Los españoles originarios de otros países que más votaron en las últimas elecciones generales lo hicieron mayoritariamente por formaciones de la derecha, tradicionalmente contrarias a la inmigración, y, paradójicamente, eligieron menos a las de izquierdas, que son las que más promueven la regulación de extranjeros.

Casi la mitad de los votantes nacidos fuera de España que se decantaron por votar al Partido Popular (PP) en las elecciones generales de 2023 procede de tres países: Colombia, Venezuela y Marruecos, tres de los cuatro grupos de votantes originarios de otros países que más participaron (el cuarto es Ecuador). Los venezolanos aportan la mayor parte a ese voto popular (21,3%), por delante de los colombianos (10,9%) y de los marroquíes (11,4%).

Se trata de tres nacionalidades que, según datos recopilados en mayo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el marco de un estudio en el que entrevistaron a 15.000 personas, aseguran estar entre las que más profesan una religión, aunque no la practiquen, lo que presupone un perfil más conservador que los de nacionalidades que se declaran no creyentes en cualquiera de sus fórmulas (ateos, agnósticos o indiferentes).

Los datos del mismo estudio sugieren el motivo de esta predilección por las fuerzas de la derecha: colombianos y venezolanos aportan el mayor número de españoles nacidos en el extranjero que se autoubican ideológicamente entre el 7 y el 10 (en una escala en la que el 1 representa la extrema izquierda y el 10 la extrema derecha). En ambos casos se trata de países con presidentes de izquierdas, pero sucede exactamente lo mismo con los marroquíes, cuyo país de origen es un régimen autoritario de derechas.

No es posible saber con detalle cuántos ciudadanos nacidos fuera de España tienen derecho a voto en España y cuáles son sus países de origen. Sin embargo, un vistazo a los registros del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al primer trimestre de este año es suficiente para confirmar que Colombia, Marruecos y Venezuela son, precisamente, los países que más inmigrantes están aportando. El CIS apunta a que, entre los tres, suponen el 29,3% del total del voto de electores no nacidos en España emitido en las elecciones de 2023.

En el caso de Vox, la mayor aportación de votos de ciudadanos españoles con origen en el extranjero procede de franceses (17,5%), seguida muy de cerca por los venezolanos (17,1%). En Francia son precisamente los aliados de Santiago Abascal, Reagrupamiento Nacional (RN), quienes encabezan las encuestas.

En el caso del PSOE, el apoyo más numeroso procede de los nacidos en Ecuador (14,7%), seguido por los originarios de Colombia (10%), Alemania (8,1%) y Marruecos (7,9%). Los naturales de Ecuador son los que más peso tienen entre los votantes no nacidos en España que se identifican a sí mismos como de izquierdas (entre el 1 y el 3 en la escala de auto-ubicación ideológica).

Los argentinos, en cambio, son los que más eligieron la papeleta de Sumar en las elecciones celebradas hace dos años, con un 16,1 %. Les siguen los franceses (11,9%), los colombianos (7,6%) y los uruguayos (7,6%).

Si se atiende a los datos de ocupación laboral, se observa que los argentinos y venezolanos que pueden votar son más numerosos en los grupos que requieren mayor cualificación, como directores, gerentes, profesionales, científicos e intelectuales. En cambio, si se analiza el rango de actividades menos exigentes desde el punto de vista formativo, destacan otros orígenes. Los nacidos en Marruecos y Colombia dominan el trabajo doméstico no remunerado (25,1% y 24,3%, respectivamente). Los venezolanos copan las ocupaciones militares y los cuerpos policiales, al menos entre quienes respondieron a las preguntas del CIS, y los ecuatorianos son mayoría (29,8%) entre quienes desempeñan ocupaciones elementales.

La paradoja es que la tendencia de voto de quienes más participan en las elecciones habiendo nacido en el extranjero apoya mayoritariamente a partidos que rechazan o combaten la emigración, como es el caso de Vox. Pero también del Partido Popular. Y están entre los que menos respaldo dieron en 2023 a las fuerzas de izquierdas más comprometidas con las solicitudes de regularización, como el PSOE y, sobre todo, Sumar (el estudio no refleja el apoyo a Podemos porque en 2023 se presentó bajo el paraguas de la formación de Yolanda Díaz).

De hecho, el Gobierno prevé regularizar a unos 100.000 inmigrantes durante este año y pasar de los 250.000 que había a 31 de diciembre del año pasado regularizados a través de la figura del arraigo, a 350.000 a finales de 2025.

Después de varios meses de titubeos, el Ejecutivo decidió en mayo impulsar una negociación con el resto de grupos políticos para tramitar finalmente la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la regularización extraordinaria de gran parte de las personas migrantes que se encuentran en España sin papeles. Una reivindicación que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y lleva más de un año estancada en la Cámara Baja. Su toma en consideración fue apoyada por todos los partidos, con la única excepción de Vox.

Ahora la clave será decidir, a través de la negociación entre partidos, en qué términos sale adelante, ya que fuerzas como ERC, EH Bildu, BNG y Podemos han sido siempre partidarias de una regularización de máximos, que incluya a prácticamente todas las personas en situación irregular que viven en el país, y otros como PP, Junts o PNV han apostado por incorporar diferentes condicionantes.

La formación de Alberto Núñez Feijóo nunca ha dado detalles de hasta dónde están dispuestos a llegar, pero su líder, en una entrevista radiofónica difundida en abril del año pasado, prometió abiertamente “una solución” para los extranjeros en situación irregular que viven y trabajan en nuestro país. “Hay un debate que debemos dar y debemos de zanjar con los migrantes que viven y trabajan en España, pero que no obtienen o no han obtenido de momento papeles. Esos pueden estar tranquilos, que este partido es sensible con ellos y buscaremos soluciones para una inclusión social correcta y legal en nuestro país”, señaló.

Recientemente, sin embargo, Feijóo pareció endurecer su postura. “Quien venga a aportar será un ciudadano más. Quien no cumpla con nuestros valores, tendrá que irse por donde ha venido.” Esa referencia a “nuestros valores” sugiere que el PP apuesta por la asimilación forzosa para optar a la regularización, en línea con lo que defiende Vox: dar prioridad a los migrantes que comparten idioma y religión y rechazar a los que no.

Tan reñida es la partida prevista para el domingo que ni un solo voto es despreciable (bueno, sí, son despreciables los votos comprados, y aún más despreciables quienes pagan por ellos y quienes estuvieran dispuestos a aprovecharlos, por anecdóticos que sean los casos de Melilla o de Mojácar). Este jueves, 25, es el último día en que pueden votar los españoles residentes en el extranjero en las urnas dispuestas en embajadas y consulados si no lo han hecho antes por correo certificado. Para las comunidades en las que se celebran comicios suman un total de 1.055.653 electores (ver aquí), con la novedad de que es la primera vez que lo hacen tras la reforma que puso fin al llamado ‘voto rogado’, que convertía en un calvario burocrático la ejecución del derecho a voto. La distribución de ese millón largo de electores (es decir, de aquellos que voten) entre las circunscripciones provinciales correspondientes hace muy difícil que los “emigrantes” tengan influencia decisiva en los resultados. Pero si se cumple el insistente pronóstico de que este 28M habrá escaños que bailen por un puñado de votos, y gobiernos que se muevan en el alambre por un solo escaño, entonces puede que el tan ignorado CERA (Censo de Españoles Residentes Ausentes) se vuelva determinante.

Para que eso ocurra en alguna provincia, obviamente los votos emitidos desde el exterior tendrían que superar la diferencia existente en la puja por ese último escaño, y sabemos que la participación del CERA ha sido siempre muy baja (en las últimas elecciones celebradas antes del voto rogado fue del 24%). Pero hay comunidades con bolsas importantes de residentes en el extranjero, y no se puede descartar alguna sorpresa.

Para la siguiente cita, las generales, el CERA superará los 2.300.000 electores, con el mismo derecho que los 35 millones que votamos en España y preocupados también por el presente y el futuro de su país. (Eso sí, mucho más alejados del ruido que tanto distorsiona el debate público y las campañas electorales).

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(Aquí puedes leer las entregas anteriores de 'El dato y el dardo')

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene ya contabilizadas 116.845 peticiones de inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para votar por correo en las elecciones autonómicas y europeas del próximo 26 de mayo. Los españoles que residen en el extranjero no pueden votar en las municipales, informa Europa Press.

Ese dato aún no es definitivo, pese a que el plazo para solicitar el sufragio a distancia acabó el pasado 27 de abril. Ahora bien, esas 116.845 solicitudes de voto suponen casi 60.000 menos que los registros provisionales que se manejaban para los comicios generales del 28 de abril, lo que supone un descenso del 34%.

En todo caso, esas cifras están muy por debajo del censo general de residentes en el extranjero, que para estos comicios del 26 de mayo es de 2.103.945 inscritos. De hecho, esas más de 100.000 solicitudes representan sólo el 5,55% del CERA, según los datos recogidos por Europa Press.

La mayor parte lo piden desde Francia, Alemania y Reino Unido

Buena parte de esas peticiones de nacionales inscritos en el CERA se han cursado desde tres países de la Unión Europea: Francia (18.708 solicitudes), Alemania (13.381) y Reino Unido (12.160), tras los que se sitúan Argentina (10.356) y Estados Unidos (8.334).

Por provincias, las que presentan un mayor número de solicitudes de voto desde el extranjero son las de más población, Madrid, con 25.153, y Barcelona, 14.837, pero también son reseñables las cifras de Asturias (5.053), Santa Cruz de Tenerife (5.052), Coruña (4.684), Valencia (4.446) y Pontevedra (4.204).

Desde 2011 los residentes en el exterior tienen que rogar el voto, en virtud de la reforma electoral que impulsaron el PP, el PSOE, la extinta CiU y el PNV. La intención era acabar con los casos de fraude en el voto emigrante que se venían produciendo en años anteriores, pero este sistema ha venido provocando una caída drástica en la participación.

En la pasada legislatura, se pergeñó una reforma que pretendía corregir esta situación y sobre la que los grupos trabajaron en los últimos meses antes de la disolución de las Cortes. Pero el adelanto de las elecciones decidido por el presidente Pedro Sánchez provocó que ésta no acabara de ver la luz. Éste es uno de los asuntos pendientes para la próxima legislatura que comenzará el próximo 21 de mayo.

Cerca de 470.000 extranjeros podrán votar en las elecciones municipales previstas para el próximo 26 de mayo y de ellos más de 365.000 tendrán también derecho a voto en los comicios al Parlamento europeo que se celebrarán esa misma jornada. Mientras que en las elecciones generales sólo pueden votar aquellas personas que tienen la nacionalidad española, en las municipales el censo electoral se abre a los miembros de la Unión Europea y a los nacionales de países con los que España tenga un tratado bilateral que reconozca recíprocamente el derecho de voto.

En concreto, según datos de la Oficina del Censo Electoral recogidos por Europa Press, un total de 466.696 de extranjeros de 47 países distintos tendrán derecho a votar en las locales del 26M, lo que supone 2.937 más que en las elecciones municipales celebradas hace cuatro años (463.765 ciudadanos). Casi la mitad de estos electores son nacionales de Rumanía y Reino Unido.

De ellos, 365.603 son a la vez ciudadanos de la Unión Europea y por tanto también podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones al Parlamento Europeo, 29.018 más que en los comicios europeos de hace cinco años. En ambas citas con las urnas la mayor parte de electores extranjeros son rumanos (113.800, en el caso de las municipales y 86.000 en el de las europeas), británicos (97.585 en las locales y 80.072 en los comicios al Parlamento europeo), italianos (57.553 y 50.453) y franceses (35.375 y 29.300).

Por contra, otros países con una nutrida colonia de sus nacionales residiendo en España, como Marruecos, Argentina, Venezuela, México o Brasil, no podrán participar en los comicios municipales al no cumplirse el requisito de permitirse recíprocamente el ejercicio del voto.

Por autonomías, la Comunitat Valenciana encabeza la mayor cifra de los electores foráneos que podrán participar dentro de dos semanas en los comicios municipales (96.742) y europeos (74.650), de los cuales el grueso proceden de Reino Unido. Le siguen Andalucía (82.256 y 65.990), Cataluña (69.778 y 55.856) y Madrid (63.207 y 48.442). Por contra, las comunidades con menos población extranjera con derecho a votar son Extremadura, Asturias, Navarra y La Rioja.

Los electores que quieran ejercer su derecho a voto por correspondencia en las elecciones generales del próximo 28 de abril podrán solicitarlo en las oficinas de correos desde este mismo martes y hasta el próximo 18 de abril.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que el plazo para solicitar el voto por correo comprende desde la fecha de la publicación de la convocatoria de las elecciones, este martes, hasta el décimo día anterior a la votación, es decir, hasta el día 18 de abril. No obstante, la Junta Electoral Central (JEC), organismo que se encarga de controlar el cumplimiento de la normativa electoral, podría decidir, como ha ocurrido en otros procesos electorales anteriores, ampliar uno o varios días ese plazo.

El siguiente paso será la recepción por parte del votante de la documentación necesaria para ejercer el sufragio por correo. Esto se produce a partir del trigésimo cuarto día posterior a la convocatoria y antes del sexto día anterior al de la votación, es decir, entre el 8 y el 21 de abril. Posteriormente, el potencial elector deberá remitir toda la documentación por correo hasta el tercer día previo a la celebración de los comicios, por lo que la fecha límite para ejercer el derecho al voto será el 24 de abril.

Procedimiento de voto

Los impresos de solicitud de voto por correo se encontrarán en cualquier oficina de correos, desde donde se pedirá a la correspondiente Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral un certificado de inscripción en el Censo. Para ello, y con el fin de comprobar la identidad del solicitante, habrá que llevar consigo el DNI, permiso de conducir, pasaporte o tarjeta de identidad/residencia de extranjero.

Tras este proceso, que es gratuito, desde la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral remitirán por correo certificado —es decir, debe ser recibido personalmente— la documentación para emitir el voto. Tras rellenar la papeleta de voto o elegirla de entre las distintas opciones, el elector deberá insertarla en el sobre, cerrarlo y llevarlo a cualquier oficina postal. El sobre modelo oficial estará dirigido a la mesa electoral, con el certificado de inscripción en el censo electoral, y el sobre de votación —donde va la papeleta—. La oficina tramitará el envío como correo certificado y urgente, con carácter gratuito. En caso de no poder hacer este proceso en persona por estar enfermo o tenga alguna incapacidad, esta situación se debe acreditar mediante un certificado médico oficial, que se incluirá junto al impreso de solicitud de voto por correo. En este caso, el trámite lo puede hacer otra persona, que deberá estar autorizada notarialmente.

El voto exterior

Los españoles que residen temporalmente fuera de España (ERTA) y que saben de antemano que van a estar en el extranjero en la época electoral también podrán solicitar desde este martes el voto por correo y hasta el 30 de marzo. Y lo mismo para los que viven en el extranjero (CERA).

Los primeros deberán darse de alta como no residentes en España, tras lo cual deberán rellenar el impreso de solicitud de documentación electoral, un proceso que podrán hacer desde este martes y hasta el 30 de marzo. Tras esta petición, del 2 al 8 de abril se les enviará la documentación, sin impugnación de candidatos, y hasta el 16 de abril, con impugnación de candidatos. Desde el mismo día 2 y hasta el 24 abril los electores podrán remitir su voto a través de la oficina insular para que, a su vez, sea remitido a la mesa electoral correspondiente en España.

De su lado, los españoles que viven en el exterior deberán comprobar en primer lugar si están dados de alta o no en el Consulado, para poder realizar la solicitud de voto por correo a través del impreso correspondiente y recibir en el domicilio la documentación electoral. Las fechas que manejan serán las mismas que las de los españoles residentes temporalmente en el extranjero. Ahora bien, en caso de que opten por votar presencialmente en urna, los electores deberán acudir a las embajadas o consulados correspondientes para depositar su papeleta entre el 24 y el 26 de abril, ambos inclusive.

Los grupos parlamentarios del Congreso están tratando de presionar al PPPPpara que la supresión del requisito del voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero esté lista antes de las elecciones autonómicas y europeas previstas para el próximo mes de mayo, como así lo sugirió el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según informa Europa Press.

Precisamente este viernes Marea Granate, la asociación que agrupa a españoles residentes en el extranjero, se ha quejado de que los partidos siguen sin resolver esta cuestión cuando sólo restan cuatro meses para la cita con las urnas y cuando está a punto de cerrarse, el próximo 30 de enero, el censo electoral de estos comicios.

Todos los grupos, incluido el PP, coinciden en la necesidad de suprimir este mecanismo que obliga a los españoles en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria electoral, un sistema que ha hecho caer en picado de la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) en las últimas citas con las urnas.

El pasado mes de octubre, el Ministerio de Asuntos Exteriores trasladó a la subcomisión del Congreso encargada de estudiar una posible reforma de la Ley Electoral el informe comprometido por su titular, Josep Borrell, con algunas sugerencias para acabar con el voto rogado.

Buena acogida del informe del Gobierno

En líneas generales, el informe apuesta por eliminar directamente la exigencia del ruego del voto a cambio de facilitar su participación por los cauces ordinarios adelantando a los electores emigrados toda la documentación electoral, incluyendo una papeleta en blanco donde podrán escribir su opción política sin esperar a la proclamación oficial de las candidaturas.

Y para el acto de votar, se les anima a ir al Consulado o la legación diplomática, para lo cual tendrán siete días en lugar de tres como actualmente, o bien enviar el voto por correo a la oficina consultar más próxima para que ésta a su vez lo reenvíe por valija diplomática a España. Además, y para promover el voto en urna, el Ejecutivo aboga por ampliar la red de 'colegios' electorales.

No obstante, el PP no ve garantías suficientes de que la documentación electoral sea recibida efectivamente por el emigrante, ni de que sea él quien realmente deposita la papeleta en una sede no oficial de España y, además, denuncia la falta de seguridad que, a su juicio, ofrecen las papeletas en blanco.

Las recetas del PP

Después de semanas de reuniones informales sin demasiados avances, el PSOE pidió al PP que presentase una alternativa al informe del Gobierno. A grandes rasgos, los conservadores coinciden en ampliar los días para recibir documentación electoral y para votar, así como por aumentar el número de 'colegios' electorales.

Pero también pretenden que los emigrados no sólo puedan votar en las embajadas o consulados, sino que también lo puedan hacer en otros locales oficiales, como las sedes de los Instituto Cervantes. Eso sí, siempre con la correspondiente supervisión del funcionariado consular.

Otras propuestas del PP pasan por que los envíos al exterior no se realicen desde la Oficina del Censo Electoral, sino que se envíe por valija diplomática, o que los españoles en el extranjero se inscriban en una delegación diplomática y comuniquen su intención de votar en los próximos cuatro o cinco años, lo que permitiría que la red exterior les tenga fichados y tenga un domicilio claro donde enviarles la documentación.

¿Estará listo para mayo?

Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el presidente de la Comisión Constitucional, Jesús Posada, prevé convocar la subcomisión electoral el próximo mes de febrero. En esa reunión, los promotores del nuevo modelo urgirán al PP a despejar las dudas que tiene en torno a la propuesta del Gobierno y le apremiarán para que este asunto quede resuelto antes del inicio de mayo, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias. Según alegan estos grupos, la alternativa que ofrecen al voto rogado es muy similar a la que se aplicaba en elecciones municipales antes de la reforma de 2011 y es un sistema parecido al que se sigue utilizando para los electores residentes en el extranjero temporalmente (ERTA).

En caso de que el PP no se mueva de su sitio, el resto de grupos no descarta presentar una proposición de reforma de la Ley Electoral del Régimen Electoral General (LOREG) para cambiar ese artículo relativo al voto rogado. Eso sí, sin el partido de Pablo Casado se dificultaría mucho más que esa modificación pudiera ver la luz antes de mayo, máxime cuando el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado este martes al Congreso un informe con sus sugerencias para acabar con el voto rogado que se exige a los españoles residentes en el extranjero y, entre otras cuestiones, plantea que éstos puedan escribir su voto en una papeleta en blanco, informa Europa Press.

Así lo ha señalado el portavoz del PSOE en la subcomisión del Congreso que estudia una posible reforma de la Ley Electoral, Gregorio Cámara, tras exponer al resto de portavoces el informe que ha elaborado junto a diferentes técnicos de los Ministerios de Exteriores, Interior y Trabajo y Migraciones, así como de la Oficina del Censo Electoral.

En concreto, el informe, que se ha redactado en un mes, parte de la eliminación del ruego del voto, un sistema que, desde 2011, obliga a los electores en el exterior a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales, autonómicas y europeas, lo que ha hecho caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) en las últimas citas electorales.

Ganan 17 días

En concreto, el Gobierno y el PSOE establecen que los españoles residentes en el extranjero reciban toda la documentación electoral "con tiempo suficiente" para poder votar –en concreto Cámara cree que se pueden ganar "17 días"–, y que se les adelante una papeleta en blanco donde podrán escribir su opción política.

Los electores tendrán que esperar a conocer todas las candidaturas, que se les facilitará a través la página web del Ministerio de Exteriores, vía telefónica o a través de la oficina consular correspondiente, antes de poder emitir su voto.

Los electores tendrán dos opciones, como hasta ahora, para poder votar: bien acudir presencialmente al Consulado, para lo cual tendrán cuatro días en lugar de dos como actualmente; o hacerlo por correo ordinario, sin la exigencia de que sea certificado, garantizando así "la gratuidad absoluta" del voto. En ambos casos, se certificará la emisión del voto con un sello.

"Sin merma de ninguna garantía"

"Garantizamos el ejercicio del derecho de voto con mayor amplitud de plazos, eliminamos el voto rogado y garantizamos la gratuidad de la emisión de voto", y todo "sin merma de ninguna garantía", según ha resumido el diputado socialista.

Y es que el portavoz socialista no cree que escribir a mano el voto en una papeleta en blanco provoque problemas más allá de los votos nulos que puedan registrarse en el recuento de los votos emitidos en España.

Además, Cámara apunta que el elector deberá "esforzarse" por hacerlo "bien" después de todas las instrucciones que recibirá a través de distintas vías. En este punto, ha recordado que este sistema de votación no es nuevo sino que ya se aplica con los electores españoles residentes temporalmente en el extranjero (ERTA).

Buena acogida general

Además, la propuesta redactada por el Ejecutivo y el PSOE establece que la ley habilite al Gobierno a modificar, en colaboración con la Junta Electoral Central (JEC), un procedimiento exclusivo en aquellos países donde no sea posible seguir el procedimiento general establecido.

El informe que el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se comprometió hace más un mes a remitir al Congreso deberá ahora ser analizado por los distintos grupos parlamentarios aunque, de entrada, según ha indicado Cámara, ha tenido buena acogida. No obstante, no ha puesto fecha a una próxima reunión de la subcomisión.

El socialista desconoce si estos cambios, en caso de ser aprobados, podrán estar listos para las elecciones europeas y autonómicas de la próxima primavera –como así sugirió el presidente Pedro Sánchez–, pero cree que si así se quisiera, la reforma electoral en este aspecto debería estar concluida, como muy tarde, en enero.

Las constantes trabas generadas por el sistema de voto rogado son una muestra reiterada de las carencias que posee la reforma electoral pactada por conservadores y socialistas en enero del 2011 y que afecta a los españoles residentes en el extranjero. La obligación de rogar el voto ha dado pie durante más de cinco años de citas electorales a repetidas quejas por parte de los ciudadanos, que han tenido que asumir los costes de una ley que no garantiza su derecho a participar en las elecciones.

Las reivindicaciones sociales, abanderadas principalmente por el colectivo Marea Granate, han tenido también su traducción parlamentaria. El pasado 3 de marzo, Podemos y Compromís instaron al Gobierno a poner en marcha una comisión de investigación sobre las "irregularidades" del voto rogado, mientras que el 7 de octubre el Grupo Mixto registró una Proposición de Ley que solicita la modificación de la Ley Orgánica 1/1985 del Régimen Electoral para "facilitar el voto a los residentes en el exterior eliminando el sistema de voto rogado y estableciendo un sistema de votación electrónica".

Las demandas de los afectados dan ahora un paso más y llegan al Parlamento Europeo, que debatirá un conjunto de peticiones que giran en torno al derecho a voto. El jueves se pondrán sobre la mesa cuatro demandas al respecto: una de un ciudadano británico, otra de un elector danés, y otras dos que tienen su origen en España.

La importancia de una regulación europea

En el año 2014, Gabriel de la Cruz registró una reclamación en la página web de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. "Llevo viviendo en Finlandia 13 años, y llevaba sin poder votar desde que se modificó la ley", comenta el toledano en conversación con infoLibre.

El documento en el que se expone la petición relata que, según la queja presentada, "los procedimientos que deben seguir los nacionales españoles para votar desde su lugar de residencia se han vuelto mucho más complicados, con el objetivo de reducir drásticamente el número de votantes". 

De la Cruz denuncia que no fue capaz de votar en ninguno de los comicios celebrados desde el año 2010, incluidas las elecciones europeas del 2014. El problema con el que se topaba el elector era la imposibilidad de superar las barreras de los envíos: "Nunca me llegaban las papeletas, y la Delegación Provincial de Toledo culpaba siempre al servicio de Correos". Para De la Cruz, la experiencia que ha cosechado desde que socialistas y conservadores modificaran la ley, le ha llevado a concluir que "el sistema no está diseñado para que funcione". Se queja, en este sentido, de los constantes obstáculos para ejercer un derecho fundamental que hasta el momento siempre había podido desempeñar. "No entiendo por qué puedo ir al banco con mi pasaporte y obtener un crédito, pero no puedo ir a votar con mi pasaporte", lamenta.

El denunciante, que intervendrá el jueves ante la Cámara europea, reclama "conciencia a nivel europeo del problema" y la puesta en marcha de "algún tipo de iniciativa que garantice el voto" otorgando el tiempo suficiente para blindar la correcta llegada de las papeletas. El joven es consciente de "las muchas responsabilidades políticas", pero considera "más productivo" explicar en Bruselas cuáles son los principales problemas originados por el sistema de voto rogado y "exponer que es necesario algún tipo de moderación para facilitar el voto, por lo menos dentro de Europa, aunque también a nivel mundial".

El toledano entiende que, si pretendía ser un instrumento eficaz en la lucha contra el fraude electoral, el voto rogado ha cumplido sus objetivos: "Si hay voluntad política para arreglarlo, se arreglará, pero no así", sentencia.

Violación del derecho a voto

La segunda petición de origen española se remonta al año 2011. Se trata de una demanda acordada por un grupo de 17 personas, todos ellos españoles residentes en el extranjero, a raíz de las "dificultades a la hora de ejercer su derecho a voto" en las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011. Según el escrito registrado en el órgano del Parlamento Europeo, "los peticionarios afirman que existen múltiples factores que discriminan a los expatriados, en particular la obligación de inscribirse, los plazos poco razonables para ello y la necesidad de correr con los gastos del envío por correo certificado de los documentos necesarios para la inscripción". Por otro lado, continúa el documento, "muchos de los solicitantes dicen que, a pesar de haber seguido correctamente el procedimiento de inscripción, recibieron tarde la documentación para votar o no llegaron a recibirla".

La Comisión de Peticiones elaboró una respuesta en febrero del 2012, donde destaca que "la organización de elecciones nacionales no incide en el ámbito de aplicación de la legislación de la Unión Europea y las distintas modalidades se regulan, por lo tanto, exclusivamente en virtud de la legislación nacional de cada país miembro".

Sin embargo, añade la nota, en el informe sobre la ciudadanía de la Unión Europea elaborado en el año 2010, la Comisión señaló que según "la legislación de algunos Estados miembros de la UE, los ciudadanos podían perder el derecho a participar en las elecciones nacionales de los Estados miembro de origen como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre circulación". Por ello, la Comisión anunció que fomentaría una discusión para identificar alternativas políticas con el fin de evitar que los electores perdieran su derecho a voto, poniéndose en contacto con los ministros competentes de cada país. "No obstante, España no se encuentra entre los países con los que la Comisión se puso en contacto para tratar este asunto, dado que la legislación española prevé el derecho al voto de los ciudadanos" residentes en el exterior.

Cinco años después de que el grupo de españoles interpusiera la queja, y teniendo en cuenta lo expuesto por la Comisión tras haberla recibido, la presunta violación del derecho a voto como consecuencia del sistema que obliga a rogar el sufragio será debatida entre las autoridades europeas, que resolverán si resulta o no pertinente tomar medidas al respecto.

Posibles resultados

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo es una herramienta empleada por partidos políticos, organizaciones y sociedad civil, como forma de trasladar a las autoridades europeas algunas de las principales problemáticas que se han producido en el Estado español. Su paso por el organismo tiene en ocasiones efectos sobre las políticas que son denunciadas, en un intento por derogarlas o mejorarlas.

Fue el caso de los desahucios ejecutados en España, que tras ser debatidos en el Parlamento Europeo, pasaron a ser objeto de denuncia a finales del 2015 ante la Comisión Europea. Mediante un texto aprobado por la organización de Peticiones, la Cámara europea exigió a España una inmediata reducción del "intolerable número de desahucios" e instó una atenta vigilancia de las medidas gubernamentales que, hasta el momento, habían derivado en resultados "muy limitados".

El pasado mes de octubre miembros del Parlamento Europeo anunciaron visitas a España por el caso de los niños robados. Una delegación de la Comisión viajará al país durante el próximo mes de febrero y se reunirá con representantes del Gobierno a los que pedirá que tome medidas para asegurar que se investigan las denuncias sobre robos de bebés y que se facilite el acceso a los archivos, tanto de la Iglesia como de hospitales, que puedan ser relevantes en dichas pesquisas. Lo hace después de que varios particulares expusieran sus casos ante el organismo de peticiones.

Los argumentos que serán expuestos este jueves por los electores afectados por el voto rogado podrían tener un efecto clave a la hora de llevar la situación ante los organismos europeos, y tratar de revertir de este modo las consecuencias que durante los últimos cinco años han tenido que encarar los votantes expatriados.

La Junta Electoral Central (JEC) decidió ampliar hasta el lunes 6 de junio el plazo de solicitud del voto en las generales del 26 de junio para los electores temporalmente ausentes, como ya había hecho con el voto rogado de los inscritos en el censo de residentes en el extranjeros (CERA).

El pasado 13 de mayo, y a instancias de la Oficina del Censo Electoral, el máximo organismo arbitral acordó prorrogar hasta el 6 de junio el plazo para que los españoles residentes en el extranjero pudieran solicitar el voto, requisito que se conoce como voto rogado y que debe cumplirse con carácter previo a poder ejercer el derecho al sufragio. Inicialmente, ese plazo para "rogar" el voto iba a terminar el 28 de mayo.

Aquella resolución se limitó a los emigrados inscritos en el CERA, pero no a los electores residentes temporales ausentes (ERTA), en su mayoría estudiantes (erasmus) o trabajadores que están en el extranjero por seis o más meses.

Con carácter excepcional y para evitar confusiones

Esa distinción se corrigió ahora con una nueva resolución, recogida por Europa Press, en la que la prórroga se extiende a los ERTE "con carácter excepcional" y "para evitar que se pueda producir confusión".

Y, de forma análoga a como se hizo con el voto de los electores inscritos en el CERA, se amplía también hasta el 8 de junio de 2016 el plazo de remisión de la documentación electoral por la Oficina del Censo Electoral a los electores residentes temporales ausentes.

La ampliación cuenta con los informes favorables tanto del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como de la Oficina del Censo Electoral. La JEC instó a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios y los respectivos Consulados a "dar la máxima difusión posible entre los electores" a esta ampliación del plazo.

El voto rogado fue promovido por PP, PSOE y los nacionalistas de CiU y PNV para acabar con el fraude en el voto emigrante y se implantó por primera vez en 2011. Desde entonces provocó el desplome de la participación y numerosas quejas desde el exterior, hasta el punto de que los partidos que lo propusieron dieron marcha atrás, pero no fueron capaces de reformarlo.

Los grupos parlamentarios Podemos-En Comú, Podem-En Marea y los diputados de Compromís registraron este jueves en el Congreso una petición para crear una comisión de investigación que sirva para estudiar las posibles irregularidades en el procedimiento del voto desde el extranjero –el llamado voto rogado– implantado en 2011 a través de una reforma de la ley electoral. El objetivo de estos partidos es también que se depuren las posibles responsabilidades políticas de quienes la impulsaron: PSOE, PP, CIU y PNV.

Según denunció en rueda de prensa el diputado y secretario de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Bustinduy, estos partidos eran conscientes cuando impulsaron o permitieron esta reforma de que se iba a privar a los "miles" de jóvenes "exiliados" en el extranjero de su "capacidad de tener voz".

"No queremos sólo que se derogue la reforma, queremos que aquellos que son responsables tengan que rendir cuentas", defendió Bustinduy, e insistió en que deben explicar ante los españoles "qué razones manejaban" para implantar un procedimiento "cuyas consecuencias estaban claras". "En una democracia el derecho al voto es la condición misma de ser ciudadano. Si no se es un súbdito", añadió.

Esperanza Jubera, representante de los militantes de Podemos en el extranjero, explicó que la nueva reforma, además de mantener las deficiencias del sistema anterior como la desactualización del censo electoral, o los plazos insuficientes de envío y recepción de papeletas, supone un empeoramiento de los trámites, ya que se acortan aún más los plazos.

Todos estos problemas llevaron a que en las pasadas elecciones generales sólo un 4,7% de los dos millones de españoles censados en el extranjero ejercieran su derecho al voto, tal y como recordó Jubera, que insistió, al igual que Bustinduy, en que "sólo la derogación de la ley podría ser incluso contraproducente" porque los problemas previos a la reforma mencionados anteriormente –la desactualización del censo electoral y los plazos insuficientes de envío y recepción de papeletas–, permanecerían.

"Una de las mayores estafas democráticas"

En esta misma línea, el diputado de Compromís Ignsai Candela, también presente en la comparecencia ante los medios, denunció que la reforma se puso en marcha por "motivos políticos", ya que no se pretendía otra cosa, a su juicio, que continuar "debilitando y vaciando" la democracia y, en concreto, "imposibilitar que miles de jóvenes exiliados por motivos económicos participaran activamente en política".

"Se trata de una de las mayores estafas democráticas de este país", dijo Candela, motivo por el que sea hace necesaria una reforma y dar visibilidad a las asociaciones de afectados, como el colectivo Marea Granate.

"Actuaciones de urgencia" si se repiten elecciones

Preguntados sobre las medidas que se podrían tomar al respecto de cara a la repetición de unas nuevas elecciones en junio, si las negociaciones para formar gobierno no tienen éxito, los impulsores de la comisión de investigación reconocieron que al tratarse de una ley orgánica, es necesario un amplio consenso.

No obstante, sí defendieron la posibilidad de desarrollar "actuaciones de urgencia" para solventar algunos problemas, como por ejemplo, el plazo de envío de papeletas, para que lleguen a tiempo, uno de los impedimentos que, según han denunciado, más encuentran los extranjeros a la hora de ejercer su derecho al voto.

La Marea Granate, el colectivo de españoles en el exterior que de forma reciente más ha visibilizado la situación de los nuevos emigrantes económicos, considera que las trabas que se están encontrando los expatriados para votar en los últimos comicios están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a la ciudadanía en el exterior.

Atribuyen gran parte de esos problemas a la reforma electoral que, desde 2011, les obliga a rogar expresamente el voto. Pero no es el único obstáculo detectado. Por ello, de cara a las próximas elecciones generales reclaman al Gobierno que atienda a sus reclamaciones para que no siga cayendo su participación en los comicios. 

Entre ellas está la petición de que se agilicen los trámites a través de fórmulas telemáticas, que se amplíe la duración de los plazos para recibir y enviar las papeletas o que el Ministerio de Exteriores utilice todas las herramientas de comunicación disponibles para hacer una correcta difusión de los plazos del proceso de votación para los residentes en el extranjero. En el Gobierno reconocen el problema pero no concretan si adoptarán soluciones de cara a futuras citas electorales. 

infoLibre resume a continuación los seis principales problemas que, según la Marea Granate, tienen los residentes en el extranjero para ejercer su derecho al voto desde el exterior, así como sus propuestas de soluciones: 

1. inscripción presencial en consulados

Los problemas para ejercer su derecho al voto, aseguran los españoles expatriados agrupados en la Marea Granate, empiezan en la inscripción en el censo. Para poder votar, los españoles que llevan más de un año viviendo en el extranjero tienen que darse de alta el Censo de Extranjeros Residentes Ausentes (CERA) y los que llevan menos de 12 meses y no tienen la voluntad de permanecer más allá de ese tiempo tienen que hacerlo como no residentes, en lo que se llama la inscripción ERTA. Este último puede ser el caso de los estudiantes erasmus o de los trabajadores con contrato por tiempo definido. 

El colectivo de expatriados denuncia que el procedimiento de inscripción no es uniforme y que son excepción los consulados en los que se permite la inscripción a distancia. "La mayoría de las inscripciones deben hacerse en persona, pero el problema es que cuando puedes hacerlo a distancia, como es el caso de San Francisco, te piden que envíes por correo la documentación con el pasaporte o el DNI originales lo que supone quedarte indocumentado", explica María Almena, bioquímica residente en París y miembro de la Marea Granate. "Es un problema enorme porque la primera barrera es poderse inscribir. No todo el mundo tiene el consulado al lado o tiene la capacidad de hacer un viaje", se queja. 

El colectivo demanda que se facilite la inscripción telemática y denuncian que no hacerlo es una cuestión de "voluntad política". Aseguran que se podrían desarrollar herramientas telemáticas ya existentes como la sede electrónica del Ministerio de Exteriores que a día de hoy sirve para hacer algunos trámites consulares. Señalan que hacerlo "mejoraría la accesibilidad a los recursos del Estado, así como su eficacia y costes". 

Este diario se puso en contacto con la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Exteriores para preguntarles si, de cara a las elecciones generales del próximo otoño y a futuras citas electorales, se contemplaba la posibilidad de facilitar la inscripción a distancia y se aceptara el envío de copias compulsadas de los documentos. Este departamento remitió a una respuesta parlamentaria que el ministro de Exteriores dio en el Congreso de los Diputados al diputado de IU Gaspar Llamazares el pasado 27 de mayo. En esta intervención, aunque reconoció el problema, José Manuel García Margallo no hizo mención alguna a la facilitación del trámite de inscripción en el Registro de Matrícula Consular. 

2. falta de información 

Otra cuestión que los últimos meses vienen denunciando los españoles expatriados es la falta de publicidad que se ha dado al plazo que tenían para inscribirse en el CERA y así poder votar en las autonómicas de mayo. El censo se cerró el 30 de diciembre de 2014, por tanto, casi cinco meses antes de las elecciones. Y el trámite, que como se ha comentado se efectúa en su mayoría de forma presencial en los consulados, no fue promocionado a través de boletines o campañas oficiales, algo que sí ocurrió, por ejemplo, en el caso de los extranjeros que viven en España.

Tampoco, denuncian los expatriados, a través de las páginas web de los consulados o sus redes sociales "donde muchos hacen anuncios de eventos o chascarrillos relacionados con la comunidad hispánica pero no difunden las noticias que más afectan a los emigrantes". Por ello, solicitan que se dé una correcta difusión de todos los plazos del proceso de votación haciendo uso de todas las herramientas de comunicación disponibles, entre las que citan también el correo electrónico de los registrados. 

Tras la convocatoria de las elecciones, el censo volvió a abrirse durante una semana para la inscripción de los residentes temporales (voto CERA). El problema, sostiene Almena, es que de nuevo la inscripción tenía que ser presencial y con sólo un día en la práctica no laborable (el sábado) para poder acudir al consulado. "Es importante que informen con antelación y que habiliten el trámite por internet porque no todo el mundo tiene el consulado a mano", subraya. La respuesta parlamentaria del ministro García Margallo a la remitió su equipo de comunicación tampoco ofrece ninguna respuesta a este respecto. infoLibre preguntó de forma concreta si el ministerio contemplaba la posibilidad de hacer con suficiente antelación un anuncio público del cierre de censo a través de anuncios en las redes sociales o notas de prensa. 

Tras las quejas de los últimos años el Ministerio de Exteriores sí ofrece en su página web algunos gráficos orientativos sobre los trámites que tienen que hacer los expatriados para votar aunque todavía no hay rastro de la página web que resuelva las dudas en torno al voto rogado que aseguraron a este periódico estar preparando el pasado febrero.

3. Trabas a la inscripción temporal 

Entre las quejas de los expatriados está también la, a su juicio, aplicación "muy restrictiva" del real decreto que regula la inscripción consular de los emigrantes que llevan menos de un año en el exterior. "Conocemos casos en los que se ha negado a personas inscribirse como residentes temporales alegando que ya se inscribieron una vez de esa forma o personas a las que han obligado a hacer una declaración jurada para demostrar que llevan menos de un año residiendo en el país de destino", explica Almena. 

"El registro consular da acceso a algunos de los servicios básicos como la renovación de documentación o la participación en procesos electorales. La imposibilidad de acceder a estos servicios de una manera asequible nos convierte en ciudadanos de segunda y vulnera claramente nuestros derechos básicos", denunció la Marea Granate en una carta enviada el pasado enero al director general de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores de la que no han recibido respuesta. 

En una de estas situaciones se encontró María R., residente en Berlín. Hace tres años estuvo en Alemania durante unos meses para hacer un curso intensivo de alemán, después regresó a España y volvió el pasado verano, ya con un empleo. Como duda de que su situación vaya a ser definitiva, intentó inscribirse de nuevo como residente temporal –lo había hecho ya en 2011 para poder votar en las generales de ese año– y en el consulado ahora le negaron esa posibilidad. Para inscribirse como residente permanente se había pasado el plazo, así que la única opción que le quedó para poder votar el pasado 24-M fue comprar un billete de avión y regresar a España.  

No obstante, hay que tener en cuenta también que registrarse como residente permanente tiene fuertes desincentivos. A saber: el hecho de perder la posibilidad de votar en las elecciones municipales y, algo que preocupa mucho a los expatriados, el acceso a la sanidad pública, pues desde el 1 de enero de este año el derecho a la atención sanitaria con cargo a la Administración de los ciudadanos españoles quedó ligado a la residencia.

4. Fallos en la aplicación para rogar el voto

En el centro de la polémica está también la reforma de la ley electoral que PSOE y PP pactaron en 2011 y que, además de hurtarles la posibilidad de votar en las elecciones municipales a los inscritos como residentes permanentes, obliga a todos a pedir expresamente el voto, el llamado voto rogado. Tras las quejas de la Marea Granate el Ministerio de Exteriores habilitó para las últimas elecciones autonómicas y municipales una aplicación telemática que, sin embargo, ha dado muchos fallos. 

"Fue una chapuza. Estaba hecha deprisa y dio muchísimos problemas, no dejaba subir documentos de más de 100 KB", se queja Almena. De hecho, el colectivo llegó a editar una guía para ir salvando los errores que generaba el sistema ideado por Exteriores. Respecto a este tema, la única respuesta recibida por el ministerio fue la respuesta de García Margallo en el Congreso, en la que únicamente dijo que se había creado "un nuevo procedimiento que permite realizar los envíos de las solicitudes por internet". 

Además, la Marea Granate recuerda que para los inscritos como temporales (menos de un año de residencia en el extranjero)el trámite siguió siendo obligatoriamente presencial en los consulados, con la dificultad añadida en tiempo y dinero en el caso, por ejemplo, de tener cruzar medio país un día laborable para ir al consulado.  

5. retraso en la Recepción de papeletas 

En las últimas elecciones, denuncian desde la Marea Granate, también se dieron casos de personas, especialmente residentes fuera de Europa, que a pesar de haber reclamado el voto por el procedimiento establecido nunca recibieron las papeletas o llegaron fuera de plazo. Aseguran que esta situación supone que los emigrantes no tengan garantizado en ningún caso su derecho al voto y provoca "miles de abstenciones forzadas, bien por denegación de ruego de voto, por la no recepción de las papeletas o por la llegada de estas fuera de plazo

Por eso el colectivo demanda que se amplíe "considerablemente" la duración de los plazos para recibir y enviar las papeletas. Asimismo, reclaman que haya igualdad de condiciones y que cuando el envío de papeletas se retrase por la impugnación de listas –tal y como ocurrió en las últimas autonómicas en la Comunidad de Madrid– se amplíe el plazo de envío también para los emigrantes. "Eso no ocurrió en los últimos comicios y supuso un total agravio comparativo. No somos ciudadanos de segunda". A este respecto, el ministro de Exteriores se limitó a decir en el Congreso que se habían suscrito convenios de franqueo prepagado y se habían empleado valijas diplomáticas extraordinarias o mensajería urgente. infoLibre preguntó el miércoles al Ministerio del Interior si se había planteado la posibilidad de aumentar los plazos, pero no obtuvo respuesta. 

6. la multiplicación de trámites del Voto rogado

Pero más allá de las cuestiones de tipo burocrático, como las mencionadas, en el origen de las protestas está la modificación de la ley electoral realizada en 2011 que introdujo el "voto rogado" y, con él, una nueva obligación para los españoles que residente en el extranjero: además de inscribirse en el censo tienen que notificar su intención de votar antes de cada elección. Solo así pueden recibir, antes del día del sufragio, la documentación que les permite hacerlo.

En su momento, PP y PSOE, que aprobaron la reforma con el apoyo de CiU y PNV, la defendieron argumentando que contribuiría a eliminar el fraude electoral. Sin embargo, las elecciones europeas de mayo de 2014 fueron un ejemplo de las consecuencias de una reforma de la que el PSOE parece haber tardado poco en arrepentirse tal y como demuestran las múltiples peticiones de cambio legislativo que han dirigido al actual Gobierno.

De las 1.692.618 personas inscritas en el censo CERA (residentes permanentes), 62.002 solicitaron el voto, aunque sólo 34.310 (el 2%) ejercieron finalmente el derecho a elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. En los mismos comicios pero en 2009 –cuando aún no existía la obligación de rogar el voto– de los 1.232.902 electores inscritos en el censo votaron 173.474, el 14,1%. En porcentaje, la disminución del porcentaje de votantes fue del 85% entre unos comicios y otros.

A este respecto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recordó el pasado miércoles en el Congreso que las reformas electorales se hacen por consenso y no por iniciativa del Gobierno, sino de los grupos parlamentarios, por lo que emplazó a los partidos a presentar la reforma en la Cámara si –dijo– realmente hay tanta unanimidad.

La Junta Electoral Central ha rechazado ampliar más el plazo para votar por correspondencia desde el extranjero ya que Correos no garantiza que los sobres y papeletas pudieran llegar a tiempo a España para su escrutinio. De esta forma, el plazo de envío finaliza este jueves, 21 de mayo. La prórroga había sido solicitada por Podemos a tenor de la caída de la participación entre los inscritos en el Censo Electoral se Residentes Ausentes.

Precisamente este miércoles se ha conocido que solo el 5% de los electores que residen el extranjero había pedido votar por correo en las elecciones autonómicas de este domingo. En las municipales no pueden votar porque se exige estar censado en España.

En su resolución, recogida por Europa Press, la Junta Electoral Central asegura que todos los envíos de documentación se han realizado dentro de los plazos legalmente establecidos, por lo que comunica a Podemos que "no es posible acceder" a la ampliación del plazo del voto por correo.

"Se correría el riesgo", según la citada resolución, "de que los sobres de votación no sean recibidos por las Mesas o las Juntas Electorales, según los casos, a tiempo de poder ser escrutados".

"Se está cometiendo una masacre con el voto exterior". María R., residente en Berlín, donde trabaja en la recepción de un albergue, es rotunda. Considera que las trabas que se están encontrando los españoles emigrados a la hora de votar en el extranjero para las elecciones del 24-M están generando un modelo de sufragio "censitario e inconstitucional" que borra del mapa electoral a la ciudadanía en el exterior. 

Hace tres años María estuvo en Alemania durante unos meses para hacer un curso intensivo de alemán, después regresó a España y volvió el pasado verano, ya con un empleo. Como duda de que su situación vaya a ser definitiva, intentó inscribirse de nuevo como residente temporal –lo había hecho ya en 2011 para poder votar en las generales de ese año– y en el consulado ahora le negaron esa posibilidad. Y el censo para inscribirse como permanente –de hacerlo ya no podría votar en las municipales– cerró el pasado 1 de enero. Así que la única opción que le queda para poder votar el próximo 24 de mayo es cogerse un avión. Y eso hará, aunque sabe que es algo que no todo el mundo se puede permitir. 

El caso de María R. no es un único. Al menos, así lo vienen denunciando en los últimos meses desde el colectivo Marea Granate, creado por españoles que se han marchado al extranjero en busca de oportunidades de trabajo y que se movilizan en sus nuevos lugares de residencia para evidenciar su situación de nuevos emigrantes económicos y defender sus derechos como expatriados. Aseguran que desde que empezó el plazo de ruego para las próximas citas electorales –este período acaba el próximo 25 de abril– reciben cada día decenas de emails de españoles que se están teniendo dificultades para ejercer su derecho al voto en el exterior. 

Entre los problemas que se están encontrando en la actualidad, explica María R., que también es portavoz de Marea Granate, hay casos como el suyo de personas a las que no les permiten volverse a inscribir en el registro de no residentes porque ya lo hicieron en el pasado o porque no pueden acreditar que llevan menos de un año residiendo en el país, pero también son frecuentes los que escriben quejándose del "caos" y la "desinformación" que, dicen, reina en algunos consulados o de que la obligación de hacer ciertos trámites de forma presencial les obliga a recorrer cientos de kilómetros lo que les hará imposible votar. En pasadas elecciones también se dieron casos de personas, especialmente residentes fuera de Europa, que a pesar de haber reclamado el voto por el procedimiento establecido nunca recibieron las papeletas o llegaron fuera de plazo. 

infoLibre preguntó en la mañana de este viernes a la Oficina de Atención Diplomática si en el departamento se tenía constancia de estos problemas y si habían establecido protocolos para solucionarlos pero no obtuvo respuesta. Tras las quejas de los últimos años el Ministerio de Exteriores sí ofrece en su página web algunos gráficos orientativos sobre los trámites que tienen que hacer los expatriados para votar aunque todavía no hay rastro de la página web que resuelva las dudas en torno al voto rogado que aseguraron a este periódicoestar preparando el pasado febrero. 

La reforma de la ley electoral 

En el centro de la polémica está también la reforma de la ley electoral que PSOE y PP pactaron en 2011 y que, además de hurtarles la posibilidad de votar en las elecciones municipales a los inscritos como residentes permanentes, obliga a todos a pedir expresamente el voto –el llamado voto rogado–, una cláusula desconocida para gran parte de los expatriados españoles, según denuncian en Marea Granate. Aunque para los permanentes el ruego del voto desde este año se puede hacer por Internet y eso ha facilitado los trámites, también ha habido quejas por el mal funcionamiento de la página web. Para los inscritos como temporales el trámite es obligatoriamente presencial en los consulados, con la dificultad añadida en tiempo y dinero en el caso, por ejemplo, de tener cruzar medio país un día laborable para ir al consulado.

Las elecciones europeas de mayo de 2014 fueron un ejemplo de las consecuencias de una reforma, la del voto rogado, de la que el PSOE parece haber tardado poco en arrepentirse tal y como demuestran las múltiples peticiones de cambio legislativo que han dirigido al actual Gobierno. De las 1.692.618 personas inscritas en el censo CERA (residentes permanentes), 62.002 solicitaron el voto, aunque sólo 34.310 (el 2%) ejercieron finalmente el derecho a elegir a sus representantes en el Parlamento Europeo. En los mismos comicios pero en 2009 –cuando aun no existía la obligación de rogar el voto– de los 1.232.902 electores inscritos en el censo votaron 173.474, el 14,1%. En porcentaje, la disminución del porcentaje de votantes fue del 85% entre unos comicios y otros.

El de Laura Gómez, de 25 años, que trabaja en un centro residencial para familias refugiadas o asiladas en Belfast (Irlanda del Norte) es un ejemplo de la dificultad para trasladarse la consulado por temas de distancia. El que le corresponde es el de Edimburgo, al otro lado del Mar de Irlanda. Es decir, para llegar hasta allí tiene que hacerlo en avión o en barco. Y no ha podido hacerlo por el momento. Asegura que en la representación de España en Edimburgo le han remitido a la "dureza y poca flexibilidad de la ley electoral" que, señalan, obliga a hacer esos trámites de forma presencial. 

Una de las cosas que más rabia me da de todo esto es la propaganda que se está haciendo de lo fácil que es votar desde el extranjero cuando vemos que a efectos prácticos no lo es. E Irlanda del Norte es sólo un ejemplo", subraya. "Cuando veo los métodos que utilizan otros países se me cae el alma a los pies. He visto a países escandinavos facilitando el voto por internet, a Alemania facilitando el voto por correo solicitándolo previamente por internet o a Italia enviando funcionarios consulares a Belfast para recoger votos. Además teniendo un cónsul honorario de España para Irlanda del Norte que ya tiene competencias para tramitar ciertos asuntos entre los españoles de Irlanda del Norte y el consulado en Edimburgo, ¿por qué el voto se queda fuera?", se pregunta. 

Inscritos como temporales 

Además de las dificultades citadas, desde la Marea Granate recuerdan que otro de los problemas que se están encontrando es que se está impidiendo la inscripción como residente temporal a personas que llevan menos de un año viviendo en su país. Al mismo tiempo, recuerdan que registrarse como permanente tiene fuertes desincentivos. A saber: el hecho de perder la posibilidad de votar en las elecciones municipales y, algo que preocupa mucho a los expatriados, el acceso a la sanidad pública, pues desde el 1 de enero de este año el derecho a la atención sanitaria con cargo a la Administración de los ciudadanos españoles quedó ligado a la residencia. 

Registrarse como permanente supone que a partir de los tres meses de residencia en el exterior deja de tener validez la tarjeta sanitaria europea que les daba cobertura siempre que el país de destino fuera Suiza, algún país de la UE o un miembro del Espacio Económico Europeo, porque en esos casos está ligada a la española. Aunque en el caso de regresar a España pueden recuperarla personándose en cualquiera de los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) sí la pierden durante su estancia fuera y eso es algo que preocupa especialmente a los que se marchan a buscar trabajo o consiguen empleos precarios. "En Alemania, por ejemplo, hay mucha gente que sólo tiene minijobs que no les dan acceso a las prestaciones sanitarias y quieren mantener la española porque se sienten más protegidos", se queja María R. 

El número de afectados

Calibrar el número de afectados por las "trabas" al voto desde el exterior es imposible porque no hay datos oficiales publicados sobre el número de españoles que están residiendo en el exterior de forma temporal. Los datos oficiales sobre emigración española como los que difunde el INE están basados exclusivamente en las bajas padronales, que se producen solo si los emigrados se dan de alta en los consulados de España en el exterior como residentes permanentes.

Esta institución, explicó a infoLibre la investigadora del CSIC Amparo González-Ferrer utiliza los datos que recogen los consulados siguiendo las instrucciones del Real Decreto en que se regula la gestión del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), que obliga a contabilizar como emigrante solo a quien puede demostrar que vivirá al menos un año en el extranjero y decide inscribirse. Sin embargo, la realidad es que son pocos los que se registran en los consulados durante su estancia en el extranjero porque no hay incentivos para hacerlo. 

"Estas deficiencias en la contabilización de la emigración española se acentúan cuando los que se marchan son jóvenes que lo hacen por motivos laborales para un tiempo indefinido y el destino son otros países de la UE, pues las garantías de circulación y residencia que tienen los españoles como ciudadanos comunitarios hacen aún menos atractiva la inscripción en el Consulado", añade González-Ferrer. Aporta un ejemplo: el INE dice que de enero a junio de 2013 3.986 españoles se marcharon al Reino Unido, pero Reino Unido señala que fueron alrededor de 16.000 los que pidieron en este país el número de seguridad social en el mismo espacio de tiempo.

En el INE confirman que no hay estadística alguna sobre el número de residentes temporales –los que se supone que van a estar menos de un año residiendo en el país extranjero en cuestión–. Y se remiten a los inscritos en los registros consulares según los datos del PERE, que eran 2.183.043 a 1 de enero de 2015. Este registro sí recoge un aumento de 711.352 personas entre 2009 y 2015, si bien de estas sólo 99.637 habían nacido en España, por lo que, a la luz de las cifras, el crecimiento se explica más por el incremento en la nacionalización de ciudadanos extranjeros como consecuencia de la Ley de Memoria Histórica y el retorno a sus países de inmigrantes nacionalizados que por la nueva emigración económica. También el censo de emigrados permanentes ha aumentado, pasando, por ejemplo, de los 1.205.329 registrados para las generales de 2008 a los 1.692.618 de las europeas de 2014, aunque aquí sólo se incluye a la población con derecho a voto.

Reivindicaciones 

En cualquier caso, desde Marea Granate insisten en que seguirán movilizándose para evitar que la alta abstención de las pasadas europeas se haga crónica en los sucesivos comicios. El pasado 31 de marzo, en una visita del colectivo al Parlamento Europeo plasmaron negro su blanco sus reivindicaciones en cuanto al sufragio y se las hicieron llegar a los 54 eurodiputados españoles. Entre ellas está la exigencia de derogación de la reforma de la ley electoral en la que se introdujo el mecanismo del "voto rogado" y la "elaboración de un protocolo de voto exterior lo suficientemente reflexionado y consensuado con todo el colectivo emigrante y los grupos políticos, que permita la accesibilidad al ejercicio del sufragio sin volver a las irregularidades del sistema anterior". Asimismo, reclamaron la "flexibilización urgente" de los trámites de inscripción en el registro de matricula consular, admitiendo la inscripción a distancia y ampliando los horarios de los consulados.