Un juzgado mercantil de Nanterre estudiará este próximo jueves si valida el acuerdo que pone fin a la breve historia del grupo español Mediapro en Francia. En caso afirmativo, la empresa de Jaume Roures devolverá a la Liga de Fútbol Profesional (LFP) francesa los derechos televisivos que adquirió por 830 millones de euros en mayo de 2018 y pagará 100 millones de indemnización a la patronal gala por el impago de dos de los tres plazos que debería haberle abonado este año.

De esta forma la LFP podrá recuperar los derechos de televisión para ofrecérselos a otro operador e intentar paliar los acuciantes problemas económicos que atraviesan tanto ella como los propios clubes franceses de fútbol. Porque con la subasta de esos derechos, que aumentó nada menos que un 60% el precio de la anterior, en 2015, y alcanzó un precio récord en Francia de 1.153 millones de euros, el fútbol galo confiaba en solventar sus serios aprietos financieros. Al final de la temporada 2018-2019, su déficit alcanzaba los 160 millones de euros, 126 millones sólo de la primera división. Antes de la pandemia. A mediados de este ejercicio, según publicó el pasado mayo el diario francés Mediapart, socio editorial de infoLibre, la LFP ya se encontraba en quiebra. La crisis del coronavirus, que supuso la cancelación del Campeonato de Liga en marzo y, por tanto, el cierre de todas las fuentes de ingresos de los clubes, desde la venta de entradas y los ingresos por patrocinio hasta el pago de los derechos de transmisión de los partidos –entonces aún en manos de Canal+–, ha terminado por ahogar definitivamente al fútbol francés.

Así, los documentos confidenciales a los que tuvo acceso Mediapart mostraban ya entonces que Canal + –por la primera división– y BeIN Sports –por la segunda– habían dejado de pagar 213,2 millones de euros, los ingresos publicitarios se habían reducido 108,3 millones y los procedentes de traspasos de jugadores, otros 209,8 millones, mientras los recibidos por la venta de entradas se habían quedado en cero. En total, el periódico cifraba en 438 millones de euros los números rojos de la Liga francesa.

La respuesta de los directivos de la LFP fue pedir un préstamo de 224,5 millones de euros “para compensar al menos las pérdidas de los clubes relacionadas con derechos televisivos no reconocidos”, explicaba el diario galo. El 90% de esa cantidad cuenta con la garantía del Estado francés. El plan de la patronal consistía en devolver el dinero a razón de 67,2 millones anuales procedentes de los pagos que Mediapro debía abonar por los derechos audiovisuales adquiridos.

Pero estalló la pandemia. La crisis se desencadenó cuando, tras hacer su primer pago, 172 millones, en agosto –compró los derechos de 2020 a 2024–, el grupo de Roures no abonó ni el plazo de octubre ni el de diciembre. Adujo que el coronavirus había dado al traste con el negocio tal y como lo había concebido y pidió a la LFP que renegociara a la baja el contrato. Al mismo tiempo, anunció que la cadena de pago que había creado, Téléfoot, cesaba en sus emisiones. Los empleos de sus 150 trabajadores están ahora en la cuerda floja. Sólo ha conseguido sumar unos 600.000 suscriptores, lejos de los 3,5 millones que necesita para no perder dinero.

Los riesgos “imprudentes” de la Liga y la falta de liquidez de Mediapro

Desde el primer momento, las dudas sobre la solvencia de Mediapro, propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontai propiedad en un 53,5% del fondo de inversión chino Orient Hontaidesde 2018, alcanzaron las páginas de los medios franceses, que ahora han visto confirmados sus temores. En mayo, Mediapart destacaba el hecho de que Roures hubiera creado una “estructura ad hoc” en Franciaad hoc para hacerse con los derechos del fútbol, lo que le hacía sospechar del verdadero “grado de compromiso” de la matriz con el negocio en ese país.

Ahora, tras desvelarse el fiasco, los periódicos galos han puesto el foco en las “dificultades financieras” del grupo hispano-chino. Le Monde, que cita a Moody’s, cifra en 920 millones de euros la deuda de Mediapro. También señala la rebaja de rating que además de Moody’s, S&P y Fitch aplicaron en octubre a la compañía de Roures. Las agencias consideran que el riesgo de crédito del grupo es “muy alto” y sus títulos, “de baja calidad”. S&P atribuye a Joyce Media, la matriz de Mediapro, “una estructura de capital insostenible, dado su alto nivel de deuda en relación con su débil generación de liquidez”. De ahí que no pudiera hacer frente a los pagos debidos a la Liga de Fútbol francesa. En junio su liquidez era de sólo 147 millones de euros. El grupo audiovisual, no obstante, había cerrado 2019 con un resultado bruto de explotación de 224 millones de euros.

Es más, el vespertino francés asegura incluso que Mediapro puede enfrentarse a las demandas de los cuatro operadores que distribuyen Téléfoot: Orange, SFR, Free y Bouygues Telecom.

Si, como parece, Mediapro no paga su deuda a la LFP y ésta tarda en vender de nuevo los derechos televisivos –que además tendrán que recolocar con un precio mucho más bajo–, el agujero en las cuentas de la patronal francesa va a ser considerable. Y puede igualmente poner en peligro la devolución del préstamo. Como ha sido avalado por el Estado en un 90%, existe el riesgo cierto de que, a la postre, la deuda termine siendo pagada por los contribuyentes franceses. La LFP replicó entonces que el préstamo “no supone ningún riesgo económico”. Los reembolsos de Mediapro “no representan más del 5% de los ingresos de la LFP y no involucran a los contribuyentes franceses de ninguna manera”, explicó en un comunicado.

“No se pueden contraer esos riesgos y luego pedir ayuda al Estado como a un bombero, eso sería demasiado fácil”, declaró el ministro francés de Educación y Deportes, Jean-Michel Blanquer antes de que se conociera el cese de actividad de Mediapro en Francia. Pero, cuando se le preguntó si el Estado va a dejar entonces que los clubes quiebren, respondió que no. “Hay un margen”, añadió, “entre cubrir los gastos que no han sido asumidos por un actor privado e impedir que los clubes quiebren”. Aun así, fue crítico con los riesgos “imprudentes” que a su juicio han asumido ciertos “actores privados”. “En este asunto de Mediapro han ocurrido cosas que no están bien”, se quejó en una entrevista al canal BFMTV.

Conflictos legales también en Italia y Estados Unidos

En Italia, Mediapro también pujó por los derechos audiovisuales de la Primera División y también ha terminado con un conflicto legal. En 2018 se quedó con esos derechos por una cantidad similar a la francesa, 1.050 millones de euros. Pero como no presentó garantías, la Liga italiana le rescindió el contrato. Después, ambas partes se enzarzaron en los tribunales a cuenta de un adelanto de 52 millones abonado por Mediapro y de sendas indemnizaciones.

En Estados Unidos le fue incluso peor. Acaba de reconocer que tres directivos de la empresa pagaron sobornos para adquirir los derechos televisivos de la fase de clasificación en Centroamérica y Caribe para los mundiales de fútbol de 2014, 2018 y 2022. Los tres altos cargos, asegura, fueron despedidos en diciembre de 2015. En 2018, el grupo de Roures tuvo que pagar una multa de 20 millones de euros por este caso, cuya investigación fue llevada a cabo por el FBI y la Fiscalía de Nueva York.

Mientras, en España, Movistar tiene también desde 2018 los derechos de LaLiga, que hasta ese momento estaban en manos de Mediapro. El precio del paquete completo alcanzó el récord de 3.421 millones de euros, de los que la compañía de José María Álvarez-Pallete se quedó con 2.940 millones, correspondientes a los ocho partidos por jornada y El Partidazo, mientras que Mediapro consiguió los derechos de transmisión a los bares y los derechos de los resúmenes en exclusiva por 481 millones. En el anterior concurso fue Movistar la que se hizo con El Partidazo –750 millones– y Roures con los ocho partidos –1.900 millones–. La guerra del fútbol con Prisa se cerró el año pasado después de 12 años con el pago por el grupo editor de El País de una indemnización de 51 millones a la compañía de Roures.

La agencia de calificación crediticia Fitch ha decidido elevar un escalón la nota de solvencia a largo plazo de España hasta A- con perspectiva estable, una mejora con la que el emisor soberano recupera el grado de inversión de calidad buena por primera vez desde la crisis de deuda en la zona euro.

En concreto, la firma estadounidense ha situado el rating de España en A-, desde BBB+ con perspectiva positiva, lo que supone dejar atrás el grado de inversión de calidad aceptable y convertirse en la primera agencia calificadora entre las tres más importantes del mundo en devolver al país el estatus de solvencia 'A' desde 2012.

En julio de 2017, Fitch confirmó la nota BBB+, nivel que mantenía desde 2014, por la incertidumbre sobre Cataluña y el escaso apoyo parlamentario del Gobierno, pero elevó de estable a positiva la perspectiva, lo que implicaba una posible mejora de la calificación en el corto plazo, debido a la fortaleza de la recuperación económica y a que los riesgos en torno a los presupuestos generales se habían desvanecido.

La agencia ha aplaudido ahora la reducción de los desequilibrios macroeconómicos en España, en gran medida gracias a la consolidación de la recuperación económica, y ha apuntado que, pese al "riesgo político" asociado al desafío independentista en Cataluña, sus efectos hasta ahora "han sido muy limitados". Fitch sigue considerando "muy improbable" la secesión y apuesta por que habrá un acuerdo que revise cuestiones de financiación y contemple una "mayor autonomía" para Cataluña.

Esta actualización del rating soberano de España supone la primera entre las grandes firmas del sector en 2018, menos de un mes después de las recientes elecciones catalanas, celebradas el pasado 21 de diciembre. Fitch llevará a cabo su segunda y última evaluación regular del año sobre España el próximo 13 de julio.

El Producto Interior Bruto (PIB) español creció un 3,1% en 2017, según las previsiones oficiales del Gobierno, que situó al mismo nivel la estimación para el déficit, lo que consolida a la economía del país como una de las que más crecen de toda Europa. No obstante, a pesar de la mejora de los fundamentales económicos, la mejora del rating ha estado condicionada en gran medida a la incertidumbre generada por el conflicto secesionista catalán.

Según la regulación europea en vigor desde 2014, las agencias de calificación están obligadas a publicar un calendario con las fechas previstas para la actualización de las notas de solvencia soberana y la perspectiva de las mismas, donde además se requiere a las entidades que tales fechas sean viernes y que sus anuncios tengan lugar fuera del horario regulado de negociación en los mercados europeos.

La agencia de calificación crediticia Fitch ha advertido al Gobierno de Portugal de que las premisas sobre las que ha formulado el proyecto de presupuestos para 2016 pueden resultar poco realistas, lo que podría desembocar en una rebaja de rating en caso de producirse un menor crecimiento o una trayectoria de deuda menos favorable de lo estimado que afectara negativamente a las cuentas públicas.

"La propuesta de presupuestos del Gobierno para 2016 busca mantener la consolidación fiscal, pero está fundamentada sobre previsiones de crecimiento, ingresos y gastos que pueden resultar poco realistas", apunta la calificadora de riesgos.

En concreto, el Gobierno de Portugal contempla un déficit presupuestario del 2,6% del PIB para 2016, una cifra superior al 1,8% que pretendía alcanzar la anterior coalición de Gobierno de centro derecha.

Entre los riesgos a la baja en el medio plazo, Fitch señala que las perspectivas de Lisboa dependen del mantenimiento de la recuperación económica. Así, el Gobierno luso prevé una expansión del PIB del 2,1% en 2016, mientras la agencia es menos optimista con una expectativa de crecimiento del 1,7%.

Asimismo, el Gobierno portugués espera que la ratio de deuda pública bajará al 126% del PIB a finales de año, frente al 127,9% estimado por Fitch, siempre en función del cumplimiento completo de las medidas de consolidación.

"Algunas de las medidas de la propuesta carecen de detalles, sin aclarar cómo el Gobierno conciliará su objetivo de moderación fiscal con su compromiso electoral de revertir la austeridad", apunta la agencia.

A este respecto, Fitch recuerda que dar marcha atrás en los recortes de sueldos en el sector público tendría un coste de unos 446 millones de euros, mientras que no hay detalles sobre cómo se compensaría esta cantidad para cumplir los objetivos de consolidación fiscal.

"Las finanzas públicas y la política fiscal son cuestiones clave para el rating BB+/positivo de Portugal", afirma Fitch, que advierte de que una relajación fiscal que diera como resultado una trayectoria de deuda menos favorable "podría llevar a una acción negativa de rating, así como podría también un crecimiento más débil que tuviera un efecto negativo en las cuentas públicas.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acaba de repetir su anhelo por un Gobierno “estable” en España. Hace una semana pidió un Ejecutivo “lo más estable posible” y este viernes recalcó que debe formarse “cuanto antes”. Aunque dice que no quiere “interferir en la composición detallada” de ese Gobierno, ni comentar el anuncio de ruptura de Cataluña, sí que reclama a España que “se muestre a la altura”. Tras descartar los “consejos en público”, el luxemburgués reconoce haber comunicado la necesidad de “estabilidad” en “despachos más cerrados”.

También en Bruselas, el ministro de Economía, Luis de Guindos, se hizo eco inmediato del mensaje en incluso entró en el detalle: el nuevo Gobierno debe integrar a PP, PSOE y Ciudadanos. Así, recalcó, se mantendrá “lo conseguido en los últimos meses”.

Las llamadas a un Ejecutivo “estable”, precisando o no cuáles deben ser sus ingredientes, se han sucedido desde el 20-D, cuando las urnas conformaron el Parlamento más fragmentado desde 1982. Bruselas fue de los primeros en pronunciarse a favor de un Gobierno que pueda seguir trabajando con las instituciones comunitarias en la reducción del déficit y en nuevas reformas. Ese mismo día Fitch y Moody's ya hablaron de los riesgos de una “incertidumbre política prolongada” para la economía española. Además, advirtieron de que un Gobierno de coalición “débil” o integrado por “partidos radicales” amenazará las reformas ya aprobadas o la política fiscal.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, se limitó entonces a pedir un “Gobierno de coalición”, tal y como habían dejado claro los españoles en las urnas el día anterior, apuntó. Pero la víspera de Reyes la patronal ya instó a los partidos políticos a formar un Ejecutivo que permita un “entorno estable” para avanzar en la recuperación económica. El Círculo de Empresarios se ha sumado también a las voces en favor de un Gobierno “sólido” que proporcione “seguridad jurídica”, y exige para ello un “pacto urgente” entre los partidos, porque unas nuevas elecciones no son “lo que más conviene al interés general”, según explica su presidente, Javier Vega de Seoane en un artículo publicado por el diario Expansión.

Los bancos Goldman Sachs y Julius Baer se unieron al coro coincidiendo en destacar el “punto muerto” en que, a su juicio, se encuentra el país tras el 20-D. Ambos alertan de que la incertidumbre política afectará a la confianza de inversores y consumidores. Hasta el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, se ha pronunciado a favor de un Gobierno “estable”, integrado por fuerzas “moderadas, constitucionalistas y respetuosas con las leyes”, porque es lo que dicta “la razón y el sentido común”.

La recuperación no peligra aun con nuevas elecciones

Pero también hay quien relativiza el protagonismo de la estabilidad gubernamental en el ciclo económico. Deutsche Bank pronostica que la economía española crecerá este año un 2,5% con independencia de lo que ocurra con el Gobierno. “Incluso en un escenario de nuevas elecciones, no se esperan subidas de la prima de riesgo significativas y, en todo caso, serán temporales, con lo que no se pondrá en peligro la actual recuperación”, destaca la economista jefe del centro de inversiones del banco alemán, Rosa Duce.

Con ella coincide el economista José Moisés Martín Carretero. “La prima de riesgo está anestesiada por el Banco Central Europeo (BCE)”, explica, por lo que no se repetirá la situación de 2012, cuando el diferencial con el bono alemán escaló a máximos históricos –632 puntos, hoy está en 127– antes del rescate comunitario a la banca española.

Tampoco cree Adam Posen, director del Instituto Peterson y exmiembro de la Reserva Federal de EEUU, que las dificultades para formar Gobierno en España vayan a generar tensiones en los mercados. En una entrevista publicada por El Mundo, aseguraba que los fundamentales de la economía española –productividad, inflación, PIB– “no son tan malos como los alemanes y como otros pretenden presentarlos”. A su juicio, “no hay razón para que España vuelva a tener problemas”, gracias a las inyecciones de liquidez del BCE y a la “fatiga” de los inversores, que no parecen dispuestos a vender deuda española. Martín Carretero está de acuerdo. “Los fundamentales no se ven afectados por los gobiernos que elegimos”, apunta.

A su juicio, los mensajes de las autoridades comunitarias e instituciones nacionales en favor de un “Gobierno estable” son “más políticos que de impacto económico”. Y el color del próximo Ejecutivo no va a ser determinante para las cuestiones prioritarias, como la negociación con Bruselas para aplazar el compromiso de reducción del déficit, que José Moisés Martín considera inevitable. “Está en los programas electorales del PSOE y Podemos, y se encuentra implícito en los Presupuestos Generales, que el Gobierno del PP aprobó a sabiendas de que no se cumplirán”, explica. Esa negociación se va a llevar a cabo “con independencia del Ejecutivo que haya”.

Además, las reformas pendientes “afectan al largo plazo”, por lo que no es determinante si se aprueban ahora o dentro de unos meses, indica. Martín Carretero, miembro de Economistas frente a la Crisis, cree que la incertidumbre en torno al próximo Gobierno puede afectar al “clima de negocios” que, precisa, “es algo muy difícil de medir”, pero descarta que el PIB español vaya a caer dos décimas porque no haya Gobierno”.

La amenaza global

Juan Ignacio Crespo, matemático y analista financiero, advierte de que es mucho más preocupante “lo que viene de fuera”, la amenaza de una crisis global que está empezando a barruntarse. La caída de los mercados de materias primas, el desplome del precio del petróleo, el parón de los países emergentes y de la economía china, los números rojos de las bolsaseconomía china rojos… dibujan un panorama sombrío tras el que algunos ya adivinan una segunda recesión mundial. El inversor estadounidense George Soros no duda en comparar la situación con los momentos previos a la crisis de 2008, cuando cayó Lehman Brothers. El profesor de la Universidad Carlos III Juan Laborda está convencido de que la economía mundial va directa a una nueva recesión, una crisis “estructural”, que va más allá del frenazo chino e incluye una deuda impagable en Occidente y un sistema financiero insolvente, todo ello generado por una políticas económicas equivocadas. Al lado de ese tsunami, la incertidumbre en torno al nuevo Gobierno le provoca a Laborda “carcajadas”, confiesa.

El economista secunda el análisis que el estratega de Société Générale Albert Edwards hizo hace sólo unos días en una reunión con inversores en Londres y que reprodujo el diario The Guardian. Según predice, el mundo se dirige hacia una crisis financiera tan grave como la de 2008 y que se llevará por delante a la eurozona. Edwards asegura que los países occidentales van a ser golpeados por “una ola de deflación” procedente de las economías emergentes y que los bancos centrales ni se han enterado. El analista del banco francés critica el “increíble engreimiento” de los responsables de los supervisores bancarios nacionales, “que no han aprendido la lección de la burbuja inmobiliaria”.

Albert Edwards predice que caerá la demanda de crédito en Europa y EEUU, como ya ha ocurrido en China, porque “los ciudadanos han perdido la confianza en que los políticos saben lo que hacen”. Si se produce una segunda recesión, advierte, países como Francia, España e Italia no podrán asumir el aumento del paro que se producirá. “El euro ha sido un desastre, una máquina del fin del mundo a favor de la economía alemana”, concluye.

Pero Edwards no es el único que ve negros nubarrones acechando la economía mundial. El Royal Bank of Scotland (RBS) también recuerda el crash de 2008 y ya ha aconsejado a los inversores que “vendan todo, excepto los bonos de mayor calidad”, ante la inminencia de un “año catastrófico” en el que las bolsas caerán hasta un 20% y el barril de petróleo se desplomará hasta los 16 dólares –ahora está en 30, el nivel de hace 12 años–.

Vientos a favor y en contra de la economía española

Martín Carretero apunta que, ante semejantes amenazas, “un Gobierno estable sirve de bien poco”. Y Juan Ignacio Crespo añade que la economía española “va muy bien sola sin necesidad de Gobierno”. Cree que no se debe “meter miedo” con la inestabilidad, aunque tampoco pueden descartarse los efectos económicos de la vacilante situación política. En cualquier caso, España tiene ahora “a su favor el bajo precio del petróleo y unos tipos de interés casi a cero”, por lo que quienes tienen un empleo pueden ahorrar. Por eso el consumo privado está tirando del PIB, concluye.

Crespo no subestima la importancia de un Ejecutivo afianzado para cumplir los compromisos con Bruselas y aplicar los recortes que se avecinan: el déficit de 2015 alcanzará el 4,7%, cinco décimas por encima de lo previsto y el de este año se elevará hasta el 3,6%, ocho décimas más de lo acordado. Es decir, el tijeretazo no será inferior a los 9.000 millones de euros. Y para ejecutarlos, destaca Juan Ignacio Crespo, es necesario un Gobierno “con mayoría sólida”. Si finalmente no es posible un pacto, unas nuevas elecciones dentro de sólo dos meses aparecen como una complicación añadida: el resultado será muy parecido al del 20-D. Por eso, el matemático y analista es de los que preferirían “un gobierno de tecnócratas” durante un año. De esa forma, no habría que repetir las elecciones y se podría ejecutar el Presupuesto ya aprobado para este ejercicio. “Debería estar presidido por un técnico próximo al PP, con el apoyo de éste y la abstención de PSOE y Ciudadanos”, explica en su blog.

Standard & Poor's y Fitch no auditarán el próximo año la deuda del Ayuntamiento de Madrid. El equipo de Manuela Carmena adoptó esta decisión después de mantener varias reuniones con ambas agencias auditoras, informa la Cadena Ser. El consistorio no contratará más a las agencias de calificación, que perciben cada año 120.000 euros por su trabajo y que mantienen para el municipio una de las notas más bajas: BBB.

El Gobierno local no quiere dejar las arcas con superávit si supone recortar en gasto social pero insiste en que no dejará de pagar la deuda municipal, de 4.000 millones de euros. 

La Ser dufundió varias grabaciones telefónicas entre el equipo de Economía y los representantes de Standars & Poor’s y Fitch y en ambos casos se viven momentos de tensión. Las agencias muestran su desconfianza ante el compromisio municipal para pagar la deuda y señalan críticas a la auditoría interna que lleva a cabo el equipo de Carmena.

La relación comercial del Ayuntamiento con ambas agencias privadas comenzó en 2002, por lo que se estima un gasto total en esta partida de más de un millón de euros de las arcas públicas municipales, informa Europa Press. Esta rendición de cuentas "no debe pasar necesariamente por el pago a entidades privadas encargadas de emitir valoraciones objetivas y neutrales de los países, empresas y administraciones que analizan". "Son muchos los ayuntamientos que no mantienen ningún tipo de relación contractual con agencias de calificación", han detallado desde el área que dirige el delegado Carlos Sánchez Mato.

"El Gobierno municipal mantiene su firme voluntad de potenciar el ahorro en partidas que no benefician directamente a la ciudadanía y concentrar todos los esfuerzos en el gasto social y la inversión en equipamientos para los distritos", han detallado desde el Ayuntamiento.

Desde el área de Economía y Hacienda se anunció la semana pasada la amortización anticipada de deuda por más de 366 millones. El Ayuntamiento de Madrid no tiene intención de emitir más deuda, sino, al contrario, de afrontar los pagos pendientes de la misma para beneficio de la ciudadanía madrileña.

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, declaró semanas atrás, tras conocerse la última calificación de Standars & Poors que no había que depender de opiniones "políticas" como las de dicha agencia. El edil ya aseguró en la última comisión del ramo que el Ayuntamiento no contratará nueva deuda. Sánchez Mato explicó que S&P le planteó al Ayuntamiento preguntas "absurdas" en relación a la calificación de la deuda, como la política de desahucios de la EMVS o las subvenciones a la escuela de tauromaquia Marcial Landada. "Decimos que no tiene nada que ver con la solvencia de la deuda. Hay que justificar la minuta de esta empresa, de 50.000 euros", ha manifestado.

El concejal recordó que la ciudad ya estaba en el bono basura (BBB), la calificación es la misma, lo que ha cambiado es la perspectiva, que S&P la lleva a negativa. "Tiene una posición política", lanzó.

El delegado, que recordó que esta empresa fue condenada por alterar los tipos en Estados Unidos, destacó que S&P "le cobra al Ayuntamiento por hacer su evaluación". "El Ayuntamiento no debe contratar ni un préstamo más, debe funcionar con sus ingresos, con sus políticas fiscales y de tasas y no depender de opiniones como la de esta empresa. No vamos a contratar nueva deuda", expuso.