El deporte ha sido durante años considerado un sector exclusivamente masculino y hostil a la entrada de las mujeres a puestos de responsabilidad, algo que pretende cambiar la nueva Ley del Deporte, la cual reconoce la práctica deportiva como un derecho independientemente de la edad, el género, discapacidad, religión u orientación sexual. Otras de los avances que trae la nueva legislación es la imposibilidad de despedir a deportistas por el hecho de ser madres, la garantía de una cobertura mediática del deporte femenino libre de cosificación sexual y de estereotipos sexistas y atiende, por primera vez, a los derechos de las personas LGTBI en el deporte. infoLibre tiene un compromiso claro con la igualdad y, de la misma manera, compartimos el interés de nuestros lectores por el deporte que suma, que iguala, que es fuente de oportunidades y se compromete con el modelo de sociedad que perseguimos.

De todo ello se hablará en una nueva edición de los Foros infoLibre, que llevará el título de Competir en igualdad: la nueva Ley del Deporte y consistirá en una mesa redonda con nombres como Élida Alfaro, gimnasta, profesora e investigadora, especialista en igualdad de género en el deporte; Ismael Merino, presidente de la Agrupación Deportiva Ibérica LGTBI+; María Martín, profesora titular de la Facultad CAFYDE (INEF) UPM, especialista en igualdad de género en el deporte y gimnasta olímpica; y Luis Leardy, director de Comunicación del Comité Paralímpico Español. La mesa redonda estará moderada por el director de infoLibre, Daniel Basteiro. Después del coloquio, completaremos el Foro con un diálogo con del secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, con quien mantendremos una charla. El evento se celebra este jueves 27 de abril a las 9:00 horas y se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de infoLibre.

En la conversación se plantearán al secretario de Estado temas con respecto a la Ley del Deporte como su proceso previo a su redacción, la forma en la que se garantizarán los nuevos derechos para los y las deportistas, las medidas concretas para avanzar en eliminación de la discriminación, los problemas de los insultos y el racismo en los campos entre otros muchos temas que girarán alrededor de la prohibición de que las federaciones españolas contraten la organización de competiciones oficiales con empresas de deportistas que puedan llegar a jugar en ellas, como fue en el caso de Piqué o los deberes de los deportistas, entre otros.

El batacazo electoral de los socialistas en Madrid ya se ha cobrado su primera víctima política. El secretario general del PSOE PSOEen Madrid, José Manuel Franco, dimitió en la tarde del jueves de su cargo tras la debacle del PSM en las elecciones del 4M. La federación madrileña perdió 13 escaños, pasando de los 37 de 2019 a 24 y siendo superada, en porcentaje de votos, por Más Madrid. La noticia se conoció al mismo tiempo que Pedro Sánchez reunía a su ejecutiva en una reunión telemática que él presidió desde la sede de Ferraz. Transcurrida la Ejecutiva, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, informaba de que el candidato, Ángel Gabilondo, no recogería su acta de diputado. "Me sabe mal que alguien pensara que no iba a estar a la altura de las circunstancias actuales", subrayó.

Un día antes, se había reunido la ejecutiva de los socialistas madrileños y fueron varias la voces que pidieron el cese de la dirección y la convocatoria de un congreso extraordinario. La infomación fue adelantada por la cadena Ser y confirmada por infoLibre en fuentes socialistas. Las voces para esta asunción de responsabilidades no sólo partireron del seno del propio PSM. Desde la Moncloa y desde Ferraz también había empezado a trasladarse la idea de que era el partido en Madrid el que debían rendir cuentas.

En un comunicado, el PSM enmcarca la dimisión de Franco en el hecho de "asumir la responsabilidad del pésimo resultado electoral el pasado 4 de mayo".

"La salida del máximo responsable de los socialistas madrileños también supone que no se utilice el mal resultado en los comicios de la Comunidad de Madrid para atacar al Partido Socialista y al Gobierno de España", puede leerse en el texto.

El partido quedará en manos de una gestora hasta la celebración del Comité Regional, prevista para finales de año. La decisión se conoció al mismo tiempo que Sánchez presidía la Ejecutiva, convocada para este jueves a las 17:00. Ángel Gabilondo, el candidato, también estaba en el punto de mira de muchos de sus compañeros. 

La reunión de la cúpula de los socialistas madrileños de la tarde del miércoles culminó con un comunicado en el que se emplaza a una nueva reunión la próxima semana "para continuar avanzando" en el tiempo que resta hasta el congreso regional, previsto, en principio, para finales de año.

"Es imprescindible tener un diagnóstico preciso de cuáles han sido los motivos de esta pérdida de apoyo en las urnas y empezar a trabajar de inmediato y sin descanso para volver a recuperarla", puede leerse en el texto.

"Responsabilidades compartidas"

El PSM admite que el resultado ha sido malísimo, sin matices. Pero el grueso de las fuentes consultadas por infoLibre apuntan a que no deber perderse de vista la Moncloa ha tenido un papel "más que protagonista" en la campaña, llegando al punto de haber elaborado las listas electorales. Son dicen, "responsabilidades compartidas".

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, será el próximo secretario de Estado para el Deporte, en sustitución de Irene Lozano, que abandonó recientemente el puesto para ir en las listas del Partido Socialista (PSOE) en las elecciones autonómicas del 4M, han confirmado a Europa Press fuentes socialistas.

Con amplia experiencia parlamentaria, donde ha sido diputado autonómico varias legislaturas y también diputado nacional, fue en 2017 elegido secretario general del PSOE-M en unas primarias con más del 70% de los votos y está considerado como uno de los hombres de confianza en Madrid del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

Franco ha estado poco más de 13 meses al frente de la Delegación, un tiempo marcado por la crisis del covid-19 y los diferentes estados de alarma, que le han permitido tomar posiciones como referente de la oposición al Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso.

Su estapa en la delegación 

El 17 de febrero de 2020 Franco tomó posesión poniendo como prioridad la igualdad, la lucha contra la violencia de género y para dar "seguridad al servicio de la libertad", entre otras cuestiones. "Solo respetando la libertad se respeta la dignidad. Por eso la seguridad cobra importante relevancia", dijo.

Un mes después la pandemia se convirtió en su prioridad, y en la de todos los dirigentes políticos. Días antes había autorizado la manifestación del 8M, que le reportó problemas judiciales. Fue imputado y llamado a declarar por supuesta "prevaricación ante el riesgo sanitario" que comportó esta decisión. Pero finalmente la jueza Carmen Rodríguez Medel archivó el caso.

Tras la aprobación del primer estado de alarma, el delegado del Gobierno asumió el Plan de Protección Civil de la Comunidad y también el Centro de Coordinación de la crisis del coronavirus, el mando único madrileño, que mantenía reuniones todas las mañanas con miembros de las Fuerzas Y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), Consejería de Interior, Ayuntamiento de Madrid y Federación de Municipios de Madrid, para coordinar a las administración en la lucha contra la pandemia y ayudar a los contagiados.

Todas las manifestaciones fueron canceladas y las FCSE se dedicaron casi en exclusividad a hacer efectivo el estado de alarma, por lo que la Delegación recopiló diariamente el número de denuncias, detenciones y controles efectuados para evitar movimientos no autorizados de los ciudadanos. También coordinó el reparto de mascarillas, EPIs, guantes geles y otros recursos sanitarios a trabajadores esenciales y entidades sociales.

En su condición de secretario del PSOE-M ofreció a finales de abril a la Comunidad y a los agentes sociales "un gran pacto para la recuperación y para la reconstrucción" para que, una vez superada la crisis sanitaria "los grandes perdedores de las crisis económicas no sean los mismos de siempre y las cargas de la misma sean repartidas de forma equitativa".

Un pacto que nunca se materializó debido a un enrarecido clima político que ha caracterizado la política madrileña en el último año. La Comunidad acusó a Franco de usar su cargo para hacer oposición y puso por ejemplo la investigación que abrió la Delegación por posibles incumplimientos de la normativa anticovid en el evento que reunió a decenas de personas, incluidos los máximos mandatarios regionales, por el cierre del hospital de emergencia de Ifema el 1 de mayo. Una investigación que meses después cerró la Fiscalía.

A pesar de las prohibiciones, a mediados de mayo comenzaron las caceroladas de protesta contra el Gobierno central en el barrio madrileño de Salamanca, que luego se extendieron a la calle Ferraz y otros puntos. El delegado reforzó la presencia policial y pidió a los manifestantes que respetaran las medidas sanitarias, al tiempo que criticó el apoyo que les dio en la Asamblea la presidenta regional. Días después se permitieron otras marchas, como la protagonizada en coche de Vox por el Paseo de la Castellana.

La autorización o no de manifestaciones ha sido uno de los quebraderos de cabeza del representante del Gobierno en Madrid. Dos marchas de negacionistas que no respetaron las medidas de separación o la de llevar mascarillas acabaron con decenas de multas y las críticas de sus adversarios políticos.

Tras el último episodio de este tipo, y entrada la tercera ola de la pandemia, la Delegación ha optado por prohibir las protestas más multitudinarias y todas las del 8M gracias al aval del Tribunal Superior de la Justicia de Madrid. Sin embargo, ha recibido criticas por concentraciones sí autorizadas como la del homenaje a la División Azul de hace un mes.

A vueltas con la moción de censura hasta la convocatoria del 4M 

En junio el líder de los socialistas madrileños afirmó que "había motivos" para una moción de censura contra Díaz Ayuso para "alejar la mezquindad de la política madrileña" y por el "desgobierno". Incluso para ello llegó a apuntar la posibilidad de que una persona de Ciudadanos ocupara la Presidencia para así garantizar su éxito.

Sin embargo, el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, desechó tajantamente esta idea y el Partido Popular también descartó la convocatorio de unas elecciones anticipadas, pese los numerosos desencuentros entre los dos partidos que componen el Gobierno regional.

En esos días Franco se vio envuelto en otra polémica política después de que en una videoconferencia a militantes del PSOE hablara de "retorcer el tema de las residencias" contra el Ejecutivo autonómico. Desde su partido negaron cualquier tipo de estrategia en este sentido pero el PP pidió su comparecencia en el Senado y su reprobación en la Asamblea, que fue aprobada por los tres partidos de centro y derecha.

El delegado reiteraba en que el Partido Socialista estaba "preparado" para unas nuevas elecciones autonómicas y volver a ganarlas, algo que finalmente llegó con el anuncio este mes de comicios por parte de la presidenta regional tras la moción de censura planteada por PP y Cs en Murcia.

Dispositivos de seguridad 

Tras la desescalada, las competencias en el control de la pandemia pasaron a manos de la Comunidad de Madrid. Pese a que el delegado del Gobierno no estaba muy de acuerdo con la efectividad de los confinamientos por zonas básicas de salud (ZBS), siempre ha mostrado su "lealtad" con el Gobierno regional para aplicar sus medidas y ha desplegado a policías y guardias civiles para hacerlas cumplir, pese a las críticas de los mandatarios regionales y de la capital, que le han reprochado falta de agentes.

José Manuel Franco ha acusado a la Comunidad de "no hacer todo lo que tenían que hacer" desde que asumieron las competencias y siempre se ha mostrado partidario de medidas más duras en Madrid. También ha cargado contra la "improvisación absoluta" en la vuelta al curso en septiembre de los escolares, contra el mensaje "xenófobo" lanzado en el Debate del Estado de Ayuso o contra el discurso "fallido u oculto" sobre la nueva bajada de impuestos que anunció.

Los últimos enfrentamientos han venido motivados por la problemática de la Cañada Real, donde vecinos de los sectores V y VI llevan cuatro meses y medio sin luz. Y los más reciente por la llegada del turismo de borrachera a Madrid, alentado a su juicio por PP y Cs.

El delegado de Gobierno en Madrid desde febrero de 2020 sustituye así a Irene Lozano, quien llegó a la secretaría de Estado para el Deporte a finales de enero del pasado año y fue la artífice, entre otros logros, de la firma de los 'Pactos de Viana' junto a LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol.

El secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, ha asegurado este miércoles, tras conocer la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convocar elecciones anticipadas, que el PSOE está "preparado para afrontar unas elecciones y preparado para ganarlas".

En declaraciones enviadas a los medios, y recogidas por Europa Press, el líder de los socialistas madrileños ha tachado de "irresponsabilidad" la "posible convocatoria de elecciones en medio de la pandemia", lo que, a su juicio, "pone, por otra parte, en evidencia a este Gobierno, que es un Gobierno fallido, un Gobierno que ha sido incapaz de legislar, un Gobierno que ha sido incapaz de aprobar unos presupuestos".

"Ante este ejercicio de irresponsabilidad, el Partido Socialista está, por supuesto, preparado para afrontar unas elecciones y preparado para ganarlas, ya lo hemos hecho en una ocasión y estoy convencido de que volveremos a ganar las elecciones si se convocan finalmente", ha asegurado.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, considera que si las medidas contra el fenómeno de la okupación adoptadas tanto por Fiscalía General del Estado como por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para favorecer los desalojos no son suficientes "habrá que articular" cambios legales, si bien incide que este tipo de reformas deben ser abordadas con el "sosiego necesario", según informa Europa Press.

En una entrevista concedida a Europa Press, el ministro señala que la instrucción hecha pública por la Fiscalía es un "acierto", al igual que las medidas que se están adoptando por la Policía, puesto que no puede negarse la existencia de un problema y una gran preocupación social a la que como ministro de Justicia tiene que ser sensible. "Pero no sería un buen ministro si no lo hiciera desde el sosiego necesario", añade.

A juicio de Campo, muchas veces no se trata de modificar los tipos penales, "que si hay que cambiarlos se cambiarán", sino de incidir en las medidas cautelares como el desalojo, que es lo que potencia la instrucción de la Fiscalía General del Estado, "que va a permitir una mejor y más rápida actuación por parte del poder judicial", ha añadido el ministro.

"Vamos a ver de una manera reposada todo esto, y si es suficiente, exploraremos, y si no lo es habrá que articular cambios, evidentemente, porque la obligación de todo Gobierno es llevar a una convivencia más serena, y no lo es cuando la gente está preocupada porque se le pueden meter en su casa", considera Campo.

Reforma sedición

Sobre la reforma de la sedición, el titular de Justicia ha reconocido que fue un compromiso anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate de su investidura, que él mismo como ministro reiteró en su comparecencia en el Congreso del pasado 17 de febrero: "La idea es presentarlo, pero no hay fecha exacta".

Campo niega que esta reforma tenga que ver con la negociación de los Presupuestos o constituya una concesión a la carta a intereses nacionalistas, al tratarse de "un compromiso muy previo" y que es reclamado de forma unánime por "la doctrina jurídico penal".

"Yo invito a quien tenga curiosidad en esta materia ir a ver cómo está regulado en Alemania, Italia o Francia, por citar tres países que son buenos referentes para nosotros", ha añadido.

Además, el ministro apunta que tampoco puede olvidarse lo que ocurrió con el juicio del procésprocés, a lo que se suma que la rebelión y la sedición son delitos que llevan sin tocarse doscientos años. "El derecho si algo hay que lo caracteriza es que es algo vivo, y por tanto tiene que adecuarse a las regulaciones actuales", considera Campo, que subraya que las conductas sancionadas en este caso son graves sin ninguna duda.

"Pero tenemos que fijarnos en ellos porque a lo mejor también, viendo esas orientaciones de estos delitos en otros países podremos entender esas respuestas que no siempre hemos entendido con facilidad", ha afirmado, en clara alusión a la negativa de Alemania a entregar al president huido Carles Puigdemont.

Abundando sobre este asunto, Campo ha señalado que antes no ha habido ningún motivo para reformar estos dos delitos porque se trata de tipos penales que no se han utilizado. "Pero cuando uno ve la regulación francesa, alemana o italiana se da cuenta de que tenemos que adecuar esas figuras más como delitos contra el orden públicos y menos como ataques directos a otras instituciones más altas, que sin duda hay que proteger, si bien regulando de una manera pormenorizada".

Así, la reforma del Código Penal, que irá acompañada de otras modificaciones además de la de los delitos de rebelión y sedición, se hará recorriendo todo el camino, recabando todos los informes que sean precisos y abriendo un debate parlamentario sobre la proporcionalidad de las condenas a aplicar.

"No cabe matar gorriones a cañonazos y sobre todo, cuando vemos que desde todos los ámbitos en los que nos movemos, sean doctrinales o de derecho comparado, nos están diciendo que eso necesita verse, porque es un tipo penal que no se toca desde hace doscientos años", ha insistido, para concluir finalmente que hay que tener en cuenta que "los códigos penales no resuelven problemas políticos".

Nuevo llamamiento al PP

En relación con la falta de acuerdo con el PP para renovar órganos constitucionales, el ministro Campo ha vuelto a realizar un llamamiento al partido liderado por Pablo Casado para que cumpla con la Constitución. "Había un acuerdo, sin entrar en porcentajes se puede decir tremendamente cerrado, casi solo faltaba hacerlo público, y se ha frustrado", ha lamentado el titular de Justicia.

Sobre los motivos alegados por el PP señala que han sido varios, un día es por la composición de la coalición de gobierno, otro día es por manifestaciones que han hecho miembros de uno de lo partidos que conforman el Gobierno, mientras que otro día son problemas internos, como los relacionados con la portavoz Cayetana Álvarez de Toledo.

"No tengo claras las excusas que ponen, lo que sí tengo claro es su obligación constitucional —ha incidido Campo—. No se puede ser constitucionalista a tiempo parcial, y el PP ha sido un partido que ha llevado a gala serlo, y ahora tiene la oportunidad de demostrarlo, porque con las instituciones no se juega y no es una cuestión de voluntariedad sino de obligatoriedad".

Finalmente, ha defendido el actual sistema de elección de los vocales, ya que los doce vocales de origen judicial son elegidos por las cámaras entre un grupo de designado previamente por la carrera judicial.

"Por tanto, que no se les llene la boca deslegitimando la forma de elección porque es una doble legitimación que creo que responde a los mejores parámetros de la democracia, y aún así podemos pulir el modelo ya eso nos comprometimos".

El delegado del Gobierno en Madrid afirma que no se está produciendo un aumento de las okupaciones en la región

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha anunciado que la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas abierta en 2016 por la Delegación retomará sus trabajos para luchar contra este problema, aunque ha apuntado que "con datos objetivos" no se está produciendo un aumento de este fenómeno en la región.

Y es que según los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) del Ministerio del Interior, en la primera mitad de este año se contabilizaron 657 denuncias contra okupas en la Comunidad de Madrid. En toda España fueron 7.450 denuncias, 3.611 de ellas procedentes de Cataluña. Le sigue Andalucía, con 1.183 denuncias y luego ya llega Madrid.

Siguiendo estos datos, en una entrevista concedida a Europa Press, Franco ha añadido que en los primeros ocho meses de 2020, con respecto al año anterior, se han producido 16 okupaciones menos. Y con respecto a 2018, 83 okupaciones menos en la región.

"Pero es verdad que la sensación no es esa, se ha generado una sensación de inseguridad, no podemos negar la evidencia. Pero convendría matizar a quién pertenecen esas viviendas okupadas. Menos del 20% a particulares y aún así no se puede tolerar este hecho", ha señalado.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, considera que la llamada 'segunda ola' del coronavirus, que está afectando estos días especialmente a la región madrileña, pudo deberse a que "hubo un momento en junio, por parte de todos, que haya habido una relajación". "Pensábamos que lo peor había pasado y podíamos recuperar la normalidad en todos los sentidos, y se ha visto que no. Culpables únicos no hay ninguno y todas las administraciones han trabajado lo mejor que han sabido y han podido para resolver este problema", ha afirmado Franco en una entrevista concedida a Europa Press.

Así, ha apuntado que para explicar por qué Madrid fue uno de los focos de la primera ola y ahora de la segunda de covid-19, hay que tener en cuenta la densidad de población de Madrid para expandir el contagio. "En este tema importante no me gusta buscar culpables, tenemos que trabajar todos para superar (la pandemia) y vencerla", ha señalado el delegado.

"Ser profeta del pasado no es muy difícil. Deberíamos haber aprendido lecciones importantes y haber aplicado mayores dosis de humildad. Este fenómeno nos ha pillado a todos desprevenidos. Nadie presuponía al principio que iba a pasar lo que luego pasó. El Gobierno de España fue tomando medidas acertadas, proporcionales a medida que iba teniendo conocimientos científicos de lo que iba pasando", ha proseguido.

El representante del Gobierno central en Madrid ha recordado que durante el estado de alarma le tocó coordinar las tres administraciones en la Delegación. Así, ha destacado y agradecido el comportamiento que tuvieron en ese momento los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid. "Aquí no quiero hablar en sus colores políticos. Los municipios ayudaron mucho en el reparto de las mascarillas, en las residencias de sus pueblos, han estado al pie de calle y han hecho una labor extraordinaria. Y los consejeros con los que teníamos contacto también se han comportado de manera ejemplar con la máxima lealtad y colaboración; no ha habido ningún problema", ha resumido.

Preguntado por la excesiva mortalidad en las residencias de ancianos en el punto álgido de la pandemia, José Manuel Franco ha recordado que el asunto va a ser investigado en una comisión de la Asamblea de Madrid, a propuesta del PSOE. "Ahí se verá y espero que se puedan ver las causas que han llevado a esta auténtica catástrofe. Veremos el grado de responsabilidad en esos protocolos, que cambiaban de un día para otro, que decían que era un error, un borrador que no era un borrador, en fin... Cuando sepamos qué ha pasado exactamente, obraremos en consecuencia", ha avanzado.

Orgulloso de ser delegado del Gobierno y líder del PSOE madrileño

Frente a las críticas de la oposición, Franco se ha mostrado "orgulloso" de ser a la vez delegado del Gobierno y secretario general de los socialistas madrileños. "Lo compagino, intento hacerlo, dentro de la humildad, de la mejor manera posible. Lo que ocurre es que el hecho de ser secretario del PSOE madrileño no puede ni debe impedirme mostrar las preocupaciones que cualquier ciudadano de Madrid tiene ahora mismo. Eso no es ser desleal ni criticar por criticar al Gobierno regional, por supuesto que no. Yo sé perfectamente las competencias de delegado y diferenciar mi labor al frente del PSOE de Madrid", ha apostillado.

En ese punto, ha defendido la gestión realizada durante la pandemia por el Ejecutivo de Pedro Sánchez porque "ha demostrado haber estado a la altura de las circunstancias y creo que ha aprobado y está aprobando esta asignatura con nota".

Respecto a la reprobación en julio por parte de la Asamblea de Madrid gracias a los votos de PP, Cs y Vox por su gestión de la crisis sanitaria, el líder de los socialistas madrileños se lo toma "con buen talante, parafraseando a un presidente socialista". "Forma parte del juego democrático y sé que estamos expuestos a estas situaciones", ha apuntado.

Imputación y desimputación por el 8M

José Manuel Franco también ha hablado, durante la entrevista concedida a Europa Press, de su imputación por parte de una jueza del llamado 'caso 8M', que luego acabó archivando provisionalmente el asunto. "Quisiera quedarme, si la hubiera, con la parte buena de esto, que no la ha habido. Yo estaba convencido de que había actuado correctamente, que con los datos objetivos que teníamos en ese momento por parte de ninguna autoridad sanitaria, y no olvidemos que la Comunidad tiene competencias sanitarias, se debiera prohibir esta manifestación", ha explicado.

Además, ha recordado que el artículo 21 de la Constitución Española respalda el derecho fundamental del derecho a la reunión, que solo se puede prohibir "con motivos muy claros, objetivos y tasados". "En este momento no los había y por eso no fue prohibida", ha dicho en referencia a la manifestación feminista del pasado 8 de marzo en la capital.

"Con el paso del tiempo los expertos hablaban de que la incidencia que pudo haber tenido al haber sido un acto al aire libre era bastante menor de lo que algunos pretendieron hacer ver. He tenido que escuchar por parte de algunos, no dirigentes políticos, sino personas que coyunturalmente ejercen la política en Madrid, algún insulto; casi alguno ha llegado a llamarme asesino", ha relatado el delegado.

En ese punto, tilda de "muy duro" lo sucedido, pero "no quiere ir de víctima en la vida". "Sé que eso forma parte de las obligaciones que tengo como delegado. Y por supuesto en aquel momento tenía la tranquilidad de conciencia y, del aspecto jurídico, que había obrado como había que obrar con los datos que teníamos en aquel momento. Hemos ido aprendiendo todos con el paso del tiempo. A pesar de esa tranquilidad de conciencia, de que no debía prosperar desde el punto de vista judicial y desde el máximo respeto a la Justicia y su trabajo, han sido días muy difíciles, pero me quedo con la parte buena, que es el archivo de la causa", ha concluido.

Por último, preguntado por la situación del rey emérito, el representante del Gobierno central en Madrid ha admitido que, "como demócrata, le duele lo que ha pasado con la monarquía", pero también como demócrata destaca que la Constitución recoge que España es una monarquía parlamentaria, y que van a seguir defendiendo "la esencia de la Constitución, en un Estado democrático de Derecho y una monarquía parlamentaria". "Con lo cual, el comportamiento personal del rey emérito yo no soy quien para juzgarlo y con respecto a la monarquía la postura del PSOE es la defensa a ultranza de la Constitución. Hemos sido unos de los principales arquitectos de la misma y en ello está el respeto a la monarquía", ha finalizado José Manuel Franco.

Es la primera vez que no dice que no. Y la primera vez también que el PSOE se ha abierto a darle la Presidencia de la Comunidad de Madrid, a pesar de que en las elecciones de 2019 Ciudadanos quedó en tercer lugar y no alcanzó siquiera el 20% de los votos. El vicepresidente del Gobierno madrileño, Ignacio Aguado, con asiento en el Comité Ejecutivo de Inés Arrimadas, se limitó este miércoles a decir que ahora hay otras urgencias al margen de las mociones de censura.

Aguado compareció ante los periodistas tras la reunión semanal del Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y, sin mediar pregunta alguna, se preguntó si “la principal preocupación de los madrileños es la moción de censura” sobre la que el PSOE lleva meses especulando: “Yo le garantizo [a los socialistas] que no”.

Fue todo lo que la prensa obtuvo de Aguado, porque el líder madrileño de Ciudadanos se negó una y otra vez, en las numerosas ocasiones en las que fue interpelado, a aclarar si rechaza la oferta del PSOE para convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid o si, por el contrario, lo que ocurre es que no considera que ahora sea el momento de abrir esa opción, como se deduce de sus palabras.

Lo cierto es que la última oferta del secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, no sólo no tiene fecha de caducidad sino que expresamente no hacía referencia a una moción inmediata, en plena segunda ola de la pandemia. La prioridad, recordó en declaraciones a Onda Cero que recuerdan las de Aguado, es luchar contra la propagación de la pandemia, pero luego “habrá que hablar” de una moción de censura para poner fin al "desgobierno y deterioro" del Ejecutivo regional.

Detrás de la oferta del PSOE-M, según diversas fuentes consultadas por infoLibre, está el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Franco nunca daría ese paso sin consultar antes con Moncloa no sólo porque tendría consecuencias en la política nacional sino también porque, en la práctica, pone definitivamente en el disparadero al que fuera candidato a la Presidencia en las elecciones de 2019, Ángel Gabilondo, objeto de numerosas críticas por su ausencia en el debate público durante los últimos meses.

En el PSOE no se hacen muchas ilusiones y, en privado, reconocen que la viabilidad de la moción es hoy por hoy nula. No creen que Aguado vaya a aceptar romper el Gobierno de Madrid a corto plazo pero, si los desencuentros con Ayuso van en aumento y en algún momento busca una salida, el líder de Cs en Madrid ya sabe que la tiene. Y es una salida muy golosa para Ciudadanos: la posibilidad de presidir una de las comunidades autónomas más relevantes de España en términos políticos y económicos. Y de consumar definitivamente la relevancia de los naranjas en el tablero político, principal objetivo de Arrimadas desde que heredó el naufragio provocado por Albert Rivera.

La foto de Colón

Sacaría además Cs de la foto de Colón, esa la que “sigue estando”, como recordó Pedro Sánchez en la sesión de control del Congreso en un duro retrato de la formación naranja que devuelve al primer plano las diferencias de criterio entre ambas formaciones, como la propia Arrimadas se encargó de ratificar en el mismo Pleno con una crítica feroz al Ministerio de Educación por no haber impuesto normas homogéneas en todas las comunidades para la reapertura del curso escolar.

El propio Franco relacionó la viabilidad de la moción con la posibilidad de que “al final” haya “un acuerdo presupuestario” en España entre el Gobierno de coalición y Ciudadanos. En ese caso pidió que “Inés Arrimadas, en ejercicio de responsabilidad y sensatez, le recomiende a Ignacio Aguado que apoye una moción de censura”.

En el PP de Pablo Casado confían en que Arrimadas cumpla con los acuerdos, suscritos para una legislatura. Perder Madrid, que Ayuso ha convertido en el ariete contra el Gobierno central, sería uno golpe durísimo para el líder conservador en un momento especialmente delicado por culpa de la Operación Kitchen.

Sánchez estaría dispuesto a dar la Presidencia de Madrid a Ciudadanos en atención a la emergencia en que se ha convertido la situación política y sanitaria de Madrid. La gestión de Ayuso ha demostrado, según los socialistas, demasiados errores en medio de una gravísima situación sanitaria y económica: desde no haber previsto la contratación de rastreadores, clave para evitar la escalada de contagios que vive la Comunidad, a la tardanza en la preparación de la vuelta al cole, que le ha obligado a contratar a miles de profesores con el curso ya prácticamente en marcha y a improvisar espacios en los centros educativos.

Sacar adelante la moción de censura, implica además contar con Más País y con Unidas Podemos, lo que añade complejidad a la iniciativa, especialmente si Cs quisiese tener la Presidencia.

La actitud de Ángel Gabilondo, supuestamente sin interés en ejercer como cabeza de la oposición a Ayuso, facilita las cosas. No repetirá como cabeza de cartel en las elecciones 2023 y en el PSOE ya hay quienes creen que tienen que empezar a preparar la enésima renovación del liderazgo del partido en Madrid, una comunidad cuya Presidencia se les resiste desde hace 30 años.

En el partido preocupa además que el bajo perfil del liderazgo e Gabilondo acabe por pasarles factura, especialmente si Más Madrid sigue disputándoles el de tú a tú protagonismo de la oposición a Ayuso.

El secretario general del PSOE en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este martes que su formación no descarta una moción de censura contra el gobierno regional de la Comunidad de Madrid porque "la situación se hace insostenible", pero la misma "no está decidida ni mucho menos".

"No descartamos una moción de censura; no está decidida ni mucho menos, primero hay que hablar con otras fuerzas políticas, pero esta situación se hace insostenible", ha trasladado el también delegado del Gobierno en Madrid en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press.

Franco ha indicado que "la moción de censura como mecanismo hay que usarla con mucha responsabilidad". Ha apuntado además que "el PSOE pide explicaciones sobre todo lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en tema sanitario", pero que se les niega esa posibilidad y "se cierran todas las puertas para pedir información".

Sobre la información que asegura no les proporciona el gobierno regional, ha expresado que desconocen el número de casos asintomáticos, "hay centros de Atención Primaria cerrados, con lo que puede suponer de colapso".

El incendio forestal originado en el término municipal de Robledo de Chavela está estabilizado al 95% y se prevé que en "las próximas horas" esté finalmente controlado.

De ello ha informado este lunes la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en declaraciones a los medios, recogidas por Europa Press, tras visitar el puesto de mando. El incendio está afectado al municipio de Robledo de Chabela, al 80% aproximadamente, y en menor medida a Zarzalejo y a Fresnedilla de La Oliva.

Se encuentra estabilizado en un 95%, aunque todavía preocupa "un poco" la zona sur. "Tres cuartas partes del perímetro están completamente estababilizadas", ha asegurado.

La presidenta ha puesto en valor el "trabajo extraordinario" que han realizado los servicios de emergencia durante la noche, que ha sido "crítica por el viento que ha estado corriendo por la zona y ha puesto en peligro en numerosas ocasiones la situación".

Ayuso ha incidido en que la tarde de este domingo fue "más intranquila", dado que no se conocía cómo se desarrollaría la noche. En concreto, se tuvo que desalojar a entre 200 y 300 personas. Ahora los servicios de emergencias ven la situación con "cierto optimismo" y "a lo largo del día ya estará controlado".

La superficie quemada alcanza a esta hora entre las 900 y las 1.100 hectáreas, la mayoría ha sido enebro y pasto aunque también ha llegado a pinares. Se trata de una zona que podría ser "en poco tiempo reforestada".

La presidenta de la Comunidad ha agradecido el trabajo realizado la Delegación del Gobierno, Ejército, Brigadas Forestales, agentes forestales, Protección Civil, Summa y guardias civiles.

Además, ha dado las gracias a los alcaldes de la zonas afectadas que han estado acompañando a los vecinos. "Todo apunta a que en las próximas horas estará controlado si llegamos así a la noche", ha concluido.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha afirmado este martes que quiere "alejar la mezquindad de la política madrileña" y ha considerado que sí hay motivos para una posible moción de censura al Gobierno regional por su gestiónuna posible moción de censura de la crisis sanitaria del covid-19, sobre todo en lo relativo a las residencias.

Así lo ha señalado en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que sería entrar en "terreno pantanoso" si se pronunciara sobre si pasará factura al PP después de lo ocurrido en torno a las críticas por la autorización de la manifestación del 8M.

"La posibilidad de la moción está y sigue estando. Pero no quiere decir que se vaya a proponer de manera inmediata", ha recalcado el socialista, quien ha indicado que el partido que la planteará será el que ganó las elecciones en Madrid y habrá que ponerla encima de la mesa "con seriedad, con rigor y con un candidato". "Sí vemos que se necesita. No la descartamos pero no será de manera inmediata. Creo que sí hay motivos por la gestión de la crisis que no ha sido todo lo acertada", ha dicho.

A preguntas sobre quien es el responsable de lo sucedido en los geriátricos, Franco ha replicado que la competencia es de la Comunidad de Madrid y por tanto, "algo tendrá que ver el Gobierno regional". "No es cuestión de lanzarnos pedradas es una cuestión de analizar e intentar que ante una eventual recaída sigamos haciendo un ejercicio de responsabilidad individual porque el virus no ha desaparecido y sigue ahí", ha subrayado.

Además, ha recalcado que "los madrileños siguen dando un ejemplo de responsabilidad y de sentido común". "Estoy seguro que ningún madrileño con riesgo de que se haya infectado se vaya a pasear a cualquier lugar de España", ha señalado en relación a lo que se ha denominado "madrileñofobia".

"Humildad"

Por otro lado, ha señalado que no tiene ningún temor al archivo provisional dictado por parte de la juez Carmen Rodríguez-Medel en la causa sobre el 8M ante la posibilidad de que se pueda reabrir, dado que está convencido de que "cumplió con sus obligaciones" y dijo "la verdad". "Se hizo lo que se consideraba adecuado a las informaciones", ha señalado.

"Si hubiera tenido toda la información, sería un insensato no prohibir una manifestación de esas características. Todos deberíamos ser un poco humildes y reconocer que no se sabía todo y se actuó a medida de las evidencias científicas. Los días previos hubo muchas otras manifestaciones y actos en espacios cerrados como Ifema", ha reseñado. Franco ha insistido en que "quiere pasar página" y ha subrayado que lo sucedido ha sido "utilizado políticamente con una intención". "Quiero pasar página y seguir trabajando para ayudar a salir de esta crisis de manera equilibrada", ha dicho.

Además, ha afirmado que está "convencido" de que el Ministerio de Sanidad no tenía más datos, manifestando su convencimiento en los datos que tenía por su transparencia. "El día 9 se produjo un incremento grave de casos y es imposible que se contagiaran el día 8", ha dicho.

En cuanto al informe de la Guardia Civil, el delegado del Gobierno ha señalado en primer lugar que "respeta mucho" a esta institución y ha indicado seguidamente que no estuvieron "especialmente acertados". "No quiero que esto sea una crítica a la Guardia Civil, pero quedo en evidencia que era chapucero", ha reiterado. Además, ha reseñado que cuando Diego Pérez de los Cobos fue cesado esté se despidió y mantuvieron una charla protocolaria. "Es un cargo de libre designación y depende de la confianza y si se pierde, se cesa", ha dicho.

Alivio

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, ha señalado que el archivo es "un alivio" y ha insistido en que si hubiera conocido los datos que hay no hubiera permitido la manifestación porque hubiera sido una "irresponsabilidad", "una locura". "El día 5 nadie alertó sobre lo que podía pasar en días sucesivos", ha señalado. Franco ha subrayado que entonces se colocó solo el foco "en la manifestación de derechos de la mujer" y no en otras que se produjeron. "Desde la Delegación a partir del día 11 se sugirió que se desconvocaran las manifestaciones porque había evidencias de que la cosa iba en serio".

Además, ha afirmado "rotundamente no" en relación si hubo "injerencia, sugerencia o consejo" para que se celebrará la manifestación tras ser preguntado sobre si recibió presiones por parte de Pablo Iglesias o Irene Montero. "El Gobierno actuó con mucha responsabilidad y se tomaron medidas en función de lo que iban diciendo los expertos", ha señalado y ha agregado que actuó con "sensatez y responsabilidad". "A medida de que se iban teniendo datos se iban teniendo medidas proporcionales", ha añadido.

Ayuso cree que los consejeros solo deben hablar de su gestión

La presidenta de la Comunidad de Madrid  ha defendido que cada consejero tiene que centrarse en hablar de su gestión, en decir lo que ha hecho y explicarlo, y no en la de sus compañeros. "No estamos en oposición, estamos en gobierno", ha sostenido en una entrevista en Cope' recogida por Europa Press, al ser preguntada por las críticas de su consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, (Cs) al de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, (PP) por la gestión de las residencias.

Ayuso cree que debe ser cada miembro del Gobierno el que se explique y no entrar en 'yo le dije a otro que hiciera algo'. "Entiendo que eso es mejor, es algo que yo he puesto en marcha a través de una investigación de hace días por la que quiero conocer de primera mano muchas decisiones que se tomaron durante esas fechas", ha apuntado.

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado que lo ha pasado "francamente mal" con su imputación en el denominado caso 8M, del que se ha decretado ya su archivo provisional, y ha tildado de "chapucero" el informe de la Guardia Civil aportado a la causa porque contenía "manipulaciones, medias verdades e interpretaciones sesgadas".

Así lo ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, para subrayar que está satisfecho por el sobreseimiento provisional decretado por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, si bien ha reconocido que el estar investigado "es incómodo" pese a que "prestigiosos penalistas" le decían que "no tenía recorrido" el caso.

Franco ha manifestado que tiene un gran respeto por la Guardia Civil, una institución que ha aportado tanto a España, pero ha incidido en que ese informe sobre el 8M le ha "decepcionado un poco" al ser "impropio" de lo que es este cuerpo de seguridad. "La verdad que se me han caído los palos del sombrajo", ha expresado el delegado del Gobierno en Madrid para agregar que ese documento remitido al Juzgado contenía "manipulaciones y medias verdades". De hecho, ha recalcado que un par de personas que fueron interrogadas le comentaron que no dijeron lo que reflejó luego dicho informe.

También ha subrayado que no tenían ningún dato en la víspera del 8M de que implicara algún riesgo sanitario y ha asegurado que si hubieran recibido "la más mínima comunicación de que había algo grave", se habría actuado. No obstante, Franco ha insistido en que la marcha del 8M implica un derecho fundamental en el que no se daban las condiciones entonces para suspenderlo.

A su vez, ha relatado que ese mismo día se celebraron eventos deportivos y feriales que congregaron miles de personas, incluso en espacios cerrados que se supone que favorece más la propagación, algo que enumeró en su declaración ante la juez Carmen Rodríguez-Medel.

El delegado del Gobierno, tras todo lo ocurrido, ha afirmado que no quiere "pensar en conspiraciones" en la denuncia contra él por el 8M. Sin embargo y tras ser preguntado sobre que el abogado de una de las acusaciones populares de la causa es también un cargo del PP de Cantabria, Franco ha apuntado que esta circunstancia revela, a su juicio, que "algo de política tenía esto".

Finalmente, ha recalcado que ahora es el momento de "pasar página" y de comportarse con "humildad" para acabar con la "crispación" actual, dado que la pandemia "no está superada". En consecuencia, pretende hablar "en positivo" y colaborar con los madrileños en lo que pueda para superar esta crisis.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha acordado este viernes el sobreseimiento provisional de la causa que seguía contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco. Así, en su auto [ver aquí] descarta un presunto delito de prevaricación administrativa por permitir concentraciones multitudinarias, entre ellas la manifestación feminista del 8 de marzo, al no ver indicios suficientes de delito, según informa Europa Press.

La magistrada ha tomado esta decisión tras escuchar este miércoles a Franco, que acudió a declarar en calidad de investigado, y a un total de 18 testigos que comparecieron después. Entre ellos el secretario general de la delegación del Gobierno, Fernando Talavera, siete funcionarios del organismo y diez promotores de manifestaciones a los que llamaron para pedir que cancelaran sus concentraciones.

La jueza Carmen Rodríguez-Medel considera que la celebración de manifestaciones durante los primeros días de marzo "indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio" de coronavirus y, por tanto, "supusieron un riesgo para la salud pública", pero concluye que de todas las diligencias practicadas no se desprende que el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, tuviera un conocimiento cierto sobre el peligro, por lo que le exime de responsabilidad.

Frente a las consideraciones de la Abogacía del Estado, que representa a Franco y defiende que la conducta sería en todo caso atípica porque el delegado carece de competencias sanitarias, Rodríguez-Medel opina que de haberse acreditado el conocimiento previo del riesgo, Franco debería haberse sentado en el banquillo por una presunta prevaricación para que un tribunal colegiado valorara su conducta. Por esta razón, opta por el sobreseimiento provisional en vez del archivo definitivo que le pidió la defensa.

Pese a los reproches por la inactividad de la Delegación del Gobierno que se dejan ver a lo largo de toda su resolución, de 51 páginas, la magistrada afirma que "no puede concluirse que Franco tuviera en aquel momento un conocimiento cierto, técnico y fundado sobre que el hecho de que no mantener la distancia social incidía en el riesgo de contagio". Añade que "si este conocimiento lo tenían o no otras autoridades o instancias, no es objeto de este procedimiento". "No consta, en definitiva, que en el ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas velara por los derechos y libertades de los ciudadanos ponderando el riesgo para la salud pública que conllevaba la aglutinación de personas ante la gravísima situación sanitaria del covid-19. Otra cuestión es si tenía los elementos para hacerlo", resume Rodríguez-Medel. A pesar de tener en cuenta las conclusiones aportadas por el médico forense adscrito al juzgado, la instructora recalca que para poder hacer esa ponderación, era "necesario que el delegado del Gobierno fuera conocedor del riesgo, no un conocimiento popular, un sentir común, sino un conocimiento técnico sólido y suficiente como para restringir un derecho fundamental".

Alerta euroepa del 2 de marzo

La jueza menciona en su auto el documento del 2 de marzo del Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, en el que se fundamentaba la denuncia del querellante inicial. Subraya, no obstante, que este documento nunca llegó al delegado del Gobierno en Madrid. En este punto, cita al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien contestó al oficio judicial señalando que se trataba de un documento público que el propio organismo publica en su web de forma regular y actualizada, y que "evidentemente no se puede pretender que dicha página sea consultada por el delegado del Gobierno".

"Por tanto, en lo que aquí concierne que es lo único relevante en este procedimiento, al no ser un documento que indiciariamente llegara al señor Franco, no puede basarse conocimiento alguno del riesgo por parte del investigado en dicho documento", concluye, aunque no ve "muy lógico" que no recibiera determinada información.

La jueza se pregunta "qué garantía existía de que no hubiera personas procedentes del norte de Italia entre el millón de asistentes previstos o entre los cientos de miles que suelen participar todos los años en la manifestación" del 8M, para añadir que otro tanto puede decirse de los documentos de Sanidad que tenían destinatarios específicos, como el personal sanitario, si bien insiste en que dichos documentos no constan enviados a Franco. La magistrada se detiene en la documentación que pudiera haber remitido la Comunidad de Madrid para concluir que "resulta absolutamente insuficiente para pretender que con base en ella se adoptara medida alguna en materia de manifestaciones". En todo caso, le resulta "llamativo" que todavía el 11 de marzo, con toda la actividad educativa en Madrid suspendida y declarada la pandemia, Franco dictara resoluciones dándose por enterado de la convocatoria de concentraciones y sin exigir medida alguna de seguridad.

Por otra parte, apunta que en el análisis de todos los expedientes de ese periodo, ni la Guardia Civil ni ella misma han encontrado documento alguno en el que alguien instara al delegado a que prohibiera manifestaciones por razones sanitarias o que adoptara alguna medida de precaución. Además, sobre el documento de prevención de riesgos laborales elaborado por la Delegación el 28 de febrero –en el que se hablaba ya de distancia física para los empleados–, señala que no tenía entidad suficiente y descarga que Franco actuase "a sabiendas de su injusticia cuando mantuvo una inactividad en sus decisiones en materia de manifestaciones y covid-19".

Sí puede prohibir

La magistrada discrepa con lo alegado por el delegado del Gobierno durante todo el procedimiento, ya que considera que éste sí puede prohibir manifestaciones, imponer modificaciones o medidas preventivas durante la celebración de las mismas; además, mantiene que Franco era "conocedor" de esta "posición legal como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos con ocasión de dichas concentraciones/manifestaciones en la vía pública".

Según el auto, la ley otorga al delegado del Gobierno "un papel absolutamente relevante con ocasión de las concentraciones en vía pública y las manifestaciones", que es "proteger todos los derechos y libertades que puedan verse afectados". Sin embargo, el delegado no prohibió ninguna entre el 5 y el 14 de marzo –salvo una frente al domicilio del vicepresidente Pablo Iglesias–, una actuación que, en opinión de la jueza, fue una "permanente y absoluta inactividad jurídica" que implica que no se protegió el "derecho fundamental a la salud", incluso después de que la Comunidad de Maddrid suspendiera toda actividad educativa a partir del 11 de marzo.

"Las resoluciones administrativas dictadas por el señor Franco en el ejercicio de su competencia legal en esta materia, sin acordar prohibiciones o precauciones, dieron lugar a que entre el 5 y el 14 de marzo se celebraran 130 concentraciones y manifestaciones en Madrid, algunas con un importantísimo número de manifestantes, como la del 8-M. La celebración de las concentraciones masivas indiciariamente aumentaron el riesgo de contagio del covid-19, es decir, supusieron indiciariamente un riesgo para la salud pública", concluye la magistrada.

En el período investigado, entre el 5 y el 14 de marzo, el auto contempla que el "único comportamiento proactivo en relación con el covid-19" fueron las llamadas telefónicas a promotores de manifestaciones desde la Delegación de Gobierno a partir del día 11". Unas llamadas en las que, apunta, "no ha quedado acreditado que se coaccionara a los convocantes" y se realizaron "con información imprecisa en cuanto al conocimiento del riesgo y por ello no consta acreditado el dolo reforzado que el tipo exige" para hablar de prevaricación.

En un epígrafe dedicado a dar respuesta a la Abogacía del Estado, la magistrada niega que la investigación haya tenido carácter prospectivo y de alcance general, pues se ciñó a una horquilla temporal determinada y un ámbito competencial como son las decisiones en materia de concentraciones y manifestaciones.

De este modo, Rodríguez-Medel defiende su instrucción asegurando que someter a cualquier imputado al proceso de investigación durante un periodo prolongado le parece "tan indeseable como inadmitir a trámite la denuncia y no indagar para esclarecer si los hechos denunciados tienen o no entidad penal".

El primer denunciante recurrirá ante la Audiencia Provincial

El primer querellante del delegado del Gobierno en Madrid ha adelantado que tiene intención de presentar recurso de apelación contra el sobreseimiento provisional de la causa. "A ver si nos dejan presentar el recurso de apelación. ¿Por qué he tenido que adherirme a otra acusación si fuimos los primeros en cumplir todos los requisitos?", ha dicho Víctor Valladares a través de su cuenta personal de Twitter. La jueza le otorgó la dirección letrada de la acusación popular a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y a la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, a pesar de que no habían sido los primeros en querellarse.

El segundo informe del médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid afirma que "la hecatombe en España" que ha devenido en la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus "se veía venir" desde semanas antes del 8 de marzo y que tanto el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, conocían la situación.

"Un tsunami se prevé, se sabe que va a venir porque ha existido un fenómeno previo, terremoto con epicentro en el fondo del mar, que así lo indica. La situación de hecatombe en España se veía venir. No sólo porque 'a posteriori' es más fácil de analizar, soy consciente de ello, sino porque quien sabe sobre epidemiología -los profesionales del CCAES- y se dedica a ello domina los parámetros predictivos y no es algo imprevisible, como afirmó una destacada dirigente en una entrevista", explica el forense, sin especificar a qué dirigente se refiere.

Así consta en el segundo informe forense firmado por el médico forense Julio Lorenzo Rego, con fecha de 8 de junio y del que informa Europa Press, dentro de la investigación dirigida por la titular del Juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, que investiga un posible delito de prevaricación por el que ha imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.

En el documento, el médico forense adscrito al Juzgado de instrucción número 51 reprocha a las autoridades que faltó autoprotección de los ciudadanos que asistieron a manifestaciones como la del Día de la Mujer del 8 de marzo porque no se alertó del "gran riesgo" que existía de contagiar el coronavirus. También recoge que no se hizo una valoración de riesgos como pidió la OMS el 14 de febrero, ni se atendió a "algunas" de las recomendaciones de la alerta europea del 2 de marzo, lo que habría aminorado "el daño a la salud" y "las consecuencias económicas y sociales".

El médico forense ratifica las cuatro conclusiones del informe preliminar, el del 19 de abril, ya que el 28 de febrero desde la Delegación del Gobierno de Madrid "se dispusieron las medidas adecuadas para proteger a las personas que en esa institución trabajan". Ese mismo día, según el informe, "en la Delegación del Gobierno se conocía la situación de epidemia y eran conscientes del riesgo para los ciudadanos".

El documento señala que el haber evitado manifestaciones como la del 8M habría frenado una "amplia difusión" de covid-19, "de igual modo que de haberse advertido a la población sobre el gran riesgo de contagio" habría facilitado que los ciudadanos "adoptaran las medidas higiénicas necesarias para su protección en relación a la gravedad de la enfermedad".

En el mismo documento se dice que "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones" antes del estado de alarma decretado el 14 de marzo y que resultara infectado por el covid-19 "lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimientos públicos, etc.". "En cambio", añade el informe, "no se instó a que quienes comunicaban manifestaciones o concentraciones en la vía pública en el periodo objeto de investigación dispusieran la evaluación del riesgo sanitario que dichas manifestaciones comportaban, como recomienda la OMS -y además es lógico y natural-- desde que se instauró la epidemia".

Conocimiento de Sanidad y la Comunidad de Madrid

En doce puntos de conclusiones, el médico forense califica de "elevada" la posibilidad de contagio en manifestaciones donde los "participantes podían estar contagiando la enfermedad sin ser conscientes de ello, aun cuando aún no tuvieran síntomas". "Entre estas recomendaciones cobra especial interés la medida de distanciamiento social", continúa el forense en su punto octavo de conclusiones, donde sostiene: "Estas cuestiones previas y el exacto estado en que nos encontrábamos en cada momento era conocido por las autoridades sanitarias nacionales y de la Comunidad de Madrid".

El informe del forense Julio Lorenzo comienza con unos párrafos en los que quiere dejar claro que conoce la "especial relevancia" de este procedimiento judicial, que califica de "delicado" por afectar a un "personaje público" como es José Manuel Franco Ya desde el principio, el forense introduce valoraciones personales como que es consciente de que el caso se ha tornado muy "mediático" y que existe un "clima de cierta crispación social" y que "se podría pensar que ello influye en algún sentido en la imparcialidad del informante".

Concluye este capítulo afirmando "con alivio" que ni él ni "ninguna persona" de su "amplia familia (madre, suegra, mujer, cuñados, hijos, nietos, hermanos, tíos ni sobrinos) han sufrido ni el más síntoma de covid-19". "Lo digo por si alguien pudiera pensar que podría existir el más remoto conflicto de intereses", apunta. Más adelante, en el epígrafe denominado 'Consideraciones médico forenses', Lorenzo resume en un índice los apartados a examinar, entre ellos cuestiones relativas a su informe anterior, a "días clave" o a "advertencias de organismos internacionales". Pero el punto 8 está titulado 'El tsunami que viene', apartado que comienza con la expresión "se veía venir".

En este punto, el forense afirma que a finales de febrero "se notaba la tensión" en el CCAES, una conclusión a la que llega por el "estudio de los correos electrónicos" de personal de este centro. Cita algunos nombres y expresiones supuestamente utilizadas en esos e-mails para hablar de "evolución galopante" de la epidemia". "Imagino los semblantes de preocupación de estos profesionales analizando la situación. Por eso he titulado 'el tsunami que viene'", añade.

Reproches a la Abogacía del Estado y mención a Montero

Seguidamente, el experto dedica todo un epígrafe a uno de los recursos de la Abogacía del Estado, en los que la defensa de José Manuel Franco, a la que reprocha que diera a entender que no se produce difusión de la enfermedad causada por el coronavirus en la protesta feminista.

En este punto cita un documento de la OMS de 14 de marzo -y por tanto posterior a la manifestación- donde se dice que las reuniones masivas pueden ampliar la propagación de enfermedades para añadir que "no haría falta recurrir a la cita anterior ni al estudio científico para demostrarlo, y hasta la ministra Irene Montero lo reconocía en varias ocasiones durante su espontánea -y por lo tanto sincera- manifestación ante unas cámaras de televisión el día 9 de enero", en alusión a las palabras de la titular de Igualdad filtradas la semana pasada por el diario ABC.

"No quiero pensar, pero debo decirlo (...) que nos estábamos acercando al famoso 8M y el primer supuesto, el sí a las medidas de distanciamiento social, habría impedido la celebración de esa tan deseada manifestación, no quiero pensar que se haya acomodado el texto para tener argumentación en pro de la no cancelación", concluye en este punto. Añade que "puede pensarse que todas las personas que acuden a esos eventos son extremadamente solidarias y al menor síntoma de covid dejan de acudir. Seamos realistas, eso es casi ilusorio. Es tal el grado de motivación precisamente para las manifestaciones como la del 8 de marzo o de otro tipo, como las de Vox", subraya.

En su opinión, "no es casualidad" que un "número indeterminado de las personas" que estuvieron el 8M, como "ministras y demás personajes públicos", contrajeran coronavirus, aunque "el estar en una manifestación y tener la enfermedad no es signo inequívoco de haberla contraído allí".

La Abogacía del Estado, que representa al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, en la causa por la que le investigan por permitir la marcha feminista del 8 de marzo, ha reprochado a la juez instructora Carmen Rodríguez-Medel que devuelva su informe al médico forense con el "afán" de poder volver a imputarle el delito de lesiones imprudentes. La Abogacía ha presentado un recurso, que recoge Europa Press, contra la decisión de remitir de nuevo la causa al forense al considerar que es "innecesario, inútil e impertinente" en relación al presunto delito de prevaricación que se investiga.

Para la abogada del Estado Rosa María Seoane, que firma el escrito, devolver el informe a su autor "sólo se explica por el afán de agotar todas las posibilidades de reabrir la investigación por el presunto delito de lesiones imprudentes". Añade que ello permitiría "la entrada de acusaciones particulares, pues a día de hoy, no hay personada en forma ninguna acusación ni Fiscalía ha manifestado que vaya a ejercerla". "Nos encontramos con una instrucción sin acusación, impulsada sólo por la instructora", dice.

Descartó al delito al no ver "relación de causalidad"

La titular del Juzgado Central de Instrucción número 51 de Madrid acordó el pasado 23 de marzo investigar a Franco por el delito de prevaricación administrativa, por el que fue denunciado por un particular, y por el delito de lesiones imprudentes, que posteriormente fue descartado tras recibir el informe encargado al médico forense adscrito al juzgado. El perito descartó la "relación de causalidad" entre acudir a una concentración multitudinaria y los contagios por coronavirus, ya que, según explica, "no es posible saber si una persona que haya asistido a cualquiera de las manifestaciones celebradas dichos días --entre el 5 y el 14 de marzo-- y que haya resultado infectada por el virus de covid-19 lo haya sido en esas concentraciones masivas de personas o en otro lugar, transporte público, establecimiento público, etc".

Por esta conclusión, la juez Rodríguez-Medel acordó retirar la imputación por lesiones imprudentes y continuar la investigación por una presunta prevaricación administrativa. No obstante, el perito añadió un último párrafo en su informe que decía que "lo que sí es cierto y seguro es que de haberse evitado dichas manifestaciones se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad". Ante esto último, la juez de Plaza de Castilla de Madrid acordó en una providencia con fecha del pasado 25 de mayo remitir de nuevo la causa al médico forense adscrito al juzgado por si considera preciso "ampliar" su informe, una vez recibido el encargado a la Guardia Civil como policía judicial.

No habría "datos objetivos"

Según dice la Abogacía del Estado en su escrito, el informe del forense "no contiene ninguna información sobre los extremos que en su momento se le habían encomendado informar", que era analizar si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el día 5 y 14 de marzo de 2020 "fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas". La abogada del Estado señala que la afirmación que hace el forense sobre que las manifestaciones han podido causar "una amplia difusión de la enfermedad" no tiene "ningún sustento científico ni técnico", ni tampoco es razonado ni se apoya en algún "dato objetivo".

"Es una afirmación apodíctica huérfana de apoyo técnico, máxime cuando las opiniones de los expertos niegan la relevancia en términos de expansión de un evento de las características de una manifestación (en un espacio abierto, sin que sea frecuente un contacto estrecho entre los participantes) en relación con la exposición al virus que se pudo producir esos días en el desarrollo ordinario de la vida social en Madrid", subraya el recurso.

Seoane apunta que en los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus aún continuaba "toda la actividad docente, las oficinas, los juzgados, los centros comerciales, eventos deportivos, culturales, políticos, etc., que en su conjunto conllevan la existencia de millones de contactos estrechos". Añade también que, según los datos públicos publicados en la web del Metro de Madrid, en febrero de 2002 viajaron unos "15.100.000 viajeros de media en una semana, como la inmediatamente anterior al día 8 de marzo", que "compartieron elementos comunes en un reducido espacio cerrado".

"Mención genérica" a documentos

Asimismo, los servicios jurídicos del Estado afean que en el informe se haga una "mención genérica a documentos que han estado en constante evolución por el avance científico en el conocimiento del virus, y que además no dicen lo que el forense afirma con semejante simplicidad". En este contexto, la Abogacía asegura que es "falso afirmar" que los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, recomendaran cancelar los eventos multitudinarios, "sin distinción alguna". Destaca que el forense omitió que el informe emitido por el centro europeo seis días antes del 8 de marzo recomendaba la cancelación de evento "en los escenarios 3 y 4 y sólo excepcionalmente cuando concurra una causa especial, en los escenarios 1 y 2".

La Abogacía del Estado también critica el informe elaborado por la Guardia Civil y lo rechaza por tener un "claro sesgo acusatorio". Para los servicios jurídicos del Estado, en este documento no se encuentra "ningún análisis de evidencias científicas, sólo referencias mutiladas y parciales a documentos técnicos o noticias de prensa, que en modo alguno pueden caracterizarse como una base científica para revisar el informe del forense". Por otro lado, la Abogacía del Estado pide también en su recurso, presentado este miércoles, la suspensión de la declaración de Franco prevista, inicialmente, para el próximo 5 de junio. Si bien, la magistrada acordó, en una providencia con fecha de ese mismo día y tras recibir "tres escritos" de los servicios jurídicos del Estado, retrasar la comparecencia al próximo 10 de junio, que será presencia.

La representación de José Manuel Franco reitera en su escrito que la declaración no puede tener lugar porque los plazos procesales, que fueron suspendidos por la declaración del estado de alarma, continúan suspendidos, al menos hasta el próximo 4 de junio. Así, al igual que hizo en el recurso contra el auto por el que la juez acordó investigar al delegado del Gobierno, alega la "indefensión" ocasionada. "Pese a todo ello y a sabiendas de que no se trata de ninguna actuación urgente, el juzgado viene de forma ininterrumpida ordenando la práctica de diligencias, que carecen de urgencia y que pueden ser aplazables y lo viene haciendo cercenando el derecho de defensa, al no tramitar ninguno de los recursos que se han interpuesto, eso sí, amparándose en la suspensión de los plazos procesales", asevera Seoane en su escrito.

Por último, afea que la juez Rodríguez-Medel no motive en su providencia por qué acuerda citar a declarar a Franco como investigado, mientras que en el auto por el que se admitía la denuncia y se acordaban las primeras diligencias de investigación, no se le llegara a declarar tal condición "por no encontrar en ese momento los indicios necesarios para ello". "¿Qué ha cambiado para que ahora se le cite como investigado?", pregunta la abogada del Estado, ante la "falta de concreción de los hechos imputados".

La juez del caso del 8-M en Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, rechaza imputar al presidente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, (CCAES) Fernando Simón, tal y como había solicitado el denunciante inicial, informa Europa Press.

Afirma que "los únicos hechos investigados en este procedimiento" hacen referencia a las decisiones tomadas a raíz de la crisis sanitaria por el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en relación con las concentraciones y manifestaciones que le fueron comunicadas con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

Así se señala en la última providencia dictada por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en la que la magistrada recuerda que los únicos personados en esta causa de momento son la Fiscalía y la Abogacía del Estado y por lo tanto todos los escritos formulados por otras representaciones legales –entre ellos la asociación de afectados por covid– "no serán unidos al procedimiento, devolviéndose al presentante".

La rapidez meteórica con que la juez Carmen Rodríguez-Medel aceptó la denuncia contra el delegado del Gobierno en Madrid por no prohibir las manifestaciones del 8 de marzo y las prisas en la práctica de diligencias pese al parón procesal han activado las alarmas de la Abogacía del Estado. Y, también, las de juristas temerosos de que lo que consideran una denuncia de armadura débil y cuyo principal refuerzo conocido es de momento un informe de la Guardia Civil plagado de errores, bulos y omisiones acabe convertido en un verdadero campo de minas para el delegado, José Manuel Franco, y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Encargada de la defensa de Franco, la Abogacía del Estado interpuso el 20 de abril un durísimo recurso contra el auto con que la magistrada decidió investigar a Franco tras una denuncia que llegó al juzgado de guardia el 19 de marzo, saltó ese mismo día al Decanato, que lo puso a lo largo de la jornada en manos de instrucción 39 y cuya titular, Rodríguez-Medel, tardó menos de tres jornadas en estudiarla y admitirla.  A lo largo de 19 páginas cuyo contenido adelantó este martes elespanol.com y al que ha tenido acceso infoLibre, el recurso del servicio jurídico de la Administración pide la nulidad del auto de apertura de investigaciones. Y acusa a la magistrada de llevar a cabo una "causa general" contra el Gobierno por la gestión de la crisis del coronavirus. "En su afán de encontrar indicios (...) solicita de la policía judicial que recabe información no solamente sobre la actuación del Delegado del Gobierno, sino de cualesquiera otras autoridades que ni siquiera identifica, convirtiendo esta instrucción en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria". 

La celeridad con que la jueza lleva actuando desde el 23 de marzo pese a que ella misma hizo constar en su auto que se trata de actuaciones judiciales "no urgentes" centra buena parte de las críticas del servicio jurídico de la Administración. "Si las actuaciones no son urgentes no se debieron abrir las diligencias en una situación excepcional que dificulta la defensa" de José Manuel Franco, aduce el servicio jurídico de la Administración.

La apertura de las investigaciones y la práctica diligencias no urgentes "supone una vulneración de las normas que resultan de aplicación durante la vigencia del estado de alarma", se lee en el recurso de la Abogacía. Y esa vulneración deriva en una "general indefensión" de José Manuel Franco, el denunciado. El escrito va firmado por Rosa María Seoane, quien sustituyó en el juicio del procés al ahora diputado de Ciudadadanos Edmundo Bal tras su destitución. ¿Significa la directísima referencia a la vulneración de normas el preámbulo de alguna actuación contra la magistrada? De momento, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado guardan absoluto silencio. 

La Abogacía sostiene que la denuncia, interpuesta por un particular, carecía por completo de entidad para ser admitida y a la que el auto de admisión dio de inmediato fuelle. "Lo que no es indiciario –se lee en el recurso– sino manifiesto y notorio es que hasta el día 14 de marzo, día en que se aprobó la declaración de estado de alarma, no había ninguna resolución de ninguna autoridad competente en materia sanitaria, ni local, ni autonómica, ni estatal, que limitara las concentraciones de personas, ya no en ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el derecho de reunión, sino con ningún objeto y finalidad".

Y llega más lejos el recurso al reprochar a la jueza su papel como avalista de la denuncia: "Ha sido la instructora la que, mediante el auto impugnado y a través de las diligencias en él acordadas, vulnerando la presunción de inocencia, ha iniciado el proceso penal sin que existan indicios de la tipicidad penal de los hechos denunciados, sino meras sospechas e hipótesis, deficiencia que se trata de suplir con las diligencias acordadas, que no buscan el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos sino averiguar si los mismos pueden ser típicos, buscando indicios de esa tipicidad, constituyendo así una auténtica investigación prospectiva vulnerando la presunción de inocencia del denunciado".

Pendiente de ser resuelto por la Audiencia de Madrid, el recurso llegó al juzgado de Rodríguez-Medel un mes antes que el controvertido informe al que se atribuye la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid por pérdida de confianza. El cese ha desencadenado una crisis de consecuencias todavía imprevisibles.

Que Rodríguez-Medel, hija y hermana de guardias civiles que han desarrollado buena parte de su carrera en Madrid, encargase el informe pericial a la comandancia madrileña del Instituto Armado y no a la UCO o, incluso, a la Policía Nacional ha suscitado dudas en ciertos juristas. Fuentes cercanas a la jueza sostienen que adoptó esa decisión porque la Guardia Civil le suscita gran confianza.  La magistrada ejerció como asesora del Ministerio de Justicia durante la etapa de Rafael Catalá (PP).

Más allá de si la jueza tenía potestad plena o no para encargar el informe a la comandancia de la Guardia Civil de Madrid y no a la UCO o a la Policía, lo que ya resulta palmario son las inexactitudes y errores repartidos por sus 81 páginas: desde la atribución al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de unas declaraciones falsas sobre el momento en que se confirmaron los casos de transmisión comunitaria a la fecha, también falsa, en que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia. El informe señala que lo hizo el 30 de enero de 2020, cuando en realidad tuvo lugar casi mes y medio más tarde, el 11 de marzo, tres días después del 8M. Otro ejemplo: junto al informe se entregó en el juzgado un vídeo emitido en la web de la Cope sobre un bulo viralizado por PP y Vox durante aquellos días y que acusaba a las ministras presentes en la marcha del 8M de portar guantes para protegerse de contagios porque ya sabían que el covid-19 campaba a sus anchas. El vídeo obvia que imágenes de otros años muestran que asistentes a las manifestaciones del Día de la Mujer portaban ya guantes de color morado de forma simbólica.

Una citación para declarar al día siguiente de que el reloj vuelva a estar en marcha

Conocida por casos como el del máster de Pablo Casado o el de Cristina Cifuentes, la titular del juzgado de instrucción 51 de Madrid ha citado a declarar a Franco como imputado para el día 5 de junio. Es decir, un día después de que termine el parón procesal que abrió un paréntesis tras la declaración del estado de alarma. Es la víspera cuando, a tenor de lo que señala el propio auto de la jueza, "los plazos para interponer el recurso empezarán a contarse". Pero aunque la investigación penal abierta se trate de diligencias "no urgentes" y a que los plazos para impugnar la imputación de Franco no arranquen hasta el ya referido 4 de junio, el delegado del Gobierno debe comparecer ante la jueza el día siguiente. En la providencia donde puso fecha a la declaración de Franco, la magistrada dio cita a la Abogacía del Estado para que el 26 de mayo obtuviese copia de todas las actuaciones. 

Su citación llega antes de que la jueza haya recibido respuesta a 10 requerimientos de información relevante que, según fuentes jurídicas, pueden determinar la solidez de los supuestos indicios de prevaricación que la denuncia atribuye al delegado. Una parte de los juristas sondeados ayer coinciden en que, dadas las peculiaridades del estado de alarma y las trabas reales que supone para la tramitación de causas, la jueza debería haber esperado a tener en su poder la información reclamada. Otros, en cambio, subrayaron que el instructor de una causa no viene obligado a posponer una declaración porque todavía no obre en su poder determinado material probatorio.

Entre los requerimientos cursados figura una larga lista de resoluciones o prohibiciones de manifestaciones así como datos sobre las que fueron desconvocadas por sus impulsores, una larga relación de documentos del Ministerio de Sanidad y distintas fechas sobre la publicación de medidas relativas al coronavirus. 

Fuentes del TSJ madrileño aseguran que Rodríguez-Medel está actuando con rapidez de manera generalizada. Desde el 23 de marzo, han llegado a su mesa 101 denuncias. Y ha abierto diligencias respecto a 64. No hay aún datos sobre cuántas de esas denuncias afectan a casos donde haya habido detenidos y/o presos o en los se investiguen delitos violentos. No es posible por tanto determinar cuántas de ellas han sido calificadas como "urgentes" en aplicación del decreto que regula el estado de alarma.

La jueza que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8M en Madrid en la pandemia por covid-19, Carmen Rodríguez-Medel, ha remitido un oficio a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas, y advierte la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales, informa Europa Press.

El oficio fue remitido a primera hora de la mañana de este lunes al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, coincidiendo con la jornada en la que se ha conocido la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de cesar "por pérdida de confianza" al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de covid-19.

La juez Carmen Rodríguez Medel, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia, ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus.

En el oficio remitido al 'número dos' de Interior, la magistrada ha recordado que desde el primer día de la investigación, que arrancó el pasado 25 de marzo, "dio orden expresa a la Policía Judicial actuante de guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubiera sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan".

En oficio remitido a Interior que reproduce El Español, la juez también recuerda que ya "enfatizó" que cualquier nota de prensa que desde Guardia Civil quisiera hacerse pública "debería contar previamente" con su autorización y que sería ella quien decidiría "no sólo el hecho en sí de facilitar dicha nota sino también su concreto contenido".

En esta misma línea, la magistrada advierte al secretario de Estado que la infracción de este deber "debe ser corregida disciplinariamente, sin perjuicio de otras responsabilidades a que la misma pudiere dar lugar", entre las que se contemplan las responsabilidades penales.

En caso de producirse estas últimas, según la juez, "podría dar lugar a la correspondiente investigación por parte de este juzgado", según establece el real decreto de junio de 1987 que regula el funcionamiento de la Policía Judicial.

La titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha citado a declarar como imputado el próximo 5 de junio al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la marcha del 8 de marzo por el día Internacional de la Mujer, desoyendo las advertencias de riesgo de contagio por coronavirus, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press.

La magistrada acordó el pasado 23 de marzo incoar diligencias previas para investigarle por un presunto delito de prevaricación administrativa para esclarecer si obvió las recomendaciones de organizaciones sanitarias, como el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, que el pasado 2 de marzo emitió un informe en el que alertaba del riesgo de contagio, tal y como sostiene la denuncia interpuesta por un particular.

Lorenzo Sánchez Gil ha comunicado al PSOE-M su renuncia a ir como número diez en la lista que encabezará el presidente del Gobierno y secretario general del partido, Pedro Sánchez, al Congreso de los Diputados el próximo 28 de abril después de la información que ayer le vinculaba con la trama Púnica en su época de jefe de gabinete en la Alcaldía de San Martín de la Vega.

Según publica este lunes El Español, Sánchez Gil maniobró en 2006 para que el Ayuntamiento de San Martín de la Vega entregara un contrato público de más de 5 millones de euros a una empresa de la Púnica, la trama de corrupción que tiene al exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados como principal político implicado. Lorenzo Gil ha enviado una carta al secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, en la que señala que "ante las informaciones que se han publicado en las últimas horas" que vinculan su persona "con una trama de corrupción", presentar su renuncia a formar parte de la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados.

Lo hace, según el texto "para poder defender" su "honor y honradez desde fuera de las instituciones públicas", a las que, asegura Lorenzo Sánchez Gil, respeta "profundamente". "Soy absolutamente inocente y así lo ha considerado la Justicia, ya que en ningún momento he sido ni imputado, ni citado a declarar como testigo ni en esta causa ni en ninguna otra vinculada a la corrupción de partidos o su financiación irregular", ha añadido a continuación. "Y así lo reivindico, a la vez que anuncio que estudiaré las medidas legales a emprender contra quién mantenga mi vinculación con cualquier trama corrupta o acciones delictivas", concluye en su comunicación de renuncia.

Pedro Sánchez defiende ahora su derecho a “posicionarse” en el proceso de primarias para designar el candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Pero no siempre ha sido así: hace apenas dos años, cuando era él el candidato que peleaba con el aparato del partido para hacerse con la Secretaría General, su equipo de colaboradores sostuvo una dura pugna con la gestora del PSOE exigiéndole neutralidad en la batalla que el propio Sánchez sostuvo con la entonces presidenta andaluza, Susana Díaz.

A diferencia de lo que defendían los suyos entonces, Sánchez reivindica ahora “poder decir cuál es”, e su opinión, ”el mejor proyecto y la mejor candidatura”. Más aún en el caso del exentrenador de baloncesto Pepu Hernández, que si ha dado el paso a competir en la primarias ha sido precisamente a petición del propio Sánchez: “Si Pepu está aquí es por la petición que le he hecho como militante”, reconoció este domingo el presidente del Gobierno en el acto de presentación de su precandidatura.

La actitud de Sánchez no es nueva. Sánchez ya tomó partido en los procesos de primarias que sirvieron para renovar la dirección de las federaciones socialistas en 2017 y elegir candidatos para las autonómicas de este año apoyando candidatos concretos en Asturias, Madrid, La Rioja, Cantabria, Navarra, Castilla y León , Murcia y Canarias.

Es verdad que son los militantes los que tienen la última palabra.militantes De hecho, en algún caso el candidato sanchista perdió frente a otro aspirante, como sucedió en Galicia, donde se impuso Gonzalo Caballero —ahora integrado en las filas de la actual dirección—. Y el propio Sánchez triunfó frente al aparato. 

Pero la opinión del secretario general y el peso de la dirección también influyen en el resultado. Por eso Sánchez y sus colaboradores no dudaron en denunciar la falta de neutralidad de la comisión gestora presidida por el asturiano Javier Fernández durante el proceso de primarias de 2017 que acabó devolviendo al actual presidente el timón del Partido Socialista.

De hecho, el equipo de Sánchez exigió entonces sin éxito que el número dos de la gestora, Mario Jiménez, eligiese entre seguir siendo portavoz de la dirección provisional o portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, una vez que Susana Díaz anunció su intención de presentarse a las primarias. Su cercanía a la presidenta de la Junta suponía una desventaja para el resto de candidaturas, argumentaban los sanchistas.

Su mera presencia en la gestora ponía en duda la imparcialidad que, recalcaban entonces, debe tener la dirección del partido en unas primarias. "Es como si pusieran al entrenador del Real Madrid a arbitrar un partido de su equipo", alegaban.

“Como los unicornios”

La ahora número dos del PSOE y portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, denunciaba durante las primarias la falta de neutralidad del aparato del partido. “La neutralidad de la gestora está claro que es como los unicornios: maravillosos animales mitológicos que no existen. En la ponencia se ve lo que estaban haciendo, expulsar a una parte del partido de la elaboración del documento estratégico para cuatro años”, denunció en un debate en RNE con representantes de las demás candidaturas.

La entonces diputada y hoy ministra de Defensa Margarita Robles aseguró a comienzos de 2017, meses antes de la votación de primarias, que “a veces existe la impresión” de que la comisión gestora presidida por el asturiano Javier Fernández, se estaba “inclinando hacia una determinada dirección” y reclamó que fuese “absolutamente neutral”. La gestora no solo tiene que ser neutral, sino parecerlo, subrayó Robles.

La mera confección del calendario de primarias fue puesto como ejemplo de falta de neutralidad por parte de la gestora, a la que los sanchistas consideraron siempre una prolongación del Susana Díaz. En noviembre de 2018, cuando empezaba a ser evidente que la gestora pretendía demorar lo más posible la celebración de las primarias, el entorno de Sánchez atribuía el retraso del proceso a un intento de favorecer a Díaz.

El 8 de mayo de 2017, a pocos días de la votación que acabó ganado Sánchez, el alcalde de Calasparra (Murcia), Pepe Vélez, llegó a acusar a la gestora de recurrir a “prácticas mafiosas” para favorecer a la entonces presidenta andaluza y de haberse “apropiado de Ferraz como si de una expropiación forzosa se tratase”.

La desconfianza del sanchismo hacia la gestora se extendió a asuntos tales como el control del censo, el freno puesto a las afiliaciones en varias agrupaciones, la financiación de los actos de los candidatos o la composición de la Comisión Federal de Garantías Electorales. “Tienen que darse las garantías suficientes como para tener un proceso limpio, claro, transparente, participativo, positivo”, llegó a exigir José Luis Ábalos, entonces coordinador de la candidatura de Sánchez.

El que pide ahora neutralidad en las primarias para elegir al candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid es Manuel de la Rocha, exalcalde de Fuenlabrada. Lo hizo a través de un comunicado en el que pidió a Sánchez que acudiese a su presentación, como hizo el domingo con Pepu Hernández.

De la Rocha hizo la misma petición al secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco, un declarado sanchista que también participó en la presentación de Hernández. Sólo asi será posible “mantener el equilibrio, la igualdad de armas como decimos los juristas, en un proceso democrático en el que somos pioneros”, argumentó el precandidato en declaraciones a la cadena COPE.