Mientras corren, y luego se desmienten, los rumores sobre un posible interés del BBVA en comprar Bankia, Unidos Podemos llevó al Congreso una propuesta para conservar el banco en poder del Estado y convertirlo en el núcleo de una renovada y más potente banca pública. También el PSOE ha resucitado la idea de una banca pública que garantice tanto el crédito para inversiones a largo plazo como el crédito social.

En España la banca pública se redujo al Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde que Argentaria, fruto de la fusión en 1991 del Banco Hipotecario, Banco de Crédito Local, Banco de Crédito Industrial, Banco de Crédito Agrícola, Caja Postal y Banco Exterior, fue privatizada y terminó fusionándose con el Banco Bilbao Vizcaya en 1999. Francisco González fue el último presidente de Argentaria y el primer copresidente, junto a Emilio Ybarra, del recién nacido BBVA.

Tras la crisis financiera de 2008 y la consiguiente restricción del crédito que padeció la economía española, han vuelto, aunque tímidas, las voces que reclaman el regreso de una banca pública con más músculo del que tiene ahora el ICO. Bankia fue rescatada con dinero público, un mínimo de 22.424 millones según las cifras oficiales del Banco de España, con la idea de devolverla al sector privado antes del diciembre de 2019. Al menos así queda recogido en el Memorando de Entendimiento (MoU) firmado con Bruselas. Sin embargo, los bajos índices de rentabilidad del negocio bancario lastran su cotización bursátil, por lo que la venta de las acciones de Bankia se retrasa día a día a la espera de que el mercado se anime. Por el momento, se han colocado sólo dos paquetes de acciones, el primero en febrero de 2014, un 7,5% del capital, por importe de 1.300 millones de euros, y el segundo, el 12 de diciembre pasado, un 7%, por menos dinero, 818,3 millones de euros. El 18 de abril el presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, admitió en el Congreso que no tiene “ninguna ansiedad” por vender Bankia y se empieza a hablar de retrasar a 2020 la fecha límite en busca de un repunte de las acciones en el parqué.

En ese escenario el Congreso debatía sobre la conveniencia de dejar Bankia en el sector público –el Estado sigue poseyendo casi el 61% de las acciones del banco presidido por José Ignacio Goirigolzarri–, fusionarla con el ICO y convertir ambos en una renovada banca pública que financie proyectos de infraestructuras e industriales, facilite el acceso a la vivienda y ofrezca “un sistema de depósitos seguro y a bajo coste”. La proposición no de ley fue rechazada por la Comisión de Economía.

“En otros países europeos existen bancos públicos con cuotas de mercado de entre el 15% y el 25%”, responde Bruno Estrada, director de Estudios y Proyectos de la Fundación Primero de Mayo de CCOO y miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Madrid. En Francia, la Caisse des Dépôts, la Banque Postale y la Banque Publique d'Investissements (BPI) son públicos. Este último invierte en sectores industriales considerados estratégicos, explica Estrada. Alemania cuenta con una banca pública regional, dependiente de los Länder. En Italia, a la Banca Posta y la Cassa Depositi e Prestiti se le unió en 2011 el Fondo Strategico Italiano, que imita la política de inversión industrial del BPI francés. En Holanda, el Bank Nederlanse Gemeenten es la cuarta entidad del país por volumen de activos. Hasta en Dakota del Norte, destaca Estrada, existe un banco público donde la administración estatal está obligada por ley a depositar todos sus ingresos y cuya misión es impulsar la economía del Estado.

Contra la concentración bancaria

Aunque el economista de CCOO no cree que España pueda ni deba imitar el modelo alemán, por ejemplo, sí aconseja renegociar el MoU con la Unión Europea, mantener el control estatal sobre el 51% de Bankia y dar un “papel más activo” al ICO. “El ICO carece de capacidad ni personal suficientes para gestionar las líneas de crédito, tiene que firmar acuerdos con las entidades bancarias para hacerlo”, lamenta Estrada. En esa queja coincide con Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario entre 1985 y 1994. “El ICO tiene ahora un papel muy limitado en la economía española, pinta muy poco”. Representa el 2% del crédito, cuando hasta los años 90 llegó al 15%.

Ambos defienden la existencia de un “segmento público” en el sector financiero también como forma de contrarrestar la creciente concentración bancaria. Tras la absorción del Popular por el Santander y de BMN por Bankia, “las cinco mayores entidades controlan el 70% de la actividad bancaria en España”, recuerda Bruno Estrada. Según el informe anual que acaba de publicar el Banco de España, si se le añade el negocio de estos cinco bancos en el extranjero, esa cuota es aún mayor: el 81,5%, cuando en 2008, antes de explotar la crisis, no pasaba del 49%. “La concentración redunda en un empeoramiento de las condiciones que se ofrecen a los clientes, además de que la concentración provoca exclusión bancaria: cada vez más núcleos de población se quedarán sin sucursales”, apunta Julio Rodríguez.

Para el expresidente del Hipotecario, rechazar la banca pública por anacrónica es una postura “muy ideológica”. Por su parte, Bruno Estrada destaca el elevado coste  que el rescate de Bankia ha tenido para el contribuyente y aboga por añadir “criterios sociales” a los “de mercado” en las líneas de actuación de la banca. Por ejemplo, “un comportamiento diferenciado en las hipotecas”: “Si ofreces mejores condiciones a los particulares en estos créditos pequeños obligas a la banca privada a mejorar las suyas y así mejoras las condiciones del crédito en general, introduciendo más competencia en un mercado cada vez más concentrado”, asegura.

Al tiempo, Estrada defiende que se mantenga la parte de Bankia que ya está en manos privadas. “Ayuda a disciplinar la gestión en términos de eficacia económica”, sostiene, “supone un control de la gestión pública que evitará lo ocurrido en las cajas de ahorros”.

Vivienda sí, infraestructuras no

También Julio Rodríguez ve con buenos ojos que Bankia se quede en el sector público, o bien se refuerce el ICO, con la mira puesta en promover la vivienda en alquiler. “España carece de un parque público de vivienda social para alquiler y los bancos privados no están dispuestos a financiar promociones sobre suelo cedido por los ayuntamientos”, lamenta Rodríguez, quien cree que ahí debería estar un ICO que preste directamente, en lugar de a través de los bancos privados como hace ahora, y “capte dinero también directamente de los mercados”. “O una Bankia que desarrolle determinadas líneas que sugiera el Gobierno con condiciones algo mejores que las privadas, pero sin poner en peligro su cuenta de resultados”, ofrece.

Eso sí, a diferencia de Estrada, desaconseja que la banca pública imite a la francesa invirtiendo en infraestructuras. “Para eso es mejor la financiación presupuestaria, los préstamos tienen costes muy altos y terminan siendo ruinosos”, advierte el expresidente del Hipotecario.

Julio Rodríguez recuerda que en su época “el crédito oficial funcionaba bien”. “El Banco Hipotecario tenía 500 empleados [el ICO cuenta con 300 trabajadores], unos beneficios de 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros] y el 40% de la vivienda pública oficial en su cartera”, presume. Aunque, para mejorar su experiencia, Julio Rodríguez pide que una posible nueva banca pública sea sometida a un “seguimiento muy estrecho” por parte del Parlamento y que la elección de sus directivos sea tan estricta “como la que se hace con los del Banco de España”.

“La banca pública ya está inventada y no funcionó”

Por el contrario, José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, responde que “no tiene sentido” ni recuperar la banca pública ni que ésta sea Bankia. “La banca pública ya está inventada y no funcionó”, apunta en dirección a las cajas de ahorro. “Fueron el reflejo de lo que pretendía ser la banca pública, sus inversiones fallidas eran inversiones dirigidas por los gobiernos, las terras míticas y similares…terras míticas”, mantiene. Aunque se trataba de entidades privadas, las cajas de ahorro “por gobernanza sí tenían objetivos públicos”, critica García Montalvo, “por ejemplo, invertir en parques de atracciones porque de ello dependía el futuro de una comunidad autónoma era un objetivo del político de turno, que luego resultó que se equivocaba o que tenía incentivos perversos para financiar cosas que no tenían sentido”.

A su juicio, la banca pública sólo es necesaria cuando se sufre un problema general de falta de financiación, como ocurrió durante la crisis, o si hay algún sector o actividad en particular cuyo desarrollo interesa al Estado y no tiene otra forma de conseguir dinero más que recurrir al ICO. Pero en estos momentos, resalta el economista de la Pompeu Fabra, los tipos de interés están lo suficientemente bajos como para que la ayuda pública sea innecesaria. Es más, “ahora faltan empresas que pidan financiación, los bancos querrían prestar más, pero con la crisis las grandes compañías han huido de la financiación bancaria y se han lanzado a emitir bonos”.

García Montalvo replica también que las entidades privadas seleccionan mejor los sectores financiables que el Estado. Rechaza “el dirigismo industrial”. “No funciona bien”, continúa, “en Cataluña ha habido mucho y ha sido desastroso”.

Del ICO alaba el apoyo que prestó a las pymes durante la crisis, cuando se les cerró el grifo de la financiación, pero critica los préstamos Renta Universidad, que han dejado entrampados a miles de estudiantes que los pidieron para cursar másters entre 2009 y 2011. “La banca pública debe ser complementaria de la privada y dedicarse a financiar cosas muy concretas en las que los bancos privados no entran porque son muy arriesgadas pero importantes desde el punto de vista estratégico”, precisa. Y en ese campo limitado “no hay papel para Bankia”, subraya: “Si quisiera hacer una banca pública, yo no haría una Bankia”. Según explica, la entidad rescatada “tiene una estructura y una determinada concentración geográfica que no encajarían en la banca pública”. Tampoco para financiar proyectos de vivienda. “Eso ya se hace en los planes estatales de vivienda, que utilizan a los bancos privados: se ofrecen tipos más bajos y la diferencia la paga el Estado”, descarta.

Sobre lo que ninguno de los economistas consultados se atreve a conjeturar es la fecha adecuada para vender Bankia. Bruno Estrada rechaza de plano la privatización, Julio Rodríguez advierte de que la idea de vender “como sea” antes de dos años perjudicará irremediablemente el precio y José García Montalvo teme por un sector bancario en serio peligro ante la amenaza de Google, Amazon y las fintech. “Vender Bankia para recuperar todo lo invertido en el rescate es una quimera, por mucho que mejore el mercado; el objetivo será conseguir el máximo posible”, se resigna.

El hasta ahora ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, es el segundo ministro que menos tiempo duró como encargado de una cartera ministerial en toda la democracia española al permanecer en el puesto menos de tres meses como consecuencia de la aprobación de la moción de censura presentada por el PSOE contra el Gobierno de Mariano Rajoy, informó Europa Press.

Con apenas 85 días de mandato al frente de Economía, Escolano es el segundo ministro más breve de la democracia española, solo por detrás del exministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, José Luis García Ferrero, que fue nombrado por Leopoldo Calvo-Sotelo y ejerció la mayor parte de su mandato en funciones durante 81 días, entre el 13 de septiembre de 1981 y el 2 de diciembre de ese mismo año.

El casi récord de poca duración de Escolano como ministro contrasta con el de su compañero en el Consejo de Ministros, Cristóbal Montoro, hasta ahora el ministro de Hacienda y Función Pública, cargo que ya había desempeñado entre los años 2000 y 2004 con el Gobierno de José María Aznar, y desde el año 2011 bajo el Ejecutivo de Mariano Rajoy, lo que le convierte en el ministro que más tiempo se ha encargado de las funciones de la cartera de Hacienda.

El nombramiento de Escolano, exvicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), fue publicado en el BOE el 8 de marzo y ese mismo día juró su cargo ante el rey Felipe VI como nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, en sustitución de Luis de Guindos, tras su elección para la Vicepresidencia del BCE, cuyo mandato iniciará precisamente este mismo viernes.

Un día más tarde, el pasado 9 de marzo, Escolano tomó posesión y marcó como prioridades de su departamento la estabilidad presupuestaria, la continuidad de las reformas y la apertura al exterior, así como un impulso a la internacionalización de las empresas españolas y a la integración de España en la Unión Europea.

Escolano es una persona cercana a De Guindos, ya que con él como ministro fue designado presidente del ICO entre 2012 y 2014 y fue el propio exministro el que propuso su nombramiento como vicepresidente del BEI en 2014. Además, trabajó con los gobiernos del PP de José María Aznar y de Mariano Rajoy.

Tras su elección, Escolano asumió la cartera en un momento en el que la economía cerró 2017 con un crecimiento del 3,1% del PIB y una creación de más de 600.000 puestos de trabajo, tras haber sorteado el impacto de la crisis política en Cataluña. Escolano abandona ahora el Ministerio de Economía con una previsión de crecimiento del 2,7% para 2018 y una creación de empleo de más de 430.000 puestos de trabajo.

A pesar de que no le dio poco tiempo de poder llevar acabo reformas estructurales de calado y nuevas normas, Escolano cerró el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, antes de su marcha.

En estos casi tres meses al frente del Ministerio de Economía, Escolano mantuo encuentros con varios dirigentes internacionales, como el ministro de Finanzas de Portugal y presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, y ha asistido a encuentros del G-20 y del Ecofin.

Además, presentó el nuevo cuadro macroeconómico que mejoró las previsiones económicas del Gobierno al elevarlas al 2,7% este año y pronosticar la creación de 475.000 empleos este año, que cerrará con una tasa de paro del 15%. Para 2019 augura un alza del 2,4% y del 2,3% para los dos siguientes ejercicios.

Al Consejo de Ministros llevó también en este tiempo la remisión a las Cortes del proyecto de ley de distribución de seguros y reaseguros privados o el anteproyecto de ley de servicios de pago, entre otros.

El Gobierno nombrará Pablo Hernández de Cos, actual director como nuevo gobernador del organismo supervisor, en sustitución de Luis María Linde, cuyo mandado finaliza el 8 de junio tras seis años al frente de la institución, según informaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, propondrá el nombre de Hernández de Cos para sustituir a Linde durante su comparecencia ante la Comisión de Economía del Congreso a las 11.00 horas de este martes.

Fuentes de Economía destacaron que se trata de un "excelente" candidato al puesto de gobernador debido a su "gran capacitación técnica", en particular en asuntos bancarios y monetarios, su "independencia política", y su "experiencia y prestigio" en el Banco de España y en el Banco Central Europeo (BCE).

Hernández de Cos es titulado del Servicio de Estudios del Banco de España y en la actualidad ocupa el cargo de director general de Economía y Estadística. En el BCE ha ocupado diferentes cargos desde el año 2000 y desde 2015 ejerce como alterno del actual gobernador en el Consejo de Gobierno.

"La voluntad del Gobierno ha sido realizar un nombramiento basado en la profesionalidad, la independencia y el mérito del candidato, lo que queda respaldado por el currículum y trayectoria de Hernández de Cos", destacaron desde Economía.

De esta forma, las mismas fuentes subrayan que se han respetado los criterios pactados con la oposición para que se trate de una persona con méritos profesionales, independiente y de perfil técnico, en un contexto en el que se han ido complicando las negociaciones tras el anuncio de la presentación de la moción de censura a Mariano Rajoy por parte del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Por su parte, el nombramiento del nuevo subgobernador del organismo queda por ahora pendiente para una fase posterior.

Dilatada experiencia y perfil técnico

Pablo Hernández de Cos (Madrid, 1971) es doctor en Economía por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por Cunef y licenciado en Derecho por la UNED. Inició su carrera profesional en 1997 en el Banco de España, donde ingresó como titulado del Servicio de Estudios y trabajó en sus Departamentos de Estudios Monetarios y Financieros y de Coyuntura y Previsión Económica.

En 2004 se trasladó a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Francfort, donde desempeñó el cargo de asesor del consejo ejecutivo del BCE. En su regreso a España en el año 2007 fue nombrado jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas del Servicio de Estudios del Banco de España, puesto que ejerció hasta el año 2015.

Asimismo, ha sido miembro del Grupo de Envejecimiento de la Población y Sostenibilidad y del Comité de Política Económica del Consejo Ecofin de la Unión Europea, así como del Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas del BCE. Entre 2010 y 2015 desempeñó la Presidencia de este Grupo de Trabajo, bajo la dependencia del Comité de Política Monetaria.

En julio de 2013 fue nombrado por el Gobierno español miembro de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, cuyo informe se presentó en marzo de 2014. Ha sido profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Empresa (IE).

En 2015 fue nombrado director de Economía y Estadística del Banco de España, cargo que ha desempeñado hasta la fecha junto al de alterno al gobernador en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo; miembro del Consejo Superior de Estadística de España, del Patronato del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Cemfi) y del Patronato y la Comisión Ejecutiva de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Igualmente, desde 2016 es miembro del Consejo del International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB) y desde 2017 también miembro del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea.

Como, aun así, quedará por debajo del objetivo del 3%, Bruselas avala el proyecto de Presupuestos porque entiende que el déficit se corregirá “de manera oportuna”. La Comisión reprocha al Gobierno que haya elaborado unas cuentas “expansivas”, basadas únicamente en la confianza de que el ciclo alcista de la economía mejorará el déficit, y le “invita” a preparar “medidas adicionales dentro de la tramitación presupuestaria” para garantizar que el proyecto de ley cumple con el Pacto de Estabilidad.

Tampoco la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cree que España cumpla la senda de déficit no sólo este ejercicio sino igualmente en los próximos tres años. Este miércoles difundió su propio informe sobre el Programa de Estabilidad actualizado, donde tacha de “improbable” el cumplimiento del déficit hasta el 0,1% del PIB en 2021 tal y como prevé el Gobierno. Para ello, debería recortarse el gasto público en un 2,4% del PIB, lo que a juicio de la AIReF también “resulta muy improbable” porque no está “sustentado en medidas con un grado de concreción suficiente”.

La Comisión destaca que las últimas medidas tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy, desde las bajadas de impuestos hasta la subida de salarios para los funcionarios y el aumento de las pensiones pactado con el PNV, elevarán el déficit un 0,4% del PIB este año y un 0,1% en 2019. En concreto, la mejora de las pensiones mínimas en un 3% y del resto en un 1,6% en 2018 y un 1,5% en 2019 equivale a un aumento del gasto público del 0,2% del PIB en ambos ejercicios. Que sólo se sufraga “en parte” con la recaudación del impuesto a las tecnológicas que el Gobierno ha prometido crear antes de acabar este mismo ejercicio. La previsión de Hacienda es ingresar con esa tasa Google 600 millones este año y 1.500 millones el próximo. También pretende pagar el gasto adicional en pensiones mediante el ahorro en el pago de intereses de la deuda pública y con un menor pago de indemnizaciones por las autopistas de peaje quebradas, unos 200 millones menos de los 1.800 inicialmente previstos.

Sobre la subida de las pensiones también tiene su reproche la Comisión. Según resalta, que el Gobierno haya dejado en suspenso el Índice de Revalorización (IRP) del 0,25% y optado por elevar las prestaciones al ritmo de la inflación prevista, así como por retrasar la aplicación del Factor de Sostenibilidad a 2023, “pone en duda el compromiso [del Ejecutivo] con las reformas” de 2011 y 2013. Bruselas defiende ambas porque, a su juicio, ayudaron a “garantizar la sostenibilidad y la relativa suficiencia de las pensiones en el largo plazo”. Este mismo martes, el ministro de Economía, Román Escolano, negó que el retraso del Factor de Sostenibilidad y la suspensión durante dos años del IRP supongan una “marcha atrás” en la reforma de 2013 de las pensiones y aseguró que la revalorización pactada con el PNV es “excepcional”, un aumento “extraordinario” con el que se trata de “hacer llegar el crecimiento económico a los pensionistas”.

El lastre del paro y el abuso del empleo temporal

Pero la desconfianza sobre las pensiones no es la única crítica que lanza Bruselas a España en sus análisis. Entre los “desequilibrios macroeconómicos” reseñados, el Consejo cita la deuda pública y privada y el alto nivel de desempleo. “A pesar del fuerte crecimiento del PIB nominal, la deuda pública sólo se reduce lentamente”, apunta. La Comisión, por su parte, corrige el objetivo de deuda del Gobierno para este año, el 97% del PIB, elevándolo seis décimas.

Cuando Bruselas pasa al detalle, el panorama que pinta, un año más, es poco aleccionador. Destaca que aún en 2019 España tendrá una de las tasas de paro más elevadas de la Unión Europea, lo que a su vez frenará los salarios y dejará la inflación por debajo del 2%. También se mantendrá el subempleo. No puede ser de otra manera si, además, España tiene el récord de empleo temporal en la UE. Los contratos no sólo tienen fecha de caducidad sino que, además, son muy breves, no suelen traducirse en un contrato indefinido y su uso se extiende incluso a los sectores donde la actividad no es estacional o cíclica, señala el informe. “Impiden que crezca la productividad, dan derecho a menores prestaciones y aumentan el riesgo de pobreza”, según la descripción del Consejo, que critica por ineficaz el actual sistema de incentivos a la contratación indefinida.

Igualmente se sitúa por encima de la media europea el porcentaje de personas que en España están en riesgo de pobreza y exclusión, lamenta Bruselas. No sólo vincula el empleo temporal y a tiempo parcial con los “trabajadores pobres”, sino que también subraya que las prestaciones sociales, exceptuadas las pensiones, son menos eficaces que en el resto de la UE y su impacto, además, se reduce cada año: rentas mínimas autonómicas y de inserción, ayudas familiares… “Muchas personas que las necesitan no las reciben”, apunta el Consejo. Su cobertura es baja y desigual.

Bruselas recuerda que en agosto de 2016, cuando estrechó la vigilancia sobre la economía española para que cumpliera el objetivo de déficit, pidió al Gobierno que tomara medidas para fortalecer sus leyes fiscales y de contratación pública. Sin embargo, casi dos años después, la Comisión lamenta que el proyecto de Presupuestos “no mencione la revisión de la regla de gasto de la Ley de Estabilidad”, ni incluya medidas para aumentar “los mecanismos automáticos” de esa norma “para evitar y corregir desviaciones de los objetivos fiscales”. Además, la Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado mes de marzo, sólo tendrá éxito si se toman decisiones “ambiciosas” para desarrollarla, asegura el documento.

El Gobierno está negociando ya el nombre de la persona de "perfil técnico" que sustituirá en el puesto al actual gobernador del Banco de España, Luis María Linde, que dejará la vacante en el organismo dentro de un mes, así como otros altos cargos de la institución, según confirmaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la negociación.

El Ministerio de Economía, con Román Escolano al frente, inició ya los primeros contactos con los grupos parlamentarios para tantear los nombres de la persona que relevará como gobernador del organismo supervisor a Linde, cuyo mandato concluye el próximo 8 de junio.

Fuentes del departamento de Economía explicaron a Europa Press que el Gobierno busca que el hombre o mujer que sustituya a Linde al frente del Banco de España sea una persona de perfil "técnico" y que cuente con "aceptación generalizada".

Otro de los requisitos deseables para la persona que ostentará el cargo de gobernador del Banco de España durante los próximos seis años es el de un perfil europeo, dado que desde la creación del Banco Central Europeo (BCE), el organismo supervisor participa, junto al resto de instituciones homólogas de la zona euro, en la definición de la política monetaria.

Ciudadanos se descarta

El Ejecutivo inició los contactos con voluntad de diálogo y se puso en contacto con los principales grupos de la oposición, si bien la negociación se habría centrado en el PSOE ante el rechazo de Ciudadanos a formar parte de la elección por su disconformidad con el sistema de nombramiento, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

Precisamente desde Ciudadanos confirmaron a Europa Press que los conservadores se pusieron en contacto con la formación naranja para hacerles partícipes de la negociación, con un primer planteamiento que pasaría por que el PP eligiese al nuevo gobernador de la institución, el PSOE al subgobernador y Ciudadanos a uno de los consejeros que también tendrán que ser designados en el proceso de renovación de la cúpula del organismo.

Sin embargo, el partido de Albert Rivera rechazó este sistema de nombramientos, ya que, según explicó su propio líder, se opone a que el bipartidismo "decadente y agonizante" del PP y el PSOE negocie entre sí para nombrar "a dedo" a la nueva cúpula.

Rivera criticó que el nuevo sistema de nombramientos que su partido propuso hace más de un año en el Congreso basado en la "meritocracia" no se esté aplicando por falta de apoyos y aseguró que desde el PP les trasladaron que no tienen intención de aprobar dicha ley ante su petición de que se tramitase urgentemente.

Luis María Linde fue nombrado por el Gobierno en junio de 2012 como gobernador del Banco de España en sustitución de Miguel Fernández Ordóñez y abandonará el próximo mes de junio su mandato, tras seis años al frente del cargo en los que se produjo el rescate y saneamiento del sector bancario en España.

Los retos de la nueva cúpula

Recientemente, Linde aseguró no tener "ni idea" de quien será su sustituto, aunque indicó que le parecería "muy bien" que fuese una mujer, y valoró que la estructura actual del organismo supervisor es "correcta" y está "bien organizado", a pesar de que "no está acabado del todo", toda vez que se creó "quizás tarde" la Dirección General Adjunta de Innovación Financiera e Infraestructuras de Mercado.

Linde defendió que el Banco de España es "una gran institución española" y una entidad pública a la que hay que "exigir cosas, pero también cuidarla", si bien reconoció no estar "muy contento" con la presencia del organismo en el ámbito monetario, al verla "mejorable", ya que, a su juicio, cuenta con una presencia que no se corresponde con su tamaño e importancia en el sistema.

De esta forma, uno de los retos de la nueva cúpula será potenciar la presencia e influencia del Banco de España en materia monetaria en la zona euro, en un contexto en el que los tipos podrían empezar a subir en la segunda mitad de 2019 y con un español, el exministro de Economía, Luis de Guindos, que iniciará su mandato como vicepresidente del BCE el próximo 1 de junio para un periodo de ocho años.

Para el todavía gobernador del Banco de España el sistema financiero español está en una posición "bastante más sólida" que hace unos años, aunque "todo es mejorable" y debe seguir reforzando su capital y su potencia ante la posibilidad de una nueva crisis.

La nueva cúpula del organismo tendrá que desarrollar su actividad en un contexto en el que se podrían producir nuevas fusiones bancarias y buscar la materialización de operaciones corporativas transfronterizas que permitan reducir el exceso de capacidad del sector financiero y ayuden a las entidades a mejorar su eficiencia operativa y, por ende, su rentabilidad.

También tendrá que hacer frente a un panorama basado en la digitalización del sector y el cierre de oficinas, así como la privatización de Bankia.

El ministro de Economía, Román Escolano, ha anunciado que el Gobierno quiere presentar "cuanto antes" el nuevo impuesto digital a las empresas tecnológicasnuevo impuesto digital para que entre en vigor en el año 2019 y ha pedido el apoyo a esta nueva tributación al resto de grupos parlamentarios, informa Europa Press.

Así lo ha manifestado este sábado Escolano en rueda de prensa tras el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), que se ha celebrado en Sofía (Bulgaria), donde ha señalado que la nueva área de tributación, que es uno de los temas "más importantes" para la "inmensa mayoría" de los Estados Miembros, tiene que ser "objeto de soluciones a corto plazo" en el marco de la Unión Europea.

En este sentido, ha hecho hincapié en que con esta nueva tributación España se sumaría a los principales países europeos que "ya tienen estas figuras", y ha asegurado que "no tiene sentido" que la tributación y el sostenimiento de las cargas públicas "sólo recaiga en la vieja economía".

Además, ha subrayado que el Ministerio de Hacienda ha empezado a trabajar en la definición de una figura "a la mayor brevedad". "Nuestra idea es que tenga una tramitación lo más rápida posible, que durante este años se produzca la remisión de la propuesta de esta nueva figura tributaria", ha precisado Escolano, al tiempo que ha apuntado que "no debería haber divisiones políticas importantes", apelando al "mayor consenso posible".

Precisamente, el ministro de Economía ha defendido que, aunque la unanimidad es "siempre compleja", el acuerdo político entre los países es "suficientemente importante" como para pensar que "se puede crear una dinámica política que llegue al acuerdo".

"La inmensa mayoría de los países están a favor de este tipo de definiciones de la nueva figura tributaria. Todavía no contemplamos la opción de la cooperación reforzada, sino que confiamos en un acuerdo", ha manifestado.

En referencia a las pensiones, Escolano ha señalado que el Pacto de Toledo "tiene que ser un pacto de todos", porque un sistema tan a largo plazo como las pensiones "sobrepasa el ciclo político". "Otros colegas europeos han comentado que ojalá tuvieran en sus países algo similar al Pacto de Toledo", ha comentado.

Asimismo, ha destacado que el incremento de pensiones que se ha anunciado para el año 2018 y 2019 está unido a un incremento de ingresos. "El efecto mantenido sigue siendo el objetivo del 2,2%, porque pensamos que ingresos y gastos estarán compensados. No hemos retocado el cuadro y la senda de reducción de déficit es la misma", ha concluido Escolano.