Un gran queso suizo lleno de agujeros. Es la imagen que mejor describe el procedimiento –y los resultados– de la prohibición de contratar con las administraciones, un mecanismo que se impone a las empresas con conductas irregulares en concursos públicos o que directamente falsean la competencia. La Ley de Contratos del Sector Público y las directivas europeas establecen que la “prohibición de contratar” no es una sanción, sino una fórmula para “reeducar” a las empresas, en palabras de Francisco Blanco López, miembro del Observatorio de la Contratación Pública. El objetivo de la medida debería ser garantizar que quienes se presentan a las licitaciones reúnen las condiciones necesarias de solvencia económica y profesional, para proteger a las administraciones frente a prácticas abusivas o ilegales.

Sin embargo, las prohibiciones de contratar están lejos de cumplir su función disuasoria. Son pocas las impuestas y, sobre todo, no son públicas. No existe un listado de las empresas a las que se ha vetado su participación en concursos públicos. No figuran en la Plataforma de Contratación del Estado y sólo se pueden consultar, empresa a empresa, en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece), previo acceso con certificado electrónico. Únicamente algunas comunidades autónomas publican las suyas: Andalucía, Aragón, Cataluña y Comunitat Valenciana.

infoLibre tuvo que recurrir primero al Portal de Transparencia para reclamar la relación de empresas al Ministerio de Hacienda. Tras su negativa a facilitarla y con la ayuda del activista Jaime Gómez-Obregón, se la solicitó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en una resolución del 18 de octubre de 2022 obligó al departamento de María Jesús Montero a proporcionar a este periódico una hoja Excel con los nombres de los excluidos.

A fecha de 21 de octubre de ese 2022, el catálogo sólo contenía 252 personas físicas y jurídicas. La mayoría de las empresas son sociedades limitadas, pero también figuran filiales de algunos de los grandes del Íbex 35. Es un listado que se revisa continuamente. A 28 de marzo de 2023 el número de prohibiciones vigentes se había reducido a 150, según informó el diario Público el pasado mes de junio tras obtener la información por el mismo procedimiento. Es un número muy escaso teniendo en cuenta el volumen de contratación pública anual: 183.277 licitaciones en 2022, por un importe de 100.692,19 millones de euros, según el último informe de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReSCON).

El gasto en contratación pública equivalió ese año al 11,52% del PIB y al 24,11% del gasto público. Aunque el volumen real es muy superior, porque el informe no incluye los contratos menores, aquellos con un importe inferior a 40.000 euros si son de obras, e inferior a 15.000 euros si son de suministro o de servicios. En 2021 la plataforma Gobierto cifró en 293.000 los contratos menores adjudicados ese año, pero dejó de contarlos en 2022 debido a la falta de fiabilidad de los datos. Es decir, las prohibiciones de contratar equivalen sólo a entre el 0,03% y el 0,05% de las licitaciones.

Además, cada vez se imponen menos. Según la última Memoria de la Dirección General del Patrimonio, en 2022 tuvieron entrada en Hacienda 270 expedientes para vetar a licitadores, frente a los 478 de 2020 y a los 753 de 2019. Sesenta de ellos caducaron, porque las prohibiciones de contratar prescriben a los tres años. Aparte de la ministra de Hacienda –previo informe de la Junta Consultiva de Contratación–, pueden aplicar vetos los propios órganos de contratación y las autoridades de competencia –la CNMC y las autonómicas–.

La OIReSCON se queja de las “dificultades de detección” de las prohibiciones. También de que la información sobre éstas en los registros de las comunidades “es obsoleta o se informa de un número de casos mínimo”. Blanco López critica los problemas de comunicación de las sanciones y sentencias que impiden contratar a las empresas, entre las comunidades autónomas o los órganos judiciales y el Ministerio de Hacienda.

La falta de transparencia impide el control sobre las prohibiciones por parte del resto de las empresas o de las instituciones. infoLibre ha cruzado la lista de las empresas vetadas con la Plataforma de la Contratación del Estado, pese a los numerosos problemas de acceso que plantea esta base de datos. Además, es imposible saber si alguna de ellas ha conseguido contratos con procedimientos negociados sin publicidad, por ejemplo. Aun así, este periódico ha encontrado dos casos en los que otras tantas administraciones han contratado con empresas a las que ellas mismas o Hacienda habían prohibido participar en concursos públicos.

El Ayuntamiento de Cubas de la Sagra (Madrid) adjudicó el 28 de febrero de 2023 las obras de rehabilitación de la calle de Cumbres a Exvendi SL, un contrato de 48.390 euros. Pese a que la ministra de Hacienda había impuesto a esta empresa una prohibición de contratar para todo el sector público que comenzaba el 23 de agosto de 2022 y no acababa hasta el 23 de marzo de 2023.  Un portavoz del Ayuntamiento asegura a infoLibre que “en ningún momento” el consistorio era “conocedor” de la prohibición de contratar en que estaba incursa la empresa. “Es probable que en ese momento los responsables de realizar la tramitación del expediente, al ser un contrato menor, no debieron de confirmar los datos”, admite.

La comarca del Pla de l’Estany, en Girona, adjudicó a Saica Natur SL un contrato para la venta del papel y el cartón procedente de la recogida selectiva por importe de 192.559 euros. Lo formalizó el 24 de mayo de 2023. La empresa estaba excluida de los concursos en todo el sector público, por decisión de la ministra de Hacienda, entre el 26 de julio de 2022 y el 26 de julio de 2023. Saica Natur es una de las filiales de Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa, una de las implicadas en el cártel del cartón desmantelado por la CNMC en 2015 y a la que también Hacienda aplicó una prohibición de contratar de un año en las mismas fechas. Sin embargo, la Audiencia Nacional había aceptado, en un auto del 4 de octubre de 2022, suspender la medida contra Saica Natur tras haber pagado ésta 25.000 euros de multa. El problema es que esa suspensión no figuraba en el Rolece. “Tuvimos que pedir a la empresa un certificado que acreditase que no estaba incursa en la prohibición de contratar, porque en el Registro de Grandes Licitadores no figuraba la suspensión de la Audiencia Nacional”, protesta un portavoz del organismo comarcal.

Finalmente, el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) activó una prohibición de contratar con la empresa Alquiler Obras y Servicios Extremeños SL que debía durar tres meses, entre 13 de marzo y 12 de junio de 2023. En mayo había sacado a concurso el suministro de hormigón necesario para renovar el pavimento de unas calles y caminos rurales, un contrato de 94.690 euros. Los sobres con las ofertas de las cuatro empresas que se presentaron se abrieron el 6 de junio y la mesa de contratación se reunió por primera vez el 12 de ese mes. Dos de los cuatro candidatos fueron desechados y finalmente ganó el concurso Alquiler Obras y Servicios Almendralejo SL, cuyo administrador es el mismo que el de Alquiler Obras y Servicios Extremeños SL, José Carlos Acosta Morán.

El contrato, que recibió una subvención del Aepsa (Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios), tenía una duración de tres meses, hasta el 30 de septiembre de 2023. Así que ese mes el ayuntamiento anunció una segunda licitación, con el mismo número de expediente, para un segundo suministro de hormigón con el que pavimentar las mismas calles y caminos rurales. Esta vez el importe fue menor, 43.659 euros, y se presentó una sola empresa: Alquiler Obras y Servicios Extremeños SL, cuya prohibición de contratar había concluido ya.  

A preguntas de infoLibre, el Ayuntamiento de Almendralejo se ha limitado a asegurar que no ha “realizado ningún contrato con ninguna empresa fuera de la legalidad”. Por su parte, José Carlos Acosta explica que suele presentarse a concursos “con dos o tres empresas, y alguna más” y que no se vulnera la prohibición si los contratos se conceden a empresas “con CIF distintos, aunque el administrador sea el mismo”. Según detalla, el consistorio activó el castigo contra Alquiler Obras y Servicios Extremeños SL porque, “por culpa de la subida de los materiales”, renunció a ejecutar una obra cuyo contrato le había sido adjudicado.  El Ayuntamiento dice que instó la prohibición de contratar porque la empresa “retiró una oferta injustificadamente en un contrato anterior”. 

Sin embargo, los expertos consultados sí apuntan a lo que podría ser una “utilización fraudulenta de la personalidad jurídica diferenciada de cada empresa” en este caso.

Cuando una institución vulnera la prohibición de contratar, el contrato en cuestión es nulo de pleno derecho. Y, si se le ha adjudicado, no por negligencia sino conscientemente, puede incluso tratarse de un delito de prevaricación.

A la vista del listado, la mayoría de las empresas vetadas son pequeñas y medianas, que también representan la mayoría de las que acuden a las licitaciones. Las grandes compañías españolas rara vez aparecen y la duración de las prohibiciones que se les aplican es mucho menor –tres meses, seis meses…– que las impuestas a las sociedades limitadas. De todos modos, el veto no puede prolongarse más allá de los tres años, a excepción del que se haya aplicado en virtud de una sentencia judicial firme.

Es el caso de la mayoría de las personas físicas incluidas en la lista, cuya condena –por corrupción o delito fiscal, por ejemplo– lleva aparejada la prohibición de presentarse a concursos públicos. Ocurrió con tres sentenciados por la Audiencia de Valencia en 2020 que no habían pagado el Impuesto de Sociedades correspondiente a la compraventa de una finca. Fueron condenados a dos años de prisión, al pago de una multa de 600.000 euros, a no recibir subvenciones durante ocho años y a no contratar con las administraciones públicas durante nada menos que 10 años. Al arquitecto municipal de Zurgena, un pueblo de Almería, que fue condenado por prevaricación tras haber concedido licencias de obra ilegales a siete parejas de ciudadanos británicos, la prohibición de contratar se le extendió durante siete años.

Los vetos impuestos a las grandes empresas no suelen hacer tanta sangre. En el catálogo hay algunos nombres de la primera división corporativa del país. Entre ellos, Randstad Empresa de Trabajo Temporal –siete meses–, por cesión ilegal de trabajadores, y Gas Natural Comercializadora –un año–, por un contrato de 27.281 euros para suministrar gas a las oficinas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en Ciudad Real y Mérida: tras conseguirlo, la empresa no remitió la documentación necesaria para formalizarlo, por lo que hubo que archivar el expediente.

Iberdrola Generación Nuclear fue penalizada por la Comunidad de Madrid en 2022 por una infracción grave en materia laboral, que es otra de las causas que implican la prohibición de contratar. También Iberdrola Ingeniería y Construcción fue sancionada por una infracción grave de este tipo, pero luego no aparece en la lista de las vetadas para los concursos públicos. La infracción se cometió en 2017 en Iberinco, una subcontrata de Iberdrola Generación Nuclear cuya plantilla tuvo que subrogar cuando la primera entró en liquidación. La ley establece que las prohibiciones de contratar afectarán también a aquellas empresas de las que sean “continuación o deriven, por transformación, fusión o sucesión”, las que hayan sido penalizadas. Por tanto, la prohibición de Iberinco la heredó la filial de Iberdrola.

Según indica la compañía energética, sólo se trató de una infracción “leve, administrativa” por una cesión ilegal de trabajadores. Sin embargo, figura como grave o muy grave en la lista de empresas sancionadas por este tipo de infracciones en materia laboral o social que cada año la Comunidad de Madrid publica en su web y envía al Ministerio de Hacienda [Puede consultarse aquí]. La prohibición de contratar, que fue recurrida por Iberdrola, terminó en octubre de 2023.

Por el mismo motivo, una infracción laboral muy grave, la Comunidad de Madrid instó la prohibición de contratar para Easyjet Handling –seis meses–.

Urbaser, una de las mayores empresas de limpieza viaria de España, y la constructora francesa Eiffage Infraestructuras figuraron también entre las empresas a las que no se permitió acudir a concursos públicos en 2023. Pero el castigo para la primera fue de sólo tres meses, y para la segunda sólo de seis. Ambas formaban parte de uno de los dos cárteles que fueron desmontados en 2022 por la Agencia de la Competencia y Regulación Económica de Andalucía (Acrea). En el ya citado figuraban otras dos empresas, andaluzas, Coralsur Mantenimiento y El Ejidillo Viveros Integrales. Todas ellas se confabularon para fijar los precios y repartirse la adjudicación de seis contratos licitados por la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.

Según la Acrea, manipularon los concursos para llevar a cabo la poda de setos en las cunetas de las carreteras de ocho provincias andaluzas. Las multas sumaron 5,78 millones de euros. Las dos mayores –3,23 millones y 2,06 millones de euros– recayeron en Urbaser y Eiffage Infraestructuras, pero las prohibiciones de contratar fueron superiores para las dos empresas locales –dos años para Coralsur y seis meses para El Ejidillo–. No obstante, lo más destacable de la medida es lo extraordinariamente restringida que fue la prohibición impuesta: los únicos concursos en los que la Consejería de Fomento impedía concursar a las empresas del cártel eran los que tuvieran por objeto podar setos en medianeras y controlar la vegetación en los márgenes de las carreteras.

La misma estrecha acotación incluía el veto impuesto por Fomento a otras seis empresas que fueron multadas con 3,23 millones tras manipular también los concursos para licitar la poda de las cunetas andaluzas. Las prohibiciones para contratar eran de 12 a 18 meses. Pero igualmente circunscritas al control de la vegetación en las medianeras. Así, una de ellas, Pavimentaciones Morales SL, ha seguido contratando con Fomento –por ejemplo, para construir vías ciclistas en Jaén– mientras se la castigaba por falsear la competencia en otro concurso público de la misma consejería.

Además, de las seis empresas que aparecieron en la lista andaluza en mayo de 2023, en noviembre ya sólo quedaba una, Urjusa SL. El motivo, explica un portavoz de Fomento a infoLibre, estriba en que Pavimentaciones Morales SL presentó un recurso contencioso administrativo y pidió la suspensión cautelar de la medida. En enero de este año, ha vuelto a aparecer en el listado, una vez levantada la suspensión.

En realidad, no resulta muy complicado librarse de la prohibición de contratar. Basta con pagar la multa y con convencer a la autoridad competente de que la empresa ha adoptado medidas para evitar que se repita la actuación irregular. Lo que no siempre se consigue. Transportes Urbanos y Servicios Generales SAL (Tusgsal) presentó a la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) el programa de cumplimiento normativo que había elaborado tras ser multada con 864.245 euros por haber concertado junto con otras cuatro empresas la presentación de ofertas para hacerse con el servicio de autobuses entre Barcelona y el aeropuerto del Prat de Llobregat (Aerobús). También se le prohibió contratar durante 18 meses con el Área Metropolitana de Barcelona, responsable del concurso.

Con ese programa, Tusgsal pretendía anular el veto. Pero la ACCO dictaminó que era insuficiente e insatisfactorio –dudaba de su eficacia–. Sobre todo, desconfiaba de que la empresa tuviera un “verdadero compromiso” para cumplir la normativa de competencia y de que éste incluyera a sus directivos. De hecho, la ACCO consideró que Tusgsal había hecho una “utilización instrumental” del programa de cumplimiento para eludir la prohibición de contratar impuesta. Entre las deficiencias que encontró en ese plan de compliance fallido, la autoridad catalana menciona que sólo había anunciado medidas disciplinarias para exdirectivos, pero ninguna para el principal ejecutivo responsable del amaño en el concurso del Aerobús ni para otros trabajadores que participaron en él. Además, la empresa no hacía constar si el responsable del departamento de Compliance que iba a crear tenía formación adecuada para el puesto ni con qué presupuesto contaría. La OIReSCON reconoce en su último informe que las empresas hacen un uso “escaso” de estas “medidas de autocorrección”.

Elecnor es otro de los grandes a los que se ha prohibido contratar. La Universidad del País Vasco (UPV) instó una prohibición de 18 meses tras resolver el contrato que le había adjudicado para el mantenimiento de las cubiertas del campus de Álava. Según el dictamen de la UPV, Elecnor, una de las principales empresas españolas de ingeniería, “no poseía los medios adecuados” para cumplir el contrato, respondía “mediante pretextos” a los “sucesivos requerimientos” para que lo ejecutara y no ofreció alternativa alguna durante meses a la universidad. Por ello, la UPV concluye que hubo “dolo” –engaño– por parte de la empresa y un “incumplimiento culpable” por su parte. También se le resolvió el contrato “con culpa” a Sacyr Facilities, tras encargarle la Delegación de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía el mantenimiento de sus instalaciones en Granada.

Constructora San José, una de las mayores del sector, no puede contratar con el Institut Català de la Salut en Girona hasta octubre de 2026, cuando terminen los tres años de penalización que ese organismo le impuso el pasado junio. El Grupo Ballesteros, uno de los principales del sector del juego en España, no ha podido participar en concursos públicos con su empresa de bingos, Bingazar, durante seis meses, tras sumar dos prohibiciones de contratar. La empresa es propiedad de José Ballesteros Requejo, presidente de la patronal del juego de Castilla y León.

infoLibre ha preguntado a todas estas grandes empresas por las prohibiciones que les fueron activadas por las administraciones pero, excepto Iberdrola y Eiffage Infraestructuras, el resto no ha contestado.

La prohibición de contratar fue mucho más severa para Friselva –líder nacional en mataderos de cerdo– y su dueño, Miquel Ramió Costa. Además de figurar entre los más ricos de España y entre quienes se acogieron en su día a la amnistía fiscal, Ramió y su empresa fueron condenados en 2018 por un fraude fiscal de siete millones de euros. Por eso su penalización fue de cinco años.

El listado de prohibiciones de contratar también resulta ser un buen catálogo de la corrupción en España en la última década. Los principales condenados con sentencia firme de los casos más escandalosos no pueden participar en concursos públicos. Desde la operación Malaya y el llamado Saqueo de Marbella o la Gürtel y el fraude del carrusel del IVA, hasta los casos Palau, Niemeyer, Proinsa, Esabe o Púnica, todos figuran en ella.

“Faltan medios”, es el rápido diagnóstico que lanza Jaime Almenar, abogado del despacho Clifford Chance especializado en Derecho Público, no sólo sobre el mecanismo de las prohibiciones de contratar, sino también sobre la contratación pública española en general. “Para empezar, los pliegos se hacen mal, usando modelos, suelen ser refritos… los funcionarios que los redactan no conocen el mercado y luego las empresas no los discuten porque quieren ganar los concursos…”, una bola de nieve que, a su juicio, explica la “falta de calidad” de la contratación pública nacional.

En los listados de Hacienda y de las comunidades autónomas constan los órganos de contratación que activan las prohibiciones. Son apenas un puñado los que se atreven a enfangarse en un procedimiento “mal regulado y difícil de aplicar”, critica por su parte Francisco Blanco. Muchas veces la iniciativa depende más de la voluntad del funcionario de turno, o del interés administrativo y político del ayuntamiento u organismo perjudicados por una mala praxis de las empresas a las que contrataron, asegura. “Es un incordio tener que activar el sistema”, advierte, “resulta más fácil resolver el contrato, olvidarse y hacer una nueva licitación”.

Pero, entre esas pocas instituciones interesadas, hay algunas que parecen aplicarse con mayor entusiasmo. Como la Universidad de Cantabria, con siete prohibiciones a otras tantas empresas. Sólo hay otra universidad en la lista, la de Cádiz, que vetó a Cofely, una de las sociedades implicadas en la trama Púnica de corrupción, por no llegar a formalizar un contrato.

Entre los ayuntamientos, el de Sevilla ha activado cinco prohibiciones en los últimos años y el de Lucena (Córdoba), cuatro. Otras cinco ha instado el Ayuntamiento de Cadrete (Zaragoza). Los de Montgat y Perpètua de Mogoda, ambos en Barcelona, cuatro y tres, respectivamente. Más raro es encontrar una consejería autonómica o un ministerio.

Entre las empresas excluidas, también las hay más inclinadas a repetir conductas poco aleccionadoras. Barci SL, una asesoría de Getafe (Madrid), mintió sobre su solvencia en la declaración responsable que presentó en tres concursos distintos: en la Universidad de Cantabria, la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears y el Auditorio de Galicia, que depende del Ayuntamiento de Santiago de Compostela. Por cada una de esas prohibiciones ha estado vetada durante tres años para contratar con esas tres instituciones. La primera es de 2020 y la última no concluirá hasta julio de 2025.

A la empresa de limpieza Yaundé SL la contrató la Agencia Tributaria para cuidar de sus instalaciones, pero sus incumplimientos la abocaron a sumar cuatro prohibiciones para contratar por la duración máxima de tres años, que la alejan de los concursos en ese organismo hasta 2025. Se trata de una empresa que dejó de pagar a sus limpiadoras en otros contratos que consiguió en varios centros penitenciarios y en la Dirección General de Tráfico. Incluso llegó a presentarse a una licitación de la Subdelegación del Gobierno en Guadalajara con esa denominación y con otra, Yoku Hob, detrás de las que se escondía el mismo administrador. En realidad, era insolvente.

Otro reincidente es Conspai Obras y Servicios del Vallés recibió vetos de tres ayuntamientos catalanes, los de Llinars del Vallès, Rubi y Sant Quirze del Vallès, que comenzaron en 2021 y no finalizarán hasta 2025.

Mención aparte merecen las prohibiciones instadas por la CNMC para empresas que falseen la competencia. En la lista aparecen algunos de los cárteles desmantelados en los últimos años: el del Servicio Meteorológico de Cataluña, los radares vascos, el cartón o el de limpieza de cunetas antes mencionado. El pasado mes de junio la CNMC aprobó una comunicación con los criterios generales que utilizará para aplicar las prohibiciones de contratar. A partir de ahora, fijará la duración y el alcance de estos vetos, en lugar de dejar que sea la Junta Consultiva de Contratación la que lo haga, y aunque luego sean suspendidos por decisión judicial.

“Aquí es donde va haber más jaleo”, concede Jaime Almenar. Los expertos consultados por infoLibre coinciden en que la CNMC es “más dura” a la hora de establecer la duración y el alcance de las prohibiciones que la Junta de Contratación. De hecho, la toma de posición de la CNMC puede considerarse un paso más hacia el fortalecimiento de este mecanismo disuasorio, en vista de su escasa eficacia hasta el momento.

En la misma dirección va la prohibición de contratar que se ha incluido en la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI en caso de infracciones graves –un año– y muy graves –tres años–. También se vetará en los concursos públicos a las empresas de más de 50 trabajadores que no cuenten con plan de igualdad.

No obstante, la práctica de la CNMC aún está pendiente de la decisión que tome el Tribunal Supremo ante el recurso de casación que presentó otra de las empresas sancionadas en el caso Aerobús, Transports Ciutat Comtal, que fue multada con 1,05 millones de euros y a la que se prohibió contratar durante 18 meses. La empresa pone en duda la competencia de la ACCO para fijar esta medida.

Los expertos consultados son unánimes al tachar de “poco ágil” e incluso de “farragoso” el procedimiento establecido para alejar de los concursos públicos a empresas con conductas poco o nada ejemplares. Aunque los abogados que las defienden también piden cautela y “rigor” a la hora de utilizar esta herramienta. “Puede producir el efecto contrario al deseado: que el licitador se quede sin competencia en el mercado; si tiene que excluir a tres de cinco candidatos se merma la calidad de la contratación y suben los precios”, advierten. En otros países de la UE, admiten también, el sistema es más diligente.

Mientras, en España, la Junta Consultiva de Contratación ni siquiera tiene una dirección electrónica en la aplicación con la que se gestionan los expedientes desde 2015, llamada Procontra. Como resulta “difícil realizar notificaciones electrónicas”, la Junta los tramita “de forma tradicional”, revela la Memoria de la Dirección General de Patrimonio. “El mapa de las prohibiciones de contratar, que debería ser una barrera frente a las empresas de dudosa profesionalidad, se desdibuja mucho en la realidad, es una pantalla de colores detrás de la cual no hay nada”, se lamenta Francisco Blanco López, que fue secretario de la Junta Consultiva de Contratación de la Generalitat catalana y director de Contratación Administrativa del Ayuntamiento de Barcelona.

El Ministerio de Trabajo no renovará el acuerdo marco con las agencias privadas de colocación que firmó y prorrogó el anterior Gobierno para encontrar trabajo a los parados, en competencia con los servicios públicos de empleo. Así lo han avanzado a infoLibre fuentes oficiales del departamento dirigido por Magdalena Valerio. El acuerdo, que empezó a funcionar en 2014, llegó a su fin el pasado 16 de junio.

En estos cuatro años, el Gobierno ha pagado a las agencias privadas de colocación un total de 681,7 millones de euros. El triple de lo que ha destinado en ese mismo plazo a mejorar y modernizar las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 215 millones, según se desprende de las partidas que cada ejercicio han destinado a las agencias privadas los Presupuestos Generales del Estado.

La puesta en marcha de este modelo de colaboración público-privada fue accidentada. Aunque el decreto que regula la actividad de las agencias de colocación se remonta a diciembre de 2010, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el acuerdo marco que sustentaba el modelo no se aprobó hasta agosto de 2013. En las comunidades autónomas empezaron a trabajar con los desempleados en 2014, pero las del concurso nacional no se pusieron a ello hasta enero de 2016. La razón fueron los sucesivos recursos interpuestos por las agencias que competían por los contratos, que paralizaron el concurso una y otra vez.

Después, el SEPE ha prorrogado el acuerdo marco dos veces, hasta hoy. Mientras, algunas comunidades autónomas han terminado descolgándose del modelo: Cantabria, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares. Cataluña, País Vasco y Andalucía se desentendieron desde el primer momento.

Ya en septiembre de 2017, la Conferencia Sectorial de Empleo, que reúne a las comunidades autónomas, acordó eliminar el desempeño de las agencias privadas de colocación como uno de los indicadores que deciden el reparto de los fondos para las políticas de empleo. Se lo habían pedido a la ministra Báñez 10 comunidades autónomas, a cambio de darle su apoyo a la aprobación del Plan Prepara, que había sido anulado por el Tribunal Constitucional por invadir las competencias autonómicas.

Según explica el ministerio, el planteamiento ahora es “dar más flexibilidad a las comunidades autónomas para que contraten con las agencias que ellas elijan el servicio de colocación de sus desempleados. “En la Conferencia Sectorial se distribuirán fondos para políticas activas de empleo, pero no habrá partidas específicas para agencias privadas de colocación como hasta ahora”, precisan fuentes del departamento.

Este nuevo modelo es del agrado de las pequeñas agencias de colocación. La asociación que las agrupa, ANAC, siempre se ha quejado de que el acuerdo marco estableció un “filtro-embudo” al seleccionar sólo a 80 agencias de las 1.728 autorizadas por el ministerio. Y de ellas, sólo podían operar en una comunidad las que estaban radicadas en ese territorio. De forma que el número de las que han estado funcionando estos años al amparo del acuerdo marco no superan las 40, asegura ANAC. “Nos parece adecuado que se descentralice el sistema y que cada comunidad autónoma elija con qué agencia quiere trabajar, en concurrencia competitiva, como ya está haciendo Castilla-La Mancha, y que no se prime el volumen de facturación, sino el de inserción de trabajadores o con qué experiencia en determinados colectivos cuenta una agencia”, explica su presidenta, Yojana Pavón. De esta forma, añade, las pequeñas agencias tienen alguna posibilidad de competir frente a los gigantes de la gestión de recursos humanos, como Manpower, Adecco, Randstad y Eulen.

Al secretario general de Adecco, Santiago Soler, tampoco le disgusta que se descentralice la colaboración público-privada en materia de inserción laboral. Es más, se queja de las “muchas deficiencias” que poseía el acuerdo marco, “una experiencia muy mejorable”. Soler es muy crítico con los resultados de estos cuatro años: “Tengo una biblia de incidencias”, asegura, en alusión a cómo tuvieron que desarrollar su trabajo. De manera que el resultado, subraya, “ha sido peor del deseado por nosotros, dista mucho de la intermediación que podría haberse realizado aunque, en términos objetivos, ha sido mejor para el ciudadano”. En cualquier caso, dice que no se puede dudar de que sus tasas de intermediación son “superiores” a las conseguidas por los servicios públicos de empleo.

Adecco se hizo cargo de uno de los lotes del segundo contrato, el que incluía a parados con entre tres y seis meses sin empleo. Pero ha desistido de participar en buena parte de los concursos convocados por las comunidades autónomas. “No compartíamos el modelo”, revela Soler. Eso sí, teme que cada comunidad autónoma implante un sistema distinto y terminen reproduciéndose los problemas sufridos hasta ahora. El acuerdo marco, no obstante, “es lo de menos”. “Queremos participar en el diseño del modelo de colaboración público-privada, con acuerdo marco o sin él”, se ofrece, “y compartir nuestro diagnóstico con todos los implicados para corregir el modelo anterior y sentar una bases nuevas”.

El programa electoral del PSOE prometía crear una Agencia Pública de Empleo y Cualificación “para una gestión mejor y más ágil de los recursos del sistema, con la sustitución automática del actual SEPE, y una mayor coordinación con las comunidades autónomas”. A este nuevo organismo le debería corresponder “una verdadera acción pública de colocación, que propicie el encuentro entre las empresas y los trabajadores y trabajadoras”. El argumento que esgrimía el anterior Gobierno para recurrir a las agencias privadas de colocación era el bajo nivel de eficacia de los servicios públicos de empleo, que sólo son capaces de gestionar el 2% de las ofertas de empleo.

A juicio de Santiago Soler, “no es incompatible” que se apueste por reforzar el servicio público y se mantenga la colaboración con las agencias privadas. “Aunque parezca paradójico, estamos de acuerdo en que el SEPE necesita refuerzos en muchas cosas, y una parte de ese refuerzo pueden ser las agencias privadas de colocación”, apunta.

La breve y complicada historia de las agencias privadas

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) suscribió dos contratos con las agencias privadas de colocación. El primero, prorrogado por dos años el 13 de mayo de 2016, fue adjudicado a seis agencias para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara en todo el territorio nacional y a los desempleados de Ceuta y Melilla. El segundo se lo concedió a otras cuatro para que encontraran empleo a parados distribuidos según el tiempo que llevaran sin trabajar.

Pero hasta ese momento, el camino estuvo jalonado de tropiezos. Primero fue la lista de las 80 agencias de colocación seleccionadas la que sufrió cambios, entre acusaciones de las grandes ETT y las pequeñas agencias. Después los problemas se repitieron en el concurso convocado por el SEPE para colocar a los beneficiarios del Plan Prepara y a los parados de Ceuta y Melilla. La lista de adjudicatarios sufrió hasta cuatro vuelcos, como consecuencia de los recursos presentados por las empresas que habían sido excluidas.

En un primer momento el SEPE dejó fuera a las empresas de formación que consiguieron liderar el concurso tras hinchar supuestamente su red de oficinas hasta superar en algunos casos el millar de sucursales. Ese número era el criterio determinante para la adjudicación.

Después fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos –Manpower, Eulen y Adecco–, además de las divisiones de formación de Telefónica y la ONCE, que se habían hecho con la concesión provisional. Finalmente, fueron seis empresas dedicadas a la formación las se quedaron con los lotes: Grupo Adalid Inmark el de Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, el de la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, Aragón y Cataluña; Consultora San Román, Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecom 2003, Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Vértice, Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, se les encargó atender a 11.000 parados.

En vista de los problemas acumulados con la primera convocatoria, el SEPE optó por un concurso negociado sin publicidad para adjudicar el segundo contrato. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplían ese requisito: Eulen, Manpower y la Asociación Salesiana. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitió acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

A estas tres grandes ETT y a los salesianos, las ganadoras, se les encomendó atender a 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estaban inscritos en el paro: Adecco se encargaba de quienes sólo llevaban de tres a seis meses sin trabajar; Eulen, de quienes hubieran pasado entre seis meses y un año sin empleo; los salesianos, de desempleados con entre uno y dos años de antigüedad en los registros de los servicios públicos, y Manpower, de quienes superaran los dos años.

Las vencedoras de este último concurso ofrecieron rebajas de hasta el 60% sobre las tarifas iniciales establecidas en el acuerdo marco, que ya permitía un descuento del 30%. Los precios originales oscilaban entre los 300 y los 3.000 euros por parado colocado, dependiendo del grado de dificultad de la inserción.

Prórroga con una evolución incompleta

También fue controvertida la evaluación a la que están obligadas a someterse las agencias privadas de colocación. Pese a que legalmente debería haberse elaborado un informe sobre su desempeño y sometido a una comisión de seguimiento, la prórroga del primer contrato se suscribió antes de que esa comisión llegara a constituirse y con un informe que sólo era provisional. El segundo se prolongó cuando la comisión de seguimiento del acuerdo marco no se había reunido aún por segunda vez. El SEPE debería este verano presentar la segunda evaluación del trabajo de las agencias privadas.

De momento, los datos que el SEPE ha facilitado sobre la actuación de las agencias privadas no son detallados. Según constaba en el primer informe, hasta 2016 el SEPE remitió a las agencias los nombres de 189.879 parados –en España aún hay 3,79 millones, según la última EPA–, de los que sólo atendieron a 81.635, el 43%. La gran disparidad entre ambas cifras la explica el organismo público por el hecho de que los datos de que disponía sobre muchos de esos desempleados eran erróneos. Así, por ejemplo, las agencias privadas tuvieron grandes dificultades para localizar a algunos de ellos. En un buen número de casos, el SEPE les envió listados tan poco actualizados que incluían a trabajadores ya jubilados y hasta fallecidos.

De esas 81.635 personas atendidas, sólo 8.051 encontraron un trabajo durante al menos seis meses en un plazo de ocho. Son el 4,2% del listado remitido por el SEPE y el 9,8% de los que fueron atendidos. Estas cifras le sirvieron al SEPE para elogiar el trabajo de las agencias, por cuanto el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%.

En cualquier caso, los porcentajes también eran dispares, según la comunidad autónoma o el contrato. Murcia fue la que mejores resultados obtuvo, con un 25,6% de personas con empleo. En Castilla y León fueron el 10,5%. En los dos contratos firmados por el SEPE para el Plan Prepara, Ceuta y Melilla, y el distribuido según el tiempo que los parados llevan sin trabajar, el grado de éxito ha sido del 13,3%. El organismo no dio más detalles ni desagregó los datos por perfiles de parados, ni dijo qué tipo de empleos se ofertaron.

Sí precisó que las agencias manejaron 65.746 ofertas de empleo, realizaron 84.334 “acciones de información”, sin explicar en qué consistieron; 129.852 acciones de orientación y 16.212 acciones de formación.

Incidencias

Las agencias privadas tenían la obligación de comunicar cualquier tipo de “incidencia” que surgiera con los desempleados a los que atendían. Así, decían que 9.330 parados no comparecieron tras ser llamados, 1.138 rechazaron las acciones de orientación que les propusieron, 106 rechazaron las de formación y 287 rechazaron los puestos de trabajo ofrecidos. Los desempleados están obligados a aceptar una “oferta de empleo adecuada” si no quieren perder la prestación o el subsidio que cobran.

El SEPE considera “oferta de empleo adecuada” la profesión que demanda el desempleado, la que desempeñaba habitualmente u otra que se ajuste a sus aptitudes físicas y formativas. También la última que ejerció si duró al menos tres meses. No obstante, si ha cobrado prestaciones, se entenderá que es adecuada cualquier profesión. Finalmente, la oferta de empleo no podrá suponer un desplazamiento a más de 30 kilómetros de distancia.

En el caso de los programas de ayudas ligados a formación, como el Plan Prepara, los beneficiarios no pueden rechazar los cursos que les ofrecen.

Además, el acuerdo marco permitía a las agencias cobrar un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubrieran percibiendo indebidamente la prestación y fuera sancionado por los servicios públicos de empleo. Sin embargo, el informe provisional del SEPE no hacía mención alguna a este tipo de incidencia.

Las empresas de trabajo temporal (ETT) viven un momento dulce. Los contratos de puesta a disposición de trabajadores que ellas gestionan casi se han duplicado desde 2012. Según las estadísticas del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), en 2017 las ETT firmaron 3,85 millones de contratos, un 90,45% más que cinco años antes. En 2012 la crisis económica hundió el empleo en general y, con él, también el negocio de estas empresas, suministradoras de trabajadores para otras. Con la recuperación económica, las ETT no sólo han superado el bache sino que incluso han disparado sus contratos un 74,5% por encima de los que gestionaban en 2008.

Es decir, los contratos gestionados por las ETT han crecido el doble que el volumen total de contratos temporales, tanto desde antes de la crisis –cuando se disparó un 33,1%– como desde 2012 –un 54,3%–.

Así, su cuota de negocio también ha crecido considerablemente: del 13,3% en 2008 al 18% nueve años después. En España se firmaron en 2017 un total de 21,5 millones de contratos. El 91% de ellos fueron temporales. Como se sabe, España es el segundo país de la UE con mayor tasa de empleo temporal, un 26,1%, sólo superada por Polonia.

Este auge de las ETT se produce pese a que se ha recortado el número de estas empresas, que para operar necesitan una autorización administrativa y están inscritas en el registro correspondiente. En 2017 funcionaban 259, un 12,5% menos de las que había en 2012 y un 28,6% menos de las que existían cuatro años antes. Desde 2008 han desaparecido del sector un total de 104 ETT.

En cambio, no ha dejado de crecer la cifra de trabajadores que pasan por estas empresas. El año pasado fueron 708.613, un 72,5% más que en 2012 y un 7,5% más que antes de la crisis. La mayor parte de ellos son cedidos por las ETT a la industria, un 28,7%. A la hostelería, el comercio y el transporte, un 14% en cada sector. Las empresas suelen recurrir a las ETT para cubrir picos de producción o ventas. De ahí que el 55% de los contratos que gestionan sean temporales por circunstancias de la producción. Los de obra y servicio les siguen por su cuantía, el 43%. De interinidad sólo firmaron un 1,8% y de formación y prácticas, un exiguo 0,09%. También registraron contratos indefinidos, pero sólo un 0,05%.

Además, la mayoría de los trabajadores que emplean son varones, el 60,7%, según los datos de 2017. Y con estudios primarios y secundarios: el 73,5%. Casi dos de cada tres de los puestos que cubren son de peones, tanto en el sector primario como en la industria y los transportes, o de trabajadores no cualificados del sector servicios.

“Somos un sector termómetro de la economía”

“Somos un sector termómetro de la economía”, resume José Costanzo, jefe del gabinete técnico de Asempleo, la patronal que agrupa a las mayores ETT. Si crece la actividad económica, las ETT también aumentan el número de los servicios que prestan a unas empresas con cada vez mayor producción. Lo que no evita que incluso el propio sector se muestre “sorprendido” por la buena marcha del negocio. “En 2015 ya pensamos que estábamos en nuestro mejor momento, pero lo cierto es que no hemos dejado de crecer y, según las cifras de este mismo año, la tendencia al alza va a continuar”, asegura Costanzo. Los contratos gestionados por ETT entre enero y marzo, las últimas cifras que publica el SEPE, muestran un crecimiento del 6,4% respecto al mismo trimestre de 2017. El número de trabajadores, un alza del 8,7%.

Los contratos de menos de siete días deben pagar un recargo del 36% en las cotizaciones a la Seguridad Social. Con la medida se intenta desincentivar este tipo de empleos hiperbreves. “Pero está claro que no funciona”, lamenta Carlos Martín, responsable del gabinete económico de CCOO. A su juicio, a los empresarios les compensa abonar esa penalización, a la que deben añadir la comisión que les cobra la ETT por cederles el trabajador. Costanzo explica que, cuando las empresas necesitan con urgencia un empleado para hacer frente un pico de demanda, acudir a una ETT les supone un “ahorro” si ésta lleva a cabo en su lugar el proceso de selección y le suministra “el candidato idóneo en el menor tiempo posible”.

A su juicio, los cambios en la regulación han tenido menos que ver con el aumento de negocio. Con la llegada del PP al Gobierno, a las ETT se les permitió gestionar contratos de formación y prácticas, también de primer empleo para jóvenes, así como añadir agencias de colocación, actividades de formación y de consultoría de recursos humanos a su actividad. Además, desaparecieron las limitaciones territoriales a su negocio. Desde 2011, las ETT pueden contratar también con las administraciones públicas, un campo que tenían vedado desde que comenzaron a operar, en 1994.

Las ETT deben pagar a ese trabajador el mismo sueldo que para un empleado indefinidoestablece el convenio colectivo de la empresa receptora o de su sector. Sin embargo, al abrigo de la reforma laboral de 2012, que determinó la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial, han nacido multitud decompañías multiservicios, que también ceden trabajadores a otras, pero con un convenio propio de salarios muy inferiores a los de éstas. Algunas de ellas han sido creadas incluso por ETT: Adecco, Eulen, Randstad, Ilunion, Grupo Norte y Constant, por ejemplo, tienen sus propias divisiones o filiales multiservicios. El papel de las ETT, argumenta el economista de CCOO, es “razonable”, pues proporcionan trabajadores para picos de producción, por ejemplo, y lo hacen “de una forma que está perfectamente regulada sin aumentar la temporalidad estructural”. En cambio, las empresas multiservicios son “competencia desleal”, apunta. Pese a que al menos una cincuentena de convenios de estas firmas han sido impugnados en los tribunales, se trata de un sector en apogeo. Y polémico: las camareras de piso, las kellys, lo han puesto en el centro de atención de los medios de comunicación y de los políticos por las condiciones abusivas en que las obligan a trabajar.

Contratos ultrabreves al alza

“No somos un buen medidor de los efectos de la reforma laboral”, replica el responsable de Asempleo, quien también desliga a su sector del abuso endémico de los contratos temporales en España. “Nuestra temporalidad siempre está justificada, nuestros contratos siempre tienen una causa”, recalca. De hecho, las ETT españolas sólo gestionan el 18% de los contratos temporales, muy por debajo del 90% que pasa por las manos de las ETT francesas, apunta Costanzo. En Francia la tasa de temporalidad es del 16,7%, casi 10 puntos porcentuales menos que en España.

Además, las ETT presumen de que uno de cada tres de sus trabajadores terminan con un contrato indefinido en la empresa a la que han sido cedidos. Carlos Martín, por su parte, culpa a las empresas multiservicios de la proliferación de los contratos ultrabreves de menos de siete días, antes que a las ETT. Aun así, el 37% de los que firman éstas duran menos de una semana, de acuerdo con los datos del SEPE relativos a 2016, los últimos publicados. De los llamados de obra y servicio –cuya duración es indeterminada, se alarga tanto como esa obra o servicio–, gestionan otro 39%. “El 90% dura menos de un año”, reconoce José Costanzo.

Las empresas españolas no han dejado de abusar del empleo temporal desde 1986, pero en los últimos años, además, han crecido aún más los contratos de menor duración. En 2017, se registraron 5,57 millones de contratos de menos de siete días, el 26%, y un 37,8% los que duraron menos de un mes. En 2012, los de menos de una semana eran el 22,2% y los de menos de un mes, el 36,4%. En 2008, con la actividad económica aún en expansión, los contratos por debajo de siete días eran sólo 16,6 millones, un 16,3%, y los que no llegaban a un mes, el 14%. Es decir, en la última década los de menos de un mes se han duplicado y los de menos de una semana se han disparado un 59%.

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) prorrogó el año pasado los tres contratos que suscribió en 2014 y 2015 con las agencias privadas de colocación. Y lo hizo antes de haber completado la evaluación de su eficacia a que le obligaba el acuerdo marco que sirvió para contratarlas.

Aun así, el Ministerio de Empleo elogió el trabajo de las agencias, que encontraron trabajo a 8.051 personas de las 81.635 que atendieron en 2014 y 2015. Representan el 4,2% del listado de parados que remitió el SEPE a las agencias privadas, y el 9,8% de los que fueron atendidos. Como el índice de inserción de las oficinas públicas de empleo no supera el 2%, el ministerio renovó los contratos.

Sin embargo, este modelo de colaboración público-privada tiene sus sombras. La Inspección de Trabajo ha elaborado un informe sobre una de las agencias de colocación autorizadas por el ministerio, Consultora San Román, a la que el SEPE adjudicó la búsqueda de empleo a los parados del Plan Prepara en Madrid y Castilla-La Mancha. En Albacete, concluye la Inspección, la consultora “no funciona como agencia de colocación” ni “prácticamente” hace gestiones de mediación. En resumen, no mantiene las condiciones por las que el SEPE le concedió la acreditación.

Un portavoz del Ministerio de Empleo asegura a infoLibre que el SEPE no ha recibido notificación alguna de la Inspección sobre Consultora San Román. Los inspectores no comunican incidencias hasta que el procedimiento se cierra y la sanción es firme, puesto que tienen “deber de sigilo”. Tampoco le ha llegado al SEPE ninguna otra denuncia sobre falta de desempeño o negligencia por parte de esta agencia de colocación. Pero si se comprueba que incumple los requisitos legales, San Román puede perder la autorización para operar que se le concedió además de afrontar penalizaciones económicas, aclara el portavoz. La consultora no ha respondido a los reiterados intentos de este periódico de obtener un comentario de sus responsables sobre su actividad como agencia de colocación en Castilla-La Mancha.

Sólo una fregona

El pasado mes de julio los inspectores visitaron los cuatro centros con que San Román cuenta, en teoría, en Albacete. El primero, situado en el polígono industrial Camporroso, de Chinchilla de Monteragón, resultó ser “una nave cerrada y sin signos de actividad, más allá de una fregona que se puede observar desde la puerta exterior”. Nadie contestó a los inspectores cuando llamaron. El local carecía de rótulos de una empresa o de agencia de colocación alguna. En el centro del polígono industrial El Mugrón, de Almansa, el local pertenecía al Centro de Innovación Tecnológica de Aideca. Cuando los inspectores preguntaron por la Consultora San Román, nadie les pudo dar razón de ella “porque resultaba desconocida”. Tampoco había un rótulo –un requisito exigido por la ley–.

En el centro de la calle de Feria, en Albacete capital, los inspectores sólo encontraron una confitería en el bajo y un psicólogo en la entreplanta. Y ningún rótulo de la agencia de colocación.

Sólo en la calle de Zapateros, también en Albacete capital, hallaron los inspectores alguna actividad. La oficina pertenece a una asesoría, Ekosab. En el exterior sólo vieron un cartel que anuncia un centro de formación profesional. En el interior sí que encontraron un panel donde figuraba el nombre de San Román y su número de identificación junto al nombre de una empresa de formación denominada Excelencia. Ekosab alquiló a San Román un despacho y una sala de formación donde Excelencia imparte cursos a desempleados. Los trabajadores que entrevistaron allí los inspectores eran asesores de Ekosab. Un empleado de San Román acude a esa oficina “dos o tres veces a la semana, pero no en días fijos y hace entrevistas”, explica el informe. Si un trabajador pregunta por la agencia de colocación, los asesores de Ekosab “le escanean los documentos” y avisan a un empleado de San Román ubicado en Murcia o a otro de Madrid, el mismo que visita la oficina cada semana.

  La Autoescuela La Mancha, en Miguelturra (Ciudad Real), con el cartel de San Román en la puerta.

A continuación, los inspectores citaron a la empresa para que explicara lo constatado en las visitas. San Román reconoció que no tiene más que un centro en Albacete y que en él está empleada una persona que, según su contrato, tiene su lugar de trabajo en Madrid. También aportó los contratos de otros dos empleados, el primero de seis meses de duración – hasta abril de 2016– y el segundo de uno de los asesores de Ekosab, para la que trabaja como autónomo. Al tiempo había sido contratado a tiempo parcial como “técnico seleccionador orientador” por San Román. Sólo por dos meses en 2015. Ninguno de los dos tiene título alguno para ejercer como mediador u orientador laboral, detalla el informe de la Inspección.

El acuerdo marco exige a las agencias de colocación que dispongan de un mínimo de dos personas por centro, de las cuales el 50% debe poseer un título universitario. Además, el 50% del personal técnico deberá contar con una experiencia mínima de seis meses en programas de empleo o gestión de recursos humanos.

Sólo seis contratos en un año

La consultora informó a los inspectores de que habían conseguido empleo a seis personas en 2016. De ellas, dos ya habían sido contratadas anteriormente por las empresas en las que San Román decía haberles encontrado trabajo. Una de ellas, una ETT con la que el trabajador ya había firmado siete contratos desde septiembre de 2015. La otra ya había sido empleada por la empresa los dos años anteriores. Los contratos conseguidos para dos de las personas atendidas sólo duraron tres meses. Por tanto, concluyen los inspectores, “no existen datos objetivos que permitan determinar la existencia de un margen efectivo de contratación derivado de la mediación en el mercado de trabajo”.

Además, San Román “no aplica los modelos de entrevistas y toma de datos presenciales”, revela el informe, “que efectúan miembros de la asesoría laboral no cualificados”.

Pero no son las únicas deficiencias halladas por la Inspección. San Román tampoco cuenta con una contabilidad separada para sus actividades de colocación y de formación, tal y como le exige la ley. “Más bien todo lo contrario”, apunta el informe. Además, la agencia no garantiza la intimidad y confidencialidad de los datos de los trabajadores a quienes atiende y en las entrevistas no respeta los principios de igualdad y no discriminación en el acceso al empleo. En concreto, se le preguntó a una de las trabajadoras por su estado civil y número de hijos, detalla el informe.

Lo mismo en Guadalajara, Ciudad Real, Toledo y Cuenca

El sindicato CCOO ha visitado buena parte de los 24 centros que San Román declaró tener en Castilla-La Mancha. Y el resultado no difiere mucho de los hallazgos de la Inspección de Trabajo en Albacete. En Ciudad Real capital, el local que San Román tenía en el edificio Miró está cerrado y uno de los dos con que cuenta en Miguelturra, en esa misma provincia, también. El otro corresponde a la Autoescuela La Mancha, donde se limitan a recoger currículos pero no hacen entrevistas. En la sede de la misma autoescuela en Ciudad Real también debería haber otro despacho de San Román, pero en ella derivan a los interesados a la oficina de Miguelturra, explica el sindicato.

La oficina de la agencia en Valdepeñas está situada en el centro de formación Innova, pero allí ni siquiera recogen los currículos de los parados. “Te dicen que vayas a su página web”, asegura CCOO. En Tomelloso la oficina corresponde al centro de formación Ceres. Sólo recogen currículos. En Manzanares está en el Centro de Formación Manzanares y funcionan de la misma manera.

En Guadalajara, el local de la plaza de José Luis Sampedro se encuentra cerrado y el de la Plaza Mayor lo ocupa un despacho de abogados donde les dijeron a los miembros de CCOO que los trabajadores de San Román habían “desaparecido de un día para otro”. La agencia tiene una tercera oficina en el centro Galileo. Allí sí figura el cartel de San Román en la puerta, como es preceptivo, pero los empleados de la agencia sólo pasan algunos días a recoger los currículos que dejan los desempleados a la búsqueda de trabajo.

Es la misma operativa con la que funciona la consultora en el centro de formación de la calle de Italia en Toledo –se pasan de vez en cuando, remiten a la página web– y en el del centro de formación Mogrúas de Talavera de la Reina, donde tampoco tienen el cartel preceptivo. Otro tanto ocurre en el Centro de Estudios Laborales de Cuenca.

Red inflada de oficinas

La precariedad con que esta empresa ha montado su red de oficinas como agencia de colocación no es, en realidad, una sorpresa. Cuando se abrieron los sobres de los candidatos para adjudicarse los contratos del concurso para colocar a los parados del Plan Prepara, en septiembre de 2014, un grupo de empresas de formación declaraba tener una red de oficinas superior al millar repartidas por toda España. Ese número multiplicaba hasta por 10 la cifra de sucursales que presentaban las grandes multinacionales de los recursos humanos como Adecco, Manpower o Randstad.

Como el 70% de la puntuación, según las condiciones del concurso, procedía del número de oficinas que aportaban las candidatas, las empresas de formación se pusieron a la cabeza de la clasificación provisional del concurso. Una de ellas era Consultora San Román.

El SEPE sospechó entonces que estas empresas habían hinchado artificialmente su red de oficinas, aprovechando que el concurso sólo les exigía presentar una declaración responsable de que contaban con un determinado número de locales, pero no acreditarlo documentalmente. De hecho, muchas de ellas “apalabraron” acuerdos con academias de idiomas, autoescuelas, asociaciones profesionales, organizaciones de agricultores y hosteleros para construir esa red de oficinas. Unas lo hicieron enviándoles correos electrónicos en los que les invitaban a “colaborar con los servicios públicos de empleo” y conseguir así una “fuente alternativa de ingresos”. Otras incluso utilizaron operadores telefónicos.

Por eso el SEPE exigió enseguida a estas firmas de formación los documentos que probaban la existencia real de esas redes. Una vez efectuada la criba, la clasificación provisional dio un vuelco y las grandes ETT pasaron a liderar el concurso: Manpower, Adecco y Eulen, junto a Telefónica, la Fundación Once y la Asociación Salesiana.

Pero las empresas de formación no se dieron por vencidas y presentaron hastauna treintena de recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Éste les dio la razón y suspendió el concurso. La lista definitiva, decidida en mayo de 2015, devolvía los contratos a buena parte de las pequeñas empresas de formación excluidas en un primer momento.

Divididos por lotes geográficos, los adjudicatarios fueron el Grupo Adalid Inmark –Galicia, Asturias y Cantabria–, UTE T-Talento–Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares–, Master Cum Laude–Aragón y Cataluña–, Consultora San Román –Madrid y Castilla-La Mancha–, Ibecon SL–Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra– y Fundación Grupo Vértice–Andalucía, Ceuta y Melilla–.

Un contrato de 41,66 millones de euros

Entonces se repartieron entre ellas 41,66 millones de euros. Los precios de partida con que el SEPE iba a retribuir a las agencias privadas de colocación por su trabajo variaban desde 300 euros por conseguir empleo a un menor de 29 años hasta 3.000 euros por proporcionar un contrato de seis meses a un parado mayor de 45 años que lleve más de dos sin trabajar. En todo caso, se trata de precios máximos de licitación con el 21% del IVA incluido. El acuerdo marco permite a las agencias ofrecer hasta un 30% de rebaja sobre ese precio.

Además, las agencias privadas perciben un incentivo de hasta el 15% por cada parado a quien descubran cobrando indebidamente la prestación y sea sancionado por los Servicios Públicos de Empleo. También se les paga una “cuantía por adscripción”: una cantidad fija por cada desempleado que se le encomiende, “con independencia del resultado que pueda tener finalmente el servicio de inserción”. Es decir, aunque no le consigan un trabajo. A la lista hay que añadir dos incentivos más. Uno “por especial dificultad de inserción”, de hasta 1.000 euros, por encontrar empleo a discapacitados o personas en riesgo de exclusión. Y otro por “el mantenimiento continuado en el empleo de la persona insertada”, hasta seis meses adicionales, que equivaldrá al 50% de la cuantía de inserción, la tarifa básica antes citada, de entre 300 y 3.000 euros.

100 millones para las agencias privadas

El año pasado Empleo repartió entre las comunidades autónomas 100 millones de euros con destino a sus propios contratos con agencias privadas de colocación. A Castilla-La Mancha le correspondieron 5,68 millones de euros y a Madrid, 11,86 millones.

Mientras, la Comisión Europea ha reprochado al Gobierno español que no haya elaborado hasta el momento ningún sistema de evaluación de eficiencia de las agencias privadas de colocación, y el Consejo de Europa le echa en cara que haya recortado el número de empleados de los servicios públicos de empleo entre 2011 y 2014. Despidió a 3.000 orientadores laborales y el presupuesto destinado a modernizar el SEPE se quedó en sólo 15 millones de euros en 2014. En 2015, pese a destinarse a este fin una partida inicial de 100 millones, quedó finalmente reducida a 58,3 millones. Los sindicatos repiten que en España un funcionario debe atender a una media de 200 desempleados, mientras que en el resto de Europa no pasa de 50.

Sin embargo, menos que a la incertidumbre política habría que culpar del aumento del paro al fin de la campaña de la aceituna en Andalucía. A tenor de las cifras publicadas por el Ministerio de Empleo, el número de parados en la agricultura se disparó en 14.029 personas el pasado febrero, la mayor subida de todos los sectores. Y las provincias donde más creció el desempleo tanto en términos absolutos como relativos fueron Jaén, con 7.373 parados más, un 13,43%, y Córdoba, con 3.382 parados más, un 3,93%. Lo corroboran también las cifras de afiliación a la Seguridad Social: el número de cotizantes al Sistema Especial Agrario ha caído en 28.902 personas, el mayor descenso dentro del Régimen General.

Pero, además de esta rebaja estacional, lo cierto es que el resto de los sectores también pincharon en febrero en lo que al empleo se refiere. Menos el sector servicios, donde hay 9.753 desempleados menos, tanto la industria como la construcción han reducido sus cifras de parados la mitad que en 2015. El mismo freno se muestra en las afiliaciones a la Seguridad Social, que han crecido en 63.355 personas, un 34,6% menos que en febrero del año pasado. Mientras la hostelería, la construcción y la industria han aumentado sus cotizantes, el comercio se ha desprendido de 13.156 trabajadores en el último mes.

El titubeo del mercado laboral se refleja también en el número de los contratos firmados, que han disminuido en casi 20.000 el pasado febrero, un 1,4%. Los indefinidos han roto la barrera del 10% –se han registrado 139.364–, sobre todo porque se han disparado, un 17,7%, los de tiempo parcial, casi el triple que los indefinidos a jornada completa, que crecen un 6,4%. Los contratos temporales a tiempo completo, sin embargo, se reducen un 7,4% –en el último mes se han firmado 65.382 menos–, mientras que los más precarios, los temporales a jornada parcial, aumentan un 8,2% –32.181 más–. En comparación anual, estos contratos crecen casi un 14%, tres puntos más que los temporales con jornadas de ocho horas.

En febrero se repite el patrón de género de la salida de la crisis: el paro masculino baja –aunque poco, sólo 200 personas salen de los registros–, pero el femenino aumenta: 2.341 desempleadas más. En comparación anual, el paro de los hombres cae el doble un 10,7% que el de las mujeres 5,5%.

Por debajo del 3%

La afiliación a la Seguridad Social ha crecido el pasado febrero respecto al mismo mes de 2015 en un 2,97%, por lo que se sitúa por primera vez desde hace un año por debajo del 3%. Es decir, aumenta menos que el PIB, que terminó el año con un crecimiento del 3,2%. La previsión para este ejercicio es que se frene en el 2,7%, según los cálculos del FMI.

De esta forma, el número de cotizantes del sistema alcanza los 17,16 millones, 495.490 más que hace un año pero aún por debajo de los contabilizados en febrero de 2011. De todos los sectores de actividad, sólo se reduce respecto a 2015 el número de los afiliados de la Administración pública. La Seguridad Social cuenta 26.837 empleados públicos menos, una caída del 2,59%. El sindicato de funcionarios CSI-F lo atribuye a la falta de oferta pública de empleo y a la destrucción de casi 12.000 puestos de trabajo en la sanidad en enero y febrero.

Con estas cifras, el último mes la ratio entre afiliados y pensionistas sigue anclada en 2,25, la mínima desde 2000 e inamovible desde diciembre de 2014.

Casi un millón cobran 426 euros al mes

Un mes más continúa la caída de la protección pública del desempleo. Casi dos millones de parados  –1,96 millones– no reciben ningún tipo de prestación. La cobertura, por tanto, está ya en el 55,74%, cuando en 2011 ascendía al 70,6%. El Estado se gastó en enero –los datos sobre prestaciones se publican con un mes de retraso respecto a los del paro– 1.753 millones de euros en pagar ayudas a los desempleados, un 10,7% menos que hace un año.

También sigue cayendo el número de quienes cobran las prestaciones contributivas, las de cuantía más elevada: un 12,6%. De hecho, son más quienes perciben los subsidios asistenciales  –426 euros al mes–, casi un millón de personas, que quienes ingresan las contributivas.

“La incertidumbre política no afecta a la economía real”

El sindicato UGT ha pedido la derogación de la reforma laboral “en su totalidad” derogación de la reforma laboral “en su totalidad” para combatir la precariedad laboral y el desempleo, mientras CCOO critica que el Gobierno en funciones “se encuentre a gusto” con el modelo productivo de “servicios de bajo valor, industria decreciente, empleo precario y bajos salarios” que dejan traslucir cada mes los datos del paro. Por su parte, USO advierte de que la creación de empleo “se está ralentizando”. En ese punto coincide con la ETT Randstad, que destaca la desaceleración del número de cotizantes de la Seguridad Social: “Por primera vez desde hace dos meses el empleo crece en términos interanuales por debajo del 3%”.

Mientras, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, descarta que la incertidumbre política en el país pueda afectar a las contrataciones, informa Europa Press. “Las empresas no son tan automáticas en el sentido de que como no hay Gobierno, no se contrata”, asegura. “La economía real, la economía del día a día va por otros lares. En este momento todavía no está afectando”, subraya.

La Comunidad de Madrid pagará 7,5 millones de euros a cuatro agencias de colocación privadas para que busquen trabajo a 8.000 del casi medio millón de desempleados de la región. La Consejería de Economía y Empleo ha utilizado un concurso negociado y sin publicidad para adjudicar la tarea a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), la Fundación Tomillo, Eulen Flexiplan y la Asociación Salesiana. El Gobierno madrileño, cuando aún lo presidía Esperanza Aguirre, suprimió el Servicio Regional de Empleo en julio de 2011.

El Ejecutivo autonómico justificó la medida en la necesidad de “optimizar la eficacia de la Administración autonómica y avanzar en la contención del gasto público y la austeridad”, al tiempo que prometía una atención a los desempleados “más cercana y activa” y “con mejores resultados”. En su lugar creó tres nuevas direcciones generales.

Cinco años después y en el último momento, el pasado 28 de diciembre, el Gobierno de Madrid decidió movilizar su parte de los 80 millones de euros que el Ministerio de Empleo destinó en 2015 a las comunidades autónomas para que pusieran en marcha las agencias privadas de colocación. Al concurso negociado y sin publicidad invitó a 11 agencias de las 80 preseleccionadas por Empleo. En 2013 el ministerio aprobó un Acuerdo Marco que es que ha regido desde entonces un proceso lleno de sobresaltos y polémicas. De hecho, el sistema de colaboración público-privada –como denomina el Gobierno al recurso a las agencias privadas para que compitan con el antiguo Inem, hoy SEPE– sólo se ha puesto en marcha hace dos meses, con la legislatura a punto de acabar.

Esas 11 agencias invitadas fueron, además de las ganadoras ya citadas, las grandes empresas de trabajo temporal (ETT) Manpower, AdeccoAdecco y Randstad, y por partida doble, puesto que la Comunidad de Madrid también llamó a las fundaciones de estas dos últimas multinacionales. También a la Fundación Benéfica San Martín de Porres y la Asociación Cultural La Kalle. La Asociación Nacional de Agencias de Colocación (ANAC), que agrupa a las agencias más pequeñas, se queja no sólo de la “falta de transparencia” del proceso, sino también de la “preferencia” que ha demostrado la Comunidad de Madrid por “las grandes multinacionales”. Y se pregunta cuál ha sido el criterio del Gobierno autonómico para invitar a esas 11 agencias de las 80 posibles.

Criterio geográfico y de especialización

Un portavoz de la Consejería de Economía y Empleo explica a infoLibre que los criterios de selección han sido “el geográfico y el de especialización”. Así, indica, en los dos primeros lotes, para insertar a personas con discapacidad y personas en riesgo de exclusión social, se invitó a agencias que cuentan al menos con un centro de trabajo autorizado en la Comunidad de Madrid y que tienen experiencia en el trabajo con esos dos segmentos de población.

Pero lo cierto es que de las tres invitadas al lote número 1, dos son las fundaciones de Adecco y Randstad, que están autorizadas por el SEPE sólo como agencias con “medios telemáticos” y tienen ámbito nacional. La ganadora, Cocemfe, sí que posee autorización para trabajar de forma “presencial” y sólo en la Comunidad de Madrid. En el lote número 2, tanto las invitadas –La Kalle y San Martín de Porres– como la adjudicataria, Fundación Tomillo, cumplen los requisitos de prestar atención presencial y ser de ámbito madrileño.

Para las invitaciones a los lotes 3 y 4, se eligió, según la consejería, a agencias que cuentan al menos con cinco centros de trabajo en la Comunidad de Madrid y acrediten experiencia en la inserción de parados de menos de 30 años y desempleados de larga duración –más de un año sin trabajo–, respectivamente. Sin embargo, las cinco invitadas –son las mismas para ambos lotes– están autorizadas por el SEPE sólo para actuar con “medios telemáticos” y su ámbito es nacional.

Es decir, de las 11 agencias invitadas, sólo dos están autorizadas a trabajar de forma presencial con los parados y son de ámbito autonómico. Y cinco son grandes ETT y la Asociación Salesiana, también una de las mayores agencias de colocación españolas.

Por partida doble

A juicio de la asociación ANAC, el criterio utilizado por la Comunidad es “confuso” puesto que la autorización del SEPE sólo permite actuar a estas grandes agencias por medios telemáticos –internet– y desdeña “el valor de centros de formación profesional para el empleo que tradicionalmente gestionan contratos de formación y aprendizaje o programas de formación con compromiso de contratación”. También critican las pequeñas agencias que se haya duplicado la invitación a las multinacionales Adecco y Randstad. Se da la circunstancia de que Randstad declinó las invitaciones a los tres lotes a los que fue llamada. Tampoco mostró interés en los concursos de ámbito nacional convocados por el SEPE.

ANAC expresa además su desconcierto por el hecho de que la Comunidad de Madrid haya otorgado exactamente la misma puntuación a todas las ofertas presentadas en todos los lotes: 20 puntos. Hasta el 60% de la nota final corresponde a la valoración técnica obtenida por cada agencia de colocación en el Acuerdo Marco; es decir, la concedió en su día el SEPE. El resto se reparte entre el precio ofrecido y los puntos que recibe el sistema de evaluación de los resultados de su trabajo que acredite cada agencia. Y éstos han sido 20 para todas. Según la Consejería de Economía, es así porque para obtener esa puntuación a la agencia le basta con acreditar que dispone de un “enlace web con acceso identificado y protocolo seguro” para enviar datos al sistema informático de la Dirección General de Empleo. ANAC recuerda que todas las agencias incluidas en el espacio telemático común del SEPE tienen ese acceso.

El caso es que la Comisión de Contratación de la Asamblea de Madrid estudiará la adjudicación de las agencias privadas en su próxima reunión del día 10. Tanto Podemos como Ciudadanos han solicitado ya el expediente completo de la contratación y la comparecencia de la consejera de Economía y Empleo, Engracia Hidalgo.

Los dos concursos nacionales 

Desde que se firmó el Acuerdo Marco en 2013, el SEPE ha convocado dos concursos para que las agencias privadas de colocación. El primero estuvo empantanado durante más de un año por los sucesivos recursos de las agencias excluidassucesivos recursos de las agencias excluidas. Hasta cuatro veces rehízo la lista de adjudicatarios el SEPE.

Finalmente, seis pequeñas agencias consiguieron el concurso: UTE Adalid Inmark y T de Talento, Ibecón 2003, Master cum Laudem, San Román Escuela de Estudios Superiores y Fundación Vértice. En uno de esos vuelcos de lista fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos: Adecco, Manpower, Eulen y la orden salesiana, además de Telefónica y la Once.

Esa primera convocatoria fue un procedimiento abierto y ordinario; el segundo, negociado y sin publicidad. Sólo fueron invitadas cinco empresas: Eulen, Manpower, Adecco, la Asociación Salesiana y la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–. Esta última declinó presentar una oferta. Es decir, se hicieron con el segundo concurso las grandes empresas que habían quedado excluidas del primerosegundo concurso. Prácticamente las mismas que fueron invitadas por la Comunidad de Madrid a su propia convocatoria.

La última decisión de Engracia Hidalgo

El concurso negociado y sin publicidad del SEPE fue una de las últimas decisiones tomadas por Engracia Hidalgo, entonces secretaria de Estado de Empleo, antes de dejar el ministerio. Fue convocado en junio del año pasado y resuelto en poco más de un mes. El 26 de junio Hidalgo abandonó el departamento que dirige Fátima Báñez para regresar a la Comunidad de Madrid, donde ya había sido consejera de Hacienda y de Familia. Desde entonces es la responsable de Economía, Empleo y Hacienda. Aquí ha repetido concurso, procedimiento y empresas.

Según los datos del mes de enero, en Madrid hay 460.330 parados registrados. La Encuesta de Población Activa (EPA) cuenta hasta 563.000 a 31 de diciembre de 2015. El pasado mes, el paro aumentó en 7.978 personas en la Comunidad, la segunda en que más creció sólo detrás de Andalucía. Es casi la misma cifra de desempleados que las agencias privadas tendrán que colocar a lo largo de este año por encargo del Gobierno de Cristina Cifuentes, a cambio de 7,5 millones de euros. Cobrarán un 85% del erario público por cada trabajador al que encuentren empleo –un contrato de al menos seis meses– y el 15% restante por las “labores de intermediación, asesoramiento y orientación” que hayan realizado previamente con ese trabajador. El precio de licitación para cada uno de los tres primeros lotes es de 1,5 millones de euros. El del cuarto, los parados de larga duración, los más difíciles de devolver al mercado de trabajo, se ofertó por el doble: tres millones de euros.

La legislatura está a punto de concluir y el Ministerio de Empleo aún no tiene garantizado que las agencias privadas comiencen a buscar trabajo a los parados. Acaba de enviar los primeros listados de desempleados a las empresas que se encargarán de encontrar empleo a los inscritos en el Plan Prepara, una vez resueltos los múltiples recursos que han bloqueado este primer concurso hasta ahora. Pero el segundo, convocado y resuelto en tiempo récord el pasado mes de junio, ha tropezado de nuevo con el mismo obstáculo que dejó empantanado el anterior durante dos años. El gigante Randstad presentó el pasado jueves un recurso en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Administraciones Públicas, en el que pide que suspenda y anule la adjudicación a sus competidoras Adecco, Manpower y Eulen, así como a la orden salesiana.

Decida el tribunal suspender o no la concesión, como le pide Randstad, en cualquier caso éste no resolverá el recurso antes de un mes. De momento, las adjudicatarias y el propio Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el antiguo Inem, tienen cinco días para presentar alegaciones.

A diferencia del primer concurso, y para evitar que se repitieran sus múltiples problemas, el segundo fue negociado y sin publicidad. Sólo fueron invitadas cinco empresas, de las 80 preseleccionadas por el SEPE en 2013. Al principio, Empleo convocó a firmas con oficinas en las 17 comunidades autónomas. Pero sólo tres cumplen ese requisito: Eulen, Manpower y los Salesianos. Así que el ministerio abrió el concurso a empresas con presencia en 16 comunidades, lo que permitó acceder a Adecco y a la Fundación Laboral de la Construcción –integrada por la patronal del sector y los sindicatos UGT y CCOO–, que finalmente declinó presentarse.

Randstad carece de oficinas en Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha, según consta en la relación de centros de trabajo que figura en el Sistema Nacional de Empleo, por lo que quedó fuera del procedimiento. Ahora pide que se anule la adjudicación alegando que el criterio geográfico no es válido.

En su momento, el Ministerio de Empleo justificó la elección de un concurso negociado y sin publicidad en que el Acuerdo Marco con las Agencias de Colocación y la Ley de Contratos del Sector Público se lo permite para “agilizar los procedimientos administrativos”. En efecto, la ley incluso exime a la Administración de convocar a una nueva licitación a los candidatos preseleccionados para participar en el Acuerdo Marco. O bien, “justificándolo debidamente en el expediente”, le permite no extender la consulta “a la totalidad de los empresarios que sean parte del Acuerdo Marco, siempre que, como mínimo, solicite ofertas a tres de ellos”.

Según fuentes conocedoras del recurso, la multinacional no duda en presentar el segundo concurso como una “compensación” del SEPE a las grandes ETT por haber sido excluidas de la primera licitación. Tanto Randstad como Adecco, Manpower y Eulen son miembros del patronal Asempleo. El recurso ha generado malestar en estas grandes ETT, que no dudan en hablar de “traición”. Randstad no ha querido hacer declaración alguna sobre el recurso a infoLibre.

Seis pequeñas, cuatro grandes

Hay que recordar que el concurso para los parados del Plan Prepara acaba de resolverse en firme tras sufrir la lista de adjudicatarios provisionales hasta cuatro vuelcoscuatro vuelcos, consecuencia de los recursos que las empresas excluidas fueron presentando desde 2013. En uno de esos giros fueron apeadas las grandes empresas de recursos humanos antes citadas, además de las divisiones de formación de Telefónica y la Once.

Finalmente, tras el accidentado y largo proceso, serán seis pequeñas empresas de formación las encargadas de competir con el antiguo Inem en la búsqueda de empleo a los inscritos en el Plan Prepara –más de un año sin trabajar, prestaciones y subsidios agotados–: Grupo Adalid Inmark lo hará en Galicia, Asturias y Cantabria; la UTE T-Talento, en la Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; Master Cum Laude, en Aragón y Cataluña; Consultora San Román, en Madrid y Castilla-La Mancha; Ibecon SL, en Extremadura, Castilla y León, La Rioja y Navarra, y la Fundación Grupo Vértice, en Andalucía, Ceuta y Melilla. En total, deberán atender a casi 11.000 parados.

A las grandes ETT y los salesianos se les encomendaron 30.555 desempleados, divididos según el tiempo que estén inscritos en el paro: Por ejemplo, Adecco se encargará de quienes sólo llevan de tres a seis meses sin trabajar; Manpower, de quienes superen los dos años. A cambio, las cuatro adjudicatarias se repartirán 41,7 millones de euros. El mismo importe se llevarán las seis empresas de formación ganadoras del primer concurso.

Según el ránking elaborado por la consultora DBK, Randstad es la primera ETT por su facturación e España, 495 millones en 2013, un 21% más que el año anterior. La segunda es Adecco, que ingresó 394 millones, un 2,2% más que en 2012. Le sigue Manpower, con una cifra de negocio de 225 millones, un 2% más que el ejercicio precedente. Y la cuarta es Flexiplan, la ETT del Grupo Eulen, que ingresó 92 millones, un 19% más respecto a 2012.