Educo ha advertido de que los 850.000 menores que reciben beca comedor durante el curso en España se quedan sin ella durante 80 días de verano, por lo que la infancia vulnerable "corre el riesgo de quedarse sin una comida completa y saludable" estas vacaciones. Así lo refleja la organización en su informe Los derechos de la infancia no se van de vacaciones presentado este jueves, en el que analiza la realidad de los niños más vulnerables durante los 80 días de verano, y que ha recogido Europa Press.

"Su derecho a la alimentación está en entredicho. Existen algunas ayudas de las administraciones (ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones…) o de entidades sociales para garantizar esa comida, pero es muy difícil saber a cuántos niños y niñas llegan o si cubren todos los meses de verano", ha explicado la directora general de Educo, Pilar Orenes.

La directora general de la ONG que defiende los derechos de la infancia ha alertado de que "tampoco existe coordinación entre los diferentes actores que dan ayudas para campamentos de verano dirigidos a las familias vulnerables, lo que impide tener una foto clara de las complementariedades, el presupuesto total destinado y el número de beneficiarios". "Lo que sí sabemos es que estos campamentos no siempre incluyen la comida, no llegan a todos los que lo necesitan, no cubren todo el coste y no suelen abarcar todo el periodo vacacional", asegura.

Por todo ello, la organización pide una mayor coordinación de todas las administraciones para tener una imagen completa de las ayudas que reciben en verano los niños vulnerables "dada la falta de información y transparencia". Asimismo, reclama que todos los niños y niñas tengan una comida saludable garantizada los 365 días del año y, además, que en verano tengan una oferta gratuita de ocio y tiempo libre de calidad.

Según una encuesta realizada por Educo a 200 centros escolares que participan en sus programas, solo una de cada siete escuelas (14,3%) afirma que los niños que tienen beca comedor durante el curso también tienen asegurada su alimentación durante los meses de verano. En cambio, más del 25% dijo que no había continuidad en su alimentación o muy poca y cerca de otro 25%, que a pesar de existir actividades en verano que incluían la alimentación, pocos niños podían acceder.

"Vemos que solo una parte de la infancia vulnerable tiene asegurada una alimentación sana y nutritiva todo el verano. Es una muestra más del olvido vacacional que sufren y no se trata solo de comer, se trata de que lo hagan de forma saludable, algo que les resulta muy difícil a las familias con pocos recursos económicos", ha detallado la directora general de la ONG.

De hecho, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) muestra que comer de manera sana es seis veces más caro que tener una dieta que simplemente dé energía y Educo advierte de que, con la subida de precios, "crecen las dificultades de las familias con bajos ingresos para llenar la nevera y comprar productos saludables como verduras, frutas o pescado".

En este contexto, la ONG recuerda que la cesta de la compra ha subido casi un 40% en solo tres años, tal y como ha denunciado la Organización de Consumidores y Usuarios. Entre los productos más caros de la dieta están las proteínas, básicas para el desarrollo saludable de la infancia, tanto físico como mental.

En España, los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística muestran que el 6,9% de los menores de 18 años no puede permitirse comer carne, pollo, pescado o sus equivalentes proteicos cada dos días.

"Hay más de medio millón de niños, niñas y adolescentes que no están comiendo la cantidad adecuada de proteínas para su edad. Es la cifra más alta desde 2004. Y las familias vulnerables tienen pocas alternativas. Compran lo que pueden, que no siempre es lo más saludable, con los ingresos que tienen. Y crece el riesgo de malnutrición", ha explicado Orenes.

Educo también reivindica el papel educativo de los campamentos y colonias de verano. "Es un espacio en el que, a través del juego, del deporte y de las actividades culturales y de ocio, niños y niñas siguen aprendiendo. Y lo hacen disfrutando de unas vacaciones de verdad, descubriendo cosas nuevas, en vez de estar en casa, muchas veces solos y solas porque sus padres y madres trabajan, pasando calor", ha agregado.

Los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística muestran que el 34,1% de los menores de 18 años no puede irse ni una semana al año de vacaciones y que el 19,90% vive en hogares en los que no se puede mantener una temperatura adecuada. Desde 2013, Educo tiene en marcha su programa de 'Beca Comedor', que garantiza al menos una comida completa y nutritiva a los niños más vulnerables que no reciben ayudas suficientes.

Durante el curso, el proyecto se lleva a cabo en las escuelas y en verano se hace en campamentos y colonias organizadas por entidades sociales de todo el territorio. Después de más de diez años del programa 'Beca Comedor Educo', la organización ha otorgado más de 64.000 becas y ha facilitado más de 5 millones de comidas. Este mes de junio, la ONG ha lanzado una campaña que muestra el miedo que tienen muchos padres y madres a que sus hijos vean la nevera vacía.

La de la infancia es una de las caras más dramáticas e invisibles que ha dejado la larga crisis en la sociedad española. Afectados por la situación de desempleo o trabajo precario de sus progenitores, los desahucios y los recortes en prestaciones sociales, los niños viven unas circunstancias particulares de vulnerabilidad social. No en vano, el INE certificó esta semana que, en 2015, la tasa de riesgo de pobreza para los menores de 16 años se situó en el 28,8%, 6,7 puntos por encima de la del conjunto de la población.

El debate sobre la alimentación de los niños sin recursos lleva ya marcando el inicio de varios veranos, pues con el final del curso acaba también la posibilidad para muchos menores de poder acceder al menos a una comida completa al día en el comedor escolar. En estas fechas, tal y como ha podido comprobar infoLibre, son varios los ayuntamientos y comunidades autónomas –ambas se reparten las competencias– que trabajan para tener preparados los programas cuando acaben las clases.

En otros años, las propuestas no han ido siempre en la misma línea. Algunas administraciones han optado por abrir comedores escolares sólo para la hora del almuerzo, otras se han decantado por poner en marcha campamentos urbanos en los que, durante la mañana, se realizan actividades lúdicas y formativas hasta la hora de comer. Y otras han optado por dar ayudas directas a las familias vulnerables para que compren la comida en supermercados o les han facilitado la comida ya cocinada en sus domicilios. 

En su última memoria [consultar en PDF, aquí] la Defensora del Pueblo volvió a insistir en la necesidad de establecer un plan de garantía alimentaria para niños y adolescentes que contemple actuaciones en los períodos no lectivos. Y aunque puso en valor el de que sea "generalizada" la existencia de programas o planes para atender los casos de riesgo, sí lamentó que estas medidas no estén basadas en "una visión de garantía integral" e insistió en defender que es necesario hacer un uso "más amplio" de los comedores escolares.

No tienen la misma opinión los trabajadores sociales, a los que no convence la apertura de comedores en verano y reclaman medidas que no estigmaticen ni cosifiquen a los menores. Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), dice que la solución no es abrir los comedores en la línea de las iniciativas de beneficencia ni que las familias hagan colas a las puertas de los bancos de alimentos, sino apostar por medidas específicas y transversales, como poner en marcha un buen sistema de rentas mínimas. 

"Los profesionales de los servicios sociales llevamos tiempo detectando indicadores de riesgo nutricional y emocional en niños", subraya Lima. No obstante, ante la situación de emergencia que se plantea cada verano, sí considera que hay opciones menos estigmatizantes para las familias. Cita, por ejemplo, los subsidios de emergencia en forma de cheque para que vayan a hacer la compra en su supermercado o los campamentos urbanos en los que, además del comedor, se lleven a cabo actividades lúdicas, pero siempre que estén abiertos a todos los niños. 

Asimismo, en Cruz Roja defienden que hay soluciones "más eficaces" y que tienen un menor coste para la Administración que los comedores escolares para alimentar a niños vulnerables en verano. En este sentido, también abogan por el reparto de tarjetas que las familias en situación de vulnerabilidad pueden canjear por alimentos en el supermercado. Como recurso secundario, sí defienden la utilidad de los campamentos de día en los que además de una comida completa se garantice la realización de actividades. 

Sin embargo, ONG como Save The Children o Ayuda en Acción sí están de acuerdo en la apertura de comedores escolares en verano aunque creen que es una medida "puntual y necesaria en situaciones de emergencia como la actual, pero insuficiente". Asimismo, insisten en que esta apertura no se quede solo en el servicio de comida, sino que se integre dentro de una acción educativa y lúdica, donde el servicio de comedor sea un componente más, evitando así que los niños que acuden al centro se vean estigmatizados.

¿Qué pasará este verano?  

Este es, por ejemplo, el modelo del que es pionera Canarias y por el que esta comunidad volverá a optareste verano poniendo en marcha en 170 colegios campamentos urbanos gratuitos con clases de inglés dirigidos para los algo más de 3.000 menores de hasta 12 años que tuvieron beca de comedor durante este curso. El programa se amplió el año pasado a los alumnos del primer ciclo de la ESO (13 y 14 años), algo que no se mantendrá este año por el "alto absentismo" de los chavales de esta edad, según comenta un portavoz del departamento canario de Educación. 

Andalucía, por su parte, también abrirá escuelas de verano para atender a, al menos, 4.300 niños, donde, además de comer, también participarán en actividades formativas y lúdicas. ONG que trabajan en las llamadas "zonas de necesidades de transformación social" de esa comunidad autónoma serán las encargadas de gestionar este plan, que tendrá un presupuesto de alrededor de 1,5 millones de euros, similar al del año pasado, tal y como confirman en la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales andaluza. 

En Cataluña se pondrá en marcha un modelo similar, donde la Generalitat invertirá 1,4 millones de euros en promover actividades educativas "incluyendo dos o tres comidas diarias, saludables y equilibradas" para 2.607 menores en 96 centros abiertos. Otro de sus programas estivales se llevará a cabo en casales cívicos de 22 municipios catalanes, en los que otros 2.000 niños y niñas podrán jugar, leer y también desayunar y merendar.

La Comunidad de Madrid concederá ayudas a los ayuntamientos que cuenten con colegios abiertos en vacaciones en los que haya actividades extraescolares con el objetivo que puedan beneficiarse beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción, víctimas del terrorismo, alumnos en acogimiento familiar y, por primera vez, hijos de víctimas de violencia de género. El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, todavía no ha decidido si mantendrá el controvertido sistema de catering a domicilio que heredó de Ana Botella (PP) o pondrá en marcha otro modelo. 

También habrá comedores abiertos, aunque sólo durante la hora del almuerzo, en otras autonomías. Es el caso de Castilla-La Mancha, donde el Ejecutivo regional ofrece a los ayuntamientos que deseen abrir sus centros la posibilidad de hacerlo asumiendo ellos el mantenimiento y el Gobierno la cuantía de las becas. A estas ayudas pueden acceder los alumnos que ya hayan tenido la condición de becarios durante el curso. 

En Aragón, donde el año pasado el Gobierno regional optó por no abrir comedores y dar ayudas económicas de hasta 180 euros por niño en situación de vulnerabilidad y otros 120 por cada hermano con un tope de 600 euros, el Ejecutivo todavía no ha informado sobre qué previsión tiene para este verano. El Ayuntamiento de A Coruña, que también se decantó el verano pasado por dar ayudas directas –en este caso, de 500 euros mensuales por familia– tampoco ha concretado qué propuesta plantea para estas vacaciones más allá de las ayudas que ofrece la Xunta a las familias desfavorecidas durante el año. 

El Ejecutivo de Castilla y León, por su parte, no ve necesario este verano volver a abrir comedores escolares y asegura que las familias vulnerables de la comunidad ya reciben ayudas directas durante todo el año. A igual que los de Navarra, País Vasco o La Rioja, donde sus gobiernos mantienen que los subsidios y prestaciones habituales ya cubren este tipo de necesidades. 

La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión, que se mide con el indicador europeo AROPE, alcanzó en 2014 un nuevo máximo histórico en España, con 13,6 millones de personas afectadas, el 29,2 por ciento de los habitantes del país, según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN), que monitoriza la evolución.

Este indicador cruza datos oficiales como los ingresos por cabeza en el hogar, el nivel de privación de bienes y servicios o la intensidad en el empleo para calcular el riesgo de exclusión. Los resultados para 2014 revelan que la tasa de riesgo aumentó casi dos puntos, cuando 790.801 personas cayeron en esta situación de vulnerabilidad.

Desde 2009 el aumento ha sido del 4,5% con especial incidencia en la infancia, pues el 35,4% de los niños de España están ya en riesgo (31,9% en 2013); y en la juventud, con un 36,4% de la gente entre 16 y 29 años en riesgo de pobreza y/o exclusión, once puntos más que un año antes.

Cuando se trata ya de situación de pobreza, el informe refleja que el 22,2% de la población, 10,3 millones de personas, la sufre. Entre menores de edad, llega al 30,1% tras subir un 3,4% en un año, tocando así "la tasa más alta de pobreza con respecto a los grupos de edad desde que se calcula este indicador". 

Pobreza severa 

De ellas, 3,2 millones de personas, el 6,8% de la población, la padecen en su forma severa, con menos de 332 euros de ingresos al mes por persona en su hogar. Además, 3,3 millones afrontan una privación material severa, casi un 3% más que en 2009, personas que no pueden afrontar un gasto imprevisto o que tienen retrasos en el pago de los recibos de su vivienda.

Según el informe, "los que peor lo tienen" son 2,9 millones de personas que padecen los tres factores de desigualdad: desempleo, pobreza y privación material. 

"Lo importante es quitar a los pobres del medio". Es la impresión que dice tener el padre Ángel García, presidente de Mensajeros de la Paz, tras conocer que el Ayuntamiento de Recas (Toledo) quiere establecer como requisito que los niños que utilizan el comedor social gestionado por esta ONG estén empadronados en el pueblo. El padre Ángel se negó este martes a aceptar esta criba y sugirió la posibilidad de buscar otro local –el que se utiliza ahora es de propiedad municipal– para seguir prestando el servicio, interrumpido desde el 31 de julio.

Sin embargo, en conversación con infoLibre, el padre Ángel se muestra dispuesto a "dialogar con la alcaldesa para limar asperezas y que atienda a razones", motivo por el que espera alcanzar una solución para que el primero de septiembre se siga dando de comer en este centro, financiado exclusivamente con fondos de la ONG. Un centro que da de comer a 68 niños, de los que entre ocho y 10 podrían no estar actualmente empadronados en el pueblo según declaró a laSexta Rosa Trujillo, responsable del banco de alimentos de Mensajeros.

En un comunicado emitido en la tarde del martes, el Ayuntamiento considera que "la reacción de Mensajeros de la Paz ha sido desmedida", y asegura que no se ha mantenido "el debido encuentro formal con los responsables municipales". El padre Ángel niega este extremo: "Miente. Hemos tenido 3 ó 4 reuniones con ella, en su propio despacho y sobre esta medida en concreto".

El Consistorio dice no haber tomado ninguna decisión oficial pero reconoce que la alcaldesa, Laura Fernández (PP), visitó las instalaciones del comedor y comentó "la posibilidad de estudiar la exigencia del empadronamiento". El objetivo, aclara el Gobierno local, sería "poder llevar un control riguroso y justo del servicio que se presta" para "asegurar la distribución de alimentos a los niños que verdaderamente lo necesitan".

El Ayuntamiento justifica esta medida porque hay "vecinos de otras localidades que vienen a Recas a disfrutar de servicios sociales por la dejadez de otros municipios", y niega que tenga "nada que ver con la condición o no de inmigrante". Además, habla de que "usuarios que disponen de medios económicos suficientes que están enviando a sus hijos al comedor social", y dice que son "innumerables" las quejas de los vecinos "por ocupaciones ilegales". De los que han llegado a Recas, explica el comunicado, "una minoría ha asumido un modelo de convivencia basado en la ocupación ilegal y en la obtención de comida, ropa, etc, gratuita".

Desde Mensajeros de la Paz dicen no entender estos argumentos porque a los usuarios del comedor se les exige un informe que acredite su situación de necesidad "hecho por la trabajadora social del Ayuntamiento". "Por eso lo absurdo de esta situación", dice el padre Ángel. Preguntado por si cree que el comedor puede estar trayendo hasta Recas a gente que ocupe ilegalmente, el presidente de la ONG cree que es un "temor infundado, y si es fundado, un poco mezquino".

Los niños, derivados al comedor del colegio

El Ayuntamiento de Recas dice haber dispuesto "un plan de actuación" mientras persista "la decisión de Mensajeros de la Paz de cerrar el comedor", cuyos usuarios serán enviados al comedor del colegio, en el que podrán optar a una plaza y a la subvención "parcial o total para aquellos que atraviesen precariedad". El Consistorio dice haber recibido al menos 20 solicitudes .

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha –al que pidió ayuda el padre Ángel junto a la presidenta del PP autonómico, María Dolores de Cospedal– asegura que "se contactó ayer personalmente con el padre Ángel y han quedado emplazados a una futura reunión para tratar sobre los diferentes servicios de atención social que desarrolla Mensajeros de la Paz en la región".

"Ni los pediatras ni los reponsables de los servicios sociales dicen que en esta comunidad haya un riesgo de pobreza tal que haya niños desnutridos", afirmó Ignacio González, que sentenció con rotundidad: "Eso es falso". De esta forma, el presidente madrileño rechazaba la apertura de estos comedores de colegios públicos durante las vacaciones de invierno.

No es la primera vez que el presidente de la Comunidad de Madrid realiza declaraciones de este tipo. Hace unos meses, PSOE e IU denunciaron en el parlamento madrileño la desaparición de 70.000 becas de comedor y pidieron su recuperación, así como la apertura de los comedores en verano. Algo a lo que González respondió entonces que "en nuestra región, gracias a Dios, no hay un problema de desnutrición" señalando que donde sí lo había era "en Andalucía, no en Madrid". 

Pese a estas afirmaciones en las que niega que Madrid sufra un problema de pobreza, Ignacio González ha participado en numerosos actos caritativos desde que está al frente de la Comunidad de Madrid, institución que también ha instado y colaborado en numerosas campañas similares.

Así, en diciembre de 2012, González entregó cerca de mil kilos de alimentos al comedor social católico Hijas de la Caridad, procedentes de fincas agrícolas de la Comunidad. Una práctica habitual de esta institución, ya que subrayan que se habían entregado 120 toneladas de alimentos a instituciones similares desde 2002.

Esa misma navidad, el presidente de la Comunidad de Madrid colaboró con el comedor social 'Cachito de cielo' –gestionado por las Hermanas Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada– en la distribución de unos 200 desayunos para los más necesitados, junto con los voluntarios habituales del centro.

Además, la nota emitida entonces por la Comunidad de Madrid reconocía que, en 2012, habían incrementado un 20 por ciento sus servicios respecto al año anterior. El presidente manifestó entonces la voluntad de la administración regional de "ayudar a quienes más lo necesitan, y más ahora en la actual situación de crisis en la que hay familias que están pasando por momentos muy difíciles”.

Ignacio González durante su participación en la 'Gran Recogida de Alimentos'

Un año más tarde, Ignació González participó también como 'voluntario' en una Gran Recogida de Alimentos en un supermercado madrileño. El presdiente regional hizo mención a la "generosidad de los madrileños" para animarles a participar en esta campaña caritativa impulsada en este caso por los Bancos de Alimentos de distintos puntos de España.

La anécdota de la jornada fue, según contó El Huffington Post, un pequeño despiste de González, que olvidó el PIN de su tarjeta de crédito cuando fue a pagar los 8,89 euros de la compra que acababa de realizar para donar algunos alimentos. "¡Qué fallo! Si es que no gasto", explicó el presidente madrileño.

El caso de Carmen Martínez Ayuso, la mujer de 85 años desahuciada de su vivienda a la que el Rayo Vallecano pagará un alquiler hasta que llegue la ayuda pública, ha reabierto el debate sobre la labor del Estado en un momento en el que aumentan los colectivos vulnerables. Las situaciones de emergencia que se quedan sin respuesta por parte de la Administración son cada vez más numerosas. Y ahí es donde aparece la solidaridad. O la alargada sombra de una beneficencia llena de buenas intenciones pero que, según los profesionales de los servicios sociales públicos, puede contribuir a debilitar (aún más) el cuarto pilar de los sistemas de protección. 

El del Rayo Vallecano es el último que ha trascendido, pero hay más ejemplos en los que el salvavidas ante situaciones de gran necesidad no llega del sector público. Ocurre con los bancos de alimentos –que durante este fin de semana llevarán a cabo una gran campaña de recogida–, los comedores sociales, las ayudas de ONG para pagar luz y agua, las Universidades que lanzan ayudas de emergencia para sus alumnos o ponen en marcha vías para canalizar el mecenazgo... Para Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), este tipo de iniciativas evidencian un "fracaso claro" de la labor del Estado en lo relativo a las necesidades de la población. Y explica que son muchas veces los propios asistentes sociales los que, ante la falta de escasez de medios, se ven obligados a derivar a estas personas hacia la beneficencia. "Nos plantean problemas que no se pueden resolver desde lo público", subraya. 

Las rentas mínimas de inserción –explica Lima– están pensadas para personas que no tienen ingresos, pero la actual coyuntura está generando situaciones muy dispares, especialmente agravadas por el desempleo o los desahucios. "Hay familias con pocos ingresos que tienen que decidir entre comer o pagar la hipoteca", describe. La única opción que se puede ofrecer a estas personas desde el sector público es un subsidio de emergencia –por ejemplo, en forma de cheque para que vayan a hacer la compra en su supermercado o para que paguen la luz o el agua– pero es algo puntual, una ayuda a la que pueden acceder en una o dos ocasiones. Cuando no hay más opción la alternativa son los bancos de alimentos benéficos e incluso los comedores sociales. Pero, "¿es justo que alguien tenga que ponerse en la cola declarándose pobre de solemnidad para que le den un paquete de comida?", se pregunta Lima. 

ONG como Casa Caridad, que gestiona tres comedores sociales en la Comunitat Valenciana, defienden que su voluntad es la ir "más allá del asistencialismo" con talleres de búsqueda de empleo u otro tipo de iniciativas, según dijo a esta diario una de sus portavoces. Durante 2013 esta asociación ofreció más de 370.000 raciones de alimento. En ese año también se registró un aumento del 32% en la presencia de familias con menores en los comedores. De hecho, el 20% de los usuarios de sus tres comedores durante el año pasado fueron niños. El pasado verano, cuando cerraron los comedores escolares fue Casa Caridad una de las organizaciones encargadas de velar por que los menores accedieran a al menos a una comida completa al día. Su labor solidaria es incuestionable, pero no falta quién se pregunta dónde queda en este punto la responsabilidad del Estado.

Derecho a la vivienda 

Algo similar ocurre con los desahucios. Carlos Macías, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), dice que en las diferentes sedes de esta organización no resultan extrañas las llamadas de particulares que ofrecer donar una vivienda que no usan u ofrecen donar cantidades de dinero para ayudar a familias en situaciones precarias. La PAH, que ha parado más de 1.130 desahucios desde 2010, no tiene cauces para canalizar esa ayuda. "No podemos aceptarlas porque no tenemos posibilidad de gestionarlo con todas las garantías. Nuestra labor es reivindicar derechos y señalar al Estado como responsable de una situación que afecta a miles de personas", detalla. Lo único que puede hacer la PAH ante posibles donantes, señala Macías, es poner a estas personas en contacto con afectados que necesiten una ayuda urgente, pero nunca acceder a gestionar un patrimonio. 

El mecenazgo también ha llegado a la Universidad. Los centros de educación superior no quieren que sus alumnos se vean abocados al abandono de sus estudios. Y por eso algunas de ellas están dispuestas a hacer un papel que no les corresponde tirando de fondos propios o de donaciones para ayudar a los alumnos que se quedan fuera de la convocatoria de becas del Ministerio de Educación. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad de Zaragoza que dedicó el curso pasado 370.000 euros para ayudar a pagar las matrículas, así como aportaciones monetarias para el pago del transporte u otro tipo de gastos relacionados con el estudio. Esta beca tenía unos requisitos académicos un 15% más bajos que las ayudas ofrecidas por Educación.

La Universidad de Málaga también puso en marcha una vía para canalizar las donaciones después de recibir la llamada de una pensionista que proponía pagar la matrícula a un estudiante con apuros económicos. Su fondo contó el curso pasado con 54.000 para estudiantes de familias que se encuentren en situaciones precarias y no puedan acceder al pago de las tasas. Otras universidades como la de Cantabria o la Autónoma de Madrid han puesto en marcha iniciativas similares. 

Las asociaciones de estudiantes no ven mal estas ayudas, pero creen que garantizar la equidad en el acceso a los estudios no es la obligación de las universidades o de los particulares. "El dinero que se invierte en estos planes de rescate deja de invertirse en investigación o docencia. Es cierto que las universidades no pueden mirar para otro lado en lo que está pasando, pero no tienen asignada la función de ser las garantes de la cobertura social. Ese papel lo tienen que hacer el Estado y las comunidades autónomas", culmina Luis Cereijo, presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas de España.

La alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez (PP), destituyó en la mañana de este martes al primer teniente de alcalde, Francisco Salido  (UCB), con el que el mantiene un pacto de gobierno, según informa el diario Sur. La regidora habría tomado esta decisión después de que este periódico revelara que Salido tenía contratados en el ayuntamiento malagueño como asesores a dos hermanos y un cuñado.  Según este diario, tras salir a la luz esta situación, se conoció también que el gerente del Puerto Deportivo, José Manuel López Merino, había sido condenado por intrusismo profesional a seis meses de cárcel al ejercer como falso abogado. García Galvez ordenó a su primer teniente de alcalde que los destituyera, indicación que no cumplió. Por ahora, el PP mantiene la confianza en los otros concejales del grupo de Salido, que le son necesarios para mantener la mayoría de gobierno.

Francisco Salido, el propio José Manuel López Merino –número dos de Unión Centro Benalmádena– y otros cuatro responsables del comedor social del municipio fueron llamados a declarar como imputados el próximo enero, tal y como publicó infoLibre, tras haberse admitido a trámite la denuncia presentada por la edil independiente Encarnación Cortés, que acusó al primer teniente de alcalde de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos. 

El pasado mes de agosto, infoLibre publicó en exclusiva un informe provisional del interventor municipal que denunciaba que el comedor social de la localidad había gastado 250.000 euros procedentes de subvenciones públicas sin justificar su destino. La investigación, que se inició a causa de la presión ejercida por Cortés con el apoyo de la Comisión Anticorrupción del Partido X, arrojó conclusiones aún más graves con la publicación del informe definitivo del interventor, que cifraba en más de 262.000 euros el agujero del comedor social y acusaba a Salido de presionar para amortiguar el impacto de las pesquisas y de haber retirado documentación en plena investigación, algo que el concejal atribuyó a que quería presentarla "bien foliada".

La mayoría de gobierno, pendiente de un hilo

García Gálvez retiró a Salido todas sus funciones –primer teniente de alcalde, concejal de Bienestar Social y responsable del Puerto Deportivo– después de que no aceptara su orden de este pasado lunes de destituir de forma fulminante a López Merino. Anunció además la convocatoria urgente de una sesión extraordinaria del consejo de administración de la entidad para aprobar este mismo martes el cese efectivo de Salido como consejero delegado y de López Merino como consejero y secretario de la empresa municipal.

"No voy a permitir que ocupe ningún cargo en este Ayuntamiento cualquier persona condenada en firme cuya falta de honradez profesional quede constatada; mucho menos cuando se trata de un caso tan flagrante como éste", dijo la primera edil en referencia a López Merino, informa Europa Press. En referencia al pacto de gobierno entre el PP y UCB, aseguró que esta decisión "no afecta a la situación del resto de concejales de esta formación con responsabilidad de gobierno, que seguirán ejerciéndola como tal". Es el caso de Concepción Tejada y Juan Olea.

Mientras las acciones judiciales siguen su curso, las reacciones políticas se hacen de rogar. La alcaldesa de Benalmádena, Paloma García (PP), aún no ha tomado ninguna medida en este sentido tras la imputación de su número 2 en el ayuntamiento, Francisco Salido –con el que gobierna en coalición– por el escándalo del comedor social de la localidad. Fuentes del PP de Málaga, de igual forma, descartan intervenir en el pacto de Gobierno, aseguran que esperarán a ver cómo se desarrollan los acontecimientos e incluso confirman que están negociando con Salido para incluirlo en las listas del PP en las elecciones municipales de 2015.

El pasado lunes el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos imputaba a Salido y a otros cinco responsables del comedor social de Benalmádena –entre los que se encuentra el lugarteniente de Salido en Unión Centro Benalmádena (UCB), José Manuel López Merino, y el presidente de la asociación que gestiona el centro, José Lara– tras admitir a trámite la denuncia interpuesta por Encarnación Cortés, la concejala independiente del Ayuntamiento que promovió la investigación apoyada por el Partido X. Cortés acusó al teniente de alcalde de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos tras conocerse que el comedor no ha justificado debidamente en qué ha gastado 262.000 euros recibidos en subvenciones.

Cuando el interventor del ayuntamiento publicó el informe en el que denunciaba esta situación, el pasado 19 de agosto, el consistorio actúo rápido e inició un expediente de reintegro para recuperar los 262.567 euros, además de remitir al Tribunal de Cuentas el documento y retirar la subvención al comedor. Pero la celeridad a la hora de reclamar el dinero no fue tal para exigir responsabilidades políticas. Y es que, a pesar de que Salido –que en 2012 aupó a la alcaldía a Paloma García tras romper el pacto que mantenía con PSOE e IU– es el principal promotor del comedor social y de que el informe le señalaba directamente como responsable de ejercer presiones contra el interventor, la alcaldesa no ha tomado ninguna medida contra él.

infoLibre se ha puesto en contacto con el ayuntamiento para conocer si la imputación de Salido cambia en algo su situación como teniente de alcalde. Un portavoz del consistorio, sin embargo, afirma que García conoce la imputación sólo por la prensa y que tendrá que hacerse con una copia del auto para poder estudiarla y conocer de primera mano la situación antes de plantear cualquier tipo de consecuencia.

El portavoz, no obstante, insiste en que los servicios jurídicos del ayuntamiento están estudiando el informe del interventor para ver si existen indicios de delito en la gestión del comedor social y, en su caso, presentar su propia denuncia ante la Fiscalía, y afirma que la idea inicial de la alcaldesa era esperar al resultado de este informe antes de tomar cualquier decisión, si bien no descarta que la imputación de Salido pueda alterar los plazos. La respuesta es similar a la que ya ofreció la corporación en agosto, cuando al conocerse la imputación un portavoz señaló a este periódico que la alcaldesa aún no había decidido si tomaba alguna medida contra el teniente de alcalde.

El PP de Málaga se muestra prudente

Quien fue muy claro es el propio Salido, que el pasado lunes declaró que "ni muchísimo menos" se había planteado dimitir, ya que considera que no ha cometido ninguna irregularidad y confía en que la documentación extra que ha aportado este martes la Asociación Comedor Social –la gestora del centro– sirva para aclarar el escándalo. "Yo estoy tranquilo porque aquí no hay nada extraño", aseguró el teniente de alcalde, que también reconoció que está negociando con el PP para ser incluido en sus listas municipales en las elecciones de 2015, si bien insistió en que las conversaciones ahora mismo son un mero "embrión".

Fuentes del PP de Málaga, por su parte, aseguran que la dirección regional –liderada por el presidente de la Diputación, Elías Bendodo– no va a inmiscuirse en la decisión que pueda tomar García al respecto ni va a presionar para que se rompa el pacto de Gobierno entre PP y UCB. Estas mismas fuentes también admiten que existen conversaciones con Salido para su inclusión en la lista del PP de Benalmádena en los próximos comicios municipales, y explican que hasta mayo "hay tiempo para ver cómo se desarrolla la imputación" –el juez por ahora no acusa de ningún delito a los seis implicados y sólo los ha llamado a prestar declaración– y valorar qué decisión se toma finalmente al respecto.

Con el fin de "aclarar la situación" la Asociación Comedor Social ha entregado este martes en el ayuntamiento "35 tomos que superan las 8.000 páginas" de documentación extra. "La información facilitada está básicamente compuesta por las alegaciones que nuestra asociación estima en respuesta a lo argumentado en un informe de Intervención Municipal del pasado mes de Agosto, si bien se han incluido, además, todas las derivaciones que hasta ahora nos ha hecho llegado desde la Delegación Municipal de Bienestar Social", explica la organización en un comunicado. Tanto Salido como el tesorero de la asociación, Antonio Pérez Relinque, aclararon el lunes a infoLibre que esta nueva remesa de documentos abarcan, fundamentalmente, las facturas ya entregadas pero esta vez acompañadas de los albaranes de compra expedidos por los proveedores.

"Como ya dijimos en anteriores ocasiones, dando información veraz a la ciudadanía desvelaremos las muchas mentiras que se han vertido hasta el momento sobre nuestra asociación y podremos finalizar esta campaña de acoso que iniciaron, ya hace meses, personas del ámbito político de nuestra ciudad y de algunos medios de comunicación ante las cercanas elecciones municipales, y a la que intentaremos dar fin lo antes posible por el bien de Benalmádena y su comedor social", remacha su nota de prensa la asociación.

El escándalo del comedor social de Benalmádena se cobra sus primeras imputaciones. Este lunes, tanto el primer teniente de alcalde de la localidad malagueña y principal promotor del centro, Francisco Salido, como otros cinco responsables del comedor han sido citados para declarar como imputados el próximo mes de enero, al haber sido admitida a trámite la denuncia presentada por la edil independiente Encarnación Cortés, que acusó a Salido de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos.

El pasado mes de agosto, infoLibre publicó en exclusiva un informe provisional del interventor del Ayuntamiento de Benalmádena que denunciaba que el comedor social de la localidad había gastado 250.000 euros procedentes de subvenciones públicas sin justificar su destino. La investigación, que se inició a causa de la presión ejercida por Cortés con el apoyo de la Comisión Anticorrupción del Partido X, arrojó conclusiones aún más graves con la publicación del informe definitivo del interventor, que cifraba en más de 262.000 euros el agujero del comedor social y acusaba a Salido de presionar para amortiguar el impacto de las pesquisas y de haber retirado documentación en plena investigación, algo que el concejal atribuyó a que quería presentarla "bien foliada".

El documento del consistorio causó una avalancha de acciones judiciales por parte de todos los actores implicados. El presidente de la Asociación Comedor Social –la organización que gestionaba el centro–, José Lara, denunció tanto al interventor como a la alcaldesa de Benalmádena, Paloma García Gálvez (PP) –que gobierna en coalición con Salido desde 2012– por supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación. El propio ayuntamiento, por su parte, envió el informe al Tribunal de Cuentas y reclamó a la Asociación el dinero no justificado, si bien no asumió ninguna responsabilidad política.

La que también llevó a los tribunales el caso fue Cortés, que denunció tanto a Salido como a su número 2 en el partido Unión Centro Benalmádena (UCB), José Manuel López Merino, así como a los principales responsables de la asociación: su presidente, José Lara; su secretario, Francisco Cañete, que además es cuñado de Salido; su tesorero, Antonio Pérez Relinque; y el hermano de Salido, Enrique Salido, voluntario remunerado en el comedor y que se ocupaba de realizar las compras. Es precisamente esa demanda la que ha admitido a trámite el Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos.

Los seis imputados tendrán que declarar en el juzgado los días 13, 14, 15, 20 y 27 de enero, si bien el juez aún no les acusa de ningún delito. No obstante, tanto Pérez Relinque como el propio Salido han anunciado a este diario que en los próximos días la Asociación presentará documentación extra para intentar aclarar en qué se ha gastado el dinero no justificado, toda vez que el Ayuntamiento ya inició el expediente de reintegro de los 262.000 euros. El teniente de alcalde asegura que la incógnita sobre el destino de las subvenciones se desvelará con esta nueva remesa de documentos, que abarcan, según ha explicado, las facturas ya entregadas pero esta vez acompañadas de los albaranes de compra expedidos por los proveedores.

Salido no se plantea dimitir

"Yo estoy tranquilo porque aquí no hay nada extraño", ha afirmado Salido en declaraciones a infoLibre, una conversación en la que ha hecho hincapié en que si la documentación ya entregada no ha servido para justificar el destino del dinero ha sido por un defecto "de forma", ya que las facturas no estaban acompañadas por los albaranes. "Yo sí me he preocupado de ir a preguntar a la Asociación, y he perdido muchas horas de mi tiempo en ver las facturas", se defiende Salido, que es tajante al asegurar que "ni muchísimo menos" se le ha pasado por la cabeza la idea de dimitir por la imputación, un hecho que no le "quita el sueño". "A mi me han imputado más de una vez, y nadie me ha ganado un juicio. Por algo será", remacha. 

Pérez Relinque, por su parte, asegura que esta situación "es de risa", e insiste en que en los próximos días "se va a aportar todo lo que se pide".

La concejala Encarnación Cortés, sin embargo, se muestra cauta ante este anuncio y sostiene que "hasta que no veamos en qué consiste la nueva documentación no sabremos si va a arrojar algo de luz o más sombras" sobre el comedor social. No obstante, la edil independiente también tacha de "extraño" que los responsables de la Asociación no aportaran estos documentos "en su momento", dado que el informe del interventor reveló que los responsables del comedor no llevaron un registro informático de la contabilidad del mismo hasta enero de 2014, fecha en la que se inició la investigación.

El tesorero Pérez Relinque, igualmente, señala que no descarta querellarse contra Cortés porque este escándalo está "manchando" su nombre. "La verdad es que no me voy a quedar mucho tiempo aquí", afirma el responsable en referencia a una posible dimisión de sus responsabilidades en la Asociación, "pero no me quiero ir sin dejar todo esto aclarado". La concejala, por su parte, se muestra tranquila: "si el interventor finalmente dice que todo está aclarado y justificado, pues yo no tengo ningún problema en decirlo", asegura. ¿Y si finalmente hay denuncia? "Nos veremos en los juzgados".

Malversación de caudales públicos, tráfico de influencias e infidelidad en la custodia de documentos. Son los delitos de los que sería responsable Francisco Salido, teniente de alcalde de Benalmádena y principal promotor del comedor social de la localidad, según la denuncia que interpuso ante la justicia este lunes la concejal Encarnación Cortés, según indicaron a infoLibre fuentes judiciales. Cortes es la concejala independiente del ayuntamiento que promovió la investigación y que reveló la existencia de más de 250.000 euros procedentes de subvenciones públicas en facturas sin justificar.

Según la denuncia de Cortés, que ha contado desde el inicio de su investigación con ayuda de la Comisión Anticorrupción del Partido X, el informe definitivo presentado por el interventor hace unas semanas –que denuncia que la Asociación Comedor Social no ha justificado casi el 80% de las subvenciones que ha recibido desde 2011– prueba "la existencia de una conducta coordinada dirigida a la obtención de fondos públicos sin justificación alguna". Un comportamiento, hace hincapié la demanda, liderado "por el presidente [Salido] de un partido político, UCB, que mediante el cargo de concejal de Bienestar Social ha ordenado el pago de subvenciones a una Asociación que no ha justificado sus gastos y en la que participan activamente familiares del mismo, por lo que la vinculación del mismo con el Comedor es indudable".

La demanda, igualmente, hace hincapié en que los 262.500 euros sin justificar según el informe del interventor del ayuntamiento "suponen un grave perjuicio para la causa pública, puesto que se ha producido presuntamente la sustracción de dinero público". Esta cantidad ya ha sido reclamada formalmente por el consistorio a la asociación que gestiona el comedor social a través de un expediente de reintegro, si bien el escándalo no ha provocado aún ninguna reacción política por parte de la alcaldesa, Paloma García (PP), que gobierna desde 2012 gracias al apoyo de los tres concejales del partido de Salido.

Además de ante el juzgado, Cortés también ha presentado sendas demandas ante la Agencia Tributaria y la Seguridad Social para investigar posibles infracciones fiscales cometidas por la asociación. En estos documentos la concejala denuncia la falta de contabilidad escrita que mantuvo durante años la organización, así como las supuestas irregularidades en sus cuentas y la posible falsedad de las facturas aportadas para justificar los gastos del comedor.

"Existen indicios de falseamiento de documentos puesto que debido al volumen de mercadería que parece haberse comprado y con la asiduidad en que se hacían los compras, es fácilmente comprobable que las instalaciones del comedor no tienen capacidad física para almacenarla, ni para cocinarla, ni el personal encargado de la cocina podría materialmente preparar comida a esos volúmenes", señala la denuncia, que pone como ejemplo que el comedor gastaba "una media de más de 1.000 euros mensuales en frutas y verduras", llegando a presentarse facturas de hasta 5.600 euros al mes (sin incluir el IVA). La veracidad de estas facturas, según la denuncia, es "prácticamente impensable" dado el tamaño del comedor.

Tráfico de influencias

Pero la demanda presentada ante los juzgados no sólo denuncia la falta de justificación del dinero procedente de las subvenciones que recibió hasta hace unos meses la asociación gestora del comedor social. También hace referencia al hecho de que el propio Salido, acompañado de varios responsables de la asociación, retiró documentación relativa a las cuentas del comedor cuando el interventor la solicitó para la realización de su informe, una actuación que para Cortés supone la comisión de un delito de infidelidad en la custodia de documentos por parte del teniente de alcalde.

"Francisco Salido, como autoridad por su cargo de concejal delegado del Área de Bienestar Social, en cuyo ámbito se encontraba la documentación, tenía encomendada la custodia de los documentos que en su sede laboral se encontraba", señala la denuncia, que también recoge la explicación que el propio teniente de alcalde dio a infoLibre cuando este diario le preguntó por los motivos que le habían llevado a retirar la documentación: según Salido, él y los miembros de la Asociación Comedor Social que le acompañaban lo hicieron para presentarla "bien foliada".

Y con sus actuaciones tanto Salido como el número 2 de su partido, José Manuel López Merino, también habría incurrido en un delito de tráfico de influencias, según la denuncia de Cortés. La acusación de la concejala se basa en la recriminación directa que, en su informe, realizó el interventor contra Salido, al que hizo máximo responsable de las "presiones morales" a las que se vio sometido mientras fiscalizaba las cuentas, que habrían limitado "la independencia en el desarrollo del trabajo". Según el informe del interventor, Salido y López Merino se habrían presentado en el ayuntamiento en repetidas ocasiones "interesándose por el estado de las actuaciones e instando a que se tengan por justificados los gastos con la documentación presentada para que continuaran los pagos de las subvenciones".

"La conducta del Concejal de Bienestar Social pudiera ser constitutiva del delito de tráfico de influencia propio", asegura a tenor de esta afirmación la denuncia de Cortés, puesto que "en el ejercicio de las facultades de su cargo [Salido] se ha personado en las dependencias de ayuntamiento instando a los funcionarios encargados del control financiero de las subvenciones otorgadas al Comedor, a que se tuvieran por justificados los gastos con la única finalidad de que continuaran transfiriéndose los pagos a la misma sin oposición o reparo de la Intervención Municipal". La conducta de López Merino –que según el interventor trató de ""cambiar el sentido del procedimiento" de fiscalización– sería "igualmente dolosa" y también puede constituir, según la demanda, un delito de tráfico de influencias.

La alcaldesa, testigo

"Todas las evidencias relatadas hacen pensar que los responsables de la Asociación Comedor Social de Benalmádena, valiéndose de la colaboración necesaria del concejal de Bienestar Social, Francisco Salido, quien ordenaba el pago de las subvenciones recibidas por la misma y cuyos gastos no han podido justificar, han utilizado dicho instrumento como sistema para un posible enriquecimiento de personas allegadas a un partido político, así como de familiares", remacha la denuncia, que pide la imputación de Salido y López Merino y los principales responsables de la asociación: su presidente, José Lara; su secretario, Francisco Cañete, que además es cuñado de Salido; su tesorero, Antonio Pérez Relinque; y el hermano de Salido, Enrique Salido, voluntario remunerado en el comedor y que se ocupaba de realizar las compras.

De igual manera, la demanda también solicita que se llame a declarar como testigos tanto al interventor como al jefe de la Unidad de Bienestar Social, que fue quien denunció en primera instancia la retirada de documentación por parte de Salido. Y, de igual forma, la denuncia pide incluir como testigo a la alcaldesa Paloma García, con quien infoLibre ha intentado ponerse en contacto, de nuevo sin éxito. A este respecto, Cortés ha asegurado que la alcaldesa sigue esquivando "su responsabilidad, que es tomar las decisiones", y se ha mostrado sorprendida por su reciente nombramiento como diputada en la Diputación de Málaga y vicepresidenta de la empresa Turismo Costa del Sol.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, reclamó este viernes al Gobierno de Mariano Rajoy que suba el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) –fijado ahora en 645,30 euros al mes– como medida para "combatir la pobreza" y para que "las familias con menos recursos" tengan "al menos un ingreso mucho más digno con el que poder hacer frente a las obligaciones familiares y llegar a fin de mes".

"Dado que existen trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de mes y en consecuencia sufren pobreza, le pido al Gobierno que habilite una medida extraordinaria y es subir el salario mínimo interprofesional", señaló en declaraciones a los periodistas tras visitar el comedor social de la ONG Mensajeros de la Paz en Villaverde (Madrid), informa Europa Press.

Sánchez ve necesario combatir la pobreza y hacer "un diagnóstico certero" de los niveles que "desgraciadamente" hay en España. En su opinión, desde las instituciones y el Ejecutivo no se debe "negar esa realidad" y, por ello, pidió "un compromiso social mucho más evidente" por parte del Gobierno actual.

Asimismo, el diputado socialista sostiene que el Gobierno, las administraciones autonómicas y los ayuntamientos también debe "comprometerse" para que la vuelva al colegio en septiembre "sea posible para muchas familias" para las que el material escolar es "inalcanzable e inaccesible". "Le pido en concreto a Mariano Rajoy que habilite medidas extraordinarias para que sea posible la vuelta al colegio de muchos niños y niñas que sufren pobreza infantil", recalcó. En esta línea, recordó que su partido ya ha planteado una medida para que los parados con hijos a su cargo tengan una prestación estatal. Sánchez, que volvió a defender esa propuesta, cree que no se debe de "recortar en prestaciones sociales".

Mato tiene que comparecer

El líder socialista puso fin este viernes a su ronda de contactos con los diferentes movimientos sociales que inició el pasado lunes en un centro de mujeres víctimas de maltrato. Sánchez, que hizo hincapié en que esta semana ha habido cuatro mujeres víctimas de violencia machista, reprochó a la ministra de Sanidad su tardanza en dar explicaciones y reiteró su voluntad de que sea en el Parlamento.

"Hoy por fin la ministra de Sanidad ha hecho una declaración diciendo que iba a convocar una reunión, yo le digo que tiene que comparecer en el Congreso", aseveró, añadiendo: "Tiene que comparecer de manera urgente, no para convocar reuniones, sino para articular decisiones, medidas y acciones que frenen de una vez por todas esta violencia de género". Para Sánchez, el Gobierno no puede "dar tregua ninguna" a este tipo de violencia y considera que las mujeres que la sufren "necesitan protección" del Estado, de la movilización social e institucional.

"Tan solidario como los voluntarios"

Durante su visita al comedor social madrileño, el líder del PSOE, acompañado del director de la ONG, el padre Ángel, conversó con todos los cooperantes del centro y visitó sus instalaciones y dijo esperar que el Ejecutivo "sea tan solidario como los voluntarios" de ese centro.

Por su parte, el padre Ángel agradeció a Sánchez su visita porque ve necesario que los políticos "pisen la tierra" y "la realidad", y subrayó que, pese al lema que dice "da lo que puedas y pide lo que necesitas", actualmente "la gente empieza a dar más de lo que puede y pide menos de lo que necesita".