La tan esperada lista de Montoro no incluirá a los defraudadores a Hacienda. Sólo publicará nombres de morosos. Y, aunque las sentencias firmes por fraude fiscal se harán públicas, habrá que bucear en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para encontrar a los condenados por este delito, según las vayan remitiendo los secretarios de cada juzgado. En cualquier caso, sólo aparecerán las condenas de quienes no hayan pagado sus deudas con Hacienda. El legislador se ha cuidado mucho de atenuar al máximo el castigo cuando del fraude al fisco se trata. O al menos prioriza siempre la recaudación. Es lo que ha vuelto a ocurrir con Montserrat Caballé, la última condenada por no pagar impuestos que ha firmado un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar la cárcel.

La soprano ha sido condenada a seis meses de cárcel, que no cumplirá, por defraudar 508.562 euros en el IRPF de 2010. Como ha pagado esa cantidad a la Agencia Tributaria y ha reconocido el delito, se le ha suspendido la pena de dos años a la que fue sentenciada en principio. A cambio, deberá abonar una multa de 254.231 euros y otros 72.000 como indemnización por intereses de demora. Tampoco podrá recibir subvenciones durante año y medio.

Caballé utilizó Andorra para eludir el pago de impuestos en España. Otra cantante, Ana Torroja, ocultó sus rentas en cuatro sociedades extranjeras repartidas por las Antillas Holandesas, Holanda y Panamá, además de en otras cuatro españolas. En abril de 2014 reconoció ante el juez haber defraudado 660.099 euros entre los años 2003, 2006 y 2007. Así que la pena de presión se le redujo a un año y tres meses, que no cumplió, fue multada con 9.000 euros y debió abonar otros 477.600 por los intereses de demora.

Pero el campeón de los pactos de conformidad es hasta ahora el expresidente del despacho Cuatrecasas, Emilio Cuatrecasas, que acordó una reducción de condena de ocho a dos años de cárcel tras pagar 5,65 millones de euros a Hacienda. Cometió nada menos que ocho delitos fiscales: defraudó en el IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades y el de patrimonio de 2006 a 2008.

Derechos de imagen de los futbolistas

Hace sólo semana y media el futbolista argentino del Barça Javier Mascherano firmó otro acuerdo similar con la Fiscalía y la Abogacía del Estado tras haber escatimado 1,5 millones de euros al fisco. La pena reducida se quedó en un año de cárcel y una multa de 700.000 euros. En este caso el jugador eludió el pago del IRPF ocultando sus ingresos por derechos de imagen en una empresa de Madeira (Portugal). La misma ingeniería que utilizó otro futbolista del mismo club, Adriano Correia, investigado por defraudar 700.000 euros, y por un exjugador del Real Madrid Xabi Alonso. Como en los casos anteriores, ambos son candidatos a un pacto con el fiscal con el que, gracias a las atenuantes de “reparación del daño, confesión y colaboración con la Justicia”, no pisarán la cárcel.

Por lo que se refiere a las causas contra Messi y Neymar, aún les queda mucho recorrido. El Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona acaba de dictar el sobreseimiento provisional de la causa contra el jugador argentino por un supuesto delito contra la Hacienda Pública. La jueza no ha encontrado indicios de que Messi obviara el pago de impuestos por el millón de euros que cobró por unos partidos benéficos jugados en 2012 y 2013. Pero la sentencia es recurrible.

Además, el argentino tiene aún otras cuentas pendientes con el fisco. Ya ha pagado cinco millones de euros por los 4,1 millones defraudados entre 2007 y 2009 en concepto de derechos de imagen. “Reparar el daño”, como ya se ha visto, permite rebajar al menos un grado la pena. También abonó otros 10 millones por los ejercicios de 2010 y 2011.

Rara vez se persigue a los asesores fiscales

Para eludir su responsabilidad en esta causa, tanto Messi como su padre, que actuaba de representante del jugador, alegaron su ignorancia en asuntos fiscales y culparon del posible fraude al abogado especializado que les gestionaba el pago de impuestos. Mascherano, Adriano y Alonso compartían despacho de abogados fiscalistas. Sin embargo, rara vez actúa la Justicia contra los asesores fiscales, admite el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo. Pese a que el Código Penal lo permite, por cuanto deben considerarse “colaboradores necesarios” en el delito.

Sí se les persiguió, en cambio, en la causa contra Ana Torroja. De hecho, el fraude de la excantante de Mecano se descubrió a raíz del caso Relámpago, abierto en 2007 contra el bufete Feliu de Palma. El despacho controlaba hasta 150 sociedades domiciliadas en paraísos fiscales. Uno de sus abogados también firmó en mayo de 2014 un acuerdo de conformidad –seis meses de cárcel por defraudar casi 150.000 euros–, pero aún está a la espera de sentencia el juicio a otro de sus integrantes, para quien el fiscal pide 16 años de cárcel. Desde 2007, Hacienda ha recuperado 15 millones de euros sólo por este caso.

Y ésa es la prioridad y la razón de ser de estos acuerdos: recaudar. Si el acusado paga antes de dos meses del escrito de denuncia del fiscal, la Justicia es generosa. Curiosamente, más en la vía penal que en la administrativa, donde las multas son casi un 20% superiores. En segundo plano queda el efecto ejemplarizante de las condenas que, según el presidente de Gestha, se consigue con la exposición pública. También se relega el efecto disuasorio que producen las penas de prisión. Los pactos de conformidad por delitos fiscales dejan bien a las claras que los grandes defraudadores –personas con grandes ingresos– no deben temer la cárcel: saben que saldando sus deudas con Hacienda eluden la prisión. Y sólo los casos más mediáticos se publicitan en los medios de comunicación. Aparecer en el BOE, insisten los técnicos de Hacienda, no garantiza el reproche social. Según los datos correspondientes a 2014, sólo el 0,23% de los reclusos españoles han sido condenados por delitos fiscales, 150 personas.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha pedido el mismo trato para la duquesa que el proporcionado a la cantante Ana Torroja así como a otros imputados condenados por haber defraudado a Hacienda. Así viene recogido en el escrito que ha presentado este martes ante el juez José Castro para solicitar que reduzca a 449.500 euros la fianza de responsabilidad civil de 2,7 millones que pesa sobre la infanta Cristina.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Horrach asevera que estos casos, con cuotas defraudadas "notablemente superiores" a las investigadas en el caso Nóos, se saldaron con sentencias de conformidad en las que las multas impuestas no superaron a las cantidades distraídas, mientras que la fianza decretada para la infanta es seis veces superior.

En concreto, la excomponente de Mecano aceptó en Palma una condena de un año y tres meses de prisión (sustituidos por una multa de 9.000 euros) y el pago, entre otras cantidades, de 796.410 euros en concepto de responsabilidad civil tras admitir haber defraudado esta cantidad a Hacienda durante los años 2003, 2006 y 2007 en cuotas del IRPF.

Torroja se declaró de este modo culpable de haber defraudado al fisco utilizando para ello una estructura societaria en países como Panamá y Antillas Holandesas de la que presuntamente se sirvió para simular que residía en Reino Unido y no tributar su renta. Más en concreto, la inculpada defraudó hasta 202.068 euros en 2003, 223.935 en 2006 y 370.407 en 2007.

Por su parte, Fiscalía, Abogacía del Estado y Comunidad Autónoma retiraron las acusaciones que pesaban contra el financiero británico Christian John Hore, si bien la mujer de éste, Martha Hore, y el abogado Alejandro Feliu, fueron condenados a pagar un total de 10,6 millones de euros en concepto de impuestos impagados por la compra de varias fincas en Mallorca.

Otros de los casos con los que Horrach compara la situación de la infanta afectan al touroperador TUI, a los arquitectos del velódromo Palma Arena Luis y Jaime García-Ruiz, y al grupo ibicenco Playa Sol.

En el caso de TUI, su asesor jurídico alcanzó en Palma un acuerdo de conformidad con el que asumió el pago de 50 millones de euros y 36.000 euros de multa a raíz del impago del Impuesto de Sociedades entre 2004 y 2008.

Por su parte, los hermanos García-Ruiz, contratados presuntamente 'a dedo' por el Govern para dirigir las obras de construcción del Palma Arena, aceptaron una condena de seis meses de cárcel y el pago de 118.000 euros de multa así como de los 169.000 euros que declararon haber defraudado a Hacienda, al no haber tributado los beneficios supuestamente ilícitos obtenidos de la ejecución de los trabajos.

Finalmente, el propietario del Grupo Playa Sol, Fernando Ferré, fue condenado a siete años de cárcel y al pago de una multa de 11,4 millones de euros, tras declararse culpable de haber creado un conglomerado de 301 compañías con la única finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Se adhiere a la petición de la duquesa

Horrach se ha adherido así a la petición que efectuó en su día la defensa de Cristina de Borbón, que considera "manifiestamente injustificada" la cantidad impuesta en relación con las responsabilidades económicas que, "en el hipotético caso de ser condenada, correspondería exigirle".

El Ministerio Público considera que la duquesa de Palma se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados a Hacienda por su marido, Iñaki Urdangarin, a través de la empresa de la que ambos son copropietarios, Aizoon. No obstante, sostiene que no existen sobre ella indicios de haber cometido delito alguno, al contrario que Manos Limpias, que reclama ocho años de cárcel para ella como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.

Sentencias de conformidad por fraude fiscal

En su escrito, el fiscal alega cómo la práctica totalidad de casos relacionados con Hacienda se saldan con sentencias de conformidad en las que se impone una multa al tanto (correspondiente a la cuota presuntamente defraudada más un tercio de ésta) y no al séxtuplo (seis veces la cantidad distraída).

Castro dio cinco días a las partes para que se pronunciasen sobre la petición de la infanta de que el magistrado le rebaje la fianza de 2,6 millones que le impuso el pasado mes de diciembre. La duquesa abonó en su día 587.413 euros, por lo que le restarían por pagar 2,1 en caso de que Castro mantenga la cantidad decretada.

Esta cifra es la misma que la Fiscalía solicitó el año pasado para la hermana del Rey Felipe VI al sostener que ésta habría obtenido un aprovechamiento ilícito del dinero que su marido obtuvo del en tramado urdido en torno al Instituto Nóos.

Más en concreto, la cifra supone la mitad del más de un millón de euros de los que de forma presuntamente irregular se nutrió Aizoon de la trama. Urdangarin habría defraudado con la empresa, además, hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.

La cantante Ana Torroja ha aceptado una condena de un año y tres meses de prisión, que serán sustituidos por una multa de 9.000 euros, y al pago de otros 1.392.989 euros, tras admitir haber defraudado a Hacienda durante los años 2003, 2006 y 2007 un total de 796.410 euros en cuotas del IRPF. La acusada se ha sentado en el banquillo en los Juzgados de Vía Alemania de Palma, donde ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado.

La excomponente del grupo Mecano se ha declarado de este modo culpable de haber defraudado al fisco utilizando para ello una estructura societaria en países como Panamá y Antillas Holandesas de la que presuntamente se sirvió para simular que residía en Reino Unido y no tributar el IRPF. Más en concreto, la inculpada defraudó hasta 202.068 euros en 2003, 223.935 en 2006 y 370.407 en 2007, por lo que deberá pagar al Estado 796.410 euros en concepto de responsabilidad civil.

Del mismo modo, Torroja deberá hacer frente a multas que suman 477.846 euros, así como al pago de 118.733 euros por vía administrativa correspondientes al IRPF de 2004. Hasta el momento, la cantante ha devuelto unos 700.000 euros y se ha comprometido a abonar el resto del dinero a cuyo pago ha sido condenada. Por este motivo, el escrito de conformidad contempla para ella las atenuantes de reparación del daño, confesión y colaboración con la justicia.

Inicialmente, los servicios jurídicos del Estado reclamaban para ella tres años y tres meses de cárcel por seis delitos contra la Hacienda Pública a raíz del impago del IRPF entre 2001 y 2007 –exceptuado el año 2005–, mientras que la Fiscalía, por su parte, pedía para ella un año y medio de cárcel y una multa de más de 462.000 euros por dos delitos fiscales –circunscribía su calificación a los años 2006 y 2007–. Tal y como ha reconocido Torroja, para poder omitir el pago de las cuotas tributarias utilizó varias sociedades españolas y extranjeras con las que ocultó sus rentas, todo ello con el único propósito de eludir sus obligaciones fiscales aparentando residir fuera del territorio español.

Retirada de cargos contra el letrado Feliu

Mientras tanto, las acusaciones han retirado sus cargos contra el abogado Gabriel Feliu, socio del bufete Feliu, gestionado antes de 2003 por Octavio Fernández de la Reguera. Ambos se encontraban inicialmente acusados por la Abogacía del Estado.

En concreto, los hechos se enmarcan en la pieza separada Ñ del caso Relámpago, incoado en abril de 2007 y centrado en la canalización de dinero a través de paraísos fiscales, blanqueo de capitales y dobles ventas de solares en Cala Llamp, Andratx (Mallorca). Precisamente, sobre el despacho de abogados Feliu pesan varias sospechas de estafa investigadas en este procedimiento judicial. La causa se inició con diversos registros entre los que se encontraba este bufete, que se hallaba relacionado con 816 sociedades que tenían unos activos declarados por importe de 307 millones de euros.

Torroja pidió la nulidad

Torroja pidió en su día la nulidad del caso y que asimismo se declarasen nulos como pruebas los registros llevados a cabo en el bufete Feliu así como los pichazos telefónicos realizados en las investigaciones de esta supuesta trama de evasión fiscal. No obstante, el juez rechazó el recurso de quien fuese la voz de Mecano.

Las sospechas comenzaron cuando, durante de la investigación del caso, varios de los clientes de la asesoría Feliu acabaron como imputados. Todos ellos alegaron en su descargo que eran residentes fiscales en Inglaterra y que, por tanto, no tenían obligación de declarar o pagar sus impuestos en España sobre determinadas operaciones inmobiliarias o financieras o respecto a su patrimonio.

También Torroja alegó ante Hacienda que no era residente fiscal en España y al igual que el resto de clientes de la asesoría señalaba el Reino Unido como su residencia. De este modo, la cantante aparecía como supuesta implicada en abril de 2007, como administradora única de la empresa Carlitos Way, constituida en 2004 y cuyas relaciones con el bufete Feliu han centrado las pesquisas de los investigadores.

Después de que la cantante se negase a declarar, el magistrado acordó para la imputada una fianza civil de 1,8 millones de euros para hacer frente a las posibles responsabilidades pecuniarias de los delitos fiscales que se le imputaban hasta ese momento.