La Policía alemana registró este miércoles las oficinas del Deutsche Bank en Fráncfort y Berlín por sospechar de blanqueo de dinero, un día antes de que el banco alemán presente el balance de 2025.

La Fiscalía de Fráncfort informó de que se acusa a responsables y empleados desconocidos, anteriormente informó de ello el semanario Spiegel. Un portavoz de Deutsche Bank confirmó a EFE el registro de las oficinas de Deutsche Bank y dijo que cooperan completamente con la Fiscalía.

"Confirmamos que actualmente se implementa en las oficinas de Deutsche Bank una medida de la Fiscalía de Fráncfort", según el portavoz del banco alemán, que rehusó dar más información.

Las acciones de Deutsche Bank caían un 3%, hasta 32,48 euros, en la Bolsa de Fráncfort, tras la noticia de la investigación de la Fiscalía y la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt).

En concreto, la investigación se centra en antiguas relaciones comerciales del Deutsche Bank con empresas extranjeras de las que se sospecha que han sido creadas para blanquear dinero y que son propiedad del oligarca ruso Roman Abramovic, según Spiegel. Abramovic está desde primavera de 2022 en la lista de sanciones de la Unión Europea.

Unos 30 policías vestidos de civil registraron las oficinas de la sede central de Deutsche Bank poco después de la 10 de la mañana para incautarse de pruebas, añade el semanario.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha multado al grupo Deutsche Bank, su división en Nueva York y otras filiales en el país con 186,4 millones de dólares (166,7 millones de euros) tras concluir que la entidad alemana no aplicó suficientes medidas para prevenir el blanqueo de dinero ni mitigó "suficientemente" los riesgos en su relación con la filial de Danske Bank en Estonia, de acuerdo con Europa Press.

"La junta ha determinado que Deutsche Bank hizo progresos correctores insuficientes tras los decretos judiciales de 2015 y 2017 y halló que los controles internos de prevención del lavado de dinero y los procesos de gobernanza fueron deficientes en su anterior relación con la división estonia de Danske Bank", ha razonado la Fed en un informe publicado este miércoles.

La penalización impuesta se subdivide en dos tramos, de los que 140,2 millones de dólares (125,4 millones de euros) se corresponden con la multa por incumplir los decretos previos, mientras que 46,2 millones de dólares (41,3 millones de euros) se justifican en las prácticas de gobernanza "inseguras e irresponsables" en su trato con Danske Estonia.

La Fed ha asegurado que esta filial contaba con un largo historial de 'ratings' de alto riesgo, así como niveles elevados de actividades sospechosas que Deutsche Bank no "mitigó suficientemente" a pesar de las advertencias realizadas en 2013 y 2014 por su propio personal 'senior' encargado del 'compliance' legal. No fue hasta octubre de 2015 que Deutsche Bank dio por finalizada la relación con Danske Estonia.

Asimismo, el instituto emisor ha informado de que el nuevo documento obliga a Deutsche Bank "priorizar" el acatamiento de otros requisitos de importancia "crítica" de las órdenes emitidas con anterioridad por la junta. Como parte del proceso, el banco germano deberá revisar sus políticas de gestión de riesgos y de gobernanza.

Manuel Fernández de Sousa, expresidente de Pescanova y miembro de una de las mayores familias empresariales gallegas –y españolas–, entrará en prisión en los próximos días para cumplir los seis años de prisión a los que fue condenado por el Tribunal Supremo como responsable de la mayor quiebra no inmobiliaria de la historia de España. A los mandos de la primera empresa pesquera del país desde 1980, diseñó todo una operativa de fraude contable para conseguir financiación bancaria y captar inversores que, una vez descubierta, llevó a la compañía a desnudar pérdidas de 1.400 millones de euros y una deuda gigantesca de 3.280 millones más.

El de Fernández de Sousa es sólo el penúltimo ejemplo del fraude corporativo con mayúsculas. Pero también una buena muestra de lo que ocurre cuando la empresa es el delincuente. Tras el desplome de Pescanova en 2013, los inversores perdieron millones, se hundió la reputación de una compañía que llegó a poseer la segunda mayor flota pesquera del mundo, los bancos acreedores se convirtieron en sus nuevos dueños, fue excluida de la Bolsa, tuvo que refundarse como Nueva Pescanova y tardó años en volver a los beneficios. Mientras tanto, su cúpula directiva permaneció sentada en el banquillo durante un proceso judicial que no terminó hasta el pasado mes de marzo. Una década completa de purgatorio.

Tres profesores de las Universidades de Berkeley, Chicago y Toronto han estudiado la prevalencia del fraude cometido por las empresas cotizadas en Estados Unidos. Según sus cálculos, el 10% de las mayores compañías perpetra fraudes cada año en Estados Unidos. Alexander Dyck, Adam Morse y Luigi Zingales incluyen en esas malas prácticas el falseamiento de estados financieros, ya sean desvelados por los auditores o por la SEC –la CNMV estadounidense–, la omisión u ocultación de información y las manipulaciones contables. Es más, advierten de que hasta el 41% de los estados financieros de las mayores compañías contiene información incorrecta que va mucho más allá de los errores puramente administrativos.

En un estudio elaborado por Deloitte y Esade en 2012 a partir de una encuesta a 200 empresas españolas, el 40% de ellas situaba la caja B –transacciones no registradas en la contabilidad– como el principal tipo de fraude corporativo. El 24% mencionaba las alteraciones de registros contables para que los directivos cobraran bonus o incentivos. Otro de la Universidad de Navarra junto con la escuela de negocios IESE citaba en 2017 como “detonantes” de estas malas prácticas el ansia de los responsables de las empresas por “cumplir con las expectativas del mercado a corto plazo en términos de rendimiento de las acciones y de rentabilidad de la compañía”. La presión del mercado, de los analistas y de las agencias de rating, un sistema de incentivos inadecuado, la concentración del poder en manos de una o pocas personas… son el acelerante del incendio de la mala praxis y el fraude.

El problema gana en gravedad si se tiene en cuenta que, de acuerdo con las proyecciones de Dyck, Morse y Zingales, sólo un tercio del fraude cometido por las empresas se detecta. Por eso lo describen como un auténtico iceberg cuyo mayor volumen permanece oculto bajo la superficie. Los tres académicos se atreven incluso a adelantar una cifra de las pérdidas que provoca el fraude corporativo en la primera economía del planeta: 830.000 millones de euros en 2021. El equivalente al PIB de Arabia Saudí ese año.

Estas estimaciones valen para los años anteriores a la entrada en vigor de la Ley Sarbanes-Oxley o SOX, que introdujo una regulación muy estricta de los informes financieros y de auditoría a los que están obligadas las empresas cotizadas en Estados Unidos. La norma se aprobó como reacción a los grandes escándalos corporativos con los que se estrenó el nuevo siglo: Enron, Worldcom, Tyco. “Desde el caso Enron, la manipulación contable es mucho más complicada”, asegura Alonso Hurtado Bueno, vicepresidente de la Asociación Española de Compliance (Ascom), quien también cree que el fraude corporativo está mucho menos extendido en Europa y en España que en Estados Unidos. La Ley SOX garantiza la “integridad” de la contabilidad, un blindaje que en la Unión Europea se convirtió en directiva en 2016 y en España quedó establecido en la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal de 2021. Desde entonces, tanto los fabricantes de software como sus usuarios están obligados a garantizar la trazabilidad e inalterabilidad de la información contable, “sin interpolaciones, omisiones o alteraciones de las que no quede la debida anotación en los sistemas mismos”.

En teoría, tales medidas de seguridad deberían evitar la manipulación de las cuentas. Pero no es así. De hecho, el fraude en Pescanova resultó ser una reedición de la operativa de Enron una década atrás: ambas compañías utilizaron sus filiales para ocultar pérdidas y firmar contratos ficticios con los que conseguir financiación. Y ambas arrastraron a sus respectivas auditoras. En el caso de la energética de Houston, la histórica Arthur Andersen desapareció tras ser condenada por obstrucción a la justicia y por destruir y alterar documentos de su cliente. En el de la empresa de Chapela (Pontevedra), BDO fue condenada por la Audiencia Nacional en 2020, por falsear información financiera, pero absuelta el pasado febrero por el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal confirmó que la auditora fue “descuidada” y no cumplió “una praxis profesional adecuada”, pero estableció que no había cometido un delito doloso.

Alonso Hurtado coincide en la metáfora del iceberg. Y apunta una causa para explicar por qué dos de cada tres fraudes nunca se descubren: “Los malos siempre van por delante y son más eficaces que los buenos que los persiguen”. Enumera cinco líneas de defensa: el control de diligencia debida de la propia empresa; el departamento de Compliance –cumplimiento–, que debe ser autónomo dentro de la organización y tiene que informar al consejo de administración o incluso a las autoridades, llegado el caso; la auditoría, interna o externa; los organismos supervisores y, finalmente, los tribunales.

Sin embargo, no siempre funcionan esos mecanismos de control. Ocurrió con el Barçagate. El FC Barcelona despidió a su responsable del departamento de Compliance, Noelia Romero, después de que ésta investigara la contratación irregular de una empresa que, a cambio de un millón de euros, creó cuentas falsas para difamar a algunos jugadores y opositores a la directiva de Josep María Bartomeu. Un juez declaró improcedente el despido. En todo caso, precisa Alonso Hurtado, la misión del responsable de compliance “no es prohibir, sino identificar los riesgos y proponer alternativas”. Luego la empresa puede decidir hacerles caso, o no.

Tampoco es labor de los auditores detectar el fraude. Su tarea se limita a certificar que los estados financieros de una empresa coinciden con su situación real. “Si la empresa decide engañar al auditor, éste lo tiene muy difícil para evitarlo”, apunta por su parte Fernando Lacasa, socio responsable del departamento de Análisis Forense de Grant Thornton. Los auditores y censores jurados de cuentas con los que ha contactado infoLibre han rehusado participar en este reportaje.

Pero la línea roja no suele ser tan clara. Alemania acaba de prohibir a EY auditar empresas cotizadas durante dos años, además de multarla con medio millón de euros. Durante años, la auditora había aprobado las cuentas de la empresa de pagos digitales Wirecard, que quebró en 2020 tras descubrirse un agujero contable de 1.900 millones de euros. Aunque EY, una de las cuatro grandes firmas de auditoría mundiales, no fue la única que falló en el escándalo. Tampoco la Autoridad Federal de Supervisión Financiera –BaFin– advirtió el fraude. El caso fue desvelado por el periódico Financial Times.

El siguiente nivel, los organismos supervisores, aprieta pero no ahoga. “La CNMV controla mucho la parte burocrática, digamos, pero lo relevante, donde se comete el fraude, no tanto”, critica Alonso Hurtado, quien además recuerda cómo en el caso Madoff, el esquema Ponzi que estafó 68.000 millones de dólares a casi 30.000 clientes repartidos por todo el mundo, desde actores de Hollywood y ONG hasta bancos y la exmujer de Amancio Ortega, la SEC obvió las señales de alarma y permitió seguir operando al financiero neoyorquino. Las primeras alarmas saltaron en 1992, pero la estafa no estalló hasta 2008. Bernie Madoff fue condenado a 150 años de prisión.

“La CNMV entra cuando el escándalo ya ha explotado, en labor de prevención se queda corta”, protesta Alonso Hurtado. A su juicio, debería ejecutar controles adicionales y tardar menos tiempo en verificar si, por ejemplo, una sociedad de inversión “es solvente o sólo un chiringuito”. “Eso nos lastra como mercado”, lamenta. Además, cree que la CNMV debería controlar la contabilidad “en tiempo real” del mismo modo que la Agencia Tributaria lo hace con las facturas a través de la plataforma SII (Suministro Inmediato de Información). “Pero eso sería como hacer un desnudo integral en tiempo real y las empresas no quieren”, advierte.

Porque, en el fraude corporativo de primer nivel, ese que suele terminar en las primeras páginas de los periódicos y en los tribunales, suele “estar involucrada la máxima instancia de la empresa, ya que es la responsable última del corazón de la compañía, las cuentas”, destaca el vicepresidente de Ascom. Hurtado sostiene que son precisamente los organismos supervisores los que deben actuar para prevenir este tipo de comportamientos.

La CNMV vigila que empresas y sociedades de inversión cumplan con sus obligaciones de información. Si no lo hacen, les envía requerimientos. En 2021, el último año del que ha publicado datos en su memoria, remitió 1.302, de los que sólo 142 fueron para pedir “medidas correctoras” o para hacer recomendaciones. La mayoría, 476, tenían por objeto solicitarles más información. Además, ese año abrió 16 expedientes sancionadores, que proponían multas por importe de 7,07 millones de euros. En 2020 fueron sólo siete expedientes, con sanciones por valor de 2,84 millones. Las resoluciones sancionadoras aprobadas en 2021 ascendieron a 15, que sumaron 4,71 millones de euros en multas.

En el ejercicio de 2022, cuya memoria no se publicará hasta mayo, la CNMV multó, por ejemplo, a Caixabank con 3,25 millones por vulnerar la normativa en una emisión de bonos, y a Deutsche Bank con otros tres millones más porque en la recompra a sus clientes de unos bonos emitidos por el propio banco no adoptó las medidas legales para gestionar el conflicto de interés existente y aplicó diferenciales con respecto a su valor razonable sin informar a esos clientes. También sancionó a la empresa de juego Codere por dar “información falsa y engañosa” de los resultados de sus filiales en México, Colombia y Panamá. La multa ascendió a 100.000 euros, por una infracción considerada muy grave. La impuesta a Renta4 Banco por no comunicar “operaciones sospechosas de constituir manipulación de mercado” se quedó en 40.000 euros.

Otra arma de lucha contra el fraude corporativo es el análisis forense. Lo llevan a cabo equipos multidisciplinares compuestos por expertos en gestión empresarial, auditores, informáticos y abogados, a los que recurren las compañías cuando tienen sospechas de malas prácticas. Es decir, llegan cuando el fraude ya se ha cometido. El que investigan es siempre de cierta entidad y cometido por altos directivos. Escudriñan las cuentas de la empresa, los movimientos bancarios, las comunicaciones internas, los dispositivos informáticos…

“Pero no somos la policía”, precisa Fernando Lacasa, que comenzó investigando delitos económicos y blanqueo de capitales en la Guardia Civil. Como los auditores, trabajan con la información que les proporciona la empresa. “Si la propia compañía es la delincuente, no nos va a llamar”, admite. A no ser que haya un cambio en el gobierno de la compañía, o se haga cargo de ella un administrador concursal que necesite saber qué pasó hasta llegar a la insolvencia. Según la encuesta de Esade y Deloitte, sólo el 15% de las empresas consultadas había recurrido a expertos forenses para investigar sus sospechas de fraude.

Para seguir el rastro del fraude las mejores herramientas son el análisis contable y las pruebas digitales, pero también gracias a los movimientos bancarios se sabe “qué es real y qué no”, explica Lacasa, mientras que los datos de los registros mercantil y de la propiedad descubren las posibles vinculaciones ocultas. No son tan útiles las entrevistas personales, matiza. “Al final es difícil que no averigüemos los que ha sucedido”, presume el responsable de Grant Thornton, al mando de un equipo formado por una treintena de personas.

A su juicio, el nivel de los controles corporativos es muy similar en Estados Unidos y en Europa. “Aunque quizá allí hay más tendencia a denunciar que aquí”, concede. Lo que cambia, no obstante, es la justicia. En España, ni las fiscalías ni los jueces tienen medios suficientes para investigar delitos tan complejos como los económicos. Así que los procedimientos se dilatan durante años. “A veces te encuentras con que un directivo al que investigaste, pero aún no ha sido juzgado, te aparece años después en otra empresa haciendo lo mismo”, relata Lacasa.

De esa misma carencia de recursos se hace eco la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2022, que se queja no sólo de la escasez de medios materiales y personales, sino también de “la falta de conocimientos de la especialidad de los órganos de instrucción”. La consecuencia, añade el informe, es que “se dilatan de forma extraordinaria” las investigaciones.

“La complejidad del asunto de base, el inadecuado tratamiento de las causas en los juzgados al no perfilarse bien los hechos objeto de la instrucción, la forma incorrecta de pedir las diligencias, el órgano al que hay que dirigirse para solicitar información y la necesidad de elaborados informes periciales confluyen a que los tiempos medios de las causas sean en exceso elevados”, resume la Fiscalía.

De forma que las sentencias sobre delitos económicos no son numerosas. Según las cifras incluidas en la memoria, en 2021 los tribunales españoles dictaron sólo 33 sentencias por delitos societarios y dos por delito contable. Otras dos fueron por corrupción en el sector privado. Y 64 más se refieren a administración desleal. Por insolvencia punible sí que hubo muchas más, 269, y por blanqueo de capitales, 112. El uso de un documento falso, público o mercantil fue sentenciado 174 veces. La falsificación por un particular de documentos públicos, oficiales o mercantiles fue el motivo de 2.094 sentencias.

Fernando Lacasa apunta un cambio reciente en la resolución judicial de los fraudes corporativos, y no necesariamente positivo. Desde 2010, las personas jurídicas también pueden ser responsables penalmente. Así que ahora llegan menos casos a los juzgados, asegura el experto forense, porque, a diferencia de lo que ocurría antes, las empresas temen ser halladas responsables de la mala praxis de sus ejecutivos. 

La cotización de los principales bancos europeos han vuelto a registrar fuertes caídas este viernes, lo que sugiere que las recientes intervenciones por parte de las autoridades financieras no han calmado los nervios de los inversores, después de que los grandes bancos centrales hayan continuado subiendo los tipos de interés a pesar de las turbulencias desatadas por la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank en Estados Unidos y el rescate de Credit Suisse. De este modo, el índice Euro Stoxx 600 para el sector bancario ha registrado al cierre una caída del 2,53%, con Deutsche Bank a la cabeza de los descensos, con una caída del 8,53%, según recoge Europa Press.

Sin embargo, el desplome se ha acercado al 15% en algunos momentos de la jornada, en la que, incluso, el propio canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha afirmado desde Bruselas que Deutsche Bank es una entidad "rentable", por la que "no hay razón" para estar preocupados.

El mayor banco de Alemania, cuyo coste de los seguros de garantía frente a impago (CDS) han registrado un fuerte incremento, anunciaba este viernes su intención de amortizar anticipadamente 1.500 millones de dólares (1.379 millones de euros) en deuda subordinada de nivel 2 de tasa fija, con vencimiento en 2028, el 24 de mayo de 2023 al 100% de su monto principal, junto con los intereses devengados hasta, pero excluyendo, la fecha de rescate.

De su lado, el danés Sydbank ha sido la entidad que más ha caído al cierre de este viernes, con un descenso del 10,88%, seguido del escandinavo Nordea, que ha hecho lo propio con un 8,54%. Después, el suizo UBS ha cerrado con descenso del 3,55%, mientras los títulos del francés Société Générale y del alemán Commerzbank han perdido un 6,13% y un 5,45%, respectivamente.

Los títulos del italiano UniCredit también han bajado un 4,06% y los del galo BNP Paribas un 5,27%. Asimismo, las acciones de otras grandes entidades bancarias europeas como Intesa Sanpaolo, ABN Amro o ING han registrado caídas superiores al 2% y 3%.

En el caso de España, Bankinter encabezaba las caídas al cierre de la sesión con un descenso del 5,38%, seguido de BBVA (-4,43%), Banco Sabadell (-4,28%), Unicaja Banco (-4,06%), Banco Santander (-3%) y CaixaBank (-2,95%).

Lidia Señarís (La Habana, Cuba 1966) es periodista. Tiene doble nacionalidad cubana y española desde hace más de 20 años. Señarís era clienta del Deutsche Bank, donde tenía dos cuentas, la primera junto a su marido, madrileño, y la segunda era la cuenta de su empresa. A finales de abril, su esposo recibió una llamada del gestor de cuentas de la entidad para citarla a ella. En la llamada aseguraban que era "un asunto muy importante", recuerda Señarís. El matrimonio acudió a la cita y ella la rememora como una experiencia desagradable por el trato dispensado en la sucursal de la calle Alberto Aguilera, en Madrid.

En la reunión, el gestor les comunicó, en primer lugar, que hay "unas regulaciones para los clientes de origen cubano". Y que ella había sido citada porque habían detectado en su persona, según sus palabras, “indicios de cubanidad”. Le informaron a continuación de que debía responder a un cuestionario con preguntas muy concretas, el denominado Cuba Sanctions Questionnaire natural person (reproducido al final de este artículo). Los clientes se mostraron sorprendidos al no entender el trato "discriminatorio" que estaban recibiendo.

Tanto Lidia Señarís como su marido empezaron entonces a discutir con el gestor. Ella recuerda cómo esta discusión comenzó a derivar en una especie de "chantaje", ya que fue advertida de que, si no respondía al cuestionario, el banco procedería a bloquearles las dos cuentas que poseían, la personal y la de su empresa. Pidieron entonces una reunión con el asesor jurídico del Deutsche Bank, pero su petición fue rechazada. "El poco dinero que pudiéramos tener mi marido y yo estaba en el Deutsche Bank. Si nos bloqueban las cuentas nos quedábamos sin nada para poder vivir", explica ahora a infoLibre. Y añade: "El cuestionario solo lo debía responder yo, mi marido a pesar de ser también titular de la cuenta personal, al ser madrileño y por lo tanto solo con nacionalidad española, no debía ceñirse a esa normativa".

Señarís recuerda que en ese momento no estaba pasando por su mejor momento a nivel personal, ella solo quería "salvar su dinero". Y denuncia: "Soy una periodista y escritora públicamente comprometida con la denuncia de la falta de libertades en Cuba. De hecho, abandoné Cuba hace ya décadas y me acogí a la nacionalidad española (a la que tenía pleno derecho por mi padre y abuelos españoles y mi marido español) por estar en contra del régimen cubano. Y resulta que, en plena democracia en España, el Deutsche Bank se da el lujo de violar alegremente mis derechos y libertades constitucionales como ciudadana española. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología".

Una vez cumplimentado el cuestionario, Señarís reflejó al final del documento que no estaba de acuerdo con el contenido y que se estaban violando dos artículos de la Constitución Española. Estos dos artículos son el 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social". Y el 16.2: "Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias." Teniendo esto en cuenta estos artículos, estaríamos hablando de una práctica anticonstitucional por parte del Deutsche Bank, concluía.

Tras responder el cuestionario, el matrimonio se dirigió a otra entidad bancaria para abrir otras dos cuentas y la estrategia que siguieron fue la siguiente: abrieron una cuenta personal y otra de su empresa, y procedieron a hacer transferencias desde el Deutsche Bank a sus nuevas cuentas, dejando el dinero justo para que el banco cobrase los gastos domiciliados previstos. Antes de abrir la cuenta en su nuevo banco preguntaron si ellos hacían este tipo de cuestionario, a lo que respondieron que no. Les aseguraron que cumplían con la normativa que obliga a evitar el blanqueo de capitales pero que no realizaban un cuestionario como el del Deutsche Bank. Todo esto ocurrió durante la primera quincena de mayo de 2022.

El primero de junio de 2022, Lidia recibió un correo electrónico en el que el Deutsche Bank le solicitaba: un justificante de ingresos y actividad y un documento acreditativo de identidad, DNI o pasaporte. Este correo se ajusta a la normativa contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, tal y como establece la ley 10/2010; el argumento que le dio esta entidad a Yoel Pérez, el primer afectado por este cuestionario que ha conocido infoLibre.

Deutsche Bank, por su parte, ha insistido a infoLibre, al ser preguntado por este caso, en que la entidad "solo cumple con la normativa" y que, en ninguna circunstancia "comenta ningún aspecto sobre clientes concretos". Tal y como señaló en el caso de Yoel Pérez, desde la entidad se subraya que se rigen por la ley contra el blanqueo de capitales y que, al ser un banco internacional, debe cumplir con las normativas de otros países, en este caso de EEUU.

Cuestionario: Cuba Sanctions Questionnaire natural person

Yoel Pérez Rodríguez lleva con su cuenta bancaria bloqueada en Deutsche Bank desde agosto. La tenía abierta en la entidad desde 2009. Originario de Cuba pero con doble nacionalidad, es médico con plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid y en esa cuenta recibía su nómina, tenía una hipoteca y cobraba el alquiler de una vivienda en propiedad que tiene alquilada y en regla con la normativa de la Comunidad de Madrid. 

En mayo, el cliente recibió una notificación de su banco en la que le exigían que enviara en un plazo determinado una copia de su nómina y el DNI. Pérez Rodríguez envió dicha documentación dentro del periodo marcado. La justificación de la entidad era que tenía cumplir con la normativa contra el blanqueo de capitales y el terrorismo, tal y como establece la ley 10/2010. De no cumplir con este requisito, advirtieron al cliente, procederían al bloqueo de su cuenta bancaria. A pesar de que mandó la documentación dentro del plazo, Deutsche Bank, sin previo aviso, bloqueó la cuenta bancaria de Yoel Pérez Rodríguez, siempre según su versión.

El afectado se encontraba en ese momento de vacaciones fuera de España. Cuando regresó, acudió a su sucursal, en la calle Alberto Aguilera, para pedir explicaciones y solucionar lo que consideraba un malentendido. Para su sorpresa, en la oficina le proporcionaron un cuestionario denominado Cuba Sanctions Questionnaire natural person. Y le informaron de que solo le desbloquearían la cuenta si respondía y firmaba dicho documento. Tras leer las preguntas [están incluidas al final de este texto], Pérez Rodríguez consideró que era “racistas, discriminatorias y que violaban su derecho a la intimidad”, tal y como explica ahora a infoLibre, por lo que se negó a cumplimentarlo. A partir de este momento, comenzó una batalla a base de reclamaciones por escrito al banco y cartas al Banco de España. 

infoLibre se ha puesto en contacto con el Banco de España, cuyo departamento de comunicación aseguró no tener competencias en este asunto. Informó que era competencia del Ministerio de Asuntos Económicos, de quien depende Sepblac, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Asuntos Económicos del Gobierno. Pero desde el Ministerio se señaló a infoLibre que este era un caso competencia del Banco de España: “Este servicio no está facultado para dar respuesta”. De esta forma, las instituciones que a priori deberían poder dar una respuesta al caso no han facilitado ninguna explicación. 

Marisa Protomártir es responsable jurídica en Asufin, la asociación de usuarios financieros en España. Señala a infoLibre que este cuestionario corresponde al cumplimiento de una ley de EEUU sobre sus intereses en Cuba, y que, al ser Deutsche Bank un banco internacional que opera en el país norteamericano, debe cumplir con su normativa. Además explica que EEUU "tiene desde mayo de este año a Cuba en la lista de países que no colaboran contra el terrorismo”. La portavoz de Asufin considera que “hay una clara violación a la intimidad por parte de entidad bancaria”, y añade que “las preguntas referidas al Gobierno cubano son tal vez oportunas", tal y como está la situación entre EEUU y Cuba, lo que no es “quizás tan adecuado” son las preguntas que se refieren a la intimidad del cliente “violando el derecho a la misma”. 

Deutsche Bank, por su parte, ha explicado a infoLibre que la entidad "solo cumple con la normativa" y que este cuestionario está dentro de la “normalidad”. E insiste en que “la única forma de que el cliente pueda recuperar su cuenta es respondiendo al cuestionario”. Entre los sujetos obligados a cumplir con la la ley de prevención de blanqueo de capitales están las entidades de crédito, las aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida y los corredores de seguros, las empresas de servicios de inversión, las entidades de pago, las personas que ejerzan personalmente el cambio de moneda o los casinos de juego entre otros. 

El afectado también puso reclamaciones en la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). Fue entonces cuando comprobó que había otros usuarios del banco alemán que tenían el mismo problema. Todas estas quejas están registradas entre julio y agosto de este año. “Mi reclamación es con Deutsche Bank, recibí una carta de actualización, la cual envié desde el mes de mayo de 2022 (...)”. “El motivo de mi queja es el que llevo 2 semanas con la cuenta bloqueada sin la posibilidad de realizar ni transferencias ni bizums a otras cuentas. Mi cuenta es una cuenta hipoteca”. Son algunas de las quejas enviadas a la OCU.

Cuestionario: Cuba Sanctions Questionnaire natural person

Tanto el BCE como el Banco de España y la patronal AEB llevan tiempo animando las fusiones bancarias, tanto nacionales como transfronterizas, a la búsqueda de rentabilidad. El vicepresidente del supervisor europeo, Luis de Guindos, llegó a decir el pasado julio que ese proceso es “ineludible” para reducir la “vulnerabilidad” de las entidades financieras europeas. Y tiene prisa: “Espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, se vaya produciendo de alguna forma este movimiento”, aseguró en unas jornadas del Grupo Popular Europeo en el Parlamento de Estrasburgo. También el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha instado a la creación de bancos transfronterizos y el presidente de la patronal bancaria, José María Roldán, ve en el horizonte próximo “operaciones transnacionales” donde no descarta que participen bancos españoles. “Es posible que [los incentivos del BCE] generen un caldo de cultivo para las fusiones”, apuntó hace sólo unos días el consejero delegado de Bankia, José Sevilla.

Pero el covid-19 ha puesto un paréntesis en los movimientos que ocupan desde hace años la rumorología de las fusiones bancarias en España. A los nombres más repetidos de Bankia y Sabadell se suman los de entidades más pequeñas como Liberbank, Unicaja, Abanca e Ibercaja. Lo que no quiere decir que no haya bancos que llevan ya tiempo practicando la compra transfronteriza de otras entidades. Es el caso de Abanca. De hecho, ningún otro banco ha comprado tanto y tan rápido como el que preside Juan Carlos Escotet.

El banquero, propietario del venezolano Banesco, adquirió en diciembre de 2013 Novagalicia Banco, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, por sólo 1.003 millones de euros, cuando poco antes el Estado le había inyectado 9.050 millones. Un rescate del que sólo se han recuperado 783 millones de euros. Renacido como Abanca en 2014, la entidad ha sumado hasta el segundo semestre de este año 3.155,7 millones de euros en beneficios, lo que le permite disponer de liquidez suficiente, según asegura, para comprar. Escotet puso el pie en España comprando el Banco Etcheverria, una pequeña entidad con sede en Betanzos (A Coruña) que fue el que en realidad adquirió Novagalicia. Y tuvo que esperar hasta 2017 para emprender su política de expansión, ya que Bruselas prohibía ese tipo de operaciones a las entidades rescatadas. Desde entonces no ha parado.

Este mismo septiembre tiene previsto firmar el acuerdo definitivo de compra de Bankoa, que nació como un banco industrial en 1975 en Guipúzcoa y a día de hoy es propiedad de Crédit Agricole. Por un precio que no se ha hecho público, Abanca adquirirá las 30 oficinas de Bankoa en el País Vasco, Navarra, La Rioja y Madrid, lo que le permitirá aumentar su volumen de negocio en 4.374 millones de euros. Para entonces, el banco gallego se habrá convertido en la séptima entidad española por su volumen de activos y superará los 93.000 millones de cifra de negocio. En 2014 no superaba los 56.000 millones, por lo que casi la ha duplicado.

El propio Juan Carlos Escotet reconocía hace sólo unos días en la presentación de los resultados del segundo trimestre que “la vía del crecimiento inorgánico le ha resultado eficaz” a Abanca, por lo que estará “muy atento a cualquier oportunidad que pueda surgir en España y en Portugal”.

Porque Bankoa es sólo la penúltima compra de Abanca, después de que el pasado mes de junio cancelara repentinamente la adquisición de EuroBicEuroBic, el banco portugués cuyo principal accionista era Isabel dos Santos, hija del expresidente de Angola José Eduardo dos Santos, considerada la mujer más rica de África y acusada en su país de malversación, blanqueo y evasión fiscal. Lo que se presentó como la operación que iba a convertir Abanca en un banco “ibérico”, gracias a la red de 250 oficinas de EuroBic y a un volumen de negocio cifrado en casi 12.000 millones de euros –casi el triple que Bankoa–, terminó de forma abrupta después de la auditoría preceptiva, firmada por Ernst&Young, la revelación de los problemas judiciales de Isabel dos Santos y las incertidumbres añadidas del covid-19. Según la prensa económica portuguesa, hubo un desacuerdo terminal sobre el precio de la transacción, que pudo haber alcanzado los 250 millones de euros por el 95% de las acciones que Abanca pretendía comprar. La entidad gallega dio por toda explicación que no se habían “cumplido las condiciones pactadas”.

Del Deutsche Bank a Caixa Geral

En cualquier caso, Escotet insiste en que Portugal sigue siendo una “apuesta estratégica de largo plazo”, así que continuará “analizando operaciones de compra que aporten sinergias” en ese país. De hecho, ya en 2018 Abanca se hizo con la red de Deutsche Bank en Portugal, después de haber intentado sin éxito comprar la del banco alemán en España. La filial lusa le proporcionó 41 sucursales en Lisboa y Oporto, 330 trabajadores y un volumen de negocio de 6.500 millones de euros. Ahora aporta el 8% del resultado de Abanca, asegura la propia entidad.

Pero su primera adquisición fue Popular Servicios Financieros, en septiembre de 2017. Pagó 39 millones de euros por la antigua financiera al consumo de Banco Pastor, que contaba con 15 oficinas distribuidas entre España y, de nuevo, Portugal.

Hasta que apareció Eurobic, su gran operación fue, no obstante, la compra en 2019 de la filial española de Caixa Geral de Depósitos, otra entidad rescatada, en su caso por el Gobierno portugués, con una inyección de dinero público que sumó los 4.900 millones de euros. Para Abanca, que pagó por ella 384 millones, la integración de la red española de Caixa Geral se tradujo en 110 oficinas y 131.000 clientes más, además de unas sinergias “un 40% superiores a lo planificado”, según presumió en su más reciente presentación de resultados.

En ese mismo acto, Juan Carlos Escotet descartó que Liberbank siga estando en sus planes de crecimiento. En febrero de 2019 hizo un intento por adquirir la entidad resultante de la fusión de Cajastur, Caja de Extremadura, Caja Castilla-La Mancha y Caja Cantabria, considerado hostil por el consejo de administración, que ya estaba negociando con Unicaja. Finalmente, la falta acuerdo con la malagueña sobre el reparto de poder en la entidad resultante dio al traste con la operación. Liberbank sigue soltera, pero su cotización lleva semanas subiendo en la Bolsa, calentando motores para posibles movimientos este otoño.

Pescanova, Deportivo y bodegas de oporto

Claro que el interés de Abanca no se limita al sector financiero. Ha salido de compras con el bolsillo lleno. En marzo adquirió casi un 40% de las acciones de la Nueva Pescanova, por lo que ya posee el 80,46% de la primera compañía pesquera española. Ha pagado un total de 165 millones de euros, entre acciones y una inyección de 50 millones en la empresa, el montante de las pérdidas que registró en 2019. Hace sólo unas semanas, la junta general de accionistas del Deportivo de La Coruña aprobó la oferta de Abanca para hacerse con el club de fútbol: canjear 35 millones de euros de deuda en acciones, lo que le permitirá controlar hasta un 78% del capital. El club coruñés se encuentra en una difícil situación económica y deportiva, a las puertas del descenso a Segunda B. 

Aunque de nuevo es en Portugal donde Abanca ha echado las redes. Prueba de que la crisis del covid-19 no ha cambiado su política expansiva es que acaba de firmar la compra de la finca Quinta da Boavista: 80 hectáreas y dos marcas de vino, Quinta da Boavista y Boavista. La transacción la ha llevado a cabo a través de Sogevinus, la bodega que heredó de las antiguas cajas gallegas y que posee la marca Cálem de vinos de Oporto. Entre ambas bodegas, Abanca suma 360 hectáreas de viñedos en esa zona del Duero.

Deutsche Bank ha llegado a un acuerdo con la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) por el que abonará 16,2 millones de dólares (14,6 millones de euros) para resolver una investigación sobre la presunta violación de las leyes estadounidenses sobre corrupción en la contratación de familiares de funcionarios de gobiernos extranjeros, principalmente en China y Rusia, sin que la entidad alemana admita o niegue los hechos.

En concreto, el acuerdo con la SEC implica la devolución de 10,78 millones de dólares (9,75 millones de euros) con los que Deutsche Bank se habría enriquecido de forma inapropiada, además de 2,39 millones de dólares (2,16 millones de euros) en intereses y una multa de 3 millones de dólares (2,7 millones de euros).

"Entre al menos 2006 y 2014, Deutsche Bank proporcionó un valioso empleo a los familiares de funcionarios de gobiernos extranjeros en varias partes del mundo como un beneficio personal para estos con el fin de influir de manera inadecuada en ellos para ayudar al banco a obtener o retener negocios u otros beneficios", señala el supervisor estadounidense de los mercados.

La SEC tuvo en consideración para cerrar el acuerdo la cooperación y las medidas correctivas de Deutsche Bank, destacando que el banco alemán compartió con el supervisor información al respecto, respondiendo con prontitud a los requerimientos de la institución.

El banco alemán Deutsche Bank ha anunciado este domingo "una transformación radical" de la entidad que supondrá un recorte de 18.000 empleos para 2022 a través de una significativa reducción de su banca de inversión, como recoge Europa Press.

El consejero delegado de la entidad, Christian Sewing, ha remitido una misiva a los trabajadores en la que reconoce que los cambios implican "decisiones incómodas". "Personalmente lamento profundamente el impacto que tendrá en algunos de ustedes", ha indicado, aunque señala que "no hay alternativa" para el banco "a largo plazo". Así, ha prometido hacer los cambios con "responsabilidad".

Para facilitar la liberación eficiente de los activos de la banca de inversión, se creará una nueva Unidad de Liberación de Capital que gestionará 74.000 millones de euros en activos ponderados por riesgo y 288.000 millones de euros a 31 de diciembre de 2018.

Sewing ha rechazado el término "banco malo" porque "en este caso es equívoco". "Ante la gran calidad y en muchos casos corta duración de los activos, esperamos que se gestionen rápidamente. Servirá para liberar una importante cantidad de capital y esperamos abonar a los accionistas 5.000 millones en 2022", ha prometido.

En cambio, el Consejo de Administración tiene la intención de recomendar que no se pague un dividendo de capital ordinario para los ejercicios 2019 y 2020. Como consecuencia, el banco anticipa unas pérdidas netas de 2.800 millones de euros en sus cuentas del segundo trimestre como resultado de los cargos de reestructuración.

Estas acciones están diseñadas para permitir que Deutsche Bank se centre en sus negocios principales de Banca Corporativa, Financiación, Cambio de Divisas, Banca Privada y Administración de Activos, según un comunicado de la entidad alemana.

"Hoy hemos anunciado la transformación más fundamental de Deutsche Bank en décadas", ha manifestado Sewing. "Estamos abordando lo que es necesario para liberar nuestro verdadero potencial: nuestro modelo de negocio, costos, capital y el equipo de administración. Estamos construyendo sobre nuestras fortalezas", ha añadido.

Sewing ha descrito la reestructuración como "un reinicio para Deutsche Bank, para el beneficio a largo plazo de nuestros clientes, empleados, inversores y la sociedad".

"En las áreas en las que no competimos para ganar vamos a tomar medidas drásticas. De hecho no tenemos otra alternativa que concentrar nuestras fuerzas y recursos donde jugamos para ganar y donde realmente podemos marcar la diferencia para nuestros clientes", ha argumentado Sewing.

El presidente del consejo de supervisión, Paul Achleitner, por su parte, ha manifestado que "Deutsche Bank ha atravesado un período difícil durante la última década" pero "con esta nueva estrategia tenemos motivos para mirar hacia el futuro con confianza y optimismo".

Cambios en la dirección

En el marco de esta "transformación radical", la entidad alemana anuncia cambios en la estructura directiva efectivos a partir del 1 de agosto que pretenden dar más flexibilidad, acelerar el proceso de toma de decisiones y fomentar el emprendimiento dentro del banco.

Así, la Junta Directiva incluye a tres nuevos miembros, Christiana Riley --responsable para las Américas--, Bernd Leukert --procedente de SAP, será responsable de digitalización, datos e innovación-- y Stefan Simon --responsable de regulación y normatica--.

Otros cambios incluyen que el consejero delegado, Christian Sewing, se haga cargo de los servicios financieros a empresas, y que el presidente, Karl von Rohr, asuma la banca privada y la gestión de activos. Von Rohr seguirá siendo responsable del banco para Alemania y también de Recursos Humanos.

Además se crea una Comisión de Gestión del Grupo con miembros de la junta y los directores de las divisiones operativas de la entidad para "vincular más directamente a la Junta Directiva con las divisiones" del banco.

"Estamos orgullosos de haber forjado este equipo de grandes dirigentes con experiencia para la profunda transformación en la que nos embarcamos. Estoy convencido de que juntos podemos construir una nueva cultura de emprendimiento e innovación para nuestro banco", ha subrayado Sewing. "Juntos compartimos un solo objetivo: convertir Deutsche Bank en una institución guiada por el deseo de hacer felices y exitosos a nuestros clientes", ha remachado.

El pasado 25 de abril, Deutsche Bank y Commerzbank dieron por terminadas las conversaciones entre ambas entidades con vistas a una eventual fusión de los dos mayores bancos comerciales de Alemania al considerar que la operación no iba en interés de los accionistas ni de otras partes interesadas.

Las acciones de Deutsche Bank cerraron este viernes a un precio de 7,18 euros, el más alto desde principios del pasado mes de mayo tras anotarse una subida del 2,47% ante la expectativa del inminente anuncio de un plan de reestructuración del mayor banco de Alemania, superando los 14.000 millones de capitalización, casi cinco veces menos que el Santander. Los títulos de la entidad germana cerraron hace un mes en un mínimo histórico de 5,96 euros, que implicaba una capitalización de apenas 12.000 millones.

El viernes se había conocido la salida de Deutsche Bank del director de banca de inversión y corporativa de la entidad, Garth Ritchie, efectiva desde el próximo 31 de julio, aunque seguirá supervisando todos los asuntos de Deutsche Bank relacionados con el Brexit hasta finales de noviembre de 2019. Ya el domingo se ha anunciado la salida de Sylvie Matherat y Frank Strauss de la Junta Directiva efectiva a partir del 31 de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, su empresa y tres de sus hijos —Donald Jr., Erik e Ivanka— han demandado a los bancos Deutsche Bank y Capital One para evitar que entreguen los registros financieros que han exigido los comités del Congreso, según ha informado este lunes la cadena de televisión CNN.

Se trata del segundo intento llevado a cabo por el mandatario estadounidense para impedir que la Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, investigue sus finanzas. Los registros fueron solicitados el mes pasado a los bancos por el comité de Inteligencia y el de Servicios Financieros, que investigan los asuntos financieros del presidente, incluidas conexiones con Rusia.

"Las citaciones se emitieron para acosar al presidente Donald Trump para hurgar en todos los aspectos de sus finanzas personales, negocios e información privada del presidente y su familia, además de para buscar cualquier material que pudiera usarse para causar daño político", han afirmado los abogados de Trump. "No existen motivos para establecer un propósito que no sea político", han añadido los abogados en la demanda presentada esta lunes, según CNN. Según la demanda, las solicitudes de los comités del Congreso violan la ley de privacidad bancaria.

Ha muerto el proyecto de un gran campeón financiero alemán. Deutsche Bank y Commerzbank han anunciado este 25 de abril el abandono de sus negociaciones para fusionarse. “Tras un análisis exhaustivo, el consejo del Commerzbank ha llegado hoy a la conclusión de que un acercamiento con el Deutsche Bank no aportaría suficientes beneficios para contrarrestar los riesgos suplementarios, los costes de reestructuración y los aumentos de capital necesarios asociados a una integración a tan gran escala. En consecuencia, los dos bancos han decidido interrumpir sus negociaciones”, ha explicado el Commerzbank en un comunicado.

El anuncio de este fracaso ha sido recibido con alivio tanto por los inversores como por los sindicatos de ambos bancos. Porque hay que decir que este proyecto, deseado y apoyado a duras penas por el ministro alemán de Finanzas, Olaf Scholz, suscitaba poco entusiasmo e incluso mucha aprensión.

Desde el anuncio de la posibilidad de acercamiento, los sindicatos de los dos bancos –que se sientan en sus consejos de administración– se habían opuesto a este proyecto demasiado destructor de empleos. Según sus estimaciones, más de 30.000 empleos estaban en riesgo si se llevaba a cabo la fusión. Los grandes accionarios de ambos bancos, en especial los fondos cataríes que vinieron a socorrer al Deutsche Bank en el momento de su crisis de 2008, cuestionaban también la pertinencia de ese arriesgado acercamiento.

Sus temores eran transmitidos por los responsables políticos alemanes. “Dos pavos enfermos jamás han hecho un águila”, ironizaba Olav Gutting, diputado de la CDU, muy crítico con el proyecto. Además del temor a un coste social elevado, los parlamentarios se preocupaban por el riesgo que este proyecto de megabanco podría entrañar para las finanzas públicas. La retórica del ministro alemán, tomando acentos gaullistas que nunca se han dado en Alemania, sobre la necesidad de crear un campeón bancario nacional para acompañar a la potencia económica alemana, nunca han conseguido cambiar la hostilidad de los responsables políticos, de todas las tendencias, hacia este faraónico proyecto.

Pero la oposición más eficaz, aunque discreta, a este acercamiento ha sido sin duda la de los reguladores bancarios europeos y americanos. Desde hace años, Deutsche Bank es para ellos un tema al que tienen aprensión. Con más de 1,5 billones de dólares en activos (equivalente al 46% del PIB alemán) y un papel central en todo el sistema bancario internacional, el Deutsche Bank es considerado desde hace años por los reguladores como el banco más sistémico del mundo, pero también uno de los más enfermos.

A pesar de los numerosos planes estratégicos implantados desde hace diez años, no ha borrado sus infamias del pasado: su cartera de derivados que, aunque ha disminuido mucho desde la crisis de 2008, se estima todavía en más de 40 billones de dólares (valor aproximado, es decir, que se toma en cuenta el valor de los activos subyacentes, aunque el riesgo real es bastante menor, del orden del 1 al 2%). Y casi cada mes hay nuevos escándalos que vienen a recordarle su pasado. El último, el blanqueo de dinero negro con el acuerdo del Danske Bank, que ha provocado una serie de registros en su sede.

Ver a este banco, que nunca ha saneado sus resultados, aproximarse al Commerzbank, también frágil (nacionalizado en 2008, todavía no se ha repuesto de la crisis y el Estado no ha conseguido devolver el 15% que conserva como privado), no ha tranquilizado a dichos reguladores. Para ellos tampoco dos pavos enfermos hacen un águila. Aceptar esa fusión que habría terminado por crear un conjunto bancario aún más grande, más arriesgado y más frágil, supondría correr un riesgo importante para el conjunto del sistema financiero internacional y cuestionar su credibilidad.

Poco después del anuncio del proyecto, el BCE y el Consejo de la Junta Única de Resolución (que supervisa la unión bancaria) hacían saber que los dos bancos debían garantizar que la entidad surgida del acercamiento sería capaz de encontrar una solución en caso de crisis con el fin de evitar que los contribuyentes tengan que pagar por su rescate. “Si un banco se hace demasiado grande, complejo o interconectado (...) debe disponer de fondos propios complementarios”, declaraba en marzo Andrea Enria, presidente del consejo de vigilancia del BCE ante el Parlamento europeo. Los reguladores estimaban que, antes de cualquier acercamiento, el Deutsche Bank debía recaudar al menos 10.000 millones de euros de capitales complementarios para consolidar sus fondos propios.

Por su parte, las autoridades de regulación americanas hacían saber que el Deutsche Bank debería en el futuro, como sus homólogos europeos instalados en los EEUU, conformarse a las reglas allí en vigor y reforzar sus fondos propios y su liquidez para afrontar una nueva crisis, lo que va a imponer aún nuevos aumentos de capital. ¿Cuánto? Misterio.

Porque los Estados Unidos son la caja negra del Deutsche Bank. El gigante alemán ha llevado a cabo una política de conquista agresiva a partir de sus filiales americanas pasando por debajo de todos los radares de control de los reguladores americanos y europeos, y ha preparado todos sus golpes y comprometido miles de millones de euros y de dólares en todas las especulaciones financieras. Las actividades americanas del Deutsche Bank dan tanto miedo que han disuadido a todo competidor de llevar a cabo un ataque hostil contra el gigante alemán, incluso estando enfermo. Han metido miedo incluso a la dirección del Commerzbank.

Para tratar de salvar la fusión, la dirección del Deutsche Bank y el Gobierno alemán han propuesto estos últimos días excluir las actividades americanas del perímetro de fusión. Ha sido incluso evocada la idea de transformarles en bad bank y de obligarles a financiarse con fondos públicos alemanes. El Gobierno alemán parece haber reculado ante la amplitud de los compromisos tomados.

Para el ministro alemán de Finanzas, este fracaso constituye un severo revés político. Al aprobar el fin de la fusión, a pesar de todo ha apoyado la idea de la necesidad “de contar con instituciones de crédito competitivas para apoyar los éxitos industriales mundiales alemanes”, una declaración recibida con un escepticismo general. “Una fusión nos habría creado problemas aún más grandes (…). Pero con el fin de las conversaciones sobre la fusión, los problemas el sector bancario no han sido resueltas. Continúan existiendo y deben ser tratados”, declara la diputada del SPD Ingrid Arndt-Brauer.

De hecho, el Gobierno alemán no ha terminado con el tema de los bancos. El caso del Commerzbank, según los observadores, es el más fácil de resolver. Incluso si el banco se topa con una fuerte competencia en Alemania y se encuentra con dificultades de desarrollo, su balance está saneado. Circulan nombres de eventuales compradores como el del italiano Unicredit o el holandés ING. Pero, para que un acercamiento pueda llegar a buen puerto, habrá sin duda que levantar previamente el obstáculo de la restricción de las garantías bancarias limitadas por país en la zona euro. Una exigencia que había impuesto el Gobierno alemán cuando trataban sobre la unión bancaria con el fin de evitar que “los contribuyentes alemanes paguen por los demás”.

Queda el caso del Deutsche Bank. Desde la crisis de 2008, el gigante bancario es un problema mayor para el Gobierno alemán. Moldeado por los principios liberales, el Gobierno ha dejado al banco llevar la gestión sólo, aunque Wolfgang Schäuble, entonces ministro de finanzas, se mostrara en varias ocasiones impaciente por los pocos resultados obtenidos.

A lo largo de sus diez últimas semanas, el banco ha cambiado tres veces de dirección y ha anunciado múltiples transformaciones sin que por ello haya llegado a limpiar sus actividades, sus resultados y recuperarse. Tras tres años de pérdidas, el Deutsche Bank ha anunciado un resultado de 267 millones de euros para una cifra de negocios de 39.600 millones. Su cotización en bolsa ha disminuido un 90% en un año para caer hasta 7,59 euros.

Esta caída ininterrumpida del Deutsche Bank es una preocupación constante para el Gobierno alemán. Si el ministro de finanzas Olaf Scholz se ha subido bruscamente al caballo “del campeón nacional bancario”, puede que sea menos por convicción que por necesidad. En enero, cuando empezó a lanzar la idea de un acercamiento al Commerzbank, acudió 23 veces a la sede del Deutsche Bank en el mismo mes para hablar de la estrategia del banco. Pero hay un problema: mientras que la cotización del banco se hunde, la de sus seguros de crédito (CDS o Credit Default Swap) despega. La desconfianza es total en el mundo bancario. El banco tiene las mayores dificultades para financiarse y lo hace a costes prohibitivos.

Entonces, para evitar una asfixia financiera y un riesgo de hundimiento, el Gobierno alemán intenta esta operación de última oportunidad proponiendo una fusión con el Commerzbank. Porque todos los demás candidatos se desentendieron por las mismas razones que las avanzadas por la dirección del Commerzbank: todos están atemorizados por los riesgos de tal operación. Las llamadas que presionan para realizar “una gran boda europea” no faltaron en su momento: hubo las de banqueros centrales –como el gobernador del Banco de Francia Villeroy de Galhau– y financieros, en particular Alex Weber (hoy presidente del UBS y que fue presidente del Deutsche Bank enre 2004 y 2011, periodo considerado como en el que el banco cometió los más graves errores de los que no llega a librarse). Incluso el ministro francés de finanzas, Bruno Le Maire, animaba a una fusión entre el BNP Paribas y el Deutsche Bank en nombre de la gran Europa, olvidando que ponía doblemente en riesgo a todos los contribuyentes franceses.

Tras el fracaso del acercamiento con el Commerzbank, la idea de un acercamiento entre el Deutsche Bank con otro establecimiento está enterrada en esta fase. El Gobierno alemán no puede ya apostar por el simple paso del tiempo, esperando que todo termine por resolverse. Diez años después de la crisis, los problemas del Deutsche Bank siguen siendo igualmente graves. Va a haber que ponerse a limpiar los resultados del gigante bancario, abrir los armarios donde tal vez se esconda algún cadáver y llevar al banco a un tamaño más gestionable.

Habida cuenta de la amplitud de las interconexiones del banco con todo el sistema financiero internacional, se puede entender que a los dirigentes bancarios, los responsables políticos y los reguladores les tiemble la mano. El menor error puede cifrarse en miles de millones e incluso provocar catástrofes.

Para el Gobierno alemán esto podría convertirse en una prueba política. Como cuando el escándalo del diésel, la población puede que descubra el reverso del decorado de los éxitos pasados. Y a pesar de todas las promesas hechas en el pasado, los contribuyentes alemanes podrían ser llamados a pagar para rescatar sus bancos. Con el Deutsche Bank está cayendo una nueva piedra del modelo alemán.

  Traducción de Miguel López.

Aquí tienes el texto original en francés.  

La potencial fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank, los dos mayores bancos de Alemania, amenaza con destruir hasta 30.000 puestos de trabajo, prácticamente uno de cada cinco trabajadores de los 140.700 empleados que ambas entidades sumaban al cierre de 2018, según las estimaciones iniciales del sindicato Ver.di y organizaciones como el Centro Financiero de Baviera. "Desgraciadamente tendríamos que asumir que en tal escenario habría un amenaza inmediata para 10.000 empleos y en el largo plazo hasta 30.000, especialmente en Alemania", indicó el responsable del área de banca del sindicato germano Ver.di, Jan Duscheck, en declaraciones a la cadena alemana 'n-tv', recogidas por Europa Press. "Desde nuestro punto de vista, una fusión así no serviría para crear un modelo de negocio que fuera sostenible en el largo plazo", añadió el representante sindical, quien ocupa un asiento en el Consejo de Supervisión del Deutsche Bank.

En este sentido, el director del Centro Financiero de Baviera, Wolfgang Gerke, considera que la fusión entre Deutsche Bank y Commerzbank "no tiene ningún sentido", señalando que ambas entidades aún están abordando problemas heredados, como la integración de Postbank. "Si de pronto tienes que despedir a 30.000 empleados eso genera escándalo", ha apuntado Gerke a la 'n-tv', advirtiendo de que esto no sería muy bien recibido por los clientes y sugiriendo que las entidades apuesten por otras estrategias, incluyendo la racionalización de sus servicios informáticos y colaborar con las cajas de ahorros.

Por su parte, el vicepresidente de la asociación DSW, enfocada a la protección de los inversores particulares, Klaus Nieding, teme un impacto negativo incluso mayor en el empleo. "Me temo que estaríamos hablando de recortes de empleo de potencialmente cinco cifras, entre 30.000 y puede que 50.000 puestos de trabajo", apunta en declaraciones al diario Süddeutsche Zeitung. Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, confirmó este domingo que la entidad ha iniciado las conversaciones y negociaciones para fusionarse con su mayor competidor en el país, el banco Commerzbank, en el que el Gobierno alemán mantiene una participación ligeramente superior al 15%.

En busca de más rentabilidad

En concreto, la entidad ha informado de que está "revisando sus opciones estratégicas" de consolidación en el sector bancario alemán y europeo, para lo cual se centrarán en mejorar el "perfil de crecimiento" y en la "rentabilidad". No obstante, Deutsche Bank alertó de que solo ha iniciado las negociaciones por el momento, por lo que "no existe la certeza de que vaya a ocurrir alguna transacción". "Tenemos que valorar las oportunidades a medida que emergen", indicó el consejero delegado de Deutsche Bank, Christian Sewing, a los empleados del banco. "La consolidación en el sector bancario alemán y europeo es importante para nosotros, por lo que tenemos que valorar cómo queremos tomar parte en darle forma", añadió.

La posible fusión entre ambas entidades financieras ha estado sobrevolando el sector durante los últimos meses, aunque hasta la fecha ambos bancos habían negado cualquier acercamiento, aludiendo a que se trataba tan solo de rumores. La semana pasada, cuando volvieron a coger fuerza las especulaciones de la fusión de ambos bancos, los sindicatos con representación en las dos compañías criticaron la posible transacción que, en su opinión, se saldaría con despedidos de forma irremediable.

El pasado mes de febrero, el fondo Cerberus, propietario de un 3% de Deutsche Bank y de un 5% de Commerzbank, respaldó la fusión entre ambas entidades, pese a que hace unos meses se oponía a ella. Entre las razones que respaldaron este cambio de opinión de Cerberus estaban la evolución de la cotización de las acciones de ambos bancos, así como la perspectiva de que la fusión permitiría abordar en mejores condiciones los rápidos cambios tecnológicos en el sector bancario.

Las autoridades alemanas han registrado esta mañana varias instalaciones de Deutsche Bank, incluida la sede de la entidad, en el marco de una investigación por la presunta colaboración en el lavado de dinero prestada por empleados del banco germano y que salió a la luz a raíz de los conocidos como Offshore Leaks y Papeles de Panamá.

Desde primeras horas de la mañana de este jueves, unos 170 agentes de la Policía Federal y de la Fiscalía de Fráncfort han llevado a cabo registros en seis edificios propiedad de Deutsche Bank en las localidades alemanas de Fráncfort, Eschborn y Gross-Umstadt.

Por su parte, una portavoz de Deutsche Bank confirmó a Europa Press que la Policía está desarrollando "una investigación en una serie de oficinas de la entidad en Alemania", añadiendo que estas pesquisas "se relacionan con los Papeles de Panamá"Papeles de Panamá.

"Daremos más información a su debido tiempo. Estamos colaborando totalmente con las autoridades", subrayó.

Según explicó la Fiscalía de Fráncfort, las investigaciones se centran en dos empleados del banco, de 50 y 46 años de edad, así como en otros trabajadores "no identificados previamente" bajo la acusación de lavado de dinero.

"Tras evaluar los datos disponibles en la Oficina Federal de la Policía Criminal de los llamados Offshore Leaks y Papeles de Panamá, surgió la sospecha de que Deutsche Bank ayudó a sus clientes a fundar empresas offshore en paraísos fiscalesoffshore", indicaron las autoridades, señalando que, de este modo, solo en 2016, unos 900 clientes con un volumen de negocios de 311 millones fueron atendidos por una empresa del grupo con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

En este sentido, la acusación señala que no se cumplió el deber de informar de las suspensiones que afectan a las empresas offshore involucradas en la evasión fiscal y sus beneficiarios antes de la publicación de los Papeles de Panamá en abril de 2016, a pesar de que desde el principio de sus respectivas relaciones de negocio existían evidencias suficientes para ello.

Las acciones de Deutsche Bank llegaban a caer este jueves un 4,88% en la Bolsa de Fráncfort, aunque a media sesión recuperaban parte del terreno perdido y cotizaban con un descenso del 3,10%, en 8,33 euros por título.

A la vuelta del verano, el francés BNP Paribas anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su división de grandes patrimonios, que afectará a 44 personas. Unas semanas después Unicaja comunicaba el suyo, por el que prevé deshacerse de 1.028 trabajadores, el 15% de su plantilla, en los próximos tres años. También WiZink, el banco especializado en tarjetas de créditos que ha pasado de las manos del Popular a las del Santander y de éstas a las del fondo de inversión estadounidense Värde PartnersVärde Partners, quiere despedir a 209 empleados, el 20% de los que posee. Para marzo de 2019, además, Banco Santander prevé comenzar la negociación de su propio despido colectivo, que puede afectar a unos 3.000 trabajadores.

Estos recortes se producen cuando aún no han terminado los negociados en Liberbank, que en 2017 comenzó a dar de baja a 525 de sus 4.000 empleados, y en Bankia y BMN tras la fusión de ambos, que afectará a un total de 2.000 personas. Las 500 bajas pactadas en Ibercaja concluyeron en julio y a primeros de año se consumaron los 239 despidos en Evo Banco239 despidos en Evo Banco, que el pasado septiembre fue vendido por el fondo Apollo a Bankinter. A lo largo de este año Banco Santander se ha deshecho de un millar de trabajadores en virtud del acuerdo que firmó con los sindicatos en diciembre de 2017 tras integrar sus servicios centrales con los del Popular.

Pese a la recuperación y al rescate, los recortes de plantilla y el cierre de oficinas en la banca no se detienen. Desde 2007 los bancos se han desprendido de 25.051 trabajadores, un 22,5% de sus plantillas, y las cajas aún más, 59.589, el 45%. Los bancos también han cerrado 4.559 sucursales, el 29,6% de las que tenían antes de la crisis, mientras que las cajas han prescindido de la mitad de red, 12.391 oficinas. En 2007 la Asociación Española de Banca (AEB), la patronal bancaria, tenía 100 miembros; en 2017 eran 78. Por lo que se refiere a las cajas de ahorro, agrupadas en la CECA, han pasado de 46 a 13 en esos 10 años.

La reconversión del sector financiero ha sido brutal, por tanto. Y cuando parecía haber amainado vuelve otra vez a agitarse el fantasma de los grandes planes de recorte. Ya lo dejó claro el presidente de la AEB, José María Roldán, cuando dijo que la reducción de las plantillas y el cierre de oficinas es “la única palanca que puede usar y controlar una entidad para aumentar su eficiencia”. Mientras no suban los tipos de interés, la rentabilidad de los bancos seguirá por debajo de los niveles precrisis y, mientras continúen “las presiones sobre la rentabilidad”, la medicina serán los recortes de personal y sucursales, subrayó. “El proceso de racionalización de redes”, tal y como lo denominó, “será continuo”. Tanto Unicaja –201,9 millones de euros– y WiZink –151 millones– como BNP Paribas –1,89 millones– y Santander –6.618 millones– tuvieron beneficios en 2017. La rentabilidad sobre recursos propios (ROE) de la banca española era el pasado marzo de 9,66%, superior a la media europea, del 6,77%, pero aún muy por debajo del 21,4% que alcanzó en 2007.

No habrá suficientes prejubilaciones

“Los ajustes no sólo no han terminado sino que van a seguir por la lógica de las patronales de la banca y las cajas”, admite Agustín Nieto, responsable del sector financiero en UGT, “si no es el tamaño de la entidad, es la falta de capital suficiente lo que argumentan para recortar puestos de trabajo; la reforma laboral se lo permite aunque no tengan pérdidas”.

Es lo que ocurre con Unicaja, por ejemplo, que aún no ha concretado las cifras del ERE, “únicamente que necesita movilidad geográfica y quiere traslados a más de los 25 kilómetros de distancia que permite el convenio, y sin compensación económica”, se queja Nieto.

WiZink “no tiene argumento económico [consigue beneficios] ni organizativo después de que culminara la integración [de Citibank y Barclays] hace dos años”, protesta Teo Ortiz, responsable de banca de CGT. Además, el banco digital lleva tiempo externalizando parte de sus actividades. “Sólo en subcontratas hay unos 300 trabajadores”, precisa Ortiz. La plantilla de WiZink la componen 500 personas, más un centenar que opera en Portugal. El representante de CGT advierte de que el ERE recién anunciado será “agresivo”, debido a que son muy pocos los trabajadores con edad suficiente para prejubilarse y temen un alto número de despidos.

En BNP Paribas, por el contrario, las negociaciones están siendo más templadas. La mitad de los 44 trabajadores sobrantes serán prejubilados, explica Teo Ortiz. Pero el que prepara el Santander para el próximo año puede no ser tan amable. Ortiz recuerda que en 2017 el Popular ya se deshizo de 2.592 trabajadores antes de ser adquirido por Banco Santander. Lo que unido al millar –760 procedían del Popular– que salió este año, reduce el número de quienes podrían acogerse a prejubilaciones en 2019. “No dan tiempo a que la plantilla envejezca”, apunta el dirigente de CGT.

Exceso de carga de trabajo y millones de horas extras

La jibarización de las plantillas se está produciendo, además, cuando más arrecian las quejas de los empleados por el exceso de carga de trabajo y las horas extraordinarias no retribuidashoras extraordinarias no retribuidas que se ven obligados a hacer. Según cálculos de UGT, los trabajadores de la banca realizan 14,5 millones de horas extra sin remunerar al año. Mientras, algunas entidades anuncian la apertura de las oficinas por las tardes. Por ejemplo, el Banco Santander empezó el pasado septiembre a abrir por las tardes 500 oficinas Smart Red, pero sólo atienden a los clientes con cita previa. También están probando el horario vespertino Cajamar y Banco Sabadell. Caixabank, Deutsche Bank y Bankia llevan tiempo abriendo después de la hora de comer. Y BBVA negocia con los sindicatos que parte de sus gestores atiendan por teléfono a los clientes durante la tarde. UGT, precisa Agustín Nieto, no firmó los acuerdos que permitieron la apertura por las tardes en Caixabank y Santander.

“Es un contrasentido”, critica el dirigente ugetista, “que después de perder 84.000 empleados durante la crisis, el sector financiero siga destruyendo puestos de trabajo al tiempo que sus trabajadores hacen millones de horas extraordinarias no pagadas”. La batalla de los sindicatos contra la prolongación ilegal de las jornadas de trabajo quedó en suspenso después de que el Tribunal Supremo dictaminara que no es obligatorio el registro de la jornada ordinaria, sólo de las horas extras. En la Comisión de Empleo del Congreso se encuentra “paralizada en el proceso de enmiendas”, recuerda el responsable de UGT, la proposición de ley que presentó en 2017 el PSOE para hacer obligatorio el registro horario de los trabajadores. Mientras, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictaminar sobre la cuestión prejudicial que le ha planteado la Audiencia Nacional sobre la misma cuestión, iniciada por una demanda de conflicto colectivo contra Deutsche Bank interpuesta por UGT y CCOO.

El año próximo se vislumbra conflictivo para el sector bancario. Hay elecciones sindicales en febrero. También toca renovar el convenio colectivo. Ni UGT ni CGT se atreven a aventurar cuál será la repercusión de la sentencia del Supremo que obliga a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos de las hipotecas, en caso de que se confirme en la reunión que el alto tribunal celebrará el próximo 5 de noviembre. Pero temen que, además de convertirse en comisiones más altas para los clientes, traiga consigo, como mínimo, rebajas salariales para las plantillas.

Los bancos adscritos a la Asociación Española de Banca (AEB) registraron un beneficio atribuido de 10.168 millones de euros en los nueve primeros meses de 2017, lo que supone un 12,4% más que en las mismas fechas del año anterior, ha informado Europa Press.

Estas entidades incrementaron su margen de intereses en un 5,1% al alcanzar los 44.065 millones de euros, con una reducción del 6,5% de los costes financieros, de acuerdo con los datos de la patronal bancaria.

El margen bruto del conjunto de estos bancos creció a un ritmo del 4% anual, en los 63.889 millones de euros, mientras que los gastos de explotación crecieron menos de un 1% anual.

El resultado de la actividad de explotación de las entidades de la AEB se situó, tras dotaciones y provisiones, en unos 18.265 millones de euros, lo que implica un 12% más.

Crecen los depósitos a clientes

Los depósitos a la clientela se situaron en 1,4 billones de euros, lo que implica un crecimiento del 2,7% anual, mientras que los créditos fueron de 1,5 billones de euros, con una reducción del 1%.

Así, la ratio de préstamos sobre depósitos se sitúa en el 108%, cuatro puntos porcentuales menos que hace un año, continuando con la tendencia descendente de los últimos ejercicios.

El conjunto de estos bancos situó su morosidad en el 4,7%, frente al 5,8% de las mismas fechas de un año antes, si bien la patronal aclara que está calculada con un perímetro distinto, dado que la del año anterior estaba calculada teniendo en cuenta al Popular.

La ratio de solvencia de estos bancos, por su parte, se situó en el 12,2% medida según los requerimientos de Basilea y en el 11% en términos de CET1 fully loaded.

Los inversores presentaron en 2016 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un total de 1.205 reclamaciones, de las que casi el 90% tenían por objeto los bancos: por sus manos pasa el grueso de los ahorros de los españoles. Y en el 51,3% de los casos el organismo regulador dio la razón a los clientes.

Según la última memoria elaborada por la CNMV, se tramitaron 743 denuncias, la mitad que en 2015 y el 16% de las que debieron estudiarse en 2014 –4.520–. La cifra se encuentra a años luz de las 10.900 recibidas –y 5.724 tramitadas– en 2012, cuando estalló el escándalo de las preferentes.

La mayoría de las reclamaciones se refieren a irregularidades en la información que los bancos facilitan a los clientes sobre los productos financieros que intentan venderles –el 26%– y en la evaluación por parte de la entidad de la idoneidad de los inversores para adquirir esos productos. También el cobro de comisiones acumuló un 11,3% de las quejas. Por lo que respecta al tipo de producto financiero, el 34% de las denuncias tenía por objeto “instituciones de inversión colectiva”; es decir, fondos y sociedades de inversión.

El informe analiza también las reclamaciones que los inversores presentan en los servicios de atención al cliente y defensores del cliente de los bancos. Son muchas más: 14.173 referidas sólo al mercado de valores, que son sobre las que tiene competencia la CNMV. De ellas, las entidades admitieron 9,299, pero los servicios de atención al cliente resolvieron a favor del inversor sólo el 27,8% y los defensores del cliente menos aún, el 23,7%. Es decir, la CNMV da más la razón a los consumidores –el doble, en realidad– que los servicios de atención de los bancos.

En cualquier caso, la memoria destaca que sólo un mínimo número de las quejas presentadas en los servicios de atención al cliente de los bancos se reiteran después ante la CNMV. Apenas 560 de las 14.173 registradas en 2016, sólo un 4%.

Además, el organismo que preside Sebastián Abella trasladó el 3,2% de las reclamaciones al Banco de EspañaBanco de España y un 1,2% a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía.

El 100% en contra: Catalunya Banc

Las entidades que mayor número de reclamaciones recibieron el año pasado son también las que mayor volumen de clientes tienen. Del Banco Santander la CNMV resolvió 133 quejas; del BBVA 106, del Banco Popular, 75; de Bankia, 75, y de Caixabank, 59. Pero, porcentualmente, el ránking cambia. En los casos de Catalunya Banc, Banco Popular-e y Deutsche Bank, la CNMV resolvió en su contra entre el 70% y el 100% de las quejas que atendió. Las ocho reclamaciones tramitadas sobre Catalunya Banc, antes de ser adquirido por el BBVA, terminaron en informes a favor de los clientes. Lo mismo ocurrió con 13 de las 14 denuncias contra el BancoPopular-e y con cinco de las siete cursadas contra Deutsche Bank. Contra Caixabank se pronunció en el 62,3% de los casos, y contra el Santander, en el 56,7%.

Por el contrario, las 10 reclamaciones tramitadas contra Abanca fueron resueltas a favor de la entidad gallega, y de las 13 estudiadas contra el holandés ING, sólo resultaron desfavorables cuatro.

La memoria resalta el aumento del número de ocasiones en que el banco acepta la pretensión del cliente o llega a un acuerdo con él. Así, la entidad más diligente en este aspecto fue Bankia, tras dar la razón a sus clientes en 15 ocasiones y cerrar un acuerdo con otros nueve de ellos. Banco de Sabadell cerró del mismo modo un total de 19 casos, BBVA lo hizo en otros 12 y el Santander en 11 más. Por el contrario, ING, Self Trade Bank, Bancopopular-e y Catalunya Banc no llegaron a ningún acuerdo con sus clientes en todo el año.

Los informes motivados que elabora la CNMV con cada reclamación admitida no tienen carácter vinculante. Sin embargo, cuando el dictamen da la razón al inversor, el organismo requiere al banco para que en el plazo de un mes conteste si acepta el informe y si va a rectificar o no. En el 45,8% de los casos, las entidades aceptaron la resolución de la CNMV, un considerable aumento respecto al escaso 7,3% de 2014, destaca la memoria.

Aun así, el organismo revela que en cuatro expedientes –dos del Banco Santander, uno de Bankinter y otro de ING—las entidades no le remitieron las alegaciones que les había pedido, lo que tacha de “mala práctica”.

Servicios de atención al cliente

Los servicios de atención al cliente de Bankia fueron los que mayor número de quejas recibieron el año pasado. Un total de 4.209, casi el doble de las 2.644 recibidas por el Santander y de las 2.053 presentadas al BBVA, pese a que el número de clientes de estos dos grandes bancos es mucho mayor. Al Defensor del Cliente acuden muchos menos inversores: sólo 248 al de Caixabank, el que más trabajo tuvo el año pasado, y 144 el de BBVA. No obstante, las quejas presentadas contra la entidad catalana representan el 42% de las reclamaciones recibidas por todos los defensores del cliente en 2016.

También fue Bankia la entidad que más denuncias desatendió, 1.170, seguida del Santander –248– y del BBVA –231–. Pero porcentualmente Liberbank es el banco que más quejas rechazó, un 30,7%, junto con el Banco Castilla-la Mancha—30,4%–, integrado en Liberbank, y del Banco Popular –29,9%–.

La memoria también clasifica los servicios de atención al cliente por su capacidad de resolución. Los que más reclamaciones dirimieron son los del Banco Santander, el BBVA y Bankia. Pero las entidades que más dictaminaron a favor de sus clientes fueron otras de mucho menor tamaño: Evo Banco les dio la razón en el 78,3% de los casos, BNP Paribas en el 66,7% y Uno-e Bank –integrado en el BBVA– en el 61,5%. En el otro extremo de la clasificación destaca Bankia, que sólo resolvió a favor del cliente en el 21,4% de las quejas; Banco Santander, en el 20%, y Banco Popular, en el 18,7%.

Los defensores del cliente más favorables a los inversores fueron el de Deutsche Bank –47,4%– y el del Banco Sabadell –44,4%–. Por el contrario, el menos inclinado a dar la razón al consumidor fue el de Caixabank –en sólo un 6,3% de los casos–, curiosamente el que mayor número de quejas recibe en toda España.

Numerosas consultas, no demasiada información

Además de reclamaciones, la CNMV recibe consultas de los inversores, un total de 8.028 en 2016. La mayor parte de ellas se referían a la devolución a los accionistas minoritarios de Bankia del dinero invertido en la salida a Bolsa de la entidad, que investiga la Audiencia Nacional. De ese reintegro quedaron excluidos los inversores que compraron acciones en el mercado secundario, después de la salida a Bolsa de la entidad.

Pese al interés suscitado por la cuestión, la respuesta del organismo regulador fue en todos los casos que carece de competencias para pronunciarse sobre el acuerdo ofrecido por Bankia a sus clientes o sobre las compensaciones económicas recibidas por éstos.

Parecida contestación recibieron los inversores que preguntaron a la CNMV sobre las sociedades de inversión chipriotas inscritas en los registros oficiales del organismo pero sin sede permanente en España: para resolver sus reclamaciones deben acudir a la institución competente de Chipre.

Finalmente, la CNMV reconoce que son “numerosos” los escritos donde se le solicita información sobre los procedimientos sancionadores que tramita. Una información que el regulador deniega siempre por su carácter reservado y confidencial.

Abanca reparte este martes entre sus accionistas un dividendo de casi 50 millones de euros, a cuenta de los beneficios obtenidos este año. Es la tercera vez en lo que va de ejercicio que el banco presidido por Juan Carlos Escotet distribuye dividendos. En total, ha pagado a sus accionistas 426 millones de euros en 2017.

Abanca es la sucesora de Novagalicia Banco, que fue adquirido en 2013 por el financiero venezolano tras pagar al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 1.003 millones de euros. Para entonces el Estado había inyectado en la entidad, fruto de la fusión de las cajas de ahorro gallegas, 10.118 millones de euros a fin de evitar su quiebra. De esa cantidad, el Banco de España da por perdidos 8.648 millones en su último informe sobre el rescate financiero.

De los 426 millones de euros de dividendo distribuidos este año, la mayor parte, 315,4 millones, corresponden al reparto efectuado el pasado mes de junio. Eran a cuenta de los beneficios obtenidos en 2016, que alcanzaron los 334 millones. Sólo dos meses antes, en abril, ya había pagado otros 61,18 millones de euros, en este caso por las ganancias del primer trimestre del año. Ahora abona 49,39 millones más, a cuenta de los beneficios del ejercicio en curso.

En 2016 también repartió beneficios entre sus accionistas, 315,5 millones, a cuenta de los resultados del año anterior. Es decir, en los dos últimos años ha distribuido 741,5 millones de euros en beneficios. Como Juan Carlos Escotet, a través de Abanca Holding, posee el 86,79% de las acciones de Abanca Corporación Bancaria. El financiero venezolano se ha desembolsado 643,5 millones del total de dividendos repartidos desde 2016.

En 2015 no hubo pago de dividendos, pese a que el ejercicio anterior Abanca ganó 1.157 millones de euros, gracias a que se apuntó 556 millones en créditos fiscales. Entonces, cuando no había transcurrido más que un año desde la privatización, la entidad planeó repartir 150 millones en dividendos, pero finalmente la junta general de accionistas prefirió destinar la cantidad a aumentar la solvencia del banco.

Escotet ya ha abonado al Estado los 1.003 millones de euros que se comprometió a pagarle por las cajas gallegas fusionadas. Lo ha hecho en tres plazos: 313 millones en 2014, 300 millones en 2016 y 300 millones más el pasado mes de febrero. Terminó de pagarlos con un año de antelación sobre el plazo previsto. Para ello ha empleado una parte de los beneficios obtenidos desde 2014: 2.097,4 millones de euros.

Además de las cantidades aportadas por el Estado, Novagalicia recibió otros 917 millones del Fondo de Garantía de Depósitos, que se nutre de las aportaciones del resto de las entidades financieras españolas. De esa cifra, el Banco de España da por irrecuperables 627 millones.

Abanca sale de compras

El beneficio acumulado hasta septiembre por Abanca, 276,4 millones de euros, es un 3,7% superior al obtenido en el mismo periodo del año anterior. La entidad atribuye la mejora de sus resultados a que ha “intensificado” la actividad comercial “en todos los frentes” y a la buena marcha del margen comercial. Según explica, el crédito a clientes creció un 8,9% al cierre del tercer trimestre respecto a 2016, mientras que el volumen de depósitos aumentó un 4% interanual. La captación de nóminas ha mejorado un 5,5%, las primas de la nueva producción de seguros generales un 19,6% y los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro un 31,5%. Además, Abanca se ha deshecho de 1.600 millones de euros de fallidos y dudosos en los dos últimos años.

También presume la entidad de estar “situada entre las entidades mejor capitalizadas del sector”, con una ratio de capital CET1 del 14,1%. Ese porcentaje, dice, le permite mantener “una holgura de capital” de 1.755 millones de euros sobre los requisitos del Banco Central Europeo (BCE).

El pasado mes de mayo, el banco de Escotet ha comprado Popular Servicios Financieros. Es la quinta financiera de consumo dependiente de un banco del mercado. Al cierre de 2016 poseía una cartera de créditos de 200 millones de euros y de medio millón de clientes en España y Portugal. Abanca incluso pujó por el negocio de Deutsche Bank en España. Presentó una oferta mayor que BBVA por hacerse con la red del banco alemán, que pretendía obtener unos 1.000 millones de euros con la operación. Sin embargo, la de Abanca, pese a ser la más elevada, no superaba los 500 millones y Deutsche Bank terminó por desistir, hace sólo unas semanas, de vender su negocio español. En España, el banco alemán cuenta con unos 2.500 empleados y 650.000 clientes.

El Tribunal Supremo ha ordenado la devolución de 24.000 euros a un anciano que tiene ahora 90 años y que hace diez, siendo jubilado del sector de perfumería, invirtió aconsejado por el Deutsche Bank en participaciones preferentes del banco islandés O.B. Kaupthing Bank.

La entidad alemana fue liquidando los rendimientos pactados hasta el tercer trimestre de 2008, por un total de 2.015 euros. No obstante, el nominal que en julio de 2007 era de 24.000 euros había disminuido a noviembre de 2008 a 34,40 euros, ya que un mes antes el banco islandés fue declarado insolvente e intervenido por las autoridades bancarias de aquel país.

El jubilado demandó al Deutsche Bank y, aunque el Juzgado de Primera Instancia número 5 de San Sebastián le dió la razón, la Audiencia Provincial estimó después que en la orden de compra se contenían las características del producto y que el cliente ya había adquirido con anterioridad participaciones preferentes, por lo que conocía su funcionamiento y riesgos. Por esta razón estimó el recurso del banco y evitó la restitución del dinero al anciano.

Orden de compra con casillas en blanco

Ahora, el Tribunal Supremo aplica a este caso la jurisprudencia existente en otras resoluciones similares sobre preferentes de bancos islandeses y destaca que no consta que se informara al cliente sobre la naturaleza, características y riesgos del producto. Informa Europa Press.

Tampoco ve demostrado que la orden de compra diera cumplimiento a la normativa existente sobre la venta de estos productos financieros ya que en ella las preferentes se identifican como "acciones" y la casilla de plazo de validez está en blanco, por lo que no figura si el mismo era perpetuo o sometido a una duración determinada.

En su sentencia, la Audiencia de Guipúzcoa tampoco afirma que se hiciera un estudio previo del perfil inversor del cliente o que se considerase si la inversión en participaciones preferentes era adecuada a dicho perfil.

El Supremo recuerda que el deber de información compete a la entidad financiera y es "un deber activo, no de mera disponibilidad", sin que conste que en su momento se ofreciera al cliente información suficiente y adecuada. Por todo ello el alto tribunal estima el recurso del anciano y ordena la devolución del depósito, haciendo expresa imposición de las costas del recurso de apelación al Deutsche Bank.

Deutsche Bank, el mayor banco de Alemania, ha llegado a un principio de acuerdo con el Departamento de Justicia de EEUU (DoJ) para zanjar mediante el pago de 7.200 millones de dólares (6.896 millones de euros) las reclamaciones civiles en relación con la emisión y la suscripción de valores respaldados por hipotecas, así como con las actividades de titulización desarrolladas entre 2005 y 2007, informa Europa Press.

Deutsche Bank se ha comprometido al pago de una multa civil por importe de 3.100 millones de dólares (2.969 millones de euros), así como a dotar otros 4.100 millones de dólares (3.927 millones de euros) en concepto de medidas de alivio para los consumidores estadounidenses, previsiblemente en forma de modificaciones en las condiciones de los préstamos y asistencia a los hogares, además de otras iniciativas similares que puedan determinarse en los próximos cinco años.

Este pacto está aún sujeto a la negociación de la documentación definitiva, por lo que la entidad alemana advirtió de que no puede haber seguridad de que el Departamento de Justicia de EEUU y el banco lleguen a un acuerdo definitivo sobre el caso.

En relación con la resolución del caso de las hipotecas basura en EEUU, Deutsche Bank espera registrar un impacto extraordinario antes de impuestos de aproximadamente 1.170 millones de dólares (1.125 millones de euros) en sus cuentas del cuarto trimestre de 2016.

No obstante, la entidad actualmente no espera que las medidas del acuerdo de alivio a los consumidores estadounidenses vayan a tener un impacto significativo en sus resultados financieros de 2016, que serán publicados el 2 de febrero de 2017.

Se define como "liberal humanista" y no renuncia a creer que un capitalismo ético y humano es no sólo posible, sino más necesario que nunca. El economista Raphael Nagel (Alemania, 1970) cuenta con 17 años de experiencia trabajando para bancos y fondos de inversión, entre ellos el grupo Deutsche Bank. Su visión del mundo de las finanzas cambió radicalmente en 2010, cuando sufrió un infarto. Sus objetivos desde entonces pasan por ayudar a instituciones y empresas fallidas en la reestructuración empresarial y refinanciación de la deuda.

Acaba de publicar su libro Turbocapitalismo: los maestros de la quiebra (Kant Ediciones, 2016), una guía sobre algunos de los casos de corrupción que han copado los telediarios en los últimos años y una forma de poner rostro a las víctimas anónimas de los abusos del sector bancario. Los beneficios de su publicación irán íntegramente destinados a la Fundación Nagel, que busca apoyar a los colectivos más afectados por la crisis económica y construir los cimientos necesarios para caminar hacia una economía más humana.

PREGUNTA ¿Cómo define la palabra que da título al libro: turbocapitalismo?RESPUESTA

La palabra turbocapitalismo la utilizó en 1936 otro economista americano, Edward Luttwak, y yo la entiendo como el capitalismo acelerado, como ese capitalismo que ha perdido un poco su esencia, esa parte que tenía de crecimiento sostenible para toda la sociedad en general. Lo que yo más critico en este libro es este turbocapitalismo que se centra en quienes intentan conseguir cada día más al precio que sea. Que actualmente 62 personas tengan más del 50% de la riqueza mundial me parece muy indignante.

P. Se ha mostrado crítico en reiteradas ocasiones con la idea de recuperación en España.R.

Es importante ver que en España hablamos de crecimiento económico, y para mí este crecimiento económico es un crecimiento no sostenible, porque se basa principalmente en tres cosas. En primer lugar, en la bajada de los sueldos. Es decir, hoy alguien con una licenciatura gana en este país lo mismo que el portero, y no es que quiera que el portero gane menos, pero creo que hay cierta injusticia en que una persona que se saca una licenciatura, se saca un máster, dedica muchísimos años de su vida a estudiar y luego empieza una carrera profesional, se encuentre con un panorama en el que el sueldo máximo al que puede aspirar son 1.000 euros, no le veo mucho sentido. Hemos conseguido un crecimiento o mejora económica a base de bajar muy drásticamente los sueldos y tener hoy unos sueldos que a muchísima gente solamente le permiten la supervivencia dentro de un marco familiar, o sea, conviviendo con los padres, compartiendo pisos, etc. En segundo lugar, creo que el crecimiento económico que tenemos actualmente viene en gran parte por el turismo, pero el tema del turismo también es fruto de las inseguridades que generan países como Francia con los últimos atentados, los países árabes, etc. Esto tampoco es sostenible, no es un crecimiento que vayamos a tener aquí para siempre, es temporal. Y por último, gracias a las ventajas del cambio de la moneda con el dólar y la libra, la exportación funciona relativamente bien. Pero no veo que nuestro modelo de negocio como país haya mejorado, no veo el cambio substancial.

Por otra parte aquí en España tenemos un sistema de bipartidismo posdictatorial que es algo que para mí es difícil de entender, pero este modelo de bipartidismo es un modelo totalmente corrupto y totalmente fracasado. Es bueno que haya nuevas iniciativas políticas como Podemos y Ciudadanos, porque creo que necesitamos una diversidad, una política más amplia, pero creo que también es básico en todo este procedimiento volver a cosas tan simples como la ética. En Alemania la ética sigue siendo una parte importante del tejido social. No quiero decir que en Alemania no tengamos a nadie que defraude impuestos, pero lo que sí que está claro es que la sociedad en sí tiene más valores éticos y morales, y esto se ve por ejemplo cuando hubo la defraudación en Bayern de Múnich por parte de un jugador, nadie salió a su defensa. Aquí en España, sin embargo, en Barcelona todo el mundo decía "somos Mesi". No me siento como Mesi ni mucho menos, y me parece totalmente indignante. Creo que a través de estos mensajes negativos no estamos incentivando llegar a una ética. Es algo muy sorprendente, impensable en Alemania, e imposible de entender para mí.

P. ¿Caminamos hacia un colapso del sistema?R.

El Gobierno de España, y de esto somos todos conscientes, parece ya desvinculado de la política. En los últimos meses no hemos tenido Gobierno y creo que nadie en su día a día ha notado grandes cambios, con lo cual todos estaremos de acuerdo en que estamos gobernados por el Banco Central Europeo. Viendo esta situación, la economía de España depende muchísimo de la política internacional. ¿Que vamos a entrar en una próxima crisis económica? Es muy fácil de predecir, pero como economista puedo explicar la historia pero no el futuro, es decir, hay muchas cosas que pueden pasar y que no dependen únicamente de España. En la política internacional, y aunque me sabe muy mal, España está jugando un papel relativamente pequeño. En el último G20 Merkel ni visitó a Rajoy y la prensa española lo ignoró. Merkel fue a visitar a todo el mundo menos a España. Me pregunto si ya no contamos para la economía y somos una simple plataforma de ocio y producción barata.

P. ¿Es posible alcanzar un capitalismo humano?R.

En los mercados financieros de Londres, Frankfurt, Nueva York, el castigo de la ley sobre quien defrauda es eminente, el que la hace la paga. Aquí sin embargo nunca pasa nada. Aquí tú defraudas y vas a los mejores hoteles a alojarte, vas de vacaciones, vas a esquiar como Bárcenas… Aquí no hay ni castigo social ni castigo judicial. Esto es un gran problema. ¿Puede existir una ética? Yo creo que es básico porque todo el mundo en su casa tiene reglas. En el momento en que dejamos la ética, esto significa que impera el caos. Una economía sin ética y moral no es economía, y no es capitalismo. Creo que el capitalismo democrático probablemente sea el mejor sistema de convivencia, pero este capitalismo democrático no puede terminar en un turbocapitalismo, porque es impensable que 62 personas tengan la mitad del patrimonio, aquí hay un desequilibrio brutal. Para mí como banquero, la ex Caja Madrid tiene más la apariencia de la cueva de Alí Babá con los 40 ladrones que de un banco, y  me preocupa profundamente que la sociedad ya haya llegado a este punto de decir que economía y ética son dos cosas opuestas. Es cierto que la economía no es siempre exacta, pero es una ciencia, una materia y una parte de nuestra vida cotidiana. Veo a mucha gente joven y mayor, de todas las edades, que ya no tiene ni interés en noticias económicas. No entienden, no tienen interés, y se convierten en víctimas.

P. Usted habla de la necesidad de un cambio político y económico impulsado por la sociedad.R.

Creo que en la política también hace falta un cambio, y exactamente en el mismo sentido que en la economía: el que la hace la paga. No puede ser que tengamos gente que esté involucrada en procesos de corrupción, de escándalos, de sobornos, etc, y que luego esté en las listas como candidatos. Para mí es casi incomprensible que los propios partidos no eliminen estas figuras. Cada uno es libre de votar, y me parece fantástico que haya pluralidad de partidos, pero tiene que haber un factor común y este factor común tiene que ser la ética, la moral, y tiene que haber ciertos límites. La sociedad ya ha absorbido de una manera tan natural esta corrupción, que para mí es muy difícil de entender.

P. ¿Es necesaria una desintoxicación en las relaciones entre política y sector bancario?R.

Totalmente. Yo creo que gran culpa de la casi quiebra de este país se ha generado por la extremada vinculación de dinero, finanzas y política. El 80% de la culpa de esta es esta mala vinculación surge en el momento en que las cajas empiezan a nombrar políticos que no tienen ningún conocimiento financiero y económico como consejeros, como directores, como presidentes. Éstos desconocen cualquier principio financiero, desconocen cualquier moral propia o ética del sistema. Las cajas antes actuaban dentro de un marco limitado de espacio, cada caja actuaba en su zona, conocía a sus clientes, conocía las necesidades de sus clientes y sus posibilidades, y cuando se olvidó esto por la avaricia y por la vinculación política y financiera, se rompió el saco.

También me parece muy triste que cuando hablamos de economía y ética parece que todos los trabajadores de la banca somos chorizos, y esto a mí me fastidia muchísimo, porque no todos los que hemos trabajado en la banca lo somos. El problema es que se da la situación de que lo que hay arriba, lo más visible, ya no son profesionales del sector financiero, porque si miramos los currículums de la gente que está implicada actualmente en estos casos no es gente que proceda de la banca, no es gente que proceda del sector; principalmente es gente que procede de política o que ha sido enchufada por la política, y lo está pagando todo un gremio. Parece que somos todos unos ladrones, y eso lo veo totalmente desfasado.

P. En el libro habla también de la lentitud judicial, algo que estamos viendo ahora con el caso de las tarjetas black, donde algunos de los delitos han prescrito.R.black

Es una auténtica vergüenza. Por los intereses políticos que sean, parece que se empiezan los pleitos cuando los hechos ya están prescritos. En España el principal problema es que no hay bastantes jueces, nuestros juzgados están totalmente colapsados, España tiene 4.500 jueces y Alemania con el doble de población tiene cuatro veces más jueces. Lo que nos hace falta es un sistema judicial que sea rápido, fluido y justo, justo también en el tiempo, es decir, el castigo debe ir después de la intervención. No puede ser que la gente se burle del sistema jugando con los plazos. Y aquí de nuevo surge el problema de este bipartidismo que en esta época posdictatorial ha tenido cierto interés en que el sistema jurídico no funcione. Es algo tan sencillo como aumentar el número de jueces para tener una justicia de mayor calidad y más rápida. Estoy convencido de que en el momento en que tengamos una justicia rápida y eficaz también podemos transmitir a todos los partícipes de nuestra sociedad que economía y ética no son dos cosas opuestas, todo lo contrario, son dos cosas que tienen que ir en convivencia para el bienestar de la sociedad.

P. Usted pone a Islandia como ejemplo de regeneración.R.

Islandia fue quizá uno de los países que en el boom financiero más se extrapoló. Es un país muy pequeño, con 370.000 habitantes, pero que se ha extrapolado internacionalmente muchísimo a los mercados financieros. Hubo algo que me impactó de Islandia, que allí el pueblo hizo exactamente esto: la gente vio que su sistema estaba equivocado y llegaron directamente a la conclusión de que no querían seguir más con esto, de que se habían equivocado, y han revertido estas equivocaciones reestructurando el sistema de verdad. Aquí tengo la impresión de que ante muchos de estos escándalos financieros lo que estamos haciendo es levantar la alfombra y meterlos debajo. Yo creo que para que una reestructuración sea duradera y sostenible, es imprescindible que sea limitativa y luego expansiva de nuevo. Para volver a crecer son necesarios cimientos sólidos.

Por otro lado, veo problemas como la falta de vías de financiación. Ahora todo el mundo encuentra financiación porque Draghi ha decidido hundir los mercados con liquidez, pero cuando este afán por hundir los mercados con liquidez termine, que en algún momento tendrá que terminar, veo que hay muy pocas vías de financiación para las empresas y para los particulares, por lo cual necesitamos urgentemente más financiación alternativa, y para ello necesitamos que el ciudadano tenga más conocimientos financieros. Estamos desarrollando las primeras plataformas de crowfunding, de financiación conjunta, que están funcionando, pero es muy complicado que esto funciones de una forma grande y expansiva si el inversor no tiene conocimientos básicos.

P. ¿Existe una carencia de educación financiera?R.

Por una parte vemos que las organizaciones que se dedican a hacer educación financiera muchas están vinculadas o financiadas por la banca, y desde el momento en que esto lo financia la banca ya tienen una cierta dependencia, y creo que no corresponde. En cuanto a la educación financiera en las escuelas, me he permitido mirar los libros que se están facilitando actualmente a estudiantes sobre el tema económico financiero y sinceramente dudo que estos libros hubiesen podido despertar mi interés. Creo que hay que conseguir una manera de explicarle a los adolescentes de una manera más cercana, más próxima, los conocimientos básicos. No hay que olvidar que en España hay un 30% de abandono escolar, por muy sofisticadas que queramos hacer las cosas no todo el mundo tiene este interés, tenemos que entender que vivimos en una sociedad con diferentes necesidades.