sí misma. Más palabras e imágenes abiertas y lanzadas al vacío del olvido colectivo y la brecha intergeneracional. 

También está Nela 1979, donde el escritor Juan Trejo emprende la búsqueda de su hermana mayor, Manuela Trejo, fallecida a finales de los setenta con veintiún años, cuando él era un niño de nueve, y perdida en la historia de la familia bajo un silencio que fue insondable hasta que él decidió ponerle palabras al hueco y a todo lo que no se había pronunciado. Nela murió antes de la epidemia de sida que se llevó a tanta gente joven en los años ochenta y noventa. 

España fue uno de los países europeos con mayor incidencia de SIDA, llegando a ser la primera causa de muerte entre la población de entre 25 y 44 años. El consumo de heroína aumentaba el riesgo de contraer el VIH a través del uso de jeringuillas usadas. La falta de diagnóstico y de tratamiento del virus produce el desarrollo del SIDA en el que el sistema inmunitario se deprime enormemente provocando muertes por enfermedades comunes y tratables o desarrollando tumores. El número de defunciones alcanzó su máximo en el año 1995, con 5.857 muertes. Una parte importante de esta cifra se produjo por contagios al compartir jeringuillas. En total, hasta 2022, el VIH ha matado a 60.000 personas en nuestro país. En 1996, la aparición de un tratamiento antirretroviral marcó un punto de inflexión en la enfermedad. Ahora, si hay tratamiento y seguimiento clínico, el virus permanece tan bajo en la sangre que se vuelve indetectable y, por lo tanto, no es transmisible. Pero, para eso, es importante la detección y el tratamiento, cuanto más temprano, mejor.

A aquella generación se la dio por perdida y así se la nombró. Pero, ¿perdida por qué y para quién? Los supervivientes de aquello y las familias se rebelan contra esa pérdida asumida. Lo hacen de forma luminosa y sin culpa. Porque hacer memoria es siempre necesario y nunca es tarde y evidencia la difícil relación emocional entre padres e hijos que se desentierra al nombrar aquellas muertes.

Hoy se transforman los vocabularios, los imaginarios, y se están llevando hasta otro lugar alejados del castigo: te lo has buscado. No. Hubo desconocimiento de la enfermedad y había una ruptura generacional con las décadas anteriores de dictadura. En plena epidemia, Carmen Martín Gaite escribía su novela Caperucita en Manhattan. Su hija Marta había fallecido por SIDA en 1985, y de esa alegoría se traduce, precisamente, que fue aquella búsqueda de la experimentación de la libertad la que se llevó por delante a tanta gente. 

A veces, el tiempo y la distancia abren paso a las nuevas perspectivas sobre el pasado. Son los hijos e hijas de los que se fueron con aquel virus los que necesitan entender quiénes fueron sus padres y madres. Son aquellos padres y madres que están vivos los que quieren explicarse a sus hijos. Por qué. Escribir sobre las heridas familiares nos traslada a territorios emocionalmente complejos. No es fácil atravesarlos. Pero sana. Por eso, es profundo el peso de cómo estas obras iluminan aquello que fue eliminado de la historia común, salvándolo de otra laguna oscura del proceso de transición democrática. Del silencio a la palabra. De la oscuridad a la luz. Del estigma a la información. 

*El título de la columna es un verso de la canción ‘No dudaría’, compuesta por Antonio Flores en 1980.

Bruselas ha lanzado la fase de consulta pública de lo que podría convertirse en la próxima gran normativa europea en materia digital: la Ley de Equidad Digital (Digital Fairness Act, DFA, por sus siglas en inglés). Cualquiera puede participar en el proceso de preparación de una iniciativa que nace del convencimiento, por parte de la Comisión, de que las actuales normas europeas de protección al consumidor no bastan para hacer frente a las prácticas desleales, opacas o directamente manipuladoras que proliferan en el ecosistema digital.

Tras someter a examen el marco legal actual, Bruselas ha hecho un diagnóstico contundente: hay leyes, sí, pero no son eficaces, no se aplican de forma coherente en todos los Estados miembros y dejan demasiados resquicios abiertos a quienes operan en línea.

Así que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, encargó el año pasado a Michael McGrath, el comisario de Justicia y Protección al Consumidor, activar todos los mecanismos que, si fructifican, conducirán a la aprobación de la DFA, una pieza complementaria a los ya ambiciosos reglamentos de servicios digitales (DSA), mercados digitales (DMA) e inteligencia artificial (AI Act).

Su foco, a diferencia de la normativa ya existente, no es tanto estructural o económico como ciudadano. Busca proteger de prácticas comunes en el mundo digital que a menudo representan graves riesgos para los consumidores.

Eso señala, por ejemplo, a las técnicas de diseño adictivo. Son estrategias que las plataformas usan para que el usuario pase más tiempo del planeado mediante el uso de scroll infinito, notificaciones constantes o recompensas variables (como en las redes o videojuegos). También pone en el punto de mira a las interfaces engañosas (dark patterns), que no son otra cosa que diseños pensados para manipular: botones ocultos para cancelar una suscripción, colores que inducen a hacer clic en lo que no se quiere, o formularios que inscriben en algo sin darse cuenta.

En el punto de mira también está la publicidad disfrazada, especialmente en influencers: son contenidos que parecen opiniones espontáneas, pero en realidad son anuncios pagados y muchas veces no se advierte que lo son, algo especialmente confuso para adolescentes y niños. También los mecanismos de compra dirigidos a menores, en particular sistemas como las loot boxes o cajas de recompensa en videojuegos (premios aleatorios que generan adicción) y monedas virtuales que hacen que se pierda la noción del gasto real.

La norma tratará, además, de poner fin a la personalización algorítmica de precios y anuncios: el uso de datos para mostrar precios distintos según el perfil de cada usuario (por ejemplo, si el sistema cree que alguien puede pagar más) o anuncios dirigidos a las debilidades de consumo de cada cual.

También están en el foco los contratos digitales poco transparentes (con términos legales largos y confusos que el público acepta sin entender y que pueden dar pocas garantías o ceder datos sin ser consciente de ello), así como la confusión deliberada sobre precios de referencia (se muestran supuestos descuentos sobre precios inflados o ficticios, haciendo creer que se está aprovechando una ganga cuando no es cierto).

Todos estos mecanismos tienen algo en común: desinformar, presionar o manipular para tomar decisiones. En este sentido, el alcance de la DFA se superpone parcialmente con normativas existentes como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la DSA o la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales.

La Comisión considera que la dispersión normativa, la baja coordinación entre autoridades y la falta de cumplimiento efectivo justifican una intervención legislativa más clara y centralizada.

El proyecto aún está en una fase embrionaria. La consulta pública, iniciada el 17 de julio, se extenderá hasta el 9 de octubre. Después vendrá un informe de resultados y, si el calendario se cumple, una propuesta legislativa para el tercer trimestre de 2026. La Comisión aún no ha decidido si el texto se materializará como reglamento (de aplicación directa) o como directiva, lo que implicaría trasposición nacional. Esa elección marcará el grado de ambición e impacto real del instrumento.

La idea, sin embargo, no ha gustado nada en el sector tecnológico y publicitario. Varias asociaciones del ámbito de la publicidad, entre ellas IAB Europe, han acusado a la Comisión de caer en la tentación de la sobrerregulación. Argumentan que muchas de las prácticas que se citan en la DFA ya están reguladas —aunque mal aplicadas— por el GDPR, la ePrivacy Directive o la propia DSA.

Insisten en que el problema no es la falta de normas, sino su ejecución. Y temen que una nueva normativa complique aún más el panorama jurídico, frene la innovación y ponga trabas adicionales a un sector que ya arrastra una fuerte carga regulatoria.

En una carta remitida a la Comisión hace pocos días, las principales asociaciones piden a Bruselas que centre sus esfuerzos en la correcta aplicación de la legislación ya vigente antes de considerar nuevas regulaciones. En su opinión, no tiene sentido avanzar en nuevas propuestas legislativas sin una evaluación completa de las normas actuales, lo que podría generar un entorno regulatorio duplicado, complejo y contradictorio, dificultando el cumplimiento tanto para empresas como para usuarios, y yendo en contra del objetivo europeo de simplificación normativa.

En particular, destacan que la industria publicitaria digital ya se encuentra fuertemente regulada en aspectos como la publicidad personalizada, la protección de menores, el uso de datos sensibles, los requisitos de consentimiento, los denominados dark patterns y el marketing de influencers.

La Comisión, por su parte, cree que el tiempo de las advertencias ha pasado y que hace falta una ley centrada exclusivamente en la equidad digital desde la perspectiva del consumidor, no desde la lógica de los mercados.

Los expertos del sector aseguran que la gran cuestión de fondo es si esta nueva ley será verdaderamente transformadora o se quedará en una mera declaración en un entorno saturado de marcos legales —DSA, DMA, AI Act, GDPR, EMFA, y ahora la DFA—. Bruselas tiene claro que, si no actúa, se corre el riesgo de que empresas y plataformas continúen operando con asimetría de poder frente a usuarios que apenas entienden en qué están consintiendo cuando hacen clic, ni qué consecuencias tienen los diseños que les atrapan, ni cómo se determinan los precios que ven en pantalla.

 España, Francia y Grecia han presentado una propuesta conjunta para establecer una edad mínima en la Unión Europea para poder acceder a las redes sociales, con el objetivo de proteger a los menores de edad. Los tres países han presentado la medida, a la que tuvo acceso EFE, de cara a la siguiente reunión de los ministros de telecomunicaciones que se celebrará en Luxemburgo el próximo 6 de junio.

En el documento, el ministro español de Transformación Digital, Oscar López; la ministra delegada francesa de Inteligencia Artificial y Digitalización, Clara Chappaz; y el ministro griego de Digitalización, Dimitris Papastergiou, no plantean cuál debería ser esa edad mínima, a la espera de ver cómo se desarrolla el debate entre los socios europeos, explicaron fuentes diplomáticas.

El objetivo principal es crear mecanismos obligatorios en la Unión Europea que permitan verificar la edad de los usuarios, así como un software de control parental para todos los dispositivos con acceso a internet en el mercado.

También plantean el establecimiento de normas europeas que exijan diseños adaptados a la edad, "minimizando así arquitecturas adictivas y persuasivas, como por ejemplo ventanas emergentes, la personalización de los perfiles o la reproducción automática de videos". "Europa se enfrenta a un problema de responsabilidad intergeneracional que requiere acción colectiva a nivel europeo. La protección de los menores frente a los daños y riesgos de internet", señala el documento, de tres páginas.

España, Francia y Grecia subrayan que su intención "no es ni criminalizar el uso de la tecnología ni proponer soluciones inaplicables a un desafío creciente", dado que existen "nuevos caminos para el aprendizaje, la comunicación, la creatividad y el entretenimiento". "Sin embargo, este progreso conlleva desafíos, especialmente para nuestros niños", por "las dinámicas de las plataformas digitales, cuyos mecanismos algorítmicos diseñan ambientes que capturan la atención de los usuarios e incrementan su exposición a diseños adictivos y, a menudo, contenidos y contactos dañinos", continúan los ministros.

España, Francia y Grecia señalan que el Reglamento General de Protección de Datos establece una protección adicional para la información de los menores y que la reciente ley de servicios digitales (DSA) obliga a las plataformas a ser más transparentes en el diseño de sus algoritmos y les prohíbe mostrar publicidad personalizada a los que no han alcanzado los 18 años.

Asimismo, celebran que la Comisión Europea esté preparando unas directrices que deberán seguir las plataformas en el marco de la DSA para garantizar la protección de los menores, con medidas como la verificación de la edad de los usuarios o la imposibilidad de que puedan interactuar con desconocidos.

Bruselas, además está desarrollando actualmente una aplicación móvil de verificación de la edad para toda la UE, que permitirá a los usuarios demostrar a una compañía que son mayores de 18 años, sin especificar cuál es su edad exacta. Todo ello "establece un estándar global para la protección de los menores en internet, pero aún queda mucho trabajo por hacer", aseguran los ministros. 

España aprobó el año pasado un anteproyecto de ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales que prevé elevar a 16 años la edad de acceso a las redes y que tipifica como delito.

También Francia aprobó el pasado mes de abril una ley que obliga a todas las páginas web de contenidos para adultos tener mecanismos de verificación de la edad. Además, el presidente, Emmanuel Macron, se ha mostrado a favor de prohibir el uso de teléfonos móviles antes de los 11 años y de las redes antes de los 15.

Mientras que Grecia ha puesto en marcha una estrategia para la protección de los menores de internet, con medidas que pasan por informar a los padres sobre las herramientas de control parental que están a su disposición. 

Mariano Choliz, catedrático de Psicología de la Universidad de Valencia, lleva trabajando casi tres décadas en el tema de la adicción al juego. Ha desarrollado un programa de prevención en el ámbito escolar que se llama Ludens y una guía clínica de tratamiento en 15 sesiones. Actualmente, está centrado en analizar “cómo los poderes públicos pueden hacer algo para regular el juego de manera que sea menos perjudicial para la sociedad”.

En esta entrevista, concedida en el marco de la serie de Investigate Europe sobre el sector del juego en Europa, defiende que “cuando hay un riesgo para la salud, habrá que ponderar hasta dónde llega la libertad de empresa”.

¿Cuáles son las principales características del mecanismo de adicción al juego?

Lo primero que hay que decir es que no todos los juegos son iguales. Todos los juegos tienen riesgo de adicción, eso sí, pero la magnitud es muy diferente. No tiene nada que ver la lotería, por ejemplo, con las máquinas tragamonedas.

Hay una serie de características que hacen que el juego sea más peligroso. Una de ellas es que te den la recompensa de manera inmediata. Y, sobre todo, que haya posibilidad de lo que en el sector se llama rejuego: volver a apostar lo que acabas de ganar o perder en una secuencia continua de juego. Esto es lo que hace que genere mayor necesidad de volver a jugar y, por lo tanto, mayor peligrosidad en lo que se refiere a la adicción.

En este sentido, el juego online tiene una serie de características que favorecen tanto la inmediatez de la recompensa como el rejuego.

¿Cuál es la dimensión del problema?

El principal problema es un pequeño porcentaje de la población que juega online. En España, aproximadamente 1.600.000 personas. De esa cifra, el 80% de todo el gasto lo soportan el 10% de los que juegan. Y gastan mucho dinero. Ese 10% equivale a 160.000 personas, que es una magnitud importante en términos de salud pública.

El juego online, que es el juego más adictivo junto a las máquinas tragamonedas, mueve una cantidad de dinero en España que ya ha superado a todo el juego tradicional.

¿Qué tipo de estrategias de las empresas contribuyen a la adicción?

Las empresas buscan hacer que el juego sea más atractivo para que la gente apueste. Ahí estamos hablando de la publicidad y el marketing y entramos en el debate de la libertad personal y de la libertad de empresa.

Las empresas utilizan técnicas de marketing como dar bonos para jugar. En psicología del aprendizaje eso se conoce como presentar el refuerzo antes de la conducta.

Te dan bonos, con eso te atreves a jugar porque en principio no gastas dinero, pero ya te has metido en esa vorágine. En la última reforma legal en España sobre publicidad, se prohibieron los bonos de bienvenida, que se dan a alguien que nunca antes ha jugado. El resto de bonos no se prohibían. Bueno, pues ni siquiera eso fue aceptado por el Tribunal Supremo, y ahora se aceptan los bonos de bienvenida, entendiendo que es una actividad comercial y las empresas tienen la libertad de ofrecer su producto.

Cuando hay un riesgo para la salud habrá que ponderar hasta dónde llega la libertad de empresa.

No habría que permitir ese tipo de estrategias publicitarias. El problema de la publicidad no solo es que afecta más a quienes tienen adicción, sino que la gente que nunca jugaría, con las técnicas de publicidad tiene el riesgo de caer en esta actividad.

A otros niveles, la publicidad también sirve para dar socialmente una percepción del juego como una actividad económica más, una actividad lúdica, y eso afecta también a quienes tienen la potestad de regularlo.

¿Tan difícil es explicar que el juego no es sólo una actividad económica?

Puede haber una oferta de juego, que las personas tengan la posibilidad de apostar, pero no todos los juegos deberían estar permitidos. Igual que hay productos farmacológicos o de alimentación que están prohibidos por sus características tóxicas, hay juegos que son tóxicos y deberían prohibirse. Y otro tipo de juegos deberían regularse para no generar esa compulsión.

Para no saltarse la libertad personal de las personas que quieran jugar y proteger al mismo tiempo al propio jugador, lo ideal sería que existiera una tarjeta de juego que identifique a cada persona y que tenga en cuenta lo que está perdiendo, de manera que cuando llegue a un tope se le bloquee temporalmente. La adicción provoca que la persona sea incapaz de dejar de jugar por sí mismo. Bueno, pues vamos a ayudarle de esa manera.

Y después, el juego como actividad económica debería regularse de manera distinta al resto de actividades económicas, entendiendo que es una actividad tóxica para algunos. Y es así porque, tal y como está diseñado, genera este tipo de perjuicio.

En una empresa de juego, los ingresos proceden directamente de lo que la gente pierde cuando apuesta. Cuanto más ingresos tiene una empresa, más perjuicio está provocando. Y, claro, cuanto más ingresos tiene, más rentable es. En una sociedad de mercado en la que hay competición entre las empresas para ver cuál es más rentable, pues estamos en una vorágine muy peligrosa de provocar enfermedad en la sociedad.

¿La UE debería regular la publicidad del juego del mismo modo que la del tabaco?

Sí, por supuesto. La publicidad es la manera de presentar el juego a la sociedad, y siendo una actividad que genera esta peligrosidad, debería estar muy limitada. Hay juegos que no se deberían publicitar de ninguna manera y otros, que tengan menos riesgo, publicitarlos de una manera que no incite. Tendría que haber una regulación más estricta.

La realidad va en sentido contrario. A través de la publicidad en clubes de fútbol, las empresas de apuestas están llegando cada vez más al universo de los menores, quizá pensando en que son el filón del negocio del futuro, ¿no cree?

Claro, claro. Cuando el juego online en España todavía no era legal, y había interés en promocionarlo, a los jóvenes se les entendía como un nicho de mercado. El sector pensaba que esas personas de 20, 25, 28 años no acudían a los juegos tradicionales, a los casinos o las máquinas tragamonedas de los bares, y sin embargo Internet era un espacio mucho más atractivo para ellos. Y así fue. En el juego online hay un porcentaje mucho mayor de personas menores de 35 años que mayores de esa edad.

¿Qué regulación sería la más eficaz?

Lo que sería más eficaz es que la persona, cuando fuera a jugar, tuviera que identificarse con una tarjeta, personal e intransferible, que registrara cuántas veces ha jugado, cuántas veces has ganado o perdido. Eso es fácil. Todos los juegos electrónicos tienen ese registro.

Y que haya una limitación. Las limitaciones que existen ahora, por ejemplo autoprohibirte en un juego, no funcionan. Puedes ir a otro tipo de juegos y hay gente con un problema de adicción que no se va a poner esa limitación.

Estamos hablando de personas para quienes la adicción al juego es una enfermedad mental, que son incapaces de dejar de jugar. Tienes la posibilidad de ponerte un límite, pero no te lo pones, porque eres incapaz de ello. Ese límite hay que ponerlo de manera externa.

¿Qué juegos deberían estar prohibidos?

El principio fundamental es que no todos los juegos tienen el mismo riesgo. A la lotería puede jugar en España el 70% de la población, pero hay muy poca gente cuyo problema principal de adicción sea la lotería. En cambio, a las máquinas tragamonedas puede jugar el 3% de la población, y son la principal causa de adicción.

No veo ningún problema con las loterías, siempre y cuando no haya más de dos o tres sorteos a la semana y la compra no se pueda realizar hasta el último minuto, o con las quinielas. Pero sí que existe un problema cuando el juego es inmediato y cuando hay un rejuego.

Las slots online deberían prohibirse. No hay ninguna necesidad de que existan. Y se debería reducir la disponibilidad de otro tipo de juegos.

La adicción impacta en diferentes ámbitos de la vida del jugador.

En los casos más extremos, la persona que juega se arruina primero ella y después arruina a la familia y a los amigos.

Hay nueve criterios diagnósticos para definir qué es un jugador patológico: necesidad de jugar cantidades mayores de dinero, síndrome de abstinencia, malestar cuando no puedes jugar, dificultad en parar, afecciones familiares y laborales… Uno de esos criterios es buscar ayuda financiera, es decir, pedir dinero para seguir jugando. El problema afecta primero a la persona, pero se extiende a su entorno. Y si tiene una familia, pues imagínate.

Después está el problema de la salud mental. Hay 264 trastornos y el juego patológico es el tercero en índice de suicidios. Solo por detrás del trastorno bipolar, lo que antes se llamaba psicosis maníaco-depresiva, y de la depresión mayor. El tercero es el juego patológico. La sociedad algo tiene que decir en este sentido, porque alguien que tenga esquizofrenia, pues no se puede prevenir, pero el juego sí.

Las tiendas de toda la vida van desapareciendo sin que nos demos cuenta en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. En su lugar, dándote un paseo por sus calles, te puedes encontrar con un nuevo tipo de establecimiento con una peculiaridad: el producto que está a la venta no se ve. Se trata de tiendas físicas de criptomonedas, como la que se encuentra en pleno Paseo de las Delicias, poco antes de llegar a la estación de Atocha de Madrid. Un local de GBTC Finance diáfano, pequeño y con un letrero luminoso con el signo del Bitcoin, donde un chico te atiende diligentemente tras el mostrador. Los jóvenes ya son clientes asiduos de este tipo de establecimientos.

Estados Unidos se encuentra en plena fiebre de las criptos. La lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, horas antes de tomar posesión, conocida como $TRUMP, superaba a los pocos días los 10.000 millones de dólares de valor de mercado, aunque actualmente su valor es mucho más bajo. Esté sábado, el presidente de Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje en la red social X en donde publicitaba una supuesta criptomoneda, pero al poco tiempo lo borró y ofreció excusas, después de informarse sobre el posible vínculo de este producto con unos estafadores. Se trataba también de una memecoin, como se le conoce en el mundo digital a aquellas criptomonedas que no cuentan con respaldo económico real y se basan en capitalizar el entusiasmo que gira alrededor de un fenómeno o una persona en las redes sociales.

España no es ajena a esa fiebre mundial. Según el Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2024 de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD), un 26,8% de los adolescentes de 14 a 18 años de este país admite haber invertido en el negocio de las criptomonedas o en trading, comprar activos y venderlos cuando alcanzan un precio más alto, o venderlos a un precio alto y comprarlos nuevamente cuando sea más baratos. 

La incipiente criptoclientela en España podría dividirse en tres perfiles: personas que carecen totalmente de información, los inversores habituales, que ya tienen nociones de cripto, y, por último, los extranjeros. "Extranjeros que vienen a España o que están viviendo aquí, y necesitan efectivo. Alemanes que van a Mallorca o a Ibiza a quemar el dinero. Como sólo pueden entrar cierta cantidad de efectivo en el vuelo, si tienen criptos, se acercan a nuestras tiendas y las cambian por efectivo", comenta Miguel Ángel Lorenzo, de GBTC Finance, empresa que tiene locales físicos de compra venta de criptomonedas en varios puntos del país.

Ángela Casas, de 26 años, es un claro ejemplo de inversora que carece de información. Explica a infoLibre que invirtió 35 euros en Cardano, porque "era lo mínimo que se podía meter hace cinco años, cuando me animé a ver que tal". Sobre la evolución de su precio en el mercado, aclara que "bajó muchísimo su valor, hasta los cinco euros, pero luego volvió a subir. Actualmente estoy en -11 euros, pero ha llegado a estar en 35. Todo depende de cómo fluctúe su valor". También invirtió 20 euros en Bitcoin "por probar" y subraya que un familiar próximo invirtió en Solana, "que sí que ha crecido bastante más". "Como podéis ver, no he ganado dinero con esto", continúa, para acabar diciendo que no cree que vuelva a invertir en un futuro.

Sobre el perfil del comprador de este tipo de activos, la psicóloga Lucía Vara afirma que "el mercado de las criptomonedas es volátil, lo que atrae a personas con perfiles psicológicos proclives a asumir riesgos, que tienen una alta tolerancia a la incertidumbre y a lo impredecible, y que están más dispuestas a aceptar pérdidas potenciales a cambio de una ganancia significativa".

Nicolás García-Cos, de 23 años, es el tipo de comprador informado sobre el universo cripto que está dispuesto a asumir riesgos. Asegura que lo que le atrajo de las criptos "es que son algo nuevo, que rompe con lo tradicional". Además, invertir en bolsa es más complicado. Señala que empezó invirtiendo 100 euros en Bitcoin en 2022, porque lo veía como un "valor seguro" y para probar a ver qué tal le iba. Ya más informado, invirtió en Ethereum, compró varias NFT e incluso se introdujo en el minado de criptomonedas, que es lo que mantiene la red Bitcoin en funcionamiento, creando nuevos bloques en la cadena y verificando las transacciones. Sin embargo, no recomienda este tipo de inversiones, pues reconoce que es "demasiado arriesgado" ya que "hay demasiada volatilidad" y, en su opinión, es mucho más seguro invertir en productos financieros tradicionales, más estables y regulados. O en Bitcoin, que califica como "la criptomoneda más segura".

La también psicóloga Conchita Sisí coincide con Lucía Vara en ciertos rasgos comunes en la personalidad de este tipo de inversores jóvenes, como la "impulsividad y la búsqueda de gratificación rápida". Por ejemplo, Aaron Garrido, de 21 años, comenta a infoLibre que aprovechó la oportunidad de comprar a finales del año pasado $Pambi, la criptomoneda (o en este caso, memecoin) que lanzó el youtuber Dallas. "Invertí 600 euros y gané 12.000, de golpe". Afirma que comenzó a invertir en criptos "entre el 2020 y el 2021, cuando hubo un boom de una que se llamaba Chika Token. Se hablaba tanto de ella que me dije ¿por qué no?". Comenzó invirtiendo unos 100 euros, y actualmente tiene invertidos unos 800. Él nos comenta además que se decidió a probar las criptodivisas porque, según su experiencia, "invertir en compañías tecnológicas no es tan sencillo como lo pintan, y hacerlo en 'criptos' es fácil y sencillo".

En cuanto a los riesgos psicológicos asociados a inversión en este tipo de activos, Lucía Vara explica que las criptomonedas tienen el potencial de generar adicción. "Su volatilidad extrema y la posibilidad de obtener ganancias rápidas activan en el cerebro los mismos circuitos de recompensa que las apuestas o el juego. Además, factores como el fácil y constante acceso a las plataformas de trading, el miedo a perder oportunidades y la emoción asociada a las subidas y bajadas del mercado suponen el cóctel perfecto para incrementar el riesgo de desarrollar patrones adictivos".

Esta opinión es compartida por Conchita Sisí. Según explica, existen varios paralelismos entre la inversión en criptomonedas y el juego patológico. "Ambos implican riesgo, incertidumbre y la posibilidad de obtener grandes recompensas en poco tiempo, lo que activa los circuitos de recompensa en el cerebro". Para algunos jóvenes, "la inversión puede convertirse en una conducta adictiva, especialmente cuando buscan recuperar pérdidas, lo que hace que experimenten una euforia intensa al ganar". Según la experta, en estos casos, puede aparecer incluso tolerancia (necesidad de asumir mayores riesgos para sentir la misma emoción), abstinencia (ansiedad cuando no pueden operar) y escalar hasta el punto de deteriorar otras áreas de sus vidas.

Sisí considera esta forma de inversión "un arma de doble filo" ya que por un lado, "ha democratizado el acceso a los mercados financieros, permitiendo que cualquiera pueda participar." Pero también ha traído graves riesgos, sobre todo "un aumento del estrés financiero en personas que invierten sin la información adecuada", además de que puede llegar a producir "una desconexión con el valor real del dinero".

Para Vara, las criptomonedas representan también una revolución en el sentido social y sociológico, pues "han provocado una crisis de confianza hacia los sistemas financieros tradicionales, como los bancos centrales o las entidades reguladoras". Además, afirma, "han cambiado la forma en que las personas actúan respecto a sus finanzas y perciben el dinero".

El Ministerio de Sanidad ha retirado el empaquetado genérico del proyecto de real decreto que regula determinados aspectos de los productos del tabaco y derivados, que sí mantendrá otras medidas como la prohibición de sabores y aromas de los vapeadores, pero lo retomará más adelante en otra norma diferente.

Fuentes de Sanidad han explicado a EFE que la medida ha sido retirada del texto de real decreto que envió el pasado viernes a la Comisión Europea por una cuestión de rango normativo, pero ello no implica en ningún caso que con ello estén renunciando a implantar el empaquetado neutro del tabaco.

Esta medida figuraba en el proyecto de real decreto que el departamento que dirige Mónica García sacó a audiencia pública el pasado mes de noviembre para establecer la obligatoriedad de la apariencia uniforme del empaquetado de cigarrillos y tabaco de liar, eliminando elementos de diseño y colores atractivos que puedan incentivar el consumo. Finalmente, esta medida no irá en esta iniciativa, pero Sanidad la quiere recuperar en otra.

A través de un hilo en la red social X, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha precisado que la evidencia sobre el empaquetado genérico es "robusta" y por eso la llevarán "al otro gran desarrollo normativo" que tiene por delante el Ministerio en esta materia: la reforma de la ley 28/2005 la conocida como ley antitabaco.

Este mismo lunes, en el evento Plan Antitabaco, caminando hacia un futuro libre de humo, organizado por infoLibre, Mónica García ha subrayado que en el Ministerio son "ambiciosos" y van a ir "punto por punto" en la lucha contra el tabaquismo, desde la intención de ampliar las zonas en las que no se podrá fumar a la regulación de los vapeadores y el empaquetado genérico porque cuentan "a su favor" con toda una sociedad que "está concienciada".

Por lo demás, el resto de medidas se mantiene, desde la regulación de los cigarrillos electrónicos sin nicotina para fijar requisitos de etiquetado, como la inclusión de una lista de ingredientes y advertencias sanitarias del tipo "Consumir este producto es nocivo para su salud" y un folleto informativo sobre el uso, almacenamiento, contraindicaciones, posibles efectos adversos, etcétera.

Además, la norma limita el uso de aromatizantes en los cigarrillos electrónicos, con y sin nicotina, a solo aromas de tabaco para evitar que los sabores artificiales resulten atractivos para los jóvenes. Del mismo modo, se introducen dos nuevas categorías de productos derivados, las bolsas de nicotina, que no podrán exceder los 0,99 gramos por sobre, y los productos a base de hierbas calentadas, estableciendo requisitos de seguridad, etiquetado y comercialización.

Por último, actualiza el etiquetado de los productos del tabaco y relacionados para mejorar la información disponible para los consumidores, incluyendo advertencias sanitarias más claras y completas.

El consumo de tabaco sigue cayendo en picado. Nunca antes en los últimos 30 años se ha fumado tan poco como ahora. Y ya no sólo eso, sino que hasta un 67,7% de quienes lo siguen haciendo ya se plantean dejarlo. Parace una victoria, pero es que estas cifras comparten inevitablemente titulalres con otro dato: más de la mitad de los jóvenes entre 14 y 18 años ya ha probado los cigarrillos electrónicos. Este consumo ha alcanzado ya unas cotas nunca antes vistas. Por eso es ahí donde el Ministerio de Sanidad pone el foco de su nuevo Plan Antitabaco. En el tabaco calentado, en los vapeadores, en las bolsas de nicotina... "No son formas para dejar de fumar, son puertas de entrada a una adicción al tabaco", lamentó este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García.

Lo hizo este lunes durante una entrevista con el director de infoLibre, Daniel Basteiro, en el marco del foro Plan Antitabaco, caminando hacia un futuro libre de humo organizado por el periódico con la colaboración del Ministerio, que aprobó en abril de 2024 el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027. Lo hizo desempolvando un plan que llevaba años en un cajón y con un objetivo claro: reducir la prevalencia de esas nuevas formas de tabaquismo que cada vez tienen más presencia. Y actualizar una legislación que había conseguido dar unos frutos muy positivos.

Todavía le queda recorrido, pero García se mostró optimista. Porque el plan tiene, aseguró, un apoyo social indiscutible, pero también una evidencia científica apabullante. El humo de segunda mano que puede haber en una terraza contamina el aire hasta en un 30%, aumentar un 10% el precio de las cajetillas puede reducir su compra en hasta un 4% y el empaquetado genérico desincentiva el consumo, como ya han demostrado experiencias en otros países.

En cualquier caso, el propio Ministerio de Sanidad retiró esta medida del Real Decreto que la contenía y que habían sacado a consulta pública el pasado mes de noviembre con otras medidas como, por ejemplo, la prohibición de aromatizantes en cigarrillos electrónicos. Fuentes del Ministerio explican que se ha hecho por una cuestión de "rango normativo" y que en ningún caso renuncian a llevarla a cabo, sino que la incluirán en un nuevo decreto más adelante. Porque el recorrido que queda pendiente es largo.

"Llevamos décadas luchando contra el tabaco, y ahora es momento de empezar a abordar todas esas medidas que han demostrado ser eficaces", aseguró García. Más allá de ellas, prohibiciones más drásticas como vetar la compra de estos productos por parte de ciudadanos menores de alguna edad en concreto no están en la hoja de ruta. Al menos por ahora.

Pero el foco está ahí, en esas nuevas generaciones que rechazan los cigarrillos tradicionales pero que encuentran en los cigarrillos electrónicos y vapeadores una entrada a una adicción que luego puede virar hacia el consumo de cigarrillos tradicionales. Las tabacaleras lo saben y por eso trabajan en ello. "No hay tabaco bueno, y eso lo sabemos todos, por eso la estrategia de la industria ha virado a todos esos dispositivos que venden como menos perjudiciales pero que en realidad buscan captar a los jóvenes. Siguen siendo tóxicos, y además son la puerta de entrada a todo lo demás", criticó la ministra.

En paralelo, añadió García durante el encuentro de este lunes, otro de los esfuerzos y prioridades se dirige a ese 67,7% de fumadores y fumadoras que quieren dejarlo y no pueden. Y para ellos, señaló, va dirigida la estrategia de financiar los fármacos dirigidos a la reducción de la adicción. "Precisamente porque sabemos que hay tanta gente queriendo dejarlo el esfuerzo está en que muchos jóvenes no entren en la adicción", insistió.

La sociedad civil y los profesionales que luchan contra el tabaquismo comparten el diagnóstico. Y también el tratamiento. Pero eso sí: exigen ir más allá. Así lo dabetieron los representantes y expertos de distintas organizaciones que participaron en la mesa redonda celebrada tras la entrevista a la ministra. Fueron Felipe Villar Álvarez, neumólogo de la Fundación Jiménez Díaz y experto en tabaquismo; María del Mar Arroyo Jiménez, licenciada en Ciencias Biológicas y directora del máster Especialista en Prevención del Consumo del Tabaco y Abordaje Integral de la Adicción; Raquel Fernández Megina, presidenta de la Asociación nofumadores.org; y Noa Rey, farmacéutica y afiliada a la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo (SEDET).

Fernández, que ha llevado a cabo varias campañas de recogidas de firmas, fue la más tajante. "Educar está bien, pero sancionar también es educar. Es importante establecer una generación libre de humo a través de la abolición progresiva de su venta", dijo. "En este país no nos pusimos el casco de moto o el cinturón de seguridad hasta que no hacerlo empezó a implicar una multa", subrayó Rey. Ambas lo tienen claro: hay que prohibir. Directamente. Y también hay que castigar cuando no se hace. "Muchas veces hemos visto terrazas en las que no se permite fumar pero donde la gente lo hace y no pasa nada", denunció Rey.

Todo esto no quita, no obstante, que no haya que seguir realizando una labor pedagógica como la que ejercen proyectos como el de Arroyo, que apostó por invertir en "información no sesgada".

"Es importante explicar, por ejemplo, que el vapeo no es fumar agua, sino consumir partículas tóxicas", lamentó. Sustancias que, aunque diferentes a las del tabaco tradicional, también generan daños. Y muy parecidos a los de los cigarrillos. "También afectan a los pulmones y puedes producir complicaciones cardiovasculares", dijo Villar.

Lo ve cada día en su trabajo. Igual que observa cómo la prevalencia de las enfermedades que trata como neumólogo están asociadas, todavía y en una gran medida, al tabaquismo. "La EPOC [enfermedad pulmonar inflamatoria crónica] es la tercera causa de muerte en nuestro país y afecta a entre un 11 o un 12%. Mucho nos tememos además que esté infradiagnosticada", lamentó. Por eso abogó por todas las medidas que maneja Sanidad. Pero siempre teniendo presente una cosa: "El tabaquismo es un problema de salud pública".

Hace mucho que se dio la voz de alarma. Corría el año 2018 cuando el Gobierno central y los ejecutivos autonómicos empezaron a poner coto legislativo a un problema que no dejaba de crecer. Las casas de apuestas entonces florecían por todas partes, especialmente en los barrios más pobres de las ciudades. Sólo en cinco años, y sólo en Madrid, habían crecido un 300%. El juego online, por su parte, cada vez se publicitaba más. Y con personajes famosos que resultaban un reclamo para los más jóvenes. Ahora, siete años después, parece que el problema empieza a disminuir. O cuanto menos a estabilizarse.

Así lo evidencia el Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos presentado este lunes por el Ministerio de Sanidad con datos correspondientes a la encuesta Edades 2024 (realizada en personas de entre 15 y 64 años) y Estudes 2023 (realizada en personas de entre 14 y 18 años y cuyos resultados ya fueron incluidos en la misma edición del estudio presentada el año pasado). No ha habido ni mucho menos una desaparición del problema, pero sí una caída de las personas afectadas. Al menos, por los juegos de azar presenciales, que han disminuido un 17% desde 2020. Y que aun así mantienen enganchada a más de la mitad de la población. En concreto, al 52,9% de quienes tienen entre 15 y 64 años.

Hay tres tipos de juego, especifica Sanidad. El primero se denomina tipo I y engloba a las loterías, a las quinielas y a los concursos de televisión, radio y prensa. El segundo, llamado tipo II, lo conforman las loterías instantáneas y el bingo. Y el tercero, por último, las apuestas deportivas, las máquinas de azar y los juegos de cartas. Y es en estos últimos donde frecuentemente se genera una adicción. Lo dicen los datos contenidos en el informe presentado por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Joan Villalbí, y la directora del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones, Begoña Brime: aquellas personas que prueban estos juegos tipo III multiplican por cinco sus probabilidades de desarrollar juego problemático.

La nota positiva es que este tampoco deja de disminuir, en línea con el número de jugadores. Lo ha hecho, en concreto, un 46% desde aquel 2018, aunque en los últimos dos años se ha mantenido prácticamente inalterable: ha pasado de afectar a un 1,3% de los encuestados en 2022 a hacerlo a un 1,4% en 2024. Tampoco ha cambiado el hecho de que este problema afecta mucho más a los hombres (2,2%) que a las mujeres (0,7%).

Muchos de ellos piden ayuda. No hay datos relativos a quienes lo hicieron en 2024, pero el informe de Sanidad sí recoge que en 2022 fueron 4.052 personas las que se sometieron a un tratamiento por un trastorno comportamental. La mayoría lo hizo además por un problema con el juego. En concreto, el 82%. Por su parte, un 9,3% acudió a terapia por un uso compulsivo de internet, móviles, videojuegos o redes sociales, una adicción que ni aumenta ni desciende. Sigue afectando al mismo número de personas que en 2020. Y sigue poniendo en jaque al 11,7% de los jóvenes de entre 15 y 24 años.

¿Y cómo se le puede poner coto? Pues eso depende de la voluntad de cada comunidad. Son las autonomías las que tienen la competencia sobre el territorio y son ellas, por tanto, las encargadas de ser un dique de contención frente a las máquinas tragaperras, las salas de bingo o las casas de apuestas. Una de las últimas en hacerlo fue Navarra, que aprobó el pasado mes de mayo una normativa que prohíbe la instalación de estos últimos locales a menos de 400 metros de centros educativos, una medida que también adoptó en su día Baleares o la Comunidad de Madrid, aunque no sin polémica por afectar, únicamente, a los locales de nueva creación.

Normativas de ese tipo han conseguido que este tipo de negocios disminuyan. En concreto, según los últimos datos de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), en 2023 había 674 locales de apuestas en todo el país, un 37,5% menos que en 2022 (927) pero todavía un 41,8% más que antes de la pandemia.

Cosa muy distinta ha pasado, por ejemplo, con el número de tragaperras. Según el mismo informa de la DOGJ, las denominadas oficialmente máquinas B no han dejado de aumentar. En 2022 había 143.657 instaladas en locales de hostelería, un número que en 2023 aumentó hasta las 151.883. Son un 5,7% más aunque, en cualquier caso, menos que las que había antes de la irrupción del coronavirus. Con los casinos ha pasado algo parecido, puesto que en 2019 había en todo el país 355 máquinas y mesas y en 2023 eran ya 376.

Es aquí donde los expertos ponen el foco. El juego presencial es el que provoca el enganche. El online hace el resto.

Su situación es muy distinta. Según el informe de Sanidad, su prevalencia se mantiene estable, en un 5,5%, según el informe presentado este lunes por Sanidad. Afecta, igual que la otra modalidad, sobre todo a los hombres, puesto que la prevelancia en ellos se eleva hasta el 8,2%, un porcentaje que en el caso de las mujeres se sitúa en el 2,7%. Lo llamativo en este caso es que su presencia es mayor cuanto menor es la franja de edad que se analiza. Así, en el caso de los más jóvenes tiene presencia en hasta un 40,2%. Pero según todos los expertos este tipo de juego no es el problema, sino la consolidación de lo que ya se inicia mediante la modalidad presencial.

La regulación del juego online es competencia del Gobierno central, no de los autonómicos, y el paso de Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo intentó ponerle coto. Lo hizo a través de dos decretos. Uno fue el aprobado en marzo de 2023 y que pretendía generar un "entorno seguro de juego". Sus últimas medidas entraron en vigor el pasado 14 de marzo y establecieron, por ejemplo, la obligación de que todos los jugadores, al entrar en una web, establecieran "un límite de tiempo y dinero". Y la prohibición de usar tarjetas de crédito para "jugadores intensivos y con comportamientos de riesgo".

El otro decreto se aprobó en noviembre de 2020 y puso el foco, en aquella ocasión, en la publicidad. En concreto, el texto prohibió los anuncios audiovisuales fuera del horario de 1.00 a 5.00 horas de la madrugada e impidió que los famosos y las personalidades públicas como jugadores de fútbol anunciasen esas webs. Pero el Tribunal Supremo anuló estos puntos argumentando que "determinadas limitaciones o prohibiciones establecidas en la norma reglamentaria carecen de la necesaria cobertura legal", un fallo ante el que el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya anunció una nueva norma.

El guionista y director Javier Giner se abrió en canal en el libro que publicó en 2021. Contaba su historia de adicción con la bajada hasta tocar fondo. También con el proceso de recuperación que había consolidado desde que años antes había ingresado en una clínica de desintoxicación.

Yo, adicto, en su edición impresa (Paidós), era una confesión real que, al transformarse en serie, se ha convertido en una autoficción. En su versión en Disney Plus, el personaje central suma otras miradas, las de los compañeros de Giner en el guion, las de los actores, las de otros adictos que ha pasado por lugares parecidos.

Transmite una fuerza confesional, una seguridad total de que lo que se está viendo es verdad. Todo, el viaje del protagonista y el de sus compañeros. El dolor, la mezquindad y las técnicas terapéuticas y el aprendizaje.

Se empieza hablando de droga y descontrol y se llega a un lugar mucho más universal. Según contaba el propio Giner en El cine en la SER la serie acaba abordando el “poder de la bondad, la necesidad de vincularnos, la humanidad o el poder de comunicarnos desde la herida”.

En otra entrevista a en Fuera de series Giner resume lo que ha querido, y logrado, hacer con este trabajo: “un abrazo a la gente que sufrimos”. Cuando leemos el título Yo, adicto, podemos imaginar dos tipos de historias, la trágica o la de redención. Esta serie pertenece a esa segunda categoría, la de la esperanza. 

En un momento del guion, el protagonista le dice a su terapeuta: “Todo esto nunca se trató de drogas, sino de aprender a vivir”. Y la serie, como el libro, tiene una parte de herramienta de ayuda a personas que recorren caminos parecidos.

Ese aprendizaje tiene una parte de trabajo individual del personaje y otra que resume las terapias que se utilizan para guiar hacia la salida de las adicciones. Uno de los mejores momentos de la serie se produce cuando la terapeuta lleva a Giner a una situación límite y este tiene que enfrentarse cara a cara a quién es. 

Hay muchos momentos poderosos en los episodios, pero este esta contado de una forma muy visual, sin palabras y en su desmesura refleja una sensación universal y muy frecuente, la frustración.

A lo largo de los capítulos se pasa de la historia de un tipo muy pasado y desagradable a destilar lo común en muchas biografías que se tuercen y acaban en adicciones. La serie trata ya de como cualquier persona se va perdiendo y enderezando.

Uno de los grandes aprendizajes y embrollos es el que ocurre en la familia y a ella está dedicada la quinta entrega, una catarsis de madre, padre e hijo en la que se pueden ver reflejadas muchas dinámicas compartidas por diferentes personas. 

En Yo, adicto cuesta ver el guion porque el intérprete Oriol Pla se come al personaje, como dice Giner, “lo habita”. Parece que vemos una obra confesional del propio actor, que no puede estar contando la historia de otro sino la propia. 

Y la magia sigue en la promoción que hacen juntos y en la que ambos llevan las mismas gafas de sol, parecidas uñas pintadas, desprenden la misma energía y parecen una misma persona con dos cuerpos.

La serie es Oriol Pla en cada latido y sin embargo hay hueco para otras estupendas interpretaciones. Marina Salas y Omar Ayuso están imponentes como yonkis cada uno de lo suyo. Itziar Lazkano, Bernabé Fernández, Àlex Brendemül, Vicky Luengo, Ramón Barea y otros tantos y tantas entregan actuaciones precisas e intensas. 

Nora Navas interpreta a Anaïs, la terapeuta que dirige la recuperación de Giner. Es el único personaje además de él mismo que responde al nombre verdadero de la persona a la que representa. Hace unos años la Anaïs López real concedió una entrevista junto a Giner al Hoy por hoy que puede verse aquí.

Claramente Giner aprovechó su oportunidad de desaprenderse y reaprenderse en la clínica. Descubrió que sus estrategias de conseguir las cosas con rabietas y manipulaciones no le llevarían al bienestar a la larga y cambió una clave fundamental. Pasó del yo al nosotros, como también retrata en la serie.

Giner había hecho primero una confesión descarnada en su libro y la conversión en audiovisual tenía que ser jugándoselo todo. “Si no se hace de manera kamikaze no merece la pena. Esto es un salto al vacío comunitario” afirma. Y agradece la suma de valentías y generosidades que han hecho posible la serie.

El riesgo en pantalla siempre es el ridículo, medir mal los tonos, fallar en algunos momentos y devaluar el conjunto. Afortunadamente, ha salido bien. El equipo se muestra emocionado por el recibimiento. Especialmente por el de las personas que se han visto retratadas, reconocidas y queridas en lo que se cuenta.  

Aitor Gabilondo, Jorge Gil Munárriz y Alba Carballal han colaborado con Giner en el guion. Carballal también ha sido guionista en Los años nuevos, de Sorogoyen, así que está en un momento dulce de estrenos. 

En la dirección Giner ha estado acompañado de Gabilondo y Elena Trapé, pero reconoce haberse lanzado alegremente con tan solo algún corto y un episodio en una serie como experiencia previa en la dirección.

La autoficción vive un gran momento en general, por ejemplo, con Mi reno de peluche, y en concreto en España. Una generación de creadores y creadoras se encuentran en su plenitud en una época que aboga por la salud mental, que pasa por airear los trapos sucios que antes se escondían. 

Pedro Almodóvar, en Dolor y gloria, Bob Pop, en Maricón perdido, Ana Rujas, en Cardo, Berta Prieto y Belén Barenys en Autodefensa, o esta serie entre otras cuentan verdades individuales que nos dan pistas sobre la intimidad de situaciones que si no solo conoceríamos por las estadísticas.

"Llegaba a pasar tres o cuatro horas al día, incluso cinco, en ocasiones". Quien habla es Sol Gil Rodríguez, una abogada de 26 años que decidió eliminar su cuenta de Instagram cuando se hartó de "perder su tiempo en algo que no le aportaba nada". Bueno, nada no. Ahora es consciente de que pasar horas en la aplicación le provocaba frustración: "Porque veía la vida perfecta que otros mostraban, el físico de las influencers que yo no podía tener... Estaba cansada de ver lo afortunada que era la gente mientras yo no lo era porque tenía que ir a trabajar, no me gustaba ir al gimnasio y no tenía tiempo para nada."

Tras haber intentado sin éxito limitar el tiempo de uso y dejar de usarla desinstalándola de su móvil —algo que no funcionaba ya que accedía desde su ordenador—decidió borrar su cuenta hace dos años. "Recaí a los seis meses, pero duré unos dos días, porque me vi de nuevo en ese mismo bucle, así que la volví a eliminar", reconoce. Sol eliminó también Facebook de su teléfono y, aunque sigue utilizando X, dice que no tiene el mismo impacto negativo ya que lo usa solo para leer noticias.

Para María B.P., de 26 años, dejar las redes sociales fue imprescindible para salvar su salud mental tras romper con su pareja. "Me pasaba el día mirando su TikTok y sus historias de Instagram. "Era muy nocivo", asegura. Se encontraba deprimida y no paraba de ver la vida perfecta de los demás, algo que le hacía sentirse peor consigo misma: "Alimentaba mi sentimiento de fracaso vital". Esto fue lo que le llevó a cortar por lo sano. Y según cuenta a infoLibre, fue lo mejor para ella.

Desde que dejó las redes afirma llevar mucho mejor el duelo por su ruptura, "a veces me pongo triste, pero eso es normal". Tampoco se plantea instalarse de nuevo las apps en el corto plazo, aunque quizás vuelva en un tiempo. A pesar de sentirse "muy desconectada con el resto de la gente", el balance es positivo .

Jorge Alarcón, periodista de 24 años, tomó la decisión de eliminar Instagram de su móvil, ya que el afán de comparar su vida con las que veía en las redes no era bueno para su salud. Algo de lo que ya le había advertido su psicóloga. A la sensación de ser poco productivo se unieron los problemas para relacionarse con los demás ya que "buscaba cuerpos perfectos", como los que inundan la app. Así resume él mismo lo que le ocurrió: "Fue la obsesión de buscar fuera la aceptación que no venía de adentro".

Claudia Binotti, de 25 años, no se anda con rodeos y reconoce que tiene un problema. Aunque actualmente solo tiene Instagram, asegura pasar cinco o seis horas al día en la aplicación. "El algoritmo te muestra contenido que te engancha más aún y acabas en una espiral", explica. De momento, no se ve capaz de desinstalar la app, aunque sí está intentando pasar menos tiempo en ella, porque es consciente de que "el uso de las redes está arruinando nuestra capacidad de generar endorfinas de otra forma que no sea cogiendo el móvil y viendo imágenes de forma compulsiva".

"La cantidad de horas que se pasa frente al móvil son demasiadas", declara Emilio Martín Martínez, sociólogo y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. "Estas 2-3 horas que pasamos en las redes —el grueso de la población, no solo los jóvenes— estamos simultaneando el consumo en redes con otras actividades, lo que genera una incapacidad para concentrarse y prestar atención. Esto es además mucho tiempo que no le dedicamos a la vida real ni a las personas que tenemos a nuestro alrededor".

Conchita Sisí, psicóloga especializada en tratar trastornos cognitivos y de la conducta, lo tiene claro: "Los estudios encuentran mayores niveles ansiedad, peor autoestima y déficit en las habilidades sociales. Muchas veces personas que se encuentran más vulnerables psicológicamente hacen un mayor uso de las redes y en consecuencia empeoran. El impacto en la autoestima varía en función de la red: TikTok e Instagram afectan más al autoconcepto físico, mientras que X afecta más a nuestro estado de ánimo y nuestra autoestima social", matiza Sisí.

Respecto a los efectos que esto tiene en la salud mental, el sociólogo ratifica las palabras de la psicóloga: "La gente tiende a publicar los aspectos más aparentes de su vida" lo que lleva a los usuarios a la comparación, "cuando compararse en sí no es malo, el problema viene cuando eso nos lleva a la frustración y a la envidia".

La psicóloga Lucía Vara, que trata entre otras patologías la adicción a las redes, es de la misma opinión. Afirma que las redes están diseñadas para generar adicción, gratificación instantánea y placer inmediato. Lo que tiene sus beneficios, pero también enormes riesgos: "Las redes son un escaparate en el que nos exhibimos, nos validamos a través de la mirada ajena, y no somos conscientes de lo vulnerables que somos", asegura.

Como psicóloga afirma tener en su consulta a personas que acuden a terapia por trastornos de la conducta alimentaria en los que, de una manera u otra, las redes sociales están presentes, disminuyendo la autoestima y aumentando la insatisfacción corporal. "Además, para muchas personas ya es verdaderamente difícil distinguir su verdadera identidad de la imagen que proyectan en redes", puntualiza.

Según la opinión de Sisí, las nuevas generaciones tienen una mayor responsabilidad y conciencia de esta problemática y ya se plantean medidas para reducir el uso excesivo, como apps de límites voluntarios o notificaciones de bienestar digital.

En el marco de la presentación del anteproyecto de ley de protección de menores presentado en junio de este año, Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, afirmó que "la media de edad en España de acceso al primer móvil son los 11 años y el 98% de los adolescentes tienen algún tipo de interacción en las redes sociales", e insistió en que “está en juego” la salud de los menores. La ley prevé elevar la edad mínima para tener cuenta personal en redes de los 14 a los 16 años. Australia aprobó el pasado noviembre una ley que limita a los 16 años el acceso a las plataformas.

Los jóvenes de 16 a 24 años son quienes más usan Internet y por tanto, las redes. Es por ello normal que sean los vean su salud mental más perjudicada por el uso de internet. El 99,9% de los hombres y el 99,7% de las mujeres de ese rango de edad lo utilizan a diario, siendo lo que más utilizan la mensajería instantánea (WhatsApp, Messenger) y las redes sociales como Instagram y Tik Tok en segundo lugar, según el último sondeo del CIS, realizado en 2024. De las redes sociales, el tema que nos ocupa, según la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) las más utilizadas fueron Facebook (56,5 %) e Instagram (51,9 %) mientras que la red social cuyo uso aumentó más fue TikTok. Cabe destacar que según va aumentando el rango de edad, disminuye el uso de Internet, y, por tanto, de las redes.

El consumo de alcohol es un problema frecuente en la adolescencia y juventud. Los últimos informes publicados en España revelan que se trata de la droga más prevalente entre la población juvenil, y la primera, junto al tabaco, que comienza a consumirse en torno a los 16 años.

Un equipo liderado desde la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) ha observado cómo el abuso de esta sustancia en estas edades, sin llegar a ser todavía una adicción, va ligado a una serie de cambios emocionales, cognitivos y cerebrales que pueden hacer a esta población más vulnerable a una adicción futura al alcohol.

Aunque es necesario realizar más estudios, los resultados obtenidos pueden ser de gran utilidad práctica en los servicios sociales y sanitarios involucrados en la prevención y tratamiento de su consumo, así como un avance en la detección precoz de jóvenes en riesgo.

“Nuestros datos muestran cómo los cambios a escala cerebral son superiores en los chicos con consumo de riesgo en comparación con las chicas, destacando una posible mayor vulnerabilidad”, aseguran los autores del estudio publicado en la revista Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry.

El trabajo analizó las puntuaciones, el rendimiento en diferentes pruebas neuropsicológicas y la actividad cerebral eléctrica en reposo de 82 jóvenes con una media de 18 años.

Para ello, los investigadores utilizaron cuestionarios centrados en aspectos de regulación emocional e impulsividad, y llevaron a cabo una extensa evaluación neuropsicológica en la que se analizó su rendimiento en pruebas atencionales, de memoria y de funciones relacionadas con la planificación, la flexibilidad mental o la toma de decisiones.

En cuanto al análisis de la actividad cerebral se utilizó un electroencefalograma que, de forma no invasiva y mediante electrodos situados en el cuero cabelludo, permite conocer la actividad eléctrica del cerebro en zonas corticales.

“Mediante esta técnica analizamos la ratio entre dos patrones de onda cerebral (theta/beta) que varios trabajos han relacionado con impulsividad y bajo control cognitivo”, concluyen los autores.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a un total de 17 operadores de juego online por infracciones graves o muy graves con multas que superan, en su conjunto, los 81 millones de euros (81.150.000 euros), según ha informado Europa Press. Así lo ha anunciado este viernes el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy, que acaba de publicar las sanciones impuestas en el sector de las apuestas y juegos de azar online que han devenido firmes en el segundo semestre de 2023 en España.

En este sentido, ha detallado que las resoluciones han sido dictadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) y de las 17 que ha habido en total, 10 han sido por infracciones muy graves.

Estas resoluciones aglutinan la mayor parte de los importes reclamados por el Ministerio y, además, han supuesto la inhabilitación de 9 operadores por un periodo de dos años, y una inhabilitación de cuatro años para la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE), que ha sido sancionada con la mayor multa, 35 millones de euros.

Además de la ONDEE, las infracciones muy graves se corresponden con operadores de juego online que operan sin licencia en España y que han sido detectados por la Dirección General de Ordenación del Juego: Rabadi, Uno Digital Media, Eight Stars, Mrsloty Games Tech, Entretenimiento Rojo, Onyxion Malta, Trw Corporate, Vdsoft&Script Development o Uniquegame.

Según ha explicado el Ministerio, todas ellas han sido sancionadas durante el segundo semestre, con 5 millones de euros cada una, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Regulación del Juego (LRJ) para este tipo de infracciones. En total, 80 millones de euros en sanciones.

DGOJ también ha detectado infracciones graves en otros 7 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar online. Las resoluciones consideradas "graves" se dirigen a operadores que sí operan con licencia, pero que incurren en algún tipo de infracción tipificada en la Ley 13/2011 de regulación del juego. Como se puede comprobar en los registros de la DGOJ, entre las sancionadas encontramos empresas como Gamesys, 888, Esgaming o Codere. En estos casos, el conjunto de las multas asciende a 1.150.000 euros en total.

Las infracciones graves y muy graves firmes en vía administrativa se publicarán en la página web de la DGOJ, una vez notificados a los interesados. Por otra parte, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ya ha hecho públicas las resoluciones sancionadoras que han devenido firmes desde julio de 2021. Desde entonces, el número de sanciones publicadas asciende a 139 y se han impuesto multas por un valor total de más de 333 millones de euros.

Con tan sólo 15 años, Iván empezó a jugar en máquinas tragaperras de bares de Barcelona. También bebía. "Me gastaba todo el dinero en eso", cuenta desde el otro lado del teléfono. La primera vez que probó el juego y el alcohol ya lo hizo "de forma compulsiva". "Creo que de algún modo tenía una predisposición a las adicciones", reflexiona. Ese comportamiento inundó todo lo demás. Le echaron de su casa, de la universidad, se quedó sin trabajo y sin amigos. "No podía controlarlo. Pensaba que sí, pero siempre acababa jugando y bebiendo, aunque yo no quisiera. Era superior a mí", cuenta. Un día, sobre una de las máquinas vio un teléfono: "Si crees que tienes un problema y necesitas ayuda, llama", ponía. Y lo hizo. No le quedaba más remedio. Hoy, ya con 33 años, es él quien responde al otro lado de la línea de la organización Jugadores Anónimos.

El relato de Iván es en realidad historia colectiva. Hace 18 años, cuando él comenzó a sufrir la "enfermedad de la adicción", la conciencia sobre el asunto no era la que es hoy en día. Las alarmas de hecho saltaron no hace tanto. Fue cuando palabras como "Codere" o "Sportium" empezaban a inundar, de la noche a la mañana, cada vez más calles españolas. Los barrios más pobres de ciudades como Madrid o Barcelona eran su nicho favorito para emplazarse. Los jóvenes, su público predilecto. Los vecinos empezaron a alertar de ello y la política tomó rápido el testigo. Pero nada ha tenido demasiado efecto. Al menos, a ojos de quienes trabajan con quienes ya han desarrollado la adicción.

Bruno Cortés es uno de ellos. Preside la Asociación Madrileña para el Estudio y Tratamiento de las Adicciones Conductuales (Ametac) y atiende a infoLibre, precisamente, en un pequeño descanso de una charla que este viernes ofreció en un colegio. Porque "el inicio temprano es una de las claves para luego desarrollar una adicción", explica.

Es más, el comienzo a veces es tan precoz que ni siquiera espera a la mayoría de edad. Así le ocurrió a Iván. El Informe sobre adicciones comportamentales y otros trastornos adictivos 2023 publicado por el Ministerio de Sanidad alerta de hecho de que el 21,5% de los estudiantes entre 14 y 18 años jugó el año pasado. En 2021, dos años antes, lo hizo el 20,1%. Así que el problema va a peor.

Pero, ¿cómo es posible? Según explica Cortés, los menores tienen dos vías fundamentales de entrada: las máquinas tragaperras y la lotería instantánea.

Vayamos al primer elemento. Aunque la presencia de las denominadas máquinas B ha descendido, su presencia sigue siendo alta. Los datos los ofrece la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), cuyas últimas cifras corresponden al año 2022. En ese momento, señalan sus estadísticas, había 171.818 tragaperras y 98.968 locales de hostelería que tenían una. Un año antes eran 103.947 los bares y 192.125 las máquinas.

Vayamos ahora al segundo elemento. Según el mismo informe, en 2022 los españoles jugaron 832,4 millones de euros en lotería instantánea de la ONCE. Un año antes fueron 750,1, un 11% menos. Antes de la pandemia, 622,3 millones, un 33,7% menos que ahora.

Es precisamente aquí donde los expertos sitúan el foco del problema. "Los llamados rascas son los que están sembrando el problema principal", señala el secretario técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar), Juan Lamas. Coincide Cortés. "Esta es, con toda seguridad, lo que ahora está funcionando como puerta de entrada al juego", dice.

Lo ve en los institutos. "Muchos nos dicen que, con tan sólo un euro, se compran un cupón y, si les toca, pues después se compran unas zapatillas", lamenta. Pero aquí las redes sociales también juegan un papel principal. "Entre los chavales se está contagiando esa mentalidad de 'dar un pelotazo' o 'conseguir dinero fácil", señala.

Cuando todos esos jóvenes que ya han probado la lotería instantánea o los tragaperras soplan las velas en su 18 cumpleaños, pueden dar un paso más. Su DNI ya les permite el acceso a una de esas casas de apuestas que cada vez más proliferan en las calles. Según el mismo informe de la DGOJ, en 2022 ya había 927 salas de este tipo, un 15,6% más que un año antes y un 49,7% más que en 2018, antes de la pandemia.

La mayoría se encuentran además en los barrios más pobres. Ocurre en Madrid, por ejemplo. Según las últimas cifras de su Ayuntamiento disponibles en su página web, en la ciudad ya hay 826 locales que realizan "actividades de juegos de azar y apuestas". Sólo entre Puente de Vallecas y Carabanchel, dos de los distritos —de un total de 21— donde se concentra población con menor renta, hay 152, el 18,4% del total.

Y es que la clase también influye en esto. Lo señala Cortés, que asegura que la mayoría de quienes acuden a las organizaciones de jugadores a pedir ayuda son perfiles con un nivel socioeconómico medio-bajo o bajo. Aunque matiza: "Es posible que los que quienes disponen de un mayor nivel tengan más redes familiares o de apoyo, y no acudan tanto a este tipo de recursos", señala.

Las comunidades autónomas, en cualquier caso, han intentado poner freno a este tipo de locales. Castilla-La Mancha fue la última. Lo hizo el pasado mes de diciembre, cuando las Cortes aprobaron una ley que, según el Grupo Popular, su impulsor, pretendía regular de manera "mucho más exhaustiva y garantista" el juego, obligando, aseguraron "a que todos los locales tengan una persona responsable de controlar los accesos" para evitar la entrada de menores, que en la práctica, sin vigilancia, puede ocurrir.

Para asegurarse, otras autonomías como Baleares o Madrid establecieron incluso que este tipo de locales debían tener una distancia mínima con centros escolares, una norma que fue polémica en la autonomía presidida por Isabel Díaz Ayuso porque sólo afecta a los nuevos establecimientos, no a los ya emplazados.

En cualquier caso, y según critica Lamas, el problema es precisamente ese: que haya "17 normativas diferentes para regular las casas de apuestas". No pasa lo mismo, en cambio, con el juego online, "mucho más controlado", señala.

La regulación de esta modalidad es competencia del Gobierno central, no de los autonómicos, y el paso de Alberto Garzón al frente del Ministerio de Consumo intentó ponerle coto. Lo hizo a través de dos decretos. Uno fue el aprobado en marzo de 2023 y que pretendía generar un "entorno seguro de juego". Sus últimas medidas entraron en vigor el pasado 14 de marzo y establecieron, por ejemplo, la obligación de que todos los jugadores, al entrar en una web, establecieran "un límite de tiempo y dinero". Y la prohibición de usar tarjetas de crédito para "jugadores intensivos y con comportamientos de riesgo".

El otro decreto se aprobó antes, en noviembre de 2020. Y la diana fue la publicidad. En concreto, el texto prohibió los anuncios audiovisuales fuera del horario de 1.00 a 5.00 horas de la madrugada e impidió que los famosos y las personalidades públicas como jugadores de fútbol anunciasen esas webs. Pero el Tribunal Supremo anuló estos puntos argumentando que "determinadas limitaciones o prohibiciones establecidas en la norma reglamentaria carecen de la necesaria cobertura legal". Ante ese fallo, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ya trabaja en una norma para elevar esas normas a rango de ley, según señalan fuentes de la institución a infoLibre.

No obstante, si analizamos los datos, la prevalencia del juego online también ha aumentado. Las ganancias del sector, según la DGOJ, fueron en 2023 un 28,38% más que el año anterior —se embolsaron, en concreto, 1.236,75 millones— y el número de jugadores activos, un 2,69% —fue de 1.637.819.

Una gran mayoría de ellos, señalan los expertos consultados, acceden a esta vía no obstante porque ya se introdujeron en el juego a través de su modalidad presencial. "Esa es la puerta de entrada, pero una vez la cruzan el juego online empieza a tener un papel predominante, porque les ofrece una gran disponibilidad", señala Cortés.

Así lo ve también Pablo Lama, psicólogo de Proyecto Hombre, que también constata que el "enganche" llega a través de locales de juego o con presencia de máquinas de juego. "La modalidad online tan sólo ha incrementado el problema, puesto que la adicción está siempre ahí, en el propio móvil de quien la sufre", lamenta. "No hay desconexión, ya ni siquiera hay que desplazarse, está siempre contigo. La inmediatez y la disponibilidad es un factor muy importante en este tema", añade.

Él, que ha visto cientos de casos de este tipo, incide también en la importancia de acudir a terapia. Igual que lo hace Iván, que sostiene que es "lo único que sirve" para superar la adicción. Como coinciden los dos, este problema siempre tiene que ver con algo más profundo. "Hay que entender qué pasa a la persona para que haya llegado a eso. No todo el mundo que juega sufre después un problema". A Iván le pasaba. "Yo descubrí que tenía carencias emocionales. Es importante no ir al síntoma, sino a las causas", sentencia.

Año 2005. Los titulares recogían que el Congreso había aprobado la "ley más dura contra el tabaco": quedaba prohibido fumar, por ejemplo, en el trabajo. Cinco años más tarde, la norma se endurecía: adiós al humo en los espacios públicos cerrados como bares y en los accesos a hospitales o parques infantiles. "Una de las leyes más duras", se la calificó entonces también. Sacarla adelante le costó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero un año de debates y enmiendas, aunque siempre contó con el apoyo unánime del arco parlamentario. Sólo el PP madrileño fue —como es ahora en numerosas ocasiones— el verso suelto de la oposición al Ejecutivo. Aun así, las normas se implantaron.

Y dieron resultado. De 2009 a 2014 disminuyó un 7% el número de fumadores diarios y un 18% el de fallecidos por infarto agudo de miocardio. Hasta 2020, el último en el que se realizó la Encuesta Europea de Salud en España por el INE, esos porcentajes han caído mucho más: un 17,8% y un 28,3%, respectivamente.

En términos relativos, también se observa que cada vez hay menos fumadores diarios en nuestro país. Si en 2019 suponían un 26,2% de los mayores de 15 años, en 2014 eran un 23% y en 2020 un 19,8%. Además, estos no sólo cada vez son menos, sino que su consumo también ha disminuido. En los mismos datos del INE se observa que el porcentaje de quienes fumaban 20 cigarrillos o más al día ha caído desde el 39% en 2009 al 24,7% en 2020. Quienes consumen entre uno y nueve, en paralelo, han crecido: de suponer un 27,1% en 2009 han pasado a ser un 37,2% en 2020.

Aun así, se calcula que continúa habiendo alrededor de 54.000 personas que siguen falleciendo al año en España por el consumo de tabaco. Y según el Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2020-2021 del Ministerio de Sanidad, las restricciones a los cigarrillos ya no son tan efectivas. "El descenso en el consumo diario de tabaco en la población de 15 y más años se ralentiza desde 2011", aseguró.

Rafael Bengoa, exdirector de Sistemas de Salud la Organización Mundial de la Salud (OMS), afirma que ha ocurrido, pero lo achaca a una cuestión cultural. "Se ha ralentizado la bajada del consumo, sí, pero la ciencia ha seguido avanzando y mostrando evidencias del impacto mortal del tabaco. Un Gobierno tiene que tener eso en cuenta e ir en esa dirección. En diez años, incluso, habrá que avanzar más", dice. Pero las primeras medidas hay que tomarlas ya.

Así lo entiende el nuevo ministerio, encabezado por Mónica García. Durante una entrevista en la Cadena SER, la nueva titular del Departamento se reafirmó en lo que, precisamente, ya había trasladado unas horas antes durante un encuentro con periodistas: hay que seguir trabajando para disminuir el consumo de tabaco. Para ello, dijo, el primer paso consiste en desempolvar el Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2021-2025, que lleva dos años guardado en el cajón. "Es un plan estratégico que lleva desde al año 2021 fraguándose y que básicamente tiene que ver con seguir en consonancia con los espacios libres de humo en este país", explicó ante los micrófonos.

¿Y qué espacios son esos? Distintos titulares han asegurado durante toda la semana que se trata, fundamentalmente, de las terrazas. Sin embargo, fuentes de Sanidad explican que no se ha detallado ni concretado, si bien es cierto que las mesas al aire libre de bares y restaurantes son uno de los objetivos contenidos en el plan elaborado en 2021. Aun así, insisten, el primer paso es recuperarlo. Luego, ver cómo se puede llevar a cabo.

Emprender estas medidas, añadió el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, es "de sentido común". Lo que se buscará siempre, añadió, es "proteger a las embarazadas, a los niños, simplemente a las personas que no quieran inhalar el humo y a los trabajadores que se ven expuestos a ese tabaco sin tener por qué".

Justo el día que pronunció esas palabras, se reunió con el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), que mostró su total apoyo a la medida. "Prohibir fumar en distintos espacios es efectivo, indudablemente", cuenta en conversación con infoLibre el representante de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en la CNPT, Andrés Zamorano. Él sí se refirió, concretamente, a las terrazas. Y se apoyó en datos.

Más del 90% de los entrevistados en la última encuesta de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC) —que es anual— está a favor de ampliar los espacios libres sin humo. Además, el 71,6% de ellos respondieron que las terrazas son uno de los principales objetivos. Las paradas de autobús (70%) y las playas (60,7%) también, aunque ahí el consenso es menor.

La medida no sólo cuenta con un amplio consenso social, sino también con un aval científico. En las terrazas, explica Zamorano, existe un humo de segunda, tercera y hasta cuarta mano que perjudica, aunque no lo parezca, a todo el que está cerca del cigarrillo de un fumador. ¿A qué se refiere cuando habla de esto? Como explica la Fundación Española del Corazón, el primero es el que cualquier persona inhala, de forma involuntaria, al estar expuesto a ese ambiente. El segundo, por su parte, el que se deposita, por ejemplo, en la ropa, que puede mantenerse "durante mucho tiempo después" de haber apagado el cigarrillo. El último es el que tiene que ver con el impacto ambiental: básicamente, todo lo generado por las colillas.

Partiendo de esa base, y como informa el Ministerio de Sanidad, "se ha demostrado que las personas que respiran el aire contaminado por tabaco también corren riesgos". "Inhalar el aire contaminado por el humo del tabaco incrementa el riesgo de padecer las mismas enfermedades de corazón y de pulmón que los fumadores. Además, si padecen problemas alérgicos, asmáticos o cardiovasculares, pueden ver agravada su sintomatología. Estos riesgos son especialmente significativos en el caso de las mujeres embarazadas y los niños. Durante el embarazo existe un riesgo superior de aborto espontáneo, de nacimiento prematuro o de bajo peso al nacer. En los niños, la exposición al humo del tabaco aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante y se incrementa el riesgo de infecciones respiratorias, asma, neumonía y otitis", especifica.

Durante la pandemia ya hubo un simulacro de lo que podría ser la medida. La pandemia obligó a prohibir el humo de los cigarrillos en las terrazas, una medida que de hecho en Baleares y la Comunitat Valenciana se resistieron a eliminar, hasta que el pasado mes de agosto acabaron con ella. "Las terrazas no dejaron de estar llenas", recuerda Raquel Fernández Megina, presidenta de la asociación Nofumadores.org, que precisamente ha conseguido sumar ya 188.000 apoyos en Change.org para que el Ministerio de Sanidad dé el paso adelante con la restricción.

Como explica, entiende que la medida esté generando revuelo en la hostelería. "Ya pasó en 2010", recuerda. Pero los bares no se vaciaron entonces y, augura, no lo harán ahora. "Es nuestra manera de socializar. De hecho, es necesario que desvinculemos el ocio al tabaco. Hay que desnormalizar el consumo", señala. Zamorano coincide. "Los más pequeños no nos deberían ver fumar", sentencia.

Otros países han avanzado más rápido. Y lo han hecho, igual que debe hacerlo ahora España, en el marco del Convenio de la OMS para el Control del Tabaco, firmado en 2003. Bengoa lo vivió de cerca. "Fue la medida de salud pública más fuerte que ha hecho la ONU. Todos los países que lo firmaron debían realizar una legislación específica, y por eso España realizó la suya", recuerda.

Otros países han avanzado más que el nuestro en ellas. El último ha sido Reino Unido, que el pasado 5 de octubre anunció prohibir la venta de tabaco de por vida a los nacidos a partir de 2009. El objetivo, señaló el Gobierno conservador de Rishi Sunak en el congreso anual del Partido Conservador, es crear una "generación libre de humo" y ahorrar a la economía británica los alrededor de 17.000 millones de libras actuales que cuestan los fumadores.

Por su parte,  Nueva York lleva años con una legislación muy restrictiva respecto al tabaco en la que se pohíbe fumar en las terrazas, en los parques, en algunas plazas y hasta en las playas. Y Suecia, desde 2019, tampoco permite el consumo de tabaco ni en el espacio al aire libre de los bares ni en las paradas del transporte público. 

En cualquier caso, organizaciones como Nofumadores.org piden ir incluso más allá. Recuerdan, por ejemplo, que la OMS señala la subida del precio como una de las medidas más efectivas para disminuir el número de fumadores y, sobre todo, para evitar la entrada al consumo de jóvenes. Según este organismo, un aumento de los precios del 10% se relaciona con un 5% de disminución del consumo.

Los precios de tabaco en España se encuentran entre los más bajos de toda Europa, con un precio medio de cinco euros por una cajetilla. Por ello, Nofumadores indica la necesidad de aumentar su tasa impositiva "drásticamente" hasta alcanzar los 10 euros que cuesta en Francia, país que, por otra parte, ya ha anunciado la subida a 13 euros en los próximos dos años. En Reino Unido la cajetilla cuesta en la actualidad 13 euros y ya se ha anunciado que la cajetilla pasará a costar 23 euros. "No podemos ser el estanco de Europa", se queja Fernández.

Por último, hay que atacar "la entrada" al tabaquismo. Es decir, tomar medidas para los más jóvenes en línea con la adoptada en Reino Unido. La ONG afirma que en España el primer contacto con el tabaco se tiene a los 13,9 años y casi la mitad de los adolescentes han probado los cigarrillos electrónicos, una nueva forma de fumar que resulta igual de nociva que la tradicional. Estos aparatos, además, están libres de impuestos especiales al tabaco y se venden en Internet y tiendas a menores de edad. Sanidad también los tiene en el punto de mira: "En consonancia con Europa, habrá que regularlos con el tabaco. A la población que más hay que proteger es a los menores", dijo Mónica García en la Cadena SER.

El Gobierno escocés introdujo en 2018 una política controvertida para atajar la epidemia de alcoholismo que castigaba a una cuarta parte de los adultos: fijó un precio mínimo de 50 céntimos para cada lata o botella de alcohol a la venta, incluso aunque se comercialicen en packs. La medida tuvo que superar una batalla legal y no sentó bien a los consumidores, pero en solo tres años logró reducir 13,4% las muertes relacionadas con la bebida, según un informe publicado este lunes por la revista científica The Lancet. La ONU ya ha pedido implementar a gran escala esta medida y los expertos creen que debería llegar a España, un país con una legislación anti-alcohol muy escueta. 

El precio del alcohol es el pilar para incentivar o reducir el consumo, como ocurre con el tabaco, y establecer un precio mínimo por unidad vendida permite alejar de la bebida a los alcohólicos, especialmente a los hombres de familias con bajos ingresos. "Las pruebas indican que la venta de alcohol entre la población se redujeron en un 3%, y que las mayores reducciones en la compra de alcohol se observaron en los hogares que más alcohol compraban antes de la aplicación de la política", resumen los autores del estudio. 

Concretamente, los expertos calculan que cada año con la norma en vigor se evitaron 156 muertes, especialmente las relacionadas con el síndrome de abstinencia, que decayeron un 23% entre 2018 y 2021. También se redujeron en Escocia un 4,1% las hospitalizaciones relacionadas con el alcohol durante los 36 meses estudiados. 

"Las políticas que encarecen el alcohol y el tabaco son muy efectivas para reducir su consumo, especialmente entre la población vulnerable, como los jóvenes y las familias en riesgo de exclusión social", opina Iñaki García, investigador del Centro Nacional de Epidemiología. "Puede que no sea bien recibido por la población, pero ya hemos visto que la mejor arma contra el tabaco es encarecer la cajetilla", añade. 

El establecimiento de un precio mínimo para las bebidas alcohólicas es una medida muy poco extendida en el mundo que levanta ampollas entre los fabricantes y consumidores, pero el Gobierno escocés se decidió a implementarla por la gravedad de la situación. En 2018, cuando entró en vigor, el 24% de los adultos bebían cantidades dañinas de alcohol con más de 14 consumiciones a la semana –una lata de cerveza equivale a 1,7 consumiciones y un vaso de vino a 2,1–. Entre los hombres, el 32% superaba el umbral de consumo peligroso de alcohol.

La ONU reconoce que establecer un precio suelo a estas bebidas es muy efectivo y hace nueve meses pidió extender esta política a la Unión Europea, ya que esta región tiene uno de los niveles de consumo de alcohol más alto del mundo. "De todas las políticas disponibles para reducir el consumo de alcohol y las enfermedades asociadas, las de precios e impuestos son de las que mejor relación coste-efecto tienen, aunque son de las menos aplicadas [en la UE]", afirman los técnicos de la Organización Mundial de la Salud. En total, 13 países en el mundo ya tienen establecido un coste mínimo para el alcohol, entre ellos Australia, Canadá, Irlanda, Rusia y Ucrania. 

Naciones Unidas destaca que en las últimas décadas el precio del alcohol se ha mantenido estable o incluso se ha bajado, al tiempo que los hogares europeos se han enriquecido, una manera de facilitar el acceso a la cerveza, al vino o a las bebidas espirituosas. De hecho, según el Observatorio de Salud Pública de Escocia, el alcohol en Inglaterra es hoy un 74% más económico que en 1987 y comprar las 14 consumiciones semanales –el límite que marca el consumo de riesgo– cuestan 2.68 libras, el precio de un café en Londres, si se está dispuesto a beber la cerveza de peor calidad.

Precisamente España tiene uno de los precios del alcohol más baratos de Europa, al tiempo que tiene uno de los consumos más elevados, por lo que esta política podría ser muy efectiva, según los expertos. Según los datos de 2020 de la Comisión Europea, España es el sexto país de 27 con las bebidas alcohólicas más baratas, solo por detrás los países del este del continente. 

"Sin duda habría que introducir este mínimo en España. Poco a poco y dejando claro que no es una medida recaudatoria, sino exclusivamente de salud pública", señala Iñaki García, que recuerda que no hay una regulación nacional sobre el consumo de alcohol, "ni siquiera para prevenir que lo beban los jóvenes", sino que depende de normativas autonómicas.  

El experto apunta que cada año mueren en España 15.000 personas por consumo de alcohol y que es importante conocer sus riesgos, ya que hay mucho mito a su alrededor. "Nos han hecho creer que hay un consumo responsable de alcohol. Es cierto que más de una cerveza diaria (dos para los hombres) tiene un riesgo limitado, pero a partir de esa cantidad se dispara", comenta. 

Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández, ahonda en la idea de que los fabricantes han dado una falsa sensación de seguridad, según recoge Science Media Centre. "En España, la potencia del lobby alcoholero y la captura de las instituciones que ha logrado están impidiendo avances en la legislación para evitar la morbimortalidad del alcohol". 

La legislación antitabaco en España ya aplica desde 2006 un precio mínimo a los cigarrillos a través de los impuestos, por lo que fijar un suelo al alcohol no es una idea descabellada. Según el informe de la ONU, también tendría cabida en la legislación europea, aunque habría que solicitar permiso a la Comisión para llevarlo a cabo. 

Además, hay diferentes fórmulas para aplicar el precio mínimo unitario. Una es aplicando un precio mínimo fijo sea cual sea el alcohol y el tamaño del recipiente, como han hecho Escocia y Gales, aunque se puede poner un tope por volumen de alcohol, para que las bebidas con más graduación estén más gravadas. También se puede limitar de manera diferente el alcohol vendido en bares y el de supermercados para que el impacto económico en la hostelería sea menor.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Consumo, un Real Decreto que persigue reforzar la protección de los jugadores más vulnerables y obliga a los operadores a crear entornos de juego más seguros. Para ello, incluye, entre otras medidas, que no puedan aceptar tarjetas de crédito de jugadores considerados vulnerables y la imposición de multas de hasta 50 millones de euros si se incumplen las nuevas normas.

Según explica Consumo, esta nueva normativa tiene como objetivo minimizar los comportamientos de juego de riesgo o intensivo que pueden derivar, en los casos más extremos, en conductas problemáticas o patológicas, ha informado Europa Press.

Así, apunta que una de las "poblaciones diana" de la norma son los jóvenes de entre 18 y 25 años, "particularmente sensibles a mensajes y patrones de juego inadecuados", aunque la norma pretende reforzar la protección de otros perfiles vulnerables, como es el caso de quienes ya tienen comportamientos de juego intensivo o de riesgo.

Como regla general, se considerará que están en la categoría de juego intensivo las personas que acumulen pérdidas netas iguales o mayores a 600 euros (se limita a 200 euros en el caso de los menores de 25 años) en un plazo de tres semanas seguidas. También forman parte del colectivo de especial protección y vulnerabilidad de la nueva norma quienes han solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos).

No obstante, el Real Decreto, que contempla medidas de protección general para las personas jugadoras en sentido amplio, con independencia del riesgo de sus comportamientos de juego, tiene el objetivo de garantizar un marco de políticas de protección ante los riesgos del juego a nivel estatal que "prevenga comportamientos problemáticos y aumente la supervisión y control de los operadores".

Tras la entrada en vigor de la nueva normativa, las empresas del sector estarán obligadas a "promover pautas de consumo saludable y a minimizar la aparición de daños en la esfera personal, familiar y patrimonial de las personas jugadoras".

Entre las nuevas obligaciones de los operadores dirigidas a proteger a las personas vulnerables, destacan la remisión de un mensaje específico que alerte de la conducta de riesgo detectada o el envío de un resumen mensual de su actividad de juegos. Además, los jugadores en situación de riesgo no podrán utilizar tarjetas de crédito mientras mantengan esa dinámica (sólo podrán utilizar medios de pago nominativos y de su titularidad).

A los jugadores vulnerables también se les excluirá de actividades de promoción y de la lista de clientes privilegiados. Es decir, ya no se les podrán ofrecer condiciones mejoradas o más ventajosas para fomentar su nivel de juego.

Los operadores, asimismo, pondrán en marcha medidas de refuerzo para las personas jugadoras vulnerables como fijar una interacción específica con ellas y conseguir su respuesta en un plazo máximo de 72 horas. En caso de que no haya respuesta por parte de los jugadores con comportamiento de riesgo, el operador deberá suspender la cuenta.

Por otro lado, las empresas tendrán prohibido enviar a los jóvenes de entre 18 y 25 actividades promocionales cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la web o plataforma, como, por ejemplo, invitaciones a partidos o entradas para espectáculos y tampoco podrán incluirlos en programas VIP de fidelización.

Los operadores también están obligados a informar a los participantes jóvenes de que comenzar a jugar a edades tempranas está asociado a un mayor riesgo de desarrollar trastornos asociados con los juegos de azar y apuestas o ludopatía.

Además, las personas autoexcluidas y autoprohibidas tampoco recibirán comunicaciones comerciales y, en el caso de los participantes que se inscriban en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ), tendrán prohibido el acceso a sus cuentas, depósitos y participaciones en un plazo máximo de 48 horas.

Los operadores tendrán que suscribirse al servicio de alerta antipishing de la Dirección General de Ordenación del Juego para controlar que las personas con conductas de riesgo no vuelvan a jugar suplantando la identidad de otro jugador o jugadora.

Con carácter general para todas las personas participantes en juegos de azar y apuestas, las empresas del sector tendrán que incluir en sus respectivas webs y aplicaciones información sobre la prohibición de jugar a menores de edad, los posibles riesgos del juego, los trastornos asociados y cómo obtener asistencia al respecto.

De hecho, será obligatorio que cuenten con un servicio telefónico de asistencia y ayuda para comportamientos de riesgos y este no podrá ser de tarificación especial. Las empresas del sector, asimismo, tendrán que formar específicamente a una persona para que sea la responsable de la supervisión de las medidas de protección de jugadores.

Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, tampoco podrán emitir mensajes como "casi acertaste" o "estuviste cerca" para propiciar una nueva apuesta o juego al terminar una partida. Y, para que los jugadores sean conscientes de cómo están jugando y gastando, tendrán que enviarles informes mensuales sobre sus patrones de juego (frecuencia, cuantías, modificaciones en los límites de depósito).

Otra novedad es que las personas que inicien sesión para jugar a los denominados juegos de lotería instantánea o presorteada deberán establecer de antemano el tiempo máximo y la cuantía a jugar, sin posibilidad de ser modificada durante el transcurso de la misma.

El incumplimiento de las medidas contempladas en el real decreto serán objeto de sanción por parte del Ministerio de Consumo. Así, para las infracciones graves las multas ascienden hasta un millón de euros y pueden acarrear la suspensión de la licencia de juego durante seis meses. En el caso de las muy graves, las sanciones se elevan hasta los 50 millones de euros y pueden llevar aparejada la pérdida de la licencia de juego.

La entrada en vigor general de la norma es de seis meses desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, a excepción de ciertos artículos que, por la especial complejidad en los desarrollos tecnológicos que implican, tendrán un plazo de doce meses.