La Camorra, junto a la Cosa Nostra, fue la primera organización criminal internacional en instalarse permanentemente en España. Y esos retales se mantienen en el tiempo: su expansión por el país es una realidad bien conocida por la Dirección de Investigación Antimafia de Italia y por cualquier operador jurídico italiano relacionado con esa lucha. Y uno de sus enclaves predilectos está, como se ha visto en muchas ocasiones, en las Islas Canarias.

Cada pocos meses, cualquier tipo de operación contra algún clan mafioso en Italia tiene repercusiones en España. Entra dentro de la normalidad: hay tantos intereses para blanquear el dinero de la droga, la extorsión y los contratos públicos que manejan los clanes mafiosos que lo raro sería no cazar a algún mafioso en territorio español.

Algunas veces se detiene a algún despistado que ha llegado de vacaciones, pero una gran mayoría son fugitivos que residen continuamente en España y que están protegidos por las redes de los distintos clanes mafiosos, que ofrecen cualquier tipo de cobertura para lograr esquivar a la justicia italiana.

Esta semana, la División de la Dirección Antimafia de Nápoles volvió a atacar al temible Clan Casalesi de la Camorra de Caserta, liderado por el histórico capo Michele Zagaria. Coordinaron la investigación con el ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) de los Carabinieri, el grupo de élite que, entre otras cuestiones, se encarga de combatir a la mafia en Italia.

Es uno de los cuerpos con mejores técnicas policiales del mundo y, por lo tanto, uno de los que mejor conocen cómo funciona un clan mafioso. Ellos son los que trabajan mano a mano con la Policía Nacional o la Guardia Civil española si se detecta que hay un objetivo de alto valor en nuestro país.

Uno de los 23 detenidos en esta importante operación fue arrestado en Tenerife. Se trata de Filippo Capaldo, un mafioso según la Dirección de Investigación Antimafia italiana y que desde 2022 se reconvirtió en un empresario inmobiliario que había fijado su residencia en Tenerife. Capaldo es el sobrino favorito del capo Michele Zagaria, uno de los criminales más brutales que ha tenido la Camorra en las dos últimas décadas.

La justicia italiana, con el magistrado antimafia Nicola Gratteri a la cabeza, ha vuelto a actuar contra esta organización criminal para revelar el poder económico generado a través de la venta de drogas, la extorsión y los contratos públicos ganados con empresas tapaderas a nombre de testaferros del Clan Casalesi.

Capaldo ha ido librándose de la justicia italiana en estos últimos años gracias a una gran labor de su equipo jurídico. En el último caso conocido acabó absuelto de una investigación por hacerse con el control de una de las mayores empresas de distribución de leche de la provincia de Caserta (Campania, Italia).

Capaldo es hijo de Beatrice Zagaria, la hermana mayor de Michele Zagaria. Ella tomó gran parte del control del clan tras el encarcelamiento de su hermano en 2011 y desde entonces cumple cadena perpetua por múltiples asesinatos, narcotráfico y por el control mafioso del territorio.

La madre de Capaldo también fue condenada por pertenecer al clan Casalesi de la Camorra y por receptación de bienes robados. Acabó en prisión por realizar una de las labores que más respeto genera entre todos los miembros de un clan mafioso: controlaba los pagos directos a todos los miembros de la red criminal a los que se les asigna un salario, desde los encarcelados hasta los integrantes del clan que seguían operativos en la calle.

Y, según la Dirección de Investigación Antimafia de Italia, Filippo Capaldo aprendió contabilidad de su madre, ya que en Tenerife era propietario de una inmobiliaria, un bar lounge y un concesionario de motos y coches. En el registro mercantil de España solo está a su nombre la sociedad inmobiliaria, pero las otras están oficialmente en manos de personas de su confianza.

El periódico italiano Il Fatto Quotidiano reveló que dentro de los atestados policiales se recogen conversaciones de otros mafiosos a los que les preocupaba que, en tan solo cuatro años, Capaldo hubiera abierto tres negocios en Tenerife, ya que temían que eso despertara la atención de la justicia italiana. Algo que, por ahora, así ha sido.

En esta operación contra el Clan Casalesi, con 23 detenidos, en su mayoría en Caserta, también están los tíos de Capaldo: Antonio Zagaria y Carmine Zagaria. A estos arrestados se les investiga por asociación mafiosa, complicidad externa en asociación mafiosa, extorsión, usura, transferencia fraudulenta de bienes, competencia ilegal con violencia y amenazas, blanqueo de dinero, autoblanqueo, registro ficticio de bienes, posesión y porte de armas y municiones y narcotráfico.

En lo relacionado con España, principalmente se sigue el rastro de Filippo Capaldo porque es sospechoso de gestionar el fondo común del clan, algo que revelaría que ha heredado el puesto de su madre y la confianza de toda la organización criminal. Al sobrino del capo también se le vincula a una empresa de gestión de residuos en el feudo del clan, en la provincia de Caserta. En Italia, por este caso, que inició sus diligencias en 2019, se han incautado bienes por valor de 40 millones de euros.

La presencia en Tenerife de un supuesto miembro de alto rango de la Camorra no es nueva. Hace ya diez años se absolvió a los miembros del Clan Nuvoletta-Polverino de blanquear dinero de su clan en una sentencia de la Audiencia Nacional que Giuseppe Polverino celebró bastante desde la cárcel.

Lo que esto revela de nuevo, si luego se demuestra en sede judicial, es que la infiltración de la Camorra en la economía de España crece como la espuma. Y que un sobrino de un capo esté residiendo aquí es fruto de la importancia crucial que tienen para un clan de la Camorra ciertas partes de España: Islas Canarias, la Costa del Sol, la Comunitat Valenciana, Cataluña, Baleares y Madrid.

La mafia italiana es experta en abrir negocios de hostelería para blanquear rápidamente dinero, pero también ofrece garantías de que esos negocios sean rentables y prósperos. Tienen buena mano en la cocina y les gusta, de ahí que sea uno de los negocios predilectos de los clanes.

Otro tema importante que resalta la investigación es la unión de los Casalesi con un clan de la ’Ndrangheta calabresa, también con tentáculos en España, que les abastecía de cocaína a buen precio. Un nexo clave en el desarrollo criminal de cualquier clan mafioso que se precie, ya que los grandes contactos de la ’Ndrangheta con proveedores sudamericanos hacen que paguen la droga a menor precio que los demás competidores, por lo que tienen más margen para ganar dinero con los estupefacientes que adquieren.

Todo ello vuelve a poner de relieve que la presencia de la Camorra en España no responde a episodios aislados, sino a una estrategia sostenida de implantación en territorios especialmente atractivos para el blanqueo, la inversión y la cobertura logística. Su capacidad para mezclarse con la economía legal, abrir negocios, tejer redes de confianza y aprovechar enclaves clave como Canarias, la Costa del Sol, Cataluña o Madrid demuestra que el poder de la mafia italiana en España sigue siendo profundo, silencioso y mucho más estructural de lo que a menudo se percibe.

Junto a todo esto, en España hay un elemento clave que hace que estas personas se afinquen en el país: la Justicia. No hay más que ver lo que ha sucedido con Filippo Capaldo, presunto jefe de la Camorra: apenas unas horas después de su detención ha sido puesto en libertad con medidas cautelares. Él ya sabe que vive en el paraíso del narco.

Hemos contado en diversas ocasiones la debilidad del sistema judicial en España, que acaba por beneficiar a los narcotraficantes. Incluso lo hemos relatado en un libro, Paraíso: por qué España es el epicentro del narcotráfico mundial (Plaza & Janés, 2026). Absoluciones como la de Jonas Falk, alias El Pablo Escobar sueco; puestas en libertad con posterior fuga de altísimos dirigentes de la Mocro Mafia; la reciente liberación del Comandante Willy, jefe de Los Tiguerones de Ecuador... Por si esto fuera poco, una sentencia del Tribunal Constitucional fechada el 23 de febrero ha conseguido echar por tierra, literalmente, investigaciones de meses, incluso de años.

Fue el diario El País el que adelantó en su edición de este lunes la excarcelación de 24 investigados en el marco de la operación Sombra Negra, un amplísimo trabajo policial iniciado con la detección de un pecio fantasma en Lanzarote que servía de gasolinera para los narcos y que acabó con decenas de detenciones, la mayor parte de ellas en el Campo de Gibraltar, en relación con la introducción en España de miles de kilos de cocaína mediante toda clase de medios de transporte, incluidos narcosubmarinos y hexacópteros.

Para adoptar tal determinación, el Constitucional entiende que en muchos de los casos, incluidos los que están aún bajo secreto de las actuaciones, no se ha informado debidamente a los investigados acerca de los hechos que se les atribuyen. El marco legal señala que se les deben aportar unos mínimos datos. Sin embargo, el Alto Tribunal entiende que tales datos son casi siempre insuficientes, por lo que se vulnera el derecho de defensa de los detenidos. Ello hace que ordene a la Audiencia Nacional la puesta en libertad de los narcotraficantes.

Esta medida no solo va a afectar a los investigados en la citada operación, sino a la práctica totalidad de las macrocausas contra las grandes redes del crimen organizado que se asientan en España y que han sido desmanteladas en los últimos meses. Por ejemplo, el cártel del Puerto de Valencia o la red presuntamente liderada por El Marqués de Sanlúcar, hijo, que, con apoyo de un guardia civil apodado Kobe Bryant, gestionaba, según la Policía, la llegada de grandes cargamentos de cocaína.

En esa causa, además, existen investigados en el exterior. Gran parte de la droga iba a parar a manos del cártel de Los Balcanes, que, además, disponía de varios comandos armados que también se dedicaban a asaltar mercantes en la ruta entre Vigo y Málaga, a la altura de Portugal, para rescatar alijos en altamar. Y en ella se produjeron arrestos en Belgrado. En esta y en muchas otras, las ramificaciones internacionales están presentes, y la nueva doctrina puede hacerlas venirse abajo como un castillo de naipes.

Esto será así porque, además de la excarcelación, la autoridad judicial instructora tendrá que facilitar mucha más información sobre las investigaciones a los sospechosos, tal y como ordena el Constitucional —que, por otra parte, se ampara en la legislación europea—. De ese modo, unos narcos podrán advertir a otros antes de que sean capturados, lo que dificultará al extremo el avance de las pesquisas.

Además, hay un factor añadido que, a partir de ahora, se convertirá en el enésimo obstáculo para quienes luchan contra el crimen organizado en España. Los tribunales instructores de las macrocausas –tanto la Audiencia Nacional como, en su caso, distintos tribunales de instancia regionales– tendrán que elaborar autos mucho más precisos cada vez que dicten un ingreso en prisión. Si ya disponen de poco tiempo, pocos medios y pocos recursos para su día a día, esta doctrina contribuirá aún más al colapso.

Una vez más, Narcodiario insiste en la urgente necesidad de la creación de juzgados especializados en crimen organizado en determinados puntos de España, siguiendo el modelo francés, para poder investigar con eficacia al tiempo que proteger los derechos constitucionales de los sospechosos de forma inequívoca desde el primer momento.

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero está provocando consecuencias a nivel mundial. Dado que el conflicto sigue escalando, la repercusión va a seguir creciendo. Narcodiario ya adelantó en su día algunas claves que afectan al crimen organizado, pero la situación no ha hecho má que empeorar.

La clave geoestratégica de todo el asunto es el Estrecho de Ormuz. Estados Unidos necesitará bastante tiempo para tomar su control, si es que finalmente decide ejecutar una operación terrestre en la zona. El objetivo sería permitir el paso de petroleros, cargueros y portacontenedores que exportan al mundo sus materias primas desde Irán, Kuwait, Irak, Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí.

Esa es la fuerza de Irán en este conflicto, pues ha demostrado que tiene la capacidad de obstruir la economía mundial realizando pocas acciones bélicas en ese punto por el que no sólo atravesaba, según datos de Naciones Unidas, una semana antes de iniciarse la guerra el 38 por ciento del petróleo y el 19 por ciento del gas natural licuado mundial, y a su vez también los derivados del petróleo como el 28 por ciento del GLP que se consume en el mundo. A ello se le unen al menos el 13 por ciento de los fertilizantes mundiales y otros productos químicos esenciales para la producción.

Con 39 refinerías de petróleo atacadas en nueve países en Oriente Medio, incluyendo Irán, los tiempos para volver a la normalidad de producción no están cercanos. Un caso muy evidente es el de Qatar, que sufrió esta semana un ataque en su mayor planta de gas y que le hará perder 20.000 millones de dólares al año durante al menos tres años hasta poder recuperar la capacidad de producción.

Con este panorama de escalada bélica, han sucedido otros hechos derivados del conflicto con repercusión directa en Europa. En Róterdam y en Lieja atentaron contra una sinogoga, y en Ámsterdam contra una escuela judía. Los grupos terroristas que reivindicaron los atentados fueron los Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyya (El Movimiento Islámico de los Compañeros de la Derecha).

Después de estas acciones, los vídeos de los hechos se movieron por canales de Telegram de grupos paramilitares chiítas que se encuentran en Irak –patrocinados por Irán–, ya que es un país con mayoría chiíta y controla a sus brazos armados.

Este tipo de actos financiados por Irán no son nuevos, y a tenor de esta guerra podrán ir a más. Ellos mismos amenazaron este viernes a todos los militares israelíes y estadounidenses cuando se encuentren de vacaciones en cualquier parte del mundo. Esto abre la posibilidad de que un soldado de EEUU que se encuentre de ocio en un país extranjero pueda ser asesinado allá donde esté.

Irán, en estos últimos años, ha utilizado a miembros de la Mocro Mafia y de los grupos criminales que operan en Suecia para cometer atentados y asesinatos. En España esto lo sufrió el político Alejo Vidal-Quadras, al que pretendieron asesinar a tiros el 9 de noviembre de 2023 en el centro de Madrid por apoyar a la oposición al régimen de los Ayatolás.

Quien le disparó en la cara fue Mehrez Ayari, un sicario de la Mocro Mafia que fue contratado por Sami Bekal Bounouare, un hispano-marroquí que nació en Palma Mallorca. La Audiencia Nacional que cree se encuentra en Irán en estos momentos tras haber huido a Marruecos después del atentado de Vidal Quadras. La aparición de la Mocro Mafia como 'proxy' del régimen iraní para cometer atentados en suelo europeo no es nueva.

En Países Bajos, los grupos de la Fuerza Quds de Irán, el ala militar que opera fuera del país, han estado presentes desde hace mucho y, si han querido asesinar a disidentes iraníes, han utilizado a sicarios de la Mocro Mafia. Por eso se investigó al poderoso narcotraficante Naoufal Fassih, del clan Ridoaun Taghi, que cumple condena a cadena perpetua por varios delitos, entre ellos por participar en el atentado contra el disidente iraní Mohammad Reza Kolahi Samadi en 2015 en Almere (Países Bajos).

La aparición del grupo de Taghi con las fuerzas Quds siguió vigente para los servicios secretos de Países Bajos, que directamente creían hasta su captura en 2019 en Dubái que mantenía estrechas relaciones con Hezbollah y que en cierta manera estaba protegido por los Ayatolás. Esta relación con Irán fue una de las razones por las que Emiratos Árabes Unidos lo extraditó.

Desde los atentados del 7 de octubre de Hamas, la actividad de los grupos 'proxys' de Irán en Europa aumentó, y con ello sus alianzas con el crimen organizado. Los servicios secretos suecos, de EEUU y de Israel acusan al clan Foxtrot de Suecia de perpetrar el atentado contra la embajada de Israel en Estocolmo en enero de 2024.

El capo de esa organización criminal, que trafica con todo tipo de drogas en Suecia, principalmente con cocaína, es Rawa Majid. Está sancionado por el Tesoro de EEUU por ser parte de la red del Ministerio de Inteligencia y Seguridad Nacional de Irán. Majid es un kurdo-iraquí que vivió gran parte de su vida en Suecia y que, tras la guerra interna de su organización, se marchó al Kurdistán iraquí para seguir controlando desde allí su empresa criminal que genera decenas de millones de euros.

La policía sueca se toma en serio que las mafias formadas por personas con ascendencia iraquí o iraní comiencen a atentar contra los intereses de EEUU y de Israel en en Suecia. Así lo ha declarado recientemente el jefe de investigación de la policía del país. Y más con el atentado que se organizó a principios de mes contra la embajada de Estados Unidos en Oslo (Noruega).

Esta guerra contra Irán hará que actores del crimen organizado sean una punta de lanza para influir en la seguridad de países europeos si el régimen de los Ayatolás decide cometer atacar lugares de interés para EEUU e Israel. Lo hicieron en el pasado en España, Países Bajos, Reino Unido, y Alemania, y podrán activar a sus células durmientes que tienen vinculaciones directas con grandes grupos criminales que operan en Europa.

La Mocro Mafia y las organizaciones suecas tienen contacto directo con Irán y pueden perpetrar atentados en toda Europa. Además, cuentan con aliados en otros lugares, como en Alemania, donde hay clanes importantes con pasado iraní.

La relación del crimen organizado con las acciones terroristas están en una fina línea que el régimen iraní está dispuesto a usar para forzar que se detengan los ataques contra su país, ya que es la única forma que tendrán de actuar si se ven completamente acorralados. Hacia ahí parece caminar el escenario, en vista de que la campaña militar sigue. Habrá sicarios que dejen de trabajar para el narcotráfico, y que su trabajo sea luchar por los intereses geopolíticos de Irán.

España es hoy un nodo central del narcotráfico global: punto de entrada y distribución de droga hacia el resto de Europa, refugio de capos internacionales y paraíso del blanqueo. Lo sabemos, en parte, gracias al trabajo de Víctor Méndez Sanguos, fundador y director de Narcodiario —socio editorial de infoLibre— y uno de los periodistas españoles que participó, junto a infoLibre, en NarcoFiles, la investigación internacional liderada por la red OCCRP que trazó una panorámica inédita del nuevo orden criminal global.  

En su libro Paraíso (Plaza & Janés, 2026), Méndez profundiza en este retrato del papel de España como punto en el que confluyen todas las grandes organizaciones del narcotráfico mundial. Con infoLibre, reflexiona sobre lo que el Estado podría hacer y no hace: jueces sin especializar, medios sin desplegar, blanqueo sin perseguir... Y sobre el porqué.

Su libro sitúa a España, y en particular a Marbella, como un nodo central del narcotráfico global. ¿Es así?

Marbella tiene el nombre, la fama, y es verdad: yo estuve allí reunido con mafias internacionales muy peligrosas, de las que dominan el narcotráfico. Pero no es solo Marbella: es toda la Costa del Sol, Girona, Alicante, Canarias, Baleares... Marbella tiene el nombre, pero hay muchos más sitios en toda España.

Desde mediados de la década pasada, los líderes de las grandes organizaciones también operan mucho desde Emiratos Árabes. Vieron que era un gran lugar para blanquear dinero, sobre todo en el sector inmobiliario, y allí se sienten seguros, porque hay muchas dificultades para extraditarlos. Como dice Gustavo Petro [presidente de Colombia], que tiene muy buena información sobre el tema, Colombia, Dubai y España forman los tres puntos fundamentales del negocio de la cocaína.

¿Cuáles son las consecuencias de esta presencia del narco global para la seguridad pública en España? ¿Podemos ver escenarios como el de Suecia o Países Bajos, donde ha aumentado la violencia del crimen organizado?

En cuanto a eso yo soy relativamente optimista, porque lo que vemos es que la violencia, por ahora, es un 99% entre ellos, dentro del crimen organizado. Por eso no hay concienciación del problema en España: cuando se matan entre ellos parece que no pasa nada. Y sin embargo hay muertes relacionadas con el narcotráfico prácticamente todas las semanas. 

Las grandes organizaciones no atacan a la sociedad porque llevan treinta años aquí y saben que el perfil bajo les funciona. Lo que han hecho en Holanda aquí no lo veo, de momento, aunque es cierto que las organizaciones que lo hacen allí también operan aquí. Además, cada vez hay más mafias de más distinto tipo asentadas en España. Aparecen grupos más jóvenes y más violentos, y que quizá no tienen esos códigos no escritos de proteger el negocio manteniéndose en la sombra.

En el libro usted cita dos nombres relativamente nuevos, el Cártel de los Balcanes y la ‘Mocro Mafia’, como dos de las organizaciones más potentes hoy. ¿A qué se debe este auge?

Primero hay que aclarar que son nombres periodísticos, como el propio término 'Mocro Mafia': no hay una organización única con ese nombre, sino un montón de grupos, procedentes de Marruecos y asentados en Holanda, que a veces trabajan juntos y a veces se matan entre ellos. El Cártel de los Balcanes son organizaciones procedentes de distintas regiones —Albania, Serbia, Montenegro, Croacia— que se iniciaron con formación militar en los años noventa, tras la guerra. Emigraron, algunos hacia Europa occidental, muchos hacia Sudamérica, y empezaron estableciendo negocios turbios: robos, prostitución... Después vieron que el narcotráfico era mucho más lucrativo y menos arriesgado.

Fueron muy listos. Se instalaron en Colombia y Ecuador, pero le dijeron a los mexicanos: yo trabajo aquí, pero no para Estados Unidos, sino para Europa. Por eso no hubo violencia entre ellos: el territorio quedó repartido. Lo que va para Estados Unidos es cosa de los mexicanos; lo que va para Europa, de ellos. A partir de ahí se infiltraron en la sociedad, en distintos países, incluso establecieron relaciones con personas del Gobierno y la justicia en Ecuador, por ejemplo.

¿Qué rol juega en España el Cártel de los Balcanes? 

Además de manejar plantaciones de marihuana, su papel fundamental está en la recepción de los envíos: son especialistas en entrar en los puertos, recoger los alijos —cada vez menos en grandes contenedores, sino, últimamente, muchos envíos más pequeños con GPS incorporado— y hacer el primer guardado. Tienen células itinerantes que van de puerto en puerto.

El libro describe una desigualdad de medios muy notable entre las fuerzas de seguridad y los narcos. ¿Cómo se trabaja con esa realidad?

Hay dos patas de esa desigualdad. Por un lado, los medios para interceptar alijos: pasa varias veces al año que la policía y la Guardia Civil saben que viene un barco, lo tienen controlado, pero no pueden salir porque no hay embarcaciones operativas.

La Armada tiene los barcos y los aviones —incluso para detectar narcosubmarinos— y no se utilizan. Francia los usa, Portugal los usa, Estados Unidos los usa. No es cuestión de ponerse a matar gente, como Trump, pero tenemos los medios y no los utilizamos. Es una decisión política.

Pero el factor más importante es que no se persigue el dinero. Las directrices son incautar droga, y eso está bien y es importante. Pero no se destinan medios a la lucha contra el blanqueo, contra los beneficios del narcotráfico. Y hay que entender algo: a los narcos les da exactamente igual que la droga sea ilegal o que mate. Lo hacen para ganar dinero. Si no persigues el dinero, no consigues nada, por muchos alijos que intervengas. En Galicia hay un montón de mansiones que se sabe que proceden del narcotráfico y no se atacan. Hay una legislación que invierte la carga de la prueba —la persona tiene que justificar de dónde viene un bien— y no se aplica. El resultado es que algunos narcos pasan una temporada en prisión, pero cuando salen conservan todo su patrimonio. Les vale la pena y seguirán traficando.

¿Está el sistema judicial español preparado para combatir el crimen organizado?

No. Primero, el colapso general retrasa todas las causas, no solo las de narcotráfico. Cuando llega el juicio, diez años después de la operación, el narco se queda con una pena muy reducida por dilaciones indebidas. Los abogados se encargan de que eso pase, con recursos y contrarre­cursos. Pero el problema de fondo es que en España no existen jueces especializados, cuando somos el país de Europa con más presencia del crimen organizado. Al mismo juez que le llega una pelea o un caso de alcohol al volante le cae de repente un caso de la ‘Mocro Mafia’ con ramificaciones en tres continentes. Es imposible que lo pueda asumir.

La solución es sencilla: siete u ocho juzgados específicos en puntos estratégicos del territorio, tanto para la instrucción como para la fase de juicio oral. Habría que pagarlo, claro. Pero los narcos vienen a España precisamente porque saben todo esto. En Francia, si te pillan, en dos o tres semanas hay sentencia y vas directo a la cárcel. Aquí te ponen en libertad y ya veremos. Por eso las narcolanchas no desembarcan en Francia, y tienen las mismas playas que nosotros. 

Hablemos de la infiltración en las fuerzas de seguridad. El caso del inspector jefe de la UDEF, Víctor Sanchez Gil, ¿es anecdótico o hay un patrón?

Después de 2020, con la desencriptación de Sky ECC [una plataforma de mensajería encriptada muy usada por el crimen organizado] a los policías buenos, que son la mayoría, se les abrieron los ojos: la infiltración dentro de las fuerzas de seguridad españolas es grande, mucho más de lo que la propia Policía pensaba. El puerto de Valencia es el ejemplo más claro: el jefe de la Guardia Civil del puerto estaba metido en el ajo. También hay estibadores, jefes de aduanas, gente de todos los cuerpos…

La mayoría de la Policía trabaja muy bien y no es corrupta. Pero hay un problema estructural: igual que los narcos tienen abogados muy buenos, los policías o guardias civiles corruptos también los tienen. Ya hemos visto absoluciones de agentes que evidentemente trabajaron con los narcos. Si quieres tener un contacto con acceso al sistema GATI [Grupo de Análisis y Tratamiento de Información, una base de datos policial unificada] necesitas un inspector jefe como mínimo. Hay que poner mucho dinero encima de la mesa, pero a estas organizaciones no les supone un problema hacerlo. Y hay gente que lo coge.

En España hay más crimen organizado que en países que, como dice, sí tienen jueces especializados, despliegan medios militares, persiguen el blanqueo… ¿Por qué no hacemos lo que hacen ellos?

Voluntad política. Pero no se lo achaco solo a los políticos: se lo achaco a la sociedad. Los políticos son un reflejo de lo que pide la sociedad. Hace treinta años la droga aparecía en el CIS en el número dos de preocupaciones, junto al terrorismo de ETA. Ahora no aparece ni entre las treinta primeras. La sociedad no tiene esa preocupación, la droga se ve como algo de ocio. Y si no te revierte en votos, no lo tocas.

¿Cómo se rompe ese círculo?

Es un problema de todos los ministerios, no solo de Interior o Justicia. También de Educación y de Cultura: hay que conseguir que esto deje de estar bien visto. En el sur de España tienes a tu primo que vuelve forrado con la mejor moto y el mejor coche, mientras tú trabajas por mil euros en la fábrica de turno, y la música que escuchas encumbra ese modelo. Si la sociedad lo ve normal, el político también lo ve normal. Y si el político lo ve normal, no se hacen las cosas para frenarlo: ni la represión con medios, ni la justicia con recursos. Y seguimos igual.

Al mismo tiempo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen desplegadas en todas las rías gallegas en busca del último semisumergible con cocaína detectado en esas aguas del noroeste de España, efectivos de la Armada Nacional de Colombia ejecutaban la fase final de una acción policial con pocos precedentes en el país. Los uniformados detectaron un astillero en el que se producían los narcosubmarinos que acaban en Europa, además de otras lanchas de bajo perfil empleadas para el transporte de la cocaína. Ocurrió en el desierto de La Guajira, muy cerca de la frontera con Venezuela.

Fueron labores de inteligencia naval de la Armada de Colombia las que permitieron determinar que, en medio del desierto, en las cercanías de Bahía Hondita, en Uribia, organizaciones transnacionales al servicio del Clan del Golfo ocultaban un complejo astillero artesanal para la fabricación de semisumergibles y el transporte de los mismos desde el árido desierto hasta el mar.

Los uniformados explicaron que los aparatos se fabricaban en zonas de manglar, donde eran preparados para ser cargados con clorhidrato de cocaína. El objetivo final era "alcanzar la ruta transatlántica que comprende el Caribe oriental desde Colombia pasando por Las Antillas hasta llegar al continente europeo".

Una vez confirmada la información, se activó una robusta operación conjunta en la que durante cinco días consecutivos participaron aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que, desde el cielo, monitoreaban la zona y garantizaban el ingreso seguro de las tropas en tierra.

Entre tanto, unidades navales de la Armada de Colombia se posicionaron en el área de operaciones, para realizar un cierre marítimo. Mientras, tropas del Ejército Nacional y unidades de Infantería de Marina ingresaban por tierra con maniobras decisivas.

Al consolidar el área, las autoridades colombianas lograron el hallazgo de un centro logístico neurálgico para el alistamiento, abastecimiento y proyección de medios empleados en el envío de grandes cargamentos de estupefacientes hacia Europa en narcosubmarinos, como el incautado recientemente en las Islas Azores.

Fueron tropas de la Primera División del Ejército Nacional las que, en la acción conjunta, lograron ubicar un astillero artesanal clandestino con la capacidad para la construcción y adecuación de semisumergibles. Allí encontraron un fusil y un revólver, pero lo más importante fueron los materiales para fabricación en fibra de vidrio, maquinaria pesada, remolques especializados (cama baja) y elementos logísticos destinados al almacenamiento y transporte de combustible, evidenciando la existencia de una infraestructura estable para el sostenimiento de estas actividades ilícitas.

Paralelamente, cerca de la zona, unidades de Reacción Rápida de Guardacostas, medios aeronavales y comandos navales de la Fuerza Naval del Caribe hallaron en una bahía que conecta con aguas abiertas un semisumergible listo para ser lanzado al mar, con capacidad estimada para transportar hasta diez toneladas de droga, y equipado con dos motores.

Además, incautaron una lancha rápida de bajo perfil con capacidad de carga cercana a las tres toneladas de sustancias ilícitas y propulsada por cuatro motores de alta potencia. En el área también fueron encontrados más de 3.000 galones de combustible (más de 12.000 litros), equipos de navegación satelital y sistemas de comunicación.

Ante la presión y despliegue operacional, las estructuras criminales dejaron abandonado el complejo artesanal antes de la llegada de los uniformados. El complejo fue destruido de manera controlada conforme a los protocolos establecidos.

El desarrollo de esta operación evita la configuración del acto delictivo e interrumpe la capacidad de transportar sustancias ilícitas desde Colombia hacia el continente europeo y, en especial, hacia España y Galicia, destino habitual de estas embarcaciones.

Se trata de la segunda fábrica de semisumergibles de este tipo localizada en América Latina en los últimos meses, tras la hallada al norte de Brasil en otra acción conjunta, en aquel caso entre la Policía Federal de ese país y la Policía Nacional española, a través de los GRECO Galicia de Pontevedra.

El alcalde de un municipio de la llanura oriental recibe amenazas telefónicas, visitas a su domicilio y descubre a sus vacas abatidas por varios disparos en la cabeza. El dueño de un bar del centro de Ajaccio ve llegar a tres desconocidos que vienen a “instalar máquinas tragaperras” en el sótano de su local y acaba escribiendo en la entrada: “Bar en venta por extorsión”. Una mujer víctima de intimidación tras un simple conflicto con sus vecinos.

Son historias particulares, recopiladas por el periodista Jean-Michel Verne en el libro Résister en Corse (Resistir en Córcega, edit. Robert Laffont, 2021), pero hay cientos de casos más. En conjunto, dibujan un panorama insular muy alejado de las postales y las novelas sobre la mafia. Un panorama desgraciadamente habitual, en el que la vida cotidiana de decenas de miles de personas se ve lastrada por “el insoportable peso de lo que hay que llamar el ‘dominio mafioso’, con su corolario, la famosa omertà”.

“Se descubre el fenómeno por lo que está pasando en Marsella [donde el hermano pequeño del activista Amine Kessaci fue asesinado a tiros el 13 de noviembre, ndr], pero aquí lleva años ocurriendo...”, afirma David Brugioni, exalcalde de Centuri y referente de la asociación Anticor en Córcega. “El sistema mafioso corrompe la vida de la gente aquí”, confirma Léo Battesti, cofundador del colectivo Maffia Nò, a Vita Ié (No a la mafia, sí a la vida). “Nos enfrentamos a una lacra de la que podemos curarnos colectivamente”.

Una docena de asociaciones se han coordinado este año para unir sus fuerzas. Entre ellas se encuentran el colectivo Massimu Susini, que lleva el nombre de un joven comprometido con la lucha contra el tráfico de drogas, asesinado en septiembre de 2019; el sindicato agrícola Via Campagnola, cuyo líder, Pierre Alessandri, conocido por su compromiso contra el fraude en las ayudas agrícolas, fue asesinado con dos tiros por la espalda en marzo de 2025; o la asociación de defensa del medio ambiente U Levante.

Creada en septiembre, la coordinación organizó dos meses más tarde unas manifestaciones en Ajaccio y Bastia para expresar la “necesidad de justicia y seguridad”. El 15 de noviembre, entre 1.800 y 3.000 personas se manifestaron bajo el lema Assassini, maffiosi, fora (Asesinos, mafiosos, fuera). Varios políticos de todos los partidos se unieron a las manifestaciones, entre ellos Gilles Simeoni, presidente autonomista del Consejo Ejecutivo de Córcega, pero otros brillaron por su ausencia.

Aunque algunos han destacado la debilidad de esta movilización en una isla de 360.000 habitantes, el simple hecho de ver a tanta gente salir a la calle para denunciar abiertamente el dominio de la mafia ya es, en sí mismo, una proeza. “¡Es un éxito, teniendo en cuenta la presión y las intimidaciones!”, afirma todo contento David Brugioni. “Es el comienzo de la lucha, hay que tejer los hilos de la conciencia. Será largo, pero soy optimista”, añade Séverin Medori, alcalde autonomista de Linguizzetta.

El edil de este municipio rural se dio a conocer en 2015 cuando denunció públicamente los vínculos ocultos entre la política, el bandolerismo y el afán de lucro. Fueron sus vacas las que murieron de varios disparos en la cabeza. Entonces decidió romper el silencio y presentar una denuncia, algo muy poco habitual en la isla. “Hablar ha sido la mejor defensa”, confiesa a Mediapart, aunque reconoce que “a veces hay cosas que no se pueden decir”.

Séverin Medori, candidato a la reelección en marzo de 2026, sigue apoyando la lucha contra la mafia, pero no tiene intención de convertirla en tema de campaña. “Quiero que se me reconozca por lo que he hecho como alcalde”, explica. Al igual que él, todas las personas entrevistadas por Mediapart, ya sean cargos electos o miembros de la coordinación, coinciden en este punto: por mucho que la influencia de la mafia afecte a la vida cotidiana de los corsos, esta cuestión seguramente no tendrá repercusión en las elecciones municipales.

“La lucha contra la mafia no va a influir en absoluto en las elecciones municipales”, afirma Jean-Toussaint Plasenzotti, del colectivo Massimu Susini. “Por varias razones, la más importante de las cuales es que no tiene los medios y, por lo tanto, tampoco la voluntad. La antimafia es una idea que atraviesa la sociedad corsa sin distinción de partidos”. “No queremos intervenir en el ámbito político porque no queremos elegir entre uno u otro”, añade Dominique Yvon, miembro fundador de la Plataforma Ciudadana de Córcega.

Léo Battesti, del colectivo Maffia Nò, a Vita Ié, tampoco se imagina “que haya muchos que hagan de la lucha antimafia un tema de campaña”. “Están atrapados en un sistema en el que todo está distorsionado”, dice el exlíder del Frente de Liberación Nacional de Córcega (FLNC). “Aislarse es peligroso.” Para muchos, el ámbito municipal se percibe más bien como el primer nivel de gestión de los asuntos corrientes. Por lo tanto, hay que mirar más arriba, hacia la administración regional y el Estado.

Tras solo seis años de lucha, las asociaciones están satisfechas con los avances que ya han conseguido. Mencionan, en particular, la votación unánime, el 28 de febrero de 2025 en la Asamblea de Córcega, de una deliberación contra las “prácticas mafiosas”, comprometiéndose a “considerar el rechazo de estas prácticas [...] como una prioridad de la acción pública de la colectividad de Córcega”. A continuación, se creó una comisión de lucha contra la mafia, compuesta por representantes locales y miembros de la sociedad civil.

Gilles Simeoni también celebra esos avances. “Es una iniciativa única en Europa”, subraya el presidente del Consejo Ejecutivo de Córcega a Mediapart, al tiempo que menciona su “compromiso político, institucional y personal” con este “importante reto social”. “Hay múltiples formas de presión en el día a día”, añade. “Las derivas mafiosas son peligrosas para el funcionamiento de la sociedad. Se percibe una gran inquietud, la gente pide garantías, perspectivas, y hay que dar una respuesta”.

Gilles Simeoni, candidato a la alcaldía de Bastia, no cree que la lucha contra la mafia vaya a ocupar un lugar central en los debates municipales: “Evidentemente, se abordará en relación con la cuestión de la transparencia, las normas de contratación pública o el urbanismo, pero no creo que constituya un programa en sí mismo”, afirma. “Todos los programas mencionarán la transparencia en la contratación pública, pero no irán más allá”, coincide el diputado de Horizontes Laurent Marcangeli, exalcalde de Ajaccio y exministro.

Dominique Yvon, de la Plataforma Ciudadana de Córcega, también considera “absolutamente imposible que un candidato haga de la lucha contra la mafia su prioridad”. “No se ha medido el mitridatismo de la sociedad con respecto al sistema mafioso”, añade, aunque se alegra de que los políticos se hayan sumado a las manifestaciones del 15 de noviembre, lo que no ocurrió en la primera concentración en marzo de 2025: “Esto nos reafirma en nuestro enfoque, han recorrido parte del camino.”

A pesar de este paso adelante, las relaciones entre los colectivos y los políticos siguen estando teñidas de desconfianza mutua. “Creo que hay un malentendido entre las asociaciones que acusan a los alcaldes y los alcaldes que no soportan ser acusados”, afirma Séverin Medori, alcalde de Linguizzetta. “Es una lástima para todos, porque favorece la presión mafiosa”. “Los colectivos nacieron de una reacción ciudadana beneficiosa”, añade Gilles Simeoni. “Puede haber desacuerdos, pero hay que saber superarlos”.

Un episodio reciente ha materializado esta desconfianza: la difusión de un “informe falso” sobre las bandas criminales activas en la isla, atribuido falsamente a la “fiscalía anti crimen corsa”. Este documento, que ahora es objeto de una investigación preliminar abierta por el fiscal de Bastia, en particular por falsificación, uso de documentos falsos y denuncia calumniosa, ha sido ampliamente comentado en Córcega, donde algunos lo han utilizado para atacar a la coordinación.

Es el caso, por ejemplo, de Alexandre Farina, primer teniente de alcalde de Ajaccio, que arremetió contra los colectivos anti mafia para justificar su ausencia en la manifestación del 15 de noviembre: “La lucha [de estos] colectivos es noble, legítima y respetable. [...] Lo que me desagrada es el discurso agresivo y suspicaz que han elegido”, señaló, para a continuación añadir: “Detesto ese discurso maniqueo que pretende culpar a los políticos de ser cómplices de connivencia con una supuesta mafia.”

Unas declaraciones “tan falsas como exageradas”, según Jean-Toussaint Plasenzotti, del colectivo Massimu Susini, que las corrigió inmediatamente: “17 políticos asesinados en los últimos veinte años, 12 empresarios asesinados en los últimos diez años, cientos de personas asesinadas, la mayoría de las cuales no han obtenido justicia... Tenemos motivos para ser un poco suspicaces, ya que vemos una larga deriva de la sociedad corsa. El Sr. Farina no parece ser consciente de ello. Peor aún, la toma con quienes lo denuncian”.

La mayoría de los políticos de la isla entrevistados por Mediapart no ocultan su irritación. “Decir que no hay ningún político que no haya sufrido presiones mafiosas es muy exagerado. Este tema no influye en absoluto en nuestro modo de funcionamiento”, asegura el alcalde autonomista de Bastia, Pierre Savelli. “Concienciar a la gente está muy bien, pero luego hay que matizar, sobre todo en Córcega”. Los colectivos, por su parte, ven en estos argumentos una forma de desacreditar su acción.

A pesar de este contexto, Léo Battesti, cofundador del colectivo Maffia Nò, a Vita Ié, quiere mantenerse optimista y recuerda que, en Córcega, “el 99 % no son delincuentes”. “Lo que hemos conseguido con la iniciativa anti mafia es una revolución”, se congratula. “Nuestro objetivo ahora es sensibilizar al mayor número posible de personas, incluidos los alcaldes. Muchos me dicen en privado que han estado paralizados durante mucho tiempo. Pero la iniciativa ciudadana les demuestra que ya no están solos”.

Traducción de Miguel López

Se sabe poco sobre el líder de la extrema derecha turca, Devlet Bahçeli, de 77 años. Solo se conoce su pasión por los trajes a medida, los coches de época y los vehículos de lujo en los que suele aparecer, a veces acompañado de canciones empalagosas que, para los observadores de la política turca, podrían esconder un posible mensaje oculto.

También se sabe que en 1978 tenía un Renault blanco. Turquía era entonces un país al borde de la guerra civil, desgarrado por la violencia entre la extrema izquierda y la extrema derecha. Su coche, prestado a unos amigos, habría sido interceptado por la policía en Ankara, donde era profesor universitario, con armas de guerra en el maletero. Como él no conducía y contaba con la simpatía ideológica de las fuerzas del orden, no se le molestó.

Líder del Partido de Acción Nacionalista (MHP) desde 1997, Devlet Bahçeli es desde 2017 un aliado indispensable del presidente islamo-nacionalista Recep Tayyip Erdoğan. El presidente cuenta con la base electoral del MHP (alrededor del 8% de los votos), pero también con su influencia dentro de la burocracia estatal, en particular en las fuerzas de seguridad, gracias a una estrategia de entrismo desarrollada desde hace más de cuarenta años.

Desde esa alianza, en las ceremonias de entrega de diplomas de las academias de policía está muy presente el signo de los lobos grises. Se hace juntando tres dedos, con el índice y el meñique levantados en el aire para dibujar un lobo, animal totémico de la extrema derecha turca y apodo de sus grupos paramilitares de los años 70. El juramento pronunciado por las fuerzas especiales del ejército y de la policía es el llamado juramento “de los idealistas”, como se autodenominan los fascistas turcos.

A pesar de ciertas tensiones y desacuerdos, Devlet Bahçeli parece decidido a seguir a Erdoğan en su deriva autoritaria. Un autoritarismo que va acompañado de otra deriva, de naturaleza mafiosa. La alianza entre la espada fascista y el hisopo islamista ha reactivado un tríptico venenoso que une a la extrema derecha, el crimen organizado y los servicios de seguridad, que ya había marcado a la Turquía de los años noventa. Una serie de casos lo ilustran.

Desde el momento en que se selló la alianza, Devlet Bahçeli solicitó y obtuvo la liberación de varios grandes capos “idealistas”. Así ocurrió con Kürşat Yılmaz y Sedat Şahin, temibles jefes de banda que inmediatamente fueron a dar las gracias a Bahçeli al salir de prisión. Desde entonces acuden a visitarle cada poco, según puede observarse por las fotografías que publica el partido. Uno de los mafiosos más famosos del país, Alaatin Çakıcı, también fue liberado en 2020 por insistencia del líder del MHP.

Çakıcı, cuyo padre y un tío murieron en los enfrentamientos con los comunistas turcos en 1980, también puede presumir de antiguos vínculos con los servicios de inteligencia. Así, cuando fue detenido en Francia en 1998, en un casino de Niza, llevaba consigo un auténtico pasaporte diplomático turco expedido a nombre falso. Y Çakıcı está agradecido.

Cuando, en otoño de 2024, el famoso predicador rigorista “Cübelli” Ahmet Hoca criticó públicamente las sorprendentes declaraciones de Devlet Bahçeli con vistas al inicio de las negociaciones de paz con la guerrilla kurda del PKK, Çakıcı le hizo una visita acompañado de cámaras. El predicador, que le besó la mano en señal de sumisión, se suma inmediatamente a su opinión.

El padrino tampoco se priva de amenazar a los líderes de la oposición, ni de aparecer en público con el asesino de Hrant Dink, un famoso periodista armenio de origen turco asesinado en 2007 a su salida de prisión.

La connivencia entre la extrema derecha y los círculos mafiosos se refleja en el tráfico de drogas. Si el tránsito de heroína desde Afganistán hacia Europa llenó los bolsillos de los “idealistas” en la década de 1990, ahora su nuevo El Dorado es la cocaína.

La droga adquirida por estos grupos, procedente de Sudamérica, se transporta en cargueros a Europa, donde se lanza al mar Mediterráneo y es recuperada por otros, o bien llega directamente a Turquía, en particular a través del puerto de Mersin, desde donde se distribuye a Rusia o a los países del Golfo e Israel, vendiéndose a los precios más altos del mercado mundial.

Como muestra de impunidad, esos vínculos ocultos se muestran a veces a la luz pública, en particular en una serie de vídeos en los que hombres armados hablan en español y reivindican su pertenencia al grupo de Ismael Zambada García, cofundador del poderoso cártel mexicano de Sinaloa, y detenido en 2024 por las autoridades estadounidenses. Se graban escuchando canciones fascistas turcas para saludar a sus compañeros, que les responden en un español aproximado desde Turquía y las montañas del noroeste de Siria, donde numerosos voluntarios de extrema derecha luchaban junto a grupos turcomanos apoyados por Ankara.

El 18 de julio fue detenido en la frontera entre Bulgaria y Turquía un vehículo con matrícula diplomática. En su interior, la policía búlgara descubrió 206 kilos de cocaína, con un valor de mercado de 20 millones de euros. Curiosamente, algunos de los paquetes en los que se encontraba la droga tenían impresas tres medias lunas rojas, emblema del MHP, que inmediatamente denunció una “conspiración”, alegando que “todos los partidos tienen ovejas negras que se aprovechan de su afiliación para fines personales”.

El estado de salud de Devlet Bahçeli, hospitalizado y ausente durante varios meses de la escena pública a principios de año, también genera tensiones dentro del partido, en vistas de su posible sucesión. En los últimos meses, la lucha por el poder ha dado lugar a varios altercados físicos e incluso a heridos por armas de fuego. Así lo informa un periodista turco en el exilio, gran conocedor del entorno, que precisa que cada bando se apoyaría, para sus acciones contundentes, en la ayuda de diferentes clanes mafiosos.

Ya en 2022, el asesinato de Sinan Ateş, expresidente de Ülkü Ocakları, los “Hogares idealistas”, una especie de rama juvenil del MHP, había puesto de manifiesto la violencia de la lucha interna por el poder y los vínculos entre la extrema derecha, la mafia y los servicios de seguridad, así como el mal funcionamiento de la justicia turca. Debido a desacuerdos ideológicos y personales, Sinan Ateş había sido apartado por la dirección de Ülkü Ocakları y luego sería ser asesinado a tiros en una calle de Ankara.

En junio de 2025, el tribunal de apelación de Ankara desestimó el recurso interpuesto por veinte personas condenadas en este caso a duras penas de prisión. Entre ellas el asesino de Ateş, un traficante de drogas que había sido trasladado a Ankara por policías de las fuerzas especiales, también condenados. El autor intelectual, identificado y condenado por la justicia turca, es también un traficante de drogas, buscado oficialmente por tráfico, robo, proxenetismo agravado y por un asesinato en 2013. Había abierto fuego contra militantes de izquierdas durante una manifestación contra el tráfico de drogas en el barrio de Maltepe, en Estambul, y había matado a uno de ellos.

Pero la familia de Sinan Ateş, a pesar de las amenazas, sigue afirmando que los verdaderos autores intelectuales hay que buscarlos entre los actuales dirigentes de los Hogares Idealistas y en las filas del MHP en la Asamblea.

En otra vertiente del caso, aún abierto, la justicia turca decidió, el 4 de octubre, unir la instrucción de dos expedientes relativos a personas sospechosas de haber informado a los asesinos y servido de intermediarios entre los diferentes actores del caso. Fueron detenidas dos personas y posteriormente puestas en libertad provisional: un policía, Mustafa Ensar Aykal, exdirector de la oficina de homicidios de Ankara, y un abogado, Serdar Ökten, candidato a las elecciones legislativas en la lista del MHP para Estambul en 2023.

El destino de este último es revelador. Serdar Ökten, que durante sus comparecencias había declarado sufrir problemas de memoria debido al covid, fue hospitalizado durante su detención. Recibió la visita en el hospital del líder de los “idealistas”, Ahmet Yiğit Yıldırım, acusado por Ayşe Ateş, la viuda de Sinan Ateş, de ser uno de los principales instigadores de su asesinato. Este hombre fue fotografiado hablando con los guardias de prisiones responsables del detenido.

“Serdar Ökten es una figura clave en este caso, uno de los que más temen que empiece a hablar”, advirtió a principios de año la señora Ateş. Recientemente había publicado mensajes en las redes sociales que daban a entender que tenía cosas que contar. Quienes temían que hablara ya no tienen nada de qué preocuparse. En la tarde del 5 de octubre, el abogado, atrapado al volante de su vehículo en los atascos de Estambul, fue tiroteado por varias personas, muriendo en el acto.

El pacto fáustico forjado entre el AKP de Erdoğan y el MHP, a pesar de la proximidad que este último reivindica con el crimen organizado, se produce en un contexto de abundancia de casos de corrupción que afectan a personas cercanas al poder.

El país se ha convertido en un centro neurálgico para el blanqueo de dinero ilícito de delincuentes turcos, pero también extranjeros. El blanqueo a través de los juegos de azar es un método probado y muy rentable, tanto a través de plataformas en línea como físicamente, en los casinos del norte de Chipre, donde proliferan las casas de juego prohibidas en Turquía. La parte norte de la isla es turcoparlante y está ocupada militarmente por Ankara desde 1974.

Apodado el “rey de los casinos” del norte de Chipre, Halil Falyalı fue asesinado allí en 2022 después de que un famoso mafioso de extrema derecha que iba por libre, Sedat Peker, le acusara públicamente, desde su exilio, de blanquear cientos de millones de euros para el crimen organizado y de financiar a numerosos políticos del AKP, el partido de Erdoğan, así como a Ersin Tatar, el presidente pro-Erdoğan y pro-MHP de la República Turca del Norte de Chipre.

Afectado por el covid, el presidente de Chipre del Norte no pudo asistir al funeral casi nacional del rey de los casinos, cuyo ataúd estaba cubierto por las banderas turca y turcochipriota. Demasiado visiblemente sometido al poder turco, Ersin Tatar fue derrotado en las urnas el 19 de octubre. El resultado no gustó a Devlet Bahçeli, que se negó a reconocerlo y pidió en vano que se declarara la anexión del norte de Chipre a Turquía.

Otro hombre que no asistió al funeral del empresario fue Cemil Önal, que se presentaba como su contable y había huido a Europa tras la muerte de su jefe. Detenido por la policía en Países Bajos, en virtud de una orden de Interpol solicitada por Turquía, finalmente fue puesto en libertad sin ser extraditado, tras las revelaciones que hizo a las autoridades neerlandesas. En prisión, fue entrevistado durante veinte horas por el consorcio de periodismo de investigación del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Liberado en abril, prometió a la prensa turcochipriota hacer declaraciones impactantes, una lista de nombres de políticos turcos que, según él, habían sido financiados por Falyalı con 15 millones de euros al mes. También habló de la existencia de grabaciones de vídeo realizadas por su antiguo jefe en hoteles de lujo de Chipre, que habría utilizado en su momento para chantajear a burócratas y políticos turcos, vídeos que los servicios secretos turcos, el MIT, estarían tratando de recuperar.

Mientras esperaba la visita de diputados de la oposición turca que habían acudido a escuchar sus declaraciones, fue asesinado el 2 de mayo en la terraza de la cafetería de un hotel de la ciudad holandesa de Ryswick. Sus asesinos, que según los testigos hablaban turco, siguen en libertad.

El Global Organized Crime Index es un organismo internacional financiado por Estados Unidos y la Unión Europea, encargado de medir el alcance de la delincuencia organizada en el mundo. En su informe de 2025, situaba a Turquía en el décimo puesto de los 193 países estudiados (Francia ocupa el puesto 56). El informe destaca en particular la pasividad y la complicidad de las autoridades en relación con el tráfico de drogas y de seres humanos. También advierte sobre el blanqueo de capitales, “en el que probablemente están implicadas personas integradas en el aparato estatal”.

Traducción de Miguel López

Los medios de comunicación de Países Bajos informaban este viernes de una noticia que ya no sorprende demasiado, dados los antecedentes: la puesta en libertad de un presunto miembro de la Mocro Mafia. Su apellido no puede ser más ilustre, Taghi. Firass, de 24 años, es sobrino de Ridouan, máximo cabecilla de la organización criminal, fue detenido en Tarifa cuando entraba en España desde Marruecos. Cayó en virtud de una orden europea a solicitud del país neerlandés, que le atribuía su participación en un gran alijo de cocaína. Sin embargo, un error en el proceso de extradición le deja en libertad.

La puesta en libertad del sobrino de Taghi se produjo tras el recurso presentado por el mismo abogado que, en su momento, consiguió la salida de prisión de otro de los hombres fuertes de la Mocro Mafia, Karim Bouyakhrichan, que permanece prófugo de la Justicia desde hace más de un año.

La Fiscalía Antidroga, que se opuso a la decisión, llevó a cabo todos los pasos precisos para hacer avanzar el proceso y entregar al presunto narco a Holanda. El Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional acordó en un primer momento la prisión provisional de Firass. Sin embargo, no se materializó la entrega en los plazos establecidos para ello, lo que propició que el letrado que representa sus intereses presentase un recurso de apelación.

Dicho recurso encontró amparo en la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, admitiendo que el plazo de entrega de diez días prorrogable por otros diez días más no se habían cumplido, por lo que entendió que correspondía poner en libertad al sobrino de Ridouan Taghi.

Lo ocurrido vuelve a poner en entredicho el funcionamiento del sistema judicial en España, que en los últimos tiempos ha causado la puesta en libertad de numerosos presuntos criminales. Otro ejemplo de ello es Fikri Amellah, cuya historia detalló en su día Narcodiario.

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Benahavís, en plena Costa del Sol, a un fugitivo buscado por las autoridades polacas, considerado por Europol como un Objetivo de Alto Valor (HVT, por sus siglas en inglés) por los supuestos delitos de homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. El arrestado formaba parte de una gran red internacional desmantelada años atrás en España dedicada al envío de grandes cantidades de marihuana a Polonia desde la península ibérica en camiones de frutas y verduras, hechos de los que dio cuenta en 2023 Narcodiario.

Junto al fugitivo se ha arrestado a otro prófugo de la justicia polaca sobre el que también pesaba una orden de detención. Ambos arrestados, según las autoridades polacas, lideraban una organización criminal de carácter violento de Cracovia que se dedicaba al transporte de estupefacientes desde España hasta Polonia y que no dudaban en amenazar a agredir a agentes aduaneros y a cualquiera que se opusiera a su negocio.

La investigación se inició el pasado mes de mayo, cuando por parte de las autoridades polacas se compartió información en la que se alertaba sobre la posible presencia en España, una vez más, de la misma organización criminal de carácter violento dedicada al tráfico internacional de estupefacientes detectada años atrás. A su vez, las autoridades del país, informaban que la organización formaría parte de un grupo de hooligans, aficionados radicales vinculados a equipos de fútbol, que controlaba el tráfico de drogas en la ciudad de Cracovia.

Sobre la organización criminal se habían iniciado pesquisas en Polonia en el año 2016 y, en el año 2022 y 2023 se desarticularon dos redes criminales dedicadas al tráfico de drogas, principalmente marihuana, que operaban entre España, Polonia y otros países europeos. Ambas organizaciones funcionaban bajo estructuras jerárquicas, coordinando la adquisición intracomunitaria de grandes cantidades de drogas, su transporte internacional y distribución en Polonia y otros territorios. Se documentaron compras y ventas de marihuana en cantidades superiores a 140 kilogramos y de cocaína en cantidades significativas, con valores en el mercado negro que superan varios millones de zlotys, la moneda del país destino de las drogas.

Los agentes polacos también detectaron que integrantes de estas redes participaron en múltiples actos ilícitos, incluyendo agresiones violentas a agentes de la Guardia de Fronteras y a particulares utilizando vehículos y objetos punzantes, siendo el líder principal y causante de graves lesiones a la autoridad el prófugo arrestado.

Las indagaciones de los agentes españoles permitieron identificar y localizar al fugitivo en el municipio malagueño de Benahavís, por lo que se estableció un operativo para su arresto que contó con la colaboración de una delegación de la policía de Cracovia y permitió la detención del prófugo, que se encontraba huido de la justicia polaca desde hacía más de dos años.

Tras el arresto se pudo localizar y detener al otro líder de la organización, en el municipio de Denia, sobre el que también recaía una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades polacas.

El hombre asesinado a tiros este martes a la entrada de un edificio en pleno centro de Barcelona ha sido identificado como Filip Knežević, presunto sicario del clan montenegrino Kavač y uno de los criminales balcánicos más buscados, según ha sabido de fuentes conocedoras de la investigación el consorcio de investigación OCCRP, del que es socio infoLibre.

Los Mossos d'Esquadra han confirmado oficialmente la identidad de la víctima este jueves y han dicho que se encontraron documentos de identidad falsos en su poder. La investigación sigue abierta.

Knežević, de 36 años, era buscado en Serbia por los asesinatos en 2020 de dos mafiosos rivales en la isla griega de Corfú. Fuentes familiarizadas con el caso han explicado a OCCRP que Knežević había estado recientemente en Ibiza y tenía previsto viajar a Roma. Aunque se alojaba en un apartamento no turístico de un edificio de Barcelona, creen que no era residente en España.

Le dispararon por la espalda en el interior de la entrada del número 200 de la calle Consell de Cent. El atacante disparó al menos 10 veces con un arma automática, alcanzando a Knežević en la cabeza y la espalda mientras que otras balas impactaron en las paredes interiores del edificio.

Las autoridades lo identificaron por sus huellas dactilares, ya que figuraba en una base de datos criminal serbia. Según un informe de la policía secreta serbia obtenido por el medio de investigación KRIK, Knežević formaba parte de un equipo de asalto del clan Kavač que fue enviado a Corfú para asesinar a Alan Kožar, líder del clan rival Škaljar. Al parecer, Knežević y otro sicario entraron ilegalmente en Grecia a través de Kosovo y Macedonia del Norte y siguieron la pista de Kožar durante varios días.

El 23 de julio de 2020, esperaron mar adentro en una embarcación hasta que Kožar regresó de la playa a su casa de alquiler. En ese momento, abrieron fuego, matando a Kožar y a su acompañante. Las comunicaciones interceptadas indican que Knežević cobró 200.000 euros por el asesinato.

Mathias Akyazli, George Kim y Othman El Ballouti volaron este domingo en un avión de la Fuerza Aérea de Bélgica hacia el país europeo. Los tres han sido extraditados por autoridades de Emiratos Árabes Unidos tras ser detenidos en Dubái, acusados de delitos graves relacionados con el crimen organizado. De los tres, el nombre célebre es el último, presunto capo de la droga de la temida Mocro Mafia que se autodenomina empresario —tiene negocios de relojería y restauración— al que vinculan con los mayores alijos de cocaína que se hayan introducido nunca a través del puerto de Amberes.

La Policía de Dubái le arrestó en diciembre pasado. Los tres extraditados, pero en especial El Ballouti, estaban entre los principales sospechosos buscados en el país asiático en relación con casos de delincuencia organizada transfronteriza. Todos ellos fueron incluidos en la categoría de los más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol). Los tres ciudadanos belgas fueron detenidos en virtud de las notificaciones rojas de Interpol emitidas contra ellos en una operación que puso de manifiesto la estrecha coordinación de la Policía de Dubái con las fuerzas del orden internacionales.

El Ballouti está vinculado policialmente con capos del nivel de Sebastián Marset, el presunto delincuente más famoso de Uruguay, acusado de enviar alijos de droga descomunales hacia Europa, muchos de ellos a través del citado puerto de Amberes. Desde Sudamérica también trascendió en su momento un mensaje por parte de un emisario de El Mayo Zambada, ahora encarcelado en Estados Unidos, cuando aún dirigía el Cártel de Sinaloa, para el pago de una supuesta deuda. Precisamente el país norteamericano también le había incluido entre sus principales objetivos policiales.

En España también tendría intereses, especialmente por el papel central del país ibérico a la hora de la introducción de droga en Europa. Además, tal y como informó infoLibre en su momento en la investigación 'Dubai Unlocked', mantuvo contacto con Alejandro S.V., alias El Tigre, considerado el mayor capo español del momento, que le habría vendido una lujosa propiedad en el emirato en el que ambos residían. El Tigre está reclamado por España por el asunto del inspector de la Policía que ocultaba 20 millones de euros en la pared de su domicilio, una investigación que incluyó la caída de más de 13.000 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras procedentes de Ecuador.

Ahora será la Justicia belga la que le procese por narcotráfico internacional, entre otros delitos, en el seno de la citada organización Mocro Mafia, que está siendo debilitada de forma considerable tras los repetidos golpes policiales con la colaboración de Emiratos Árabes.

El banco privado suizo Reyl Intesa Sanpaolo se enorgullece de su alcance mundial y de su “cultura responsable”. Con sede en un edificio señorial ubicado en uno de los barrios más exclusivos de Ginebra, se describe a sí mismo como una organización centrada en el cliente que ofrece “soluciones que responden a las necesidades cada vez más complejas de sus clientes”. Pero, a puerta cerrada, el banco se ha visto sometido al escrutinio de los reguladores financieros por su lista de clientes, que incluye a hijos de autócratas centroasiáticos y otras figuras que presentan un riesgo de blanqueo de capitales.

La correspondencia entre el banco y la Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), obtenida por el consorcio de medios de investigación OCCRP –al que pertenece infoLibre– y el periódico francés Le Monde, revela que el regulador financiero suizo ha investigado a Reyl por “deficiencias en el ámbito del blanqueo de capitales” y supuestos fallos en su gestión de cuentas de alto riesgo.

Varias cartas enviadas por la FINMA a Reyl, junto con las respuestas del banco, muestran cómo una inspección in situ del organismo regulador en el verano de 2023 encontró “un nivel muy alto de apetito de riesgo de AML [blanqueo de capitales por sus siglas en inglés], así como un cierto descuido en la forma en que cumplió con sus deberes de diligencia debida”. Según una carta que envió al banco en enero de 2024, la FINMA elevó sus indagaciones a su división sancionadora, que investiga las infracciones de la legislación financiera.

Aunque la FINMA no puede presentar cargos, sí puede interponer denuncias ante las autoridades penales suizas, y está obligada a hacerlo si detecta fraude corporativo o comercial. También puede revocar la licencia de un banco, confiscar los beneficios obtenidos ilegalmente y prohibir la actividad de banqueros individuales. No hay pruebas de que la FINMA haya presentado una denuncia o tomado otras medidas sancionadoras contra Reyl. La FINMA contestó a OCCRP que no puede comentar casos concretos.

Reyl también ha rehusado responder sobre casos concretos, pero indica que está “cooperando plenamente con las autoridades supervisoras, concede la máxima prioridad a garantizar el cumplimiento de toda la normativa aplicable y se esfuerza continuamente por mejorar sus procesos y controles internos”.

El banco también explica que presentó una queja ante las autoridades suizas por las preguntas enviadas por OCCRP y sus socios: “La información que ustedes envían es confidencial y está sujeta a las obligaciones de secreto bancario que impone la legislación suiza. El banco, al considerarse parte perjudicada por la violación del secreto bancario, ha presentado una denuncia contra personas desconocidas ante las autoridades suizas para salvaguardar tanto a la institución como a sus clientes”.

El muy opaco sector bancario suizo está protegido por leyes draconianas que dan prioridad a la privacidad de los clientes de las entidades y limitan la libertad de los periodistas para informar sobre ellas.

Por su parte, las autoridades suizas recalcan que el país cuenta con una sólida normativa contra el blanqueo de capitales que puede vigilar adecuadamente el sector bancario, aun manteniendo su tradicional secretismo. Pero los hallazgos de esta investigación demuestran que los bancos suizos siguen siendo un destino preferente para clientes extranjeros, algunos de ellos con patrimonios de origen dudoso.

En su correspondencia con el banco, la FINMA le planteó preguntas sobre su gestión de las cuentas pertenecientes a seis clientes de alto riesgo, entre ellos un exministro ruso, el yerno del difunto hombre fuerte uzbeko Islam Karimov y un gestor de activos suizo que administraba empresas para los hijos del dictador azerbaiyano Ilham Aliyev. Ninguno de ellos ha respondido a las preguntas que les envió OCCRP al respecto. El regulador financiero también preguntó al Rey Intesa Sanpaolo por la hija del expresidente de Kazajistán, que está siendo investigada penalmente en Suiza por el origen de las decenas de millones de francos que posee en el banco. Su abogado asegura a OCCRP que siempre ha cooperado con las autoridades en la declaración del origen de su patrimonio.

Una carta de la FINMA con fecha de septiembre de 2023 presentaba las conclusiones de una inspección en la sede del banco en Ginebra el mes anterior, y describía sus medidas contra el blanqueo de capitales como “insatisfactorias”. La carta advertía de que Reyl seguía en la categoría de riesgo “muy alto” del regulador en cuanto a su potencial para blanquear capitales.

Los inspectores descubrieron que miles de alertas de transacciones de alto riesgo –avisos internos que se activan automáticamente por movimientos de dinero sospechosos– no habían sido revisadas por el personal del banco durante dos o más meses. También descubrieron que los procedimientos conocidos como KYC (Know Your Client, Conozca a su cliente) de más de 1.400 cuentas llevaban más de cinco años sin someterse a revisión. Estos procedimientos permiten identificar la identidad de un cliente y verificar el tipo y volumen de sus transferencias, y son obligatorias para todas las entidades financieras para evitar el blanqueo de capitales.

También detectaron “riesgos de conflictos de intereses” por el papel de François Reyl, director general del banco en ese momento, que según los inspectores había gestionado directamente relaciones con clientes por valor de más de 1.200 millones de francos suizos, –1.294 millones de euros–, en un comité clave del banco que votaba si se aceptaban nuevos clientes. François Reyl dejó su puesto de director general de Reyl en julio de 2024, pero sigue siendo miembro del consejo y socio principal.

Justyna Gudzowska, directora ejecutiva de The Sentry, una ONG con sede en Washington DC que investiga la cleptocracia, destaca a OCCRP que un banco debe asegurarse de tener controles sólidos si acepta clientes de riesgo. “Si vas a clientes de alto riesgo, será mejor que te asegures de que tu marco contra el blanqueo de capitales está en plena forma”, señala Gudzowska, que antes trabajó como abogada para el banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.

En su carta de septiembre de 2023, la FINMA encomendaba a Reyl la puesta en marcha de una serie de recomendaciones en los meses siguientes y le pedía que, mientras tanto, “redujera drásticamente o incluso interrumpiera” la captación de nuevos clientes de alto riesgo o políticamente expuestos.

El 31 de enero de 2024, la FINMA informó al banco de que su expediente había sido “trasladado a la División de Sanciones para llevar a cabo investigaciones adicionales”. La carta señalaba preocupaciones específicas sobre las “relaciones comerciales vinculadas a Rusia” de Reyl. Pero, a pesar de la aparente escalada del caso, al menos en enero de 2024 aún no se había abierto “ningún procedimiento sancionador” contra el banco, según escribió la FINMA en la carta enviada en esa fecha.

A lo largo de los años, las revelaciones sobre los bancos suizos Credit Suisse, HSBC Suisse y UBS desvelaron indicios de blanqueo de dinero y evasión fiscal masiva, pero tales indicios de actividad bancaria de alto riesgo en Suiza siguen siendo escasos debido al secreto extremo que envuelve al sector. Una ley que se remonta a la década de 1930 establece que los empleados de banca pueden ser encarcelados en Suiza por compartir información sobre clientes con terceros, incluso si quieren denunciar irregularidades. Desde 2015, la ley se aplica también a periodistas, activistas y otras personas.

Los defensores de la transparencia afirman que la ley silencia a los denunciantes y a los periodistas que trabajan por el interés público. “La ley bancaria suiza es un ejemplo de criminalización del periodismo”, denuncia Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre libertad de expresión, a Paper Trail Media, socio de OCCRP.

La investigación Suisse Secrets, coordinada por el diario alemán Süddeutsche Zeitung y OCCRP, reveló en 2022 que docenas de individuos implicados en torturas, tráfico de drogas, blanqueo de dinero y corrupción habían realizado operaciones bancarias con Credit Suisse.

Sin embargo, poco más de dos meses después, los legisladores suizos votaron en contra de una propuesta para suavizar las disposiciones de la Ley Bancaria que penalizan la información sobre datos financieros sensibles. En diciembre de 2023, la Cámara Alta del Parlamento suizo aprobó una moción en la que se pedía al Gobierno del país que examinara si la publicación de cualquier dato obtenido ilegalmente –que puede incluir información proporcionada por un denunciante– debería tipificarse como delito.

Fue en este entorno ultraprotegido donde prosperó Reyl.

Fundado en Ginebra hace más de medio siglo por el banquero Dominique Reyl, el banco comenzó como un negocio de gestión de grandes patrimonios antes de obtener una licencia bancaria en 2010, poco después de que el hijo del financiero, François Reyl, asumiera el cargo de director general.

En 2013, el periódico francés Mediapart reveló que el banco había ayudado al ministro de Hacienda Jérôme Cahuzac a ocultar fondos no declarados en Suiza. El político dimitió y fue condenado a tres años de cárcel.

Posteriormente, el banco reconoció haber facilitado la transferencia de activos a entidades extraterritoriales, incluidas cuentas en Singapur, de al menos ocho clientes en 2009. François Reyl, a quien una sentencia judicial describió como “el ejecutor esencial para la comisión de los actos de blanqueo de capitales”, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia en 2016 por su papel en la ocultación de los activos, y sentenciado a un año de prisión con suspensión de pena, mientras que el banco fue multado con alrededor de 1,9 millones de euros. François Reyl no ha respondido a las preguntas que le ha formulado OCCRP.

Esa condena no impidió que François Reyl siguiera al frente del banco, que en mayo de 2021 se fusionó con la sucursal suiza del gigante italiano Intesa Sanpaolo. Ese mismo año, Reyl fue elegido “mejor boutique de banca privada” de Europa en los Global Private Banking Awards. En un cuestionario de 2021 del Grupo Wolfsberg –una herramienta diseñada para evaluar los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales de las instituciones financieras–, el banco declaró que estaba “plenamente comprometido con la lucha contra la delincuencia financiera”.

Pero sólo seis meses después, en marzo de 2022, la FINMA llevó a cabo lo que denominó “primer examen de supervisión” sobre las medidas de Reyl contra el blanqueo de capitales, y detectó “deficiencias materiales” en los sistemas del banco.

Así fue cómo la FINMA empezó a preguntar a Reyl cómo captaba y trataba a los clientes de alto riesgo.

A finales de septiembre de 2023, cuando la FINMA envió al banco un informe de sus conclusiones, ya habían aparecido públicamente más señales de alarma. Un grupo de periodistas de investigación, incluido OCCRP, había revelado a mediados de septiembre que la gestora de inversiones Finaport, que remitía clientes a Reyl, prestaba servicios a varios rusos de alto riesgo.

De repente, la atención se centró en los propios clientes de Reyl.

Entre ellos se encontraban Leonid Reiman, ministro de Telecomunicaciones bajo el mandato de Vladímir Putin durante la década de 2000 y más tarde asesor presidencial, y las ciudadanas rusas Liubov Komissarenko y Natalia Ponomarenko, que se convirtieron en clientes de Reyl en 2022 pese las alertas rojas sobre el origen de sus patrimonios.

En una sentencia de 2006 de la que se hicieron eco medios de comunicación de todo el mundo, un tribunal suizo dictaminó que Reiman había obligado a una compañía de comunicaciones a comprar una empresa de su propiedad “por una cantidad exorbitante” a fin de obtener licencias de funcionamiento. La sentencia, confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo del país, sostenía que la “intención manifiesta” de Reiman era “apropiarse indebidamente para su enriquecimiento personal de activos cuya propiedad mayoritaria correspondía a la Federación Rusa”. Reiman también fue investigado en Alemania en relación con una supuesta venta de unos negocios de telecomunicaciones que se había transferido indebidamente a sí mismo, pero el caso se archivó en 2012 cuando los fiscales concluyeron que no habían podido obtener pruebas porque no habían conseguido la cooperación de los funcionarios rusos.

Unos meses después de que se abandonara la investigación alemana, Reyl comenzó a evaluar a Reiman como posible cliente, según muestra la correspondencia entre el banco y la FINMA. François Reyl se reunió personalmente con Reiman a principios de 2015, y el exministro se convirtió en cliente. En septiembre de 2023, cinco cuentas de Reyl que el banco describe como “relacionadas” con Reiman tenían activos por valor de 81 millones de francos suizos –87,4 millones de euros –, según consta en las cartas a las que ha tenido acceso OCCRP.

Pero sólo 11 días después de que se publicara el reportaje de OCCRP sobre Finaport y sus clientes, donde se mencionaba a Reiman, el comité de admisión de clientes de Reyl decidió cancelar las cuentas del exministro ruso, alegando que constituía un riesgo para su reputación, según revelan las cartas de la FINMA. Cinco meses antes, el mismo comité había votado a favor de continuar la relación con Reiman sobre la base de que “no se habían identificado más noticias negativas ni transacciones inusuales”. El ex ministro ruso no ha contestado a las preguntas que le ha enviado OCCRP.

Reyl parece haber actuado de forma similar con Komissarenko y Ponomarenko: sólo canceló sus cuentas cuando sus nombres aparecieron en la investigación de Finaport.

Komissarenko fue durante mucho tiempo pareja sentimental de Alexander Ponomarenko, que dirige Mosvodokanal, una empresa pública rusa de suministro de agua y saneamiento. Natalia Ponomarenko es hija suya de otra relación. En su investigación sobre Finaport, OCCRP publicó que Mosvodokanal había adjudicado a la empresa de Komissarenko contratos por valor de millones de euros después de que Alexander Ponomarenko comenzara a dirigir la empresa en 2012.

Después de que, en 2022, Finaport recomendara a Komissarenko que acudiera a Reyl, los correos electrónicos revelan cómo el empleado del banco suizo que estaba realizando el procedimiento de diligencia debida planteó sus dudas a Finaport debido a un reportaje donde se afirmaba que Alexander Ponomarenko “ayudaba [a Komissarenko] a obtener los contratos estatales que necesitaba”.

En noviembre de 2022, el equipo antiblanqueo de Reyl se negó en un primer momento a dar luz verde a Komissarenko, citando riesgos para la reputación “relacionados con el origen de los activos del cliente”, tal y como desvela correspondencia con la FINMA. Pero el banco terminó aprobando la apertura de la cuenta después de que el banquero personal de Komissarenko en Reyl proporcionara información adicional.

Una carta de marzo de 2024 de Reyl a la FINMA revela cómo, el mismo día en que OCCRP publicó su investigación sobre Finaport, en septiembre de 2023, el comité de admisión de clientes de Reyl recomendó cancelar las relaciones con Komissarenko y Natalia Ponomarenko “debido a las malas noticias”. Ni Komissarenko ni Ponomarenko han respondido a las preguntas que les ha formulado OCCRP.

La FINMA había hecho referencia a la investigación de Finaport en la carta que envió al banco en septiembre de 2023. En enero de 2024, también solicitó información sobre los familiares y socios de dictadores famosos de Azerbaiyán y Uzbekistán. En mayo añadió a su lista a la hija del exdirigente de Kazajistán, que ahora es objeto de una investigación penal en Suiza en relación con el origen de las decenas de millones que tenía en Reyl.

En el marco de sus investigaciones contra el blanqueo de capitales, la FINMA se centró en un gestor de activos suizo llamado Olivier Mestelan, cliente de Reyl, que mantenía desde hacía tiempo vínculos financieros con la familia del presidente autoritario de Azerbaiyán, Ilham Aliyev. Aliyev lleva en el poder desde que sucedió a su padre, Heydar Aliyev, en 2003, y ha continuado con una brutal represión de la disidencia, mientras su familia se ha enriquecido de forma vertiginosa.

Khadija Ismayilova, periodista de investigación azerbaiyana, fue encarcelada en 2015 por lo que muchos observadores consideraron cargos de corrupción por motivos políticos. Ismayilova había escrito una serie de reportajes con OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty en 2011 y 2012 en los que revelaba cómo las hijas de Aliyev dirigían varias empresas offshore que tenían participaciones en una lucrativa mina de oro y en una importante empresa de telecomunicaciones de Azerbaiyán.

El reportaje mencionaba a Mestelan como codirector de esas sociedades en paraísos fiscales. Un cable clasificado del Gobierno estadounidense enviado desde Washington DC a Bakú, la capital azerí, en 2010, y publicado posteriormente por Wikileaks, describía a Mestelan como un “alto funcionario azerí”.

En enero de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que revelara cualquier vínculo que tuviera con Olivier Mestelan, así como cualquier relación “con Azerbaiyán”.  Reyl contestó al regulador financiero que tenía una relación comercial con la firma suiza de gestión de activos de Mestelan, Privaxis Services SA, a la que había clasificado como de alto riesgo “debido a sus vínculos con la familia gobernante en Azerbaiyán”.

Reyl también aseguró a la FINMA que actuaba como custodio de dos fondos de inversión que gestionaban activos por valor de 413 millones de francos suizos –445 millones de euros– a fecha de diciembre de 2023. Uno de los suscriptores institucionales de los fondos, precisó Reyl, era la Banca Privada d'Andorra, un banco privado andorrano que se encuentra en liquidación desde que los fiscales estadounidenses lo declararon una “institución financiera de preocupación primaria de lavado de dinero” en 2015.

Según la correspondencia a la que ha tenido acceso OCCRP, el banco andorrano actuó como suscriptor nominal de los inversores subyacentes de los fondos, a los que Reyl describió como “ciudadanos azeríes, algunas de las cuales estaban conectadas con la familia gobernante en Azerbaiyán. El Sr. Mestelan personalmente también figuraba como suscriptor subyacente”. Reyl no nombra los fondos ni identifica a sus otros inversores secundarios en la correspondencia con la FINMA.

Pero, aunque el regulador financiero había pedido a Reyl que revelara todos sus vínculos con Olivier Mestelan, el banco no mencionó en la correspondencia obtenida por OCCRP que su filial de gestión de activos había cofundado una sociedad de inversión maltesa con el gestor en 2010. Esa sociedad de inversión, inicialmente llamada Privaxis Umbrella Fund Sicav Plc –posteriormente rebautizada como Aladdin Umbrella Fund–, tenía un subfondo que poseía 30 millones de dólares en depósitos en el Banco Internacional de Azerbaiyán, de propiedad estatal, desde 2011, según consta en su informe anual.

Uno de los directivos de la empresa maltesa, Philippe Houman, fue condenado por blanqueo de capitales en Francia junto a François Reyl en 2016. La empresa fue liquidada ese mismo año. Ni Mestelan ni Houman han respondido a las preguntas que les ha enviado OCCRP.

Dos personas implicadas en destacados casos de soborno en Venezuela también eran clientes de Reyl, según consta en registros judiciales públicos y escritos emitidos por la Fiscalía de EEUU.

Uno de ellos es Naman Wakil, un venezolano de origen sirio que, según los fiscales estadounidenses, sobornó a funcionarios venezolanos para conseguir contratos públicos por valor de cientos de millones de dólares. Las autoridades de EEUU recuperaron alrededor de 21 millones de dólares de lo que llamaron “ganancias derivadas de actividades delictivas”, depositados en su cuenta de Reyl en Suiza mientras esperaba el juicio antes de su muerte en 2023, según muestran los registros judiciales en Estados Unidos.

Además, Adrián José Velásquez Figueroa, esposo de la ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, también era cliente de Reyl, con al menos 1,3 millones de dólares en su cuenta en 2018, de acuerdo con los registros judiciales estadounidenses. Velásquez y Guillén fueron condenados por soborno y lavado de dinero en Estados Unidos en 2022, después de haber aceptado más de 100 millones de dólares en sobornos de un empresario venezolano al que, a cambio, autorizaron realizar transacciones de divisas para el Gobierno venezolano a tasas favorables. Cada uno de ellos cumple una condena de 15 años de cárcel. Ambos niegan haber cometido delito alguno.

Un empleado de banca italiano que trabajó como contable para Santo Abossida –un narcotraficante del norte de Italia que trabajó con la 'Ndrangheta, la mafia calabresa, hasta su muerte en 2012– fue condenado por un tribunal de Génova en julio de 2021 por transferir fondos fraudulentos y blanquear dinero, incluida una cuenta en Reyl.

El empleado, Flavio Forti, no negó el delito y llegó a un acuerdo con los fiscales, aceptando una pena de dos años de prisión.

Los reguladores suizos empezaron a investigar el caso Forti ese mismo año, en diciembre de 2021, según consta en la correspondencia entre la FINMA y Reyl obtenida por OCCRP. En septiembre de 2023, la FINMA envió al banco una amonestación por no haber comprobado debidamente las transacciones de Forti, puesto que había “claros indicios de violación” de las leyes contra el blanqueo de capitales.

El regulador no llegó a abrir un expediente sancionador, citando la reciente fusión del banco con Intesa Sanpaolo que, según la FINMA, había “reestructurado completamente su sistema de lucha contra el blanqueo de capitales”.

Sin embargo, un documento judicial italiano obtenido por OCCRP revela que no era sólo el contable de Santo Abossida quien realizaba operaciones bancarias con Reyl: su hermana, Bombina Abossida, acusada de administrar activos obtenidos a través del tráfico de drogas, también tenía cuatro cuentas en Reyl a su propio nombre desde 2018. Bombina Abossida fue condenada a 12 años de prisión en 2023 por narcotráfico y blanqueo de capitales. Ni Forti ni Abossida han respondido a las preguntas que OCCRP les ha formulado al respecto.

Reyl también contaba entre sus clientes con el yerno de un hombre fuerte de Asia Central y la hija de otro. Lola Karimova, hija del difunto autócrata uzbeko Islam Karimov, y su marido, Timur Tillyaev, disfrutaron del estilo de vida de la jet set mientras Karimov estaba en el poder. En 2013 se instalaron en Ginebra, según declaró ella a la BBC en una entrevista.

En 2012, la FINMA advirtió a la gestora suiza de grandes patrimonios Fidurhône –de la que Tillyaev y Karimova eran clientes– de que su relación con ellos presentaba riesgos “especialmente elevados” y, dos años después, le pidió que cortara sus lazos con ambos tras constatar que los saldos de las cuentas de sus empresas se habían disparado hasta los 190 millones de francos suizos –205 millones de euros–, según una decisión publicada posteriormente por el Departamento Federal de Finanzas de Suiza.

Cuando Fidurhône se negó a cortar esos lazos, la FINMA amenazó con retirarle la licencia. Más tarde, el Departamento Federal de Finanzas multó al socio fundador de Fidurhône por no informar de actividades sospechosas en cuentas relacionadas con Tillyaev.

En 2020, la empresa de Tillyaev, Liobel Limited Inc, se convirtió en cliente de Reyl, según revela la correspondencia obtenida por OCCRP. Tillyaev abrió su propia cuenta en el banco tres años después. En diciembre de 2023, una de las cuentas contenía 83 millones de francos.

En enero de 2024, el regulador financiero ordenó a Reyl que entregara los registros relacionados con las cuentas de Tillyaev, así como información sobre todos los clientes “con un vínculo con Uzbekistán”. El banco comunicó a la FINMA que estaba reevaluando las cuentas de Tillyaev “debido a los posibles altos riesgos para su reputación” que implicaban las noticias negativas que se estaban publicando sobre la hermana de Lola, Gulnara Karimova. Tillyaev no ha contestado a las preguntas que le ha formulado al respecto OCCRP.

La hija del antiguo gobernante de Kazajistán siguió un camino similar. Nursultan Nazarbayev gobernó la nación más grande de Asia Central con mano de hierro durante las dos décadas que siguieron al colapso de la Unión Soviética, concentrando el poder en sus manos y suprimiendo la libertad de expresión y la oposición política, mientras un círculo de hombres de negocios cercanos a él amasaba enormes fortunas e influencia. OCCRP desveló en 2022 que ha creado fundaciones benéficas privadas que controlan activos por valor de casi 8.000 millones de dólares.

Su hija, Dinara Kulibayeva, se instaló en Suiza en 2007, donde confió parte de su fortuna a Reyl, según revela la correspondencia filtrada. François Reyl gestionó personalmente la relación del banco con ella durante varios años. Pero el año pasado, los reguladores suizos dijeron que querían saber de dónde procedían las decenas de millones de francos depositados en la cuenta de Kulibayeva. En mayo de 2024, la FINMA ordenó a Reyl que entregara sus “archivos completos de clientes” sobre su cuenta y sobre otra cuenta de la empresa de Kulibayeva con sede en Luxemburgo, Regulus Holdings SA, a la que Reyl concedió un préstamo de 25 millones de euros para comprar bienes inmuebles en Francia.

La consulta de la FINMA se produjo tras la apertura de un procedimiento penal contra Kulibayeva el pasado mes de abril, después de que Reyl presentara lo que se denomina “informe de actividad sospechosa” ante la oficina suiza de información sobre blanqueo de capitales en relación con la actividad de sus cuentas, según muestra la correspondencia entre el regulador financiero y el banco.

Un abogado de Kulibayeva asegura a OCCRP que ella siempre ha cooperado plenamente con las autoridades locales para facilitar información sobre el origen de los fondos que utilizó para adquirir sus propiedades inmobiliarias en Suiza. “Es de dominio público que el patrimonio de nuestra cliente procede de su participación en el Halyk Bank, una institución financiera regulada kazaja que cotiza en la Bolsa de Londres”, explica el abogado, Jean-Christophe Hocke. “Éste es también el caso de los fondos depositados en Reyl”. En la correspondencia obtenida por OCCRP, Reyl también responde a la FINMA que la cuenta de Kulibayeva se financiaba con pagos de dividendos del Halyk Bank.

Las cartas también revelan que, aunque las cuentas de Kulibayeva fueron congeladas en abril del año pasado, los fiscales dieron permiso a Reyl para procesar alrededor de 650.000 francos suizos –700.000 euros– a través de la cuenta de Kulibayeva en mayo para cubrir sus “gastos personales”.

Los últimos meses están siendo frenéticos en la lucha entre las fuerzas de seguridad y los narcotraficantes en España. La Península Ibérica ha recuperado el dudoso honor de ser la principal puerta de entrada de cocaína en Europa, el mayor mercado del mundo –probablemente nunca lo había perdido, pero los datos de incautaciones pueden llevar a engaño–, y las mafias internacionales dedicadas al negocio más lucrativo que existe echan raíces en el territorio. La Costa del Sol se mantiene como el punto neurálgico de sus actividades, sin olvidar Madrid y la periferia –Canarias y Galicia–. Detrás de los grandes negocios está el cártel de Los Balcanes.

“La organización más poderosa del mundo, rivalizando con los cárteles mexicanos”, según destaca Alberto Morales, jefe de la Brigada Central de Estupefacientes. A cuyo servicio trabaja la mafia albanesa. “Los albaneses están sobre el terreno, en España y en Sudamérica, bajan a la arena y se meten de lleno en las operaciones. El cártel de los Balcanes intenta no aparecer en la primera línea”, explica una fuente confidencial a Narcodiario, la misma que sitúa a los capos en Dubái. De hecho, la policía española está investigando el nexo entre el mayor alijo de cocaína intervenido jamás en España, 13 toneladas, en el puerto de Algeciras el pasado octubre, el inspector jefe de la UDEF al que se encontraron 20 millones de euros ocultos en una pared de su casa de Madrid y el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, residente en Dubái.

Compuesto principalmente por ciudadanos serbios y croatas, pero también del resto de repúblicas de la antigua Yugoslavia, el cártel de los Balcanes está integrado por clanes que se agrupan según sus zonas de procedencia. Muy violentos en su lucha por el control territorial, protagonizaron en los últimos meses varios ajustes de cuentas, con resultado de muerte, en los Balcanes, en España y en otros países. En los últimos tiempos, además, cuentan con el apoyo clave de la mafia albanesa.

En este punto aparecen las principales conexiones con España. El pasado enero, la Guardia Civil y la Policía Nacional detuvieron in fraganti a siete albaneses cuando pretendían descargar un gran alijo de cocaína en Vilanova de Arousa (Pontevedra). Era la primera vez que personas ajenas al narcotráfico gallego se aventuraban a descargar cocaína en las Rías Baixas. Aunque los albaneses llevaban tiempo dejándose ver en Galicia: en 2023 en un pesquero intervenido antes de su llegada a las Islas Cíes, poco después como presuntos dueños de los 7.500 kilos de cocaína incautados en un contenedor en Cambre (A Coruña) y más tarde en el primer alijo del año, más de 1.200 kilos confiscados en el puerto de Vigo.

La Policía Nacional tiene constancia de que el cártel de los Balcanes está detrás de la financiación de alijos multimillonarios como los 9.500 kilos intervenidos en el puerto de Algeciras en el último trimestre de 2023, los 7.500 kilos de Galicia poco tiempo después o el descomunal cargamento de 13.000 kilos localizados en la dársena gaditana en octubre de 2024. Y de que el cártel ha operado con la intermediación de la mafia albanesa. Es más, la Policía sostiene que, al menos en el caso de las 13 toneladas, contó con el apoyo del inspector jefe detenido con 20 millones de euros emparedados en una pared de su vivienda en Madrid.

El policía, según pudo saber Narcodiario, entró en contacto con las grandes mafias internacionales del narcotráfico tiempo atrás. Se desconoce si lo hizo cuando era responsable de la lucha antidroga a través de Internet o ya en su destino como investigador contra el blanqueo de dinero. Antes de pasar a dirigir el área de blanqueo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fisca (UDEF) en la Jefatura Superior de Policía de Madrid, estuvo en el complejo policial de Canillas y decidió pasarse al otro lado a cambio de suculentas cantidades de efectivo. El asunto sigue bajo secreto de sumario, pero Narcodiario muestra en exclusiva nuevas imágenes del dinero y de otros objetos de lujo incautados en la histórica operación, que incluyó numerosas detenciones en todo el país.

Estos arrestos, el decomiso de los 20 millones en efectivo y el alijo de 13.000 kilos en Algeciras tuvieron un veloz reflejo en las mesas de Dubái, donde se organizan operaciones que, como ésta, mueven cocaína por valor de 500 millones de euros en los mercados clandestinos internacionales. A una de esas mesas, sostiene la Policía Nacional, se sienta El Tigre.

Las autoridades españolas siguen esperando que sea extraditado por su presunta implicación en grandes operaciones de tráfico de cocaína. En concreto, un juzgado de Algeciras lo reclama por un cargamento de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón que llegó al puerto gaditano desde Paraguay en 2020. Pero, como ocurre con otras decenas de extradiciones solicitadas desde Europa, Dubái no responde.

Mientras, el cártel de los Balcanes ha pedido explicaciones a El Tigre por las últimas pérdidas de droga en manos de la policía. Alejandro Salgado Vega se encuentra en libertad en el emirato después de haber pasado un año entre rejas: en agosto de 2022 fue detenido por consumir droga en su propia casa, un lujoso apartamento de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah.

Este presunto narcotraficante español es considerado por la Guardia Civil “el más importante de España”, si bien otras fuentes le señalan como “uno de los grandes, pero no el único”. En cualquier caso, las autoridades españolas le situaban como una pieza clave de la operación Faukas, llamada Desert Light por Europol, por su nexo directo con el cártel de los Balcanes para las grandes operaciones de tráfico de cocaína a través del puerto de Algeciras. Ahora lo investiga también por su posible nexo con el macroalijo de los 13.000 kilos, aunque aún no ha conseguido probarlo.

El poder de los narcos es casi infinito. Las caídas se arreglan con nuevas operaciones y, desde octubre de 2024 hasta febrero de 2025, han entrado miles de kilos de droga colombiana en Europa a través de la Península Ibérica. El negocio sigue, aun cuando el inspector jefe que hacía de topo está entre rejas y los grandes capos se esconden en su jaula de oro dubaití. Los precios de la droga están por los suelos ya no sólo en España, sino en el resto de Europa. 16.000 euros el kilo de cocaína en Galicia y 22.000 libras en Reino Unido eran cifras impensables hace apenas un lustro. Mientras, los Estados no se ponen de acuerdo a la hora de desarrollar políticas que frenen una espiral delictiva que se traduce en un daño social difícil de cuantificar, además de en violencia y muerte.

Coordinó junto al Cuerpo Nacional de Policía la recientísima operación contra un gran clan albanés en el puerto de Vigo. Trabajó en la incautación del mayor alijo de la historia de Galicia, los 7.500 kilos de cocaína intervenidos en diciembre de 2023. Conoce a la perfección las dinámicas criminales en los puertos de Europa y analiza todas las posibilidades para detectar los movimientos de los narcos que dominan los flujos ilícitos de cocaína desde América Latina. La jefa del Servicio de Vigilancia Aduanera del puerto de Vigo, Laura Piñeiro, hace un repaso a una situación en la que la droga colombiana inunda los mercados occidentales. 

Descríbanos el escenario actual del tráfico de cocaína.

El tráfico de cocaína ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos dos años. Esto ha repercutido a nivel europeo en lugares como Amberes o Róterdam y,  en el caso de España, Barcelona, Algeciras y Valencia se han visto afectados, también el puerto de Vigo. Si tiramos de estadísticas podemos ver que Vigo experimenta un volumen de operaciones en torno a unos 20.000 TEU [medida que equivale a un contenedor estándar]. En Algeciras hay 400.000, en Valencia 450.000, en Barcelona algo más de 300.000, wn Bilbao, por ejemplo, 40.000. Y, si analizamos y comparamos las operaciones de entrada de mercancía legal con la ilícita, vemos que en Algeciras entraron 13 toneladas de cocaína, 14 en Valencia, 18 en Barcelona y en Vigo han sido ocho. Si hacemos una comparativa, vemos que el incremento de la entrada de cocaína en el puerto de Vigo es considerable.

¿Qué se esconde detrás de estos números?

Hay una evolución. El número nacional de aprehensiones ha aumentado considerablemente. Estuvimos en 90 toneladas de cocaína en todo el año. Si lo comparamos con 2022, han sido más del doble [40 toneladas] y en el año anterior fueron 30 toneladas. Esto se ha reflejado en el puerto de Vigo. Hemos pasado de una operación anecdótica en 2021 a tres operaciones en 2022, cuando el volumen de las aprehensiones se quedaba en decenas, como mucho en cientos de kilos. En 2023, sin embargo, se mide por toneladas. Tuvimos ocho toneladas y media de cocaína aprehendidas. Sí es cierto que en un único contenedor se encontraron casi siete toneladas de cocaína, y eso rompe todas las estadísticas.

Si vemos que Algeciras o Valencia tienen un mayor número de operaciones que Barcelona, por ejemplo, ¿por qué se incauta más cocaína en Barcelona? El motivo son las rutas comerciales. En el caso de Vigo esto afecta muchísimo. Es uno de los puertos con mayor travesía y conexiones con puertos calientes de Latinoamérica, y la mercancía legal que llega es la más utilizada por las organizaciones: tenemos la fruta, con el banano, el producto por excelencia; las piñas, el mango o la lima. También los productos pesqueros congelados, muy utilizados por los narcos. Si a esto añadimos las rutas calientes por las que llegan barcos semanalmente, varios, con conexiones directas desde Brasil u otros que hacen transbordo vía Algeciras, vemos que es el caldo de cultivo y el reflejo de este crecimiento.

¿Cómo pueden luchar contra este problema?

Se analizan las bases de datos de la Agencia Tributaria y todo el volumen de importaciones, el tráfico comercial, así como el sector económico en concreto. Esto nos permite no sólo conocer una empresa en concreto, sino también la evolución del entorno y de los administradores de esa empresa. Sobre la operación de los 7.500 kilos no puedo dar más datos, pues está en fase de instrucción y podría perjudicar su marcha.

Pero en relación con otras operaciones detectamos patrones comunes. Cuando estamos hablando de esta cantidad de cocaína y este método de ocultación, el hecho de que la droga estuviese oculta en el interior de los palés, en este caso o en cualquier otro, hace pensar que la empresa exportadora y la empresa importadora tendrían que estar vinculadas. Ello es así porque para llevar a cabo el rescate de la sustancia no se podría hacer de otra forma. Para investigar a estas organizaciones nos servimos de bases de datos de la Agencia Tributaria, del análisis de la información, así como de técnicas policiales.

Existen métodos de introducción de la droga de lo más variado...

Cuando hablamos de introducir droga en un puerto, convergen varias tipologías. Los métodos más comunes y tradicionales son los veleros, los pesqueros o incluso técnicas más novedosas que vemos hoy en día, como los narcosubmarinos, los semisumergibles. En los puertos, lo más utilizado son los buques portacontenedores y los contenedores en sí mismos. En estos casos hay que tener en cuenta que la droga no sólo puede ir escondida en el interior del contenedor o en la carga, sino que también el buque en sí mismo puede ser un lugar de ocultación de la droga. En ocasiones efectúan un rip-off, un gancho perdido, dentro del contenedor. Utilizan una oquedad en la estructura del barco, ocultan unas mochilas de hasta 100 kilos, cantidades pequeñas, y las adhieren en esos lugares con imanes para que no se mueva la mercancía.

También pueden adherir las pastillas de cocaína en pequeños grupos, de dos o tres, con imanes, en partes del barco ocultas a simple vista, pero conocidas por los miembros de la organización. Sólo al pasar las recogen y se las llevan entre sus pertenencias, debajo de la chaqueta o en una mochila. Detrás del rescate de estas cargas están las collas de los propios puertos, los trabajadores de las estibas, tanto en origen como en destino. Ellos pueden recoger estos bultos pasando desapercibidos, como si fueran enseres personales.

Sin embargo, lo más común es el interior del propio contenedor. ¿Cuáles son los esquemas?

Puede esconderse dentro de la propia carga, dentro de la mercancía. Para ello es precisa la colaboración de la empresa exportadora y de la empresa importadora. También puede ser una ocultación parasitaria, el rip-off  o gancho ciego. Son mochilas ubicadas entre la mercancía legal, pudiendo llegar incluso a 500 kilos. Las dejan sobre la mercancía y llevan a cabo el rescate en la propia terminal antes de que el contenedor salga hacia la empresa de destino.

También hay métodos más novedosos...

Una forma de ocultación más sofisticada es el gancho ciego en el circuito de refrigeración, lo que las organizaciones criminales llaman los “ojos del contenedor”. En este caso, se reduce la cantidad, 30 o 50 kilos como mucho. El rescate puede ser en la propia terminal con trabajadores del puerto o bien mediante cualquier otro intermediario en la cadena logística, porque la mercancía no está a simple vista. Los rescatadores pueden ser desde los encargados del mantenimiento de los sistemas de refrigeración hasta los transportistas que deben llevar el contenedor a la empresa de destino. Puede también rescatarse en la empresa de destino o incluso cuando el contenedor regresa a puerto aparentemente vacío, a través de trabajadores de la empresa de mantenimiento.

En Vigo conviven varios de estos métodos, en función de las organizaciones que están operando. Abunda más el gancho ciego, tanto en Galicia como en el resto de España, porque son pequeñas cantidades más sencillas de rescatar, pero es cierto que ha habido ganchos ciegos de 50 kilos y de 500 kilos.

También sabemos que en alguno de los casos el contenedor no iba a ser rescatado en Vigo, sino que después de no poder rescatar la droga en Amberes o en Róterdam, por ejemplo, la organización se traslada aquí para recuperarla. Podríamos hablar de otros métodos como el drop-off: lanzar las mochilas al agua desde el barco. Y, volviendo a los contenedores, pueden utilizar los espejos, que es como llaman los criminales a las puertas, y los dobles fondos, en las paredes o en el suelo.

¿Qué organizaciones criminales dominan el escenario de la cocaína ahora mismo?

El puerto es un proveedor de servicios, y al igual que no tenemos una empresa dominante que se hace con el puerto, existen por desgracia diversas redes que hacen uso de los servicios que se les presta allí. Decir qué organización está detrás de todos los envíos sería prepotente. A escala europea se habla de los cárteles colombianos y los mexicanos, que están muy aliados con los gallegos, y de la presencia creciente de organizaciones de países del Este, ya sea búlgaros o albaneses, e incluso de holandeses, que se han interesado por el puerto de Vigo por una cuestión básica: sus rutas comerciales.

En cuanto a las organizaciones albanesas, lo que estamos viendo es que, tanto en el puerto de Vigo como en el resto de España, están cambiando la tendencia. Ya no son organizaciones que están asentadas en un lugar, sino que son itinerantes. Al igual que cambian de puerto de origen para no ser detectadas, con envíos por Paita (Perú), Fortaleza (Brasil) o Balboa (Panamá), por poner tres ejemplos, hacen lo mismo en la llegada. Cuentan con ramificaciones, se mueven por todo el territorio nacional y europeo, y hoy hacen un rescate en Vigo y meses más tarde están implicadas en el rescate de un contenedor en Algeciras, o en Barcelona, o incluso en puertos europeos, italianos como Livorno. Se mueven por todo el territorio, lo que dificulta su persecución: no sólo investigamos a las organizaciones asentadas aquí, sino que también tenemos que luchar contra las organizaciones itinerantes que en un momento dado trabajan aquí durante un mes, o dos meses, un periodo corto, incluso menos, sólo para una operación concreta. Nosotros nos movemos en nuestros análisis internos y vemos que la organización se mueve.

¿Cómo pueden perseguirles?

No puedo desvelar nuestras formas de trabajar, porque me quedaría a pecho descubierto ante los malos, pero puedo comentar cuestiones que nos dan mucha ventaja. Analizar las rutas comerciales, las empresas exportadoras e importadoras, comprobar operadores de confianza –los más recientes–, la mercancía, por qué se importa una cosa u otra. Eso nos da juego, así como las técnicas policiales propiamente dichas.

Los análisis que realizamos se centran en varias etapas. Por un lado, antes de la llegada de la mercancía. Antes de que sea cargada en origen, 24 horas antes, ya tenemos toda la información sobre la carga, cuándo va a llegar y para quién es. En las inmediaciones del día de la llegada y cuando está en el puerto realizamos fondeos, el registro del buque con equipos de hasta 10 funcionarios, que se dividen con personal del buque para su registro. Además, inspeccionamos el contenedor a pie de buque. También hacemos inspecciones en destino, en almacenes de los operadores. Incluso cuando el barco va a salir seguimos haciendo análisis e intercambiando información con el puerto de destino. 

Hablemos de corrupción. ¿Es tan relevante como parece?

La presencia de personal dentro del puerto facilita a las organizaciones criminales que tenga lugar el rescate. A más personal, mayor índice de corrupción podrá haber. Pero tampoco el hecho de que no haya personal implica que el puerto no sea corrupto. Por ejemplo, en el de Barcelona, que está completamente automatizado, se detuvo a informáticos que cambiaban la numeración de los contenedores, de llenos a vacíos. Dependiendo del tipo de organización que utilice el puerto, será distinto. Un gancho ciego entre la mercancía precisa con seguridad a alguien dentro del propio puerto. Pero si está en los ojos del contenedor, el rescate se puede realizar en un momento posterior.

Vigilancia Aduanera ha detectado algunos narcosubmarinos.

Hay varios proyectos en esa dirección y técnicas para detectarlos. No puedo decir los que tenemos en Vigilancia Aduanera, pero contamos con dinámicas para ello. A nivel internacional, por informaciones que recibimos, sabemos que se están utilizando mucho en Latinoamérica. Pero no podemos corroborar la existencia de nuevas entradas en Galicia.

¿Qué medidas ha tomado Vigilancia Aduanera ante esta escalada de alijos?

Hay un crecimiento exponencial del tráfico de cocaína y, paralelamente, hay un crecimiento exponencial de los efectivos de Vigilancia Aduanera. Pasamos de ofertas de empleo público casi inexistentes en 2015 o 2016 –sumando las tres especialidades, unos 100 efectivos, y esto se mantuvo durante años–, a ampliarse en 2022 y en 2023 a 350 efectivos por año. Esto supone un incremento del 60%.

Somos un cuerpo muy pequeño y especializado. Desde que salimos de la oposición a la escuela estamos especializados en tráfico de drogas, blanqueo de capitales y contrabando. Esta especialización, la apuesta por más efectivos y la renovación de la plantilla con gente dotada de carreras universitarias están haciendo crecer a la agencia. También las nuevas técnicas de investigación con análisis automatizados e Inteligencia Artificial. Estamos analizando las bases de datos con estas técnicas que agilizan las investigaciones y repercuten en los operadores económicos, facilitando el comercio legal. Los medios técnicos se han reforzado, se han comprado escáneres de contenedores, tanto en puertos como móviles, y se están construyendo ocho nuevas embarcaciones tipo Águila, de 17 metros de eslora y alta velocidad, las más rápidas de todos los tiempos –estamos batiendo récords–, así como tres patrulleros de altura, un poco más grandes. Hay una inversión cuantiosa de capital humano y de medios.

La Justicia en España parece que en ocasiones beneficia al criminal. ¿Cómo lo valora?

Vemos un colapso judicial. Los juzgados no pueden absorber más causas. Estamos hablando de una Ley de Enjuiciamiento Criminal decimonónica y de partidos judiciales pequeños como pueden ser Cambados o Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) donde conviven una investigación sobre un buque que trajo un alijo de cocaína con blanqueos de capitales que no suelen estar radicados aquí. Son cargas de trabajo ingentes que conviven con deslindes de fincas o divorcios. Es necesario que existan juzgados especializados. Siempre que haya demanda [de droga] va a haber oferta, pero es preciso tener herramientas. Sólo con educación no llega, son necesarias la represión y las condenas. No puede ser que las causas se extiendan durante años, porque eso genera impunidad.

La policía de Dubái ha detenido a Othman El Ballouti, el capo belga de la Mocro Maffia que le vendió un apartamento de lujo en el emirato al considerado por la Guardia Civil como el mayor narcotraficante español, Alejandro Salgado Vega, El Tigre.

Según el comunicado hecho público por la policía dubaití, El Ballouti, de 37 años, ha sido arrestado a petición del Gobierno belga, que lleva años pidiendo su extradición a los Emiratos Árabes Unidos. El narcotraficante, además, estaba en orden de búsqueda y captura internacional, pues sobre él pesaba una alerta roja de la Interpol, acusado de acusado de participar en el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas.

El Ballouti ha sido entregado a la Fiscalía Pública de Dubái para someterlo a los procedimientos legales relacionados con la extradición, asegura el comunicado de la policía emiratí. La prensa belga informa también de que un magistrado de la Fiscalía federal ha viajado a los Emiratos para negociar no sólo la extradición de El Ballouti, sino también la de otros delincuentes igualmente detenidos y buscados por las autoridades del país europeo: Stefan Panic, presunta mano derecha de otro narcotraficante, Flor Bressers, y Salahdin K., que ya fue condenado en Amberes.

España ha solicitado a las autoridades dubaitíes la extradición de Alejandro Salgado Vega, hasta ahora sin éxito. Un juzgado de Algeciras lo reclama por un alijo de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón, que fue capturado en 2020 y que permitió situarle en la cabeza de una gran organización que movía grandes cantidades de droga en puertos de los cinco continentes.

A diferencia de El Ballouti, que hasta ahora se encontraba en libertad, El Tigre pasó un año en prisión, condenado por consumir droga –un delito que implica penas muy severas en los Emiratos– en su propia casa un día de agosto de 2022. Fue liberado a principios de este año. El inmueble donde fue detenido era una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, y que figura a nombre de su esposa, según pudo comprobar la investigación Dubai Unlocked en los registros inmobiliarios a los que ha tenido acceso. Le costó 5,65 millones de euros.

Pero el apartamento que le vendió El Ballouti es otro, que sí figura a nombre de Alejandro Salgado Vega: situado en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros de altura–, cuenta con tres habitaciones, distribuidas en 188 metros cuadrados. El Tigre se lo compró a su colega belga en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros. En total, en los registros inmobiliarios del emirato aparecen cuatro inmuebles a nombre de la pareja.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

El periódico belga HLN asegura que el magistrado desplazado a los Emiratos negociará también con las autoridades locales cómo se pueden confiscar los bienes propiedad de los detenidos. La cuestión no es menor si se tiene en cuenta que El Ballouti está considerado “el hombre más rico de Amberes”. En Dubái posee al menos nueve inmuebles, sin contar la que vendió a El Tigre, como reveló Dubai Unlocked, la investigación que llevó a cabo el consorcio OCCRP, al que pertenece infoLibre, junto con el periódico financiero noruego E24 y basada en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Los medios belgas del consorcio pudieron contar hasta 53 propiedades a nombre de una decena de delincuentes de ese país huidos a Dubái, valoradas en unos 56 millones de euros.

El pasado septiembre, Othman El Ballouti fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Este mismo viernes será de nuevo juzgado en Bélgica por la imortación ilegal de 11 toneladas de cocaína. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. 

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, ha cifrado en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

Las autoridades dubaitíes han sido siempre muy renuentes a conceder la extradición a los criminales buscados por otros países. No obstante, han concedido algunas, con cuenta gotas. Desde 2021 un emiratí, Ahmed Naser Al Raisi, alto funcionario del Ministerio del Interior de los Emiratos, preside la Interpol. En su comunicado, la Policía de Dubai reafirma su “compromiso con la colaboración global para combatir el crimen organizado transnacional, fortalecer las alianzas internacionales y compartir conocimientos para garantizar la seguridad de las comunidades de todo el mundo y, al mismo tiempo, construir una sólida red de seguridad global”.

En noviembre de 2015, cuando ya era un hombre buscado en todo el mundo, el narcotraficante Raffaele Imperiale firmó la venta de acciones de una empresa inmobiliaria de los Emiratos Árabes Unidos a Marwan Al Maktoum, hijo del emir de Dubái, Mohamed Al Maktoum. El napolitano, uno de los grandes capos de la Camorra, residió y tuvo negocios en España durante años. En 2014 fue detenido en el emirato, adonde había huido, a resultas de una orden de detención emitida por la justicia española, que reclamaba su extradición.

También fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. La empresa conjunta con el hijo del emir, de la que Imperiale era fundador y presidente del consejo de administración, construyó cinco villas de lujo en la isla artificial de Palm Jumeirah, que se vendieron por más de 25 millones de euros.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos, 16 de noviembre de 2015. Ante un notario en el barrio residencial de Al Barsha, al oeste de la ciudad, dos hombres firman un contrato que establece una transferencia de acciones de una empresa. La sociedad inmobiliaria AA Real Estate and Development tiene un nuevo socio mayoritario: “Su Alteza Marwan Al Maktoum, hijo del soberano de Dubái, el emir Mohamed Al Maktoum. Le transfiere el 51% de su participación accionarial otro emiratí, un tal Atif Ahmed Karrani, que, sin embargo, no está presente ese día. Lo que hace extraordinario ese hecho es el nombre de su representante: Raffaele Imperiale, traficante de drogas de profesión que ahora colabora con la Justicia italiana.

En Dubái, un representante puede ser cualquier ciudadano mayor de 21 años sin impedimentos legales, al que se le haya asignado un poder notarial. ¿Por qué eligió Karrani a Imperiale? Porque el narcotraficante formaba parte del trato, aunque, formalmente, ya había abandonado la estructura corporativa.

El pasado de la inmobiliaria así lo sugiere: AA Real Estate fue fundada en 2013 por el propio Imperiale, que también era el presidente del consejo. Karrani, antiguo gestor del registro de la propiedad en Dubái, era en cambio su “patrocinador”. En aquel momento –la ley cambió en 2021–, para invertir en Emiratos –excluidas algunas zonas francas– era necesario tener como accionista mayoritario a un ciudadano emiratí.

Cuando los fiscales de España e Italia le identifican como un poderoso narcotraficante internacional, Imperiale se hace sustituir por respetables hombres de negocios que le ayudarían a invertir en propiedades inmobiliarias emiratíes sin comparecer en persona. Es gracias a estas inversiones que el narcotraficante puede llevar la máscara limpia de empresario. Él mismo lo confesará después ante los magistrados italianos.

Para contar esta historia, la cadena de televisión holandesa RTL Nieuws y el periódico italiano IrpiMedia, en colaboración con el consorcio de investigación OCCRP e infoLibre, tuvieron acceso a documentos oficiales en los que los nombres de Raffaele Imperiale y Marwan Al Maktoum figuran en la misma página. Los reporteros cruzaron esta información con entrevistas a decenas de fuentes y con filtraciones del registro de la propiedad de Dubái, compartidas por la organización estadounidense C4ADS en la investigación Dubai Unlocked. De este modo, los periodistas pudieron rastrear inversiones inmobiliarias hasta entonces desconocidas y atribuibles a Raffaele Imperiale en el emirato.

Ni Imperiale ni Marwan Al Maktoum han respondido a las numerosas peticiones de comentarios que les enviaron los medios autores de esta investigación. Contactado por teléfono, Karrani se negó a responder ninguna pregunta, limitándose a añadir: “Se trata de una vieja historia que he cerrado”.

La presencia del nombre de Imperiale en las escrituras notariales es importante porque empresas como AA Real Estate han transformado el horizonte de Dubái a lo largo de los años gracias a sus enormes inversiones inmobiliarias. Mientras tanto, durante el actual reinado del emir Mohamed Al Maktoum, la ciudad se ha ganado la reputación de refugio dorado para delincuentes.

Su hijo Marwan, según consta en los documentos oficiales del Registro Mercantil de Dubái, siguió siendo socio de AA Real Estate hasta mayo de 2018, cuando fue sustituido por otro ciudadano emiratí. La empresa sigue activa, pero su licencia expiró en 2022.

Originario de Castellammare di Stabia, Raffaele Imperiale suministraba drogas a la familia de la Camorra de los Amato-Pagano desde los años 90, y más tarde también al clan 'ndrangheta de los Morabito-Palamara-Bruzzaniti. Según los investigadores, su organización se convirtió en un “proveedor global de servicios” en torno a la cocaína, que vendía al por mayor a otras “organizaciones delictivas estructuradas”, auténticos “clientes fieles”.

Durante una década, el napolitano pudo dirigir el tráfico de cocaína desde el emirato, blanqueando sus beneficios mediante inversiones en lujosos proyectos inmobiliarios de Dubái. Allí fue detenido en 2021, para ser deportado y entregado a las autoridades italianas al año siguiente.

En el momento de la firma del contrato de venta de las acciones de AA Real Estate, Imperiale ya era un hombre buscado en todo el mundo. Su nombre ya había saltado a los titulares en 2014: el Gobierno español había solicitado su extradición y fue arrestado en Dubái, pero quedó en libertad enseguida. Apenas un mes antes de la reunión ante el notario de Al Barsha, un juez de instrucción de Nápoles había ordenado la detención de Imperiale por tráfico internacional de drogas.

En esas fechas, la federación de la que forma parte Dubái, los Emiratos Árabes Unidos, aún no había firmado un acuerdo de cooperación judicial con Italia, que solo está en vigor desde 2019. Su extradición desde el país árabe era imposible para Italia, pero no para España, que cuenta con un acuerdo de este tipo desde 2009.

Contactada al respecto, la Fiscalía de Nápoles rechazó hacer declaraciones alegando que aún hay investigaciones en curso.

Ya en 2010, en busca de un lugar más seguro desde el que dirigir sus negocios ilegales, se había trasladado hasta Dubái desde España, país que había elegido como base de operaciones durante cinco años. También tuvo negocios legales, como un restaurante, en la calle de Santa Engracia de Madrid llamado Perla di Napoli. “Presenta platos con salsas sobreabundantes y sabores un tanto imprecisos, ya sean unos espaguetis amatriciana o unas gambas dello chef recargadísimas de curry. Correcto su Dolcetto d’Alba Roccabella 2005”. Ese fue el párrafo con el que lo despachaba en septiembre de 2008 el crítico gastronómico de El Mundo, Fernando Point –así firmaba el recientemente fallecido Víctor de la Serna sus artículos culinarios–. No es de extrañar que la calidad de su menús no constituyera la prioridad en Perla di Napoli. El restaurante, según ha podido comprobar, ya no existe. Y sus vecinos no lo recuerdan con especial cariño, precisamente. “No sé quiénes eran sus dueños y no quiero saberlo. No dejaron muy buena impresión”, resume suspicaz quien atiende en un comercio próximo.

En julio de 2014, la Policía Nacional y la Guardia Civil detuvieron a 32 personas en la Operación Tarantela, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado. Entonces se anunció la desarticulación de varios clanes de la Camorra en España, dedicados al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. De hecho, se bloquearon 40 inmuebles valorados en ocho millones de euros. Los investigadores, que llevaban tras la pista desde 2011, sostenían que el dueño real de todo ese patrimonio era Rafaelle Imperiale.

Sin embargo, a los pocos días, el juez Andreu dejó en libertad en cargo a 30 de los 32 detenidos. Sólo una persona fue a prisión. Otro más fue liberado sin cargos. Y en octubre de 2017, tres años después  después de la macrooperación, la causa fue sobreseída provisionalmente y archivada.

Como queda dicho más arriba, Raffaele Imperiale, que tiene ahora 49 años, fue un auténtico pionero de las inversiones inmobiliarias en Dubái. Una, en concreto, le permitió establecerse como empresario del sector en el emirato.

Fue en 2003 cuando el emir Mohamed Al Maktoum dio a conocer un proyecto futurista, concebido por él y desarrollado por la empresa pública Nakheel: Las Islas del Mundo, un complejo de 300 islas artificiales con la forma de los cinco continentes frente a la costa de Dubái.

En las actas recogidas entre 2023 y 2024 por la Fiscalía de Nápoles, con la que empezó a colaborar, Imperiale contaba que había pagado a Nakheel, en 2008, 13 millones de euros, más una parte en negro. Con ese dinero compró una de las islas, Taiwán. Un privilegio reservado a unos pocos: sólo las islas más caras, apenas el 6%, estaban disponibles para su compra como islas privadas, según explicó el director del proyecto en una entrevista a Vanity Fair. “Presumía ante todo el mundo en Dubái, incluso haciéndome pasar por empresario. Este proyecto era mi 'tarjeta de visita”, relató Imperiale en referencia a Taiwán.

El juez de Instrucción de Nápoles ordenó la incautación de la isla en junio de este año. Considera que el valor de la propiedad –que calcula entre 30 y 50 millones de euros en la actualidad– es “muy inferior a lo que era sin duda el beneficio” del narcotráfico dirigido por Imperiale.

Por tanto, a través de un proyecto inmobiliario impulsado por la familia Al Maktoum y realizado a través de una sociedad vinculada a la misma familia real, Imperiale ha blanqueado “con toda seguridad” los beneficios obtenidos con la cocaína porque, prosigue el juez italiano, “no surgen elementos de los que deducir que [...] [la isla] pertenezca a una persona ajena al delito”.

De hecho, según declaró a los magistrados napolitanos, Imperiale pagó a Mario Sarnataro –empresario inmobiliario y comerciante de oro originario de Nápoles pero residente en Dubái– para que fingiera que la isla estaba a nombre de una de sus empresas.

IrpiMedia pudo comprobar a través del Registro de la Propiedad de Dubái que Taiwán sigue siendo propiedad de Rajaa Trading Investments Management, una empresa emiratí que, según las declaraciones de Imperiale, es propiedad de Sarnataro. El juez de instrucción opina que el registro de la isla es “sólo formal, de hecho ficticio”.

Entre 2008 y 2011, el narcotraficante comunicó a Sarnataro que quería construir 10 villas en los 10.000 metros cuadrados de la isla de Taiwán. El proyecto nunca vio la luz pero, para llevarlo a cabo, Imperiale necesitaba una mano que creara una empresa “a cuyo nombre [la isla] debería registrarse”. Sarnataro le ofreció Rajaa. Imperiale la compró por 400.000 dirhams –unos 80.000 euros– y en 2011 le cedió el título de propiedad de Taiwán.

Sin embargo, según argumentó el narcotraficante ante los fiscales italianos, “la isla pertenece a Mario Sarnataro”, porque el empresario sigue siendo formalmente “beneficiario de Rajaa”. Como la empresa estaba registrada en una zona franca de Dubái, los periodistas no pudieron rastrearla ni verificar la exactitud de la información facilitada por Imperiale a los magistrados. 

Mario Sarnataro, por el momento, no está siendo investigado y no consta que haya cometido ningún delito.

Convertido en un respetado empresario inmobiliario, Imperiale fundó en 2013 AA Real Estate and Development, la inmobiliaria de la que dos años después Marwan Al Maktoum, hijo del emir, se hizo socio mayoritario. Tiene su sede frente a Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera que se extiende frente a la costa de Dubái, en la planta 34 de la Concord Tower. Es la sede de la empresa “legal” de Imperiale, como escriben la periodista Daniela de Crescenzo y el inspector de la policía financiera Tommaso Montanino en su libro Los narcos.

Compartiendo una oficina de casi 800 metros cuadrados, con muebles de piel de cocodrilo y puertas de nogal californiano, se encuentran otras empresas con nombres similares, entre ellas AA Investments & Development –de la que Imperiale es socio directo en un 15%–. Se la confiscó el juez de Nápoles con la orden de detención de octubre de 2015.

Entre 2012 y 2017, AA Real Estate vendió cinco villas de arquitectura geométrica, que se iban a construir en la punta de la fronda M de Palm Jumeirah. El proyecto inmobiliario se llama M State. Cada villa tiene al menos cinco dormitorios, una piscina infinita e impresionantes ventanales con vistas a decenas de metros de playa privada.

Si para la isla de Taiwán, el proyecto de desarrollo inmobiliario de Imperiale, se había quedado sólo en el papel, con M State pasó de la representación futurista a la realidad. Consultando los registros catastrales, IrpiMedia calcula que las cinco villas se vendieron en 2014 sobre plano –es decir, cuando aún existían poco más que los cimientos– por un total de más de 26 millones de euros. Hoy, con la obra terminada, la propiedad central, Villa Aurum –que tiene seis dormitorios en lugar de cinco, gimnasio y sala de cine– vale sólo ella esa cifra.

Al igual que había ocurrido con Taiwán, durante la fase de construcción del proyecto inmobiliario el nombre de Imperiale desapareció de los expedientes: el 28 de septiembre de 2014, la empresa de la que era socio, AA Investment, canceló sus acciones en AA Real Estate. Así pues, formalmente, Raffaele Imperiale ya no tenía nada que ver con el proyecto inmobiliario. Como en el caso de Taiwán, le sucedió Mario Sarnataro a través de la sociedad AGK Consulting. 

“M State fue mi proyecto, importante y valioso, desde la concepción hasta la realización. Estas exquisitas villas se hicieron realidad gracias a mi pasión por el diseño y la vida de lujo”, explicaba Sarnataro en una entrevista a una publicación comercial emiratí. “Dubái es una ciudad de crecimiento, riqueza y encanto, y puede albergar propiedades tan exclusivas que satisfacen claramente las necesidades de estilo de los particulares con grandes patrimonios”. Sarnataro no respondió a varias solicitudes de comentarios enviadas por los medios que firman esta investigación.

Su relación con Imperiale, según la versión contada por el narcotraficante a los fiscales, pudo haber comenzado en 2006-2007 en Madrid, donde Sarnataro “se dedicaba a hacer trabajos para restaurantes italianos, entre ellos el Perla de Napoli, [...] y nació una relación de amistad”.

Cuando ambos se reencontraron unos años más tarde en el emirato, en el exclusivo restaurante italiano Roberto's, Sarnataro dijo a Imperiale que “trataba con una empresa gubernamental [de la familia real emiratí] para la que importaba materiales [puertas, etcétera]”.

Prueba de ello son los contratos firmados con Emaar Properties, la empresa emiratí de promoción inmobiliaria que construyó en Dubái el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. El segundo mayor accionista de Emaar sigue siendo el propio emir, Mohamed Al Maktoum, a través de su propia sociedad de inversiones. Emaar no respondió a las preguntas que los medios participantes esta investigación le hicieron llegar sobre su relación con Sarnataro.

Según los hallazgos de IrpiMedia a partir de las filtraciones del Registro de la Propiedad de Dubái, Mario Sarnataro figuraba como propietario de 20 inmuebles en el emirato. Entre ellos, dos villas en Palm Jumeirah y cuatro lujosos pisos en el Oceana Hotel and Apartments y en las Royal Amwaj Residences. Los documentos del Registro de la Propiedad de Dubái muestran que Sarnataro posee actualmente seis propiedades. Los registros de transacciones de estas propiedades, en las que el empresario aparece como comprador desde 2017 hasta la actualidad, ascienden al cambio actual a casi 20 millones de euros.

Dubái es una monarquía autoritaria gobernada por la dinastía Al Maktoum desde hace casi 200 años. “La policía y la judicatura de los Emiratos Árabes Unidos no son tontas. Disponen de sofisticados servicios de inteligencia con acceso a mucha información”, comenta Matthew T. Page, experto en corrupción asociado al instituto británico Chatham House, “por lo que es lógico suponer que sabían quién era Raffaele Imperiale. Significa que Dubái hace la vista gorda conscientemente ante delincuentes como él”.

La reputación de Dubái es desde hace tiempo la de un paraíso para delincuentes o presuntos delincuentes. Entre estos últimos se encuentra Daniel Kinahan, sospechoso de estar a la cabeza de una organización criminal que importa grandes cantidades de cocaína a Europa. En octubre de 2024, los Emiratos Árabes Unidos firmaron un tratado de cooperación judicial con Irlanda, allanando el camino para la posible extradición de Kinahan.

Por otro lado, el holandés Ridouan Taghi, el bosnio Edin Gačanin, y el chileno Ricardo Riquelme Vega, alias Rico, fueron condenados en los Países Bajos. En 2017, a la boda de Daniel Kinahan en el hotel Burj al Arab de Dubái, asistieron todos ellos: Taghi, Gačanin y Riquelme. Junto con Raffaele Imperiale. 

En 2022, la operación Desert Light, coordinada por Europol, condujo a la detención de Gačanin y de decenas de personas más entre Europa y Dubái, acusadas de formar parte de un supercártel que supuestamente controlaba un tercio del comercio de cocaína sólo en Europa. Entre ellos, dos objetivos de alto valor, como los etiqueta Europol, reclamados por la Justicia española: Ryan James Hale, un ciudadano británico, miembro del clan de los Kinahan, que residió en la Costa del Sol, pero debió abandonarla tras sufrir un intento de secuestro, y Anthony Alfredo Martínez Meza, alias Hassan, con pasaporte de Panamá.

En un gráfico elaborado por las autoridades bosnias, los presuntos miembros de esta megaorganización aparecen con apodos: El chileno, es decir, Riquelme; Pasta, es decir, Imperiale, y Mr. Cuscús, vinculado a la organización de los Kinahan. Los holandeses Taghi y Gačanin, forman parte de la banda de Tito y Dino. 

A pesar de su evocador nombre, el supercártel no parece ser una organización rígida y estructurada. Más bien, como se explica en un análisis de la fundación Insight Crime, se trata de un “exitoso ejemplo de crowdsourcing, en el que diferentes actores criminales ponen en común su dinero para comprar cocaína al por mayor a precios más bajos”. 

La fluidez del supercártel es relatada por Imperiale en un testimonio prestado en 2023 en Nápoles ante fiscales italianos y en presencia de sus homólogos holandeses. Según el narcotraficante de Campania, en 2016, el chileno Riquelme quería mandar matar a alguien en Dubái. “Y yo le digo: ‘¿Estás loco? Si quieres matarlo, pídeme consejo, yo vivo allí desde hace años y te diré cómo hacerlo. Si lo quieres matar así, qué te parece, después van a detener a todo el mundo, ¿eso es lo que quieres?”, reconstruye Imperiale.

Todavía refiriéndose a Riquelme, continúa: “A él le gustaba aparentar que había creado un megacártel, pero no era cierto, porque yo tenía mi negocio, Danny [Kinahan] el suyo, Rico el suyo y Taghi el suyo. [...] Mientras Rico estaba allí, todos éramos amigos, pero cada uno con su propia organización. Los irlandeses siempre estaban en contra de Rico y decían: ‘No debes cometer asesinatos aquí, somos tus amigos, pero vivimos aquí, aquí están nuestros hijos, éste es un país neutral [...]”.

De hecho, los asesinatos habrían llamado la atención y obstaculizado los negocios y las inversiones de los capos en Dubái. E Imperiale deja claro que no impugna el método, sino el lugar: “Si lo hubieran eliminado, me habría alegrado mucho, pero en lugar de en Dubái, quería que lo mataran en España, en Países Bajos, en Italia, en Colombia... [...] Es decir, es importante que esto quede claro, porque si no parece que quiero defender a esa gente. Nunca lo habría hecho en Dubái, esa es la verdad”.

Efectivamente, en Dubái, Imperiale ni se escondía ni tenía que preocuparse por la Justicia italiana. La situación no cambió hasta 2021, tras años de solicitudes de extradición rechazadas y de presiones políticas por parte del Gobierno de Roma.

Tras ser acogido libremente entre jeques y hombres de negocios, Imperiale fue detenido por la policía dubaití, oficialmente por estar en posesión de un pasaporte falso. Fue deportado al año siguiente y colabora con la policía desde 2023.

En octubre de este año, el juzgado de instrucción de Nápoles lo condenó a 15 años y ocho meses de prisión en un procedimiento abreviado, y ordenó la confiscación de la isla de Taiwán. Esa isla, que según los jueces fue comprada con dinero procedente de la cocaína y que Imperiale afirma haber adquirido directamente a una empresa perteneciente a la familia real de Dubái.

A Alejandro Salgado Vega, alias El Tigre, el mayor narcotraficante español del mundo, según la Guardia Civil, lo detuvo la policía de Dubái en agosto de 2022, pero no por dirigir una potente organización que controlaba desde la compra de grandes volúmenes de cocaína en Sudamérica hasta su importación ilegal en puertos “de los cinco continentes”, sino por consumir droga en su propia casa. Una lujosa vivienda de 561 metros cuadrados en la sexta planta del complejo W Residences Dubai, situado en el creciente de Palm Jumeirah, la isla artificial con forma de palmera donde se han levantado los hoteles y villas más fastuosos de un emirato ya de por sí forjado sobre el despilfarro.

El inmueble, de tres habitaciones, había sido adquirido sólo un mes antes por la esposa de El Tigre, Sara Gallego Soler, o al menos figura a su nombre en los registros inmobiliarios dubaitíes a los que ha tenido acceso infoLibre, como miembro del consorcio de investigación OCCRP, en el marco de Dubai Unlocked, un proyecto conjunto con el periódico financiero noruego E24 basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. Al capo español le costó 5,65 millones de euros. Desde la fecha de su detención, la propiedad se encuentra bloqueada por las autoridades de Dubái.

Pero no es ésta la única propiedad de Alejandro Salgado en el emirato. Como ha podido comprobar infoLibre en los citados registros inmobiliarios, a su propio nombre tiene El Tigre otro inmueble, en la planta 29 de The Address Residence Sky View Tower 1, en pleno distrito de Burj Khalifa, como se conoce al mayor rascacielos del mundo –160 pisos, 828 metros del altura–. También cuenta con tres habitaciones, pero distribuidos en sólo 188 metros cuadrados.

No obstante, lo más llamativo de la operación es su contraparte: El Tigre compró la vivienda en febrero de 2022, por 1,54 millones de euros, a otro narcotraficante de primera línea, Othman El Ballouti. De nacionalidad belga, el pasado septiembre fue condenado en ausencia en su país a siete años de cárcel por importar 840 kilos de cocaína a través del puerto de Amberes. Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en julio de 2023 en su lista de sanciones por dirigir una organización delictiva internacional dedicada al contrabando de cocaína en contenedores en el puerto de Amberes y a su posterior distribución en Europa. El Ballouti, de 36 años, es un miembro más de la Mocro Maffia, la organización criminal más temida de Europa, integrada en su mayor parte por belgas y holandeses de origen marroquí. La vivienda también fue bloqueada por las autoridades de Dubái en agosto de 2022, tras la detención de El Tigre.

Según ha podido saber infoLibre, la Guardia Civil no tenía constancia hasta ahora de la existencia de ningún vínculo, legal o ilegal, entre Salgado Vega y El Ballouti. Tampoco en Bélgica se conocía conexión alguna entre ambos capos.

Pero la cartera inmobiliaria de El Tigre no se detiene ahí. La esposa de Alejandro Salgado posee a su nombre otros dos inmuebles. La primera es una vivienda de 179 metros cuadrados y tres habitaciones en Sunrise Bay Tower, que adquirió por 1,13 millones en agosto de 2021. Un mes después, compró la segunda, esta vez de dos habitaciones y 111 metros cuadrados, en la planta 12 de la Palace Beach Residence Tower 1, que le costó 914.770 euros. Estas dos últimas propiedades se encuentran situadas en Marsa Dubai, o la Marina de Dubái, un distrito construido a ambos lados de un canal artificial muy próximo a Palm Jumeirah. En total, las cuatro propiedades del matrimonio suman 9,25 millones de euros.

infoLibre ha preguntado al abogado español de Salgado Vega, Javier Yagüe García, por estas propiedades, pero no ha obtenido respuesta.

La Guardia Civil convirtió a Alejandro Salgado Vega en el mayor narcotraficante español del planeta cuando anunció en diciembre de 2022 que había sido detenido en Dubái cuatro meses antes y que había desarticulado su organización en España. Hasta ese momento, este madrileño de 46 años apenas había atraído la atención de la policía española, que en principio lo consideraba una pieza menor, ni siquiera ligado al tráfico de drogas.

Pero la investigación que siguió a la captura en 2020 en el puerto de Algeciras de dos toneladas de cocaína, camuflada en un contenedor de carbón a bordo del Maersk Laberinto, permitió situar a Salgado Vega en la cabeza de una organización que sorprendió a la Guardia Civil por la cantidad de droga que movía cada mes y porque lo hacía “sin límites geográficos”. Las operaciones las dirigía El Tigre desde Dubái utilizando teléfonos encriptados. Policías de todo el mundo llevan años desmantelando organizaciones criminales después de que Francia y EEUU hackearan los sistemas de mensajes encriptados Encrochat, Sky ECC y Anom, de los que se servían los narcos para sus comunicaciones.

El verano de 2022, los policías emiratíes vigilaban el lujoso apartamento de Palm Jumeirah por “una investigación interna sobrevenida” –así de crípticamente lo explicaba la Guardia Civil en su comunicado oficial– y arrestaron a El Tigre y a su esposa, entre otras personas. Ella fue puesta en libertad, pero Alejandro Salgado dio positivo en drogas y pasó un año en la cárcel.

El consumo de estupefacientes es un delito duramente castigado por las leyes locales. El abogado de El Tigre, Javier Yagüe García, no ha respondido a las preguntas de infoLibre en esta ocasión, pero sí lo hizo tanto en noviembre de 2023 como el pasado mes de mayo cuando se le inquirió por el proceso de extradición de su cliente. Entonces explicó que Salgado Vega había salido de la cárcel a principios de este año, una vez concluida la condena. Mientras, aseguran fuentes judiciales, avanza con muchas dificultades el procedimiento para extraditarle.

Los obstáculos son la tónica habitual en lo que respecta a la justicia dubaití: si en un primer momento reclamaron al Juzgado de Instrucción número 1 de Algeciras (Cádiz) la traducción al árabe de las miles de páginas del sumario, después pidieron que se les tradujeran los artículos del Código Penal español que sustentan la solicitud de extradición. “Todo lo que se le imputa en España está relacionado con unas supuestas conversaciones telefónicas desencriptadas”, alegó su abogado, “otra cosa es que sea él quien las mantiene: nosotros lo negamos. No hay nada contra él”. La pena mínima que le podría caer en España son 15 años.

Que los mayores narcos del mundo ocultos en Dubái funcionan como una joint-venture criminal es sabido por las policías y los gobiernos desde hace tiempo. Según el periódico colombiano El Tiempo, Alejandro Salgado Vega formaba parte de lo que el diario denomina “junta directiva de la mafia”, establecida en el emirato e integrada por grandes jefes de la cocaína colombianos, que “decidían quiénes podían traficar y quién vivía o moría en los diferentes microcárteles” del país sudamericano. El periódico revela que la información la obtuvo el FBI estudiando las listas de pasajeros de los vuelos que unen Caracas y Dubái dos veces a la semana y que hacen escala en Madrid.

También es sabido que los grandes capos aprovechan el pujante mercado inmobiliario dubaití para blanquear los millonarios beneficios que obtienen de la droga. En 2023, los precios de las viviendas residenciales subieron un 18% y aún más los alquileres, un 26%, según el último informe sobre el emirato publicado por Deloitte. Es decir, quintuplicaron las alzas de precios en España ese año. Los de las viviendas de lujo están ahora un 134% más altos que al principio de la pandemia, de acuerdo con los análisis de la consultora inmobiliaria Knight Frank. Otro incentivo, y no menor, es el secreto de la propiedad que permiten las leyes locales.

Así, los medios belgas de OCCRP localizaron gracias a Dubai Unlocked los inmuebles de 10 delincuentes o incluso condenados de su país huidos a Dubái, y de cuatro de sus familiares. En total, tenían a su nombre 53 propiedades, valoradas en 56 millones de euros. Sólo El Ballouti era propietario de nueve viviendas, sin contar la que vendió a El Tigre. En algunos de los edificios, de los más altos y lujosos del emirato, eran vecinos varios de ellos. Además, por los alquileres de parte de su cartera inmobiliaria, los criminales belgas ingresaron la suma de tres millones de euros.

Un buen ejemplo de todo lo anterior es precisamente Alejandro Salgado Vega, quien alquiló la vivienda que le compró a El Ballouti en Burj Khalifa a un ciudadano británico entre agosto de 2023 y agosto de 2024, de acuerdo con los documentos inmobiliarios de Dubai Unlocked. Se trata de un contrato anual por 102.931 euros, 8.577 euros al mes.

En ese mismo edificio, en el piso 22, compró también un apartamento otro narco con actividad en Bélgica, Franc Gergely: lo adquirió el 6 de agosto de 2020 y lo vendió el 23 de agosto de 2021. De origen albanés, tenía inmuebles en Dubái por importe de 18 millones de euros.

Gergely está detrás de un sangriento asesinato por encargo. El 27 de noviembre de 2020, un albanés de unos 30 años salió de un café en la ciudad belga de Molenbeek cuando un Golf negro se le acercó. De él salió un hombre con una ametralladora que disparó al albanés a plena luz del día. Recibió ocho balazos. El conductor del coche y el tirador fueron detenidos en Alemania y España. Pero faltaba saber quién los había contratado. En los meses siguientes, la policía belga llegó hasta Gergely tras destripar unos teléfonos encriptados Sky ECC: había ordenado la ejecución en Molenbeek desde Dubái, y otros ocho asesinatos más en Albania.

Fue un ajuste de cuentas entre clanes albaneses rivales tras la desaparición de un cargamento de cocaína. En octubre de 2021 un millar de policías llevaron a cabo en Bélgica 192 registros domiciliarios para desmantelar la red albanesa que importaba cocaína a través de los puertos de Amberes y Rotterdam, tenía laboratorios en Bruselas y participaba activamente en el comercio internacional de armas. A raíz de esa macrooperación, Gergely se convirtió en uno de los 20 objetivos de alto valor –la denominación que utiliza la policía para designar a quienes suponen una amenaza significativa para la seguridad pública– cuya extradición lleva años reclamando a los Emiratos Árabes Unidos.

Pero, a diferencia de El Tigre, Gergely ya ha sido extraditado. El 30 de diciembre de 2023 fue enviado a Bélgica en un jet privado, en cumplimiento del tratado de extradición que Bélgica firmó con el emirato en 2021. Dos años, por tanto, costó su entrega.

Los abogados de Gergely no han respondido a las preguntas que les formularon los medios asociados a OCCRP.

Otro criminal belga con cartera inmobiliaria en Dubái es Younes El Ballouti, de 29 años, el hermano menor de Othman. A principios de este año, un tribunal de Amberes le condenó a ocho años de cárcel por un alijo de cocaína incautado en 2021. El pasado mes de octubre, Younes alegó ante el tribunal de casación que no estaba implicado en esa operación porque “no residía en Dubai”. Los jueces desestimaron el argumento.

Ahora, además, los socios belgas de OCCRP Knack, De Tijd y Le Soir han encontrado en Dubái más inmuebles propiedad de personas próximas a los hermanos El Ballouti. Como Youssef B. A., que fue condenado a 15 años de prisión y a pagar una multa de 120.000 euros por importar 15,2 toneladas de cocaína a través del puerto de Amberes. Según la acusación, Youssef B. A. es uno de los mayores señores de la droga de Bélgica y también reside en Dubái. La intervención de sus comunicaciones encriptadas reveló que dirigía una organización criminal bien organizada desde el emirato, donde aparentemente lleva una vida de lujo. De hecho, el fiscal mostró las fotos de una reunión familiar en Dubái, encontradas en el teléfono móvil de su hermano, donde su madre posaba al volante de un Ferrari frente a una villa de lujo y la familia también pasaba tiempo en un yate.

Pero incluso antes de su condena, en julio de 2023, Youssef B.A. ya había sido incluido en la lista de sanciones del Tesoro estadounidense en julio de 2023. Según la OFAC, lleva  “más de una década” implicado en el tráfico de drogas y en ese tiempo ha ayudado a Othman El Ballouti a “crear empresas aparentemente legítimas, creadas para ocultar la implicación de la organización en actividades ilegales”. Exactamente un mes después de entrar en la lista de la OFAC, Youssef vendió a una mujer de nacionalidad marroquí la propiedad que había comprado en mayo de 2021, una vivienda situada en Al Merkadh. El narco belga no ha contestado a las preguntas que le formularon los medios de OCCRP.

El ministro de Justicia belga, Paul van Tigchelt, cifra en 21 las personas que residen en los Emiratos Árabes Unidos cuya extradición solicita, seis menos que en 2021, cuando ambos países firmaron su primer tratado de extradición. Ese acuerdo permite el embargo de bienes propiedad de criminales. Van Tigchelt asegura que tiene en marcha 17 expedientes de este tipo.

La sangrienta ola de asesinatos de los últimos tres meses comenzó en mayo, en las calles de Barcelona. Un hombre que estaba cenando en un popular barrio costero se alejó del resto de comensales tras recibir una llamada telefónica. Unos instantes después, fue asesinado en un tiroteo. El asesino huyó rápidamente del escenario del crimen.

Tres semanas más tarde, tres hombres resultaban heridos en un tiroteo desde un vehículo en marcha en un restaurante de Londres. Un crimen que horrorizaba a la sociedad británica al darse a conocer que una niña de nueve años se había visto atrapada en el tiroteo mientras comía con su familia. Una bala perdida le había alcanzado, dejándola en estado crítico.

Estas explosiones de violencia feroz y pública continuaron en Moldavia, donde, a mediados de julio, un hombre de 41 años era asesinado, tras recibir varios disparos, en la mesa de una terraza de un concurrido café de la capital, Chisináu.

Bandas criminales rivales, atrapadas en una espiral de violencia del ojo por ojo, han sido vinculadas a los ataques. Fuentes policiales han identificado a dos de las víctimas como figuras destacadas de la mafia turca.

Expertos y fuentes policiales han confirmado a OCCRP que el reciente derramamiento de sangre pone en evidencia una preocupante escalada de la inestabilidad y el enfrentamiento dentro del submundo criminal turco, que presagia una nuevo ciclo de violencia a lo largo de Europa.

Seis miembros de una banda criminal turca, con base en Estambul, fueron encontrados muertos el año pasado en Grecia en lo que se catalogó como una venganza por el asesinato del líder de una mafia rival en París. En mayo de este año, Europol anunció, sin aportar datos más específicos, que la policía italiana había dirigido una investigación que resultó en el arresto de 17 ciudadanos turcos involucrados en distintos asesinatos por Europa.

Europol, la Oficina Europea de Policía, ha asegurado a OCCRP que está apoyando la investigación de varios países europeos sobre incidentes que involucran al crimen organizado turco, en medio de un aumento general de la violencia entre mafias de múltiples nacionalidades por toda Europa. Una violencia que se está ejerciendo peligrosamente en espacios públicos.

“En este momento hay mucha competencia entre mafias por el control del mercado y por el posicionamiento geográfico", asegura Claire Georges, portavoz adjunta de Europol. “Antes, la violencia se limitaba más a los puntos de tránsito o centros de transporte. Ahora la estamos viendo en las propias calles. Por eso, las autoridades se lo están tomando más en serio”.

El aumento de la violencia en el submundo criminal turco se debe, al menos en parte, a la escasez generalizada en el suministro de heroína, el principal producto ilegal comercializado por las mafias turcas. Esta escasez es consecuencia directa de la prohibición de los talibanes del cultivo de opio en Afganistán en 2022, afirman expertos y fuentes policiales.

"Cuando hay escasez de heroína, los grupos criminales terminan luchando por el control de la mercancía disponible", explica Ian Broughton, ex detective de la Policía Metropolitana de Londres y experto en drogas ilícitas y pandillas callejeras en Reino Unido. "Es el escenario perfecto para que se produzca una escalada de los niveles de violencia, que es precisamente lo que estamos viendo”.

Simon Harding, director del Centro Nacional de Investigación de Bandas Criminales, ha asegurado a The Guardian, socio de OCCRP, que está prácticamente seguro de que los tiroteos en Barcelona, ​​Londres y Moldavia están relacionados. Estos incidentes demostrarían que incluso los jefes criminales más influyentes son vulnerables a la violencia en tiempos convulsos.

“Estos casos concretos demuestran que la confianza y las alianzas se pueden comprar”, continúa Harding, que asesora al Ministerio del Interior del Reino Unido, a la Policía Metropolitana de Londres y a la Agencia Nacional contra el Crimen.

Un investigador de la policía española, especializado desde hace dos décadas en la lucha contra el tráfico de heroína, describe lo que está sucediendo como una “guerra entre clanes”. Esta fuente, que ha hablado con OCCRP bajo condición de anonimato, afirma que los grupos criminales turcos siempre han sido los “amos de la heroína en Europa”, introduciendo cargamentos de esta droga por el puerto belga de Amberes o en camiones a través de los Balcanes. Según el investigador, las mafias turcas tienen una red estructurada en Barcelona, ​​con los restaurantes como centro neurálgico. Al igual que Broughton, el agente de la policía española confirma que la escasez de heroína procedente de Afganistán habría provocado una reducción de la oferta de esta sustancia y una consecuente subida de los precios.

Mahmut Cengiz, profesor asociado del Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción de la Universidad George Mason, especializado en el submundo criminal turco, predice que el número de muertes relacionadas con la “guerra de las drogas” irá inevitablemente en aumento. "Dada su capacidad operativa, su dominio de diversos sectores criminales y sus extensas redes globales, anticipo que habrá más asesinatos a medida que estos grupos compitan por cuotas mayores del lucrativo mercado del narcotráfico", sostiene el experto.

Cengiz continúa describiendo cómo las mafias turcas están ampliando su ámbito de operaciones del tráfico de heroína al de cocaína. “Recientemente, se han importado a Turquía cantidades significativas de cocaína desde América Latina. Unas importaciones que han sido posibilitadas por la colaboración entre mafias turcas con presencia en Europa y dentro de la propia Turquía”.

Cengiz añade que las bandas criminales turcas trafican además con metanfetamina procedente de Irán, que se introduce en Europa a través de Turquía. "El tráfico y la trata de personas son tambiém actividades frecuentes de estas redes criminales", concluye el docente.

El día 4 de mayo, la víctima de Barcelona se encontraba cenando con el jefe de un grupo criminal de Londres. La víctima del tiroteo se trataba de un ciudadano turco llamado Ilmettin Aytekin, y que respondía al apodo ‘Tekin el águila’, “Kartal” en turco. Se sospecha que podría tratarse de un importante jefe de la mafia turca, según apunta el ya citado investigador de la policía española, que lo describe como "un jugador importante". Sin embargo, OCCRP no ha sido capaz de localizar ningún informe que confirme que en algún momento hubiera sido detenido o condenado por participar en actividades delictivas.

Su asesinato continua siendo investigado por los Mossos d'Esquadra, la policía catalana. Todavía no se ha identificado públicamente a ningún sospechoso. Fuentes policiales afirman barajar múltiples teorías sobre el posible móvil del asesinato, entre ellas un ajuste de cuentas, un crimen pasional o un desencuentro entre socios de diferentes grupos criminales.

Las fuentes describen a Kartal almorzando en el popular barrio Diagonal Mar de Barcelona junto a otros tres hombres, uno de ellos en silla de ruedas. Fue entonces cuando recibió una llamada de teléfono y salió del restaurante. Lo que no está claro es si abandonó la mesa para responder a la llamada o para reunirse con la persona que le llamaba.

Apenas recorrió unos 80 metros antes de recibir cinco disparos cerca de una parada de autobús. Cuatro de las balas le alcanzaron en la cabeza. El asesino huyó inmediatamente del lugar, abandonando a Kartal en un charco de sangre.

Las fuentes ya señalaban que agentes de la policía de Reino Unido, Alemania, Grecia e Italia estarían siguiendo de cerca el caso, ya que el hombre en silla de ruedas que cenaba con Kartal podría tratarse de Abdullah Baybaşin, conocido personaje de la mafia turca.

Dos investigadores españoles han confirmado a OCCRP que efectivamente Kartal habría cenado con el ciudadano turco de 64 años, miembro de un clan vinculado desde hace tiempo al tráfico de drogas en Europa. Su hermano Hüseyin Baybaşin, conocido en su día como “el Pablo Escobar de Europa”, cumple ahora cadena perpetua en Países Bajos tras haber sido condenado por contrabando de drogas.

Abdullah Baybaşin, que utiliza una silla de ruedas desde que recibió un disparo en la década de 1980, fue condenado en Reino Unido en 2006 por contrabando con heroína. También se declaró culpable de un delito de chantaje. Los medios de comunicación difundieron por entonces que la banda que dirigía, conocida como los ‘Hackney Bombers’ o ‘Hackney Turks’ por la zona del noreste de Londres en la que operan, era responsable de la entrada del 90% de la heroína que se consumía dentro de Reino Unido.

Sin embargo, en 2010 fue absuelto de la acusación de narcotráfico durante la celebración de un nuevo juicio. Regresó a Turquía, donde unos meses después fue otra vez detenido y condenado a 40 años de prisión por su participación en la entrada de un cargamento de cocaína desde Bolivia. En 2017 fue puesto en libertad tras la anulación de su condena por parte del Tribunal Supremo. Aún así, quedó bajo control judicial y se le impuso la prohibición de salir del país, según la información difundida por los medios turcos.

La policía turca no ha respondido, sin embargo, a las preguntas de OCCRP sobre la situación legal actual de Baybaşin. OCCRP ha rastreado vídeos y fotos publicados en una cuenta de Tik Tok de fans de Baybaşin en junio de 2024 que demostrarían que el delincuente turco podría estar residiendo en el norte de España.

Tampoco se ha aclarado con exactitud la relación que habría existido entre Kartal y Baybaşin. Las imágenes de las cámaras del interior del restaurante barcelonés prueban que Kartal había cenado también con Baybaşin la noche previa a su asesinato. Una serie de imágenes publicadas en cuentas de fans entre 2018 y 2019 muestran a los dos posando juntos en distintas ocasiones.

En un vídeo compartido por varias cuentas de Tik Tok relacionadas con personajes de la mafia turca, Abdullah Baybaşin negó en su momento estar implicado en la muerte de Kartal o en los tiroteos posteriores en Londres. “Si tuviera algo que ver conmigo, el Estado, que no es estúpido, me habría detenido, tomado declaración y encarcelado”, sostenía en la grabación, sin especificar a qué país se refería.

El hermano de Abdullah, Hüseyin, declaró desde la cárcel que nunca había oído hablar de Kartal, aunque añadió que era "natural" que Kartal pudiera tener relación con alguien de su familia, ya que ambos provenían de la misma zona de Diyarbakir, en el sureste de Turquía.

El asesinato de Tekin Kartal generó una repercusión considerable en las redes sociales en Turquía, donde tenía fieles seguidores entre los jóvenes turcos y kurdos. Múltiples vídeos en su honor se difundieron en las redes sociales en los días posteriores a su asesinato, sobre todo a través de Tik Tok. En los comentarios de estos videos, los usuarios elogiaban a Kartal por “no olvidarse nunca de su gente”.

El 29 de mayo, poco más de tres semanas después de la muerte de Kartal, tres hombres resultaron heridos después de que un atacante en motocicleta disparara indiscriminadamente contra el restaurante en el que se encontraban, en la Kingsland High Street de Hackney, famosa por sus animadas cafeterías.

Una niña de nueve años fue alcanzada en el tiroteo y permanece, desde entonces, en estado crítico pero estable. Sus padres han declarado a los medios británicos que no saben si llegará a recuperarse del todo. El nombre del restaurante en el que se produjo el incidente, "Evin", significa “amor” en kurdo y “tu casa” en turco.

Los periódicos británicos han informado de que la policía británica sospecha que un conocido grupo criminal del norte de Londres, los 'Tottenham Turks', estaría detrás del ataque, que podría haber tenido como objetivo a un miembro del clan rival de los Hackney Turks. Todavía no se ha confirmado si los tres hombres heridos en el tiroteo pertenecerían a alguno de estos grupos. Lo que sí se sabe es que otro hombre, vinculado a la mafia turca, había abandonado la mesa en la que se encontraba con los hombres que resultaron heridos unos 15 minutos antes del inicio de los disparos. El susodicho ha declarado al diario Times que podría tratarse del verdadero objetivo del ataque.

La Policía Metropolitana ha solicitado información relacionada con el crimen a las comunidades turca y kurda del norte y este de la ciudad, a las que pertenecerían los tres hombres heridos. Sin embargo, se han negado a dar más detalles sobre el avance de la investigación a OCCRP.

Cengiz ha proporcionado algo más de información respecto a los dos clanes implicados. "Los miembros de los Tottenham Turks son en su mayoría étnicamente turcos, mientras que los Hackney Turks, vinculados al clan Baybaşin, son predominantemente kurdos. La tensión entre estos dos grupos criminales y étnicos, ambos con sede en Londres, está aumentando en los últimos meses", explica el profesor.

"Recientemente han surgido conflictos entre estos grupos debido a la creciente participación de los Tottenham Turks en el tráfico de heroína", continua. "Esta rivalidad ha llevado a que ambos grupos se enfrenten en numerosas trifulcas violentas".

Harding, por su parte, señala que la ausencia de detenciones refleja la naturaleza de los grupos de delincuencia organizada. “Operan de forma encubierta. No estamos hablando de chicos de calle, sino de profesionales de alto nivel que mantienen sus negocios bien ocultos a menos que estés en su círculo más cercano. Habrá sospechas, pero no pruebas concretas lo suficientemente contundentes como para detenerlos”.

El 10 de julio, sólo seis semanas después del tiroteo en el restaurante londinense, los Tottenham Turks se convirtieron en el blanco de un nuevo ataque, esta vez en las calles de Moldavia.

Izzet Eren, de 41 años, que, al parecer, era uno de los líderes de los Tottenham Turks, fue alcanzado por siete balas en una cafetería de un concurrido barrio de Chisináu. La policía moldava considera su asesinato como un posible ajuste de cuentas entre clanes o para evitar que declarara en un caso abierto contra el tráfico ilegal de drogas en Reino Unido.

Denis Rotaru, abogado de la Fiscalía moldava de la Lucha contra la Delincuencia Organizada, ha declarado a OCCRP que existen múltiples líneas de investigación, “incluida la posibilidad de que el asesinato se produjera como consecuencia de conflictos entre varios grupos criminales rivales”.

Eren fue condenado en Reino Unido a 21 años de prisión en 2015 por un delito de posesión de armas de fuego. En agosto de 2019, fue trasladado a una cárcel de Turquía para cumplir su condena, de la que se fugó tan solo un mes después.

Lilian Carp, presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional, Defensa y Orden Público del Parlamento de Moldavia, ha aclarado que Eren entró en Moldavia desde Ucrania hace dos años, a través de la región separatista prorrusa de Transnistria. “Llegó con una oleada de refugiados de Ucrania que huían de la guerra”.

Eren estaba sentado en la concurrida terraza de una cafetería cuando el asesino se acercó a su mesa y le disparó en la cabeza y la espalda. Las imágenes de las cámaras de vigilancia muestran a Eren desplomado e inmóvil en su silla mientras la gente huye despavorida.

A pesar de tratarse de un día caluroso, el asesino llevaba una camisa de manga larga y pantalones blancos que le cubrían las manos y las piernas lo suficiente como para ocultar tatuajes u otras marcas identificativas, así como un casco y una máscara negra. Más tarde fue visto montando en una bicicleta eléctrica, todavía completamente enmascarado.

“Está claro que se trataba de un asesinato por encargo, que eligió deliberadamente dispararle en público, en una cafetería, y no en su casa”, ha declarado a OCCRP un agente de la policía moldava.

Políticos nacionales y medios de comunicación locales han afirmado que el asesino salió de Moldavia el mismo día que disparó a Eren. Cruzó a Rumanía en minibús y se cree que desde allí voló hasta Italia.

La policía moldava ha detenido a dos sospechosos, a los que acusa de ser cómplices del crimen. La fiscalía ha abierto una causa penal por asesinato premeditado, aunque el presunto asesino sigue en libertad.

En el momento de ser tiroteado, Eren tenía pendiente una solicitud de extradición del Reino Unido, pero los jueces aún no habían decidido si debía ser enviado al país solicitante, tras aplazarse varias sesiones judiciales. Tras su asesinato, los parlamentarios moldavos han votado a favor de modificar la legislación para agilizar el proceso de extradición en futuras ocasiones.

Este artículo fue publicado originalmente por Organized Crime and Corruption Reporting Project, un centro de investigación sobre crimen organizado y corrupción.

Traducción de Inés García Rábade

Karim Bouyakhrichan, presunto cabecilla de la conocida como Mocro Maffia, fugado ahora de la justicia, cumplió por última vez el pasado 1 de abril con la medida cautelar de comparecer ante un juzgado impuesta por la Audiencia de Málaga tras su puesta en libertad con fianza de 50.000 euros en relación con la causa que le investiga por blanqueo y otros delitos.

Así lo han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y recoge Europa Press, precisando que este investigado ha estado firmando fuera de Marbella en relación con esta causa "y se notificaban al Juzgado número 4 de Marbella unos días después", precisando que "la última firma recibida correspondió a la del 1 de abril". Al respecto, estas fuentes han indicado que el día 15 de este mes "debía firmar nuevamente" este investigado "y aún puede llegar la notificación desde el lugar donde lo haya hecho", han apuntado.

Dicho juzgado investiga a este hombre en una causa por blanqueo, tráfico de drogas, organización criminal y banda armada. Tras ser detenido este pasado mes de enero, el juzgado de instrucción acordó la prisión provisional comunicada sin fianza del investigado al apreciar la existencia de riesgo de fuga.

La defensa presentó un recurso solicitando su puesta en libertad y la Fiscalía se opuso a dicho recurso, pidiendo que su desestimación y el mantenimiento de la medida acordada en el auto apelado; es decir, instando a que se mantuviera en prisión. En un auto fechado el 22 de febrero de este año, la Audiencia de Málaga, tras una vista en la que compareció el investigado, asistido por un letrado, y las partes expusieron sus argumentos, acordó su puesta en libertad con medidas cautelares, como el pago de una fianza de 50.000 euros.

También se incluyó la obligación apud acta de comparecer ante el juzgado de su domicilio, o el que instruya o conozca de la causa cada 15 días, la retirada del pasaporte, con prohibición de salida del territorio nacional, así como la designación de domicilio y deber de facilitar un teléfono de contacto directo entre el investigado recurrente y las autoridades judiciales.

En dicho auto, consultado por Europa Press, el Tribunal de Málaga señala que "en contra de lo que se alega en el recurso, sí que existe riesgo de fuga"; pero considera, poco más de un mes después, que "los fines perseguidos cuando se adoptó la medida de prisión -riesgo de fuga-, también pueden conseguirse con otras medidas aseguratorias menos gravosas", como son las medidas cautelares ya mencionadas.

Al respecto, los magistrados de Málaga apuntan que no consta que el investigado tenga bienes raíces en España, "en donde ha venido viviendo en una casa propiedad de su esposa"; aunque esta "manifestó que ella vive en Dubai y que solo viene a Marbella de vez en cuando". A esto se suma que el tipo básico del delito de blanqueo de capitales "prevé pena de hasta seis años de prisión".

Pero, tras analizar "las notas de excepcionalidad y subsidiariedad" que caracterizan a la medida de prisión, "y en general a toda limitación de derechos fundamentales", recuerdan que cualquier medida restrictiva de tales derechos "exige la estricta observancia del principio de proporcionalidad" y estiman la existencia de otras medidas "menos gravosas", como la imposición de la fianza, entre otras.

La Audiencia de Málaga rechaza el resto de argumentos del recurso de la defensa del investigado, como la supuesta falta de indicios racionales para la medida de prisión, ya que, según la resolución, de los informes remitidos al juzgado y del resultado obtenido en las diferentes entradas y registros "se revelan indicios de su participación en el delito de blanqueo que se le imputa".

La Sala de Málaga también indicó que "no cabe apreciar la vulneración de derechos fundamentales a los que se hace alusión por el recurrente", ni tampoco vio vulneración del derecho fundamental al juez predeterminado; apuntando, además, que en el momento de la detención fue informado de los derechos y no estima que hubiese agravio comparativo, "pues no cabe apreciar discriminación en situaciones de ilegalidad".

En enero, la Policía Nacional detalló en una rueda de prensa en el complejo policial de Canillas (Madrid) de la operación con la que habían golpeado a una estructura de la Mocro Maffia en la Costa del Sol y llegó a bloquear 172 propiedades valoradas en 50 millones de euros y cerca de tres millones en cuentas bancarias.

Los responsables de la UDEF se felicitaron entonces por arrestar tras años de investigación a un "objetivo prioritario", ya que las diferentes ramas de Mocro Maffia están detrás de numerosas operaciones de narcotráfico, ajustes de cuentas y de las amenazas contra la Casa Real holandesa y, en concreto, contra la princesa heredera al trono, Catalina Amalia de Orange.

El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calificado de "preocupante" la fuga del líder de la Mocro Maffia. "Es una noticia preocupante, así la valoramos", ha señalado Bolaños a preguntas de la prensa en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, añadiendo que no podía entrar en detalles sobre ninguna resolución judicial.

Bolaños ha dicho que su deseo es que "cuanto antes" las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo vuelvan a poner a disposición judicial y ha recordado que las autoridades judiciales españolas, de hecho, "ya han dictado una orden de búsqueda" sobre Karim Bouyakhrichan.

Por su parte, la Fiscalía de Países Bajos ha mostrado su extrañeza por la decisión de los jueces españoles de dejar en libertad provisional a Karim Bouyakhrichan. "No sabemos qué sucedió", han indicado este martes desde la Fiscalía holandesa. "El juez español determinó que, de ser liberado, sería puesto en prisión preventiva por el caso holandés", han añadido, en referencia a que en su país es reclamado al ser considerado "sospechoso de tráfico de drogas a gran escala".

En un comunicado remitido a Europa Press, la Fiscalía de Países Bajos destaca la buena relación con las autoridades españolas y que mantiene su intención de procesar al arrestado en España en enero en una operación de la Policía Nacional.

El Ministerio Público holandés dice que presentó una solicitud de entrega en cuanto fue informada de la detención y se remite a las explicaciones que pueda dar el tribunal español. Además, recuerda que "actualmente están esperando una decisión sobre la solicitud de extradición". "Nuestra experiencia con el sistema de justicia español es que esta cooperación es en general buena; cada año se entregan decenas de sospechosos", han puntualizado.

El ataque criminal a la Guardia Civil en Barbate tiene mucho de excepción grotesca y engañosa dentro de un negocio que es en realidad cada vez más cerebral y ejecutivo. Hoy en el narco hay menos violencia explícita de la que hemos aprendido a suponer por el cine y la televisión, menos de la que parecen indicar crímenes como el de la semana pasada, y en cambio mucha más actividad empresarial discreta y eficiente. La imagen fiel del narco en España no la ofrecen los gañanes que jaleaban desde el puerto de Barbate, ni descerebrados como Kiko El Cabra. Para hacerse una idea más precisa de qué es el narco en España es más atinado pensar en la Mocro Mafia holandesa, el cártel de los Balcanes, la 'Ndrangheta, el clan irlandés Kinahan y los grupos colombianos y mexicanos que mantienen estructuras estables aquí y ejercen a diario una tarea de carcoma tan invisible como dañina. O en los 128 laboratorios de cocaína desmantelados por toda España en los últimos diez años. Uno al mes. Y preguntarse: ¿Cuántos estarán funcionando ahora mismo? ¿Qué estarán comprando con el dinero que ganan? ¿Qué bienes y qué voluntades?

El problema va mucho más allá de Andalucía, más allá de Galicia. Tiene –o debería tener– entidad de problema de Estado. Los lectores de infoLibre lo saben por la investigación Narco Files, que desvela cómo España se ha convertido en un nodo fundamental de toda una vasta red criminal transnacional vinculada a las drogas. El fenómeno desborda todo lo que creíamos saber, va mucho más allá de lo que permite ver el doble crimen de Barbate o la actividad del narco en el conflictivo sur del sur, que es apenas una tesela del mosaico. Narco Files –trabajo cooperativo internacional en el que ha participado este periódico–desvela cómo grupos de distintos países han aparcado diferencias para repartirse los eslabones de la cadena de la droga, en un nuevo esquema global profesionalizado que ha asignado a España el papel de gran productor de la UE, con engranajes en perfecto estado para las fases de transporte y blanqueo. Toda una miríada de bandas españolas están en ello.

El narco se ha convertido en una hidra de mil cabezas. Arranques las que arranques, el monstruo sigue vivo. Porque la demanda es insaciable. Ese es el desafío. Hacen falta para encararlo más policías y guardias civiles especializados. Por supuesto, más empleo en las zonas donde las bandas buscan su mano de obra. Y menos condescendencia clasista en la mirada a los puntos que por factores geográficos sufren mayor tensión. Ni Narcolandia, ni Territorio Narco: Barbate y La Línea son la primera línea de España y de Europa en la respuesta a un amenaza colosal. Hay que darles lo que necesiten. Lanchas grandes, sí. Pero sobre todo mucho respeto.

El crimen de Barbate nos ha obligado a mirar hacia uno de esos lugares incómodos donde preferimos no mirar, a fijarnos en uno de esos problemas de los que preferimos no saber demasiado hasta que se lía y no hay más remedio. Suele ser La Línea de la Concepción. Esta vez toca Barbate. Son poblaciones muy distintas y bastante distantes, pero tras el atracón informativo de la última semana muchos han rescatado al vuelo dos impresiones que valen en general para todo ese Cádiz de cara a Marruecos. La primera es que los narcos actúan con "total impunidad" en la zona. La segunda, que cuentan con "complicidad social". Ambas afirmaciones son seriamente objetables. Pero, en cualquier caso, lo que tengan de cierto no es nuevo.

Estos días las crónicas se llenan de expresiones como "alarma social". El detonante ha sido la insultante exhibición de superioridad de las narcolanchas frente a las zódiacs de la Guardia Civil. Pero la primacía marítima de los traficantes es un viejo asunto. Y no sólo por las narcolanchas, sobre el papel prohibidas desde 2018. Ya en los 90 las embarcaciones cargadas de tabaco llegadas de Gibraltar, las famosas Phantom, impresionaban por su velocidad de entrada y descarga en distintos puntos de la costa. No había forma de cogerlas.

Al poderío de los medios náuticos se suma el de los terrestres. Los contrabandistas hace años que reforzaron sus convoyes. A los dos vehículos habituales –la lanzadera para avisar de los controles y el todoterreno en la retaguardia con la droga–, se añade un tercer coche, de mayor cilindrada, que sirve de advertencia a los policías. En alguna ocasión, los coches de los agentes han sido embestidos. Como suena: narcos embistiendo a policías. Lo de Barbate, pero en tierra. El mayor tamaño de las gomas y los coches implica mayores cantidades de droga transportada. Y con ello mayor incentivo para resistirse a la detención y evitar la pérdida de mercancía. La clásica regla "si te cogen, te rindes" ya no se cumple como antes. Ahora se resisten.

Las actitudes de desafío a la autoridad son moneda corriente. Lo repiten estos días policías, jueces y fiscales, pero llevan años advirtiéndolo. Hay un caso que merece la pena recordar. En 2018 un grupo de encapuchados asaltó el hospital de La Línea y logró sacar de allí a un jefe del clan de Los Castañitas, sin que los agentes que lo custodiaban pudieran evitarlo. Los pacientes y sanitarios asistieron incrédulos al rescate.

Así que en absoluto es nuevo que los agentes de la ley sean –en ocasiones, no siempre– desafiados y doblegados. ¿Grave? Mucho. Pero nuevo no.

Las crónicas de estos días están pobladas de referencias a una supuesta "complicidad social" con el narco. Mucho habría que matizar. En Barbate, una ciudad de más de 20.000 habitantes, o La Línea, de más de 60.000, el grueso de la población sólo ve perjuicios y riesgos, en primer lugar para su seguridad, en segundo para la imagen de sus ciudades, retratadas en la televisión como si fueran el Nápoles de Gomorra. Es previsible que todo este asunto acabe con una profundización de los tópicos más oscuros sobre Andalucía. Sería injusto.

Que haya sido el alcalde de La Línea, un independiente con un punto populista que suma más del 75% del voto, el que ha abierto el melón de la legalización del cannabis debería dar idea de lo que la mayoría por allí piensa sobre el comercio ilegal de la droga. Es una maldición, no lo quieren ni en pintura. Y en Barbate, tampoco. Tiene un punto hipócrita que desde los pueblos y ciudades donde por todas partes se fuman y esnifan los productos del narconegocio se acuse a poblaciones que sufren la lacra de las bandas de "complicidad con el narco".

Pero tampoco seamos ingenuos: claro que hay "cómplices". ¿Cómo no va a haberlos? Pura lógica. Gente que vive de la droga, gente que vive de gente que vive de la droga, otros que miran para otro lado. Hay muchas circunstancias que favorecen la narcoeconomía. Desde luego ayuda estar frente a las costas del mayor productor de hachís del mundo. El desproporcionado paro juvenil también. Y la proximidad a la costa de núcleos densamente poblados, que facilita las descargas. Alguno recordará aquella lancha cargada de droga que llegó a la costa de La Línea, entre El Tonelero y El Burgo, cuando se plantaron allí tres guardias civiles. ¿Qué pasó? Que los traficantes se enfrentaron a ellos y lograron completar el desembarco ayudados por vecinos del próximo barrio de La Atunara, que sometieron a los agentes a una lluvia de pedradas. Era 2017. Precisamente aquello suscitó otro pico de "alarma social".

Áreas del sur de Cádiz son de antiguo propicias para el contrabando. En La Línea, donde a la proximidad con Marruecos hay que sumar la de Gibraltar, se ha contrabandeado desde antes de que se cerrara la verja del Peñón en 1969. ¿Con qué? Con todo. Azúcar, café, gasolina, tabaco, penicilina. Histórica es la figura del matutero, que sacaba de todo para venderlo en la Andalucía mísera del franquismo. Por supuesto, el parentesco de una matutera que sobrevivía pasando aceite de hígado de bacalao durante la dictadura con un joven peón de los clanes es lejano, si es que existe. Pero ambos son productos de una zona pobre, fronteriza, una tierra de hibridación y subsistencia donde mover mercancía al margen de la ley puede llegar a no parecer tan descabellado. No es justificación, es explicación. Sobra aquí el juicio moralista o el mohín escandalizado. Si aplicamos la lógica, no debería extrañar que haya quienes digan: "Si vas a fastidiar este negocio, dame una alternativa; si no, déjame".

No no hay nada extraño en ello, ni nada nuevo.

Lo nuevo es otra cosa. Narco Files demuestra que España no es un país en el que el narco toque de refilón cuatro o cinco zonas calientes y el resto esté a salvo. Todo el cuerpo está en riesgo, especialmente los puertos, que sufren ya "un problema importante de corrupción", como ha señalado la fiscal jefe antidroga, Rosa Ana Morán. Mucho ojo hay que tener en Algeciras y en Valencia, en Barcelona y en Málaga, en Vigo y en Bilbao. Más palabras graves de Morán: "Es difícil introducir tanta droga en los puertos sin colaboración desde dentro".

Lo cómodo es pensar que el problema de la droga en España es sólo una cosa de lugareños de aquí y allá, todos ellos bajo sospecha de complicidad, y de narcos impunes a los que les haría falta una ración de mano dura. Cómodo, pero desenfocado. Y no sólo porque desprecia los condicionantes históricos, geográficos y económicos que explican por qué el narco florece en un punto y no en otro, sino porque ignora los profundos cambios que el narconegocio ha experimentado en los últimos años.

El narco avanza como una carcoma. El terreno que gana no se lo come a Barbate, ni a La Línea, ni a cualquiera de los puertos donde logre corromper a un funcionario, ni tampoco a la Guardia Civil o la Policía Nacional. No sólo a ellos. Se lo come a la democracia, a la sociedad, al país. Nadie puede decir que el narco le pille lejos.

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Ángel Munárriz es Jefe de Investigación de infoLibre.