En pocas semanas, tres personas que Donald Trump incluyó en la lista de enemigos han sido imputadas por la justicia. El último en serlo, el jueves 16 de octubre, fue su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton. El hombre del bigote, conocido por sus apariciones en los medios de comunicación y sus repetidos ataques contra aquel con quien trabajó entre abril de 2018 y septiembre de 2019, ha sido imputado por un gran jurado del Estado de Maryland, donde reside.

Se le acusa de haber revelado información clasificada a dos de sus allegados, cuyos nombres no se han revelado. Según los medios de comunicación estadounidenses, se trataría de su esposa y su hija, a quienes habría mantenido informadas regularmente, en forma de diario, de sus actividades habituales. Se le acusa en virtud de la ley de espionaje aprobada en 1917, poco después de la entrada en guerra de Estados Unidos, un texto que se ha utilizado en numerosas ocasiones, en particular contra Julian Assange y Edward Snowden.

En un comunicado, John Bolton denunció la instrumentalización del Departamento de Justicia por parte del presidente, “que representa lo que el jefe de la policía secreta de Joseph Stalin [Lavrenti Beria, ndr] dijo una vez: ‘Enséñame al hombre y te mostraré el delito’”. “Me he convertido en el último objetivo del uso indebido del Departamento de Justicia para perseguir a aquellos que [Trump] considera sus enemigos, con acusaciones que han sido desestimadas anteriormente o que distorsionan los hechos”, indicó también.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump está animado por un espíritu de venganza y cuenta con dos de sus fieles, la secretaria de Justicia Pam Bondi y el que nombró director del FBI, Kash Patel, para encargarse de esa labor. El 20 de septiembre se lo recordó claramente a Pam Bondi en un mensaje que le envió públicamente a través de su red social Truth Social, una metedura de pata según el Wall Street Journal, ya que creía que se trataba de un mensaje privado.

Al considerar que no actuaba con la suficiente rapidez, Trump instó a su fiscal general a procesar a varias personalidades: el exdirector del FBI, James Comey, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, y el senador demócrata Adam Schiff. “No se está haciendo nada”, se quejaba, al considerar que todos ellos eran “culpables”. “No podemos esperar más, esto daña nuestra reputación y nuestra credibilidad”, añadió.

El mensaje provocó la ira de Pam Bondi, que llamó a la Casa Blanca, lo que llevó a Trump a borrar su mensaje y sustituirlo por otro en el que elogiaba su “EXCELENTE trabajo”. Sin embargo, el presidente republicano tuvo éxito porque, poco después, el Departamento de Justicia inició acciones legales contra Comey y James.

El primero está acusado de hacer declaraciones falsas al Congreso y de obstrucción a la justicia. Se declaró inocente de ambos cargos. “Mi familia y yo sabemos desde hace años lo que cuesta oponerse a Donald Trump”, declaró el exdirector del FBI en un vídeo publicado en Instagram cuando se anunció la acusación. Comey fue destituido durante el primer mandato, mientras la agencia investigaba la injerencia rusa en la campaña presidencial de 2016. “Confío en la justicia federal y soy inocente”, concluyó.

Letitia James, por su parte, ha sido acusada ante un tribunal federal de Virginia por fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera, tras las acusaciones de fraude hipotecario. En una declaración criticó “el uso desesperado del sistema judicial como arma” por parte del presidente. “Esas acusaciones son infundadas, y las declaraciones públicas del propio presidente dejan claro que su único objetivo es obtener venganza política a cualquier precio”, prosiguió.

La fiscal Lindsey Halligan, que acusó a Comey y James, fue nombrada en septiembre, dos días después del mensaje enviado a Pam Bondi, en el que Donald Trump elogiaba sus cualidades: una “muy buena abogada”. Lindsey Halligan defendió a Trump antes de unirse a su equipo en la Casa Blanca. Sustituyó a un fiscal que se negaba a procesar a Comey y James alegando que las pruebas reunidas contra ellos eran demasiado débiles.

En el caso de John Bolton, sin embargo, la acusación es mucho más sustancial. Contiene dieciocho cargos por divulgación o retención de documentos relacionados con la defensa nacional, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de diez años de prisión, según ha indicado el Departamento de Justicia. El escrito detalla cómo John Bolton pasó ilegalmente a dos personas cercanas documentos e información confidenciales recopilados en el ejercicio de sus funciones, y cómo conservó documentos clasificados.

También se revela que una cuenta de correo electrónico de John Bolton fue pirateada entre 2019 y 2021 por “un presunto ciberdelincuente vinculado a la República Islámica de Irán”. El hacker habría chantajeado al exasesor, quien informó a las autoridades estadounidenses, sin precisar, sin embargo, según destaca la acusación, “que la cuenta contenía información relativa a la defensa nacional, incluida información clasificada, que Bolton había colocado allí cuando era asesor de seguridad nacional”.

Cuando se le preguntó el jueves sobre la imputación del exembajador ante la ONU, ahora su adversario, Donald Trump respondió: “Es una mala persona, es una pena. Pero así son las cosas.”, al tiempo que negaba haber sido el origen de sus problemas judiciales. En un libro publicado en 2020, que parecía un ajuste de cuentas, el neoconservador John Bolton escribía sobre los diecisiete meses que pasó en la Casa Blanca, lo que había despertado la ira de Donald Trump.

En 2020, el Departamento de Justicia de la primera administración Trump abrió una investigación penal y civil tras la publicación del libro. Pero tras la elección de Joe Biden, se abandonó.

Irónicamente, algunos de los cargos que se le imputan a Bolton son los mismos que se le imputaron a Trump por conservar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, después de dejar la Casa Blanca. En 2022, durante un registro, agentes del FBI encontraron allí más de cien documentos clasificados. Los cargos contra él fueron retirados tras su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 debido a su inmunidad, confirmada este verano por el Tribunal Supremo.

Joe Biden sufrió la misma desventura cuando era presidente. A principios de 2023, se nombró a un fiscal especial para investigar el hallazgo de documentos clasificados que databan de la época en que era vicepresidente (2009-2017) en su oficina y su residencia. Sin embargo, no recomendó iniciar un procesamiento.

El miércoles, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump dio a conocer otros tres nombres de enemigos: Jack Smith, el fiscal especial que había iniciado dos procesos penales contra el multimillonario republicano, uno por posesión ilegal de documentos clasificados y otro por su papel en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021; Andrew Weissmann, un exresponsable del FBI que fue el fiscal principal del equipo encargado de investigar los posibles vínculos entre la campaña de Trump y Rusia durante las elecciones de 2016; y Lisa Monaco, fiscal general adjunta durante la presidencia de Joe Biden.

En su sed de venganza, Donald Trump no tiene intención de detenerse.

Traducción de Miguel López

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, 28 de diciembre, el anteproyecto de la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia que, entre otras medidas, ampliará el plazo de prescripción de los delitos de agresión y abuso sexual cometidos contra menores: empezará a contar cuando la víctima cumpla 30 años, según informa Europa Press. Actualmente se cuenta cuando la víctima cumple los 18 años y los delitos prescriben entre 5 y 15 años después, dependiendo de su gravedad.

La intención de acometer un cambio legal para alargar el tiempo de prescripción de estos delitos ya fue avanzada hace unos meses por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Justicia barajaba tres escenarios: que esos delitos fueran "imprescriptibles" o que la prescripción empiece cuando la víctima cumpla 50 o 30 años, eligiendo finalmente esta última opción.

La ampliación del plazo de prescripción lleva implícita la modificación del Código Penal y afecta a los delitos más graves que se cometan contra los menores, en los delitos relativos a la tentativa de homicidio, delitos sexuales, las lesiones agravadas, maltrato habitual y trata de seres humanos cometidos sobre personas menores de edad.

El anteproyecto normativo, que modifica 11 leyes, establece un concepto de violencia muy amplio que abarca toda forma de perjuicio o abuso físico, psicológico o emocional, incluidas las agresiones o abusos sexuales, los castigos físicos, el simple descuido o el trato negligente. Se castiga todo tipo de violencia sea cual sea su forma de comisión, incluida la realizada por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, según recalca el Gobierno.

Además, endurece las condiciones de cumplimiento de los condenados por agresiones sexuales a menores, que no podrán acceder a los permisos penitenciarios o al tercer grado hasta que hayan cumplido la mitad de la pena. También se endurece su acceso a la libertad condicional impidiendo que el juez pueda anticiparla a las dos terceras partes de la condena.

El anteproyecto prevé que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las entidades locales dispondrán de unidades especializadas en la prevención y detección de situaciones de violencia sobre los menores de edad. Asimismo, se adoptarán medidas para evitar la victimización secundaria de los menores, como la adopción inmediata de las medidas provisionales, se obviará la práctica de toda diligencia que no resulte imprescindible y se impedirá cualquier tipo de contacto directo o indirecto con la víctima.

Nuevos delitos contra menores

El texto incluye un nuevo catálogo de delitos contra menores y adolescentes cometidos a través de Internet y tecnologías de la información y la comunicación, que incluye la incitación al suicidio, a la autolesión, a la comisión de delitos contra la libertad e indemnidad sexual o la promoción o facilitación de trastornos alimenticios.

Estas nuevas infracciones se complementan con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al juez retirar contenidos ilícitos de páginas web como medida cautelar durante la investigación del caso, según ha apuntado el Ministerio de Justicia. En todos los delitos sexuales y de trata, la condena conllevará la inhabilitación para cualquier profesión u oficio que suponga contacto regular y directo con menores. Asimismo, la reforma penal modifica la agravante genérica de discriminación para incluir en ella la edad, razones de aporofobia o exclusión social o "cualquier otro motivo basado en un prejuicio discriminatorio".

El anteproyecto también incluye otras novedades que afectan a la Ley de Enjuiciamiento Criminal: el texto deja en manos del representante legal o el Ministerio Fiscal la decisión sobre si un menor debe o no declarar en un juicio. También obliga a comparecer en el juzgado a los testigos que sean familiares de la víctima menor de edad (hasta ahora estaban dispensadas).

Por último, obliga a los jueces de instrucción a recurrir a la prueba preconstituida —la que no tiene que reproducirse durante el enjuiciamiento— cuando el perjudicado tenga menos de 14 años. El juez o tribunal que se encargue después del juicio está obligado con carácter general a no llamar a los menores para que declaren en la vista salvo en situaciones excepcionales.

Entre las nuevas medidas también se incluye la obligatoriedad de formación inicial y continuada en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, y en violencia contra la infancia y la adolescencia para jueces y magistrados, miembros de la carrera fiscal, letrados de la administración de justicia y los funcionarios judiciales. Los internos condenados por este tipo de delitos tendrán que asistir a programas específicos de formación en estos temas con el fin de evitar su reincidencia.

En el ámbito educativo, se dotará a los centros educativos de protocolos de actuación frente a indicios de acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra forma de violencia. Todos los centros deberán tener un coordinador de bienestar y protección que se encargará, entre otros aspectos, de vigilar la correcta aplicación de los protocolos que contemplarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de notificación y la coordinación de los profesionales responsables de cada actuación.

En el ámbito sanitario, en coordinación con las comunidades autónomas, se elaborará un protocolo común de actuación sanitaria donde se establecerá qué medidas se deben adoptar si se detecta un caso de violencia sobre una persona menor de edad. Los registros relativos a la atención de las personas menores de edad víctimas de violencia se harán constar en la historia clínica, lo que permitirá un mejor seguimiento de los casos que se produzcan.

Por otra lado, se reconoce a los funcionarios que desarrollen su actividad en los servicios sociales de atención primaria la condición de autoridad pública y se les habilita para adoptar las medidas de protección necesarias, coordinando los recursos de los que se disponen en el territorio. Asimismo, el anteproyecto contempla la creación del registro Central de Información sobre la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, que recogerá los datos recabados por las Administraciones públicas, el Consejo General del Poder Judicial y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Asimismo, la norma plantea la elaboración de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia y la Adolescencia e incorpora medidas de concienciación, prevención, detección, e intervención en diferentes áreas, entre las que destacan el ámbito sanitario, educativo, judicial, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o de las nuevas tecnologías, entre otros.

En concreto, se establece el deber de cualquier persona que advierta una situación de desprotección, riesgo o violencia sobre un menor a comunicarlo ante la autoridad competente; y si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, comunicarlo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial. Este deber se configura de una manera más exigente para colectivos que, por razón de su profesión, tienen un contacto habitual con menores o llevan a cabo una función de protección —profesionales sanitarios, trabajadores en centros de enseñanza, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad—. Asimismo, se modifica la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo para crear un nuevo adjunto especializado en la violencia sobre la infancia y la adolescencia.

Por otra parte, las entidades que realizan actividades de deporte y ocio con menores de manera habitual deberán contar con protocolos de actuación para la prevención, detección y actuación frente a posibles casos de violencia y con la figura del Delegado de Protección.

1.- El Tribunal Constitucional no ha dado la razón al Gobierno en su recurso, que solicitaba la suspensión del pleno de investidura convocado en el Parlament de Cataluña para el próximo martes e impugnaba la propuesta del presidente de la cámara, Roger Torrent, de que sea Carles Puigdemont el candidato que se someta a votación. Lo que hace el TC es condicionar la investidura prevista a la presencia física del candidato Puigdemont en el Parlament con autorización del juez que instruye contra él una causa penal en el Supremo. No caben investiduras telemáticas ni delegaciones de voto de quienes permanecen en Bruselas.

2.- El Tribunal Constitucional ha dedicado tres horas a debatir intensamente para encontrar la forma de hacer compatible la evidencia de que no se puede impedir de forma “preventiva” la convocatoria de un acto cuyo carácter ilegal o legal sólo se conocerá una vez celebrado y la certidumbre de que la pretensión de Puigdemont era intentar ser proclamado president de la Generalitat en la distancia. Y el TC, traducido al román paladino, ha tirado por la calle de en medio: Puigdemont puede ser elegido president siempre que acuda en persona a la sesión convocada y lo haga con el permiso judicial del instructor del Supremo.

3.- Este salomónico dictamen abrirá a su vez otros interesantes debates jurídicos, puesto que resulta muy discutible que no estemos asistiendo, en cualquier caso, a una imposición de carácter “preventivo” sobre la comisión de posibles irregularidades que no se han producido. O a una interferencia de órganos judiciales o arbitrales en el poder legislativo. No son cuestiones menores, porque el respeto a los derechos políticos de los representados y de sus representantes son absolutamente básicos en democracia y merecen la más alta protección.

4.- Antes de iniciarse la búsqueda de esta salida consensuada, el pleno del Tribunal Constitucional tuvo que escuchar que los propios letrados de la institución, como ya había hecho el Consejo de Estado y como asumió el ponente asignado a este asunto, el magistrado Juan Antonio Xiol, consideraban que había que rechazar la admisión a trámite (y por tanto la suspensión de la sesión de investidura convocada) porque la propia jurisprudencia del Constitucional descarta los “pronunciamientos preventivos” sobre hechos no producidos. Pero la mayoría conservadora del TC no estaba dispuesta a firmar tal varapalo al Ejecutivo, y además argumentaba que ese rechazo permitiría una investidura telemática que, aunque fuese anulada posteriormente, provocaría una situación política y jurídica endiablada. (Aunque la actual no lo sea menos).

5.- Lo ocurrido en los últimos cinco días desmonta por enésima vez esa leyenda que dibuja a Mariano Rajoy como un político que “domina a la perfección los tiempos”, que actúa “con calma y sentido común” y que presume desde siempre de la solidez que aporta hacer siempre “lo previsible”. Rajoy y su gobierno improvisan constantemente, lo cual no sería un demérito si se tratara de afrontar eventos imprevisibles y si acertaran en la gestión urgente de los mismos. No es el caso ni es la primera vez. Lo cierto es que el miércoles el propio Rajoy explicó en Onda Cero que recurriría al Constitucional si se producía algún "hecho jurídico" recurrible, no antes. El jueves anuncia la vicepresidenta Sáenz de Santamaría que el Gobierno solicita un informe preceptivo al Consejo de Estado, y que “si este es positivo” presentará ante el TC la impugnación previa de la elección de Puigdemont. Ese mismo día el Consejo de Estado responde que no, que no es posible impedir una sesión parlamentaria basándose en hipótesis de futuro, y además lo argumenta citando sentencias del Tribunal Constitucional. No les importa en Moncloa. Como no es vinculante (aunque sea de sentido común y aporte motivos incontestables), siguen a lo suyo y el viernes deciden en Consejo de Ministros recurrir al TC. Por enésima vez, lo que hacen Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría y su ilustre club de abogados del Estado es ir de chapuza en chapuza desgastando por el camino a instituciones clave del funcionamiento democrático. Se diría que les importa mucho más demostrar la fuerza del Estado (a secas) que la del Estado de Derecho, que es la verdadera fortaleza de una democracia frente a cualquier intento de agredirla por vías ilegales.

6.- La reacción gubernamental y de sus baterías mediáticas ha sido de congratulación por el dictamen del TC, con un argumento curioso: un éxito porque lo que en realidad buscaba Rajoy era impedir la investidura telemática “por cualquier procedimiento”. No sólo es curioso el argumento, sino que es otro tiro en el pie de su propio discurso sobre Cataluña. Es decir que un Gobierno y un partido que llevan años respondiendo al independentismo no con propuestas políticas sino con la exigencia de que lo defiendan “dentro de la ley y de los procedimientos democráticos legales”, ahora deciden que el “procedimiento” no importa. Ignorar al Consejo de Estado como si fuera un grupo de cuñados que opina en la sobremesa da igual. Situar al TC en el brete de tener que aplazar su pronunciamiento sobre la admisión a trámite del recurso e inventarse una fórmula “creativa” que impida la disparatada investidura telemática pero que no destroce los derechos políticos de un diputado electo ni de los votantes que lo han elegido ni del parlamento que vota la investidura que le da la gana... tampoco importa.

7.- Al tirar por la calle de en medio, el TC coloca a su vez en una difícil papeleta al presidente del Parlament y al juez Llarena. Uno porque está obligado a despejar rápidamente la duda de si Puigdemont viene o no viene y si tiene o no permiso del juez. Y este último porque, en la muy lejana hipótesis de que Puigdemont estuviera dispuesto a venir (la peor de las opciones para Moncloa), tendría muy difícil la explicación de una negativa a permitirle ser investido, aunque luego ingresara en prisión preventiva como lo están (de forma muy discutida y discutible) Junqueras, los Jordis y Forn.

Y 8.- Desde el punto de vista estrictamente político, se produce la paradoja de que esta decisión del Tribunal Constitucional puede servir finalmente para desatascar el conflicto interno en el independentismo. Como hemos publicado en infoLibre, tanto ERC como el PDeCat (a excepción de una veintena de fieles, hasta ahora, a Puigdemont) son partidarios de pactar un nombre distinto para la presidencia de la Generalitat en el caso de que el huido en Bélgica no acuda presencialmente a su investidura. Sin renunciar a sus ideas independentistas, están dispuestos a descartar las vías unilaterales y a afrontar una legislatura “tranquila” en la que sigan apostando por incrementar el apoyo al soberanismo hasta superar ese 50% que nunca han logrado, y que a su juicio debería obligar al Estado a buscar cauces de negociación para una solución política. Esa estrategia pasa por no colocar en el Govern a nadie que tenga asuntos pendientes con la justicia, lo cual no rebaja sino que en opinión de estos sectores fortalece la reivindicación de la libertad inmediata para los presos y la batalla jurídica por demostrar que los delitos que se les imputan a los dirigentes investigados (salvo el de desobediencia) no se sostienen. (Centenares de juristas y penalistas coinciden en que la rebelión y la sedición no tienen base, la malversación debe estar documentada y personalizada y la desobediencia ha estado a la vista de todos).

Desde el TC se ha evitado, de forma alambicada y creativa, la posibilidad de un espectáculo ajeno al parlamentarismo como sería esa investidura por pantalla cuya legalidad, antes que el Tribunal Constitucional, ya habían descartado los letrados del Parlament y el Consejo de Estado. Se evita, eso sí, con un coste institucional y con un nuevo riesgo para la protección de derechos democráticos básicos que quizás algún día lleven a los tribunales europeos a sacar los colores (de nuevo) a nuestros propios tribunales. Entre celebraciones propagandísticas y a la espera de lo que finalmente decida hacer Puigdemont y acepten o no sus socios de gobierno, conviene no olvidar que en el origen de todo lo que está ocurriendo se encuentra el fracaso de la política, el empeño en responder al independentismo por vías exclusivamente jurídicas y penales. O la incapacidad manifiesta para buscar alternativas en el ámbito parlamentario y no en los despachos de abogados del Estado.

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La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un escrito en el que se opone a la excarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal imputado en la 'operación Lezo', según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

La defensa de González apeló la semana pasada ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la prisión preventiva que el exdirigente madrileño cumple desde el pasado 21 de abril y solicitó su puesta en libertad alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse.

Argumentó, entre otras razones, que huir de la justicia es "materialmente imposible" porque tiene sus bienes embargados y carece de medios económicos, además de tener un "arraigo notorio" en España donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales "va a celebrar su boda en pocos meses".

Sobrino también recurrió

Además del expresidente de la Comunidad de Madrid, el que era su hombre fuerte en Latinoamérica para los asuntos del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, recurrió también su prisión incondicional.

En su caso, argumentaba ante la Sala la falta de motivación del auto recurrido y la inexistencia de indicios racionales de criminalidad suficientes que justifiquen la medida de prisión incondicional del exdirectivo.

Afirmaba que no se le puede considerar criminalmente responsable de los negocios del Canal en América Latina e incidía igualmente en la inexistencia de riesgo de sustracción de la justicia o destrucción u ocultación de pruebas, así como en el arraigo familiar del investigado.

La magistrada titular del juzgado de instrucción número 24 de Madrid, en función de guardia de diligencias, acordó a primera hora de la mañana de este viernes la libertad provisional de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, detenido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por, supuestamente, haberse hecho pasar por asesor del Gobierno de España con el uso de documentación falsa.

El Grupo IX de la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía le acusa de los delitos de falsedad documental, estafa y usurpación de funciones públicas, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

En el atestado instruido al efecto se detalla que el imputado fue desarrollando una "intensa actividad" en actos públicos, con presencia en ellos de altas personalidades de la vida pública española, así como con personas de alta dirección de sociedades financieras y de la vida económica.

Su actividad se basaba en que se hacía pasar por poseedor de diversos cargos dentro de la vida política española, "si bien no consta que haya sido exhibida documentación alguna que avalara sus afirmaciones verbales".

Siguiendo el relato policial, el detenido, gracias a la documentación gráfica de las reuniones a las que asistía, se hizo pasar como asesor de la Vicepresidencia de Gobierno para que J.M de la H. le entregase 25.000 euros con la promesa de que intentaría que el Gobierno mediase en la venta de un inmueble que tenía un familiar en Toledo.

Tras darle el dinero, el imputado entregó al presunto estafado un dossier bajo el título 'Palacio de la Moncloa. Protocolo de Actuación. Gobierno de España" con el nombre de la víctima y con una firma atribuida al secretario de Estado y otra al subsecretario de Estado de la Presidencia del Gobierno.

El arrestado reconoció ante la Policía que ese informe lo efectuó él mismo, escaneando las firmas de los secretarios. Posteriormente, a requerimiento del estafado, le devolvió 10.000 de los 25.000 euros entregados.

En el informe policial también consta que el imputado se desplazaba por Madrid con vehículos de alta gama a los que añadía un luminoso semejante a los utilizados por las fuerzas de seguridad. Uno de estos coches se utilizó, además, con chófer para reunirse con su víctima.

Autorizado por el Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid, se produjo una entrada y registro en el domicilio del detenido, en el que le fueron requisados otros dos dossieres elaborados por él bajo la apariencia de oficialidad, sin que conste que hayan sido utilizados. Los agentes también descubrieron dos autorizaciones falsas de vehículos para el Palacio de la Moncloa y una placa emblema de la Guardia Civil y otra de la Policía Municipal, ambas al parecer verdaderas y que el imputado manifestó que se las regalaron sus titulares.

Además de asesor político, el imputado se hacía pasar supuestamente por miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). De hecho, imprimió en una copistería madrileña un informe que simulaba pertenecer al CNI. Por este motivo, y tras detectar los agentes a la posible víctima de la estafa, se estableció un dispositivo de vigilancia, según informó la Policía.

La jueza no entiende cómo ha podido suceder

En el auto, la jueza manifiesta que "no acierta a entender cómo un joven de 20 años, con su mera palabrería, aparentemente con su propia identidad, pueda acceder a las conferencias, lugares y actos a los que accedió sin alertar desde el inicio de su conducta a nadie, por muy de las juventudes del PP que manifeste haber sido".

Tampoco comprende cómo ha podido 'colar' su afirmación de ser asesor del Gobierno de España, máxime si se tiene en cuenta el informe del médico forense, en el que se hace constar que el detenido tiene "una florida ideación delirante de tipo megalomaníaco".

Pero la magistrada no encontró razones para decretar su prisión provisional, tal y como pidió el Ministerio Fiscal, ya que esta medida es excepcional y considera que no hay riesgo de fuga. El arrestado es español, tiene arraigo en su ciudad, donde reside con su familia, y cursa estudios superiores.

Además, considera que dada la repercusión mediática de este caso, "el riesgo de reiteración de la conducta se ha reducido prácticamente a cero y todas las pruebas que pudieran aportarse han sido obtenidas en la entrada y registro efectuada el martes".

Por todo ello, la jueza determina que, "si bien existen motivos bastantes para estimar responsable criminalmente de los delitos de falsedad y estafa al detenido", decretó libertad provisional sin fianza, con la obligación de comunicar al Juzgado los cambios de domicilio, así como la prohibición de abandonar territorio español, debiendo entregar el pasaporte.

La Audiencia Provincial de Sevilla anula la fianza de responsabilidad civil de 29.568.129,20 euros que impuso la juez que investiga el caso de los ERE irregulares a Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía entre 1994 y 2004 y exministra de Fomento.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial estima el recurso interpuesto por la defensa de Álvarez, al que se adhirió la Fiscalía Anticorrupción, y revoca el auto del 11 de marzo en el que la juez impuso a la imputada esta fianza civil, "debiendo dejarse sin efecto las medidas que en su cumplimiento haya podido adoptar" el Juzgado, como son los embargos trabados sobre una decena de bienes inmuebles y cinco cuentas corrientes propiedad de la exconsejera.

En su primera comparecencia para declarar como imputada, celebrada el día 8 de octubre de 2013, ni la Fiscalía Anticorrupción ni la acusación que ejerce la Junta pidieron medida alguna para la imputada, mientras que el sindicato Manos Limpias solicitó a la juez que le impusiera una fianza de responsabilidad civil de 125 millones de euros, más el tercio legal previsto.

En su recurso, y entre otros motivos, el abogado de la imputada pidió la nulidad del auto "por vulneración del derecho a la presunción de inocencia al efectuarse en el auto un juicio anticipado de culpabilidad, desbordando las funciones propias del juez de Instrucción", ello en relación al hecho de que la juez aseverara que la fianza se impone ante la "probabilidad cierta" de que vaya a ser condenada por los delitos que se le atribuyen.

El abogado de Magdalena Álvarez, Horacio Oliva, también recurrió la fianza civil impuesta al entender que "no responde a la existencia de indicios sólidos de criminalidad, toda vez que la propia imputación de mi representada está sostenida en sospechas infundadas, errores sustantivos, generalizaciones indebidas y en una inasumible exégesis de la legalidad".

La Audiencia Provincial analiza ambos motivos de manera conjunta y recuerda que el pasado mes de mayo confirmó la imputación de la exconsejera en un auto donde "hablamos de razonables y fundadas sospechas suficientes para ampliar la instrucción a lo ocurrido a partir, reiteramos, de la aparición como método para dejar de lado el procedimiento adecuado en el otorgamiento de subvenciones sociolaborales y ayudas a empresas en crisis, de la técnica de las transferencias de financiación".

Este sistema, que "fue instaurado" siendo titular de la Consejería de Hacienda la imputada, "se mantuvo durante unos diez años pese al incremento continuado del déficit creado en la gestión de las subvenciones del programa 31L manejado a su arbitrio por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo", sostiene la Audiencia.

LA INSTRUCCIÓN "NO HA AVANZADO LO SUFICIENTE"

Asevera que el Tribunal Supremo es "el órgano superior, el máximo de la cúspide jurisdiccional ordinaria, a quien obviamente no le puede resultar ajena una medida cautelar real como la cuestionada, cuya adopción o no --entendemos-- realmente pasaría a ser de su competencia de asumir la instrucción".

Además, dice la Audiencia que "es muy significativo que la mayoría de las acusaciones no se han pronunciado sobre el tema, y la que lo ha hecho, la Fiscalía Anticorrupción, considera insuficientes como para exigir, por el momento, 'la inmediata adopción' de medidas cautelares, 'los indicios o principios de prueba de la presunta contribución de la imputada'", lo cual, a juicio del tribunal, "es algo más --y distinto-- que el dato de que no se haya pedido por las acusaciones la adopción de la medida cautelar que se combate".

"En definitiva, entendiendo razonable el anterior criterio por cuanto no cabe decir que la instrucción haya avanzado lo suficiente como para entender necesaria y exigible la medida cuestionada, procede estimar el recurso y revocar el auto" donde la juez impuso la fianza civil a Magdalena Álvarez, "debiendo dejarse sin efecto las medidas que en su cumplimiento haya podido adoptar el Juzgado".

La madrugada de este miércoles fue arrestado en Santander el supuesto pederasta que secuestró y abusó sexualmente de cinco menores en Madrid y lo intentó con otras tres. Su detención sacó a la luz algunos datos de su trayectoria como que tenía antecedentes por secuestro o que se le relaciona con el crimen organizado. Pero también otro hecho que se considera relevante. Antonio O. M. ya había cumplido una condena de siete años por abuso sexual a una niña de seis años en los años noventa. Este hecho ha puesto sobre la mesa el debate sobre el control que se ejerce sobre las personas condenadas por delitos de abusos sexuales a menores una vez que han redimido su pena. 

Al hilo del caso Mari Luz –la niña de cinco años que fue asesinada por un hombre sobre el que pesaba una sentencia firme de cárcel por haber abusado de su propia hija que todavía no había sido ejecutada– el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en su segunda legislatura el endurecimiento de las penas de los delitos sexuales cuando las víctimas son menores. El Congreso acabó aprobando una reforma que endurecía el Código Penal y que incluyó, entre otras nuevas medidas, la posibilidad de que los jueces dicten una pena accesoria de libertad vigilada durante hasta 20 años a todos aquellos que muestren “mal pronóstico” de reinserción una vez cumplidas sus condenas. Este tipo de pena puede llevar consigo la obligación de estar siempre localizable, de presentarse periódicamente en el lugar que se establezca o de comunicar inmediatamente cada cambio de lugar o de residencia. 

La magistrada Victoria Rosell explica que, en virtud de esta reforma –introducida después de que el supuesto pederasta de Ciudad Lineal fuera condenado en los años noventa– son los propios jueces los que, como mecanismo para garantizar la seguridad, pueden imponer medidas tales como el alejamiento, la obligación de llevar una pulsera telemática o la inhabilitación para ejercer determinadas profesiones. Rosell, que es portavoz adjunta de Jueces para la Democracia, dice que no es partidaria de "imponer penas que vayan más allá de las proporcionalidad del delito" porque existe una garantía de legalidad que respetar. 

Esta una de las diferencias que existen entre el ordenamiento jurídico español y el norteamericano, que tiene una de las legislaciones más restrictivas contra los pederastas condenados una vez que quedan en libertad. Desde 1996 todos los condenados por haber cometido abusos sexuales contra menores en EEUU a pesar de que ya han cumplido sus penas tienen la obligación de registrarse ante la policía de su Estado cada 90 días. Si no cumplen pueden ser condenados a un año de cárcel y 100.000 dólares de multa y si lo hacen dos veces se enfrentan a penas de hasta 10 años de cárcel. Los registros son gestionados por cada Estado, que es el que decide el acceso de la población a esas bases de datos. Por lo general, todos son públicos y pueden encontrarse en la página web del Departamento de Justicia aunque no todos los delincuentes sexuales están listados. El modelo español de libertad vigilada es una también utilizada en Francia o Alemania.

Álvaro García, portavoz de la Asociación Progresista de Fiscales, recuerda que esta modificación del Código Penal hecha a instancias del PSOE despertó bastantes críticas en ciertos sectores de la judicatura. García tampoco defiende que se vigile a todos los pederastas sin distinción una vez cumplidas sus condenas pues considera que si el cumplimiento de pena ya se ha completado la labor de garantizar la prevención del delito ya no es de la Justicia sino de la Policía. "Cuando se determina que puede haber un evidente riesgo de reincidir el Código Penal prevé medidas", señala.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) elaboró en 2009 un informe no vinculante en el que este órgano criticó que la libertad vigilada presentaba dificultades para conciliarla "con el régimen de tercer grado penitenciario o con la libertad condicional", al tiempo que puso en cuestión que se basara "en una responsabilidad dilatada en el tiempo", pues la libertad vigilada se aplica a los delincuentes reincidentes una vez cumplida la pena.

Esperanza Gil Somoza, psicóloga, cree que, además de las medidas de control, estas personas que "presentan este tipo de orientación sexual hacia los menores" deberían llevar un tratamiento psicológico adecuado. Para ello pide primero que se aclare qué es un pederasta y diferenciarlo del abusador sexual. El primero, explica, es una persona que se siente atraída por los niños, que son su objeto de deseo. Se trata, dice, de un tipo de parafilia, un deseo o conducta sexual poco habitual. El abusador sexual es el que se siente atraído por personas adultas y utiliza a los niños como medio para obtener la satisfacción sexual que por otros medios no logra. "Es difícil que un pederasta deje de desear a los niños, puesto que se trata de su orientación sexual innata, como a una persona heterosexual no le puedes obligar a sentir deseo por alguien de su mismo sexo", asevera. No obstante, considera que sí se pueden lograr cambios en su conducta como, por ejemplo, enseñarle estrategias de autocontrol que requieren de ayuda especializada.

Los registros

Otro debate recurrente cuando salen a la luz pública casos de abusos sexuales a menores es la existencia o no de registros de pederastas condenados con acceso para jueces, fiscales y agentes de seguridad como el que el PP manifestó su intención de incluir en la Ley de Protección del Menor de la que todavía sólo se conoce un anteproyecto y que no ha iniciado el trámite parlamentario. El juez Marcelino Sexmero, también portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, explica que, aunque no hay un archivo específico, ya existen mecanismos para saber si una persona ha sido o no condenada por abusos sexuales a menores a través de los llamados registros de penados y rebeldes. 

Para los casos en los que no hay todavía sentencia firme o el imputado está a la espera de juicio, se puso en marcha en 2009 el Registro de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes a cuya puesta en marcha se había comprometido el Gobierno del PSOE también a raíz del caso de la niña Mari Luz Cortés. Esta base de datos ofrece información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición judicial y sobre la peligrosidad del imputado y a él tienen acceso los órganos judiciales, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil. 

En este punto también hay diferencias con lo que ocurre en otros países. En Reino Unido, una vez cumplida la pena, los datos del ex convicto entran automáticamente y de por vida en el llamado Registro Sexual. Cada caso se analiza individualmente para valorar el grado de peligrosidad y el riesgo de volver a delinquir. Se puede acceder a la información del registro a través de la policía. La solicitud se acepta automáticamente para asuntos laborales directamente relacionados con los menores de edad. Se intenta prevenir así que un pederasta o un abusador sexual encuentre trabajo en escuelas, guarderías o centros de vacaciones. El Gobierno estudia la posibilidad de ampliar el acceso al registro, aunque se resiste a ponerlo a disposición de familias o asociaciones de vecinos.

El Gobierno de Portugal prepara un proyecto de ley que, en su actual redacción, propone que los padres con hijos menores de 16 años puedan tener acceso a una lista de condenados por delitos sexuales en la que constaría el nombre del condenado, su edad y descripción física, la residencia privada y su lugar de trabajo. Los nombres permanecerían en la lista hasta que hayan pasado 20 años desde la condena aunque depende de la gravedad del delito cometido. El proyecto también prohíbe para siempre que un condenado por estos delitos trabaje con niños, sea con carácter profesional o como voluntariado.

Por otro lado, Rusia es el país con una legislación más restrictiva para los pederastas. En 2011 aprobó una ley que impone la castración química para las personas condenadas por pederastia y que establece que los pederastas no tendrán derecho a solicitar la suspensión de su condena y que los reincidentes en delitos sexuales contra menores afrontarán la pena de cadena perpetua. Ese año, la norma fue modificada para aumentar las penas por violación de menores hasta un máximo de 20 años de prisión. A pesar de la dureza de estas condenas, muchos condenados continúan reincidiendo.

El expresidente del PP de Castellón y expresidente de la Diputación provincial, Carlos Fabra, abandonó este miércoles las dependencias de la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde estaba citado en un trámite relativo a la comunicación de su ingreso en prisión tras la firmeza de la sentencia que le condenó a cuatro años de cárcel por fraude de la Hacienda pública, explicando que se acogió a su "derecho constitucional", que pidió el indulto al Gobierno y que la Audiencia resolverá sobre la suspensión de la condena mientras se tramita la medida de gracia solicitada.

Poco antes de las 11:30 de este miércoles, Carlos Fabra abandonó las dependencias judiciales y pidió a los medios concentrados que no le formularan preguntas porque iba a hacer una única declaración: "me he acogido a mi derecho constitucional, he presentado la petición de indulto y la Audiencia resolverá en su momento", indicó escuetamente.

No obstante, respondió de modo breve a otras preguntas formuladas. Inquirido por las declaraciones del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, sobre que la petición de indulto formulada por el exdirigente del PP castellonense no iba a tener "en ningún caso respaldo" del partido y de las instituciones, se limitó a decir: "no opino".

De igual manera, preguntado por si no le molesta que el PP no apoye la medida de gracia, dijo que él a quien pidió el indulto es "al Gobierno de España". Finalmente, preguntado por qué prisión elegiría para cumplir la condena en caso de no paralizarse la suspensión, respondió mirando a la periodista que se la ha formulado: "¡qué pregunta más simpática!".

Carlos Fabra estaba citado a las 10:00 horas en la sección primera de la Audiencia de Castellón, aunque llegó sobre las 9.20 horas, acompañado de su exmujer y el que fuera su chófer cuando dirigía la Diputación provincial. Su abogado se presentó unos diez minutos después. La exesposa, María de los Desamparados Fernández, también estaba citada para requerirle el pago de la multa impuesta, dejando pendiente lo relativo a la indemnización para la ejecución de sentencia.

La sección primera de la Audiencia de Castellón dio traslado a las partes para que, tal y como recoge la ley, en un plazo de tres días se pronuncien sobre la petición de suspensión cautelar de la ejecución de la condena que solicitó Carlos Fabra mientras se tramita su petición de indulto.

El juzgado empezará a estudiar la petición del expresidente de suspender su ingreso en prisión a partir de la próxima semana, una vez reciba todos los pronunciamientos de las distintas partes, que tienen hasta el jueves de plazo para hacer entrega de sus escritos, si bien al poder presentarlos ante cualquier juzgado, pueden llegar con posterioridad a la sala, según indicó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la comparecencia del popular.

No obstante, este trámite no alteraba la obligación de que el exmandatario del PP compareciera este miércoles ante esa sección. Carlos Fabra presentó ante el Ministerio de Justicia la petición de indulto tras la confirmación por el Tribunal Supremo de la sentencia que le condenó a cuatro años de prisión por delitos contra la Hacienda Pública al estafar más de 693.000 euros entre 1999 y 2003, en el conocido como caso Naranjax.

Dispuesto a abonar multa y responsabilidad civil

Por otra parte, el exdirigente 'popular' se mostró dispuesto a hacer frente al pago de la multa y responsabilidad civil a la que fue condenado, unos 1,4 millones de euros conjuntamente –693.000 cada una–.

En relación con la responsabilidad civil –para subsanar el daño causado–, según explicó el TSJCV, la ejecución le corresponde a Hacienda, que será quien decida. Sobre la multa, el abogado de Fabra pidió un pago progresivo y presentó una relación de bienes sobre los que existen anotaciones de embargo.

Su exmujer, María Desamparados Fernández, que igualmente debía comparecer en la sala, mostró también su voluntad de hacer frente a la multa y responsabilidad civil y pidió que se le sustituta la pena impuesta –un año de prisión tras la rebaja del Tribunal Supremo– por una multa adicional. La Audiencia tendrá que informar a las partes para que se pronuncien sobre estos extremos.

La Comisión Islámica de Melilla (CIM), a raíz de la detención el 30 de mayo de seis hombres como presuntos terroristas islamistas pertenecientes todos ellos a la llamada "mezquita blanca", ha trasladado este viernes el rezo a este centro situado en la Cañada de Hidum para pedir que se deje actuar a la Justicia y no actuar por estereotipos basados en la vestimenta y la apariencia de los detenidos.

Así, su presidente, Dris Mohamed Amar El Mohamedi, ha leído ante la prensa y un número importante de representantes de entidades islámicas y sociales un manifiesto en la puerta de este centro de culto situado en un barrio habitado casi en su totalidad por musulmanes para solicitar "la necesidad de dejar actuar a la Justicia sin llevar a cabo juicios paralelos ni etiquetar a ninguna persona" por su forma de vestir tipo afgano ni por llevar una barba poblada.

Dris Mohamed ha querido subrayar en primer lugar que desde la CIM "queremos empezar por dejar claro que los musulmanes rechazamos y condenamos cualquier tipo de terrorismo, violencia o intolerancia. Somos respetuosos con las libertades individuales, el Estado de derecho y las leyes españolas. Así, —ha proseguido— respetamos tanto la Justicia Española como el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que diariamente se juegan la vida para protegernos".

El dirigente de la federación religiosa ha señalado no obstante que "entendemos que es preciso que se deje a la justicia llevar a cabo su labor de esclarecimiento sin presiones, con las garantías suficientes para que un ciudadano cualquiera, pueda defenderse y probar que no tiene nada que ver con lo que se le imputa, si es ese el caso".

Mohamed ha indicado que la principal preocupación de la CIM es que en un momento de este triste episodio llegue a ser juzgado alguien por un delito no cometido. "Confiamos que el juez ultime lo antes posible sus diligencias a fin de despejar las incógnitas que pesan sobre los seis detenidos, veredicto que los familiares están dispuestos a acatar como lo han reafirmado, como no puede ser de otra manera" ha precisado.

Sin embargo, ha destacado que "lo que sí nos preocupan son los juicios paralelos, los linchamientos mediáticos antes de que los tribunales se pronuncien. Es una actitud —ha añadido— del todo irresponsable ya que implica anular de un plumazo un derecho garantizado por las leyes y la Constitución, un derecho garantizado en definitiva en un Estado de Derecho.

Igualmente ha dicho que procede al Gobierno y al Ministerio del Interior, una vez han aportado su paquete de pruebas inculpatorias, dar paso a la justicia y "someterse todos, todos al imperio de la Ley". A su juicio, "tarde o temprano se terminan esclareciendo las cosas. Y los tiempos que se marcan en un Estado de Derecho se hacen para evitar que se criminalice a quien pueda resultar luego inocente, como nos ha demostrado la realidad en multitud de ocasiones".

El presidente de la CIM ha manifestado que si los mismos familiares de los detenidos han mostrado su conformidad a que se investiguen sus hijos y hermanos, mostrándose respetuosos con lo que en todo momento dictaminen los órganos judiciales, "qué decir del resto de ciudadanos y mucho más los restantes órganos del Estado: Todos estamos llamados a respetar los tiempos y las formas. Todos sin excepción".

Dris Mohamed Amar ha señalado que quieren aprovechar es esta oportunidad para denunciar a los que "criminalizan el Islam y siembran el odio" contra los musulmanes, con afirmaciones xenófobas en las redes sociales amparados en el anonimato y aprovechando estas detenciones que "les sirve en bandeja el linchamiento mediático y las formas poco ortodoxas que utilizan en su proceder algunos".

En su opinión, "estos grupos creen sentirse con derecho a difundir un alarmismo más preocupante aún que es criminalizar a toda una Comunidad e incluso a estigmatizar a ciertas mezquitas".

El presidente de la CIM ha resaltado que "en esta ciudad no nos podemos permitir que, por culpa de la vestimenta de una persona, se la crea más culpable que otra, se la trate diferente y se la juzgue sin vacilar". A su juicio, es necesario "madurar como sociedad plural y multicultural, todos, musulmanes, cristianos y judíos, para evitar que por un pañuelo, una barba, una kipá, o un crucifijo" se pongan "etiqueten de manera simplista. En Melilla, debemos predicar con el ejemplo".

Por último, ha explicado que con el fin de despejar toda sospecha sobre la totalidad de la comunidad, y sobre el papel de todas las mezquitas en Melilla, "como centros de culto y no como se pretende vender desde ciertos medios, como centros de reclutamiento", la CIM ha decidido hacer esta rueda de prensa a las puertas de la mezquita Assalâm, "que significa Paz en mayúsculas".

Por ello, ha destacado que la oración del viernes han decidido "llevarla hoy aquí en esta mezquita que forma parte indivisible del conjunto patrimonial religioso de la Comunidad Musulmana".

El hombre que prestó ese testimonio, un pakistaní que hoy tiene 41 años, declaró también que había sido enviado como terrorista suicida desde Francia y que se había arrepentido en el último momento. El tribunal condenó a los 11 acusadostribunal condenó a los 11 acusadosen aquel proceso basándose, sobre todo, en esta declaración. 

Dos conocidos suyos y varios documentos analizados ahora desmontan esa pretendida red de financiación terrorista. El relato del testigo de la Fiscalía fue construido fundamentalmente a partir de nombres y elementos extraídos de su actividad como traficante de contratos y permisos de trabajo en Europa. El testigo, y supuesto arrepentido, a cuya verdadera identidad hemos tenido acceso, es en realidad uno de los traficantes de inmigrantes más buscados en Pakistán. Y en aquellos años, al contrario de lo que declaró ante el tribunal, colaboraba además con los servicios secretos franceses.

El testimonio del supuesto arrepentido desencadenó la Operación Cantata, desarrollada por la Guardia Civil en el barrio barcelonés del Raval en enero de 2008. Y su relato puso en alerta a varios países europeos porque el atentado contra el metro de Barcelona, donde fueron detenidas catorce personas, solo era —según el falso testigo— el primero de una serie de ataques que, de no aceptarse las peticiones de Al Qaeda, golpearían otros cuatro países. “Alemania; y si no se accedía habría uno en Francia; si no se accedía, uno en Portugal y, si no se accedía, atacarían Inglaterra”, declaró. ¿Cuáles iban a ser la peticiones? El testigo nunca las explicó, aunque sí aseguró que “en el Reino Unido había mucha gente preparada” para cometer atentados.

Cinco días después de la Operación Cantata, y a partir de las informaciones de este testigo, la Policía británica detuvo a seis pakistaníes que acababan de aterrizar en el aeropuerto londinense de Gatwick procedentes de Barcelona. Pero los supuestos terroristas resultaron ser familiares y partidarios de uno de los hombres fuertes del entonces presidente pakistaní, Pervez Musharraf. Y tras 21 horas de interrogatorio y una “humillante disculpa diplomática”, según el relato de The Guardian, fueron puestos en libertad sin cargos. Otros dos supuestos terroristas señalados en Portugal por la declaración falsa del testigo de la Fiscalía ni siquiera llegaron a ser detenidos, según el diario luso Público. La inminente cadena de explosiones en Europa, amplificada por el eco de las masacres de Atocha y el metro de Londres, se quedó en bluf.

En España, en cambio, diez pakistaníes y un ciudadano indio fueron finalmente acusados de formar un grupo terrorista e intentar atentar contra el metro de Barcelona.

El juicio contra ellos se celebró a finales de 2009. El falso testigo que provocó su detención, bautizado judicialmente con el nombre en código de F1, declaró ante el juez haber formado parte de Al Qaeda al menos entre el año 2005 y 2008, año en el que se produjeron las detenciones. Primero explicó que se ocupaba de llevar dinero desde París a varios países europeos dentro de una red que movía hasta tres millones de euros al año. Luego aseguró haber recibido entrenamiento en campos yihadistas de Afganistán y Pakistán. Y, después de describir ante el tribunal la cadena de atentados en Europa que los terroristas habían preparado, cuando uno de los abogados le preguntó si seguía perteneciendo a Al Qaeda, respondió: “Es al tribunal al que corresponde decidir quién soy yo”.

La sentencia que condenó a los acusados se fundamenta en una convicción: “El tribunal llega a la conclusión de aceptar como probado que los hechos se desarrollaron en la forma en que este testigo relata”. Y lo hizo basándose en la coincidencia en sus diversas declaraciones, “sin que se observe ninguna contradicción esencial, que haga dudar de su verosimilitud”.

Sin embargo, y a pesar de las conclusiones de la sentencia, la investigación de las conexiones de los detenidos en Barcelona con una supuesta red de financiación de Al Qaeda que incluía Francia, Italia, Bélgica y Holanda, había sido abandonada durante la instrucción ante la falta de pruebas, según refleja un informe de la propia Guardia Civil.

Testigo protegido

La condena de los diez pakistaníes y del indio acusados de formar una célula terrorista vinculada a Al Qaeda a través del grupo Terik-e-Taliban y de querer volar el metro de Barcelona se basó sobre todo en el testimonio del citado arrepentido, cuya identidad y circunstancias se mantuvieron bajo secreto durante el juicio. Sin embargo, sólo dos meses después de su celebración, el fiscal Vicente González Mota, encargado del caso, reconoció en privado que “no había ningún lazo con Al Qaeda” y que el testigo era en realidad “un agente encubierto” extranjero, según recoge un cable enviado a Washington por la embajada americana el 25 de enero de 2010 que acabó siendo revelado por Wikileaks.

De los once condenados a partir del testimonio del falso arrepentido, dos siguen todavía en prisión. El supuesto líder de la célula, que fue condenado a ocho años de cárcel, y el último de los detenidos, extraditado desde Holanda y que ingresó en prisión seis meses después de la operación policial. A mediados del pasado mes de enero los otros nueve cumplieron sus seis años de cárcel. La mayoría fueron deportados a Pakistán e India, donde todavía hoy reivindican su inocencia en entrevistas y ruedas de prensa.

El único de ellos que permanece en nuestro país, gracias a su nacionalidad española, sigue viviendo en Barcelona, su ciudad desde hace cuatro décadas. Mohammed Ayub, de 70 años, recuerda en el piso que uno de sus hijos tiene en el Raval el extraño fin de semana de su detención: “En los calabozos me acordaba del chico que había venido de Francia y pensaba: 'Pobrecito, por juntarse con nosotros lo han detenido también a él”.

Todos los condenados eran seguidores de Tabligh al Jamaat, una corriente pacifista y apolítica del Islam que exige a sus miembros una salida de al menos tres días al mes para rezar, comentar el Corán y predicar la religión. Esa salida debe llevarles hasta una mezquita distinta de la que frecuentan de manera habitual, en la que además los reunidos conviven y pernoctan. El testigo protegido de la Fiscalía que les llevó a la cárcel haciéndose pasar por terrorista arrepentido llegó un miércoles a Barcelona y les pidió sumarse a una de esas salidas. El viernes por la noche, sólo dos días después, la Guardia Civil entró en la mezquita de la calle Maçanet y llevó a cabo la mayoría de las detenciones.

F1, el falso terrorista, señaló a los agentes la pastelería pakistaní más antigua del barrio del Raval, propiedad del jubilado Mohammed Ayub, como el lugar en el que se iban a fabricar las bombas para volar el metro de Barcelona. La policía registró el local sin hallar nada. Ayub, al igual que el resto de los detenidos, pasó ese fin de semana incomunicado y ni siquiera imaginaba que el “chico” que acababa de llegar de Francia era quien había desencadenado la operación policial. El chico era pakistaní, tenía 35 años, vivía en París y aseguró a las autoridades españolas que, aunque se había arrepentido en el último momento, él mismo iba a ser uno de los suicidas encargados de cometer el atentado.

El supuesto terrorista no llegó a estar detenido y apenas cuatro días después obtuvo oficialmente la condición de testigo protegido, que en su caso incluía además la inmunidad. F1, que en el juicio admitió que su nombre real era Asim, pudo presentarse así ante el juez como un miembro de Al Qaeda sin temor a que se abriera ningún proceso legal contra él. El Ministerio del Interior alega “razones de seguridad” para no aclarar si Asim sigue teniendo la consideración de testigo protegido y si continúa recibiendo una remuneración por ello.

“¿Hay alguna razón, condición o circunstancia que pudiera dificultarle o impedirle decir la verdad?”, le preguntó el presidente del tribunal, Javier Gómez Bermúdez, al inicio de su declaración el 16 de noviembre de 2009. “Todo es cierto”, respondió el testigo. Sin embargo, al contrario de lo que él mismo declaró bajo juramento, sí colaboraba con los servicios secretos franceses, como reconoció luego González Mota, el fiscal que había dirigido la acusación. Y, según dos conocidos suyos de París y varios documentos a los que ha tenido acceso esta investigación, la supuesta red de Al Qaeda para la que dijo haber trabajado desde 2005 nunca existió.

En busca y captura

La red de financiación de Al Qaeda que describió Asim se extendía supuestamente de París al norte de Italia, en los alrededores de Brescia. Pero su relato fue construido utilizando nombres y datos relacionados con su verdadera actividad como traficante de inmigrantes en Francia, Italia y Portugal. Tanto es así que las dos personas que el falso testigo señaló en Francia como correos fundamentales del dinero de Al Qaeda no han llegado a ser acusados de nada, ni siquiera policialmente.

Asim, el supuesto arrepentido, había declarado que los dos encargados de llevar el dinero desde París hasta Brescia eran “fundamentalmente” dos ciudadanos pakistaníes. Nadeem, técnico instalador de paneles eléctricos “con residencia portuguesa y empadronado en Barcelona”, y Tariq, albañil con “residencia francesa e italiana”. Los dos viven desde hace diez años a las afueras de París y, en efecto, conocen bien a Asim.

En su declaración, Asim recordó en particular “que una vez fue con Tariq y Nadeem a un pueblo pequeño cerca de Milán”. Tanto Nadeem como Tariq reconocen que ese viaje tuvo lugar. Pero el objetivo no tenía nada que ver con el terrorismo sino con conseguir un permiso de trabajo que el mismo Asim les había prometido. Luego continuaron hasta Brescia, donde Tariq había vivido hasta 2003 y donde quería visitar a unos viejos amigos.

El viaje a Italia fue en balde. “Nos dijo que el dueño del locutorio [donde se suponía que iban a firmar el contrato] había tenido que viajar a Pakistán porque había muerto su padre”, recuerda Tariq, que en la actualidad reside legalmente en Francia. Él se subió al coche para acompañar a Nadeem, con el que mantiene una larga amistad, aunque conoce bien a Asim y su familia. “Yo siempre se lo decía a Nadeem: Asim es un mentiroso”, explicaba un viernes por la tarde sobre la alfombra de una mezquita de La Courneuve, un municipio a las afueras de París.

Asim, con residencia legal en Francia, ya había llevado a Nadeem en una ocasión hasta Barcelona, donde se empadronó en 2005. Meses después del viaje a Italia, Asim condujo de nuevo a Nadeem, junto a otros tres compatriotas sin papeles, hasta Portugal. El objetivo era, de nuevo, conseguir contratos de trabajo falsos que facilitaran su regularización, algo que esta vez obtuvieron (Nadeem pagó 1.500 euros) gracias a la empresa de un familiar del propio Asim, como muestra una copia del contrato firmada el 1 de agosto de 2006. Sin embargo, meses después, Nadeem recibió una notificación del gobierno portugués declarando el contrato nulo. Desde entonces no ha vuelto a ver a Asim.

En enero de 2008, cuando tuvieron lugar las detenciones en Barcelona, la verdadera actividad criminal de Asim –conseguidor de papeles a cambio de dinero– era un secreto a voces en Francia. La comunidad pakistaní de los alrededores de París lo sabía –y algunos pagaban— desde hacía al menos tres años, según varios entrevistados para este reportaje. Durante el último año, familiares de algunas de sus víctimas que residían en París lo buscaban además por estafa: Asim había cogido el dinero pero no había facilitado la entrada en Europa de los inmigrantes que le habían pagado. Desde 2007, su condición criminal era un hecho bien conocido por las autoridades de Pakistán. Meses antes de su aparición estelar en Barcelona, la policía de Rawalpindi había cursado tres denuncias contra él por ofrecer “permisos de trabajo para Italia”.

En 2009, el llamado Libro Rojo contra el Tráfico de Personas de la Federal Investigation Agency (FIA), una oficina de investigación policial pakistaní, lo incluyó entre los 76 traficantes de seres humanos más buscados de Pakistán, tal y como puede comprobarse en su web oficial. Cuatro meses antes del juicio contra los once inmigrantes de Barcelona, ya había sido declarado oficialmente como “fugitivo” en Pakistán. Desde abril de 2010, tres meses después de la sentencia, está en busca y captura, como muestra la última edición de ese documento, fechada en 2012. Sin embargo, el estatuto de testigo protegido que le otorgó España dificulta la efectividad de dicha búsqueda.

Los abogados de los 11 acusados condenados a partir del falso testimonio del testigo protegido lamentan que esta información no estuviera a disposición de la defensa durante el juicio y apelan directamente a la responsabilidad de la Fiscalía. “Si hubiéramos conocido con qué organizaciones criminales trabajaba de verdad, y que no eran precisamente Al Qaeda, eso habría minado su credibilidad”, explica el abogado Benet Salellas. “No sólo la credibilidad intrínseca de su relato, sino también la extrínseca, porque nos habría servido para ver que lo que contaba, cuando era comprobable y se comprobaba, era falso”, añade.

“Una cosa es ocultar la identidad del testigo, que hasta cierto punto es comprensible, y otra cosa ocultar las circunstancias del testigo, lo cual no ocurre en ningún país civilizado”, añade el otro abogado, Jacobo Teijelo. “Saber que existe información relevante para la defensa y no comunicarla implica que no se respetó la norma del proceso debido y eso habría echado abajo todo el procedimiento”, añade. El fiscal González Mota, los jueces Gómez Bermúdez, Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro, y el Ministerio del Interior han declinado comentar estas nuevas informaciones.

Una huella anónima

Los únicos indicios materiales con los que la Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldó el testimonio de Asim fueron 18 gramos de pólvora extraídos de unas bengalas infantiles y 783 perdigones para armas de aire comprimido. Estaban dentro de dos bolsas de plástico en la mezquita de la calle Maçanet, donde dormían la mayoría de los detenidos cuando irrumpió la Guardia Civil en la madrugada del 19 de enero de 2008.

Sin embargo, las huellas encontradas en las bolsas que contenían dichos materiales no pertenecen a ninguno de los once condenados. Las defensas siempre sostuvieron que fue Asim quien metió las bolsas en la mezquita y que luego usó sus contactos con los servicios secretos en París para desencadenar la operación, pero la investigación judicial nunca analizó si las huellas aparecidas en las bolsas se correspondían con las del testigo protegido.

“Todos los productos eran franceses”, recalcó el abogado Salellas en su alegato final. Los perdigones habían sido comprados en una tienda de Unifrance, una cooperativa francesa que en enero de 2008 sólo distribuía en el territorio nacional. Las bengalas, fabricadas en China, habían sido importadas por una empresa del sureste de París para su venta en Francia.

Junto al testimonio de F1, la otra prueba de cargo que consideró la sentencia fue un vídeo publicado por una organización americana, la Nine Eleven Finding Answers Foundation, en el que aparecía un portavoz del grupo terrorista Tehrik e Taliban Pakistán (TTP). En ese vídeo un tal Maulvi Omar reivindicaba un atentado –el de Barcelona— que no había tenido lugar.

Técnicamente la grabación audiovidual era un montaje en el que las pistas de audio y vídeo corrían por separado. El supuesto autor, el periodista freelance Claudio Franco, declaró por videoconferencia en el juicio y reconoció que la entrevista con el tal Omar no la había hecho él, aunque tampoco identificó al autor. A pesar de ello, los 11 inmigrantes del Raval fueron condenados. En su contra, la palabra de un falso confidente encubierto y la declaración de un supuesto portavoz terrorista.

La conexión del testigo protegido con los servicios secretos franceses, y no con Al Qaeda, era algo no sólo conocido por la Fiscalía, como reveló años más tarde Wikileaks, sino por la prensa. Los periódicos españoles, citando a menudo fuentes del Ministerio del Interior, informaron antes del juicio de que se trataba en todo caso de alguien bien conectado con los servicios secretos franceses. También lo hizo The New York Times, en un largo reportaje dedicado a la Operación Cantata: “Asim […] era un informante de los servicios de inteligencia franceses que trabajaba en las zonas tribales de Wazirinstán, (Pakistán)”. El testigo protegido, el día del juicio, no se dio por aludido. Uno de los dos abogados defensores, Jacobo Teijelo, le preguntó si al menos colaboraba como informante: “Jamás en mi vida”, declaró F1, que sin embargo sí admitió en la vista oral que su nombre es Asim.

Sobre este asunto el juez Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que condenó a los 11 acusados, apenas quiere hablar. Proclama que “jamás” expresará su “opinión sobre algo obtenido ilegalmente”, en referencia a la información revelada por Wikileaks. Manuela Fernández de Prado y Javier Martínez Lázaro completaban el tribunal. ¿Sabían los jueces que Asim actuaba como agente encubierto? “Cuando yo sé que un testigo protegido está mintiendo, lo escribo en la sentencia y tiene sus consecuencias legales”, asegura Gómez Bermúdez.

Sin embargo, la sentencia, dictada por unanimidad, adelanta expresamente la valoración que ese hecho habría merecido por parte del tribunal. “Aún para el caso de que fuese miembro de los servicios secretos franceses, no tendría motivos suficientes para mentir”, afirma el fallo judicial.

A pesar de ello, en sus conversaciones con la embajada, el fiscal afirmó que “los jueces eran conscientes de que el testigo, más que un miembro de Al Qaeda, era un agente encubierto”, según el cable de la embajada. Otra fuente de la misma Audiencia Nacional confirma también la relación de Asim con los servicios de información franceses. En febrero de 2011, el diario 20minutos ya había publicado además parte del contenido del cable revelado por Wikileaks, titulando que “un topo” había evitado un nuevo 11-M en Barcelona. González Mota ha declinado hacer declaraciones para este reportaje.

Nadeem, uno de los dos testigos que desmontan la supuesta red de financiación de Al Qaeda descrita durante el proceso, asegura que Asim mintió también al negar que colaboraba con los servicios secretos. Según él, lo hacía al menos desde tres años antes de los hechos de Barcelona. Y cita un episodio singular, cuando el 16 de junio de 2005 una veintena de policías encapuchados irrumpieron al amanecer en el piso que Nadeem compartía con tres compatriotas en París.

Los cuatro (uno de ellos, Farooq A., tenía residencia legal en España) fueron detenidos por agentes de la 12ª Sección de los Renseingement Géneraux, una de las ramas de la inteligencia francesa de entonces. Fueron interrogados y puestos en libertad sin cargos treinta y seis horas después, según recoge un documento de la Cimade, una organización francesa de defensa de los derechos de los inmigrantes, fechado el 22 de junio de 2005. “Aquel día, Asim estaba en la comisaría, pero no detenido. Estaba allí para comprobar si yo era el que había señalado”, afirmó Nadeem el 10 de enero de 2014, sin saber todavía que Asim lo había vuelto a señalar en su declaración sobre la Operación Cantata en 2008.

Nadeem, que mantenía una relación cordial con Asim, ya había sido advertido por uno de sus compatriotas de que el conseguidor de papeles falsos era también confidente de la policía. “Yo estoy limpio, me da igual”. Eso pensaba en 2005. Luego vinieron los viajes por papeles, el dinero perdido. “Ahora me arrepiento”, dice pensando en los condenados de Barcelona, con quienes comparte el mismo desdén religioso por las cosas mundanas. Una visión moldeada por el Tabligh al Jamaat, la corriente apolítica del Islam de la que todos ellos son seguidores. “Me arrepiento de no haber hecho nada entonces. Porque luego envió a mis hermanos a prisión”. Aunque esta vez está dispuesto a dejar constancia, en el caso de que llegue a abrirse en sede judicial un proceso por falso testimonio contra Asim.

Pasado el tiempo, la Fiscalía usa palabras bien distintas para describir a su testigo protegido. El pomposo “agente encubierto” del que hablaba González Mota ante la embajada americana pasa a ser otra cosa. “Teníais razón, el testigo protegido era el desecho de todos los servicios secretos de Europa; aquello no le valía a nadie para nada”, recuerda el abogado Teijelo que le confesó un miembro de la Fiscalía un año después. Los resultados policiales de sus confidencias en Europa confirman esta segunda descripción: Los seis detenidos de Londres, los cuatro de París, el otro (además de Nadeem) nombrado entre Francia e Italia y dos señalados en Portugal no fueron nunca acusados de nada.

A finales de 2006, por lo demás, antes de las tres denuncias por tráfico de personas que cursaría Pakistán contra él al año siguiente, Asim, el valioso informante de los servicios de inteligencia de París descrito por The New York Times como la “extraordinaria fuente” que iba y venía entre los campos de yihadistas y los Campos Elíseos, tenía muchos asuntos pendientes en Francia: multas de la RATP (la empresa que gestiona el transporte en París) por viajar con un abono sin identificar (a pesar de que él y su familia tenían derecho a un título con descuento), reclamaciones del Departamento de Seine Saint-Denis por impago de más de 600 euros en multas de aparcamiento de su Mercedes 200 (modelo de 1984) y cheques sin fondos denunciados por la Banque Nationale de Paris, que también le había advertido por impagos en el seguro de vida. Hacienda, su vez, le había reclamado la declaración de impuestos.

El 16 de enero de 2008, miércoles, llegó a Barcelona, supuestamente inmerso en una misión terrorista. El objetivo: volar el metro de la ciudad. Dos días después, el viernes por la noche, cuando la Guardia Civil irrumpió en la mezquita, él abandonó discretamente la calle Maçanet sin ser detenido y acompañado por un agente. El martes adquirió oficialmente la condición de testigo protegido. A finales de ese mes su mujer, sus tres hijos y su suegra habían abandonado también el piso HLM (Vivienda de Alquiler Moderado, por sus siglas en francés) en el que vivían en el noreste de París. Al menos dos establecimientos de la región parisina conservan anotadas compras de antes de aquellas navidades que dejó sin pagar: 214 euros en total. Cuatro meses después, viviendo ya en España como testigo protegido, aún ingresó las ayudas sociales del Estado francés correspondientes a la mensualidad de abril: 972 euros.