Asesinatos, destrucción de viviendas, coches, bienes agrícolas… Desde el 7 de octubre de 2023, la violencia colonial se ha disparado en la Cisjordania ocupada, donde viven ilegalmente más de 750.000 israelíes. En 2025 ya había alcanzado un nivel sin precedentes en dos décadas. A lo largo de ese año fueron asesinados ocho palestinos por colonos israelíes. 2026 se perfila como aún más mortífero: en apenas cuatro meses ya han sido asesinados al menos diez palestinos por extremistas judíos.

Los últimos asesinatos tuvieron lugar esta semana, en la provincia de Ramala. El martes 21 de abril, Aous Hamdi Al-Nassan, de 14 años, y Jihad Marzouq Abou Naïm, de 32, murieron por los disparos de un colono armado con un fusil de asalto en la aldea de Al-Mughayyir. Al día siguiente, el miércoles 22 de abril, en circunstancias similares, Awda Atef Awawdeh, de 25 años, falleció a causa de sus heridas tras haber sido tiroteado en Deir Dibwan.

En Al-Mughayyir, Aous Hamdi Al-Nassan y Jihad Marzouq Abou Naïm cayeron frente a la escuela de niños, cerca de la entrada del pueblo, un lugar donde “no hay civiles israelíes, ni colonias, ni carreteras israelíes”, aseguró a AFP el alcalde del municipio, Amin Abou Alia. “Cualquier colono que se acerque a esta zona lo hace con la intención de causar daño”, denunció. En 2019, el padre de Aous, Hamdi Al-Nassan, corrió la misma trágica suerte: fue abatido por colonos cuando acudía en ayuda de unos heridos. El adolescente se suma a la lista de más de 230 víctimas menores de edad asesinadas desde el 7 de octubre de 2023 por colonos o por el ejército israelí en Cisjordania.

Su pueblo, situado principalmente en la zona C, es decir, bajo control total israelí, es emblemático de la asfixia colonial que se está produciendo en Cisjordania, con el objetivo de acaparar las tierras palestinas. Rodeado por cerca de una decena de puestos avanzados, esos asentamientos ilegales que se expanden y fragmentan el territorio palestino, Al-Mughayyir sufre ataques casi a diario, varios de ellos de gran envergadura, como en abril de 2024, cuando los colonos asaltaron la localidad durante tres días, o en agosto de 2025, cuando el ejército israelí arrancó cientos de olivos.

En Deir Dibwan, el ejército israelí afirmó haber entregado a la policía “a civiles israelíes que habían entrado en la zona sin autorización previa” e informó de que detuvo “a sospechosos palestinos implicados en el lanzamiento de piedras contra civiles israelíes, que a continuación fueron puestos en libertad”. Aseguró, además, haber recibido posteriormente un aviso sobre un palestino muerto por disparos y que la policía abrió una investigación.

El ejército de Israel afirmó que envió soldados a Al-Mughayyir tras recibir un aviso de lanzamiento de piedras “contra un vehículo israelí que transportaba a varios civiles, entre ellos un soldado de la reserva, quien salió del vehículo y abrió fuego contra los sospechosos presentes en la zona”. “A su llegada, los soldados intervinieron para dispersar los violentos enfrentamientos en la zona”, añadió el ejército, sin dar más detalles e indicando que “el incidente está siendo investigado”.

Los habitantes ofrecen otra versión, la de ataques selectivos por parte de colonos cada vez más brutales, armados con palos, porras, cócteles molotov y armas pesadas, aprovechándose de la impunidad de la que gozan, a menudo bajo la protección o con el apoyo del ejército israelí. Como ha demostrado recientemente el diario británico The Guardian, más del 96% de las investigaciones contra los colonos se archivan sin más y no se ha iniciado ningún proceso judicial desde 2020, mientras han sido asesinados más de 1.100 palestinos, de los cuales al menos una cuarta parte son menores.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, el 28 de febrero pasado, la violencia se ha intensificado aún más en todo el territorio. La Autoridad Palestina ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional: “Es hora de actuar para poner fin al terrorismo de los colonos.”

A mediados de marzo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR, por sus siglas en inglés) denunció la existencia de “una estrategia estatal coordinada”, en la que las autoridades israelíes desempeñan “un papel central”. Este organismo alertó de que desplazamientos en Cisjordania, “que coinciden con el desplazamiento masivo de palestinos a Gaza”, “parecen indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo” en el conjunto de los territorios ocupados, lo que suscita “preocupaciones respecto a una limpieza étnica”. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, la expansión de los asentamientos provocó “el desplazamiento de más de 36.000 palestinos en la Cisjordania ocupada”, una expulsión de una magnitud sin precedentes.

La violencia de los colonos constituye un factor principal del desplazamiento forzoso, como atestiguan los informes de varias ONG. El 20 de abril, el Consejo Noruego para los Refugiados (Norwegian Refugee Council, NRC) publicó un estudio demoledor que documenta especialmente el uso de la violencia sexual como arma para empujar a las comunidades palestinas a abandonar sus tierras. Se han registrado múltiples formas de agresión, como la desnudez forzada, exhibición de los genitales ante menores o amenazas de violación.

Bajo la presión constante y ante el riesgo creciente, las familias adoptan estrategias extremas: “Muchas se separan, enviando a las mujeres y a los niños a otros lugares, y los hombres se quedan para proteger las casas y el ganado —un patrón que a menudo precede al desplazamiento total”, describe el informe. “Otras sacan a sus hijas de la escuela u organizan matrimonios precoces para que tengan menos peligro”. El aumento de esta violencia ha llevado a más de dos tercios de las cerca de 100 personas entrevistadas a abandonar sus hogares.

“Lo que me llevó a tomar la decisión de mudarme fue el acoso que sufrían mi mujer, mis hijas y mi nuera”, testifica un hombre entrevistado en el informe. “Los colonos empezaron a acercarse cuando mi hijo y yo nos íbamos a trabajar. Vigilaban de cerca a las mujeres, silbaban cuando salían de los refugios a plena luz del día y nos lanzaban piedras por la noche. Me aterrorizaba la idea de que le pudiera pasar algo grave a mi familia debido a esta violencia constante de los colonos durante mi ausencia”. “Lo mejor que hice fue enviar a mi hija a vivir con su abuela a la ciudad, porque temía por ella”, cuenta una madre de familia.

En la provincia de Belén, dos chicos de 15 años que cuidaban del ganado fueron atacados por colonos, golpeados, atados y desnudados. A uno de ellos le rociaron con orina y al otro le rompieron una pierna. En otra comunidad beduina palestina, en el valle del Jordán, un palestino fue víctima de una grave agresión sexual delante de su familia.

El estallido de violencia es tal que cada vez son más las voces que se alzan en Israel para denunciar “el terrorismo judío”, pero más por razones de seguridad y estratégicas que humanitarias. Son las de políticos como Yaïr Golan, líder de la alianza de izquierda Los Demócratas, o Yaïr Lapid, líder de la oposición centrista. O las de influyentes religiosos como los miembros de la asociación Rabinos por los Derechos Humanos o de antiguos responsables de seguridad en Israel. A finales de marzo, la asociación Comandantes por la Seguridad de Israel, que agrupa a 550 oficiales superiores, generales retirados y ex altos responsables de los servicios de seguridad, interpeló en una carta abierta al jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, sobre el “peligro estratégico” que representa el “terrorismo judío”. Eyal Zamir reconoció que se trata de actos de violencia “moral y éticamente inaceptables”.

Para Amnistía Internacional, estos actos de violencia forman parte del proyecto de anexión por la fuerza de Palestina por parte de Israel. “La expansión acelerada de los asentamientos ilegales y el recrudecimiento de la violencia y los delitos respaldados por el Estado [israelí], atribuibles a los colonos en la Cisjordania ocupada, ponen de manifiesto la catastrófica incapacidad de la comunidad internacional para tomar medidas decisivas”, condena la ONG. Critica, en particular, la inacción de terceros Estados, que “no respetan sus obligaciones jurídicas, negándose a utilizar las herramientas a su disposición, como la suspensión del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, con el fin de disuadir a Tel Aviv de continuar con su programa ilegal”.

El pasado 20 de abril, los Veintisiete fueron incapaces de hablar con una sola voz para frenar la empresa genocida del Gobierno de Netanyahu. El presidente francés Emmanuel Macron, aunque reconoció que la suspensión del acuerdo era una “cuestión legítima” en caso de que Israel “continúe con esta política que contraviene su historia”, declaró que “no es el momento de precipitar una confrontación cuando hace unos días Israel ha aceptado un alto el fuego para el Líbano y se comprometió a entablar conversaciones,”.

Traducción de Miguel López

Cada 28 de febrero, Andalucía se convierte en una postal costumbrista. Los centros educativos de la comunidad reparten desayuno molinero –pan con aceite y azúcar–, enseñan a sus alumnos a tocar el himno autonómico con la flauta dulce e improvisan sevillanas en el patio. En el Parlamento andaluz, el presidente concede medallas y recita discursos que apelan al orgullo verdiblanco. 

Una coreografía que, según algunos promotores de la autonomía andaluza, eclipsa el agrietado decorado que la sostiene. “Es una cloroformización del pueblo andaluz”, sentencia Isidoro Moreno, antropólogo de la Universidad de Sevilla que, como secretario general del Partido del Trabajo de Andalucía, fue uno de los firmantes del Pacto Autonómico de Antequera en 1978, proceso considerado el desencadenante del proceso autonómico de la comunidad. 

El antropólogo denuncia que el folklorismo descontextualizado es “un bloqueo planificado del paso del sentimiento a la conciencia”, convirtiendo el 28-F en un sustantivo festivo que ha olvidado su condición de verbo. A través de esta “festividad light”, argumenta que se ha creado una “amnesia” sobre los casi dos millones y medio de andaluces que acudieron a las urnas a erradicar las problemáticas que, precisamente, continúan hoy acechando la comunidad. 

“Los andaluces acudieron a las urnas para convertir Andalucía en una autonomía de primera”, explica Moreno. Con este tipo de autonomía, el promotor no se refiere exclusivamente a reconocimiento, sino al tipo de autogobierno que Adolfo Suárez tenía reservado a las denominadas “nacionalidades históricas” –Galicia, País Vasco y Cataluña, al haber sido reconocidas durante la Segunda República–, a través del artículo 151 de la Constitución del 78. El resto de comunidades se regirían por el artículo 143, una vía más lenta y que otorga menos competencias. 

La revista ‘Andalucía en la Historia’ explica que la “autonomía pasó a significar el remedio de todas las lacras sociales”. Con su consecución, la región obtendría las “herramientas necesarias” para autodeterminar sus problemas colectivos y proponer las soluciones pertinentes. Estas competencias incrementarían tanto los recursos como la capacidad de intervención de los andaluces sobre sus propias necesidades. Por tanto, el “SÍ” en el referéndum perseguía la soberanía del pueblo andaluz sobre sí mismo. 

La reclamación de un estatuto propio se reforzó con la afirmación de los elementos propios de la identidad andaluza, fundamentalmente culturales. Un argumento que perseguía los principios de Blas Infante, andalucista histórico considerado el patrón de Andalucía, que basó el derecho de autogobierno en la posesión de una cultura andaluza fruto de un proceso histórico diferenciado y, por ende, con “sus propias necesidades colectivas”. 

Y sí, la voluntad política andaluza triunfó y consiguió su propio Estatuto de Autonomía el 20 de octubre de 1981. No obstante, Isidoro Moreno incide en que, “aunque Andalucía consiguió ascender a primera división, jamás jugó en primera”. 

Mientras el antropólogo lo achaca a la consecución de “competencias muy limitadas” en el acuerdo autonómico, Christopher Rivas, el candidato a las próximas elecciones andaluzas por Andalucía Por Sí - Andalucistas, identifica “la falta de voluntad política” como causa de la problemática. Sea como sea, ambos coinciden en que nada ha cambiado: la “pésima situación estructural” de la autonomía más votada sobre el censo de España –55,84% sobre el censo– sigue siendo la misma que hace más de 40 años. 

Isidoro Moreno considera que el Gobierno quiso “vender el Estatuto de Autonomía como el desembarco natural del 28-F”, pero denuncia que un repliegue de los partidos políticos durante la construcción autonómica convirtió el texto en “un recorte de lo que era posible, dentro del marco de la Constitución”. 

El referéndum del 28 de febrero de 1980 presentó un enunciado críptico: “¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo ciento cincuenta y uno de la Constitución a efectos de la tramitación por el procedimiento establecido en dicho artículo?”. En él, las palabras “autonomía” y “Andalucía” habían desaparecido, y ya auguraba lo que la organización política Nación Andaluza considera “una guerra que ya estaba perdida”.

La UCD, temerosa de un supuesto descontrol del proceso autonómico, desplegó un plan para frenar la transición de la soberanía andaluza. Organizó una campaña de abstención que incluía mensajes como “UCD solo te quiere informar y pedirte reflexión” y “Este no es tu referéndum; si vas a votar, vota en blanco”. El entusiasmo por la autonomía se convirtió en duda, no se combatía la autonomía abiertamente, sino que se buscaba enfriarla. Además, el Gobierno redujo tanto la duración de la campaña —una semana menos que en País Vasco y Cataluña— como la subvención estatal —125 millones de pesetas frente a los 300 millones destinados a otras nacionalidades históricas—, en un intento de condicionar el resultado.

El líder de Andalucía Por Sí - Andalucistas explica que las condiciones del referéndum hacían prácticamente imposible la victoria: para que la autonomía se aprobara por la vía rápida del artículo 151, el “SÍ” debía ganar por mayoría absoluta del censo en cada una de las ocho provincias. Los censos no estaban depurados, incluyendo fallecidos, emigrantes o menores de edad, que se contaban como abstencionistas, favoreciendo el fracaso del referéndum. Isidoro Moreno señala que “los andaluces tomamos este comportamiento como una agresión contra Andalucía y los andaluces”, y que esto funcionó como catalizador de la movilización popular. 

Pese a todo, la participación alcanzó el 64,19% del censo, con un 86,9% de votos afirmativos sobre los votantes. Solo Almería quedó por debajo del 50% del censo, con un 42,3%. 

Aun así, Isidoro Moreno denuncia que el Estatuto de 1981 otorgó “competencias muy limitadas”. Se conquistó el instrumento, pero no la capacidad de transformar las estructuras, como demuestra la frustrada Ley de Reforma Agraria de 1984, impulsada bajo el lema “tierra y libertad”, que apenas alteró la histórica concentración de la tierra: “Ni para una reformita tuvimos competencia”, ironiza Moreno. 

Uno de los ejes del Estatuto era responsabilizar al centralismo de la situación histórica de dependencia y subordinación de Andalucía, reconociendo su deuda histórica para establecer un diagnóstico de fondo. De no hacerlo, la comunidad quedaba atrapada en lo que Mari Carmen García Bueno, histórica del Sindicato Andaluz de Trabajadores y parlamentaria por Adelante Andalucía, denomina su situación “de niña pobre”.

Los andalucistas denuncian una “situación de colonia interna”, reflejo de una subordinación profunda dentro del Estado. La economía andaluza se orienta a la extracción de materias primas cuya transformación se realiza fuera de la región; carece de un tejido industrial propio, convirtiéndose más en proveedora que en productora de valor añadido; las empresas más rentables se concentran fuera de Andalucía, desplazando decisiones estratégicas lejos del territorio; y la emigración masiva convierte a la mano de obra andaluza en suministro barato para otros polos industriales. Denuncian que esta situación histórica se mantiene pese a la reforma estatutaria de 2007, que proclamó la deuda histórica saldada, pues los problemas estructurales siguen vigentes.

Andalucía Por Sí - Andalucistas alerta incluso de una “nueva deuda histórica”: el turismo masivo limita el acceso a la vivienda, las industrias contaminantes en polos como Huelva presentan graves riesgos para la salud, y la presencia de bases militares estadounidenses en Rota y Morón evidencia la subordinación territorial. 

Por otra parte, también advierten de la “vampirización de la cultura”, con productos andaluces convertidos en “marca España” y apropiados fuera de la región, como sucede en eventos como el festival Madrilucía. 

“Hay una enorme necesidad de aclarar cuestiones”, reivindica Isidoro Moreno. En un contexto donde casi todos los partidos —excepto la ultraderecha— se autodenominan andalucistas, advierte que crea “una hegemonía fingida”. Se oculta la ausencia de mecanismos específicamente andaluces bajo la apariencia de un consenso simbólico.

Considera que el llamado “borrado” del 4 de diciembre de 1977, reemplazado por un 28-F menos conflictivo, habría desactivado la conciencia política andaluza. Andalucía por Sí sostiene que sin esa fecha “no se puede entender nada de lo que sucedió después”, desde la manifestación de más de un millón y medio de personas hasta el asesinato del joven militante de Comisiones Obreras Manuel José García Caparrós.

Para la agrupación, el andalucismo político es un proyecto “de exclusiva obediencia andaluza”, diseñado desde Andalucía para afrontar problemas propios: economía extractivista, falta de industria e infrafinanciación. Adelante Andalucía coincide y denuncia que el andalucismo no puede ser una escenografía institucional, sino medidas que afronten las desigualdades estructurales de la comunidad.

Así, los defensores del andalucismo reclaman la necesidad de una "recuperación de conciencia" para crear una nueva mirada del pueblo andaluz que resuelva, como lo denominaba Blas Infante, esta "crisis de humanidad". 

Por la vía de los hechos, Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, ya está anexionada. En los mapas oficiales israelíes no aparece trazada la línea verde que separa este territorio palestino de Israel; línea que tampoco existe en la mente de muchos israelíes. En los puestos de control, cada mañana pasan de Cisjordania a Israel largas filas de coches israelíes con la misma facilidad con la que los automovilistas cruzan un peaje en una autopista francesa. Una gran red de líneas de autobús recorre el territorio desde el mar Mediterráneo hasta el Jordán, conectando los asentamientos con las grandes ciudades israelíes.

Los colonos “disfrutan de los mismos derechos y ventajas que los israelíes que viven dentro de Israel”, recordaba un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicado el 7 de enero, que pone de relieve la discriminación entre palestinos y colonos judíos en Cisjordania, incluida Jerusalén Este.

El ejército de ocupación israelí realiza incursiones diarias en las ciudades de las zonas A y B, que según los acuerdos de Oslo deberían estar bajo la jurisdicción administrativa de la Autoridad Palestina. Israel ya tiene el control total de la seguridad y la administración de la zona C, que representa el 60 % de Cisjordania y donde se encuentra la inmensa mayoría de los asentamientos.

Pero el ministro supremacista judío Bezalel Smotrich, que se ha convertido en una especie de gobernador de Cisjordania desde febrero de 2023, alberga sueños más ambiciosos. Impulsado por sus tropas nacionalistas-religiosas, aboga ante el Gobierno por la anexión de iure de Cisjordania, incluyendo la soberanía judía sobre todo el territorio comprendido entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, e incluso más allá.

El domingo 8 de febrero, Bezalel Smotrich logró una nueva victoria. Su ministerio de Finanzas, junto con el de Defensa, anunció una serie de medidas que refuerzan el control israelí sobre la Cisjordania ocupada que deberían “modificar fundamentalmente la realidad jurídica y civil” de ese territorio palestino.

Israel va a abolir las regulaciones que datan de la época en que Jordania administraba Cisjordania, antes de 1967, y que prohibían a los judíos comprar tierras. Smotrich promete que los israelíes podrán convertirse en propietarios sin tener que pasar por un largo proceso burocrático ante la administración militar encargada de los asuntos civiles en los territorios ocupados. Los catastros ya no estarán protegidos por normas de confidencialidad, por lo que los posibles compradores podrán ponerse en contacto directamente con los propietarios.

El periódico israelí Haaretz se muestra preocupado por la posible falsificación de esos registros. Y es que los asentamientos israelíes son ilegales según el derecho internacional, que prohíbe el traslado de parte de la población civil de la potencia ocupante al territorio ocupado.

Las autoridades israelíes también quieren administrar, a partir de ahora, la Cripta de los Patriarcas —la mezquita de Ibrahim para los musulmanes— en Hebrón y la tumba de Raquel en Belén, dos lugares religiosos situados en zonas bajo autoridad palestina. En Hebrón, la principal ciudad de Cisjordania, donde los colonos viven en el centro de la ciudad, los israelíes ya no tendrán que solicitar la aprobación del ayuntamiento palestino para obtener permisos de construcción.

La organización territorial de Cisjordania según los acuerdos de Oslo de 1993

Infografía Donatien Huet / Mediapart

En términos generales, el gabinete de seguridad justificó la ampliación del control israelí sobre las zonas A y B administradas por la Autoridad Palestina basándose en las “infracciones relacionadas con el agua”, el “perjuicio a los yacimientos arqueológicos” y la lucha contra “los daños medioambientales que contaminan toda la región”.

Las medidas anunciadas suponen un nuevo golpe a los acuerdos de Oslo, que Israel dejó de respetar hace tiempo. “Seguiremos enterrando la idea de un Estado palestino”, se jactó Smotrich. El presidente palestino, Mahmud Abás, ha solicitado la intervención inmediata de Estados Unidos y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, denunciando la confiscación de tierras palestinas y “un intento evidente de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos”. Hamás ha animado a los palestinos a “intensificar la confrontación con la ocupación y sus colonos”.

Hasta ahora, “el apartheid israelí formaba parte de un sistema burocrático muy sofisticado”, explica un responsable del Instituto Palestino para la Diplomacia Pública (PIPD): “Llevaba tiempo expropiar a los palestinos.” Estos podían ganar algunos años frente a las expulsiones encadenando recursos ante la justicia israelí, aunque el resultado casi nunca les era favorable, pues el Tribunal Supremo es uno de los instrumentos de defensa del apartheid israelí. “Ahora ya no hay tiempo. Estamos viendo una aceleración de los procesos legislativos y burocráticos que permiten a cualquier colono instalarse muy fácilmente en Cisjordania”, dice esta fuente del PIPD.

En un comunicado conjunto, Arabia Saudí, Jordania, Qatar, Pakistán, Indonesia, Egipto, Turquía e incluso el aliado árabe que suele ser más complaciente con Israel, los Emiratos Árabes Unidos, han condenado las medidas del gabinete anunciadas el domingo por la noche. La Unión Europea ha denunciado la decisión como “otro paso en la dirección equivocada”. Pero Israel está intensificando su colonización sin obstáculo alguno.

En octubre, la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó en primera lectura un texto que abre la vía a la anexión de Cisjordania. La ONU informó en diciembre de un “notable aumento” de los proyectos de construcción de viviendas israelíes en Cisjordania, con planes para “cerca de 47.390 viviendas avanzadas, aprobadas o presentadas” en 2025, frente a una media de 12.800 al año entre 2017 y 2022 , antes de la llegada al poder de la actual coalición.

En Jerusalén Este, anexionada ilegalmente por Israel en 1980, unas treinta familias palestinas, es decir, cerca de 175 personas, están amenazadas de expulsión en el barrio de Silwan, a los pies de la ciudad vieja, recuerda la ONG anticolonización Ir Amim. Esta organización habla de un “punto de inflexión” para este barrio, en un contexto de “violaciones mortales del alto el fuego que continúan en Gaza, aumento de la violencia de los colonos, confiscación de tierras y expansión de asentamientos en el territorio palestino ocupado”. En Silwan ya han sido expulsadas de sus hogares ocho familias y sus casas han sido inmediatamente ocupadas por colonos israelíes.

Ante el genocidio en Gaza y el asesinato por el ejército o los colonos de más de mil palestinos en Cisjordania desde el 7 de octubre, los países europeos, entre ellos Francia, han impuesto sanciones que solo afectan a unos pocos colonos, ocultando la realidad de la violencia estatal. Sin embargo, la Unión Europea sigue siendo el principal socio comercial de Israel.

“La disonancia cognitiva y la total desconexión entre los discursos diplomáticos o las soluciones políticas propuestas y la realidad sobre el terreno son cada vez más evidentes”, observa el responsable del PIPD. “Israel acelera la anexión, pero la comunidad internacional se centra en la reforma de la Autoridad Palestina.”

Aunque las “tácticas” de las autoridades israelíes difieren según los territorios afectados —Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este—, el objetivo sigue siendo el mismo, continúa esta fuente: “Reemplazar a la población palestina”.

En el enclave del sur, el bloqueo y luego el genocidio han empujado a los más acomodados y a las clases intelectuales a huir de una vida que se ha vuelto imposible. Ese fenómeno se repite en Cisjordania: las redadas del ejército, las detenciones, las carreteras bloqueadas y el desempleo galopante y los ataques de los colonos que vacían ciertas zonas de sus habitantes palestinos, han hecho insoportable la vida cotidiana, y los más afortunados emigran. Una anexión de iure amplificaría esa violencia y esa expansión colonial y, por otro lado, aceleraría la desaparición de una sociedad palestina rica y diversa en sus territorios.

Traducción de Miguel López

¿Somos todos potencialmente guapos? ¿La belleza es una apreciación cultural o contextual? Esta pregunta, que me apasiona desde hace mucho tiempo, está presente en la mayoría de mis libros, y mi última publicación no es una excepción.

Cuando el medio Urbania me preguntó sobre mi Dictionnaire amoureux du féminisme (Plon, 2025), lógicamente mencioné este tema. En él describo la belleza como “una construcción social, el resultado de una relación de poder”. Y añado que, históricamente, “las poblaciones en posición de dominio han impuesto sus propios criterios como criterios de belleza”, es decir, “los rasgos que se asocian a las personas de origen europeo: piel más clara, cabello menos rizado, rasgos considerados finos” impuestos “al resto del mundo y que llevarán a las poblaciones marginadas y minoritarias a intentar parecerse lo más posible a esos cuerpos que se consideran más bellos, que están en la cima de la jerarquía”.

Para ser concisa, concibo la belleza no como un estado objetivo, sino como el producto de las relaciones sociales construidas por las diferentes formas de dominación que estructuran nuestras interacciones: lo que se considera bello es lo que nos acerca al poder. Los criterios que definen la belleza no son más que el reflejo de la historia de la sociedad que los determina.

Lo que no dije es que una cuenta de la fachosfera realizó rápidamente un montaje de vídeo publicado en la red social X aislando ese extracto, intercalando imágenes de la actriz Sydney Sweeney y concluyendo con la canción de Boris Vian: “Llena de complejos, ha cambiado mucho. Necesita un psicoanálisis para liberarla de sus complejos y que pueda romper con todo”.

Además del asombroso sexismo del texto, sobre el que no me extenderé aquí, me llamaron la atención varios usuarios de la red que criticaban mi supuesta envidia. Un registro misógino clásico que sitúa sistemáticamente a cada mujer en una postura de rivalidad con respecto a todas las demás. Una rivalidad envidiosa basada en atributos plásticos, lo que recuerda hasta qué punto la apariencia física de las mujeres es un elemento central de su valoración. Antes de profundizar en mi análisis, me gustaría volver sobre la elección de la antagonista que me han puesto. Sydney Sweeney, actriz estadounidense blanca, rubia y de ojos claros, se ha convertido en el emblema de la extrema derecha occidental alimentada por la supremacía blanca.

Todo comienza en el verano de 2025, cuando la marca de ropa American Eagle Outfitters lanza una gran campaña publicitaria de la que ella es la musa. El eslogan Sydney Sweeney has great jeans (Sydney Sweeney tiene unos vaqueros estupendos) juega con un doble sentido: en inglés, la palabra jeans (la prenda) se pronuncia igual que la palabra genes (los genes biológicos). Y la expresión to have good genes (tener buenos genes) pertenece al lenguaje corriente y significa ser guapo/guapa, atlético/atlética, saludable, incluso de buena cuna.

En un contexto de aumento del racismo explícito, la lógica de los “buenos genes” aplicada a una mujer que encarna precisamente un ideal blanco activa un imaginario racista, sin que sea necesario referirse a él explícitamente. Estados Unidos se ha estructurado en torno a la idea de la pureza racial elevada al rango de doctrina institucional. La one-drop rule (regla de una gota), teoría de la “gota de sangre”, clasificaba a toda persona como negra si uno de sus antepasados tenía ascendencia africana, lo que determinaba su valor humano, así como su posición social y política.

El trumpismo ha retomado activamente ese léxico del patrimonio genético. Sus defensores invocan cada vez más abiertamente el orgullo o el legado genético, mientras que el propio presidente encasqueta a los inmigrantes y a las minorías raciales numerosos “defectos”, al tiempo que los acusa de "envenenar la sangre" de Estados Unidos.

Así, cuando se denunció que la publicidad de American Eagle Outfitters enviaba señales implícitas a esa ideología históricamente mortífera, las reacciones de la derecha dura no se hicieron esperar, lamentando la “cultura de la cancelación” que apuntaría a Sydney Sweeney por ser “guapa y blanca”.

El propio Donald Trump elogió a la estrella, oficialmente inscrita como votante republicana, y felicitó a la cadena de ropa. Y, como era de esperar, la controversia coincidió con un notable aumento de las ventas y del precio de las acciones de la marca. A partir de ahí Sweeney, la all-American girl (chica americana ideal) se ha convertido en el arquetipo de la perfección blanca, hasta el punto de ser invocada por la extrema derecha de mi propio país, que ha convertido la belleza en un auténtico campo de batalla.

Hay varios aspectos de esta oposición con mi propia estética que me llaman la atención. Por un lado, no soy actriz y no hablo de mi propio físico, con el que me siento muy a gusto. Por otro lado, aunque mi discurso denuncia los criterios generales de belleza, la elección de una actriz joven, rubia y delgada como prueba de mi supuesta envidia hacia las mujeres blancas plantea muchas preguntas.

Según las cifras, Francia cuenta con 5 millones de rubias, la mitad de las cuales no lo son de forma natural, lo que constituye el 3,5 % de la población. Las francesas, cuya edad media es de 44,4 años, visten por término medio ropa de tallas que oscilan entre la 40 y la 42. Todos los estudios muestran que la mayoría de las francesas están insatisfechas con su aspecto físico, y ¿qué hay más normal cuando los modelos propuestos ofrecen opciones tan limitadas?

Sweeney se ha convertido en estandarte, la prueba de la superioridad de la belleza blanca, cuando su aspecto no se ajusta en absoluto a la norma dominante. Las personas que se valen de su físico para criticarme probablemente no se parecen a ella ni de lejos. Pero su sentimiento de superioridad racial es tal que prefieren la comodidad de imaginarse que pertenecen al bando de los ganadores de la belleza antes que aprovechar la oportunidad que les ofrezco de replantearse su propia fisonomía cuestionando los cánones de belleza.

Y en la muy conservadora emisora Europe 1, la voz de Eugénie Bastié se sumó a las críticas a mi postura dedicándome una crónica en la que me presenta como una “activista afrofeminista”, como si yo no fuera periodista igual que ella. Ella percibe en mi intervención “todos los ingredientes del wokismo” y sostiene que “la belleza no es impuesta desde arriba por una conspiración de malvados publicistas ávidos de vender maquillaje”. Una afirmación discutible si tenemos en cuenta que los modelos promovidos por la publicidad crean normas cada vez más alejadas de la realidad media, lo que lleva a las mujeres a cuestionar constantemente su aspecto físico.

Mientras que otros invocan una “simetría” que haría atractivos los rostros, la columnista evoca a continuación “la ciencia y la psicología evolutiva”, que “nos enseñan que la atracción por la belleza es un mecanismo adaptativo destinado a maximizar las posibilidades de reproducción y supervivencia”, para deducir que la belleza es una “señal de salud y fertilidad”.

Se trata de una simplificación de tesis muy discutidas por los científicos. Por un lado, si esos criterios fueran indicativos de salud y fertilidad, las personas percibidas como bellas presentarían esas características, pero ningún estudio científico lo demuestra: la simetría facial no es un indicador fiable de la salud general en los seres humanos. La antropóloga Margaret Mead criticaba la idea de que las preferencias fueran innatas y afirmaba la radical variabilidad cultural de las normas estéticas, ya que los estándares de belleza son culturalmente específicos. En particular, observó en varios campos estándares inversos a los considerados “naturales” en Occidente.

Incluso la psicóloga Nancy Etcoff, que se encuentra entre los científicos que defienden la idea de que ciertas preferencias estéticas no provienen únicamente de la cultura, sino que son el resultado de presiones evolutivas relacionadas con la biología, considera que “las prácticas culturales determinan de manera decisiva lo que se considera atractivo, aunque las predisposiciones evolutivas delimiten un abanico de posibilidades”.

Considera por tanto que la belleza se basa en una base biológica moderada amplificada por la cultura y, en particular, por los medios de comunicación, las industrias cosméticas y las normas sociales. Son estas normas, forjadas por un pasado histórico, las que determinan los cánones de belleza y condicionan nuestros puntos de vista. Así, un mismo cuerpo puede clasificarse como sublime o repugnante según la época, el lugar o el contexto cultural.

Los estándares de belleza producidos en el marco de las relaciones de poder, codificados por los grupos dominantes, son la expresión de un orden social y político. En gran parte del mundo, son las poblaciones blancas, que se han beneficiado de siglos de dominación económica, militar, cultural y mediática, las que han visto cómo sus características físicas se convertían en referencias estéticas universales.

Los cánones elaborados a partir de estas fisonomías han relegado a los demás cuerpos a la parte inferior de la jerarquía de lo bello. Frantz Fanon recordaba en Piel negra, máscaras blancas (Seuil, 1952) que el sujeto colonizado debía deshacerse de las imágenes despectivas impuestas por el colonizador y liberarse del “arsenal de complejos que germinó con la situación colonial”.

Cuando los rasgos constitutivos del cuerpo se designan como intrínsecamente feos, reivindicarlos como bellos constituye un gesto subversivo. Para las mujeres de las minorías, reinvertir en el campo de la belleza es un acto saludable: afirmarse como bella en un mundo que afirma lo contrario es revertir el estigma.

Traducción de Miguel López

El interés del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en comprar Groenlandia choca con un muro legal: Dinamarca no puede vender este territorio autónomo y la operación sólo se podría realizar cuando éste fuese un Estado independiente, para lo que sería necesario primero una negociación entre Copenhague y Nuuk y un referendo.

"Mientras Groenlandia forme parte de la Mancomunidad del Reino de Dinamarca, junto a Dinamarca y las Islas Feroe, no se puede vender. Nadie tiene competencias para venderla", explica a EFE Frederik Harhoff, catedrático emérito de Derecho Internacional de la Universidad del Sur de Dinamarca.

La Casa Blanca ha insistido en que la diplomacia es la primera opción de Trump para controlar Groenlandia, que considera necesaria para la seguridad nacional, aunque sin descartar una acción militar. Y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, tiene previsto reunirse la próxima semana con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen, y la consejera de Exteriores groenlandesa, Vivian Moztfeldt, para discutir la cuestión.

Harhoff considera "embarazoso" que miembros del Gobierno estadounidense muestren tal "ignorancia" y hablen de comprar esta isla ártica, desconociendo la realidad jurídica del Reino danés. "Si Estados Unidos presenta una oferta de compra, la única respuesta que le puede dar Dinamarca es 'lo siento, pero no tenemos competencia' y Groenlandia le diría que tampoco puede vender su país, sólo que podría iniciar un proceso de independencia", afirma.

Ya en el primer Estatuto de autonomía de 1979 queda reconocida la condición especial de Groenlandia dentro del reino y se inicia la transferencia de competencias. El nuevo Estatuto groenlandés aprobado en 2009 resalta en su primer artículo que "el pueblo groenlandés es un pueblo en relación a las leyes internacionales con derecho de autodeterminación" y su artículo 21 establece cómo sería el camino hacia la independencia, un proceso complicado que tardaría "varios años", estima Harhoff.

Si Groenlandia activa ese artículo, los gobiernos danés y groenlandés deberían iniciar una negociación antes de que la cuestión fuese sometida a referendo, una parte del proceso en la que habría que analizar "muchas cuestiones técnicas" y que Harhoff calcula que duraría alrededor de dos años.

Entre los elementos más problemáticos estarían acordar cómo eliminar la ayuda anual de Copenhague a Nuuk de 4.000 millones de coronas danesas (unos 535 millones de euros), que sumada a otras partidas que las autoridades danesas transfieren para sanidad, infraestructuras, bienestar, defensa, policía y sistema judicial suponen casi la mitad del presupuesto anual de Groenlandia.

Al hipotético acuerdo seguiría una campaña de información antes del referendo -cuyo resultado Dinamarca se ha comprometido a respetar-, y la aprobación del acuerdo por ambos parlamentos. Sólo entonces, cuando fuese independiente, Groenlandia podría aceptar una oferta económica de Washington, bien en forma de dinero para integrarse en EEUU, bien en forma de tratado de libre asociación.

"Independientemente de la cantidad que Estados Unidos pueda llegar a ofrecer, no creo que se pueda comparar con lo que Groenlandia ya tiene con el ordenamiento actual", apunta Harhoff. Según un sondeo realizado hace unos meses, la mayoría de los groenlandeses está a favor de la independencia, aunque no a costa de perder nivel de vida, a la vez que rechaza formar parte de EEUU.

Las recientes declaraciones del jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, asegurando a que Dinamarca no tiene derecho a controlar Groenlandia y a tenerla como "colonia", han provocado perplejidad en este país nórdico.

Dinamarca inició la colonización de esta isla ártica hace tres siglos, su soberanía fue reconocida hace más de cien años por el propio Estados Unidos y han pasado siete décadas desde que Groenlandia dejó de ser una colonia, para pasar a ser parte integral del reino danés.

El acuerdo de venta de las Islas Vírgenes de Dinamarca a Estados Unidos, firmado en 1916, incluye una cláusula en la que Washington acepta que Dinamarca amplíe sus intereses políticos y económicos a todo el territorio groenlandés, incluyendo una parte del norte y del oeste de la isla sobre la que no tenía control legal, lo que equivale a un reconocimiento a su soberanía sobre la isla ártica.

Cuando la ONU, después de la II Guerra Mundial, elaboró una lista con territorios por descolonizar, Dinamarca se tomó como "algo humillante" figurar en ella a causa de Groenlandia, explica Harhoff, por lo que impulsó una reforma constitucional para incluir definitivamente la isla como parte integrada en el reino danés.

"El factor decisivo en el coleccionismo es despojar al objeto de todas sus funciones originales para que entable con sus semejantes [los otros elementos de la colección] la relación más estrecha imaginable", escribió Walter Benjamin. "Todo lo recordado, lo pensado, lo consciente se convierte en pedestal, en marco, en podio, en candado de su patrimonio". Recordé esta cita del Libro de los pasajes visitando Al puro ver se ve, la exposición de Patricia Esquivias (Caracas, 1979) que puede visitarse hasta el 25 de enero en el magro horario de visitas (solo por las mañanas, de martes a domingo) que ofrece el Museo Nacional de Artes Decorativas.

La muestra forma parte del ciclo Memoria, tejidos, museos. Los barrios bajos de la atención, comisariado por Selina Blasco y Patricia Molins, que revisita —a través de invitadas tan disímiles como Narelle Jubelin, Ana Garriga y Carmen Urbita (Las hijas de Felipe), Eva Lootz y Teresa Lanceta— los fondos textiles de las colecciones nacionales. En este tercer capítulo, Esquivias sigue la pista de una técnica de bordado desubicada: el punto moruno de Caleruela, una complicada técnica con la que se consigue que las labores no tengan derecho ni revés, sino que el resultado sea calcado en ambas caras del soporte. Esta sencilla pesquisa (¿cómo un textil originario de Fez, Marruecos, llegó a convertirse en típico de una localidad de Toledo?) sirve para exponer la compleja madeja de apropiaciones, viajes, anécdotas bélicas, instrucción femenina, colonialismo, intereses burgueses e invenciones de la tradición que se desarrolla en las tres pequeñas salas de las que dispone la exposición.

Más allá de la posible explicación del hecho insólito (parece que Zenobia Camprubí encargó a uno de los talleres locales esos bordados para decorar las casas que ella alquilaba en Madrid a viajeros norteamericanos), la muestra trata de perfilar la densísima trama de relaciones que se silencian (volviendo a la idea de Benjamin con la que comenzamos esta crítica) en los objetos coleccionados. Más, cuando se trata de artesanías fabricadas por mujeres, víctimas de una doble ocultación: una por lo no-artístico —ergo sin autor—, otra por lo femenino.

Con una claridad admirable (el tema es tan intrincado que su exposición podría volverse confusa con mucha facilidad), Esquivias traza una genealogía que pasa por las tradiciones islámicas que resisten en la península ibérica, la fascinación que lo popular causó en los ilustrados de la II República (particularmente, en los participantes en la Institución Libre de Enseñanza), los manuales históricos, antropológicos y pedagógicos sobre artes decorativas, las formas eruditas del bordado, la influencia que las criadas tuvieron en la educación de la clase dominante (Lorca, en la conferencia sobre las nanas, dice algo hermoso a este respecto: «Estas nodrizas, juntamente con las criadas y otras sirvientas más humildes, están realizando hace mucho tiempo la importantísima labor de llevar el romance, la canción y el cuento a las casas de los aristócratas y los burgueses»), el origen y el propósito de las colecciones textiles, el mercadeo con estos objetos y las reatribuciones que lo árabe padeció durante la dictadura, donde a todo lo elaborado que hallase en el protectorado había que buscarle un origen patrio y católico, no sea que esos bárbaros fuesen capaces de hacer algo sofisticado.

Expositivamente, la propuesta se vertebra en tres compases cuyos títulos reflejan las tensiones en torno a la autoría y el origen del bordado que nos convoca. Lo izieron en Fez, Lo izieron en Caleruela y Al puro ver se ve, que es también el título del extenso vídeo que cierra la muestra y que sintetiza la investigación de la artista. Aunque a lo largo del recorrido se citan muchos materiales textiles custodiados en colecciones públicas, el visitante tendrá que contentarse —en muchas ocasiones— con reproducciones fotográficas, imagino que a causa de los siempre presentes problemas de conservación y por los escasos recursos que se habrán destinado al proyecto. Es una pena. Los elementos mostrados (ya sean originales o reproducciones) son muy diversos: desde recortes de prensa, fichas de catalogación dubitativas, inventarios y documentos de proveniencia, catálogos de exposiciones, manuales, piezas históricas (como un frontal de altar hecho con recortes dieciochescos), bordados realizados por la propia artista o una colección de dechados, que son los modelos que las maestras bordadoras hacían para instruir a sus alumnas. Estos últimos son fascinantes, porque condensan en un pañito todas las capacidades de las que es capaz su artífice con una aguja y un hilo: letras, números, la representación de un monograma, un calvario, una coronita, pequeños animales, un barco. En todos se borda el nombre de su autora: «Loizo Josefa Marti…», «Loizo Ciria Camart», etcétera.

En Al puro ver se ve Patricia Esquivias logra, mediante una propuesta materialmente sucinta pero cuidada, y una profunda y delicada labor de investigación, mostrar las aristas que los discursos museográficos (tan aficionados a lo inapelable y monolítico) ocultan: la fragilidad y contingencia de su criterio. Lo hace partiendo de un asunto en apariencia insignificante (o lo que es lo mismo, un asunto considerado insignificante por las instituciones que fijan el canon) para alumbrar, a través de él, las mismas complejidades que afectan a las grandes obras y a los temas tenidos por importantes. Así, aplicándole el rigor intelectual y las finuras que se reservan a las ligas mayores, empareja la historia de una «mera» técnica de bordado con esas otras que se escriben con mayúscula. A ello contribuye el ciclo comisariado por Blasco y Molins, que recomiendo seguir con atención. Tras este capítulo vendrán los correspondientes al Museo de América y al Arqueológico Nacional (los precedentes ocurrieron en el Museo del Traje y en el del Romanticismo). Quién diría que en los barrios bajos de la atención terminarían por esconderse tantas maravillas.

Envueltos en bufandas con los colores de la bandera verde y blanca, con ululeos y al grito de ¡Viva Argelia!, los diputados de la Asamblea Popular Nacional aprobaron la nueva ley “que penaliza el colonialismo”. Los 27 artículos fueron aprobados por unanimidad por la cámara baja del Parlamento argelino el 24 de diciembre. A raíz de ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores francés calificó esa ley de "iniciativa manifiestamente hostil".

“La única iniciativa hostil es la agresión francesa contra Argelia y los crímenes cometidos durante 132 años”, replica Zakaria Belkhir, diputado del Movimiento de la Sociedad por la Paz (partido islamista conservador), que participó en la redacción de la ley.

La aprobación del texto se produce en plena crisis diplomática con Francia, en un contexto de tensiones en torno al movimiento separatista cabil exiliado en París, el MAK, y pocas semanas después de la condena en apelación del periodista Christophe Gleizes a siete años de prisión.

Pero centrarse en las tensiones diplomáticas haría olvidar las “razones más profundas” que motivaron esa aprobación, según el historiador argelino Hosni Kitouni. “Una gran parte de la opinión pública argelina es muy sensible a algunas de estas reivindicaciones”. Recuerda que estas disposiciones “forman parte del alegato argelino desde hace mucho tiempo”. “Esta ley es el resultado de un proceso iniciado en 1984”, fecha en la que se mencionó por primera vez en el Parlamento la criminalización de la colonización.

En la década de 2000, los diputados argelinos presentaron tres proyectos de ley en este sentido, que terminaron en nada. Para Hosni Kitouni, la declaración de Emmanuel Macron en Argel en 2017, en la que calificó la colonización de crimen contra la humanidad, incluso reavivó la esperanza de “ver por fin a Francia adoptar una política memorialista más atenta a las expectativas de Argelia”.

Esperanzas frustradas por una “política de gestos decididos soberanamente por el Elíseo”, según el historiador. En enero de 2023, Macron excluyó definitivamente la posibilidad de presentar disculpas oficiales a Argelia. La ley aprobada el 24 de diciembre retoma esta exigencia, añadiendo la solicitud de reparación por “daños materiales y morales” o la restitución de los archivos conservados en Francia, líneas rojas que París se ha negado hasta ahora a cruzar.

Al día siguiente de la votación, la prensa argelina se hizo eco del entusiasmo de la opinión pública. "El colonialismo francés criminalizado", titulaba en portada el diario francófono El Moujahid, mientras que el periódico en árabe El Khabar elogiaba el "consenso nacional" en torno a la ley. Por su parte, los periodistas de Al Jazeera destacaban el entusiasmo de las reacciones en las redes sociales argelinas.

“Tenemos un nacionalismo arraigado en nuestros jóvenes, un orgullo por la lucha por la liberación nacional”, explica el periodista independiente Abdou Semmar, quien señala, sin embargo, que la aprobación popular no significa en absoluto resentimiento hacia Francia. El columnista también recuerda que “en el pulso con París, la historia es una carta legítima que se puede jugar”.

Sin embargo, según Abdou Semmar, el texto no está exento de defectos. El artículo 19, por ejemplo, prevé la criminalización de las declaraciones que elogien la colonización, castigándolas con penas de prisión y la privación de los derechos civiles. Una disposición que da al régimen argelino, presidido por Abdelmadjid Tebboune, la posibilidad de “asimilar a los opositores a partidarios de la Francia colonial” y bloquea cualquier lectura crítica de la historia de la colonización y la guerra.

El periodista también lamenta la falta de precisión de la ley sobre los mecanismos que deberían permitir una estimación del importe de las reparaciones reclamadas a Francia.

De hecho, la principal novedad que aporta esta ley será su carácter vinculante para el Estado argelino. En teoría, las instituciones, y en particular el Gobierno, deberán esforzarse a partir de ahora por alcanzar los objetivos fijados en el texto. Aunque, en la práctica, la obtención de reparaciones por los perjuicios de la colonización francesa parece aún un horizonte lejano.

La confusión memorialista es total desde que en el verano de 2024 fueron congelados por Argel los trabajos de la comisión mixta de historiadores creada en 2023, y siguen suspendidos hasta la fecha. Por lo tanto, no se esperan negociaciones en el marco de esta nueva ley, ni sobre las medidas más concretas, como la restitución de los “restos de los símbolos de la resistencia”, ni siquiera sobre su artículo 11, que se refiere a la limpieza de las regiones del Sáhara contaminadas por los ensayos nucleares franceses.

El texto aprobado por la Asamblea Popular Nacional también se inscribe en “un momento crucial de la evolución de las mentalidades en África”, caracterizado por “un impulso de la juventud en favor de una justicia reparadora”, según analiza el historiador Hosni Kitouni.

Del 30 de noviembre al 1 de diciembre, Argel acogió, bajo los auspicios de la Unión Africana (UA), una conferencia internacional sobre los crímenes del colonialismo. Diplomáticos y académicos de África y el Caribe suscribieron una declaración en la que recomendaban la puesta en marcha de una “estrategia de reparación basada en la justicia” que incluyera “compensaciones por las riquezas saqueadas”.

La idea de las reparaciones coloniales se formalizó por primera vez en la conferencia de Accra, en Ghana, en noviembre de 2023. La declaración de Argel se someterá a votación en la 39ª cumbre de la UA, en febrero de 2026.

En junio de 2025, Francia fue interpelada ante la ONU por comunidades nigerinas que exigían reparaciones por las masacres cometidas durante la conquista de su región en 1899. Una vez más, en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas con Niamey.

Pero París no es, ni mucho menos, la única capital europea expuesta a las exigencias de justicia reparadora. Desde 2021, Alemania es objeto de presiones diplomáticas por parte de Namibia para que asuma la responsabilidad del genocidio de los herero y los nama (1904-1908), por lo que Windhoek reclama ahora a Berlín una compensación económica.

Alemania se ha declarado dispuesta a financiar proyectos de desarrollo en el país, pero ha eludido la cuestión de las reparaciones. Del mismo modo, Francia ha explicado que sigue "abierta al diálogo bilateral" con Níger, sin abordar el tema de las indemnizaciones.

En Argelia, mientras que los canales diplomáticos con Francia están prácticamente cerrados, el régimen no tiene ningún interés en abandonar su posición de adalid de la justicia reparadora africana. “Esta ley tendrá inevitablemente repercusiones y abrirá el camino”, asegura el diputado Zakaria Belkhir, quien considera que el próximo objetivo de Argelia será ahora “orientarse hacia una legislación internacional”.

Traducción de Miguel López

Walter Benjamin dijo que el materialismo histórico proponía una relación empática con el pasado. Frente al parentesco —dice el filósofo— que la visión historicista establece con los triunfadores pretéritos (interpretando sus victorias como motor de la historia: la conquista, la cristianización, la gesta civilizatoria, ¿les suena?), la visión materialista contempla con pasmo el desfile triunfal de los dominadores del presente —herederos de los vencedores del pasado— fijando la mirada en los cuerpos que asfaltan el suelo por el que avanza la procesión.

"Como suele ser habitual", prosigue Benjamin, "al cortejo triunfal le acompaña un botín. Son los llamados bienes culturales. Estos siempre habrán de encontrar en el materialista histórico a un observador distanciado: todos, sin excepción, tienen para él una procedencia que no puede pensar sin horror. […] No hay un solo documento de cultura que no sea a la vez un documento de la barbarie". 

Recordé este (celebérrimo) pasaje de la Tesis sobre el concepto de historia visitando Expurgar papel: cadáveres, onde a memória coletiva ainda emerge [Expurgar papel: cadáveres, donde la memoria colectiva aún emerge], la exposición de Carla Filipe (Vila Nova da Barquinha, Portugal, 1973) que puede verse hasta finales de diciembre en la galería La oficina. En ella, Filipe continúa sus investigaciones plásticas y teóricas en torno al archivo como dispositivo de memoria, de interpretación del pasado y, por tanto, de justificación del presente. Expurgar papel… es, formalmente, una colección de collages armados con materiales de época. En la muestra, los trabajos gravitan por el espacio de la galería suspendidos del techo con hilos finísimos. El conjunto adquiere un airecillo espectral, como si fueran pendones izados por vaya usted a saber quién.

Instalados de este modo, la solemnidad inherente a todo documento se beneficia de una liviandad inesperada. Además, el montaje permite un juego de anversos y reversos muy sugerentes (la gramática del papel y la burocracia) en cuyo eje destaca un soporte singular: carpetas que, desplegadas, sirven de base a la composición. Ver documentos históricos recortados y pegados le causa a uno una pequeña conmoción. Nuestra educación nos ha entrenado para reverenciar el material de archivo: los documentos históricos se guardan con respeto y se los preserva de las agresiones del tiempo y de los iconoclastas. Bajo esta veneración documental subyace, claro, una servidumbre a aquellos que son documentados: los protagonistas de la historia, cuya memoria conservamos como si fuera la nuestra. (La facilidad con la que actualmente producimos registros de nuestra vida puede hacernos olvidar que hará menos de un siglo, un trabajador quizás se hacía dos fotografías durante toda su vida; y antes, ningún retrato).

Para componer estas obras, la artista practica un procedimiento curioso, consistente en el rescate de fotos, periódicos, postales, cartas o calendarios (sacándolos de los mercadillos y lugares semejantes, donde es fácil que se deterioren y se pierdan) que luego preserva mediante su reconversión en obra de arte (esto es, alterándolos, uniéndolos y mutilándolos). Muchos de los fragmentos conservan escenas coloniales o aluden a sucesos políticos de la historia portuguesa. Algunas son muy pintorescas: unos señores trajeados y con sombrero vigilan un edificio de ventanas embarrotadas. En el pie de foto se lee: "Revolucionarios civiles, pobres pero honrados, guardando el Banco de Portugal pasadas unas horas de la revolución del Cinco de Octubre". Otras composiciones están armadas con elementos poco narrativos, pero que dan cuenta de las costumbres de una época: por ejemplo, la utilización de franjas negras en los bordes de los sobres y del papel de las cartas para "enlutar" la correspondencia. Además de las piezas suspendidas, la exposición integra unas piezas llamadas paneles, armadas con recortes de textos y pequeñas estampas que intersecan recordando a un crucigrama o al callejero de alguna ciudad.

Las obras de esta exposición, aunque hechas con retales, desprenden una cierta elegancia: los collages están hábilmente compuestos y las particularidades plásticas de sus materiales excitan la curiosidad del visitante. No se trata, quiero decir, de ejercicios que se queden en el mero esbozo conceptual: se aprecia en todo momento una voluntad estética. Este atractivo, creo, compensa su hermetismo: si las piezas no nos cautivasen, sería complicado que nos detuviésemos en ellas el tiempo suficiente como para desencriptar el asunto que tratan.

Yendo a lo pedagógico, el visitante puede echar de menos algún material introductorio que le facilite la lectura concreta de las obras: aunque la exposición se acompaña de un interesante texto firmado por Laura Vallés Vílchez, no sirve para interpretar unas piezas en las que se alude a unos trasuntos históricos que podemos, perfectamente, ignorar. Con todo, y más allá de nuestra capacidad personal para captar tal o cual referencia, advertimos cómo Filipe despliega en estos trabajos un procedimiento admirable: la manipulación —ahora sí, explícita— del relato. Una venganza contra los autores de esa historia que, queriendo ser invulnerable, ha terminado descompuesta solo con la fuerza de unas tijeras y un poco de adhesivo.

La pérdida no solo hiere: desordena el mundo. Después de una muerte, no desaparece solo una persona, sino el entramado de gestos y significados que sostenían la vida. El duelo es ese proceso que intenta recomponer el sentido.

Desde hace décadas, la psicología cultural ha mostrado que el duelo no es “superar”, sino reconstruir. En lugar de cerrar el vínculo, muchas culturas buscan seguir conversando con los muertos, mantenerlos presentes en los relatos y los objetos. Las mediaciones culturales –una tumba, una foto, un canto, un perfil digital– son los puentes que permiten seguir en relación con lo ausente, rehaciendo la historia desde la fractura.

El mundo está lleno de lenguajes para el duelo. En Madagascar, las familias celebran el famadihana o “vuelta de los huesos”, un reencuentro festivo en el que se desenvuelven los cuerpos de los ancestros, se les cambia la mortaja y se baila con ellos.

En Japón, muchas familias conservan en casa un butsudan, un pequeño altar budista con las tablillas de los antepasados –los llamados ihai se colocan en el altar con el nombre y la fecha de la muerte del difunto–. Allí se ofrecen flores o incienso como forma de mantener viva su presencia.

En Ghana, los funerales pueden durar días y reunir a cientos de personas; los ataúdes se tallan con formas simbólicas –un pez, una herramienta– que representan la historia o el oficio de quien ha muerto.

En México, el Día de Muertos celebra el regreso simbólico de los difuntos al mundo de los vivos. En casas y cementerios se levantan altares con flores, pan, velas y objetos personales, mientras las familias se reúnen entre música, comida y calaveras literarias que, con humor, conversan con la muerte.

En los Andes, entre comunidades quechuas y aymaras, la muerte se entiende como regreso al territorio. Los cuerpos se confían a la tierra o al agua que los vio nacer, porque el vínculo entre persona y paisaje se transforma. Las cosmologías, silenciadas por la colonización, recuerdan que morir también puede ser volver a la trama que nos sostiene.

Estas prácticas muestran algo esencial: no existe una sola manera de llorar. Cada cultura ha inventado herramientas para transformar la ausencia en relación y la memoria en cuidado.

En gran parte de Europa, el duelo se ha vuelto más íntimo y menos visible. La muerte suele tener lugar en instituciones, lejos de los espacios domésticos, y muchos de los rituales que antes acompañaban la pérdida se han ido diluyendo.

La discreción ha sustituido en gran medida a las formas colectivas de despedida. En España, como en otros países europeos, aún cuesta hablar del duelo y la muerte sin incomodidad. Iniciativas como el Festival Vida al final de la vida invitan a la ciudadanía a participar en actividades artísticas y conversaciones abiertas sobre ello.

Pensar el duelo desde una mirada decolonial implica también reconocer que no todas las muertes pesan lo mismo, ni todas las culturas han tenido el mismo derecho a elaborarlas.

Las historias coloniales de desplazamiento, racismo o violencia estructural han generado duelos sin reconocimiento: migraciones forzadas, desaparecidos, pueblos enteros privados de sus ritos.

La modernidad colonial no solo administró cuerpos, sino también muertes: decidió cuáles eran dignas de luto y cuáles podían ser olvidadas. Frente a ello, muchas comunidades han hecho del duelo una forma de resistencia.

Las madres de los desaparecidos que marchan con las fotos de sus hijos o los altares improvisados en las fronteras encarnan una práctica afectiva que no busca cerrar la herida, sino sostenerla en común para reconocer la violencia que la produjo y recuperar la capacidad de cuidar más allá del marco colonial.

En el siglo XXI, el duelo también se ha desplazado a los espacios digitales. Las redes sociales albergan memoriales, perfiles donde los vivos siguen escribiendo a los muertos, y los llamados deathbots –programas que reproducen la voz o los mensajes de una persona fallecida– prolongan esas conversaciones más allá de la vida.

Las pantallas, los rituales, los cuerpos, los paisajes… todos median la continuidad entre vida y muerte. En esa diversidad de mediaciones –ancestrales o tecnológicas– se manifiesta la misma necesidad: seguir hablando con lo ausente, aunque el idioma cambie.

Mirar el duelo desde la diferencia cultural y desde la herida colonial no significa idealizar otras prácticas, sino recordar que llorar también es un acto de conocimiento y de justicia.

Cada cultura encarna una forma de relación con el tiempo y con la memoria, y todas reconocen que el dolor, cuando se comparte, reconstruye comunidad.

En un mundo que acelera el olvido, el duelo puede ser una forma de resistencia: una práctica que devuelve lentitud, vínculo y sentido. Morir no es igual en todas partes. Tampoco lo es recordar.

En los modos en que cada sociedad acompaña la pérdida se revela su idea de vida, de justicia y de mundo. El duelo, lejos de ser una enfermedad del alma, es una mediación entre la memoria y el porvenir, entre la ausencia y la continuidad de la vida.

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Belén Jiménez Alonso es profesora e investigadora, especialista en duelo, en el departamento de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Este artículo se publicó originalmente en The Conversation.

A las puertas de Jerusalén, áridos montes cubiertos de coníferas polvorientas dan paso al desierto de Judea, que se extiende hasta el mar Muerto, al este de la Cisjordania ocupada. Hace treinta años, el entonces primer ministro israelí, Yitzhak Rabin, imaginó en esa zona un proyecto de colonización, bautizado como “E1” (por Este 1), que conectaría la colonia de Ma'ale Adumim, construida en 1975, con la “ciudad santa”.

Durante años, debido a la presión internacional, en particular de Estados Unidos, Israel tenía el plan en suspenso. Al dividir Cisjordania en dos con un corredor colonizado, ese proyecto acabaría con cualquier esperanza de crear un Estado palestino viable.

Pero el miércoles 20 de agosto, las autoridades israelíes han aprobado definitivamente la construcción de 3.400 viviendas en esa zona E1. En realidad, la luz verde se había dado a principios de agosto, después de que el comité encargado de la planificación dentro del ejército rechazara las últimas objeciones de los opositores al proyecto.

El corredor es estrecho, de unos 12 kilómetros cuadrados, y está prácticamente deshabitado. Pero une Belén, al sur, con Ramala, al norte. En este triángulo del corazón de Cisjordania vive aproximadamente un tercio de la población palestina de este territorio. “Hay todo tipo de puestos avanzados y colonias que han intentado y logrado fragmentar Cisjordania en muchos lugares”, explica Yonatan Mizrahi, codirector de seguimiento de colonias de la ONG contra la ocupación La Paz Ahora. “Pero en el plano político, E1 supone un cambio importante”.

El 14 de agosto, Bezalel Smotrich, el ministro que supervisa la planificación en la Cisjordania ocupada, enarbolaba todo triunfante un mapa del proyecto, dominando la zona desde las colinas de Ma'ale Adumim. “Seguiremos construyendo una realidad judía. Una realidad que entierra la idea de un Estado palestino”, resumió el supremacista judío, defensor de los colonos.

Ma'ale Adumim, con 37.000 habitantes, está construida ilegalmente en territorio palestino, según el derecho internacional. Para muchos israelíes no es más que un simple suburbio de la “Gran Jerusalén”, su capital. El proyecto les parece el desarrollo natural de esta bolsa poblacional. Pero, una vez instalados, los colonos que vengan a poblar E1 crearán un hecho consumado: será imposible desalojarlos, reforzando el cinturón de colonias que rodea Jerusalén Este, ya ampliamente aislada del resto de Cisjordania ocupada.

Para Bezalel Smotrich y muchos miembros de la coalición, el objetivo es imponer la soberanía israelí en Cisjordania y “eliminar de forma permanente la idea de dividir la tierra”, y ello “para garantizar que, de aquí a septiembre, los hipócritas líderes europeos no tengan nada que reconocer”, declaró el 14 de agosto. A finales de 2022, su Partido Sionista Religioso condicionó su participación en la coalición gubernamental a la anexión de Cisjordania.

La llegada al poder de los aliados ultranacionalistas de Benjamín Netanyahu ha acelerado la colonización. Los atentados del 7 de octubre desviaron la atención de Cisjordania, dejando a la población israelí indiferente al destino de los palestinos, explica Yonatan Mizrahi. Pero es que “el cambio de administración en Estados Unidos ha cambiado las reglas del juego”, añade. “Durante años, los americanos habían vetado más o menos ese proyecto.”

Estados Unidos no se opone al plan E1, declaró el 18 de agosto en la radio militar israelí su embajador, el evangelista procolonización Mike Huckabee. Francia condenó “con la mayor firmeza” la decisión israelí en un comunicado publicado el 16 de agosto, afirmando estar “dispuesta […] a aumentar la presión sobre Israel con el fin de poner fin a la colonización, incluso mediante nuevas sanciones contra las personas y entidades responsables de la colonización”.

Bezalel Smotrich y su aliado supremacista Itamar Ben Gvir, ambos colonos, ya están sujetos a sanciones por parte de Gran Bretaña, Canadá, Australia, Noruega y Nueva Zelanda. La aprobación del proyecto E1 ha suscitado una ola de condenas internacionales, aunque sin efecto alguno.

La construcción de las primeras viviendas en E1 podría comenzar en un año como muy pronto, estima Yonatan Mizrahi. Su ONG no tiene previsto llevar el caso ante el Tribunal Supremo israelí, ya que el máximo órgano judicial del país no protege a los palestinos contra la colonización. “El sistema israelí y la opinión pública probablemente dejarán que [el proyecto] se lleve a cabo”, cree también Aviv Tatarsky, investigador israelí de la organización Ir Amim, que lucha contra la colonización en Jerusalén. “Necesitamos que la comunidad internacional actúe. A Israel no le impresionan las condenas”.

Para él, las autoridades israelíes “ya han comenzado a distribuir órdenes de demolición en las últimas dos semanas”. Unas veinte comunidades se ven amenazadas por el proyecto, directa e indirectamente, indica, lo que representa “unos miles” de palestinos amenazados con el traslado forzoso. “Las intenciones israelíes se han vuelto aún más peligrosas”, dice el investigador. “Hoy en día, no se trata solo de anexión, sino sobre todo de expulsión. E1 supone un gran peligro para la propia existencia de los palestinos en Cisjordania.”

Entre el 1 de enero y el 11 de agosto de 2025, Israel ha demolido o precintado 23 casas y 4 edificios, “desplazando a unas 140 personas, entre ellas 57 niños, el nivel más alto de desplazamiento en este contexto en comparación con cualquier otro período desde 2009”, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).

A la sombra del genocidio en Gaza, Israel está acelerando la limpieza étnica en Cisjordania con gran violencia. Según la ONG israelí B'Tselem, desde el 7 de octubre han sido totalmente expulsadas de su territorio 40 comunidades, lo que supone 2.430 personas, a las que hay que añadir 159 palestinos más procedentes de localidades parcialmente vaciadas de sus habitantes.

Traducción de Miguel López

Lo de comprar por parte de USA es un eufemismo, debemos de recordar la fecha de 1818 cuando los americanos invadieron la Florida oriental. El presidente Monroe y el secretario de Estado John Quincy Adams firmaron el tratado transcontinental de 1819 (Adams-Onís) por el que se forzó a España a entregar lo que quedaba de su territorio colonial al sur de Norteamérica a cambio de cinco millones de dólares que en ningún momento cobró la Corona española, el documento final se redactó y firmó en Washington el 22 de febrero 1821, por Luis de Onís (representante de la Corona) y John Quincy Addams, a la postre presidente de USA. Dicen que esa cantidad se destinó a abonar reclamaciones estadounidenses contra España ¿sería la práctica borbona?, entonces al «Felón» Fernando VII. Lo mismo hicieron con los territorios de México, esperemos que no pretendan con Groenlandia, Dinamarca, Panamá, la misma maniobra y utilizar parte de ese pago en Panamá para destinarlo a ciudadanos estadounidenses que tengan reclamaciones contra el gobierno mexicano, probablemente serían a las grandes navieras norteamericanas que usan el canal que une los Océanos Atlántico y Pacifico.

El Gobierno español se ha hermanado con Panamá en contra de la postura del nuevo «Capo yanki», de paso también podría reclamar los 5 millones de dólares no entregados a España, fue una falsedad el ser destinarlos a ciudadanos estadounidenses que tenían reclamaciones contra el Gobierno español; para recuperarlos habría que cobrarlos con intereses o establecer un valor comparándolo con una compra que realizó el magnate estadounidense Ken Griffin, cuando en el 2022 invirtió solo en terrenos un total de 450 millones de dólares por una finca de 10,2 hectáreas en primera línea de mar, en una de las zonas más lujosas de Florida, y considerando que la mayor parte del Estado de Florida está situado en una estrecha y alargada península, siendo el Estado número 24 de los 51 de mayor superficie en USA, con 170.312 kilómetros cuadrados.

La hectárea son 10.000 m2 y compró 10,2 hectáreas por 450 millones de dólares, los 170.312 Km2 que son 172.312.000 m2 total de Florida, el importe actual sería de 760.200 millones de dólares. Esa cantidad sería el valor actual de Florida, pero siendo un poco condescendiente con USA en estos momentos de crisis, España podría aceptar 500.000 millones de dólares en «pronto pago», fórmula que el actual «Jefe» de USA podría aceptar pues allí tiene Mar-a-Lago, su residencia de 8.000 m2 con 114 habitaciones y sería americana, como diría él.

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José Enrique Centén Martín es socio de infoLibre.

Falta de atención y de consideración, demostración de fuerza legislativa, despliegue de fuerzas especiales de la gendarmería (GIGN) y de la policía (RAID), toques de queda, estado de emergencia... Con cinco muertos (tres canacos y dos gendarmes) y numerosos heridos en los enfrentamientos de los últimos días en Numea y sus alrededores, el gobierno francés se ve atrapado en la espiral de violencia que no ha conseguido desactivar si es que no ha contribuido a reavivar. 

Los disparos con munición real, en un contexto de incendios, cortes de carretera y saqueos, han hecho resurgir el fantasma de la guerra civil entre independentistas y lealistas, que culminó en mayo de 1988 con la muerte de diecinueve canacos y dos militares durante el asalto a la cueva de Ouvéa. La cuestión del electorado ya estaba en el centro de lo que hipócritamente se llamó "acontecimientos". 

Por su dejadez y falta de preparación, hasta el punto de que la historia parece repetirse, el ejecutivo puede llevar a Francia a reducir a cenizas casi cuarenta años de un paciente proceso de descolonización, que hasta entonces había permitido mantener la paz civil en Nueva Caledonia gracias a un hábil aprendizaje de las fuerzas allí presentes, y que algunos, incluidos los funcionarios, esperaban desde hacía tiempo que simbolizara la primera descolonización "exitosa", es decir, sin violencia, del país. 

Hoy parece haberse roto el hilo de debate y equilibrio sobre el que se construyó el destino común de Nueva Caledonia, a pesar de los llamamientos a la calma que se escuchan desde todas partes, tanto en el bando lealista como en el independentista. 

Emmanuel Macron es el responsable, dados los errores cometidos por el ejecutivo. En lugar de escuchar las advertencias lanzadas por los independentistas hace meses sobre las consecuencias de la ampliación del electorado, que podría marginar a los canacos en el reparto de escaños en las provincias, su gobierno decidió despreciarlas. En lugar de insistir en la necesidad del diálogo, por complejo que sea, ha optado por forzar su plan a través de la Asamblea Nacional. 

En lugar de comprender la gravedad del momento aprendiendo las lecciones de experiencias pasadas, el presidente no ha querido detenerse sobre el fondo de la reforma impugnada, recurriendo al estado de emergencia –el de la ley de 1955 para hacer frente a los "acontecimientos" de otra antigua colonia, Argelia– y al envío de tropas. 

Tras avivar el caos, Macron promete una respuesta "implacable" a la conflagración en las calles. Para mostrar una cara amable ante la brutalidad de su estrategia, "invita" ahora a las delegaciones neocaledonias a venir a París para dialogar, advirtiéndoles que, si no se llega a un acuerdo para entonces, concovará al Congreso (sesión conjunta de la asamblea y el senado, ndt) en Versalles "antes de finales de junio" para ratificar la revisión constitucional. Negociaciones con ultimátum... no es seguro que a los interesados les guste. 

El ministro del Interior lo expresó a su manera, aún menos moderada: "A la República no le temblará el pulso. Sí al diálogo, como ha dicho el primer ministro, el que sea necesario, donde sea necesario, con quien sea necesario, pero la República nunca debe temblar ante los Kalashnikov", declaró Gérald Darmanin, tras rendir homenaje a la memoria del gendarme muerto sin media palabra para las demás víctimas. 

Dada su implicación en el proceso descolonizador, el Estado francés debería saber que no se puede acabar impunemente con un legado de conquista, esclavitud y resentimiento sin romper con los métodos brutales y expeditivos que configuraron el pasado. 

Lejos del apaciguamiento esperado, el Jefe del Estado reabre dolorosamente las heridas de una historia de dominación que nunca han cicatrizado del todo, a pesar de los Acuerdos de Matignon de 1988, tras la tragedia de Ouvéa, y de los Acuerdos de Numea de 1998, cuyo preámbulo reconocía oficialmente por primera vez el pasado colonial de la República Francesa. 

Esos acuerdos expresaban la voluntad común de "pasar la página de la violencia y el desprecio para escribir juntos páginas de paz, solidaridad y prosperidad", que el Estado había logrado grabar a fuego. Dada la situación actual, parece que el ejecutivo se ha olvidado de leer la página hasta el final antes de pasar a la siguiente. Porque aunque el "no" haya ganado tres veces en los referendos de autodeterminación, el proceso de descolonización, contrariamente a lo que se quiere creer, aún no ha terminado. Según lo que se ha dicho y escrito, aún no se ha llegado a un acuerdo global sobre el futuro institucional de este archipiélago del Pacífico, considerado todavía por la ONU como un territorio no autónomo pendiente de descolonizar. 

No es ésta la forma de deshacerse de un sustrato colonial que aún impregna el presente del país, sin haberlo mirado de frente. En una tierra donde los habitantes y las instituciones han demostrado una inteligencia colectiva y un acomodo razonables, la gestión política y policial de esta cuestión candente, sin pasado ni futuro, está condenada no sólo al fracaso, sino también a la tragedia.  

"Llegará el momento en que el deseo de dominar, de dictar su ley, de construir su imperio, el orgullo de ser el más fuerte, el orgullo de detentar la verdad, serán vistos como uno de los signos más seguros de barbarie en la historia de las humanidades". Estas palabras, pertenecientes a “Manifiestos”, obra de los escritores Édouard Glissant y Patrick Chamoiseau deberían estar pitando en los oídos de Emmanuel Macron. Escritas en 2007, no se referían a la situación en Nueva Caledonia, sino una respuesta al siniestro "debate" sobre la "identidad nacional", que, retrospectivamente, ha reactivado viejos esquemas racistas. 

¿Cómo hemos llegado a este punto sin retorno? Desde Francia, Numea parecía arder en llamas en un abrir y cerrar de ojos, al término de los debates parlamentarios. Pero el enfado venía gestándose desde mucho antes. El error de origen del Jefe del Estado viene de 2021, cuando el ejecutivo exigió mantener el tercer referéndum sobre la independencia, a pesar de que había sido boicoteado por los independentistas. Al privar a los más afectados de la oportunidad de expresar su opinión, el escrutinio perdía de facto toda legitimidad. 

Con la pérdida de confianza, se tensaron considerablemente las relaciones con los principales componentes del Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista (FLNKS), hasta el punto de obstaculizar la reanudación de los debates sobre el futuro institucional de Nueva Caledonia. 

En 2022, los independentistas vieron en el nombramiento para el gobierno de Sonia Backès, puntal de la derecha lealista, una clara falta de imparcialidad por parte del Estado. Recientemente, su rabia se ha centrado en el ministro del Interior, Gérald Darmanin, que se ha hecho cargo del expediente, rompiendo la tradición de confiárselo al primer ministro, y cuyas maniobras políticas están reñidas con la búsqueda del consenso y el crédito dado a la palabra dada al centro de la cultura política de Nueva Caledonia. 

La chispa final provino del proyecto de reforma presentado por el ministro Darmanin. Desde la revisión constitucional de 2007, resultante del Acuerdo de Numea, sólo las personas inscritas en el censo electoral antes de la fecha del acuerdo podían votar en las elecciones provinciales, una excepción de la ley francesa para reducir el peso de los recién llegados y para que los canacos puedan seguir influyendo en las decisiones que les afectan. 

Desafiando este compromiso, Gérald Darmanin, deseoso de pasar la página de la Historia, decidió que este principio "ya no se ajustaba a los principios de la democracia". Los independentistas, tras haber boicoteado el tercer referéndum por no haberse respetado el periodo de luto canaco posterior a la pandemia, vieron inmediatamente la liberación del electorado como un paso más hacia la minoría, ya que los canacos sólo representan actualmente el 41% de la población, según el último censo. 

Se trata de una cuestión existencial para ellos: sin mayoría demográfica, su destino político se les escapa de las manos, ya que apoyan mayoritariamente la independencia, mientras los herederos de los colonos blancos, y los caledonios de origen europeo en general, optan por lo contrario. Tienen pues sobrados motivos para desconfiar de las intenciones del Estado, dado que Francia, desde el momento en que se estableció en Oceanía, ha hecho de la región una cuestión estratégica al servicio de su política de colonización y sustitución. 

Desde que Napoleón III tomó posesión de la isla en 1853, el expolio de tierras, los desplazamientos y los trabajos forzados llevaron a la reducción de la población autóctona. En el censo de 1921 sólo quedaban 27.100 canacos, un 80% menos que en 1774. 

En la década de 1950, tras el fin del sistema indígena en 1946 y cuando los movimientos de descolonización ganaban impulso en todo el mundo, Francia fue contracorriente e intensificó su estrategia de poblamiento en Nueva Caledonia. Tras deportar a presidiarios, comuneros y argelinos en la segunda mitad del siglo XIX, tras la Segunda Guerra Mundial Francia vio en la inmigración una necesidad para mantener su presencia en esta parte del mundo. Luego, en los años 70, con el auge del níquel, esa oleada de "emigrantes económicos", procedentes sobre todo de las islas Wallis y Futuna, convirtió al pueblo canaco en una minoría numérica. 

La circular del primer ministro Pierre Messmer del 19 de julio de 1972 es de lo más explícita: "La presencia francesa en Nueva Caledonia sólo puede verse amenazada, salvo guerra mundial, por una reivindicación nacionalista de las poblaciones autóctonas, apoyada por algunos posibles aliados en otras comunidades étnicas del Pacífico. A corto y medio plazo, la inmigración masiva de ciudadanos franceses procedentes de la Francia continental o de los departamentos de ultramar debería permitir evitar este peligro, manteniendo o mejorando la proporción numérica de las comunidades. A largo plazo, la reivindicación nacionalista autóctona sólo se evitará si las comunidades no originarias del Pacífico representan una masa demográfica mayoritaria". Queda todo dicho. 

Al mismo tiempo, las reivindicaciones canacas se hacían tan fuertes que el Estado ya no podía ignorarlas. Los independentistas consideraban que, además del pueblo canaco, había que permitir a las que llamaban "víctimas de la historia", es decir, las personas obligadas por la administración colonial a instalarse en el archipiélago, expresar su opinión sobre el futuro del país. En una mesa redonda organizada en 1983 en Nainville-les-Roches (Essonne) quedaron sentadas las bases de las negociaciones sobre la autodeterminación. A partir de entonces se planteó la cuestión del electorado y se ha planteado una y otra vez, especialmente en 1988, pero también durante el primer referéndum de autodeterminación de 2018. Hasta el día de hoy.

Traducción de Miguel López

Es palmario el empecinamiento de determinados medios de comunicación por descalificar al ministro de Cultura debido a sus declaraciones relativas a la descolonización de los museos españoles siguiendo la pauta de Bélgica. Como eurodiputado en Bruselas, Ernest Urtasun fue testigo de un proceso de ajuste poscolonial -una reinterpretación democrática de los relatos colonialistas- en relación con el principal museo sobre la presencia belga en la República Democrática del Congo. Ni es nuestra postura ni creemos que ambos casos sean parangonables. Pero, sobre todo, no compartimos la posición tan manida de aquellos medios de apelar a intelectuales y expertos afines para avalar un argumento o un mero enunciado, como si fueran una legión monolítica que abogara por despejar las dudas sobre nuestra vieja relación con terceros a partir de un único axioma: el vínculo hispanoamericano fue imperial y se desarrolló a partir de reconocimiento mutuo entre súbditos -y luego ciudadanos- iguales. Es difícil aunar posiciones cuando se esgrimen axiomas que obedecen más a fijaciones identitarias -la nación española- que a la apertura de un debate democrático entre ciudadanos. En nuestro caso, no estamos por la labor de erigir una verdad absoluta frente a quienes consideran que sus enunciados han sido profanados. Lo que queremos es suscitar algunas dudas con el objetivo de tensionar las interpretaciones esencialistas de lo hispano frente a la alteridad.

La lectura conservadora -y no tanto- de nuestro vínculo con América sigue sosteniendo que con aquellas poblaciones y territorios no se construyó ningún vínculo colonial: las Indias conformaron lo que se consideraba Nueva España y nuestra relación fue la de un imperio que logró hibridar, emancipando, grupos autóctonos principalmente mediante el catolicismo y el castellano. Se puede asumir técnicamente este supuesto; pero ¿no tiene esta categorización más que ver con un formalismo político-legal inventado por los juristas -el “requerimiento”- que con una relación social? La práctica expansiva española “requería”, desde la autoridad papal y regia, a los indígenas para que se convirtieran en vasallos del rey, súbditos que, al igual que los españoles peninsulares, podían acudir a los tribunales, aunque no hablaran castellano ni supieran muy bien las razones de la injerencia de un poder externo. Un español, para nada sospechoso de “proindigenismo”, Martín Fernández de Enciso (1469 - c. 1533), cuenta así la respuesta que le dieron los indios Sinú (Colombia) a un requerimiento según el cual el “Santo padre como Señor del universo había hecho merced de toda aquella tierra de las Indias y del Cenú al rey de Castilla”, a lo que los indígenas respondieron que “el Papa debería estar borracho cuando lo hizo, pues daba lo que no era suyo, y que fuese allá á tomarla que ellos le pondrían la cabeza en un palo”. Vasallaje coercitivo. Aun así, supongamos que, a la larga, el requerimiento generaba igualdad entre aquellos españoles de ambos lados del océano Atlántico.

Ahora bien, ¿qué igualdad podría establecerse a partir de la construcción de unas relaciones que “subalternizaban” o excluían a unos en detrimento de otros: que desmantelaban sentidos de vida autóctonos, que prohibían el comercio libre, que montaban una economía extractiva de materias primas y de excedentes indígenas, que limitaban la circulación de los súbditos como consecuencia de la castellanización que hasta bien entrado el siglo XVIII restringió la presencia en América de otros reinos peninsulares, excluyendo a los castellanos conversos y privilegiando a los hidalgos de sangre o de estatuto comprado. Fueron estos últimos los que emularon la sociedad señorial peninsular, la que quedaba en territorio europeo, los que, como no podían trabajar -en eso consiste también la hidalguía-, ejercían sobre los indígenas prácticas neofeudales de servidumbre. En suma, ¿qué relaciones pro-hidalgas eran estas que acentuaban el orgullo racial de los españoles y, posteriormente, el alarde criollo? ¿Vínculos de igualdad? ¿De qué demonios estamos hablando?

Podemos incluso así seguir insistiendo en que no hubo colonialismo. Vale, bien, continuemos por este derrotero y ahondemos en una servidumbre que ya no se ejercía sobre pecheros y moriscos, como en la península, sino sobre los indígenas. Los españoles -ya mayoritariamente hidalgos en América- pensaban que su condición implicaba ser servidos. No podían esclavizar a los indígenas porque el derecho romano no aceptaba la esclavitud más que por derrota militar en guerra justa. Y se entendía que la guerra indígena era defensiva. Ahora bien, dispusieron de un mecanismo crucial, la encomienda, para conformar la nueva sociedad señorial en la que fue entrando progresivamente la monarquía. Este fue el principal dispositivo con el que los indígenas fueron situados en posiciones de servidumbre o cercanas a ella hasta el siglo XX. Y, si no eran ellos, el mercado de esclavos africanos conseguía abastecer con abundante mano de obra las necesidades hispanas. En este caso, ni siquiera eran sujetos de derecho. En suma, ¿qué hacemos con los esclavos comprados y vendidos por la cuarta potencia en el ranking del tráfico de esta mercancía humana? ¿Lo seguimos borrando de nuestro pasado en una historia de ignominia? ¿Qué clase de memoria es esta?

Decir, tal y como se publicó en los principales periódicos de España, que “no hay nada que descolonizar” porque “España no tuvo colonias, tuvo virreinatos” es de un cinismo nominalista muy poco riguroso. La India también tuvo virreyes y, sin embargo, casi nadie en su sano juicio se atrevería a decir que la India no fue colonia del Reino Unido. Esta “pirueta semántica”, ya denunciada por historiadoras como Marisa González de Oleaga o José Antonio Sánchez Román, es muy sintomática de quienes se niegan a abrir el debate sobre la memoria colonial en España. Pero, continuemos el juego e insistamos con vehemencia negando una vez más la relación colonial, enalteciendo el glorioso vínculo imperial. Reaparece, sin embargo, el “Pepito grillo” de la conciencia con una nueva pregunta: ¿es que el imperio español no empleó las estructuras materiales de los indígenas en la medida que le fue posible porque su forma de conquista, lejos de consistir en la destrucción de lo precedente, implicaba la apropiación de excedentes? Aquello no era Norteamérica. Acostumbrados a las expediciones de conquista del territorio en la península y en el norte de África, los guerreros hispanos convertidos en baja nobleza y ubicados en una red de ciudadanes colonizadoras, tenían muy claro cómo logar recursos y promoción social una vez que el imperio otomano había cortado su expansión por el Magreb. Con todo, nos dirán, hubo mestizaje, lo que significa ausencia de racismo hacia los indígenas. Pero ¿este mestizaje no está más bien relacionado con la modalidad hispana de emigración de varones solteros (o casados, pero sin la esposa) que se alimentaban de las estructuras productivas locales, ocupando grandes extensiones en busca de siervos y oro ajenos al trabajo prolijo que fue común en la colonización anglosajona? Los españoles tuvieron que convivir con los indios en un entramado de colonización extensiva -no intensiva, como en Norteamérica-, que dio lugar a un enorme sufrimiento y que a menudo resultó en una muerte -para los indígenas, sin sentido, sin significado según sus cánones de muerte ritualizada- en la hoguera o en las fauces de los perros llevados por los conquistadores. En todo caso, nos dirán, nos mezclamos y ellos -los gringos- no lo hicieron. Cierto es, pero esta afirmación solo implica echar balones fuera. Es el argumento sempiterno.

Veamos ese pasado desde otro lugar: el imperio español como fórmula política. No obstante, retornan las preguntas: ¿la idea de imperio en América no resulta algo extraña cuando consideramos que no había un plan integral de diseño imperial, un plan que los Austrias sólo precisaron con el establecimiento de dos virreinatos en México y Perú que se ubicaban en las cuencas mineras con las que alimentaban sus tropas europeas? Cierto, los Borbones complejizaron aquella estructura, aplicando un sistema de contrapesos cuyo fin era que ningún poder fuera dominante, asegurándose así el arbitrio regio en las disputas. Pero aquello, como sostiene el filósofo e historiador José Luis Villacañas, aparece más bien como una permeable estructura política de endebles equilibrios que se desparramaba sobre áreas selváticas ajenas al control español y poblaciones locales a menudo traumatizadas que a veces daban lugar a motines populares motivados por el declive de los linajes indígenas. Se puede alegar que en la segunda mitad del siglo XVIII la intervención regia rompió aquellos débiles equilibrios al controlar a las milicias criollas que cayeron bajo el mandato de oficiales del ejército español. Vale, un imperio, desvaído, pero un imperio.

Llegados a este punto, cabe refugiarnos y plantear el problema en retirada. Los problemas del imperio no comenzaron con las independencias americanas, con esas oligarquías que heredaron posiciones de privilegio y pactaron con las nuevas potencias. Sus problemas comienzan con nosotros, en el presente: cuando su exaltación y la negación de sus vínculos -con su permiso- coloniales solo nos dejan ver sus virtudes y nos impiden entrever todo el sufrimiento perpetrado. Está bien, podemos denominar la relación entre España y América como un dominio imperial de carácter feudal. No obstante, también deberíamos tener en cuenta que, para España, la relación colonial con aquellos territorios siempre fue negada porque aceptarla hubiera implicado que toda agresión contra el espacio americano quedaba al margen del derecho tradicional, un derecho que solo se aplicaba cuando las disputas eran entre sujetos soberanos. Aquellas tierras eran parte de un imperio, sin distinciones jurídicas respecto a la península. Ese era el límite jurídico-político de la noción imperial. Ahora bien, ese límite no excluye las relaciones de poder que, una vez establecidas, dieron lugar a grupos dominados, “subalternizados”, explotados y racializados, población afrodescendiente incluida. En suma, súbditos -cuando lo eran- para nada iguales. Aceptar para el debate estas relaciones no supone asumir culpas con respecto al pasado, no implica flagelarse cual pecador sometido a un acto de contrición. Más bien, entraña hacerse cargo de las responsabilidades cívicas con respecto a los efectos actuales de aquellas antiguas relaciones; hacerse cargo, en suma, de la vulnerabilidad que hoy en día forma parte de las vidas de los otros, de aquellos a los que seguimos ninguneando porque son reos de sus propios actos negligentes: haber abandonado, como hijos pródigos, el seno de la madre patria.

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Jesús Izquierdo Martín y Emiliano Abad García, Asociación Española de Historia Pública.

Una docena de hombres se afanan en desmantelar una modesta construcción en medio de una aldea desierta en las colinas rocosas del extremo sur de la Cisjordania ocupada. Mohammed al-Tel nació y creció con sus seis hermanos y hermanas en esta pequeña casa, con una vista fantástica de los valles dorados circundantes, que están prácticamente vacíos. En una última humillación, este palestino de 21 años se ve ahora obligado a demolerla por miedo a que se instalen en ella colonos israelíes. 

La mayoría de los 250 habitantes de su aldea, Zanuta, ya se han marchado; sólo quedan unos pocos hombres, recogiendo sus pertenencias, con el rostro contrito. Desde el 7 de octubre, todas las miradas están puestas los ataques de Hamás en Israel, en el que murieron 1.400 personas, y en la guerra subsiguiente en Gaza, que ya se ha cobrado más de 9.700 vidas palestinas. Los colonos israelíes armados de los alrededores aprovecharon la ocasión para intensificar sus ataques contra Zanuta, amenazando de muerte a varios residentes.  

"No hay palabras para expresar lo que siento. Ni siquiera sabemos adónde ir", murmura Mohammed al-Tel, disgustado. “Hace unos días, sorprendí a mi tío de 60 años sentado en una piedra frente al valle, llorando. ¿Qué puedo hacer? El padre de mi abuelo vivía aquí. Esta guerra ha fortalecido a los colonos. No pensábamos que tomaría tales proporciones, de lo contrario nos habríamos preparado". 

La aldea, un pequeño grupo de casas de construcción ampliadas con lonas y chapas, lleva mucho tiempo amenazada. Su escuela ya ha sido demolida dos veces. A sus habitantes no se les permite construir allí nuevas estructuras: Zanuta se encuentra en la Zona C, un área que representa el 60% de Cisjordania y que está totalmente bajo control administrativo y de seguridad israelí. 

A esta presión de las autoridades israelíes se suma la de los colonos de tres asentamientos situados alrededor de la aldea palestina, todos ellos ilegales según el derecho internacional. El más reciente, Meitarim, una granja y algunas instalaciones, se construyó sin permiso en 2021 en la colina de enfrente. Las autoridades israelíes hicieron la vista gorda. "Ya no sacábamos el ganado, sólo les dábamos de comer y beber. Vivíamos en una jaula", explica Mohammed al-Tel. Los habitantes, que viven de la agricultura y la ganadería, empezaron a endeudarse para comprar forraje. Pero tenían la intención de quedarse, costara lo que costara. 

Desde el 7 de octubre, las incursiones violentas de los colonos israelíes se han convertido en un hecho casi diario, y los residentes denuncian que han sido golpeados y que han destruido depósitos de agua y paneles solares. A finales de octubre, varios colonos vestidos con uniformes del ejército israelí, entraron en la aldea al atardecer y golpearon al padre de Moaz al-Tel en la cabeza con la culata de su rifle. "Luego le apuntaron a la cara y le dijeron: 'Si no te vas, te matamos'", cuenta su hijo, de 21 años, con cara de cansado, mientras reposa antes de salir a cargar un remolque con unos vecinos. 

"Todos los colonos tienen una M16. Cuando los jóvenes intentan reunirse para defenderse, piden ayuda al ejército", dice Abdelhadi al-Tel, de 26 años. El ataque a una familia el 27 de octubre, sobre la que los colonos arrojaron una granada aturdidora, hizo sonar la alarma. 

Al día siguiente se reunió la comunidad. "Les dije que lo más importante era que resistiéramos y nos quedáramos en nuestra tierra, todos juntos, porque no matarían a cien personas. Entonces uno de los residentes me preguntó: "¿Te harás responsable si matan a mi hijo?", explica Faiz al-Tel, de 45 años, que dirige la comunidad. “Estamos desolados. Los niños están afectados psicológicamente.” La gente de Zanuta está sobre todo sola.  

Faiz al-Tel culpa a la Autoridad Palestina de Ramala, que mantiene su cooperación en materia de seguridad con Israel, y a la falta de firmeza de la comunidad internacional. El ejército israelí no respondió a las preguntas de Mediapart. Los residentes palestinos les acusan de apoyar a los colonos, cuando no les ayudan directamente en sus ataques. 

Desde el 7 de octubre han sido asesinados 154 palestinos en Cisjordania (hasta el mediodía del 6 de noviembre), al menos siete de ellos por los colonos. El 11 de octubre, civiles israelíes atacaron la aldea de Qusra, cerca de Nablús, matando a cuatro palestinos. El 28 de octubre, Bilal Saleh, agricultor de 40 años, fue "asesinado mientras trabajaba en sus olivos", denunció la ONG israelí anti-ocupación B'Tselem. El 30 de octubre, Francia "condenó enérgicamente los ataques de colonos que han provocado la muerte de varios civiles palestinos [...] y la salida forzosa de varias comunidades". 

En menos de un mes, según las cifras recopiladas por B'Tselem, han sido desplazados a la fuerza 874 palestinos, entre ellos 320 menores, como consecuencia de esa violencia, y 13 comunidades, como Zanuta, han sido completamente borradas del mapa. A modo de comparación, en los 21 meses anteriores, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) contabilizó unas 1.105 personas obligadas por los colonos a abandonar sus hogares. Pero el año 2022 se ha caracterizado por un recrudecimiento de los ataques contra palestinos. Después del traslado de la población de la comunidad de Wadi as-Seq el 12 de octubre, la ONG Yesh Din tuiteaba el 18 de octubre: "Con la disculpa de la guerra, Israel está demostrando su deseo de limpiar el Área C de residentes palestinos.”

Ese día, a los palestinos les dieron una hora para evacuar su aldea, situada en las afueras de Ramala, en el centro de la Cisjordania ocupada. Colonos y soldados israelíes detuvieron a tres de ellos, así como a activistas israelíes que habían acudido a apoyarles. Los palestinos declararon al diario israelí Haaretz que habían sido duramente golpeados. A una intentaron violarla. Los agresores también orinaron sobre dos de ellos y les apagaron cigarrillos en el cuerpo. En una foto que circula por las redes sociales se les ve en ropa interior, con los ojos vendados y las manos atadas. El ejército israelí dijo a Haaretz que el comandante de la unidad había sido destituido.  

Desde la primavera de 2022, el ejército israelí está llevando a cabo una sangrienta represión en Cisjordania, tras una serie de atentados en Israel.  Ya han muerto desde principios de año más de 345 palestinos en este territorio ocupado desde 1967. El Estado israelí, mediante demoliciones y confiscaciones de tierras en nombre de objetivos estratégicos, amenaza la presencia palestina en varias zonas de Cisjordania, sobre todo en el sur y en el valle del Jordán. 

como responsable de la administración encargada de los territorios palestinos ocupados, el ministro supremacista judío Bezalel Smotrich avanza activamente en su ambición de anexionarse Cisjordania. Hasta ahora, la ayuda de las ONG internacionales que, como en Zanuta, financian varias infraestructuras, ha servido para frenar ese movimiento, al igual que la obstinación de los palestinos por permanecer en sus tierras, a pesar de las difíciles condiciones de vida. 

Los colonos israelíes son uno de los pilares de esta política israelí. Su violencia se ha intensificado en los últimos años, alentada por la era Trump y la llegada de un Gobierno de extrema derecha a Israel. "La gente puede pensar que son solo unos cientos de colonos agresivos, pero en realidad, el sistema israelí les da una impunidad casi total", señala Yehuda Shaul, uno de los fundadores de la ONG de veteranos israelíes Breaking the Silence. “La estrategia más eficaz que utilizan los colonos desde 1967 para apoderarse de tierras es crear granjas salvajes con una familia o unos pocos jóvenes". 

A través de esos "puestos avanzados", como la granja de Meitarim, frente a Zanuta, los colonos se establecen en zonas remotas de Cisjordania, protegidos por el ejército, y refuerzan su presencia en torno a comunidades beduinas aisladas. Dror Etkes, especialista en asentamientos en Cisjordania, calcula que los colonos habían tomado el control de alrededor del 10% de la zona C ya antes del 7 de octubre. 

Desde el comienzo de la guerra, estos civiles israelíes están aún más armados y, sobre todo, ahora están solos contra los palestinos. El grueso del ejército israelí se ha desplegado masivamente en Gaza y en la frontera norte, con lo que las zonas alrededor de los asentamientos en Cisjordania están bajo la vigilancia de los propios colonos, que son reservistas. "Para ellos, esta es la oportunidad perfecta para organizar traslados forzosos. Todos los ojos están puestos en Gaza y ahora son ellos el ejército", comenta Yehuda Shaul. 

"Ahora no podemos distinguir a los colonos de los soldados. Los mismos colonos que antes eran delincuentes y cuyas acciones a veces eran restringidas por los militares, se han convertido ahora en las autoridades", advierte Nasser Nawajah, activista palestino e investigador de B'Tselem, que nos recibe en su casa de Susya, no lejos de Zanuta. Desde el 16 de octubre, todas las entradas a la aldea están bloqueadas por montones de piedras, arrojadas por un colono vecino con una excavadora. Los residentes han sido golpeados y amenazados para que abandonen sus casas en 24 horas. 

Susya, con una población de unos 300 habitantes, dos tercios de los cuales son niños, ya había sido trasladada por la fuerza en 1986, tras la creación del asentamiento israelí del mismo nombre. Desde 2001, los palestinos intentan regularizar su presencia en el lugar, pero hasta ahora en vano. Algunos activistas israelíes han acudido a prestar su apoyo, con la esperanza de que su presencia tenga un efecto disuasorio. 

“Siempre he sido optimista, pero ahora estoy desesperado", dice Nasser Nawajah, cuyo cuñado resultó herido en el estómago por un disparo de un colono en un pueblo cercano. “La situación actual es muy similar a la Nakba de 1948 [el éxodo forzoso de unos 750.000 palestinos cuando se creó Israel - ndr]. La Nakba fue ejecutada por soldados y milicias paramilitares, igual que hoy.”

Traducción de Miguel López

Un imperio es un ente político en el que el Estado pretende expandir su territorio de manera continua (es lo que pretende o pretendía Putin). Se anexiona otros Estados o pueblos a los que impone una cultura y una lengua y un sistema económico de acuerdo a sus intereses y preferencias. Por supuesto el imperio se considera superior a quienes conquista, material y moralmente. Los conquistados son considerados bárbaros por la metrópoli. Superioridad y dominación son práctica diaria. El imperio de la recientemente fallecida Isabel II (algo que podría ponerse en duda a causa del prolijo protocolo con que absurdamente nos machacan diariamente las televisiones privadas y, lo que es peor, la pública) no escapó a la definición que he expuesto.

El 6 de febrero de 1952, la entonces princesa de Gales se encontraba en la colonia británica de Kenia cuando supo de la muerte de su padre, el rey Jorge VI. Precisamente ese año se inició en Kenia la rebelión del pueblo kikuyu (Mau Mau) contra lo que Isabel representaba: dominación, represión y confiscación. Jomo Kenyatta (1891-1978), encarcelado por el imperio, acusado de complicidad con el Mau Mau, fue el primer presidente de la Kenia independiente. La rapiña de las tierras de la colonia llevada a cabo por los conquistadores la expresó en una frase histórica: “Cuando los ingleses llegaron nosotros teníamos las tierras y ellos la Biblia. Ahora ellos tienen las tierras y nosotros la Biblia”.

La rebelión del pueblo keniano (1952-1963) fue generalizada. Aproximadamente 80.000 kikuyus y de otras etnias menores fueron internados en campos de concentración (denominados por la autoridad colonial campos de rehabilitación o de reeducación). Humillación, torturas, abusos de todo tipo propios de cualquier imperio (Bartolomé de las Casas testimonió sobre el particular en el caso español) aplicados a quienes eran clasificados de “muy negro” a “blanco”. Intuyan quiénes se llevaban la palma. La mayoría de los medios de comunicación de la metrópoli fueron cómplices. Se trataba de demonizar al Mau Mau: terroristas, atávicos guerreros tribales sedientos de sangre y lujuria. Bestias incapaces de aceptar la modernidad británica que se les brindaba. La historiadora Caroline Elkins describió en 2005 dicha situación como “Gulag de Gran Bretaña”.

Bajo ningún concepto el imperio podía admitir que la rebelión fuera una lucha anticolonialista. Era sin más un alzamiento de los salvajes. Contra el progreso. Argumento esgrimido por todos los imperios. El británico lo utilizó por doquier, pero especialmente en África, directamente o a través de los “freelancers” de la época, los exploradores subvencionados directa o indirectamente por la corona que Isabel asumió tras el fallecimiento de Jorge VI. Paradigmáticos son Henry Stanley o David Livingston. Este último estaba especializado en vender el tema del progreso a quienes se quería absorber o hacer dependientes del imperio. En febrero de 1866, Livingston consigue ser recibido por el sultán de Zanzíbar y pretende convencerle de que se una a la gran misión civilizatoria británica con estas palabras: “El mundo está en progreso, avanza todos los días y aquellos que se nieguen a instruirse –obviamente los bárbaros y salvajes de Zanzíbar– verán bien pronto desaparecer el poder de sus manos. El gobierno británico tiene la intención de poner en conocimiento de un amigo una de las más preciosas conquistas de los tiempos modernos, ya que no desea monopolizar la fuerza que otorga la ciencia. Por el contrario, lo que desea es elevar a los demás a su mismo nivel. Dicho esto, deseo al said que viva cien años y más, en plenitud de felicidad.”

En 2018, 40.000 kenianos recurrieron a los tribunales británicos en busca de reparación por los sufrimientos padecidos en los “campos de reeducación”. Sus reclamaciones fueron desestimadas porque “no era posible llevar a cabo un juicio 50 años después” y porque “no existen evidencias claras de lo sucedido.” Ello a pesar de que los propios registros del imperio (abiertos al público) detallan minuciosamente los horrores padecidos por los kikuyus. El imperio, tal cual. No lo tiene fácil el sucesor, Carlos III. Se lo van a recordar desde diversas latitudes, por ejemplo desde Suráfrica. La organización Economic Freedom Fighters acaba de emitir un comunicado que dice: “No guardamos luto por la muerte de Isabel II porque su muerte es un recordatorio de un período muy trágico en este país y en la historia de África. Inglaterra, bajo el liderazgo de la familia real, asumió el control de este territorio desde 1795. A partir de entonces, el pueblo nativo no conoció la paz ni disfrutó de las riquezas de esta tierra, riquezas que fueron utilizadas, y todavía lo son, para el enriquecimiento de la familia real británica.”

En 1997, en la metrópoli, algunos sectores de opinión impugnaban la tesis establecida de que el Reino Unido había tenido la responsabilidad de modernizar tierras lejanas y cuestionaban la misión imperial. Ese año, Tony Blair manifestó: “El imperio no debe ser una causa para disculparnos ni para expresar una excesiva preocupación o dolor. La historia del imperio podría utilizarse para aumentar la influencia de Gran Bretaña en el mundo.” ¿Era esto por aquel entonces parte de la ética laborista?

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Emilio Menéndez del Valle es embajador de España

Los escritores María Elvira Roca Barea, Iván Vélez y Pedro Insua. El filósofo Gustavo Bueno. El pintor –de batallas heroicas– Augusto Ferrer-Dalmau. Las teleseries Hispania, El Ministerio del Tiempo e Isabel. El furor por Blas de Lezo, por el pasado imperial español y hasta por la Santa Inquisición. Unos acordes de C. Tangana. El anuncio de Campofrío. La Plaza de Colón. El gol de Iniesta. Todo esto cabe en Los nuevos odres del nacionalismo español (Trea, 2021), un ensayo tan inclasificable como ambicioso, medido palabra por palabra y escrito con vocación de estilo, reflexionado hasta el tuétano de cada ejemplo, referencia y acontecimiento, en el que el historiador Pablo Batalla Cueto (Gijón, 1987) se afana a lo largo de más de 370 páginas en desentrañar lo que a su juicio es el boom de una nueva fiebre rojigualda que crece y crece sin visos de remitir.

La tesis que recorre el libro es que España experimenta un rearme del nacionalismo, nutrido de referentes que van desde el latiguillo cuñado y populachero –"soy español, ¿a qué quieres que te gane?"– hasta un revisionismo histórico erudito con vocación de best seller. En el fenómeno se han conjugado una ola nacionalpopulista de escala mundial, el despertar de un españolismo que espabiló a mediados de los 90 y se puso frenético con la bofetada del procés, los intereses políticos de los polarizadores, el afán de negocio de editores y programadores de televisión que han visto el filón, el martilleo del lenguaje bélico del periodismo deportivo de bufanda... Y algo más: la permeabilidad de una "izquierda conservadora" que, a juicio de Batalla, manipula las ideas básicas de Gramsci y emponzoña el debate en la esfera progresista. De todo ello escribe Batalla, periodista y corrector de estilo, colaborador de medios como La Voz de Asturias, La Soga, Nortes y La U, además de director de A Quemarropa, el periódico de la Semana Negra de Gijón.

PREGUNTA: ¿Vivimos un pico nacionalista?

RESPUESTA: En mi opinión, sí. No sucede sólo en España, sino en todo el mundo. Hay un auge de las derechas nacionalistas, y también de cierta izquierda nacionalista. En España, el resto de Europa y el mundo entero, de Estados Unidos a la India. Y afecta a países con una relación tan tormentosa con su pasado como España, caso de Alemania. Si aquí la válvula de salida fue la Eurocopa de 2008 y el Mundial de 2010, en Alemania fue el Mundial de 2006, que llenó las calles de banderas de un modo que sorprendió a los analistas. En contra de lo que solemos pensar, no somos un país especial.

P: ¿Por qué le da tanta importancia al detonante futbolístico?

R: Es un momento desde el que iniciar el relato. En 2010 hubo una repentina excitación patriótica que nos atravesó a casi todos. Por supuesto, tiene raíces anteriores, por ejemplo en la renacionalización emprendida por el Gobierno de Aznar.

P: En 2010, hubo muchas interpretaciones optimistas de aquella eclosión rojigualda. Se decía que se había producido una despatrimonialización popular de la bandera. ¿El tiempo ha demostrado que fue una interpretación errónea?

R: Posiblemente en 2010 hubo una oportunidad para esa resignificación de la bandera, asociándola a la euforia del fútbol. Pero entonces estalló el procés, que lo desbarajusta todo. Las banderas para celebrar el Mundial se cuelgan en los mismos balcones el 1 de octubre. El grito del “a por ellos" pasa a dirigirse a los antidisturbios. Esa tenue despatrimoninalización de la bandera es cancelada por las iras que despierta el procés.

P: ¿Puede darse un fenómeno similar entre el Barça de los grandes éxitos, de Messi y Guardiola, y el auge nacionalista en Cataluña?

R: Puede ser. Ya dijo Vázquez Montalbán que el Barça era el ejército desarmado de Cataluña. Yo comparo el fútbol con el tlachtli, un juego ritual precolombino, antecesor del fútbol. Los aztecas lo jugaban en un recinto sagrado y en aquellos partidos veían una dimensión oracular, que reflejaba el estado de ánimo de los dioses. Nosotros, en el fútbol, vemos algo así. Históricamente, nuestra forma de narrar la Selección fue lo que Alejandro Quiroga llama "narrativa de la furia y el fracaso". España, por un lado, practicaba un juego aguerrido, pasional, vertical, poco sofisticado, y por otro siempre pasaba algo que arruinaba el triunfo: un penalti mal tirado, una injusticia arbitral, un error tonto... Y esa narrativa trascendía al fútbol para convertirse en un relato sobre la propia España, un país con grandes complejos de inferioridad. La victoria de 2010, además con un juego elaborado, rompe ese hechizo. Algo parecido ha ocurrido en Cataluña, donde el nacionalismo también ha instrumentalizado al Barça.

P: El fútbol como vehículo de construcción de la idea nacional.

R: Lo dijo [el historiador Eric] Hobsbawm: la idea nacional es más fácilmente comprensible si la reducimos a 11 tipos de los que sabemos los nombres. La cobertura posterior a la victoria de 2010 convirtió en platós los pueblos de los jugadores, como Tuilla [Villa], Camas [Sergio Ramos], Arguineguín [Silva], Fuentealbilla [Iniesta]... Y si algún jugador no era de un pueblo, como Casillas, que es de Móstoles, se le buscaba –Navalacruz, en Ávila–, reforzando esa narrativa de los once aldeanos de todos los rincones del país que se unen en una gesta de alcance universal, un arquetipo mitológico que la narrativa nacionalista ha explotado siempre.

P: Usted es escéptico sobre la posibilidad de resignificar la bandera. ¿Por qué?

R: Es un debate interesante sobre el papel. Pero... desconfío. Hay que tener en cuenta que la bandera ya fue resignificada por la derecha.

P: ¿Cuándo?

R: Hasta finales de los 90, la mayor parte de la sociedad se identifica bien con la rojigualda, bien con esa idea de "nada de banderas", un poco como en Alemania. Ahí sí hubo una despatrimonialización. Los únicos que rechazaban la bandera eran los nacionalismos alternativos y la extrema derecha. Recordemos que los que más tardaron en retirar la bandera con el escudo imperial fueron los cuarteles militares y de la Guardia Civil. Pero luego Aznar emprende esa renacionalización que coincide con una sensibilidad social proclive: se está agotando la percepción comprensiva de la diversidad española y el Estado autonómico. Además, hay un relevo generacional que provoca que la izquierda sí reivindique la bandera tricolor y el pasado republicano, a través de la memoria histórica. Eso polariza. La derecha se aferra entonces a la rojigualda. Hoy habría que resignificar una resignificación.

P: Su ensayo sigue la evolución contemporánea del nacionalismo español a través de las narraciones literarias, artísticas, televisivas... ¿Qué se observa?

R: Hay otra fase de Hobsbawm, que dice que los historiadores somos al nacionalismo lo que los cultivadores de amapola a los traficantes de heroína. Es decir, proporcionamos una materia prima que después el nacionalismo transforma en sustancia adictiva. No es que el nacionalismo invente de cero mentiras absolutas, pero filtra y destila, descarta o incluye a conveniencia. Todo ese auge del nacionalismo se apoya en abundantes relatos que subordinan los hechos a su pedagogía patriótica, y que están teniendo bastante éxito. En España contra sus fantasmas, un libro con varias reediciones, Pedro Insua trata de transmitir que la Inquisición, la conquista de América, la expulsión de los judíos y la expulsión de los moriscos no es que no deban avergonzarnos, es que deben hacernos sentir orgullosos. Los fanáticos, dice Insua, no eran los Reyes Católicos por expulsar a los judíos, sino los judíos dispuestos a abandonar España por su fe en vez de convertirse. Marcelo Gullo, un ultraderechista argentino que acaba de publicar Madre patria, convierte a los conquistadores en libertadores, cargando las tintas contra las sociedades precolombinas. Este proceso de dar la vuelta a las cosas es muy característico de este momento. Y se vale de las técnicas con las que se construyen los cuentos.

P: ¿Está de moda el cuento nacionalista español en clave épica, heroica e imperial?

R: Sí. La nación es una religión de sustitución, una religión secular de la contemporaneidad para llenar el hueco que deja la religión propiamente dicha cuando se retrae. Proporciona un nuevo repertorio de héroes, textos sagrados, herejes, mártires... Lo que la hace tan seductora es que nos proporciona, como dice con razón Íñigo Errejón, una idea de trascendencia, de pertenencia a algo mayor que nosotros mismos. Esa es su potencia, especialmente ahora, en un momento de zozobra, en el que crece un cierto anhelo de cosas que nos unan.

P: Cuesta imaginar que el fenómeno nacionalista no vaya a más, teniendo en cuenta su eficaz adaptación a las nuevas formas de comunicación, su éxito como respuesta ante la incertidumbre, el repliegue ante la globalización. ¿Lo comparte?

R: Es difícil hacer predicciones, pero el auge actual del nacionalismo recuerda esa frase de Victor Hugo: "No hay nada tan poderoso como una idea a la que le ha llegado su hora". Karl Marx, en El 18 de brumario de Luis Bonaparte, dice algo contraintuitivo: las grandes revoluciones no son momentos de anhelo de futuro, sino de pasado. Pasó en Francia, donde los revolucionarios se veían como rescatadores del pasado grecorromano. Dice Marx que en estos grandes momentos insurreccionales, los hombres, temerosos, convocan en auxilio de su gesta a espectros del pasado. Es lo que veo que pasa. No sólo en España, en todo el mundo.

P: ¿Hay una insurrección ahora?

R: Hay una insurrección en marcha, y no sólo en España, contra el Estado del bienestar, contra la democracia liberal, contra todo el decálogo de derechos y conquistas que representa la izquierda. Y esa insurrección convoca sus propios espectros del pasado.

P: ¿Un ejemplo?

R: Muchos. Alguno evidente, como Vox empezando su campaña de las generales en Covadonga ante la estatua de Don Pelayo, transmitiendo que "aquí empezó la Reconquista y aquí empezaremos nosotros nuestra propia Reconquista”. Se trata ahora de expulsar del país a los nuevos moros, la izquierda, de purgar al país de cuerpos insanos, virus, miasmas que malogran la nación, eso que los fascistas de hace un siglo llamaban la antiespaña, concepto que ahora ha reaparecido.

El historiador y periodista Pablo Batalla.

P: ¿Hay un renacer del orgullo imperial español en la mirada a Latinoamérica?

R: El imaginario del hispanoamericanismo ha cambiado. En 1992, el lema del V Centenario era el "encuentro entre dos mundos" y el mensaje estaba vertebrado por ideas de tolerancia, encuentro, intercambio... Una narrativa naíf, que escamoteaba la violencia de la Conquista, y que se explicaba por el contexto histórico. Eran los años del consenso neoliberal, con Fujimori [Perú], Menem [Argentina], la izquierda que gobierna en Chile sin romper con el modelo económico del pinochetismo, la fase más neoliberal de Felipe González… Y ese consenso convoca a sus propios espectros del pasado. Pero a partir de 2000 surgen los Lula, Chávez, Kirchner, Morales… Ponen el foco en el neocolonialismo de las multinacionales, en lo ficticio de facto de la independencia de estos países, y emprenden expropiaciones que despiertan iras acá. Al cambiar de este modo el presente, cambian también los espectros del pasado convocados: se recupera el imaginario de cruzada y conquista.

P: Hay un cambio.

R: En el 92, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre acuñaba monedas en honor a Bolívar, San Martín... Se exaltaba a los libertadores. Y no era algo nuevo. Incluso el franquismo les erigió estatuas. Fraga decía que admiraba a Fidel Castro, más allá de sus diferencias con él, porque encarnaba el orgullo del espíritu hispano frente al mundo anglosajón. Y es divertido buscar en la hemeroteca de ABC las semblanzas de Bolívar en los años 20 y ahora. Entonces, a conveniencia de las relaciones del régimen de Primo de Rivera, se lo presentaba como un hijo insigne de la Hispanidad. Ahora, se lo demoniza como traidor a la madre patria, pero esa demonización es en realidad una demonización de cierto presente: el chavismo y Podemos.

P¿Qué papel ha tenido Roca Barea, autora del ensayo Imperiofobia contra la "leyenda negra"?Imperiofobia

R: Se trata de un libro grueso, erudito, pesado de leer, en una editorial pequeña... ¡que amasa más de treinta ediciones! Ese éxito sorprendente fue uno de los motivos que me decidió a escribir este libro, para ver qué había ahí detrás. ¿Su papel? Darle una pátina de validez intelectual a todo el discurso nacionalista y de reivindicación imperial, que en principio podría cantar. Lo cierto es que historiadores profesionales serios ya se han encargado de revelar las múltiples trampas, citas erróneas y tergiversaciones del libro, que sin embargo mantiene su éxito.

P: Es un ensayo condescendiente con la Inquisición, incluso.

R: Sí, pero aquí Roca no es especial. Pedro Insua, Iván Vélez o Alberto G. Ibáñez también juegan con la idea de defender la Inquisición no ya con el argumento clásico de que había inquisiciones peores, sino transmitiendo directamente que era una especie de impecable policía escandinava adelantada a su tiempo. Según Roca Barea, la Inquisición combatía el fanatismo al evitar la violencia de las turbas contra los judíos.

P: Usted defiende que este revisionismo remoto ha sido más eficaz para la reacción nacionalista española que el del siglo XX de autores como Pío Moa. ¿Por qué?

R: Pío Moa tuvo un gran éxito con sus libros revisionistas sobre la Guerra Civil, atribuyendo su estallido a la izquierda. Probablemente el éxito de estos libros explique que sea posible un discurso sobre la Guerra Civil como el de Pablo Casado. Pero Moa tiene unas limitaciones como abierto propagandista del franquismo que es. Nunca logró el apoyo de parte del PSOE que sí ha conseguido Roca Barea, que convence a gente como Alfonso Guerra y Josep Borrell. Roca acude a un tiempo del que no quedan supervivientes y levanta menos hipersensibilidades, pero su propósito es el mismo: una revisión del pasado que determine un efecto en el presente.

P: La figura a la que más detalle dedica en su análisis de los nuevos surtidores de narrativa nacionalista es Gustavo Bueno. ¿Por qué?

R: El otro día, paseando por mi barrio, un barrio obrero de Gijón, me fijé en que en el escaparate de la típica papelería, junto a los habituales best sellers, estaba España frente a Europa, de Bueno. Se trata de un libro aún más complejo y esotérico que Imperiofobia. Y ahí estaba. Me pareció una nueva expresión de la potencia de este fenómeno. Bueno es un personaje interesante. Se nos ha dicho que fue falangista en su juventud, prosoviético después y que acabó, ya en democracia, regresando a posiciones reaccionarias. Pero, si miras con detalle, no hubo tanto vaivén como parece, sino la coherencia de una fascinación vitalicia por la idea de imperio. Siempre necesitó un imperio erguido ante el mundo islámico y protestante, enemigos de la civilización grecorromana, que él considera la cumbre. Lo que le fascinó de la URSS en su momento era su condición de imperio, no su contenido ideológico. Y cuando cayó la URSS, pasó a teorizar alguna clase de imperio español renacido, con apologías filosóficas muy mentirosas miradas en detalle, pero persuasivas, porque Bueno era un brillante orador. Diría que su papel es el de Roca Barea, pero con mayor nivel intelectual.

P: Bueno es citado con frecuencia como referencia en sectores intelectualizados de Vox. ¿Hay resonancias del filósofo asturiano en la Iberosfera?

R: Sin duda. Vox bebe de la Fundación Denaes [Defensa de la Nación Española] y usa conceptos con aroma buenista. No he leído a Bueno usar ese concepto, pero tiene su aroma: esa idea de una España más grande que la Península Ibérica. Bueno decía que España, por supuesto, era una nación, una de las naciones canónicas del mundo, pero que esa no era su esencia. Su objetivo primordial era y es ser imperio, destino al que está llamada consustancialmente.

P: Sostener algo así, hoy en día, ¿no es ridículo?

R: Yo trazo en el ensayo una genealogía intelectual de Bueno, desde Ramiro Ledesma, pasando por Santiago Montero Díaz. De lo ridículo de esa llamada imperial ya había cronistas que se burlaban en los años 30, pero hay una fuerza convincente en su histrionismo. El nacionalismo, como la religión, apaga nuestro espíritu crítico y racional.

P: Su ensayo no sólo se detiene en la producción intelectual, también en la cultura popular. ¿Qué papel ha desempeñado la televisión, especialmente series como Hispania o Isabel, en el auge de la narrativa nacionalista española?HispaniaIsabel

R: Desde los albores de la televisión, se utiliza para la construcción nacional. Es algo muy teorizado. Hay casos como el de Canadá, que ante el auge del nacionalismo quebequés en los años 60 y 70 volcó la televisión pública a la producción de ficciones para vehicular un patriotismo que zozobraba ante la aparición de un nacionalismo rival. También conocemos la preocupación de Jordi Pujol, antes incluso de la autonomía, por tener una televisión propia en Cataluña que produjera ficción. La televisión es el bardo moderno, aunque haya cedido parte de su poder. Y ahí se inscribe un auge de las teleseries que utilizan el pasado de España para hacer pedagogía patriótica.

P: ¿Por ejemplo?

R: Cada serie tiene sus elementos de interés. El Ministerio del Tiempo es un caso interesante, como expresión de la llamada "cultura de la Transición", entendida como reivindicación de una unidad patriótica en la quietud y la moderación frente a los extremos. Todos sus personajes sirven a esa narrativa. Aparece un Adolfo Suárez muy santificado, pero ni por asomo Azaña o Largo Caballero. Si hay alguien vinculado a la República, está transformado para validar ese discurso. Como Lorca, en esa escena que tanto gustó a la izquierda y a mí me horrorizó, en la que asiste a un concierto en 1979 en el que Camarón cantaba un poema suyo. Lorca dice: "Entonces he ganado yo, no ellos. Dejemos las cosas como están". Un Lorca ególatra, capaz de reconciliarse con su propio asesinato y con 40 años de dictadura. En Isabel, por su parte, hay una voluntad reconocida por sus creadores de hacer sexi el mito, escogiendo actores lo más guapos posible.

P: ¿Qué lo lleva a introducir a C. Tangana entre el listado de figuras que indican que el españolismo está en auge?

P: Jaurès decía que la tradición no es preservar las cenizas, sino mantener encendida la llama. Hay una mirada reaccionaria, iracunda y vengativa de la tradición que venera un pasado supuestamente arrasado y hay otra festiva que reivindica el pasado pero lo hace caminar. Y ahora hay un anhelo de tradición del que C. Tangana forma parte. Ahora bien, a diferencia de Rodrigo Cuevas o de Tanxugueiras –un grupo de pandereteiras que agarran letras machistas de romances gallegos y las convierten en feministas–, lo que hace C. Tangana con su repertorio de imágenes castizas y sus propias declaraciones no es celebrar un pasado renovándolo, sino venerando sus cascotes.

P: ¿Está la izquierda condenada a una relación incómoda y conflictiva con la idea de nación española y sus símbolos?

R: Posiblemente. Quienes con más entusiasmo defienden que la resignificación es posible, como Errejón, piensan en sus experiencias en Latinoamérica. Pero, claro, allí hay mitologías nacionales fundadas en insurrecciones republicanas en defensa de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pensemos que Pinochet tuvo que convocar el plebiscito del 88 sobre su propia continuidad, que perdió, obligado por una mitología nacional que él mismo había invocado, presentándose como un libertador, pero que no podía estirar para justificar una dictadura muy larga. Las mitologías nacionales europeas, y la española también, suelen estar en cambio vinculadas a imperios y limpiezas étnicas. Es mucho más difícil resignificar eso.

P: Pero no en todos los países europeos la nación está tan en entredicho. ¿La diferencia es la duración de la dictadura franquista?

R: Indudablemente es una característica peculiar. La de España es una historia de revoluciones fracasadas una y otra vez. Cuando se proclama la República, no se proclama para siempre, la dictadura no es derribada por una revolución… Todo eso provoca aprietos para lograr una redención de las partes siniestras de nuestra historia como la que sí pudo lograr, por ejemplo, Portugal.

P: ¿Ha sido la izquierda permeable a la nostalgia reaccionaria? En España, la figura central en torno a la que ha girado ese debate es la escritora Ana Iris Simón.

R: Hay una izquierda conservadora que tergiversa a Gramsci, para quien hace falta transformar el sentido común antes de llevar a cabo la revolución. La izquierda conservadora dice que tenemos que adaptarnos al sentido común, no transformarlo. Gramsci decía “un paso por delante de las masas, pero ni uno más”. La izquierda conservadora pide ponerse detrás. Pero ni siquiera detrás de las masas, sino de un arquetipo desvitalizado, plastificado, del pueblo, del que nos dicen que es creyente, patriota y conservador. No lo creo así. Yo vivo en un pueblo de León de 61 habitantes. Y hablo con mis vecinos y cada uno es de su padre y de su madre, creyente o no, progresista o conservador, de moral abierta o cerrada. No hay un arquetipo del pueblo español y buscarlo para dirigirse a él conduce al error. La izquierda reaccionaria usa un cromo idealizado del pueblo español para justificar a partir de él toda una catarata de valores reaccionarios.

P: ¿No es el izquierdista reaccionario un "hombre de paja" que se usa para el debate pero en realidad no existe o es muy minoritario? ¿No se está inflando un fenómeno anecdótico de Twitter?

P: Mmm... Puede que sean pocos, pero son cada vez más. Y lo más importante no es su número, es que los reaccionarios de izquierdas se acompasan bien a un cierto espíritu de época. El viento de la historia sopla a favor. Esa frase que decía antes de Victor Hugo: "Nada hay más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora". Estamos viendo cómo esta idea prospera en otros países, de hecho. Por ejemplo, en Francia.

P: En Italia está el fusarismo, en Reino Unido los blue labour. Pero, ¿en Francia? fusarismoblue labour.

R: Sí. El propio [Jean-Luc] Mélenchon cada vez imita más un discurso que crece en torno a revistas como Front Populaire, del filósofo Michel Onfray, que acaba de decir que es un zemmouriano de izquierdas [Éric Zemmour es un polemista erigido en figura ascendente de la ultraderecha francesa]. La sola idea de un zemmourianismo de izquierdas me parece un disparate, pero demuestra que ese discurso está ahí. Por eso digo que ahora mismo, al mirar a la izquierda conservadora, lo importante no es cuántos hay, sino darse cuenta de que es un fenómeno en auge. Tal vez su fuerza no llegue a materializarse en un partido o un movimiento, pero ya se está materializando en una cada vez mayor capacidad —sin escindirse de la izquierda, desde dentro— de enrarecer el ambiente, condicionar los debates y hacernos a los demás ir a rebufo.

Doce personas han sido llamadas a declarar en la Audiencia Nacional los próximos días 12, 13 y 14 de enero por un presunto delito contra la Corona por un acto realizado en Pamplona en el que se colocaron y derribaron dos estatuas de Colón y Felipe VI.

El acto, convocado por Sortu en colaboración con miembros de Mujeres del Maíz (comunidad nicaragüense), Africa United, Compartiendo Raíces (comunidad ecuatoriana) y Asociación Cultural Munata (comunidad boliviana), se llevó a cabo el pasado 12 de octubre, coincidiendo con la celebración de la Fiesta Nacional, bajo el lema Gora herriak (Vivan los pueblos). Frente al Palacio de Navarra se instalaron dos estatuas de Colón y Felipe VI, a las que se colocaron sogas en el cuello para después ser derribadas por varias personas, informa Europa press.

Las personas que han sido llamadas a declarar han comparecido este miércoles en rueda de prensa. Unai Ezika y Lur Albizu han leído, en castellano y en euskera, un comunicado en el que han criticado un intento de "criminalizar la crítica política" y un "ataque grave a las libertades fundamentales". Han considerado "extremadamente grave que quieran castigar la crítica a la figura del rey de España o la crítica a la historia colonial de España".

Han responsabilizado de este "ataque", por un lado, a la Policía Nacional y la Guardia Civil, que "abrieron la investigación de manera conjunta, nos llamaron a declarar a comisaría y decidieron por su cuenta que esos actos eran penalmente punibles". De la misma manera, han acusado a "sectores reaccionarios" que "se han destacado en la criminalización de estos actos, poniéndonos en el punto de mira tanto a nosotros como a las organizaciones de migrantes que participaron en el acto".

Por todo ello, han llamado a "dar una respuesta unitaria a este ataque", para lo cual han anunciado que llevarán a cabo una ronda de reuniones con agentes sociales, políticos y sindicales. También han convocado una concentración el próximo 12 de enero, a las 10 horas frente al Palacio de Justicia de Pamplona, desde donde declararán por videoconferencia.

La tristeza del parqué español dejó en 2018 en el arcén la salida a Bolsa de la segunda petrolera del país, Cepsa, cuando ya había registrado su folleto en la CNMV. También ha aplazado sine die la anunciada privatización de Bankia. El año pasado sólo se presentó una oferta pública de valores –el regreso de Metrovacesa tras su marcha en enero de 2013– en comparación con las siete registradas en 2017. Sin embargo, hay un sector que parece inmune al desaliento y disfruta de su propia dinámica. Las socimis –Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario– llevan cuatro años consecutivos de “fuerte crecimiento” y cotizan ya en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) un total de 64, casi un 40% más que en 2017, según destaca el informe anual de la CNMV.

Otro tanto puede decirse de su capitalización, que se ha disparado un 32,8% en el último ejercicio, hasta alcanzar los 10.513,4 millones de euros.

A estas 64 hay que sumar las tres socimis que cotizan en el mercado continuo –Hispania, Lar España Real Estate y Árima Real Estate– y las dos que forman parte el ÍBEX 35 –Colonial y Merlin Properties–.

Las socimis son la versión española de los REIT (Real Estate Investment Trust). Nacidos en 2009, estos vehículos de inversión se dedican a comprar inmuebles para ponerlos luego en alquilercomprar inmuebles para ponerlos luego en alquiler. Desde 2013 cuentan con un régimen fiscal especial que ha determinado su explosión: no pagan impuesto de sociedades y gozan de una bonificación del 95% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Pero están obligadas a salir a Bolsa en los dos años siguientes a su creación y a distribuir como mínimo el 80% de los beneficios obtenidos de sus alquileres y el 50% de los conseguidos con las ventas de inmuebles. Por esos dividendos tributan sus accionistas. El capital mínimo de una socimi debe ser superior a cinco millones de euros.

Sólo el año pasado se incorporaron a los mercados de valores españoles 19 socimis, de las que 18 lo hicieron en el MAB, el mercado donde buscan capitalización empresas de menor tamaño y la consiguen con costes más reducidos.

De Blackstone a la Sareb

El gigante Blackstone, el mayor casero privado de España y el segundo hotelero, es el propietario de cinco socimis en el MAB: Testa Residencial, Albirana, Fidere, Corona Patrimonial y TorbelTesta Residencial, que superan los 1.507 millones de euros de capitalización.

Incluso la Sareb, el banco malo, la sociedad semipública creada para dar salida al ladrillo tóxico de la banca, ha lanzado su propia socimi, Témpore Properties. Lo hizo el pasado abril, con 1.500 activos valorados en cerca de 152,7 millones de euros. Su capitalización actual asciende a 300,5 millones de euros.

La única salida a Bolsa en el mercado continuo la protagonizó Árima Real Estate el pasado mes de octubre. Promovida por el ex fundador de otra socimi, Axiare, Luis López de Herrera-Oria, tiene una capitalización de 138 millones de euros. Axiare fue absorbida el pasado verano por otra socimi, Colonial, cuyo valor en Bolsa queda a nivel estratosférico de sus compañeras del MAB: 5.167 millones de euros. Mayor aún es la capitalización del otro gigante del sector en el ÍBEX, Merlin Properties, que se eleva hasta los 5.750 millones.

Sicavs a la baja

La buena salud del mercado de alquileres y de las socimis contrasta con el bajo tono que acompaña a otro vehículo de inversión con el que comparten beneficios fiscales: las sicavs. Las Sociedades de Capital de Inversión Variable se hundieron en diciembre de 2018 a su punto más bajo de lo que va de siglo, tanto en número como en patrimonio. Según el informe anual de la CNMV, a finales del año pasado el regulador tenía registradas 2.713 sicavs, un 4,4% menos que en 2017. El máximo lo vivió este tipo de sociedades en 2015, cuando sumaban 3.409. Es decir, en tres años ha desaparecido el 20,4%. El número de sus accionistas se redujo un 1,2% en 2018 –ahora son 416.029–, mientras que el descenso de su patrimonio ha sido mucho mayor, un 11,4%. Si en 2015 superaba los 34.000 millones de euros, al final del año pasado había encogido hasta 27.836 millones, detalla el informe de la CNMV. Empujados por las liquidaciones de sicavs y la atonía bursátil, también han caído el patrimonio medio por sicav, un 7,2%, y el patrimonio medio por accionista, un 9,8%.

Las sicavs, que deben tener un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes, son utilizadas por las grandes fortunas son utilizadas por las grandes fortunaspara invertir su patrimonio para aprovechar sus ventajas fiscales: los beneficios sólo tributan un 1%. Los motivos de su pinchazo en los dos últimos años los atribuye la CNMV a la “incertidumbre sobre posibles cambios regulatorios”. Sujetas a polémica, el acuerdo que firmaron el pasado octubre el Gobierno y Unidas Podemos para aprobar los Presupuestos del Estado incluía la propuesta de proporcionar a la Agencia Tributaria un mayor control sobre estos vehículos de inversión y asegurarse así de que cumplen los requisitos sobre el número de accionistas. También se planteaba el establecimiento de un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor. El temor a que se apliquen estos requisitos para evitar el fraude ha movido a un buen número de fortunas familiares a liquidar sus sicavs, pese a que aún el Gobierno no ha concretado nada al respecto.

El mismo acuerdo presupuestario preveía un tipo de gravamen del 15% para los beneficios no distribuidos de las socimis, que también está en el aire a la espera del nuevo Ejecutivo.

El Gobierno de Venezuela ha lamentado este domingo el apoyo de la UE al "golpe de Estado" protagonizado por el autoproclamado presidente opositor Juan Guaidó y ha criticado que esta postura responden "al estilo de las viejas potencias coloniales", según informa Europa Press. En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno expresa "su más enérgico rechazo" a la declaración de la Unión Europea publicada el sábado en la que se insta a la convocatoria de elecciones y amenaza con reconocer la legitimidad de la proclamación de Guaidó como presidente en lugar de Nicolás Maduro.

La UE "demostró su decisión de sumarse al plan del golpe de Estado orquestado por el Gobierno de Estados Unidos, pretendiendo incluso dar un ultimátum al Estado venezolano, al más propio estilo de las viejas potencias coloniales que representa", ha argumentado.

En ese sentido, lamenta que la UE "no haya tenido el coraje de soportar las presiones" de Washington y haya decidido "sumarse a su indigno coro de gobiernos satélites". Así, exige deponer esta "actitud desafiante" y en su lugar adopte una posición de "respeto y equilibrio constructivo que no aliente la fractura del orden constitucional y la violencia".

Venezuela recuerda además que "la legitimidad y constitucionalidad de los procesos electorales, de las instituciones y de las autoridades del Estado venezolano no dependen en modo alguno del reconocimiento, juicios o posiciones de ninguna entidad extranjera".

"La lógica colonial fue desterrada de la Patria venezolana hace doscientos años por la gesta libertadora bolivariana y este legado será defendido hoy como entonces", sostiene, al tiempo que destaca que el Gobierno "seguirá apostando a mantener una relación constructiva de respeto y cooperación con todos los países de la Unión Europea, orientada al desarrollo compartido y la paz tanto en Venezuela como en la región latinoamericana y caribeña".

El sábado se publicó un texto por el que los Gobiernos de los Veintiocho acordaron que reconocerán al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela si el Gobierno de Nicolás Maduro no convoca nuevas elecciones "con las garantías necesarias, en los próximos días". España, Francia, Alemania y Reino Unido han ido un paso más allá y han dado un plazo de ocho días para esta convocatoria.

A pesar del freno temporal a la declaración unilateral de independencia por parte del presidentpresidentPuigdemont en la noche del martes, significativas empresas han anunciado en los últimos días el traslado de su sede social fuera de Cataluña. Las compañías alegan que buscan una mayor seguridad jurídica con esta decisión.

El Gobierno de Mariano Rajoy no ha dudado en facilitárselo con el decreto de reforma de la Ley de Sociedad de Capitales aprobado el pasado viernes, por el cual esta decisión no debe pasar forzosamente por la votación de la junta de accionistas.

En la mañana del miércoles, el Grupo Divina Pastora ha anunciado la centralización de sus negocios en València con el traslado de domicilio social desde Barcelona.

El Grupo Planeta fue la última empresa que anunció su marcha hasta este miércoles. Si bien la decisión había sido anunciada con antelación, fue confirmada pasadas las 21:00, cuando el president ya había acabado su discurso en el pleno del Parlament. Aunque la Junta de Andalucía hizo un guiño a la editorial de comunicación este lunes, finalmente su destino, al igual que el de muchas otras compañías, será Madrid.

El presidente de la empresa Freixenet, José Luis Bonet, ha anunciado este miércoles que propondrá la partida de la sede social de la empresa de cava en el próximo consejo de administración. Bonet ha liderado las críticas contra el boicot a los productos catalanes y acudió a la manifestación en la plaza de Colón (Madrid) en defensa de la unidad española, pero no anunciará la decisión conjunta hasta "final de mes".

infoLibre repasa el listado de sociedades que han anunciado su traslado y las que se lo están pensando.

Empresas que se han ido

En los sectores bancario y bursátil, anunciaron el traslado de su sede social:

Entre las aseguradoras que trasladan  su sede social figuran:

Entre las inmobiliariasy constructoras que ya han anunciado su traslado están:

En las telecomunicaciones y mensajería, se marchan de Cataluña:

Dos empresas de la industria energética han anunciado la partida de su sede de Cataluña hacia Madrid : Gas Natural y Ballenoil. Y el grupo de asesoría energética Cémoi Electricité ha anunciado este miércoles que trasladará su sede social de Barcelona a Pedreguer (Alicante).

Del sector sanitario y famacéutico se encuentran confirmadas:

El resto de empresas que se despiden de Cataluña y recalan en Madrid son:

El caso de la parte catalana de la cervecera Mahou, Cervezas San Miguel SLU, difiere de los anteriores por su destino. Finalmente, la empresa traslada su sede social de Lleida a Málaga. Y este miércoles el consejo de administración de Bimbo ha acordado trasladar el domicilio de las sociedades con sede en Cataluña a Las Mercedes (Madrid).

Las empresas que se lo están pensando

Al igual que Freixenet, hay más empresas que esperaban la intervención de Puigdemont ante el Parlament para decidir su partida o buscan una decisión unánime en su consejo de administración.

Es el caso de ​​​​Idilia Foods, la propietaria de Cola Cao, Nocilla y otras marcas de alimentación. Otra compañía de alimentación, rival de Freixenet, también lo está estudiando, Codorniú. 

El supermercado Lidl aclaró que "no se plantea ningún cambio mientras no se modifique el actual ordenamiento jurídico" mientras que el fabricante de automóviles Seat ha asegurado que el traslado a Madrid es solo un "rumor", pero desde la automovilística piden "un entorno político estable".

También han mostrado su preocupación y la voluntad de cambiar de estrategia la farmacéutica Almirall y la inmobiliaria Renta Corporación.