La Comisión Europea ha impuesto este jueves multas que ascienden a 1.070 millones de euros a los bancos Barclays, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan y el japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) por participar en dos carteles en el mercado de once divisas, entre ellas el euro, los dólares estadounidenses y la libra esterlina, informa Europa Press.

La entidad financiera UBS también participó en los dos pactos, pero ha evitado una sanción de 285 millones por revelar a las autoridades europeas la existencia de los dos carteles, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

En concreto, Bruselas ha impuesto una multa conjunta de 811,2 millones de euros a Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan por participar en un cartel que denominaron 'Trío de Banana Split' ('Three Way Banana Split'). Además, ha multado con 257,7 millones a Barclays, RBS y MUFG por participar en un segundo cartel llamado 'Essex Express'. "Estas decisiones mandan la señal clara de que la Comisión no tolerará comportamientos colusivos en ningún sector de los mercados financieros. El comportamiento de estos bancos dañó la integridad del sector a expensas de la economía europea y los consumidores", ha subrayado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

Así, la investigación de las autoridades europeas reveló que algunos de los operadores financieros en nombre de estos bancos en los mercados del euro, la libra, el yen, los francos suizos, los dólares estadounidenses, canadienses, australianos y neozelandeses y las coronas danesas, suecas y noruegas intercambiaron información "sensible". También coordinaron sus estrategias comerciales a través de grupos de chat profesionales en las terminales de Bloomberg.

En particular, los traders intercambiaron informacióntraders sobre las órdenes de sus clientes (el precio al que estaban dispuestos a comprar o vender determinadas divisas), el diferencial aplicable a determinadas transacciones, sus posiciones de riesgo y otros detalles sobre las actividades de negociación. Estos intercambios, permitieron a los operadores tomar decisiones informadas de mercados cuando vendían o compraban las divisas que tenían en sus carteras. También pudieron identificar oportunidades para su coordinación.

La Comisión Europea ha destacado además que la mayoría de los traders que participaban en los chats se conocían de forma personaltraders. Por ejemplo, uno de los grupos se llamaba 'Essex Express y Jimmy' porque todos los operadores salvo otro llamado James vivían en Essex y se conocieron en un tren hacia Londres. Este cartel estuvo compuesto por dos grupos de chat que se llamaron 'Essex Express y Jimmy' y 'Señores mayores semienfadados' ('Semi Grumpy Old men') y en ellos participaron operadores de UBS, Barclays, RBS y MUFG entre diciembre de 2009 y julio de 2012.

A su vez, el segundo cartel incluyó conversaciones en tres grupos de chat consecutivos que llamaron 'Trío de Banana-Split', 'Dos hombres y medio' (Two and a half men'), y 'Sólo Marge' (Only Marge). En ellos intercambiaron información 'traders' de UBS, Barclays, RBS, Citigroup y JPMorgan entre diciembre de 2007 y enero de 2013. 

Todos los bancos involucrados se beneficiaron de reducciones en el montante de las multas por cooperar con los servicios del Ejecutivo comunitario. Aun así, la multa de Citigroup, la más elevada de todas, asciende a 310,8 millones de euros. Después se sitúa RBS (249,2 millones), JPMorgan (228,8 millones), Barclays (210,3 millones) y MUFG (69,7 millones).

El viernes 2 de noviembre Apple perdía el billón de dólares que valía en Bolsa y que había alcanzado justo tres meses antes, el 2 de agosto. El gigante de Cupertino (California, EEUU) acababa de anunciar un beneficio récord de 52.172 millones de euros, un 23% más que el año anterior, pero para el mercado no fue suficiente, decepcionado por la perspectiva de que facture sólo entre 78.000 y 81.500 euros en los próximos tres meses pese al Black Friday y las Navidades. Para hacerse una idea del volumen de dinero de que se trata, basta con recordar que el PIB español, la riqueza que es capaz de producir el país en un año, asciende a 1,1 billones de euros –1,2 billones de dólares–.

Desde entonces la compañía de Tim Cook no ha dejado de caer en el parqué. En Nochebuena se quedó por debajo de los 700.000 millones de dólares de capitalización bursátil por primera vez desde febrero de 2017 y no pudo empezar 2019 de peor forma: tras recortar su previsión de ingresos por culpa de un descenso de las ventas en China –al menos así lo justificó Cook en una carta a los inversores–, sus acciones se hundieron un 10% el 2 de enero. Al día siguiente Apple valía en Bolsa sólo 674.750 millones de dólares. Había perdido el 36% de su capitalización en dos meses. Y no sólo dejaba de ser la compañía con mayor valor bursátil del mundo, sino que además caía por debajo de Microsoft, Amazon y Google. Este viernes la compañía creada por Steve Jobs consiguió remontar de nuevo hasta los 703.458 millones de dólares.

Así que el nuevo campeón entre las megacompañías es ahora Microsoft, con 784.394 millones de dólares de capitalización. Detrás, Amazon –776.482 millones–, Google –740.750 millones– y Facebook –394.973 millones de dólares–, integran el quinteto de grandes compañías tecnológicas y estadounidenses que comandan la economía mundial.

Y es que de las 10 principales empresas por su valor bursátil sólo dos no tienen su sede en EEUU: las chinas AlibabaAlibaba –361.040 millones de dólares– y Tencent Holding –386.810–. La primera es el Amazon chino, un gigante del comercio electrónico cuyo fundador, Jack Ma, anunció su retirada el pasado septiembre para dedicarse a la filantropía. Creada en 1992, Alibaba protagonizó en 2014 la mayor salida a Bolsa de la historia de Wall Street, gracias a la cual recaudó 25.000 millones de dólares. Tencent Holdings, menos conocida en Occidente, es la reina de los juegos online y la dueña de WeChatonline, el equivalente chino de Whatsapp pero con toda una cartera de servicios añadidos, que se ha convertido en la aplicación más usada en el país, con 700 millones de usuarios.

De esta decena de gigantes, únicamente tres son compañías que proceden de la economía tradicional. La primera es Berkshire Hathaway, el holding del famoso inversor Warren Buffett, que este viernes valía en Bolsa 478.350 millones de dólares, más que Facebook. También JP Morgan Chase –334.769 millones de dólares–, el mayor banco de Estados Unidos y uno de los más antiguos, creado en 1895. La tercera es la farmacéutica Johnson & Johnson, que con 342.167 millones de dólares ha arrebatado el puesto estas últimas semanas a la petrolera ExxonMobil, fundada por John D. Rockefeller en 1870 y con una capitalización de 300.350 millones. 

Para encontrar una empresa europea hay que descender unos cuantos peldaños en la clasificación hasta llegar a otra petrolera, la angloneerlandesa Royal Dutch Shell, con un valor bursátil de 255.580 millones de dólares. Después se sitúan dos compañías suizas, Nestlé y la farmacéutica Novartis. La primera compañía española no aparece hasta mucho más abajo en el ránking. Inditex sólo vale en Bolsa 71.273 millones de euros, la décima parte de Microsoft. La capitalización de Banco Santander, el otro gigante español, es aún menor: 67.489 millones de euros.

Beneficios y volumen de ventas 

Si el ranking se elabora con los beneficios, Apple continúa siendo el líder mundial. Sus 52.172 millones de euros anunciados el pasado noviembre, cuando cerró el ejercicio fiscal de 2018, no tienen rival en ningún sector. Le siguen los 42.316 millones de euros de British American Tobacco, fabricante de los cigarrillos Lucky Strike y Dunhill, y los 38.286 millones del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). La coreana Samsung ganó 35.920 millones y Berkshire Hathaway, 34.787 millones. Los resultados de JP Morgan ascendieron a 23.221 millones en 2017.

Los beneficios de los titanes tecnológicos Microsoft, Amazon y Google son mucho más pequeños: 14.230 millones de euros ganó la compañía de Bill Gates, por 3.416 millones la de Jeff Bezos y 14.542 millones el buscador creado por Larry Page y Serguéi Brin.

También una compañía comercial típica como Walmart adelanta a las marcas tecnológicas en volumen de ventas. La cadena estadounidense de tiendas de bajo precio factura 438.206 millones de euros, el doble que Apple, que ingresa 216.781 millones de euros por sus lujosos diseños tecnológicos. La segunda por volumen de ventas es la petrolera china Sinopec –286.039 millones– y la tercera, Royal Dutch Shell –281.835 millones–. Otras dos automovilísticas, Volkswagen y Toyota, facturan más que Apple.

Activos financieros y enanos españoles

Eso sí, los líderes por el volumen de sus activos son tres bancos chinos: el ya citado ICBC, con 3,7 billones de euros; el China Construction Bank, con 3,2 billones, y el Agricultural Bank of China, con tres billones de euros. Las 10 empresas con mayor volumen de activos son todas financieras, e incluyen a la estadounidense Fannie Mae, que tuvo que ser rescatada por el Gobierno de George W. Bush en 2008, a JP Morgan, al británico HSBC y al francés BNP Paribas.

Comparados con los colosos del capitalismo internacional, los grandes del ÍBEX 35 se vuelven, en realidad, muy pequeños. La capitalización de los 10 mejores de la Bolsa española –además de Inditex y Santander, Iberdrola, Telefónica, BBVA, Amadeus, Repsol, Naturgy, Caixabank y Arcelor– suma 382.840 millones de euros; es decir, equivale a la de Alibaba y es prácticamente la mitad del valor en Bolsa de Microsoft.

La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) de Estados Unidos está a punto de publicar su informe anual sobre el programa de ayudas públicas diseñado por el Gobierno de George W. Bush para rescatar al sistema financiero de la peor crisis de la historia, justo cuando se cumplen 10 años de su aprobación, en octubre de 2008, apenas 18 días después de la caída de Lehman Brothers.

El Troubled Asset Relief Program (TARP) o Programa de Rescate de Activos Problemáticos estaba dotado de 700.000 millones de dólares –560.000 millones de euros–, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos, tanto hipotecas como cualquier instrumento financiero basado en ellas. Pretendía así sacar de los balances de los bancos todos esos activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.

De esa cantidad se han desembolsado finalmente casi 438.000 millones de dólares y otros 8.000 millones más se encuentran pendientes de gasto, según consta en el último informe de la CBO, enviado al Congreso en junio de 2017 y que utiliza datos hasta el 31 de mayo. A esa fecha, el coste para las arcas públicas del rescate a los bancos estadounidenses ha sido de sólo 33.000 millones de dólares, el 7,4% del total de 445.000 millones que ha costado el programa.

Así, los bancos y empresas rescatadas han devuelto 377.000 millones de dólares –el 86% de lo desembolsado–, mientras que 61.000 millones han sido cancelados. Más de la mitad de esa cifra, 33.000 millones, corresponde al plan de compra de hipotecas para evitar desahucios, unas cantidades no sometidas a devolución. También perdió dinero el Tesoro con las ayudas destinadas a la aseguradora AIG, que recibió un total de 182.000 millones de dólares. A cambio, el Tesoro se convirtió en propietario del 92% de la firma, la mayor del mundo en su sector, atrapada por el estallido de las hipotecas subprime, a las que daba cobertura. Según el último informe de la CBO, el erario público de EEUU ha perdido 15.000 millones ayudando a AIG, pese a que vendió paulatinamente las acciones de la aseguradora hasta deshacerse de todas ellas en diciembre de 2012. También ha perdido dinero con el rescate a General Motors y Chrysler, otros 14.000 millones de dólares. El Tesoro inyectó en ambas empresas 61.000 millones, de los que recuperó 47.000 vendiendo los bonos y acciones que había comprado. Además, a sus respectivas financieras les concedió ayudas por importe de 19.000 millones.

Pero el Gobierno de Washington también ha ganado dinero con otros programas del rescate. En concreto, 16.000 millones de dólares en el de compra de acciones preferentes de 707 instituciones financieras y 8.000 millones más en los planes de ayuda adicional a Bank of America y Citigroup, que recibieron cada uno un total de 45.000 millones de dólares de dinero público. Con el respaldo a las financieras de Chrysler y General Motors, obtuvo un beneficio de 1.000 millones.

Por último, el TARP incluyó programas público-privados, que reportaron a la Administración 3.000 millones de ganancias. Uno de ellos, por ejemplo, cubrió las pérdidas en que habían incurrido los valores respaldados con préstamos garantizados de la Agencia Federal para el Desarrollo de las Pymes. En total, el beneficio público suma 27.000 millones de dólares.

Así que el saldo final, teniendo en cuenta los beneficios y pérdidas generados por los distintos programas, es que en Estados Unidos sólo se han perdido los 33.000 millones de dólares ligados a las hipotecas basura.

Sólo se ha recuperado el 6,8% del rescate español

A lado de estas cifras, las del rescate español a las cajas de ahorros pueden catalogarse de decepcionantes. Sólo se han recuperado hasta el momento 3.873 millones de euros de los 56.865 millones inyectados, según los datos del último informe del Banco de España, referidos a julio de 2017. Esa cantidad equivale al 6,8% de lo aportado entre 2008 y 2014. Y lo que es peor, el supervisor no espera recuperar más que 14.275 millones, el 25% del dinero invertido en sostener el sistema financiero nacional.

Acababa de conceder Bruselas a España el crédito de 100.000 millones para hacer frente al rescate, en junio de 2012, cuando tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como su ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraron que la operación no iba a costar “ni un euro” a los contribuyentes. “Es un crédito a la banca, que va a pagar la propia banca”, fue la explicación de Rajoy en el Congreso. Un año después, no obstante, De Guindos ya empezaba a matizar: “No tenga usted la más mínima duda de que se van a recuperar la mayor parte de esas inversiones”. Y en 2014 ya sólo se refería el ministro a un “ahorro en los intereses de la deuda pública”, consecuencia de la restructuración bancaria, de 14.000 millones de euros.

El mismo mensaje lanzó en su día el presidente Barack Obama, que continuó con el programa de rescate elaborado por su antecesor: “Mi compromiso es recuperar cada centavo que se les debe a los ciudadanos”, resaltó en enero de 2010, “mi determinación de alcanzar esta meta aumenta cuando veo los informes sobre las enormes ganancias y las primas obscenas en entidades financieras que siguen existiendo gracias a los ciudadanos de este país, que todavía se enfrentan a dificultades reales en esta recesión”. Cuatro meses más tarde, cuando defendía en el Senado su propuesta para aplicar un impuesto a los grandes bancos que ayudara a pagar el rescate, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, abundaba en la misma idea: “Aprobar esta tasa dejará claro a los ciudadanos estadounidenses que no tendrán que correr con los costes directos de proteger la economía de futuras quiebras financieras”. Y lo cumplieron. Si se exceptúan los 33.000 millones en hipotecas compradas con dinero público para evitar desahucios, una partida a fondo perdido, el coste del rescate ha sido cero: los beneficios de los programas de compra de activos han compensado las pérdidas ocasionadas por la ayuda a AIG, Chrysler y General Motors.

Además de en los resultados, las diferencias entre los rescates lanzados a ambos lados del Atlántico son sustanciales, por las características de los sistemas financieros y por el modelo de operación utilizado.

“En Estados Unidos se rescataron bancos rentables que tenían problemas de liquidez, mientras que en España eran cajas de ahorro quebradas, negocios poco rentables con problemas de solvencia”, destaca Javier Santacruz, economista de la Universidad de Essex. Allí recibieron ayudas públicas JP Morgan (25.000 millones), Bank of America (45.000 millones), Citigroup (45.000 millones), Wells Fargo (25.000 millones), Goldman Sachs (10.000 millones) y Morgan Stanley (10.000 millones), las seis mayores entidades financieras del país por sus activos. En todos ellos tenía un gran peso el negocio inmobiliario, sufrían con sus activos tóxicos y padecían problemas de crédito, explica Santacruz, pero también poseían participaciones industriales “importantes y diversificadas en todo el mundo”.

En cambio, la mitad del negocio de las cajas de ahorro españolas estaba concentrado en el ladrillo y su ámbito era únicamente nacional. Por tanto, el dinero público de EEUU se invirtió en bancos que iban a poder devolverlo; en España, en cajas de ahorro al borde del desguace. De hecho, las entidades estadounidenses lo reintegraron “gracias a los beneficios que obtuvieron de sus negocios de banca de inversión y fuera de Estados Unidos”, de sus operaciones en mercados financieros y de sus participaciones industriales, subraya el economista. “En España debería haberse dicho desde el primer momento que se iba a perder dinero con el rescate”, reprocha Javier Santacruz al Gobierno.

Inmediato y rápido

Otro factor fundamental fueron los tiempos. En Estados Unidos, el rescate fue inmediato. Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre de 2008 y Bush firmó la ley que creaba el TARP el 3 de octubre de ese mismo año. “Fueron muy rápidos, pusieron encima de la mesa todo lo que hacía falta y en ocho meses habían acabado con la crisis”, apunta Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.

Por el contrario, en España el rescate se retrasó hasta 2012. Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas frente a la Crisis, culpa de la demora a las comunidades autónomas, recelosas de que la ayuda y las fusiones significarán la desaparición de la caja de ahorros en su territorio o el traslado de su sede a otro. También le reprocha al Gobierno del PSOE el retraso por su “horror” a que se le tachara de “partido nacionalizador”. “Luego De Guindos fue mucho menos escrupuloso”, critica. En definitiva, “el rescate debió hacerse cuatro años antes”.

Pero no sólo fue tardío, sino también más lento. En Estados Unidos, los grandes bancos competían por ser los primeros en devolver las ayudas públicas. En cuanto fueron autorizados por el Gobierno, una vez practicados los correspondientes tests de estrés, en junio de 2009, 10 bancos comenzaron a reembolsar los fondos inyectados. No había transcurrido pues ni un año desde que se aprobó el programa. Entre esa decena se encontraban los grandes: Goldman Sachs, JP Morgan y American Express. Todos ellos ansiosos por anunciar que ya no eran propiedad del Estado y por escapar de las restricciones que éste les impuso para recibir la lluvia de millones que sanaría sus balances: limitaciones en los salarios de sus altos ejecutivos y en el reparto de dividendos, así como la anulación de los blindajes en caso de despido. Además, el Tesoro multó a JP Morgan con 13.000 millones de dólares por las hipotecas basura que habían vendido Bearn Stearns y Washington Mutual antes de ser adquiridas por el primer banco estadounidense.

“En Europa, las ayudas públicas no son tan anatema como en Estados Unidos, allí son más vigilantes y comenzaron a devolverse las ayudas cuando aún ni siquiera se había resuelto el tema judicial”, razona Santiago Carbó. A su juicio, el rescate en Estados Unidos fue “muy claro, muy transparente y muy exigente”, pues se obligó a tomar capital incluso a las entidades que estaban “menos mal” para evitar problemas de confianza.

En España, sin embargo, la lenta reacción de los gobiernos agravó el problema y convirtió en “irrecuperables activos que eran dudosos” y se deterioraron con el tiempo. Porque en España, a diferencia de Estados Unidos, más que de las hipotecas la toxicidad provenía del préstamo promotor, advierte el economista de Funcas. “Una promoción inacabada supone una pérdida del 100%, una vivienda hipotecada no tanto”, resume.

489 bancos quebraron en Estados Unidos

Julio Rodríguez recuerda que, pese al rescate, muchos bancos quebraron en Estados Unidos. Según la FDCI, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, un total de 489 entidades desaparecieron entre 2008 y 2013 arrastrados por la crisis financiera. Mientras, en España, se operaba un cambio fundamental en la naturaleza del sistema financiero nacional: desaparecieron las cajas de ahorro, fusionadas primero y transformadas después en bancos. Los bancos rescatados en Estados Unidos podían acudir a los mercados, como de hecho hicieron, ampliando capital, para devolver las ayudas públicas. Las cajas, en cambio, no pueden emitir acciones para obtener capital, lo que encareció el saneamiento español. Por eso el apoyo financiero del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) se realizó suscribiendo participaciones preferentes, convertibles en acciones y promoviendo la fusión de las cajas, primero con las llamadas SIP (Sistema Institucional de Protección) o fusiones frías, y luego su conversión o adquisición por los bancos.

En algunos casos, el precio de venta fue simbólico –un euro pagó BBVA por Unnim– o muy bajo –1.003 millones de euros pagó el venezolano Banesco por Novagalicia–. Pero venía arropado por las ayudas del FROB y por Esquemas de Protección de Activos (EPA), garantías que cubren potenciales pérdidas en la cartera de créditos de la caja adquirida. “Sin EPA, los bancos no las habrían comprado”, asegura Santiago Carbó.

Para Javier Santacruz, a los bancos no les ha salido barato quedarse con las cajas quebradas, por mucho que se les subvencionara la compra. “Ahora se están dando cuenta”, sostiene. A su juicio, el motivo estriba en que la banca comercial ya no es negocio y en los costes que les ha supuesto la integración de grandes redes de sucursales y el despido de miles de trabajadores.

Santacruz cree que habría sido más eficiente inyectar dinero en el Fondo de Garantía de Depósitos –que se nutre de las aportaciones de los bancos– en lugar de en las cajas de ahorro y provocar después la quiebra controlada de éstas. “En lugar de fusionar cajas malas con las buenas, fusionar todas las malas”, resume, “se debería haber creado primero la Sareb [el banco malo] y después haber rescatado a las cajas”. Así, asegura, se habrían evitado los casos Rato o Narcís Serra, consecuencia, según dice, de haber puesto el dinero en las manos de los mismos gestores responsables de la mala gestión.

Privatización de Bankia

El Banco de España fía la devolución de 9.260 millones de euros de los 10.402 millones cuya recuperación aún considera factible a la privatización de Bankia. El FROB posee aún un 60,63% del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, tras haber vendido un 7% el pasado mes de diciembre –colocó otro paquete en 2014–. Y tiene el mandato de desprenderse del total de su participación antes del 31 de diciembre de 2019. “Ahora la única esperanza para recuperar el máximo posible del dinero inyectado es que la cotización de Bankia en bolsa suba como la espuma”, apunta el economista de la Universidad de Essex. Pero no es muy probable. El presidente del FROB, Jaime Ponce, dejó caer hace sólo unos días que no puede descartarse un retraso para evitar malvender la participación pública y “maximizar la recuperación” de lo invertido.

Julio Rodríguez no duda de que lo mejor sería “esperar tiempos mejores”. Los bajos tipos de interés dañan los márgenes de los bancos y Bankia sigue teniendo pendientes en los tribunales asuntos que perjudican su reputación, como el caso Rato y la salida a Bolsa de la entidad en 2011.

Javier Santacruz recuerda que el presidente del británico Lloyd’s, Antonio Horta-Osório, pidió al ex primer ministro David Cameron cuando el banco fue rescatado con 20.300 millones de libras –22.930 millones de euros– “un plan creíble y determinado de las desinversiones del Estado”. “Cameron se lo dio”, añade, “en cambio, Luis de Guindos dijo expresamente que no tenía un plan establecido”. La Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones, aprobada en 2013, no incluye ni plazos ni fechas.

Lloyd’s terminó de devolver el importe íntegro con que fue rescatado por el Estado británico en abril de 2017. Mientras, en España, el último informe del supervisor bancario rebajaba en 1.389 millones la cuantía de las ayudas que espera recobrar, debido a la devaluación sufrida por la participación del FROB en Bankia y en Banco Mare Nostrum (BMN), que acaban de fusionarse. “Con el modelo de rescate elegido aquí”, lamenta Santacruz, “no se puede recuperar más”.

El presidente de la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores, Joseph Borg, desató la alarma cuando el pasado lunes en televisión aseguró que ciudadanos de EEUU estaban hipotecando sus casas para invertir en bitcoinsbitcoins. No hacía ni 24 horas que la moneda digital había empezado a cotizar en el mercado de futuros de Chicago (CBOE). A lo largo de la jornada los contratos de futuros de bitcoins llegaron a alcanzar los 19.300 dólares, cuando a principios de este año la cotización de esta criptomoneda rondaba los 1.000 dólares. En 2012 sólo valía 12 dólares.

Pero las advertencias de quienes adivinan una burbuja de manual en el bitcoin son anteriores a esta semana en que la moneda digital se ha estrenado en un mercado regulado y formal. Premios Nobel como Joseph Stiglitz y Robert J. Schiller se unieron a grandes jerarcas de las finanzas internacionales como el consejero delegado de JP Morgan, Jamie Dimon, que no dudó en calificar de “fraude” la criptomoneda y en anunciar que despediría “en un segundo” al primero de sus empleados que operara con bitcoins. El pasado día 5, la CNMV replicó las advertencias de su homóloga francesa, la Autoridad de los Mercados Financieros (AMF), para avisar a los inversores españoles de “la elevada volatilidad y carácter especulativo” de las operaciones con la moneda virtual. Al mismo tiempo, una empresa de servicios de internet japonesa, GMO, anunciaba que a partir de febrero pagará en bitcoins una parte del sueldo a sus 4.700 empleadosbitcoins, si así lo piden. Japón se ha convertido en el mayor mercado de esta criptomoneda del mundo, por delante incluso de Estados Unidos.

Alberto Gómez Toribio es uno de los tres fundadores de la consultora Nevtrace, que se define como un laboratorio blockchain, la tecnología que hace posible los bitcoins. Por tanto, es también un firme defensor de las bondades de la moneda virtual. Lo que no le impide alertar del “peligro” que supone para los muchos que están invirtiendo en un nuevo producto cuyo funcionamiento desconocen.

El bitcoin nació en 2008 cuando alguien bajo el nombre de Satoshi Nakamoto –se desconoce si es una persona real– colgó un artículo en internet con el protocolo para crear la moneda virtual. En principio, se basa en el mismo tipo de red de pares –peer to peer– con que funcionaban programas de intercambio de archivos como Napster, eMule o BitTorrent: una red de usuarios particulares sin ningún tipo de regulación exterior. En teoría, cada una de esas personas tiene una copia en su ordenador de todas las transacciones que se realizan en la red y que se anotan en un libro contable virtual, llamado blockchain –cadena de bloques–. Ese libro contable ocupa ahora unos 200 Gigas de espacio, explica Gómez Toribio. Es decir, no todos los usuarios poseen ya esa copia.

Cada cliente tiene un número de cuenta con una clave privada –una contraseña– desde la que opera, y un monederomonedero de bitcoins, una aplicación informática –por ejemplo, blockchain.info, xapo– para gestionarlos. Cuando un usuario quiere hacer una transacción, tiene que informar a la red y la operación debe ser aceptada por el resto y apuntada en el libro. “El sistema funciona por consenso, según unas reglas que figuran en el programa que cada uno tiene instalado en su ordenador”, explica Alberto Gómez. Esa mayoría está compuesta por los que el mundo bitcoin denomina mineros, que comprueban las transacciones y las agrupan en bloques. En sus comienzos, los mineros eran particulares, ahora ya son empresas con grandes servidores ASICS, las enormes máquinas necesarias para mantener vivo el sistema. “El mundo del bitcoin se ha profesionalizado mucho”bitcoin, apunta el fundador de NevTrace, “la mayor parte de la industria se encuentra en China y Estados Unidos, donde la energía es más barata –hace falta gran cantidad de electricidad para sostener el funcionamiento de los servidores– y hay quien puede sostener las grandes inversiones que son necesarias: cuatro millones de euros en dos años”.

Pues bien, cada 10 minutos un minero genera una nueva página en el libro contable. A cambio, recibe como “recompensa” 12,5 bitcoins. También cobran una comisión voluntaria por transacción. “Como la propina en un bar”, compara Gómez Toribio. Hace cuatro años la recompensa era de 25 bitcoins, y cuatro años más atrás, de 50. De esta manera el sistema regula la generación de nueva moneda: no podrán crearse más de 21 millones de bitcoinsbitcoins. “Con una oferta limitada, el bitcoin subirá muchísimo y se convertirá en un activo interesante para guardar dinero o usarlo como valor reserva, al igual que el oro”, destaca el fundador de NevTrace. Su precio depende así únicamente de la oferta y la demanda, sin ninguna intervención exterior. De ahí, también, su extrema volatilidad y la “brutal” especulación” que le rodea. En estos momentos, añade Gómez Toribio, hay en circulación ya 17 millones de bitcoins, pero queda lejos llegar a los 21 millones gracias a esa ratio decreciente de producción.

El sistema también incluye casas de cambio, una suerte de “puertas de entrada y salida” entre el mundo real y el virtual, donde se ponen en contacto los compradores y vendedores de bitcoins, quienes quieren invertir en la moneda digital y quienes desean transformarla en dinero del que se puede tocar, euros, dólares, yenes… Las más conocidas: Coinbase, Bitstamp, Kraken.

El éxito de Chicago

En resumen, se trata de un sistema en el que se han suprimido los intermediarios –bancos– y los reguladores –bancos centrales, comisiones del mercado de valores–. Además, el valor de la moneda digital no está respaldado por ningún banco central o por un activo, producto o servicio, sino “por la confianza, como cualquier otra divisa”. Por eso, al menos en sus inicios, el bitcoin era visto casi como una apuesta ideológica de quienes rehúyen cualquier tipo de regulación gubernamental o institucional. Hoy, sin embargo, se ha convertido en un producto más de inversión, de alto riesgo y, por tanto, de alta rentabilidad: “Pocos productos financieros ofrecen rentabilidades del 1.000% como hace el bitcoin”, subraya Alberto Gómez. Así que tiene menos que ver con el criptoanarquismo y más con los gemelos Winklevoss, los hermanos que demandaron a Mark Zuckerberg por haberles robardo la idea de Facebook y que ya han conseguido sus primeros 1.000 millones de dólares gracias a los negocios con bitcoins.

De hecho, la entrada en el mercado de futuros ha sido saludada por muchos como un paso adelante en la formalización de esta moneda digital. El siguiente escalón son los EFT de bitcoinsbitcoins, apunta enseguida Alberto Gómez. Los EFT (Fondos de Inversión Cotizados) replican un determinado índice bursátil y permitirán invertir en esta moneda digital “sin necesidad de saber lo que es”, destaca.

“Es una manera de regular lo que antes parecía un sueño, una película de humo”, indica por su parte Daniel García, analista del bróker online XTB sobre el estreno de la moneda virtual en Chicago, “y ha sido muy bien acogido por los inversores”. XTB trabaja con bitcoins, así como con otras criptomonedas como Ethereum, Litecoin, Ripple o Dash, “las cinco que más volumen de negociación generan y más liquidez tienen”, detalla el analista. La entrada en el mercado de futuros ha avivado el interés de sus clientes en trabajar con el dinero virtual. “En principio eran los más especuladores los que se interesaban, pero ahora, cada vez más, vemos inversores que quieren diversificar sus carteras acudiendo al bitcoin”, señala Daniel García, quien no obstante les aconseja “siempre” que “moderen al máximo el riesgo”. “Son productos altamente volátiles y no acordes para todo tipo de cliente”, advierte. También es prudente a la hora de definir si existe una burbuja o no, también rehúsa predecir si estallará o cuándo.

Por el contrario, Monex, una de las principales empresas de cambio de divisas del mundo, ni compra ni vende bitcoins. “Las criptomonedas no están en nuestro espectro de actuación, sólo trabajamos con divisas fiat”, responde uno de sus brókers, Gonzalo de la Fuente. Tampoco está entre sus planes inmediatos incluir el dinero digital en su cartera.

¿Camino de la economía formal?

Alberto Gómez saluda que “el gran capital haya empezado a entrar en bitcoin”bitcoin. “A medida que se vaya institucionalizando”, añade, “aumentarán los inversores profesionales que quieran invertir o especular con estas monedas, pero no poseerlas, y ahí es donde entran los EFT”. El fundador de NevTrace no teme que los gobiernos o los bancos centrales impongan restricciones al bitcoin. Y desdeña las declaraciones de los financieros en contra de las criptomonedas. Hace sólo unos días el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, despreció el bitcoin como algo “totalmente irrelevante”. Pero, al mismo tiempo, dice Gómez Toribio, el banco es uno de los miembros de Ethereum Alliance, junto al BBVA, JP Morgan, Credite Suisse o UBS, entre otros, que pretende desarrollar la tecnología blockchain. “No les interesa el bitcoin, pero sí crear su propio bitcoin”bitcoin, resume. Desde 2016 el Santander, UBS, Deutsche Bank y BNY Mellon impulsan un proyecto denominado Utility Settlement Coin (USC), para promover el uso de dinero digital. El pasado agosto, se les unieron Barclays, Credite Suisse, Banco Canadiense de Comercio (CIBC), HSBC, Banco MUFG y State Street Bank, con el fin de crear una moneda digital basada en la tecnología blockchain. Y pese a sus advertencias públicas contra el bitcoin, tanto JP Morgan como el alemán Commerzbank –que pone en duda que llegue a convertirse en un medio de pago– actúan como intermediarios en operaciones con bitcoinsbitcoins. “Los clientes se lo piden y los bancos prestan el servicio”, aclara Alberto Gómez.

Otra señal de que quizá las criptomonedas llevan camino de integrarse en las finanzas formales es que la UE está elaborando un Libro Verde, la base para que luego la Comisión Europea regule en sus directivas el funcionamiento del dinero digital. Alberto Gómez forma parte del grupo de expertos que asesora a los gestores de Bruselas en la materia. Una de las novedades que prepara la Comisión es la obligación de identificar a los usuarios de bitcoinsbitcoins, explica.

Además, empresas tan reales como constructoras, de logística o de la energía –la alemana RWE– utilizan ya tokens, o títulos digitalestokens, que a diferencia de las criptomonedas están respaldados por activos físicos. El petro, cuya creación ha anunciado el Gobierno venezolano, es por tanto un token, no una divisa digital, puesto que está respaldado por las reservas de petróleo del país latinoamericano.

Cuestión diferente es hacia dónde evolucionará el bitcoin. Alberto Gómez repite que se trata de “un experimento, no se sabe muy bien qué va a ocurrir”. De momento, más que una moneda, un instrumento de pago, es un vehículo de inversión. Y de especulación. “Lo mismo que cualquier divisa”, puntualiza: “Que sea tan volátil es precisamente su principal atractivo”. Pero hasta ahora no funciona como un medio de pago porque hay que pagar una comisión de nueve euros por operación, independientemente de su volumen. Tampoco constituye una reserva de valor por su alta volatilidad. Ni es una unidad de cuenta porque no se puede poner un precio en bitcoins, enumera.

Aun así, en la calle de Serrano de Madrid se puede comprar con bitcoins en algunas tiendas de lujobitcoins –Loewe, Agatha Ruiz de la Prada– y en el centro comercial ABC Serrano se pueden sacar bitcoins de un cajerobitcoins situado en uno de sus comercios. “Factura 40.000 euros al mes”, asegura el fundador de NevTrace, quien también impulsó el proyecto, denominado Calle Bitcoin, como un experimento que aún continúa en marcha.

Prohibido

Además, existe un factor adicional de incertidumbre para el dinero digital. Países como Singapur, China o Ecuador han prohibido los bitcoinsbitcoins. “Hay gobiernos que lo ven como una amenaza”, dice Gómez Toribio. China no permite a las empresas, aunque sí a los particulares, tener depósitos en criptomonedas. Japón ya ha anunciado una mayor regulación del importante mercado nacional de bitcoins, que pretende limitar las operaciones especulativas. La India investiga las casas de cambio de monedas digitales, sospechosas de evasión fiscal. Aunque quizá sea difícil frenar el fenómeno cuando el bitcoin es sólo la más conocida de las “decenas de miles” de monedas digitales existentes, según destaca el fundador de NevTrace: “Son muy fáciles de crear y sacar al mercado”.

Las criptomonedas pueden suponer un cambio radical en los usos financieros siempre que la burbuja no sea tal y no estalle. El canal estadounidense de televisión CNBC, especializado en información económica, preguntó a economistas y gestores de fondos de Wall Street sobre el bitcoin. El 80% cree que su altísima cotización es una burbuja, el 66% no lo considera una divisa. Richard Turnill, responsable de inversiones de la mayor gestora de fondos del mundo, Blackrock, fue más contundente cuando aventuró que los inversores en bitcoins “deben estar preparados para perderlo todo”. JP Morgan calcula que el valor de todas las criptomonedas en circulación asciende a 300.000 millones de dólares. Para hacerse una idea del volumen, basta indicar que el valor de todo el oro guardado en los bancos centrales del mundo es de 1,5 billones de dólares.

El sector financiero privado copa la práctica totalidad de los asientos en los grupos de expertos del Banco Central Europeo (BCE). De los 517 miembros que componen los 22 órganos consultivos y de asesoramiento que ha puesto en marcha la institución comunitaria, al menos 508 –el 98%– representan a grandes bancos, fondos de inversión, cámaras de compensación de pagos o consultorías financieras, según se desprende del informe Open door for forces of finance at the ECB, elaborado por el colectivo Corporate Europe Observatory (CEO) y publicado a comienzos de octubre. Una situación que, en opinión de los activistas bruselenses, demuestra que los foros consultivos del supervisor bancario, donde se combina "experiencia con un toque de spin corporativo", son utilizados "como plataformas lobbistas por la industria financiera", algo que, añaden, pone en riesgo la independencia en la toma de decisiones.

El estudio del CEO revela que estos foros del BCE "han estado dominados en gran medida por representantes de algunas de las corporaciones financieras globales más influyentes". En total, 508 miembros que representan a algunas de las firmas del sector financiero privado más potentes del planeta, entre las que se encuentran el famoso fondo buitre Blackrock –tres asientos–, las firmas de inversión JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley –con ocho, cuatro y tres miembros, respectivamente– o las gigantes aseguradoras Axa, Allianz o Zürich Insurance –3, 3 y 1, respectivamente–, entre otras. Sin embargo, son los grandes bancos europeos los que sientan a un mayor número de representantes. Entre ellos, resaltan el Deutsche Bank (18), BNP Paribas (17), Societé Générale (16) o Unicredit (15).

Con menor número de representantes, pero con una presencia importante en estos grupos, se sitúan el HSBC, cuya oficina en Ginebra escondía, según reveló la lista Falciani, cuentas no declaradas de 130.000 potenciales evasores fiscales, y los bancos españoles –10 asientos el Santander, 7 el BBVA, 3 Caixa Bank y 1 Bankia–. De todas las compañías representadas en los más de veinte foros, completa el CEO, 66 de ellas son monitoreadas por el Banco Central Europeo, algo que preocupa sobremanera a la ONG. "En los grupos asesores se aborda la política monetaria o la supervisión bancaria (...). La presencia masiva en estos grupos de los mismos bancos y casas de finanzas que supervisa el BCE es preocupante", sostienen. 

Sólo dos representantes de los consumidores

De los nueve asientos restantes que no están en manos del sector financiero privado, siete de ellos los ocupan representantes de firmas o colectivos vinculados a otros sectores pero también "con intereses económicos", según el estudio del Corporate Europe Observatory. Así, con un miembro cada una de ellas, están representadas la petrolera Total, la aeronáutica Airbus, la tecnológica Siemens, la firma legal griega Tsibanoulis&Partners, la patronal europea Business Europe, la Confederación Europea de Pequeñas y Medianas Empresas (UEAPME) y la organización European Retail Roundtable –de la que forman parte grandes compañías como El Corte Inglés, Mercadona, Inditex, Ikea o Lidl–.

Hace justo un año, Roman Schremser, alto cargo del supervisor bancario, explicó en una carta remitida a Kenneth Haar –investigador del CEO y autor del informe–, a la que ha tenido acceso infoLibre, cuáles eran los objetivos de estos foros de expertos. En la misiva, Schremser afirmaba que "permiten recopilar información e ideas intercambiando puntos de vista sobre temas de interés común, como los desarrollos del mercado estructural y asuntos relacionados con el funcionamiento del mercado". "Mantener el diálogo necesario con asociaciones representativas y la sociedad civil", añadía. Sin embargo, sólo dos sillas de las 517 las ocupan grupos de consumidores: una representa a la Organización de Consumidores Europea (BEUC) –que integra a la CECU y la OCU– y la otra a AGE Platform.

Escándalo tras escándalo

Los 22 foros consultivos del BCE tienen mandatos diversos, que van desde las "respuestas a las situaciones de crisis que pueden surgir en los mercados financieros" hasta las "cuestiones relacionadas con la estabilidad financiera de la zona del euro y la política macroprudencial", pasando por asuntos relativos al "mercado monetario", el "mercado de bonos" o la "liquidación de valores y gestión de garantías", entre otros. Materias extremadamente sensibles como para que el sector financiero privado tenga en sus manos la posibilidad de ejercer una presión directa en la toma de decisiones a través de estos grupos. Y más todavía si se tiene en cuenta que un número importante de estos representantes pertenecen a compañías que han estado implicadas en los últimos años en importantes escándalos financieros.

Es el caso, por ejemplo, de la manipulación del Líbor y el Euríbor. El escándalo saltó a la palestra en 2012 –aunque las sospechas planeaban desde mucho antes–, cuando los reguladores bancarios de Reino Unido y Estados Unidos impusieron a Barclays –cuenta con 5 representantes en los grupos del BCE– una multa de 454 millones de dólares por manipular los dos índices, que se utilizan en el cálculo de la cuota de las hipotecas. Sin embargo, el caso salpicó también a otras importantes compañías del sector financiero: UBS –5 asientos–, JP Morgan, Royal Bank of Scotland –1 representante–, Societé Générale, Citigroup –13 miembros–, Deutsche Bank o HSBC. Estos tres últimos bancos, por ejemplo, acordaron recientemete pagar 132 millones de euros para zanjar una demanda colectiva interpuesta contra ellos en 2011.

Dos años después de la multimillonaria sanción a Barclays, una investigación de Bloomberg reveló la manipulación del mercado de divisas, el conocido como caso Forex. Según la agencia de noticias, varios operadores de bancos intercambiaban a través de un chat de Internet información confidencial sobre compras de clientes, y se ponían de acuerdo para manipular el precio de esa divisa, haciendo caja con las diferencias. El nuevo escándalo puso bajo la lupa, otra vez, a UBS, Citigroup, HSBC, JP Morgan, Royal Bank of Scotland, Barclays y Deutsche Bank, que tuvieron que afrontar abultadas multas. Sanciones que también fueron impuestas a Bank of America –3 representantes en los foros del BCE–, Goldman Sachs y BNP Paribas. La manipulación, según el CEO, hizo perder a los ahorradores unos 8 billones de euros anuales.

Reformas pendientes

La composición de los grupos de expertos en el seno de los organismos comunitarios, sobre todo de la Comisión Europea, lleva años bajo una sospecha permanente. De hecho, analizar este tema fue una de las prioridades que la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O' Reilly, puso sobre la mesa nada más tomar posesión del cargo, en octubre de 2013. Siete meses después de asumir el puesto, O'Reilly puso en marcha una investigación por iniciativa propia que concluyó con una serie de recomendaciones al Ejecutivo comunitario. En la carta remitida a la Comisión, la defensora del pueblo pidió que se garantizase una "representación equilibrada de todos los intereses", que se publicase una "convocatoria de solicitudes para cada grupo de expertos" o que se mejorase el acceso a información relativa a estos foros, entre otras sugerencias.

Presionada por la sociedad civil, algunos grupos del Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo, el Ejecutivo europeo anunció en 2016 nuevas normas para estos foros consultivos. El nuevo reglamento incluyó dos mejoras importantes que O'Reilly también había puesto sobre la mesa: una política oficial sobre conflictos de intereses –que incluye la obligación de publicar los curriculum vitae de todos los expertos, que tendrán que someterse a un exhaustivo examen que evite posibles conflictos de intereses y firmar una declaración pública de intereses– y la obligación de vincular el registro oficial de estos grupos con el de transparencia de la UE –esto quiere decir que todas aquellas firmas que quieran participar tienen que estar inscritas en el registro de lobbies–.

Sin embargo, estos avances parecen no haber llegado todavía al Banco Central Europeo, algo que lamentan desde el CEO. El observatorio bruselense se queja, en primer lugar, de la dificultad que existe para encontrar en la página web del supervisor todos los datos relativos a estos grupos de expertos –el número de foros que están en funcionamiento o la composición de los mismos, por ejemplo–. Además, también critican con dureza que las empresas o colectivos no estén obligadas a apuntarse en el registro de transparencia europeoregistro de transparencia europeo para poder participar en ellos. De hecho, según los datos que recoge Kenneth Haar en el estudio, de las 144 compañías o asociaciones con representación en los grupos de expertos, 63 –el 43,75%– no están inscritas en el listado de lobbies. 

Mientras los gestores de DIA intentaban convencer a posibles inversores y analistas, en su Capital Markets Day tanto en Madrid como Londres, del brillante futuro que espera a las acciones de la cadena de distribución, los franquiciados que la culpan de su ruina reanudaban una ya larga batalla contra la enseña de supermercados de bajo coste. Las asociaciones que los agrupan han identificado hasta el momento 441 tiendas cuyos franquiciados han tenido que abandonar el negocio tras sufrir graves problemas con la marca. Según los datos que han podido recopilar entre los afectados, señalan que hay 35 tiendas por las que han pasado 91 franquiciados. Es decir, cada supermercado ha tenido casi tres franquiciados de media desde 2011.

En algunos casos, la rotación ha sido mucho mayor. Una tienda de Barcelona ha tenido ocho franquiciados en 10 años. Otra en A Coruña llegó a los 12, puesto que hubo dos de ellos que no duraron más de seis meses.

DIA niega estas cifras. No facilita datos de rotación en sus tiendas, pero asegura que la antigüedad media de sus franquiciados es de seis años y que algunos de ellos llevan más de 12 con la enseña. También explican que la cadena no podría soportar que un 19% de sus tiendas estuvieran cerradas durante el tiempo que media entre el abandono de un franquiciado y la entrada del siguiente. Según las asociaciones de afectados, en la actualidad 16 de esas 441 tiendas se encuentran cerradas.

En efecto, la salida de un franquiciado puede demorarse hasta cuatro meses “porque DIA tarda mucho tiempo en mandar la documentación, facturas, etcétera, que se le pide, antes de devolverle las llaves”, explican Ángela Pérez y Elías Carcedo, abogados que han llevado en los tribunales algunos casos contra la cadena de distribución. En ocasiones DIA también se niega a hacer un inventario de las mercancías, añaden los letrados.

DIA reconoce que mantiene abiertos 10 litigios con antiguos franquiciados, de los que ha ganado tres en primera instancia. Al tiempo, ha entablado pleitos contra 15 de sus antiguos socios comerciales, a quienes reclama 1,7 millones de euros. Por su parte, los franquiciados llevan dos años con una querella en un juzgado de Vic (Barcelona). Una veintena de perjudicados están a la espera de que el nuevo juez al frente empiece a pedir testimonios. Este juzgado intentó que la Audiencia Nacional se hiciera cargo del caso, dado el alto número de afectados y su extensión por todo el territorio nacional. En vano: no consideró que el perjuicio económico tuviera el alcance nacional que la ley exige para declararlo de su competencia. Según DIA, este grupo de franquiciados le adeuda 925.000 euros. “Ocho de ellos ya han firmado un acuerdo de resolución y liquidación”, explica un portavoz de la empresa.

Por el contrario, en otras ciudades, como Alicante, a DIA no le ha ido tan bien. La cadena franquició el supermercado que tenía en un mercado de propiedad municipal a uno de sus empleados, a quien cedió el uso del local pese a que la concesión que había obtenido del Ayuntamiento se lo prohibía.  El consistorio abrió expendiente y sancionó a DIA por este motivo. El franquiciado se negaba a devolver a la empresa las llaves del establecimiento –donde se guardaban bienes propiedad del primero– y el juez le dio la razón: la cadena pretendía conseguir el local antes de que se hubiera dilucidado el objeto del pleito. Tras la quiebra del franquiciado, la empresa le reclamaba en el juzgado una deuda de 71.275 euros.

En la Audiencia Provincial de Madrid también se dirime el caso de una trabajadora de DIA a la que la cadena le puso ante la disyuntiva de ser despedida o quedarse con la tienda en la que estaba empleada. Cuando reclamó a la empresa porque las cuentas no eran las prometidas, DIA le ofreció una segunda tienda en lugar de la primera. Pero finalmente no fue así, asegura Ángela Pérez. “Nos dijeron que ambas tiendas iban de la mano y que no podían resolver la primera”, detalla. La empresa le reclama una deuda de 181.573 euros.

Cuenta de explotación falsa

Los franquiciados que demandan a DIA dicen ser víctimas de una estafa. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan antes de firmar es falsa. Forma parte de la información precontractual que el franquiciador está obligado por ley a entregar a sus futuros asociados y, según la ley, debe estar basada en datos reales. Además, la empresa les promete un margen del 13% que nunca llega a alcanzarse. El contrato que se les facilita es un “contrato tipo, sin cantidades ni fechas”, un documento cerrado cuyos términos no pueden negociar, detallan.

A fin de hacerse con la tienda, los que DIA llama “operadores locales” deben abonar un canon de entrada de 12.000 euros y suscribir un aval de 25.000 euros por la infraestructura y otro de 80.000 euros por la mercancía. Una inversión cuantiosa, por tanto. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata, explican los denunciantes. Más adelante, cuando el supermercado cierra por culpa de las pérdidas, los franquiciados descubren que el inventario no se corresponde con la realidad y que siempre deben dinero a DIA, decenas de miles de euros, por mercancía que no sabían que tenían.

Los problemas de gestión comienzan pronto. DIA fija los precios, lo que es ilegal. Los numerosos cupones descuento acumulables que la cadena distribuye a sus clientes, las ofertas “pague dos, llévese tres”, los “superprecios”… obligan a los franquiciados a vender a pérdida. Ellos adquieren a la empresa la mercancía a un precio determinado, pero la tienda termina vendiéndola a un precio muy inferior al cliente que acude con sus múltiples cupones. E, incumpliendo su propio manual de franquicias, la cadena no reembolsa los descuentos a los asociados, que deben asumir la pérdida.

Los franquiciados con que ha hablado este periódico explican que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena. Pero los 6.000 euros mensuales de beneficio que les prometió DIA no aparecían por ninguna parte. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”, resumen.

Transforma 243 de sus tiendas propias en franquicias

Por el contrario, la cadena de supermercados argumenta que sólo en España ha pasado de 1.005 a 2.147 franquicias de la marca DIA –tiene otras como las tiendas de perfumería Clarel– desde 2010. Es decir, ha más que duplicado el número de locales franquiciados en seis años, de forma que, en la actualidad, el 60% de las tiendas DIA en los cinco países donde está presente –España, Portugal, Argentina, Brasil y China– son de este tipo. En España equivalen al 52% de sus establecimientos. Esos números le sirven a DIA para presumir de ser “la primera franquiciadora de España y la tercera de Europa en el sector de la distribución”. Sólo el año pasado DIA transformó 243 de sus tiendas propias en franquicias.

Además, la cadena sostiene que su política de relación con las franquicias se basa en “la veracidad de la información difundida y el cumplimiento de los acuerdos suscritos” con los socios, así como en su “independencia jurídica y patrimonial”. “La resolución de discrepancias está basada”, continúa la empresa en su última memoria anual, “en la buena voluntad, la comunicación y la negociación de ambas partes, favoreciendo el diálogo y las soluciones de conciliación”. Finalmente, se remite a una encuesta a sus franquiciados que la consultora Nielsen elabora cada año, según la cual el 48% de ellos “se encuentran satisfechos respecto a las expectativas iniciales puestas en el negocio”.

No obstante, DIA reconoce que ha cerrado en España y Portugal –no proporciona datos de España en solitario– 33 tiendas sólo en el cuarto trimestre de 2016 y otras 10 en el primer trimestre de este año porque “sus niveles de rentabilidad no eran satisfactorios”. El número de supermercados del resto de sus enseñas –La Plaza/El Árbol y Clarel– cerrados el año pasado asciende a 131. A esta clausura de tiendas atribuye el informe de resultados del primer trimestre de 2017 la caída de las ventas en un 2,7% sufrido por DIA hasta marzo.

Los bajistas al acecho

Al mismo tiempo que la cadena de supermercados informa de sus planes de futuro a inversores y analistas, bate récords en Bolsa como el valor con mayor porcentaje de capital en manos de bajistas de España y casi de Europa. Los bajistas son inversores que apuestan por la caída de las acciones de una empresa. Normalmente se trata de fondos de alto riesgo o hedge funds, que especulan con acciones que toman prestadas a otros inversores. En el caso de DIA, el 24,35% de su capital se encuentra en manos de estos especuladores. Hace un año poseían el 11,49%. Para hacerse una idea del volumen, basta con recordar que el Banco Popular, intervenido hace unas semanas, terminó con sólo el 12% de su capital en manos de bajistas. Y desde que empezó 2017 las posiciones cortas en el accionariado de la cadena se han disparado un 58%.

Este tipo de inversores centran su interés en empresas en las que advierten debilidades. Creen que el valor de sus acciones caerá bien porque tienen problemas financieros o prevén que pueden padecerlos en el futuro, bien porque piensan que no van a ser capaces de cumplir sus objetivos. Un portavoz de DIA explica a infoLibre que la empresa no comenta el comportamiento de los mercados y apunta que otras marcas del sector de la distribución, como Carrefour, Marks&Spencer o Tesco también han sufrido el ataque de los bajistas.

“A costa de sus franquiciados”

Un informe de JP Morgan ya alertaba en 2015 sobre algunas posibles flaquezas del modelo de negocio de DIA que igualmente barruntan los bajistas.

“El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe, “históricamente han operado con una media de casi el 1% de margen de EBIT que puede desaparecer fácilmente después de dos años de ventas en superficie comparable negativas”. No ganan dinero pese a que “gestionan ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita los costes de personal, de residuos y por robos. En el primer caso, al tratarse de autónomos o emprendedores, “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”.

Así, las ventas en superficie comparable de las franquicias superan en 200 puntos básicos a las que generan las tiendas propias de la cadena. A juicio de JP Morgan, se trata de un “comportamiento muy negativo”. El informe tacha de “contrario al sentido común” que, cada vez que DIA abra una tienda, el margen de EBITDA crezca; es decir, que un negocio menos intensivo en capital –la franquicia– produzca mayores márgenes. JP Morgan concluye que la cadena de supermercados consigue esos márgenes anormalmente altos “a costa de sus franquiciados”. No duda en afirmar que los “canibaliza”.

Unos 80 franquiciados de Carrefour Express han denunciado al grupo de distribución por engañarles en los contratos que, según, explican incluían información falsa sobre el negocio. De ellos 61 han conseguido acuerdos extrajudiciales que han supuesto la condonación de la deuda que mantenían con la empresa e incluso una indemnización de entre 300.000 y 500.000 euros cada uno. El resto, una veintena, sigue adelante con sus procedimientos en los tribunales. Es decir, Carrefour ha pagado ya entre 18 y 30 millones de euros para zanjar los conflictos con sus franquiciados.

Los de Carrefour Express se suman así a la lista de franquiciados que han terminado en los tribunales tras denunciar las prácticas de cadenas de franquicias. Pero, a diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, con los 200 franquiciados que han demandado a la cadena de supermercados DIA acudiendo a la vía penal, los de Carrefour Express han optado por la civil, y parece que con mucho mayor éxito.

En total, el despacho Themis Abogados de Valencia, que lleva buena parte de los casos, asegura que va a reclamar entre medio millón y un millón de euros por cada franquiciado de Carrefour Express. “La mayoría son negocios de autoempleo familiar, el 40% de ellos dirigidos por mujeres y otro 25% por jóvenes emprendedores menores de 25 años que solicitaron un aval a la familia”, detalla.

Según denuncian los afectados, la información sobre el negocio que Carrefour tiene la obligación de proporcionar a cada nuevo franquiciado antes de firmar el contrato incluía cifras irreales: nunca llegaron a cumplirse las previsiones ni de ventas ni de beneficios. Por tanto, aducen en sus demandas, el consentimiento del franquiciado está “viciado”. Y recalcan que fue un engaño “intencionado”, permitido por una legislación que no les protege.

Un portavoz de Carrefour ha asegurado a infoLibre que la empresa “no tiene constancia de ninguna denuncia, y menos aún de esos acuerdos extrajudiciales”.

En los últimos cuatro años, Carrefour Express, la enseña de supermercados de proximidad del grupo francés, ha abierto 238 nuevas franquicias y cerrado 98, el 41%, según las cifras facilitadas por Themis Abogados. El grupo precisa que en estos momentos tiene abiertos un total de 550 supermercados Carrefour Express.

Cánones de 15.000 euros y sin control de pedidos

Las denuncias de los franquiciados de Carrefour Express repiten las hechas públicas por los de otras cadenas como DIA. En su caso, también afronta demandas en Portugal, Argentina, Brasil y Francia. En España es un juzgado de Vic (Barcelona) el que lleva los casos de decenas de afectados. Aseguran que la cuenta de explotación que les enseñan los responsables de DIA es falsa. También que les prometen unos márgenes que nunca llegan a alcanzarse. Después, los franquiciados carecen de control sobre los pedidos que hacen a DIA, que vienen impuestos por sus inspectores y la cadena les cobra de forma inmediata.

Para abrir un Carrefour Express, un franquiciado debe hacer una inversión cuantiosa, medio millón de euros. Aunque no paga canon de entrada sí que tiene que hacer frente más tarde a un conjunto de cánones diversos, que pueden suponer hasta 15.000 euros mensuales: un canon logístico –un porcentaje de la facturación, que puede suponer unos 8.000 euros–, un canon informático –por el software– y un canon de enseña –otro tanto por ciento–. E igual que ocurre en DIA, explican los franquiciados de Carrefour con los que ha hablado este periódico, carecen de control alguno sobre los pedidos. “Te facturan por cosas que no pides”, se quejan.

También franquiciados de Yves Rocher, Foster's Hollywood o YoigoYoigo, los helados Llao Llao, y Mail Boxes Mail Boxes–envíos de paquetería– o Restalia  –100 montaditos, La Sureña, The Good Burger– han acudido a los tribunales para denunciar las prácticas abusivas de sus franquiciadores, tras constituirse en asociaciones y plataformas.

No hay ley de franquicias

La proliferación de denuncias extiende la sospecha sobre un modelo de negocio que reduce al mínimo el riesgo para el franquiciador y lo carga sobre un tercero. Más aún, cuando la crisis y las campañas gubernamentales a favor del emprendimiento han empujado a muchos a autoemplearse a falta de otras expectativas laborales.  En España el contrato de franquicia carece de regulación legal. No existe una norma específica. La Ley de Ordenación del Comercio Minorista únicamente le dedica un artículo, que se ha desarrollado en tres decretos-ley posteriores, uno de ellos para crear el Registro de Franquiciadores en 1998. En teoría, todas las empresas están obligadas a enviarle información de los locales que abren y cierran, pero los datos públicos se limitan al número de los establecimientos propios y franquiciados. Y no siempre están actualizados. El registro, dependiente del Ministerio de Economía, tampoco vigila o sanciona a la empresa que no manda información o que envía datos falsos, una competencia que el registro delega en las comunidades autónomas.

Por su parte, los franquiciadores se defienden asegurando que los pleitos judiciales son mínimos, que su modelo de negocio es transparente y rentable, y que los malos resultados son producto de la falta de implicación del franquiciado o de su falta de pericia empresarial.

Sin embargo, la firma JP Morgan vino a dar la razón a los descontentos, en concreto a los de DIA, en un informe para inversores. Según su análisis, el modelo de negocio de la cadena de supermercados, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que DIA consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

En España funcionan 1.114 franquicias, que facturaron en 2016 casi 20.000 millones de euros. Según el informe anual sobre el sector que elabora Tormo Franquicias Consulting, emplean a 340.000 trabajadores.

No es el más grande, ni el más antiguo. Pero se ha coronado como el rey mundial de las reestructuraciones. Houlihan Lokey ha sido contratado por los fondos buitre que han comprado a los bancos la deuda de las autopistas radiales en quiebra. Y será con los profesionales de este banco de inversión con sede en Los Ángeles con quienes tendrá que pelearse el Ministerio de Fomento para intentar que la factura del rescate a las ruinosas vías de peaje sea lo menos gravosa posible para las arcas públicas.

Según publicó El Confidencial, los fondos King Street, Taconic y SVP Global, los tres mayores tenedores de deuda de las nueve autopistas quebradas, han encargado a Houlihan Lokey que defienda sus intereses frente al Estado. Es posible que también se les unan JP Morgan, Deutsche Bank y Goldman Sachs, igualmente entrampados en el fiasco de las radiales. Estos fondos oportunistas compraron la deuda de los bancos españoles que financiaron la construcción de las autopistas. Un total de 3.800 millones de euros, de los que sólo 1.300 corresponden a entidades financieras extranjeras.

Santander, Caixabank, Sabadell, Bankia y Banco Popular comenzaron a desprenderse de su deuda cuando se hizo patente que las concesionarias estaban abocadas a la liquidación. Y lo hicieron vendiendo con quitas extraordinarias de hasta el 90%. Aun con esos descuentos, los acreedores de las radiales confían en que el Estado, obligado a aplicar su cláusula de responsabilidad patrimonial, satisfaga sus expectativas de negocio.

Y éstas no son pequeñas. La patronal de las constructoras, Seopan, cifró en su día en 5.500 millones de euros el coste del rescate. Para hacerse una idea del volumen de la factura, basta con recordar que el Gobierno acaba de aprobar un recorte del gasto público de 5.493 millones de euros para este año. Y que Bruselas exige otro tijeretazo de igual cuantía para 2018 a fin de cumplir el objetivo de déficit. Fomento, sin embargo, no admite que la cifra vaya a superar los 2.500 millones.

Pues bien, para hacerse con su parte del pastel, los fondos buitre han contratado al mejor. Houlihan Lokey negoció para que los acreedores cobraran en las mayores quiebras de la historia. Como la de Lehman Brothers en 2008, el pistoletazo de salida de la crisis financiera, que se hundió con unos activos valorados en 659 millones de euros. También la de WorldCom en 2002, que significó la desaparición de 100 millones de euros en activos y superó a la de Enron, declarada sólo nueve meses antes. Fueron hasta entonces los dos mayores escándalos corporativos de la historia de Estados Unidos. El banco se encargó igualmente de defender los intereses de los acreedores de Chrysler y General Motors, los gigantes del automóvil que cayeron en la bancarrota en 2009.

Las mayores quiebras de España

Houlihan Lokey es una entidad joven, si se la compara con Goldman Sachs, fundado en 1869, y JP Morgan, en 1871. Nació en 1972. También es mucho más pequeña: en el segundo trimestre de 2016 facturó 178 millones de euros, mientras que Goldman, sólo en su división de banca de inversión, alcanzó los 1. 470 millones en el tercer trimestre y JP Morgan, 6.217 millones.

Hasta 1987 no se dedicó a la actividad que hoy es su bandera, la asesoría en restructuraciones financieras. Y hasta 2001 no abrió su primera oficina fuera de Estados Unidos, en Londres. Cotiza en bolsa sólo desde 2015. En España opera desde 2004, aunque no se instaló en Madrid hasta diciembre de 2008. Su cartera de clientes es también aquí de renombre e incluye las quiebras de mayor volumen de la crisis. Negoció a favor de los acreedores de la inmobiliaria Martinsa Fadesa, que hasta el hundimiento de Abengoa lucía el triste título de ser la mayor suspensión de pagos de la historia española, con un pasivo de 5.200 millones de euros. Houlihan Lokey se encarga igualmente de asesorar a los fondos de inversión que compraron bonos de la multinacional de ingeniería andaluza. Abengoa presentó el preconcurso de acreedores con un pasivo de 20.000 millones.

Otro fiasco empresarial de postín, el de Isolux, está en manos del banco de inversión de Los Ángeles, que fue contratado para refinanciar su deuda. Houlihan restructuró también la de Panrico, lo que se tradujo en la entrada del fondo Apax Partners y luego de Oaktree en el capital de la empresa de bollería. Bodybell, otra empresa en manos de fondos de inversión –pasó de N+1/Mercapital y Dinamia a HIG–y con una deuda abultada, utilizó los servicios del banco angelino. O Codere, la multinacional del juego de azar, cuyos bonistas, de nuevo fondos buitre, se apoyaron en Houlihan Lokey para negociar con el dueño de la empresa y hacerse con la mayoría del capital. La historia es conocida: BBVA y Banesto vendieron su deuda a fondos oportunistas y éstos después se quedaron con Codere.

Sólo dos días con Pescanova

Pero hasta el momento el capítulo más llamativo de la historia de Houlihan Lokey en España es su brevísimo paso por Pescanova, otro escándalo corporativo de primera página. Duró sólo dos días laborables. El 6 de marzo de 2013 la multinacional gallega anunció que había contratado a la firma estadounidense para refinanciar su deuda financiera, que llegó a sumar 3.400 millones de eurosllegó a sumar 3.400 millones de euros. Al banco sólo le dio tiempo a celebrar una primera reunión con los bancos acreedores –el principal, el Sabadell, con una deuda de 200 millones–. Pero nada más.

El lunes, 11 de marzo, Pescanova comunicó a la CNMV que suspendía su relación con Houlihan Lokey. El supervisor abrió inmediatamente una investigación por un posible abuso de mercado de sus gestores. Según publicó entonces Vozpopuli, Houlihan Lokey fue quien abandonó a Pescanova después de intentar cuantificar el monto de la deuda y no conseguir de los responsables de la compañía pesquera la información que les solicitaba.

Sobre el futuro de las radiales aún no han comenzado las negociaciones. Fomento tiene un plazo de seis meses para calcular el importe de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, una vez se dictamine la liquidación de las autopistas. Y ésta pasará antes por los tribunales. En cualquier caso, el ministro, Íñigo de la Serna, ya advirtió en el Congreso de que será “muy difícil” alcanzar un acuerdo para el rescate después de que los bancos hayan vendido su deuda a los fondos buitre. Ésos a los que representa Houlihan Lokey.

La Comisión Europea impuso este miércoles una multa de 485 millones de euros a los bancos Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan, por participar en un acuerdo ilegal para influir en los precios de productos derivados de tipos de interés de referencia como el Euríbor, según informa Europa Press.

Los derivados de tipos de interés (por ejemplo, los acuerdos de tipos futuros, los swaps o las opciones) son productos financieros utilizados por bancos y empresas para gestionar los riesgos de las fluctuaciones de los tipos de interés. Su valor deriva de un tipo de interés de referencia como, en lo que se refiere al euro, el Euríbor.

Bruselas acusa a estos tres bancos de haber violado las normas comunitarias en materia de competencia, al haber intercambiado información sensible y discutir elementos de la fijación de precios de productos derivados de los tipos de interés del euro. Los productos afectados por el cartel fueron los indicadores del mercado interbancario en euros Eonia y Euríbor.

"Los bancos deben respetar las reglas de la competencia de la Unión Europea del mismo modo que lo hace cualquier otra empresa que tiene actividad en el mercado único", advirtió la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, en una rueda de prensa para anunciar la sanción.

Por ello, la Comisión decidió imponer una multa de 337,1 millones de euros a JPMorgan Chase; de 114,6 millones de euros a Crédit Agricole; y de 33.6 millones a HSBC.

"Es difícil hacer un cálculo exacto de cuán lucrativo ha podido ser (el pacto)", señaló la comisaria, al recordar que para el cálculo de la sanción se han tenido en cuenta varios factores, como el alcance geográfico y el periodo de irregularidades.

El caso se remonta a 2013, cuando el Ejecutivo comunitario impuso una multa récord de 1.700 millones de euros a siete grandes bancos internacionales y europeos –Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Général, JPMorgan, Citigroup y RP Martin– por participar en un cartel para manipular tipos de interés de referencia como el Euríbor o el Líbor.

Cuatro de las entidades –Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland y Société Général– aceptaron colaborar en la investigación de Bruselas, lo que les permitió rebajar la multa impuesta.

No fue el caso de Crédit Agricole, HSBC y JPMorgan, que rechazaron el acuerdo, por lo que el Ejecutivo comunitario siguió adelante con el expediente y un año después, en 2014, les acusó formalmente.

El Euríbor es un índice de referencia que pretende reflejar el coste de los préstamos interbancarios en euros y que se usa por ejemplo en la mayoría de las hipotecas en España. Se calcula sobre la base de los datos que envían los 44 bancos participantes en el panel cada día.

Los traders de los bancos sancionados discutían entre ellos los datos que iba a ofrecer cada entidad para el cálculo del Euríbor, así como sus estrategias de negociación y de fijación de precios, con el objetivo de maximizar los beneficios para las entidades.

El banco estadounidense JPMorgan Chase ha sido condenado al pago de una multa de 307 millones de dólares (283 millones de euros) por no haber revelado a sus clientes que les dirigía a sus propios productos de inversión sobre los de los rivales.

JPMorgan Chase ha acordado pagar 267 millones de dólares (246 millones de euros) a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y ha admitido irregularidades al no haber revelado el conflicto de interés a sus clientes, según ha recogido el diario Financial Times.

Además, pagará una multa adicional de 40 millones de dólares (36 millones de euros) y 60 millones de dólares (55 millones de euros) de restitución como parte de un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés).

Así, con sorna, ha querido Pablo Iglesias responder a unas declaraciones de ambos responsables financieros para el periódico El Mundo del pasado 13 de octubre en el que Flanders advierte de que "existe el peligro de que los movimientos populistas ganen terreno", aunque recuerda que "hay muchas combinaciones de Gobierno que no incluyen a Podemos".

"Quizá alguien piense que sería más razonable proponer el debate a los candidatos de los otros partidos, pero dado que ustedes participan tan activamente en la vida política de nuestro país, me parece más honesta que la gente escuche directamente sus programas y planes para el futuro de España y que no tengan que hacerlo a través de los candidatos que les representan a ustedes", afirma Iglesias en la misiva en clara referencia a sus oponentes de PP, PSOE y Ciudadanos.

De hecho, el candidato de Podemos al 20-D va un poco más lejos y llega a plantear una estrategia de debate basada en cinco bloques y en la que propone a los responsables financieros cuestiones como la continuidad de la educación pública, las privatizaciones, los privilegios políticos o la dación en pago retroactiva.

A la espera queda una hipotética respuesta de Stephanie Flanders y Alberto Gallo, a los que Iglesias da la posibilidad de debatir en Londres, donde ambos residen, aunque señala que "sería más lógico que fuera en algún lugar de España" porque, recuerda, "las elecciones son aquí".

Cientos de franquiciados de DIA llevan años intentando que los jueces atiendan sus reclamaciones contra la cadena de supermercados, a la que acusan de haberles estafado y arruinado. No sólo en España, donde están a la espera de que la Audiencia Nacional decida si se hace cargo de sus demandas, sino también en Portugal, Argentina y Brasil. Aunque muy lejos de los intereses de los franquiciados, la firma de inversión JP Morgan les dio la razón en casi todas sus quejas en un informe que publicó el pasado mes de febrero sobre la firma de distribución. Según su análisis, el modelo de negocio de DIA, basado en unos márgenes anormalmente altos y unas ventas en superficie comparable menguantes, es “insostenible”. Unos márgenes que la cadena consigue “a costa de sus franquiciados”. JP Morgan utiliza el término “canibalización”.

El informe hizo caer la acción de DIA en Bolsa cuando se publicó: JP Morgan alertaba sobre la caída de ventas de la cadena. En los nueve primeros meses de este año, la facturación en España ha descendido un 2,6%, un 6,1% en Portugal y un 0,4% en Brasil. Pero su análisis sobre el comportamiento de la empresa con sus franquiciados pasó inadvertido en el parqué. Pese a que describe una operativa que, además de ser peligrosa para la propia cadena –ésa es la tesis del documento–, ha arruinado a decenas de familias en España.

Los analistas del banco de inversión aseguran que el margen de Ebitda de DIA –un parámetro que mide la rentabilidad del negocio– es el más alto de su sector en Europa. Alcanzó en 2014 un 12,9%. Al tiempo, tiene la peor evolución en ventas en superficie comparable –tiendas que llevan abiertas un año–, con un descenso de casi el 7% en los últimos seis meses de 2014. Empresas similares como Booker en Reino Unido o Eurocash en Polonia no llegan al 5% de margen en sus franquicias. En estas dos cadenas, además, los franquiciados consiguen un margen mayor que el franquiciador con sus tiendas propias. Es lo que JP Morgan considera un modelo normal. “Creemos que un negocio de franquicias sostenible es aquél donde los franquiciados ganan dinero”, resume.

Sin embargo, no es eso lo que ocurre en DIA. “El franquiciado [de la cadena española] apenas tiene beneficios”, asegura el informe, “históricamente han operado con una media de casi el 1% de margen de Ebit que puede desaparecer fácilmente después de dos años de ventas en superficie comparable negativas”. No ganan dinero pese a que “gestionan ciertos costes mejor” que DIA en sus tiendas propias. El informe cita los costes de personal, de residuos y por robos. En el primer caso, al tratarse de autónomos o emprendedores, “trabajan más horas sin cobrar horas extraordinarias”. “En otras palabras”, concluyen los analistas, “DIA se queda con la mayor parte de los ahorros de costes generados por el franquiciado en personal y otros conceptos”. Y la suma de ambos factores –menores costes, ningún beneficio– se traduce en esos márgenes tan altos.

Aquí JP Morgan coincide con el relato que hacen los franquiciados que se han querellado por estafa contra DIA. Aseguran que llegaron a duplicar la facturación del supermercado respecto a las ventas de la tienda cuando era gestionada directamente por la cadena, pero nunca llegaron a ver los 6.000 euros de beneficio que les prometieron. “Por el contrario, cuanto más vendes, más pierdes”.

Si la tienda no vende, el problema es del franquiciado

De hecho, JP Morgan acude a las cifras facilitadas por la propia cadena de supermercados para confirmar su análisis: las ventas en superficie comparable de las franquicias superan en 200 puntos básicos a las que generan sus tiendas propias. A su juicio, se trata de un “comportamiento muy negativo”. El informe tacha de “contrario al sentido común” que, cada vez que DIA abra una tienda, el margen de EBITDA crezca; es decir, que un negocio menos intensivo en capital –la franquicia– produzca mayores márgenes. “El margen bruto de DIA creció en España 60 puntos básicos en 2013, a pesar del constante aumento en el número de sus franquicias”, apuntan los analistas. Por el contrario, calculan que el crecimiento de las tiendas asociadas debería haber reducido el margen bruto en casi 40 puntos cada año.

JP Morgan atribuye el fenómeno a los menores costes y mínimos beneficios de las tiendas franquiciadas, por un lado, y a una premeditada y muy complicada estrategia de precios “ampliamente basada en promociones y vales descuento”, por otro. El único objetivo de esta política es, precisamente, maximizar los márgenes brutos.

Los franquiciados culpan precisamente al cúmulo de cupones descuento, ofertas del tipo “pague dos, llévese tres” y superprecios de que terminen vendiendo a pérdida. Denuncian que los franquiciados, con sus pedidos, se convierten en los verdaderos clientes de DIA, en lugar de los consumidores que compran en los supermercados.

Los analistas de JP Morgan lo confirman cuando comparan la estrategia de DIA con la de una cadena francesa, Leader Price, y advierten de que la española lleva camino de repetir sus mismos errores. Leader Price encadenó ocho años de ventas negativas; DIA lleva dos. Ambas empresas, explica el informe, obtienen su margen bruto de las ventas a sus franquiciados. Y consideran que “el desapalancamiento operativo de la caída de ventas no es problema suyo, sino de otro, del franquiciado”. Su estrategia se centra únicamente en “abrir cuantas más tiendas mejor”.

Pérdida de competitividad

Para JP Morgan, se trata de una operativa equivocada que ha conducido a la pérdida de competitividad de DIA. El documento reproduce un estudio de la OCU que analizó los precios de una cesta básica y una cesta económica en los principales supermercados españoles. DIA es un 22% más caro que Alcampo, un 9% más caro que Lidl, un 5% más caro que Mercadona y un 2% más caro que los hipermercados Carrefour en la cesta económica, que excluye los productos frescos y recoge los 79 artículos más baratos. Otro tanto ocurre con la cesta básica, con 146 productos incluidos frescos. Sólo Eroski, Carrefour Market y El Árbol –adquiridos por DIA– la superan en precios.

El resultado es parecido si se mide la densidad de ventas. La de DIA es de 3.300 euros por metro cuadrado, muy por debajo de los 5.000 euros de Lidl y de los 9.500 euros de Mercadona. A juicio de los analistas de JP Morgan, la cadena que preside Ana María Llopis debería reducir márgenes y centrarse en aumentar las ventas bajando los precios.

DIA es uno de los mayores franquiciadores del mundo en su sector. Cuenta con una red de 7.583 tiendas repartidas por cinco países: España, Portugal, Brasil, Argentina y China. Se retiró de Grecia, Turquía y Francia. De ellas, 5.880 llevan la marca DIA –también posee otras enseñas, como La Plaza, DIA Maxi, DIA Fresh, Clarel o Minipreço en Portugal. El 60% son franquicias. La cadena reduce a “disconformidades puntuales” las quejas de los franquiciados y subraya que sufre un nivel de litigiosidad bajísimo”.