El expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha respondido al Tribunal Supremo que la revisión de su condena por la reforma del Código Penal que deroga la sedición no "repara" lo que él considera que ha sido la vulneración de una serie de derechos fundamentales e insiste en que seguirá con su demanda contra España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), según ha informado Europa Press. 

En un escrito la defensa se dirige a los magistrados del tribunal que juzgaron la causa del procés y que impusieron la condena de 9 años de prisión a Cuixart por el delito de sedición. El Supremo había dado 8 días a las defensas y a las acusaciones para que se pronunciaran sobre el impacto de la reforma penal en las condenas fijadas en octubre de 2019.

En cinco folios, Cuixart alega que la derogación del delito de sedición "no implica en modo alguno un reconocimiento de que el encarcelamiento y la sucesiva condena" que le impuso el Supremo "vulneró" sus derechos a un juez establecido por la ley, a un tribunal imparcial e independiente, a la legalidad penal, a la libertad de reunión, a no ser objeto de detención arbitraria y a la desviación de poder.

En el marco del escrito, la defensa incide en que "a pesar de la apertura del presente expediente de revisión" considera que "sigue sin reconocerse la vulneración" de dichos derechos fundamentales.

"No se repara y no se fijan garantías de no repetición", subraya al tiempo que asegura que "hasta que ello no se produzca, la condena del Reino de España ante el Tribunal de Estrasburgo sigue siendo absolutamente procedente y necesaria", en referencia a la demanda que presentó ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Cuixart explica, a este respecto, que la citada demanda "se halla pendiente de resolver, con el fin de que sea declarada y reconocida la vulneración de sus derechos fundamentales por el Reino de España, al tiempo que se le garantice la preceptiva reparación y garantía de no repetición".

"De entrada, precisamente las vulneraciones relativas al tribunal mal pueden ser reconocidas cuando es el mismo tribunal al que reprochamos en su momento su falta de jurisdicción e imparcialidad, una concreta composición de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el que va a resolver ahora sobre la revisión de la sentencia, perpetuando las vulneraciones invocadas", denuncia.

En lo referido a "las cuestiones de fondo, esto es, al carácter delictivo de los hechos enjuiciados", Cuixart apunta que las menciones que se realizan en la reforma legislativa "a la falta de respeto a la legalidad penal y a la libertad de reunión de la legislación anterior como justificación para la derogación del tipo penal de sedición son totalmente genéricas y contradictorias".

Esta situación, alega, "dificulta enormemente restablecer la vigencia de los derechos fundamentales que en este procedimiento han sido vulnerados y todo ello porque el presente expediente de revisión no va dirigido a enmendar las propias argumentaciones de esta Sala Segunda sobre la interpretación de estos derechos fundamentales".

"Así, aunque se proceda a la revisión de la sentencia seguirán siendo consideradas jurídicamente válidas las conclusiones de este Tribunal Supremo sobre los contornos del derecho de reunión pacífica, por ejemplo, cuando resolvía sobre la responsabilidad del señor Cuixart en estos términos", afirma el escrito.

El mismo incide en que el hecho de "que se declare que estos hechos constituyen un ejercicio de un derecho fundamental, más allá del debate estricto de legalidad penal, es una necesidad democrática presente y futura".

"Esa es la fuerza jurídica que contiene una declaración de vulneración de derechos fundamentales que parece que no va a producirse en el presente expediente de revisión, al tiempo que supone una primera reparación para el ciudadano que la ha sufrido", añade su defensa.

Para Cuixart, con la reforma del Código Penal no se producirá esta reparación ni en forma de declaración ni en forma restauración de los perjuicios que dice haber sufrido por haber permanecido encarcelado 3 años y 8 meses hasta que le fue aplicado un indulto parcial.

Por último, y en cuanto a las garantías de no repetición, Cuixart sostiene que se encuentra ante "una situación similar" en tanto que la modificación legislativa "no adopta medida alguna en cuanto a la tan reiterada e invocada desviación de poder perpetrada en la presente causa especial". "Por lo tanto no establece garantía alguna para que la misma no vuelva a producirse en un futuro", apostilla.

El tribunal del procés deberá revisar las penas impuestas en 2019 para aplicar el Código Penal más favorable a los condenados, tal y como fija la propia norma en su artículo 2. Aunque el Supremo ha emplazado a las partes a que se pronuncien, será el tribunal —presidido por el magistrado Manuel Marchena— quien decida finalmente cómo queda la sentencia.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha anunciado este viernes que deja la presidencia de la entidad tras seis años en el cargo y que será relevado por el filósofo Xavier Antich si así lo ratifican los socios. En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha explicado que se le acaba el mandato y que tanto él como el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, han decidido no presentarse a la reelección.

Cuixart, que en junio salió de la cárcel al ser indultado tras más de tres años encarcelado, ha asegurado que seguirá haciendo de activista pero que no tiene ninguna voluntad de entrar en política, y ha defendido la necesidad de crear "nuevos liderazgos" en el independentistmo distintos a los del 2017.

Preguntado por qué ha decidido no continuar en el cargo, ha afirmado que junto a Mauri han coincidido en que era el mejor momento porque Òmnium está en una buena situación con una estrategia y estructura consolidada: "Me parece que es el momento de pasar el testigo a Xavier Antich y al resto de compañeros de la Junta".

Cuixart ha subrayado la necesidad de crear nuevos liderazgos en el independentismo porque cree que en el contexto actual hay una "incapacidad manifiesta de trazar una estrategia compartida", que ve imprescindible. "La graduación de las gafas de 2017 para 2022 se tiene que volver a ajustar", ha ilustrado, y ha sostenido que el mejor servicio que podrían hacer los líderes independentistas que tuvieron protagonismo en 2017 sería fortalecer sus organizaciones.

Para él, unos nuevos liderazgos "propiciarán mucho más una estrategia compartida que liderazgos anteriores", aunque cree que figuras como el expresidente Carles Puigdemont o el líder de ERC Oriol Junqueras siguen siendo referentes importantes.

Preguntado por si su renuncia a continuar en el cargo debería ser seguida por los líderes de los partidos independentistas, ha asegurado que se le hace difícil decir qué debe hacer cada persona pero que ve necesario "dejar espacio" para que puedan aflorar nuevos líderes. "Será el mejor servicio que podamos hacer al país", ha dicho, y ha argumentado que el movimiento independentismo no va de personas y que la prioridad debe ser tejer una estrategia conjunta para que los catalanes puedan votar en un referéndum de autodeterminación.

Asimismo, ha explicado que solo ha comunicado su decisión a los trabajadores y dirigentes de Òmnium, al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a Puigdemont, Junqueras y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, y que este viernes por la tarde hablará con el expresidente y con el presidente de ERC para explicarles "el alcance de la decisión, que es de carácter interno pero que interpela" a todo el independentismo.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha tildado este domingo de "actitud sectaria" los abucheos y silbidos que recibió ayer sábado en el pregón de la fiesta mayor del barrio de Gràcia, pronunciado por el activista Jordi Cuixart.

En una publicación de Instagram recogida por Europa Press, Colau ha asegurado que es "normal y saludable" tener una ciudadanía crítica, y que en los pregones siempre hay algún silbido, pancarta o acto alternativo.

La edil, no obstante, ha asegurado que se ha visto sorprendida: "Lo que no me había pasado hasta ahora y me ha sorprendido ha sido la insistencia en no dejarme ni empezar el discurso".

Ha sostenido que esta actitud "no representa la mayoría" de habitantes de Gràcia y de Barcelona, ya que son un barrio y una ciudad plurales y diversos en los que la ciudadanía, ha dicho, convive con perfecta normalidad.

Así, ha pedido no dejar que los silbidos "estropeen esta convivencia", y ha subrayado que no dejará que ningún abucheo modifique sus pensamientos y sentimientos hacia personas que opinan distinto, como Cuixart.

La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha explicado que el recurso contra su condena por sedición que presentó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) tiene entre sus principales argumentos que el activista sufre una "limitación abusiva de derechos fundamentales", y lo señala como una vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), según informa Europa Press. 

Lo han explicado en rueda de prensa este martes el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri; el abogado Olivier Peter y la representante internacional de la entidad, Elena Jiménez, junto a miembros de colectivos y ONGs de derechos humanos.

El recurso reprocha varias vulneraciones de derechos, y Peter ha destacado como "la más interesante" la que hace referencia al artículo 18 del CEDH, que regula las restricciones permitidas a derechos y libertades fundamentales.

"Es posible limitar el derecho a manifestación si es por un interés público, como la seguridad. Lo que no se puede hacer es limitar el derecho a manifestación por voluntad política", ha explicado el abogado, que ha afirmado que en el caso de Cuixart se usó para apartarle de las protestas.

El escrito que el también abogado de Cuixart Benet Salellas presentó el martes pasado también alega vulneraciones del derecho a tener un tribunal predeterminado por la ley, del derecho a un juicio justo y una defensa efectiva, y de la prohibición de la detención arbitraria.

Peter confía en que el TEDH falle a su favor en esta causa, "porque si Europa tolera que un defensor de los derechos humanos pase nueve años en prisión por organizar manifestaciones pacíficas, el futuro de todos y todas será muy oscuro".

Afectará a los derechos de "toda la ciudadanía europea"

Mauri ha señalado "evidencias que auguran la derrota internacional" de España en esta causa, y ha nombrado los apoyos internacionales que ha recibido Cuixart y los votos particulares de dos magistrados del TC al resolver su recurso, y los ha tachado de fisuras claras.

Ha asegurado que la condena de Cuixart "afecta a todos los movimientos sociales y toda la ciudadanía no solo de Cataluña y el Estado sino de toda la ciudadanía europea", y ha llamado a seguir trabajando para una amnistía para todos los enjuiciados por el 1-O.

En el mismo sentido, Jiménez ha señalado la importancia del recurso ante el TEDH porque la condena a Cuixart "puede abrir la puerta a criminalizar a los que ejercen el derecho a protesta en otros países".

"Si se permite en una situación así en una democracia, países más autoritarios tendrán una sensación de cierta legitimidad" al restringir libertades, y ha recordado que el grupo de trabajo contra las detenciones arbitrarias de la ONU pidió la liberación de Cuixart, y también ha remarcado los apoyos de Amnistía Internacional, el PEN internacional, Front Line Defenders, la Organización Mundial Contra la Tortura y de International Trial Watch, entre otros.

La defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha registrado este miércoles en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el recurso a su condena a nueve años de prisión por sedición en la sentencia del 1-O, según informa Europa Press. 

En un comunicado, Òmnium Cultural ha explicado que ha registrado el recurso en catalán y acompañado de unos 60 informes que ocupan 2.009 páginas, entre ellos los pronunciamientos de organismos internacionales que han pedido la liberación de Cuixart y resoluciones de otros tribunales europeos sobre el caso.

El miércoles 2 de junio, el Tribunal Constitucional (TC) adelantó el fallo en el que desestimaba el recurso de amparo de Cuixart contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) por el 1-O, con el voto discrepante de dos magistrados. La sentencia completa se publicó el martes y la defensa de Cuixart ha presentado el recurso ante el Tribunal de Estrasburgo 24 horas después: "Hay una persona encarcelada y no queremos ser nosotros quien dilate más esta situación", ha expresado el abogado de Cuixart, Benet Salellas, en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press.

Salellas ha señalado que llevaba meses preparando el recurso y lo ha presentado en cuanto ha podido, una vez el TC ha publicado su sentencia, y al conocerse el fallo del tribunal de garantías Cuixart ya anunció que recurriría su condena ante el TEDH para "acusar al Estado".

El TC también ha tumbado los recursos de amparo del secretario general de Junts, Jordi Sànchez, y de los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, y Cuixart ha sido el primero de los presos del 1-O en presentar el recurso ante la justicia europea.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado los recursos de amparo presentados por el presidente de Ómnium Cultura, Jordi Cuixart, y el que fuera presidente de Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, contra la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Supremo que les condenó a la pena de 9 años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de sedición en el procés independentista en Cataluña, según informa Europa Press.

La sentencia relativa a Cuixart, cuyo ponente ha sido el presidente Juan José González Rivas, abunda en pronunciamientos anteriores, como los que rechazaron que se hubiera producido vulneración de derechos en los casos de otros líderes independentistas en prisión cuyos recursos de amparo ya se han resuelto, como son los ex consellers Jordi Turull y Josep Rull.

Considera, entre otras cuestiones, que la conducta del recurrente, al promover la oposición material a la ejecución policial de las decisiones del Tribunal Constitucional y de otros tribunales, no constituyó ejercicio legítimo de los derechos y libertades de expresión y reunión, y que su condena penal, por delito de sedición del artículo 544 del Código Penal, cumple con las normas constitucionales. Subraya además que la condena "no obedece a una finalidad espuria de persecución o castigo por su posición política o ideológica", según adelanta el tribunal de garantías en un comunicado.

La sentencia sobre Sànchez, cuyo ponente ha sido el magistrado Santiago Martínez-Vares, señala también que la conducta del recurrente no constituye un mero exceso o extralimitación en el ejercicio de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión, pues lo que pretendía, como parte de la estrategia concertada con los demás encausados, era neutralizar las decisiones adoptadas por el propio TC y los órganos judiciales "sirviéndose de la movilización ciudadana para la creación de un Estado catalán independiente en forma de república".

Para ello, según el TC, Sànchez prescindió "de los procedimientos de reforma constitucional". Por ello, concluye el TC, su actuación desbordó con claridad "los límites de lo que puede considerarse un ejercicio legítimo de aquellos derechos para exteriorizar la protesta o crítica por la actuación de los poderes públicos".

Ambas sentencias cuenta con los votos particulares del magistrado Juan Antonio Xiol y de la magistrada María Luisa Balaguer, que discrepan del resto de sus compañeros, al igual que hicieron en los casos de Rull y Turrull. En los próximos días se notificará la sentencia y los votos particulares.

Antes de los recursos de Turull y Rull, el TC ya había rechazado -aunque de forma unánime- los de los ex consellers Meritxell Borrás y Carles Mundó, si bien en estos casos la condena era únicamente de inhabilitación y multa por un delito de desobediencia.

La relatora general de defensores de derechos humanos del Consejo de Europa, Alexandra Louis, ha considerado en un informe que el presidente de Òmnium Cultural encarcelado por el 1-O, Jordi Cuixart, sufre "represalias e intimidación". Así lo recoge el informe Situación de los defensores de los derechos humanos en los Estados miembros del Consejo de Europa consultado este sábado por Europa Press, que muestra ejemplos de casos que "no han mejorado", destacando conflictos en Rusia, Turquía y Azerbaiyán.

El informe también asegura que las condiciones de vida de Cuixart han empeorado a causa de la pandemia del coronavirus, de forma que llega a estar "hasta 23 horas al día aislado en su celda".

También sostiene que "según sus abogados, el juicio tuvo un carácter político y Cuixart no debió haber sido juzgado por el Tribunal Superior (TS), que tiene jurisdicción para juzgar a los cargos electos y no a activistas de la sociedad civil".

Òmnium Cultural se ha hecho eco del informe y ha asegurado en un comunicado que la crítica del Consejo de Europa "se añade a la larga lista de instituciones y entidades de prestigio que se han posicionado en contra de su encarcelamiento".

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; el líder de ERC, Oriol Junqueras; y los exconsellers Raül Romeva y Jordi Turull han salido a las 6.55 horas de la mañana de este viernes de la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), por primera vez usando su clasificación en tercer grado, la semilibertad, con la que podrán pasar todo el fin de semana en casa.

Es el primer fin de semana en que se aplica el tercer grado a los presos condenados por sedición en el juicio del 1-O, después de que las juntas de tratamiento de las cárceles aprobaran el jueves aplicarles la modalidad habitual del régimen abierto, y el resto de líderes del 1-O que están en la cárcel saldrán también a lo largo de este viernes.

Al salir de la cárcel Cuixart ha declarado ante los periodistas que el tercer grado no significa para él nada en concreto porque lo que quieren es "salir de la represión de una vez por todas".

Preguntado por lo que significa el tercer grado para él, Junqueras ha dicho que está contento de poder ver a la gente de su pueblo: "Ya os lo podéis imaginar, seguro que no hacen falta muchos detalles".

Turull ha dicho que a pesar de no ser la libertad completa, hacía mucho tiempo que esperaban este fin de semana, y preguntado por qué hará el fin de semana, ha dicho: "Tengo ganas de dar la gracias a todo el mundo, a tanta gente como me pueda encontrar porque nos han dado tanta fuerza, tanto coraje y tanta esperanza".

Volverán a prisión el lunes

El tercer grado les permitirá pasar tres noches en casa, por lo que no volverán a la prisión hasta el lunes, y dormir los otros cuatro días de la semana en la cárcel, cuando pasarán entre 8 y 11 horas en el centro penitenciario.

Durante las horas que pasen fuera de la cárcel, podrán continuar con los trabajos y voluntariados que han hecho hasta ahora, estando clasificados en segundo grado y usando el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

La clasificación en tercer grado parte de la propuesta de las juntas de tratamiento de la prisión de Mujeres de Barcelona, Wad-Ras, Lledoners (Barcelona) y Puig de les Basses (Girona), que avaló el Servicio de Clasificación de la Conselleria de Justicia.

Una vez adoptada la medida, la Fiscalía puede presentar un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria —manteniéndose el tercer grado hasta que resuelva—, y en última instancia ante el tribunal que les sentenció, el Supremo.

"No es la libertad, es un pedazo que queremos aprovechar"

El exconseller Jordi Turull ha asegurado este viernes que poder salir de la cárcel en tercer grado "no es la libertad, pero es un pedazo" de ella que los presos independentistas quieren aprovechar al máximo.

"Ya veremos qué dura, porque la Fiscalía actúa con términos de escarmiento y venganza", ha apuntado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, donde ha explicado que irá a Parets del Vallès (Barcelona) para dar las gracias a los ciudadanos y a casa de sus padres, mientras que el fin de semana celebrará con su mujer, con la que lleva 25 años casado, en el Alt Urgell.

Después de que la UGT de Cataluña haya pedido el indulto para la exconsellera Dolors Bassa, Turull ha asegurado que está muy contento por ella, y que no le consta que nadie lo haya pedido por él, pero cree que hay otra petición de indulto para todos los presos.

En relación al independentismo, ha apostado por "sumar y dejarse de reproches" porque, a su juicio, los adversarios sí van a la una y sin piedad, ha advertido.

También ha admitido que no le sorprende el caso de espionaje al presidente del Parlament, Roger Torrent, le provoca tristeza considera que es la punta del iceberg: "En una democracia consolidada lo que debería generar es una cadena de responsabilidades y dimisiones".

Los abogados de los políticos independentistas condenados por impulsar el 1-O Andreu Van den Eynde, Olga Arderiu y Benet Salellas han criticado la dilación del Tribunal Constitucional (TC) para resolver los recursos que han presentado: "Ha perdido la vergüenza jurídica", ha lamentado Salellas.

En una entrevista este martes en TV3 recogida por Europa Press, Van den Eynde ha acusado al TC de falta de imparcialidad y de haber "un cierto interés en prejuzgar los hechos", tras lo que ha reprochado que dilate pronunciarse sobre los recursos para que el calendario impida que se hagan efectivos.

El TC retoma su actividad presencial este martes con un Pleno en el que abordará las recusaciones presentadas por el exvicepresidente del la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras; el exconseller Raül Romeva, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell contra los miembros de este órgano. Salellas ha asegurado que el TC "comienza a ser un tribunal no permeable a las decisiones" de otros tribunales internacionales, y ha sostenido que cada vez le importa menos su imagen, lo que ha calificado de preocupante.

Van den Eynde ha insistido en que la dilación para resolver los recursos provoca que no pueda aplicarse porque ya no es efectiva: "Si se resuelve sobre la prisión provisional cuando ya han pasado dos años, ya no es aplicable", y ha acusado al TC de protegerse a sí mismo.

Cambio de prisión de Forcadell

Sobre el traslado de Forcadell desde la prisión de Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), hasta la Prisión de Mujeres de Barcelona (Wad-Ras), su abogada Olga Arderiu ha explicado que ha sido por un motivo "estrictamente familiar". Ha concretado que inicialmente a Forcadell le correspondía la cárcel de Wad-Ras, porque está empadronada en Sabadell (Barcelona), pero que pidió ir a Mas d'Enric por proximidad a su madre, pero ha añadido que pese a que le han concedido el 100.2 y tiene permiso para salir, "a su madre no la ha visto ni una hora".

Además, relata que debido a la crisis del coronavirus aún la ha visto menos, ya que es una persona mayor y por tanto población de riesgo, por eso ha decidido cambiar de prisión para "estar mas cerca de su familia más inmediata".

Reforma de la sedición

Preguntados por una posible reforma en el Código Penal del delito de sedición, Van den Eynde ha dicho que no solo pueden trabajar con la ley vigente y ha apuntado: "El problema que tenemos es que, cuando es el poder judicial el que aplica la ley, no tenemos la seguridad de que si cambia la ley la aplicará", y ha pedido que el poder judicial tenga un contrapeso. Arderiu ha afirmado que si el nuevo delito de sedición fuese más beneficioso se tendrían que revisar los casos de las personas a las que afecta y Salellas ha sostenido que la sedición es "un fósil jurídico" y han pedido al TC que lo anule.

El abogado de Cuixart también ha destacado que si hay voluntad política hay muchas herramientas para poner en libertad a los presos y ha deseado que, "ante este poder judicial con perspectiva tan conservadora", haya un poder político que lo contrapese.

Unidas Podemos se ha sumado este viernes a un manifiesto de partidos independentistas y nacionalistas que pide la libertad "inmediata" del presidente de Ómnium Cultura, Jordi Cuixart, y del exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, y critica por "injusta" la condena a nueve años de cárcel que les impuso el Tribunal Supremo por su implicación en el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017, además de pedir una reforma del Código Penal para derogar los delitos de rebelión y sedición, informa Europa Press.

Junto con Unidas Podemos y Más País figura la firma de ERC, Junts, PNV, Bildu, CUP, BNG y el Bloc (parte de Compromís). En el manifiesto conjunto, titulado Por la libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y la defensa del ejercicio de los derechos fundamentales, estas formaciones comparten el informe de Amnistía Internacional del pasado 13 de mayo reclamando la libertad de los Jordis y la anulación de su condena, a su juicio "excesiva y "desproporcionada", después de que el Tribunal Constitucional ha admitido los recursos de amparo contra la sentencia del procés.

En su informe, que ya envió a la Fiscalía, a la Abogacía General del Estado y a las partes en el juicio, la ONG reclama además al Gobierno revisar "sustancialmente" el delito de sedición para garantizar que "no se criminalicen indebidamente" los actos "legítimos" de desobediencia civil "pacífica" y no se ponga en riesgo así las libertades de expresión y reunión pacíficas de toda la ciudadanía.

Rechazo a la sentencia del Tribunal Supremo

Con todo, los partidos firmantes expresan su rechazo a la sentencia de los Jordis, que consideran "injusta", y piden que el informe de Amnistía Internacional sea tomado en consideración por el Tribunal Constitucional y las partes en el juicio para que, conforme a sus conclusiones, ambos sean puestos en libertad "de forma inmediata".

Asimismo, demandan al Gobierno que promueva una reforma del Código Penal que derogue o reforme los delitos de rebelión y sedición ya que consideran que su aplicación, tal y como la interpreta el Tribunal Supremo en el caso de los Jordis, "resulta contraria al principio de legalidad".

"Son unos demócratas", afirma Iglesias

Este manifiesto llega un día después de que el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, defendiera en el Congreso a los Jordis, a los que definió como "unos demócratas que deberían formar parte del debate político" sobre Cataluña. Así lo aseguró durante su comparecencia en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de España tras el covid-19, en la que también puso de manifiesto su disposición a dialogar con el expresidente catalán Carles Puigdemont, el líder de una formación "a la que votan muchos españoles", dijo.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en prisión por el procés, ha salido de la cárcel de Lledoners (Barcelona) pasadas las 8.00 horas de este jueves para ir a trabajar a su empresa situada en Sentmenat (Barcelona), y por la tarde hará voluntariado.

Cuando ha llegado a la empresa que aún dirige, ha sido recibido por sus trabajadores con aplausos y abrazos, y les ha dedicado unas palabras: "Os dije que volvería y he vuelto. Os doy las gracias por el trabajo que habéis hecho".

Y les ha dicho que los quiere mucho y que está contento de poder pasar este día con ellos: "El compromiso empresarial también es compromiso social".

"A seguir luchando para tirar adelante la empresa y trabajar por la libertad y la amnistía", ha añadido el líder de Òmnium, que después ha saludado a la prensa que estaba expectante por su llegada y ha entrado dentro de la empresa.

Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para ejercer un empleo y voluntariado, acogiéndose al artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona), ha acordado este miércoles que la expresidenta del Parlament Carme Forcadellpueda salir tres días a la semana, entre semana, durante nueve horas.

Según han informado desde la Secretaría de Medidas Penales de la Conselleria de Justicia a Europa Press, la Junta le aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite flexibilizar el régimen penitenciario, si bien mantiene la clasificación de segundo grado, el ordinario.

Forcadell, condenada a 11 años y medio por el Tribunal Supremo (TS) por el proceso soberanista, podrá salir para hacer labores de voluntariado y para cuidar de un familiar de edad avanzada. La decisión es de aplicación inmediata pero se tiene que comunicar al juzgado de vigilancia penitenciaria que, tras consultar el posicionamiento de la Fiscalía, puede ratificar o anular la aplicación del 100.2.

La resolución que el juzgado de vigilancia penitenciaria eventualmente dictara sobre Forcadell se podría recurrir en última instancia ante la Audiencia de Tarragona. La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia ratificó a principios de enero el segundo grado penitenciario para Forcadell, así como para el resto de presos condenados por el TS por el 1-O.

Sànchez y Cuixart

La Junta de Tratamiento de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), también aprobó la semana pasada que el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, puedan salir por trabajo y voluntariado en aplicación del artículo 100.2.

En el caso de Sànchez, la Junta de Tratamiento le permitió 11 horas diarias en libertad tres días laborables a la semana para un programa de voluntariado, mientras que Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para ejercer un empleo y voluntariado.

Los dos ya han tenido permiso penitenciario ordinario de 48 horas al cumplir a mediados de enero una cuarta parte de la condena a nueve años de cárcel por sedición que les impuso el TS por el proceso soberanista. Además, de ellos, el exconseller de Interior de la Generalitat Joaquim Forn, condenado por el TS a 10 años y medio, solicitó a Lledoners la aplicación del 100.2, que le permitiría flexibilizar su régimen penitenciario, sin que ello suponga modificar su segundo grado.

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ha aprobado la flexibilización del régimen penitenciario del expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que podrán salir de la cárcel tres y cinco días a la semana, respectivamente, informa Europa Press.

Según ha informado la Secretaría de Medidas Penales del Govern, se les aplicará el artículo 100.2 del reglamento penitenciario, artículo que permite flexibilizar el régimen de los presos en segundo grado, de manera que vayan incorporándose a la vida en libertad en base a su programa de tratamiento.

Así, los dos presos condenados por el Tribunal Supremo por el proceso soberanista a nueve años de cárcel por un delito de sedición podrán salir de la cárcel entre semana para trabajar y hacer programas de voluntariado.

En el caso de Jordi Sànchez tendrá 11 horas diarias en libertad tres días laborables a la semana para un programa de voluntariado, y Cuixart podrá estar en libertad cinco días entre semana, durante nueve horas y media para ejercer un empleo y voluntariado.

Los dos han tenido permiso penitenciario ordinario de 48 horas tras cumplir una cuarta parte de la condena a mediados de enero, tras ser aprobado por la Junta de Tratamiento, y están pendientes de que se aprueben sendas propuestas de permiso de tres días por parte de un juzgado de vigilancia penitenciaria.

La Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ratificó el 9 de enero la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad, para los presos condenados por el 1-O.

La Secretaría confirmó la propuesta de las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses, en Figueres (Girona) y Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona) del 11 de diciembre para los líderes independentistas encarcelados, una decisión que las juntas adoptaron sin unanimidad.

Artículo 100.2

El artículo 100.2 del reglamento penitenciario prevé que el equipo técnico pueda proponer a la Junta de Tratamiento que, respecto de cada penado, se adopte un modelo de ejecución en el que puedan combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados, siempre y cuando dicha medida se fundamente en un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado.

Se trata de una medida excepcional que depende de la Junta y necesita de una aprobación posterior del juez de vigilancia, pero que es de ejecutividad inmediata.

La Fiscalía se ha opuesto a conceder un permiso de tres días al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, para salir de la cárcel alegando su "falta de asunción de los hechos delictivos y ausencia de arrepentimiento" por el delito de sedición por el que el Tribunal Supremo (TS) le condenó a nueve años de prisión por el 1-O, según un escrito recogido por Europa Press.

La junta de tratamiento de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), propuso la semana pasada un permiso penitenciario de 72 horas para Cuixart, salida que tiene que autorizar el juzgado de vigilancia penitenciaria. De concederse, el permiso se sumaría a la salida de dos días que Cuixart realizó el 16 de enero, y que fue aprobada por el Servicio de Clasificación de la Conselleria de Justicia el 15 de enero.

El Ministerio Público se ha opuesto al permiso de 72 horas al considerarlo prematuro por el "escaso tiempo de cumplimiento en relación a la pena impuesta" y ha añadido que frustra los fines de la pena de prevención y rehabilitación. Ha argumentado que, según jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), los permisos son "posibilidades" y no derechos, y que no siempre se tienen que conceder, aunque se haya cumplido el primer cuarto de la pena y haya buena conducta.

En el caso de Cuixart, la Fiscalía ha destacado que cuando la junta de tratamiento hizo la propuesta de permiso de 72 horas "no solo no había cumplido la mitad de la condena (la misma está prevista para el 14/4/22), sino que hacía tan solo nueve días que había cumplido" el cuarto. También ha remarcado que en su turno de última palabra ante el TS, Cuixart manifestó que "lo volvería a hacer" y que no se arrepentía, y que, ya en la cárcel, ha publicado el libro Ho tornarem a fer ('Lo volveremos a hacer').

Percepción "contraria" a la sentencia

En su escrito, la Fiscalía también ha recogido informes de los profesionales de Lledoners, y ha concluido que "la percepción del interno de que los hechos no fueron violentos es contraria a los hechos declarados probados en la sentencia condenatoria y especialmente con los actos protagonizados por el mismo aprovechando su indiscutida capacidad de liderazgo" y su condición de presidente de Òmnium el 20 de septiembre de 2017.

El informe psicológico citado por la Fiscalía indica que Cuixart es "un sujeto disciplinado con las normas y creencias que están contempladas en lo que él denomina 'ley superior', el derecho moral a obedecer, estando fundamentadas estas creencias, según manifiesta, en la declaración universal de derechos humanos fundamentales".

"De lo anterior se deriva que el interno puede que reconozca los hechos recogidos en sentencia y asuma las consecuencias de ellos, pero hace su propia interpretación de los mismos, no considerando que estos sean un delito, puesto que la existencia de esa llamada 'ley superior' justifica su actuación", ha afirmado la Fiscalía.

El Ministerio Público ha alegado que resultan definitivas las manifestaciones de Cuixart que recoge el psicólogo "indicando que lo volvería a hacer en las mismas condiciones y por las mismas vías".

Òmnium defiende que Cuixart "no debe arrepentirse de nada" para obtener permisos

Òmnium Cultural ha defendido este viernes que su presidente, Jordi Cuixart, "no debe arrepentirse de nada" para obtener permisos penitenciarios. En un comunicado, la entidad soberanista ha acusado a la Fiscalía de tener un "marcado posicionamiento político y parcial", y de vulnerar derechos fundamentales.

El vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, ha sostenido que el posicionamiento de la Fiscalía "es una muestra más de esta voluntad de utilizar todos los mecanismos, incluso los antidemocráticos, para seguir vulnerando derechos fundamentales".

Ha asegurado que Cuixart tiene derecho a pedir permisos penitenciarios y no renunciará a ellos: "No nos cansaremos nunca de reivindicar los derechos fundamentales que nos corresponden, aunque esto signifique más violencia, más cárcel o más represión por parte del Estado".

Asimismo, ha apuntado que Òmnium se reafirma en el "Ho tornarem a fer" ('Lo volveremos a hacer') –el lema que utilizó Cuixart en su alegato final del juicio en el Tribunal Supremo– "ahora que la Fiscalía lo utiliza, vulnerando la presunción de inocencia de Cuixart, ya que nadie está obligado a declararse culpable, para volver a criminalizar y represaliar derechos fundamentales como el de protesta y de expresión".

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha salido este jueves a las 19.30 horas de la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), por su primer permiso penitenciario, de 48 horas, informa Europa Press.

Cuixart ha salido a pie de la prisión hacia un coche que le esperaba para trasladarle, y ha saludado sonriente a la prensa haciendo el signo de victoria con la mano antes de subirse y abandonar el centro penitenciario.

Se trata de la primera vez que el líder soberanista preso dispondrá de un permiso penitenciario, concedido por el Servicio de Clasificación de la Conselleria de Justicia de la Generalitat, tras cumplir la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo (TS) tras el juicio por el proceso soberanista.

Según ha informado Òmnium Cultural en un comunicado, durante este permiso de dos días Cuixart no tendrá agenda pública, y reitera que está haciendo uso de sus derechos que le corresponden como "preso político a los que no renunciará".

La entidad recalca que no se acogerá a ninguna medida concebida como reinserción o que implique el reconocimiento de "ningún delito basado en el ejercicio de derechos fundamentales que avalan diferentes posicionamientos internacionales".

Asimismo, hacen hincapié en que Cuixart ha entrado en prisión como presidente de Òmnium "y, si así lo quieren sus socios, saldrá como presidente de la entidad".

El Servicio de Clasificación resolvió este miércoles favorablemente la propuesta de dos días de permiso penitenciario formulada por la Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners para Cuixart, así como para el expresidente de la ANC y el diputado de JxCat Jordi Sànchez.

El expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenados por el Tribunal Supremo, han pedido este martes su primer permiso penitenciario, han informado fuentes penitenciarias a Europa Press.

El abogado de Sànchez, Jordi Pina, ya anunció la semana pasada que lo pediría este martes, cuando para ambos se cumple la cuarta parte de su condena de nueve años por sedición, dictada por el Tribunal Supremo (TS) tras el juicio por el proceso soberanista.

El letrado dijo que si Sànchez obtiene un permiso penitenciario, priorizará pasar el tiempo con su familia, y expresó su "respeto" hacia toda la gente que le apoya.

Cuixart, en una entrevista de Europa Press, afirmó este sábado que no se acogerá a ningún beneficio penitenciario, pero sí pedirá permisos porque es un "derecho" de los presos al que no renunciará.

La petición llega después de que la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ratificara el pasado jueves la clasificación de segundo grado, el régimen ordinario de privación de libertad, para todos los condenados por el proceso soberanista.

A partir de esa confirmación, los presos ya pueden pedir permisos penitenciarios al cumplir la cuarta pena de la condena, con lo que los primeros en poder solicitarlos son Sànchez y Cuixart.

La cárcel de Lledoners propone dos días de permiso

La Junta de Tratamiento del centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), ha acordado este martes una propuesta de dos días de permiso para estar fuera de prisión para el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Según ha informado la Secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de la Conselleria de Justicia, la propuesta será enviada al Servicio de Clasificación, que es el órgano con la facultad de aprobarla.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha exigido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que deje de "menospreciar" las demandas y posicionamientos del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU, que pide la liberación inmediata de Cuixart, del expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez, y del presidente de ERC, Oriol Junqueras.

"España se sitúa en el nivel de países de dudosa calidad democrática cuando hace caso omiso a las peticiones de organismos internacionales de derechos humanos", ha criticado, coincidiendo con el final del plazo de seis meses que la ONU dio al Estado para que informara sobre si habían atendido a sus recomendaciones sobre la liberación de los líderes encarcelados, ha informado Òmnium este miércoles en un comunicado.

Cuixart considera que la ausencia de respuesta de Sánchez al Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU incumple la Declaración Universal de los Derechos Humanos y "atenta contra unos derechos que afecta al conjunto de la ciudadanía".

Ha lamentado que el Gobierno "no escuche a los organismos internacionales de referencia en derechos humanos, y que tampoco haya mostrado interés en lo que dice Amnistía Internacional", por lo que ha reclamado a Sánchez que de cumplimiento inmediato a los posicionamientos de la ONU y de Amnistía sobre su liberación.

El presidente de Òmnium ha recordado a Sánchez que los Estados democráticos tienen la obligación moral de cumplir con las resoluciones de la ONU, y ha asegurado: "Es necesario que España abandone esta deriva antidemocrática".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha considerado que el incumplimiento en septiembre por parte del presidente de la Generalitat, Quim Torra, del plazo para retirar la pancarta con el lazo amarillo de la fachada de la sede del Ejecutivo catalán puede tener "relevancia penal".

En un auto de 4 de noviembre recogido por Europa Press, la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha informado sobre el caso a la Sala Civil y Penal del mismo tribunal "por si los hechos tuvieran relevancia penal". En la misma resolución, la Sala contenciosa ha rechazado el recurso de reposición que la Generalitat interpuso contra la orden del TSJC de retirar la pancarta a favor de la libertad de los líderes independentistas encarcelados.

El tribunal ha recordado que acordó la medida cautelar de retirar la pancarta a raíz de un recurso interpuesto por la entidad Impulso Ciudadano y que dio un plazo de 48 horas a Torra desde que fue requerido personalmente el 23 de septiembre, pero que el presidente de la Generalitat no quitó el cartel del balcón del Palau hasta que, expirado el plazo, se ordenó que lo hicieran los Mossos d'Esquadra.

A las 15.33 horas dos operarios retiraron la pancarta con el lazo y sobre las 18 la Generalitat colgó otraotra con el lema "Libertad de opinión y expresión. Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

Libertad de expresión y neutralidad

Precisamente, el derecho a la libertad de expresión de Torra fue alegado en el recurso que presentó la administración catalana contra la orden del TSJC de retirar el lazo, pero la Sala contenciosa del tribunal ha considerado provisionalmente que hay que mantener la medida cautelar de retirada de la pancarta porque suponía "el mantenimiento, con vocación de permanencia, de un mensaje no neutral en el edificio público concernido –el Palau de la Generalitat–".

Impulso Ciudadano invocó el respeto al principio de neutralidad institucional para solicitar la retirada de la pancarta, y el TSJC ha considerado que Torra puede ejercer su derecho a la libertad de expresión "en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación".

El auto del TSJC contiene un voto particular concurrente de un magistrado que considera que corresponde la medida cautelar de retirada de la pancarta, pero que la discusión sobre el derecho a la libertad de expresión de Torra y la neutralidad de las instituciones no se tendría que tratar en esta fase del procedimiento.Impulso ciudadano

En un comunicado, Impulso Ciudadano ha afirmado que la historia se repite –Torra ya fue juzgado el lunes por presunta desobediencia en marzo a la Junta Electoral Central (JEC) con la pancarta– y ha lamentado que el presidente de la Generalitat "haya adoptado como fórmula de gobierno la desobediencia a las instituciones y a los tribunales, actitud impropia de un gobernante democrático", por lo que le ha pedido que abandone el cargo.

"Su comportamiento hostil hacia los catalanes constitucionalistas, hispanofóbico, contemporizador con la violencia política y contrario a la separación de poderes le inhabilita para ello", ha remarcado la entidad.

Torra recrimina al TSJC que le investigue en vez de pedir la libertad de Cuixart y Sánchez

  El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha recriminado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que haya considerado que el incumplimiento de retirar la pancarta con el lazo amarillo en septiembre puede tener relevancia penal, y ha afirmado que lo que debería hacer el tribunal es pedir la libertad del presidente de ÒmniumJordi Cuixart, , y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez como pide Amnistía Internacional.

"Lo que debería hacer el TSJC, después del informe de Amnistía Internacional, es instar al Tribunal Supremo la inmediata puesta en libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y pedir la nulidad de la sentencia por sedición", ha defendido en un tuit recogido por Europa Press.

Amnistía Internacional ha criticado este martes que, en la sentencia del 1-O, el Tribunal Supremo ha hecho una "interpretación excesivamente amplia y peligrosa" del delito de sedición, que considera que está definido de forma vaga en el Código Penal.

La organización ha hecho pública esta martes su valoración sobre la sentencia y el juicio al 1-O en una rueda de prensa en Barcelona, en la que también ha afirmado que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, deben ser puestos "en libertad de forma inmediata y sus condenas deben ser anuladas".

Asimismo, Amnistía Internacional ha afirmado que la vaguedad de la definición del delito de sedición permite imponer restricciones al derecho de libertad de expresión y de reunión, y "pone en cuestión las condenas por sedición impuestas a los dirigentes políticos", en referencia a los excargos que también han sido condenados.

Los Servicios Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña tienen en su mano conceder desde el próximo mes de enero los primeros beneficios penitenciarios a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados a nueve años de prisión por el Tribunal Supremo. Oriol Junqueras, que es quien tiene la condena más alta –13 años–, podrá acceder a estos permisos a partir de enero de 2021.

A los condenados a entre 13 y nueve años de prisión hay que descontarles el tiempo que llevan en prisión preventiva, desde el 16 de octubre de 2017 en el caso de los Jordis y desde el 2 de noviembre de ese año para el resto de penados.

De esta forma, según los cálculos realizados por fuentes jurídicas y penitenciarias consultadas por Europa Press, Junqueras puede tener los primeros beneficios aproximadamente en enero de 2021; Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, en noviembre de 2020; Carme Forcadell, en julio de 2020; Joaquim Forn y Josep Rull, en mayo de 2020; y Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en enero de 2020.

Al encontrarse los nueve presos en cárceles de Cataluña, será la Administración catalana –los Servicios Penitenciarios dependen de la Consejería de Justicia– quien valide las propuestas individualizadas que hagan las juntas de tratamiento, que se rigen por la misma ley orgánica y régimen penitenciario que en el conjunto de España.

Sin periodo de seguridad

El Tribunal Supremo ha rechazado aplicar a los condenados por el procés independentista en Cataluña el artículo 36.2 del Código Penal, que supondría que tengan que cumplir la mitad de la pena impuesta para poder acceder al tercer grado, tal y como solicitó la Fiscalía durante su exposición de conclusiones finales en el juicio contra los doce líderes independentistas.

Según explican a Europa Press diversas fuentes jurídicas y penitenciarias, esto valida a la Generalitat tanto a conceder el primer permiso penitenciario una vez completado la cuarta parte de la condena como a clasificar directamente con un tercer grado –régimen de semilibertad– a los penados, "sin límite temporal ninguno ni tener que ser clasificados antes en segundo grado".

Estas fuentes precisan que el alto tribunal ha rechazado aplicar el conocido como "periodo de seguridad", que es como se conoce a la potestad del juez o el tribunal para ordenar que la clasificación de tercer grado no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de las penas cuando la duración de la misma sea superior a cinco años, como es el caso de los líderes del procés, condenados a entre 13 y nueve años de prisión.

La Fiscalía puede recurrir ante el juez de Vigilancia los beneficios penitenciarios que se conceda a los presos, pero el recurso en sí mismo no paraliza su concesión hasta que no haya nueva resolución judicial, como ocurrió, por ejemplo, con el tercer grado de Oriol Pujol. Las citadas fuentes cuestionan que el recurso del Ministerio Público pueda tener recorrido ya que el Supremo explica al rechazar el artículo 36.2 que, una vez que han sido inhabilitados –también a entre 13 años y ocho meses– no existe riesgo de que los políticos vuelvan a cometer el mismo delito ejerciendo un cargo público.

Desde el tercer grado a las salidas tratamentales

También subrayan estas fuentes que los Servicios Penitenciarios no tienen limitación, más allá del régimen penitenciario y la ley orgánica, para aplicar diferentes posibilidades para hacer efectivo un régimen de semilibertad por la concesión del tercer grado, que va desde la salida de prisión durante el día a disponer de una pulsera telemática para cumplir la condena desde tu domicilio.

Si se opta por la clasificación en tercer grado, el preso puede disponer de permisos un máximo de 48 días al año. Si la clasificación inicial es en segundo grado, esta cifra se reduce hasta los 36 días de máximo al año. Los días se reparten en bloques que no pueden superar los siete días seguidos.

También existen posibilidades para flexibilizar la situación en prisión en aplicación de los artículos 100.2 (que mezcla ventajas del tercer grado aun estando clasificado en segundo grado) y 117, que fue el que se aplicó a Iñaki Urdangarin para abandonar dos veces a la semana la prisión en lo que se conoce como salidas tratamentales en ONG o centros adscritos.

La sentencia tiene que llegar a las prisiones

Cuando la sentencia del Tribunal Supremo llegue a las cárceles catalanes empezará a contabilizarse el tiempo por el que, con un máximo de dos meses, las juntas de tratamientos tienen que proponer la clasificación de grado de forma individualizada para cada uno de los penados.

Los nueve líderes políticos condenados este lunes por delitos de sedición y malversación se encuentran desde junio, cuando concluyó el juicio en el Supremo en cárceles catalanas. En concreto, en Lledoners (Barcelona) se encuentran los exconsejeros Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Joaquim Forn, y también los representantes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La exconsellera de Trabajo Dolors Bassa se encuentra en la cárcel Puig de les Basses de Figueres (Girona) y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell en la de Mas d'Enric de El Catllar (Tarragona).