La entrada en el Parlament de Catalunya de Aliança Catalana, la formación de Sílvia Orriols, ha convertido a la cámara catalana en la única en España con dos partidos de extrema derecha. El discurso ultra ahora tiene dos micrófonos en sede parlamentaria y ha aumentado sus representantes, y eso ha hecho emerger otra vez un debate que se arrastra desde la anterior legislatura: cómo abordar el discurso de odio que sale de la tribuna del Parlament. Durante la anterior legislatura ERC y CUP ya propusieron una de reforma del reglamento para prohibir este tipo de discursos intolerantes que decayó por la convocatoria de elecciones anticipadas, y desde hace semanas el presidente de la cámara, Josep Rull, y la Mesa del Parlament han iniciado reuniones con expertos y están estudiando la jurisprudencia europea y la de otras cámaras para buscar una solución.

“Hace años que el debate sincero y sin interrupciones no existe en esta sala” (...) “y sino que le pregunten al sr, Josep Rull, ¿ya tiene el reglamento encima de la mesa por si me tiene que interrumpir?”. La pregunta se la hizo la líder de extrema derecha catalana, Sílvia Orriols, al Presidente del parlamento catalán durante el pasado Debate de Política General. La realidad fue que a lo largo de más de 20 minutos, la líder de la formación ultra pudo hacer su discurso íntegro y sin interrupciones. Pese a ello, cinco minutos de su discurso estuvieron dedicados a criticar que sí se limita el debate político a su formación. “El primer punto del debate de política general debería ser poner fin a este eje totalitario. Cortar el micrófono no es justo ni democrático”, continuaba Orriols.

La Mesa del Parlament está aún en fase de prospección sobre cómo frenar el discurso de odio, pero fuentes parlamentarias explican que de momento “se prioriza la libertad de expresión”. Esta es “la forma más común en Europa”, explican las mismas fuentes, y ponen de ejemplo el reciente discurso antiinmigración de Víctor Orbán en el Parlamento Europeo que la presidenta de la cámara no interrumpió. La Mesa y la Presidencia del Parlament están en una fase de prueba y error para abordar el discurso de la extrema derecha y ahora Josep Rull está interrumpiendo “lo mínimo posible”. 

La líder de Aliança Catalana aprovechó el pasado Debate de Política General para lanzar uno de los discursos más duros de la legislatura. “Cuando se ven amenazadas las libertades y los derechos fundamentales, la islamofobia es un deber", arrojó en un momento del debate Sílvia Orriols. 

No obstante, a diferencia de lo sucedido durante el primer pleno del Parlament, en el que Josep Rull advirtió a la líder de extrema derecha al finalizar el discurso, en esa ocasión el presidente del Parlament no lo hizo. El Parlament está en fase de prueba y error para evitar al máximo imágenes como la que vivió la legislatura pasada, en la que la presidenta Anna Erra interrumpió a líder de Vox catalán por comparar Cataluña con la alemania nazi.

La profesora de Ciencia Política de la UOC, Ana Sofía Cardenal, explica el difícil equilibrio al que se expone la presidencia del Parlament a la hora de interrumpir o dejar continuar el debate parlamentario. Generar situaciones en las que la extrema derecha “pueda victimizarse” o “excluirlos del debate” puede llevar a “radicalizar a sus votantes”, pero el Parlament “debe poder distinguir los matices” y establecer límites. Uno de ellos “es incitar a la violencia y el odio hacia colectivos”.

Fuentes parlamentarias explican que la presidencia de Parlament se están basando en distintas sentencias europeas y que han recibido también la experiencia de la cámara alemana de Baden Wüttemberg. El parlamento alemán se encuentra con discursos de islamofobia y hacia refugiados ucranianos y creó una comisión adhoc para tratar a posteriori todos los discursos que se producen en la cámara. No obstante, fuentes parlamentarias explican que “está por ver” si una comisión similar se puede hacer en el Parlament o si se podría aprovechar la Comisión del Estatuto del Diputado, pero que “hay que hacer una medida consensuada por toda la Mesa del Parlament”. Las fuentes también confirman que a lo largo del primer trimestre del 2025 van a profundizar en estudiar lo que se está haciendo el parlamento del land alemán para encontrar una “solución propia”.

Mar Aguilera, profesora de la UB de Derecho Constitucional, ve con buenos ojos plantear revisiones a posteriori. “El parlamento es la cámara que tiene la legitimación directa de los ciudadanos”, expone Mar. Es por ello que los diputados tienen “inmunidad e inviolabilidad”, porque “si hay un sitio en el que debe haber un debate de las ideas contundente, rico y hasta ofensivo, debe ser el Parlament”. Karlos Castilla, investigador del Institut de Drets Humans de Catalunya incide en este aspecto. Para el doctor en derecho constitucional, la inmunidad está garantizada en la Constitución y los Estatutos, “pero se podría generar una responsabilidad después de haber ejercido la libertad de expresión”. Aunque el doctor también expone que los riesgos podrían ser la lentitud de la reacción y que la acumulación de los discursos de odio impida hacer una correcta contraargumentación ante la sociedad.

Recientemente, ERC también ha propuesto integrar el código de conducta en el reglamento de la cámara para que tenga rango de ley. Fuentes de ERC explican que esta es una vía complementaria con otras y que “dotaría de más herramientas a la institución” parlamentaria, para “regular el debate”. Todo ello, consideran, contribuye a la idea de explorar “todas las vías posibles” para contrarrestar los discursos de odio y su vez “no hacer de sus altavoces”. 

Según el reglamento del Parlament de Catalunya, ahora los diputados pueden ser llamados al orden si no evitan “causar perturbaciones u desórdenes, hacerse acusaciones o recriminaciones entre ellos, o pronunciar expresiones inconvenientes al decoro”. También pueden ser expulsados si se les llama al orden por “palabras ofensivas” hacia “instituciones públicas” o a “otro miembro del parlamento o a cualquier otra persona”. El reglamento, por lo tanto, deja bastante manga ancha a la presidencia del Parlament para interpretar si un discurso se debe interrumpir o hay que expulsar a algún miembro. Pero a su vez, el peso sobre esa decisión ahora recae únicamente sobre esta figura.

Los letrados del parlamento marcaron recientemente su postura sobre las sanciones al discurso de odio en la cámara tras la reforma del reglamento de ERC y la CUP que decayó debido a la convocatoria electoral anticipada. Entonces, consideraron "legítimo" y "justificable" interrumpir una intervención cuando "incita a la violencia" o "hace apología del terrorismo e incita al odio", amparándose en la jurisprudencia del TEDH. Fuentes parlamentarias explican que este informe también se está usando como referencia para tratar el discurso de odio y va en la línea de permitir una libertad de expresión ancha.

Aguilera desarrolla un poco más las casuísticas en las que se debería restringir ciertos discursos. “La libertad de expresión depende mucho del contexto”. Si declaraciones islamófobas se producen en un momento en el que “se producen ataques” hacia ese colectivo discriminado, “esto es muy grave”. En el caso de la islamofobia, parece que sí habría una traslación hacia el día a día social, ya que según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) el discurso de odio en las redes sociales aumentó en 2024 un 20%. Que la extrema derecha pueda enmarcar limitar los discursos de odio en una censura permite al otro “reafirmarse en un discurso victimista” y aumentar la difusión de su mensaje, explica Iago Moreno, experto en desinformación y extrema derecha por la Universidad de Cambridge.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado investigar al presidente del Parlament, Josep Rull, y al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena por la no detención del expresidente catalán Carles Puigdemont tras su fugaz regreso a Barcelona el pasado mes de agosto, informa EFE.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la sala civil y penal ha acordado no admitir las querellas que presentaron Vox y la asociación ultracatólica Hazte Oír en lo que respecta a los aforados, aunque no se pronuncia sobre si habría delito en el caso de los que no lo son, entre ellos el ex jefe de los Mossos d'Esquadra Eduard Sallent.

La semana pasada, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena envió a los juzgados de Barcelona los informes policiales relacionados con el regreso de Puigdemont a España sin ser detenido, al considerar que podría haberse incurrido en delitos de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos.

En paralelo, Vox y Hazte Oír presentaron sendas querellas ante el TSJC contra Rull y Elena por la huida de Puigdemont, además de contra los no aforados Pere Aragonès, expresidente de la Generalitat, Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, y la cúpula de la policía autonómica.

La sala civil y penal del TSJC se ha reunido este jueves a deliberar y ha decidido, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, que no ve indicios de delito en el caso de Rull y Elena, los querellados a los que le correspondería investigar por ser ambos aforados.

Según la sala, no existe ningún elemento que permita relacionar a los aforados con los delitos que Vox y Hazte Oír plantean en su querella, entre ellos los de omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento o prevaricación.

El TSJC no ha entrado a valorar si los no aforados, entre ellos el exjefe de Mossos, pudieron cometer algún delito por la no detención del expresidente de la Generalitat.

La Fiscalía se opone a que la Justicia investigue al expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, el presidente del Parlament, Josep Rull, y la cúpula de Mossos por la huida de Carles Puigdemont, al no ver indicios de que actuaran o impartieran órdenes para impedir su detención. El ministerio público se ha pronunciado así este jueves en relación con las querellas que Vox y la asociación de extrema derecha Hazte Oír presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por la huida de Puigdemont tras su fugaz regreso el pasado 8 de agosto, en las que pedían investigar además al exconseller de Interior Joan Ignasi Elena y a Gonzalo Boye, abogado del expresidente catalán, según recoge EFE.

Para el teniente fiscal Pedro Ariche, el operativo que diseñaron los Mossos para arrestar a Puigdemont puede ser "criticado o incluso censurado", pero no se ha podido constatar que los querellados dieran órdenes o instrucciones a la policía para evitar la detención del expresidente catalán "por razones de afinidad política".

El fiscal considera que "más allá de suposiciones y elucubraciones basadas en obviedades de sesgo ideológico", no hay "el más mínimo indicio" de que Aragonès, Elena, el exdirector de los Mossos Pere Ferrer y el excomisario jefe Eduard Sallent diesen instrucciones para "impedir u obstaculizar" la detención de Puigdemont, lo que se deduce del informe presentado por la policía catalana al TSJC.

En concreto, detalla el fiscal que la policía catalana desplazó al propio Sallent al Parlament ante la "convicción" de que Puigdemont trataría de entrar y que se llevó a cabo una inspección previa de la cámara, pese a las iniciales "trabas de carácter burocrático" que se les impusieron.

Una vez Puigdemont irrumpió en el Arc de Triomf, donde la ANC había convocado a sus fieles, el fiscal cree "evidente" que la policía decidió no actuar por el elevado número de personas concentradas, unas 4.500, y la "rapidez" con que estaban sucediendo los hechos. En opinión de la Fiscalía, en el informe entregado por los Mossos "se justifica debidamente (por razones de oportunidad y proporcionalidad) el motivo por el que no se procedió a la inmediata detención" de Puigdemont en cuanto se detectó su presencia en la calle.

Una vez finalizada su intervención, según el fiscal, lo que determinó el "fracaso" del dispositivo en cuanto a la detención de Puigdemont fue "la imprevisión de otros posibles escenarios y la planificación -un tanto rígida- por parte de los responsables policiales".

Respecto a la querella presentada contra Rull por Hazte Oír, el fiscal descarta que el presidente del Parlament realizara "actuación alguna que, de manera directa y eficaz, tuviera por objeto impedir u obstaculizar, desde el singular ejercicio de su cargo público, la –en principio- prevista detención y puesta a disposición judicial del señor Puigdemont".

"Es de advertir que en el informe aportado —por los Mossos— no se hace referencia alguna a una actitud eficazmente activa u obstativa" por parte de Rull, de la que "pudiera deducirse un consciente ánimo de impedir o dificultar la actuación de las fuerzas policiales", agrega el fiscal.

Tampoco ve la Fiscalía indicios para imputar a Boye por la huida de Puigdemont: recuerda que el letrado no ostenta la condición de autoridad o funcionario público y que el hecho de que acompañara al expresident durante su fugaz irrupción en Barcelona resulta "irrelevante" a los efectos de imputarle un delito de encubrimiento.

El presidente del Parlament de Cataluña, Josep Rull, ha alertado de que si detienen al expresidente Carles Puigdemont —que ya ha confirmado que volverá para estar presente en el pleno de investidura de este jueves—, no puede "aceptar que el pleno se desarrolle con normalidad", por lo que, ha dicho, sería un planteamiento idóneo y adecuado aplazarlo.

En una entrevista en Vilaweb recogida por Europa Press, Rull ha señalado que hará "tanto como pueda" para impedir que un diputado pueda ser detenido en ejercicio de sus funciones, dado que la cámara del Parlament es, textualmente, democráticamente sagrada y no se puede limitar ningún derecho, en términos de privación de libertad, de ningún diputado, ha dicho.

Para ello, ha explicado hay argumentos jurídicos "sólidos", como el Estatut de Cataluña y dos protocolos aprobados y vigentes, entre otros.

El proceso de una actividad parlamentaria "no se puede interferir de ninguna de las maneras", por lo que ha afirmado que desde el momento que se convoca la investidura no se puede detener a nadie.

Al preguntarle sobre qué pasaría si las fuerzas policiales entrasen en el Parlament, ha detallado: "Si fuese así, miraría de situar al presidente Puigdemont en un lugar el máximo de seguro dentro del Parlament, que sería mi despacho. Lo tengo muy claro".

Rull ha explicado que un aplazamiento del pleno dependería de él, aunque tendría que "poder consolidar la decisión, pactarla, consensuarla con la mesa" y que hay antecedentes de plenos que se han aplazado por una situación absolutamente excepcional, como en enero de 2018, con la investidura de Puigdemont, ha dicho.

Al ser preguntado por si el aplazamiento sería indefinido, ha concretado que esto tendrá que determinarse con la mesa y con el conjunto de grupos parlamentarios: "Lo que no sería aceptable es que en una situación tan grave como la detención de un diputado no lo hiciésemos".

Sobre una posible suspensión de la sesión plenaria, ha señalado: "No quiero especular. Tendremos que ver en qué términos se produce (la posible detención de Puigdemont). Si es una detención y liberación, si es una detención con medida cautelar de prisión provisional..."

Según Rull, Puigemont, "tanto sí como no" votará la investidura, porque se aprobó una modificación del reglamento en la que hay la figura del voto delegado, ha afirmado.

Sobre si finalmente detienen a Puigdemont, ha dicho: "Es una constatación de que hay una parte del estado español que, en términos democráticos, es un estado fallido".

El presidente del Parlament, Josep Rull, ha anunciado este miércoles que ningún candidato a presidir la Generalitat tiene apoyos suficientes para ser investido, por lo que ha decidido convocar un pleno el 26 de junio en el que dictará una resolución para activar la cuenta atrás de dos meses para que haya una investidura y, si no la hay, se irá a repetición electoral, informa Europa Press.

Así se ha pronunciado este miércoles en una declaración institucional en la Cámara Catalana tras haberse reunido con representantes de todas las fuerzas políticas y constatar que los dos principales candidatos, Salvador Illa (PSC) y Carles Puigdemont (Junts), quieren más tiempo para negociar posibles apoyos.

Ante este situación, Rull dictará una resolución el 26 de junio, que activará una cuenta atrás de 2 meses para que los candidatos traten de reunir los apoyos necesarios con fecha límite el 26 de agosto, y si ningún candidato logra la investidura se convocarán elecciones de forma automática.

El nuevo presidente del Parlament catalán, Josep Rull, ha dicho que no puede forzar a nadie a presentar su candidatura tras el rechazo del candidato socialista, Salvador Illa, a hacerlo el próximo 25 de junio, y ha recordado que ya contempla activar el "acto equivalente", el mecanismo que abre la cuenta atrás para la repetición electoral si no hay presidente de la Generalitat en dos meses.

En una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha asegurado que respetará la decisión del primer secretario del PSC, Salvador Illa, y del diputado de Junts, Carles Puigdemont, en caso de no querer presentar aún candidatura, y ha recordado que en todo caso tienen de margen hasta finales de agosto.

"La cuenta atrás empieza la semana que viene y el plazo se acaba el 25 de agosto", ha apuntado Rull, que la tarde del miércoles comparecerá para explicar su propuesta final de investidura, después de que Illa anunciase el martes que necesita "más tiempo" para armar "una mayoría progresista" con ERC y los comunes que apoye su investidura.

Tras reivindicar la legitimidad y representatividad de la actual Mesa, ha defendido una modificación del reglamento del Parlament para buscar "el máximo nivel de cobertura jurídica" al voto de los diputados que residen en el extranjero.Así, ha pedido criterio a la secretaría general del Parlament ante una eventual modificación de dicho reglamento: "Lo priorizaré con todas las consecuencias".

Este jueves tiene previsto visitar a Puigdemont en Bruselas (Bélgica), el viernes se desplazará hasta Ginebra (Suiza) para reunirse con el diputado de ERC Ruben Wagensberg y el domingo en Prats de Molló (Francia) con el exconseller Lluís Puig.

También espera concretar el debate de las retribuciones de los diputados este julio, al esgrimir que el Parlament debe ser ejemplar en estas cuestiones, y ha avisado de que "no es aceptable" que el líder de Vox, Ignacio Garriga, cargara gastos personales a cuenta del grupo parlamentario, pese a no querer avanzar posibles consecuencias.

Además de avisar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que "depende" de Junts en Madrid, le ha pedido que no ignore esta cuestión, negando que esto sea una amenaza de Puigdemont. En materia de financiación, ha asegurado que se necesitan consensos sólidos en esta cuestión y ha defendido un sistema que se parezca al concierto económico vasco: "Sacar a Cataluña de la Lofca, del 'café para todos', y buscar una relación bilateral".

El candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido formar un Govern "transversal" tras las elecciones del 12 de mayo, mientras que el número 3 de Junts+, Josep Rull, ha descartado pactar con los socialistas y hacer presidente a Illa. En el debate de RTVE para las elecciones catalanas este jueves recogido por Europa Press, el presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha asegurado que pactará en base a contenidos, al igual que la candidata de la CUP, Laia Estrada, y la de los Comuns, Jéssica Albiach, ha descartado pactos con la derecha.

Por su parte, el candidato del PP, Alejandro Fernández, ha sostenido que no hablarán "con nadie que pretenda seguir rompiendo el pacto constitucional", mientras que el candidato de Vox, Ignacio Garriga, ha criticado que haya un "pacto antifascista" contra su formación, y Cs ha acusado a PSOE y PP de pactar con el independentismo.

Illa ha sostenido que presentará su candidatura a la investidura y ha preguntado al resto de fuerzas si la bloquearán, ha abogado por hacer pactos que generen estabilidad, y ha acusado al PP de haber "ocultado reuniones con Junts" tras las elecciones generales.

El número 3 de Junts+ se ha negado a pactar con el PSC e investir a Illa, ya que asegura que su formación no puede "pasar página del 1-O", y ha asegurado que las dos opciones que habrá tras el 12M será un Govern de Illa o uno de Puigdemont, ya que considera que son dos modelos antagónicos, en sus palabras.

Aragonès ha asegurado que pactarán en base a un referéndum acordado, a la financiación singular y a una mejora del bienestar y la protección de la lengua, y ha añadido que la posición del PSC en estos ámbitos es "evidente", tras lo que ha pedido a Junts y la CUP no separar la independencia y la justicia social. La candidata cupaire ha sostenido que llegarán a acuerdos en función de lo que quieren hacer, y ha instado a Aragonès a decir si no pactará con Illa, y ha preguntado a Rull cómo va a impulsar la autodeterminación "si comparte el modelo económico de la patronal".

Albiach ha acusado a Illa de hacer "piruetas" para no decir si acordará o no con Junts, y ha añadido que pactar con los de Puigdemont es ponerse de acuerdo "con los grandes campeones de los recortes de los servicios públicos".

El candidato de los populares ha acusado a Illa de tener una relación de "genuflexión pura" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha asegurado que en su partido se puede discrepar en público, tras lo que se ha negado a pactar a quienes rompan con el pacto constitucional, como asegura que han hecho PSC y los independentistas.

Desde Vox, Garriga ha lamentado que los pactos entre PSC y los independentistas han "condenado a la inseguridad" a Cataluña, y ha criticado que en el Congreso se haya aprobado la regularización de inmigrantes a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Por último, Carrizosa se ha negado a pactar con Illa porque "dice que no han robado los que han robado", en alusión a los independentistas, y ha acusado a PP y PSOE de no haber firmado un compromiso impulsado por Cs de no pactar con los independentistas.

Más allá de los pactos, los ocho candidatos a los comicios han contrapuesto sus posiciones sobre la amnistía y el modelo territorial en el tercer bloque del debate electoral de este jueves de RTVE, en el que PP, Cs y Vox han acusado a Illa de "mentir" al haber rechazado la amnistía. El número 3 de Junts+ a las elecciones catalanas del 12M y el candidato de ERC han pedido un referéndum para lograr una normalidad en Cataluña que el candidato del PSC ya ve lograda con la ley de amnistía.

Para Illa, la amnistía es el "camino correcto" para abrir una nueva etapa con la que Catalunya se normalice política, institucional y socialmente -ha dicho-, y ha reconocido que no ha sido cómodo defenderlo en el resto de España. Aragonès le ha replicado que esta situación se ha generado "gracias al liderazgo de ERC", momento en el que también ha recordado al candidato socialista haber cambiado de opinión respecto a la amnistía, así como con el traspaso de Rodalies y el Ingreso Mínimo Vital.

"Y dirá sí al referéndum", ha afirmado el republicano sobre la posibilidad de votar sobre la independencia de Cataluña, una cuestión que también ha defendido Rull, que ha reivindicado la negociación de Junts para conseguir la amnistía. Sobre dicha negociación, ha interpelado a Illa y le ha preguntado: "¿En negociaciones en Madrid usted donde estará? ¿Estará en la mesa del Gobierno o en el de Cataluña? ¿Del PSOE o de los que pedimos más autogobierno para poder avanzar?".

La candidata de la CUP, Laia Estrada, ha abogado por "recuperar el proceso de independencia", algo que cree que no debe estar en manos del PSOE; en ese sentido, ha preguntado a Rull si eso se hace pidiendo permiso a Madrid, por las alusiones del de Junts a las negociaciones con los socialistas por la amnistía.

Por su parte, la candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha recordado que la amnistía "no es una victoria de unos pocos o una conquista de los independentistas", sino de todos los que defienden las políticas desde la fraternidad.

El candidato de Cs, Carlos Carrizosa, ha acusado a Illa de engañar a los catalanes, ha augurado que él será "el primer socialista en decir sí al referéndum", y ha criticado que Junts y ERC no renuncien al referéndum y a la independencia.

Por parte del PP, Alejandro Fernández cree que la amnistía ha dividido a la sociedad catalana y ha preguntado a Illa: "¿Acaso ha visto reconciliación? Yo lo que he visto es que le están vacilando (ERC y Junts), del mismo modo que le ha acusado de mentir respecto a la amnistía para mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Para el candidato de Vox, Ignacio Garriga, la palabra de Illa "no vale nada" porque considera que se ha convertido en el socio de Junts y ERC al apoyar la amnistía, y por eso ha asegurado que Vox es coherente al mantenerse en una única posición.

En el minuto de oro al final del debate, Illa ha confrontado dos modelos posibles, uno para "más de lo mismo", y otro para avanzar, mientras que Aragonès se ha erigido como defensor de la mejora de los servicios públicos, y Rull ha apelado a los votantes del 1 de octubre de 2017 para gobernar, dice, con la aspiración de los catalanes de prosperar.

Por su parte, Ignacio Garriga ha prometido atajar la inseguridad y rebajar impuestos, Laia Estrada se ha dirigido al votante que quiere reforzar las redes públicas en educación, sanidad y residencias, mientras que Jéssica Albiach ha pedido un cambio para un gobierno fuerte, estable y de izquierdas con "prioridades claras".

Por último, Carlos Carrizosa ha asegurado que Cs es el partido que "nunca traicionará" a sus votantes ante su negativa a pactar con partidos independentistas, y Alejandro Fernández, desde el PP, ha defendido abrir una nueva etapa para reforzar el liderazgo de Catalunya ante la decadencia, dice, del proceso independentista.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dictaminado este miércoles que España violó los derechos políticos del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de los ex consejeros Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull al suspenderlos de sus funciones públicas tras ser procesados por rebelión porque se hizo antes de que existiera una condena por el procés, según informa Europa Press.

Llega a esa conclusión tras examinar la denuncia de los cuatro exdirigentes catalanes que, durante su detención preventiva, presentaron su caso ante el Comité alegando que la suspensión de sus funciones, previa a la existencia de una condena, violaba sus derechos políticos en virtud del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El Gobierno de España, por contra, alegó que los cuatro aceptaron ser sustituidos por otros diputados de su grupo parlamentario mientras durara su suspensión. Y apuntaba que, excepto Romeva, "los autores renunciaron el 17 de mayo de 2019 a su acta de diputados autonómicos para asumir como diputados en el Congreso de los Diputados" tras ser elegidos en las elecciones generales de abril de 2019.

Además, los servicios jurídicos del Estado recordaban que el 14 de octubre de 2019, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó a los autores no por el delito de rebelión sino por el de sedición, y que "se levantó de forma inmediata la suspensión de Romeva como diputado autonómico". El dictamen también recoge que el Gobierno destacó en sus alegaciones a la denuncia de los exmiembros del Govern que el 22 de junio de 2021, "en aras de la utilidad pública, indultó la pena de cárcel a los autores".

En el dictamen de este comité, de 18 páginas y que ha recogido Europa Press, se explica que los cuatro fueron procesados y condenados por su participación en el referéndum independentista y en los hechos posteriores que llevaron al Parlamento de Cataluña a declarar la independencia en octubre de 2017.

Junqueras y los tres consejeros fueron procesados, junto con otros líderes, por el delito de rebelión, que exige un alzamiento violento contra el orden constitucional. En julio de 2018, fueron suspendidos de sus cargos como diputados de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite la suspensión de funcionarios solo cuando se les acusa de rebelión.

Sin embargo, finalmente en octubre de 2019 fueron condenados por sedición, que, a diferencia del delito de rebelión, no exige el elemento de violencia, levantándose consecuentemente la suspensión en su contra.

Tras exponer las alegaciones y los motivos de admisibilidad de la denuncia, el Comité entra a analizar el fondo y recuerda que, "dado que las suspensiones excepcionales de funciones públicas son impuestas de forma previa a la existencia de una condena, los estándares necesarios para la compatibilidad de estas suspensiones con el Pacto -del Comité de la ONU- serían, en principio, más estrictos que aquellos aplicados con posterioridad a la existencia de una condena".

El Comité considera que España "no ha demostrado" que la aplicación de las leyes nacionales que prevén la suspensión en el cargo se haya llevado a cabo cumpliendo "con el requisito de previsibilidad exigido por el artículo 25 del Pacto". "En las circunstancias del presente caso, una aplicación del derecho interno que resulte automáticamente en la suspensión de funciones de oficiales electos, por presuntos delitos sobre la base de hechos públicos y pacíficos, con anterioridad a la existencia de una condena, precluye un análisis individualizado de la proporcionalidad de la medida y no puede por ende considerarse que cumpla los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos", señala.

Así, al entender que la decisión no se basó en motivos razonables ni objetivos, dictamina que se violó el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recoge el derecho a "votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores".

Por eso, recuerda que el Estado ahora tiene la obligación de proporcionar a los denunciantes un recurso efectivo, y ello "requiere una reparación integral a los individuos cuyos derechos hayan sido violados". Pero añade que el Comité considera que, en el presente caso, su dictamen sobre el fondo de la reclamación "constituye una reparación suficiente para la violación dictaminada".

Asimismo, recuerda que España debe ahora "garantizar una reparación efectiva y jurídicamente exigible cuando se compruebe una violación" por lo que indica que el Comité "desea recibir del Estado parte, en un plazo de 180 días, información sobre las medidas que haya adoptado para aplicar el presente dictamen". "Se pide asimismo al Estado parte que publique el dictamen del Comité y que le dé amplia difusión", concluye.

Junqueras ha celebrado este dictamen: "Nos da la razón". En varios apuntes en Twitter recogidos por Europa Press, Junqueras ha afirmado que esta resolución también evidencia "que España no puede seguir con estas prácticas represivas contra el independentismo", y ha defendido que la única salida es la amnistía.

Romeva ha calificado el dictamen como un paso importante para el movimiento independentista y una mala noticia para el Estado: "No pueden seguir justificándose, ¡amnistía!", ha destacado.

Jordi Turull y Josep Rull también han celebrado como una "victoria" del independentismo contra el Estado. Turull ha afirmado en un apunte en Twitter, recogido por Europa Press, que está "muy contento de esta nueva victoria internacional del independentismo contra al Estado español y sus represores con toga".

En una entrevista de Cataluña Ràdio, recogida por Europa Press, el secretario general de Junts ha dicho que está satisfecho con el dictamen porque "es una victoria clara del independentismo frente al Estado" español. También ha afirmado que este dictamen genera un precedente para que, ante "según qué actos de represión, se lo piensen dos veces", y ha añadido que da esperanzas para que tenga consecuencias jurídicas en los diferentes tribunales europeos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha asegurado que este dictamen muestra "la arbitrariedad de la justicia española". En varios tuits este miércoles recogidos por Europa Press, el presidente catalán ha calificado de importantísimo este dictamen de Naciones Unidas, y ha afirmado que "la represión y vulneración de derechos fundamentales son límites que nunca se deberían de haber cruzado".

"Hoy, de nuevo, la arbitrariedad de la justicia española deja al descubierto a ojos del mundo las vergüenzas del Estado", ha defendido Aragonés. Considera que no solo se han "violado gravemente los derechos humanos" de los expolíticos, sino también los de todos los catalanes. "Hoy, como siempre, reafirmamos nuestras convicciones por la democracia y las libertades. Por la amnistía y la independencia", ha zanjado el presidente del Ejecutivo catalán.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrado este dictamen sobre los expresos del 1-O y ha asegurado que es "otro bofetón desde Naciones Unidas en la cara del Estado español por la violación de derechos políticos".

"Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y tendrían que asumir responsabilidades. Dieron un golpe a la democracia", ha escrito en un tuit de este miércoles, recogido por Europa Press.

La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 5 de Catalunya ha acordado este jueves suspender el tercer grado del exconseller Jordi Turull a petición de la Fiscalía, como ha hecho también este mismo jueves en el caso del exconseller Josep Rull, según informa Europa Press. 

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha informado de que a última hora de este jueves se ha comunicado la decisión, a pesar de que en un primer momento la jueza solo ha notificado la Providencia relativa a Rull.

Con esta decisión, todos los presos del 1-O tienen suspendido el tercer grado excepto la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa.

Para ellas, el titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 ha rechazado la petición de la Fiscalía para suspender la semilibertad de forma urgente, y resolverá el asunto tras recibir el posicionamiento de las partes.

El martes, la misma jueza que ha tumbado el tercer grado de Rull y Turull también suspendió la semilibertad del expresidente de la ANC Jordi Sànchez; el líder de ERC, Oriol Junqueras; el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart; y los exconsellers Raül Romeva y Joaquim Forn.

Rull y Turull tachan la suspensión del tercer grado de ignominia y escarmiento: "No nos torcerán"

Los exconsellers han tachado de ignominia y escarmiento esta suspensión de su tercer grado. Lo han dicho ante la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), antes de ingresar en el centro, donde se han dirigido primero a los manifestantes y luego a los medios para criticar la decisión de la juez.

Turull ha pedido a los manifestantes que "esto de aquí dentro tenga sentido" y que para ello vayan todos a la una y no aflojen porque, según él, la decisión va de venganza y sus reivindicaciones de libertad y de democracia. "Esto va de venganza, de escarmiento, lo han probado durante siglos, no se saldrán con la suya por mucho que intenten ir a por los que estamos aquí, de aquí a pocos días hacia Dolors (Bassa) y Carme (Forcadell), no lo conseguirán y esto depende de todos vosotros", ha señalado, después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Cataluña haya desestimado la petición de la Fiscalía para suspender el tercer grado a ambas.

En este sentido, Rull ha manifestado que hay un punto de luz porque dicho juzgado "ha decidido que la ley se tiene que cumplir tal y como la ley establece que se tiene que cumplir", y ha lamentado que la Fiscalía lo ataca todo sistemáticamente desde todos los frentes posibles, en sus palabras. "En un Estado pretendido democrático hay una Fiscalía que exige que renunciemos a nuestras ideas. Exige que hagamos un plan de lobotomía, para entendernos", ha subrayado, y ha dicho que no cambiarán sus ideas.

Para Rull es inaudito y una auténtica vergüenza que la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, de un partido según él pretendidamente progresista, y el Gobierno español, "permanezcan completamente indiferentes ante esta infamia en términos democráticos". Ha advertido de que ahora el problema lo tienen los independentistas pero que lo tendrá cualquier que se atreva a discrepar, porque "cuando las togas toman el control de todo sin ningún mecanismo de contrapoder democrático esto quiere decir el fin de la democracia".

También ha explicado que presentarán un recurso contra la suspensión de este tercer grado, pero ha lamentado que se sienten "absolutamente desamparados" y se ha preguntado ante quién pueden recurrir, ya que según él el Tribunal Supremo dice que se ha acabado el Estado de derecho y el Tribunal Constitucional no existe en términos de un tribunal de derechos y garantías. Rull ha asegurado que tienen claro que al final esto se decidirá en las urnas "cuando el pueblo libremente decida su futuro".

La Fiscalía de Barcelona ha recurrido este jueves la aplicación del tercer grado a los exconsellers Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, y piden la suspensión inmediata de la semilibertad.

Los tres informes de la Fiscalía, consultados por Europa Press, se dirigen al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y piden revocar la semilibertad, de modo que vuelvan al segundo grado penitenciario.

El fiscal usa los mismos argumentos que en la petición que hizo el martes para el líder de ERC, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el exconseller Joaquím Forn; el líder de Òmnium, Jordi Cuixart; el expresidente de la ANC Jordi Sànchez, y el exconseller Raül Romeva: la jueza resolvió suspenderlo para todos ellos excepto para Forcadell, sobre quien aún no se ha pronunciado.

Recalca que la condena debe ser "un medio de utilidad social y de intimidación al delincuente, de retribución por el acto cometido, causando en el autor una sensación de que su proceder tiene unas consecuencias perjudiciales", lo que considera que no ocurriría si se avala la semilibertad.

Asumir la sedición

Además, incide en que "los fines de reeducación y resocialización tampoco están cumplidos", porque más allá de estar integrados en la sociedad, la reinserción también se refiere a que una persona acepte respetar la ley vigente.

Para el fiscal, no se puede considerar que los presos del 1-O hayan aceptado vivir de acuerdo a la legalidad "en la medida en que no hay auténtica asunción delictiva" al no considerar que los hechos por los que fueron condenados suponen un delito de sedición.

La Fiscalía añade que, aunque los presos asuman la responsabilidad de sus actos y acepten las consecuencias, no implica que reconozcan el delito de sedición, puesto que siguen "considerando que fue una actuación legítima y ajustada a derecho, que formaba parte de una legislatura que se constituyó para implementar la independencia de Cataluña".

La Conselleria de Justicia ha autorizado la comparecencia el 28 de enero de los dirigentes independentistas encarcelados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn en la Comisión de Investigación del 155 en el Parlament de Cataluña.

Según ha informado la secretaría de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, garantizará su presencia en el Parlament al ser un "deber inexcusable, atendiendo a que se trata de una petición formulada por la Cámara catalana".

La comisión tiene por objetivo analizar los efectos de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluñaartículo 155, así como las causas que la motivaron, su adecuación a la legalidad, el carácter de las medidas adoptadas y la valoración de posibles daños y responsabilidades al aplicarlo.

Esta comisión se creó en noviembre de 2018 y está presidida por el diputado Toni Morral, de JxCat, partido que impulsó su creación al considerar que pudo haber irregularidades durante los meses de aplicación del 155, y han pasado por la comisión representantes de diversos ámbitos, desde el empresarial al municipal.

Junqueras, Romeva, Bassa, Turull, Rull y Forn fueron condenados por el Tribunal Supremo (TS) a entre 13 y 10 años y medio de cárcel en lasentencia del 1-O, y ellos cumplen la pena en el centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Viladorrada (Barcelona), mientras que la exconsellera está en la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona).

Permisos para Sànchez y Cuixart

También han recibido autorizaciones esta semana para salir de Lledoners con permisos de 48 horas el expresidente de la ANC y exdiputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, condenados a nueve años de cárcel por el TS por sedición. Al anochecer del jueves, Cuixart salió de la cárcel con este permiso hacia un coche que le esperaba para trasladarle, y saludó sonriente a la prensa haciendo el signo de victoria con la mano antes de subirse al vehículo y abandonar el centro penitenciario.

La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, ha anunciado este domingo que los independentistas encarceladosJordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn concurrirán a las elecciones legislativas del 10 de noviembre Jordi TurullJosep Rull Joaquim Fornelecciones legislativas del 10 de noviembreen las listas de JxCat, informa Europa Press.

Durante su discurso en un acto que JxCat ha organizado frente a la cárcel de Lledoners (Barcelona), donde los candidatos anunciados permanecen en prisión preventiva, ha dicho: "Iremos a Madrid para continuar haciendo lo que ya hemos hecho estos cinco meses".

Borràs ha añadido que están comprometidos con la democracia, los derechos humanos y la no violencia, y que insisten en el proyecto independentista porque consideran que "es el proyecto más social para Cataluña".

La Sala que juzga el procés indepedentistaprocés  en el Tribunal Supremo ha rechazado la puesta en libertad mientras esperan sentencia, de los líderes independentistas juzgados por rebelión en Cataluña Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Carmen Forcadell y Dolors Bassa, como recoge Europa Press.

Los magistrados no aprecian razones sobrevenidas para levantar la medida cautelar una vez finalizado el juicio y también alertan en su auto de la necesidad de salvaguardar "los fines del proceso", que está ya en el último tramo y con la deliberación que definirá su desenlace iniciada.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha informado este lunes en contra de la puesta en libertad, mientras esperan sentencia, de los líderes independentistas juzgados por rebelión en la causa del procés en Cataluña Josep Rull, Jordi Turull, Jordi Sánchez y Carmen Forcadell. Alega entre otras razones que persiste el riesgo de fuga, mientras esperan que el alto tribunal dicte sentencia.

En escrito, de seis páginas, señala que también subsiste el riesgo de reiteración delictiva en todos ellos lo que "podría convertir en imposible la ejecución de la sentencia". "La apariencia de buen derecho se ha incrementado tras el juicio oral" que concluyó el pasado 12 de junio, por lo que el "ambivalente dato del transcurso del tiempo" que llevan en prisión preventiva debe valorarse, a juicio de la Fiscalía, "como aumento razonable de la posibilidad de una efectiva condena".

Las defensas de los exconsejeros, de la expresidenta del Parlament y del expresidente de Asamblea Nacional Catalana (ANC) alegaban que una vez el juicio ha quedado visto para sentencia ya no es necesario asegurar la presencia de los encausados en la vista, no existe riesgo de fuga dado su arraigo familiar y es posible aplicarles medidas menos gravosas.

A lo largo de su informe, firmado por los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, se defiende que los presupuestos de mantenimiento de la medida cautelar de prisión preventiva descansan sobre "la extraordinaria gravedad de los hechos", así como en el hecho de que otros siete procesados que se organizaron para el mismo fin hayan demostrado "su capacidad para huir de la acción de la justicia" escapándose "a diferentes países de Europa".

Existe a juicio del Ministerio Público peligro de "conexión" de los juzgados con los procesados huidos "cuyos pasos podrían seguir".

A ello se une la "posibilidad de contar con una estructura organizada con reconocida capacidad económica para soportar el coste por extendido que en el tiempo fuera de la aventura fugitiva", así como el riesgo de reiteración delictiva "que se concreta en la actitud permanente de resistencia civil e institucional frente al orden constitucional" acreditada según el Ministerio Público de forma especial "con la intervención de los acusados al ejercer el derecho a la última palabra.

"Los acusados, lejos de cualquier sentimiento de contrición o de arrepentimiento por la grave agresión al orden constitucional que protagonizaron, han insistido hasta el final (*) en el rechazo frontal a la restauración del orden jurídico por parte del Estado y en la absoluta convicción de que volverían a cometer los hechos delictivos que son objeto del procedimiento".

Recuerdan también los fiscales que, "una vez dictada sentencia condenatoria" la prisión preventiva puede ser prorrogada "hasta la mitad de la pena" que efectivamente se imponga, dada cuenta de que la sentencia "en los albores de su gestación o redacción".

El líder de ERC, Oriol Junqueras, en prisión preventiva por el procés desde noviembre de 2017, ha declarado al Congreso que durante 2018 percibió cerca de 29.000 euros del Parlament y la Generalitat por su cargo de diputado autonómico y en concepto de indemnización como miembro del Gobierno de Carles Puigdemont, del que fue vicepresidente y conseller de Economía y Hacienda.

El Congreso ha publicado este jueves las declaraciones de bienes la mayoría de miembros de la Cámara, entre ellas las de los cuatro diputados que están siendo juzgados por el proceso independentista y que han sido suspendidos en sus funciones parlamentarias.

Aunque los cuatro fueron diputados en el Parlament hasta que el juez Pablo Llarena les suspendió como tales el pasado mes de julio cuando instruía la causa, sólo Junqueras y el cabeza de lista por Barcelona al Congreso por Junts, Jordi Sànchez, especifican lo que cobraron de esta Cámara mientras tuvieron escaño.

En concreto, Junqueras fija estas retribuciones en 16.336,75 euros, a los que suma los 12.416,96 que percibió en concepto de indemnización por haber sido miembro del Govern, mientras que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana detalla que cobró un total de 20.000 euros de retribuciones de la Cámara autonómica.

Junqueras suma cuatro planes de pensiones

De su lado, Turull consigna como ingresos la cifra de 89.287,34 euros que figura en su declaración de la renta de 2017, mientras que Rull da el dato de los 65.000 euros que asegura haber recibido por el contrato indefinido que tiene en el PDeCAT con categoría de asesor.

Respecto a sus cuentas corrientes, destacan los 1.833,16 que dice tener Rull en una de la que es el único titular y los 1.993,02 euros que tiene ahorrados en otra que con titularidad compartida. De su lado, Sànchez especifica que en 2017 contaba con 5.460,40 euros, Turull declara 12.000 euros en cuentas que tiene al 50%, y Junqueras 11.273 euros en dos cuentas.

Además, los cuatro declaran planes de pensiones. En concreto, Junqueras consigna cuatro fondos valorados en 210.134 euros, Sànchez uno de 176.333 euros, el de Rull cuenta con 58.041 euros y el de Turull suma casi 43.000.

Sànchez, el único sin coche

De los cuatro, Sànchez es el único que no tiene coche --el resto declara uno, salvo Turull que tiene dos-- y que está hipotecado. Al expresidente de la ANC le quedan por pagar 254.127 euros del crédito de 280.000 euros que tiene desde 2015 al 50% con otra persona para pagar su vivienda de Barcelona. Sànchez también es propietario al 50% de una en Girona.

Por su parte, Rull declara dos inmuebles y un garaje en Tarrasa y un local en la también localidad barcelonesa de Sabadell; Junqueras el 25% de sendas viviendas en la capital catalanas, una procedente de una herencia y otra de una donación, y Turull una vivienda en Parets del Vallés (Barcelona), al 50%.

La Mesa del Parlament ha tramitado este martes las bajas de todos los diputados que han tenido que dejar el escaño porque se presentaron a las elecciones generales del 28 de abril y obtuvieron el acta en el Congreso, han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Entre los diputados sustituidos están los tres de JxCat en prisión preventiva: Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull y, al haberse hecho efectiva su sustitución, el independentismo recuperará la mayoría absoluta en la Cámara catalana.

Desde mediados de 2018, Sànchez, Turull y Rull no votaban en los plenos por un embrollo judicial y político derivado de las suspensión de sus funciones como diputados del Parlament que dictó el Tribunal Supremo, lo que hacia que el bloque independentista sumara 65 escaños y el bloque no independentista otros 65.

Las gestiones que ha hecho la Mesa son las reglamentarias en cualquier sustitución de diputados, pero en este caso son más significativas porque la partida de los diputados presos hacia el Congreso permite a los partidos independentistas recuperar la mayoría absoluta en el Parlament.

Con las bajas de Sànchez, Turull y Rull ya tramitadas y formalizadas, el independentismo pasará de 65 a 68 diputados, y precisamente la mayoría absoluta de la Cámara está fijada en 68, ya que el número total de parlamentarios es de 135.

¿Estabilidad?

No está claro, sin embargo, que estos 68 escaños devuelvan la estabilidad al Ejecutivo de Quim Torra, ya que cuatro de ellos son de la CUP, y los anticapitalistas se han mostrado muy críticos con la gestión del Govern desmarcándose de JxCat y ERC en numerosas votaciones en los últimos meses.

Turull, Rull y Sànchez no son los únicos diputados que han partido rumbo al Congreso: también lo han hecho Laura Borràs (JxCat), Oriol Junqueras, Gerard Gómez del Moral (ERC), Inés Arrimadas, José María Espejo-Saavedra (Cs) y Andrea Levy (PP) -- finalmente será concejal en Madrid pero no diputada--.

En sustitución de estos diputados que se han ido entrarán el conseller de Interior, Miquel Buch; Elena Fort; Josep Puig y Glòria Freixa (JxCat); Núria Picas y José Rodríguez (ERC); Jorge Feijóo y María Mercedes Escofet (Cs), y Daniel Serrano (PP).

Pendientes de resolver

De los 135 diputados totales, ahora solo quedarán dos sin poder votar: Carles Puigdemont y Toni Comín, también por sus problemas judiciales derivados como exmiembros del Govern que organizó el referéndum del 1-O y que gobernaba cuando el Parlament declaró la república.

Sin embargo, se da la circunstancia que Puigdemont y Comín han conseguido actas de eurodiputados en las últimas europeas y si, logran ejercer como tales, también deberán dejar el escaño y el independentismo pasará de 68 diputados a 70 con derecho a voto.

Los dirigentes catalanes presos que juraron este martes como diputados no conocerán su futuro, al menos, hasta este miércoles. Será ese día cuando la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidirá la fecha para la que convocará la primera reunión de la Mesa, aunque en sus primeras declaraciones tras ser elegida tampoco aclaró si suspenderá automáticamente la condición de diputados de Oriol Junqueras, Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, como piden PP y Ciudadanos, o se limitará por ahora a pedir a los letrados del Congreso que redacten un informe sobre esa eventual suspensión. Si la Mesa no suspende a los cuatro diputados presos en su primera reunión, tampoco podrá tomar una determinación sobre si les permitirá delegar su voto.

Batet fue elegida presidenta del Congreso en la sesión constitutiva de este martes y, en sus primeras declaraciones como máxima responsable de la Cámara Baja, anunció que se reunirá el miércoles con el rey para comunicarle la puesta en marcha de la legislatura. No obstante, la nueva presidenta ni siquiera concretó la hora a la que tendrá lugar su encuentro con el jefe del Estado y se limitó a señalar que la primera reunión de la Mesa se celebrará tras esta conversación, que tendrá "un orden del día muy extenso". En esta línea, Batet echó balones fuera cuando se le preguntó por el futuro de los cuatro diputados en prisión preventiva y señaló que, antes de pronunciarse, prefiere tener "un minuto de sosiego" para leer toda la documentación.

Y es que parece haber pocas dudas de que Junqueras, Sànchez, Rull y Turull serán suspendidos como diputados, pero no está tan claro ni el procedimiento ni los tiempos que se seguirán para ello. El Supremo permitió a los cuatro parlamentarios independentistas presos participar en la primera sesión del Congreso porque esa era la única manera de que pudieran convertirse en diputados de pleno derecho, tal y como decidieron los electores el pasado 28 de abril. En la primera sesión de las Cortes de esta legislatura, Sànchez, Turull, Rull y Junqueras prometieron respetar la Constitución "por imperativo legal" y, en el caso del líder de ERC, "como preso político".

A partir de ahí, la primera decisión de calado que tendrá que tomar la Mesa del Congreso cuando se reúna será precisamente si suspende inmediatamente o no la condición de diputados de estos cuatro dirigentes que se encuentran en prisión preventiva. PP y Ciudadanos pidieron este martes que Junqueras, Sànchez, Rull y Turull fueran suspendidos automáticamente por encontrarse encarcelados. Pero la mayoría con la que cuentan PSOE y Unidas Podemos en la nueva Mesa podría únicamente aprobar en su primera reunión pedir a los letrados del Congreso un informe jurídico sobre cómo se debe proceder.

Tampoco está claro, además, si los dirigentes independentistas podrán delegar su voto, en el caso de ser finalmente suspendidos en el ejercicio de sus funciones. De ello hay un claro precedente que data del año pasado, cuando el año pasado el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, suspendió en el Parlament catalán a los diputados procesados en firme y encarcelados de forma preventiva. Llarena sugirió entonces a la Cámara catalana que aprobara alguna fórmula que permitiera a los afectados delegar sus votos, de manera que la suspensión no afectase a las mayorías parlamentarias, y así se hizo, con el apoyo del PSC. Esta vez el Supremo no ha dado ninguna indicación al Congreso, así que será la nueva Mesa la que tendrá que resolver la cuestión.

Una suspensión "obvia" y "evidente"

En cualquier caso, los principales partidos coinciden en que la norma no permite a los políticos catalanes presos ejercer como diputados, por lo que lo más probable es que la Mesa termine suspendiéndoles, aunque no lo haga inmediatamente. Así lo señaló la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que calificó de "obvia" y "evidente" esta acción por estar "claramente contemplada en el reglamento del Congreso". Calvo se refería al artículo 21 de esa norma, que plantea que quedarán suspendidos los electos que se encuentren "en situación de prisión preventiva". La normativa establece la necesidad de que el Congreso, previamente, curse un suplicatorio, pero el Supremo ha determinado que, en este caso, no es necesario porque Junqueras, Rull, Turull y Sànchez han sido elegidos estando ya procesados.

PSOE y Unidas Podemos coinciden en que la interpretación de la norma, aunque su valoración sobre la eventual suspensión es diferente. La vicepresidenta Calvo insistía en la mañana del martes en que los recién nombrados diputados están encausados y eso "solo tiene una lectura": la de que "no pueden ejercer su cargo" porque el "reglamento del Congreso que lo dice con claridad". Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, admitía que la Mesa debe cumplir la ley, "los informes de los letrados y lo que diga el Supremo", pero también señalaba que su "opinión política" es que "deberían ejercer sus derechos como diputados porque han sido elegidos por la ciudadanía” y porque “aún no han sido condenados".

No obstante, no solo es el reglamento del Congreso el que prohíbiría a los diputados encarcelados ejercer como parlamentarios. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -el que esgrimió para reforzar su petición el líder del PP, Pablo Casado- también deja pocas opciones a la Mesa a la hora de decidir sobre la suspensión de los parlamentarios catalanes. Esta norma dice, textualmente, que, "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".

La Sala que juzga el procés independentista en el Tribunal Supremo ha remitido un oficio a las Cortes Generales para que acuerden si deben suspender a los cinco presos que obtuvieron un escaño en las elecciones generales del pasado 28 de abril en aplicación del artículo 21 del Reglamento de la Cámara Baja, según han confirmado fuentes del alto tribunal.

El tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena envió este escrito el pasado viernes acompañándolo del auto del pasado 14 de mayo por el que autorizó al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva poder asistir a la sesión constitutiva de las Cámaras, que tendrá lugar este martes, para que analicen los efectos que resulten procedentes a consecuencia de la situación personal de los parlamentarios.

El oficio se ha hecho dando efecto a la parte dispositiva del auto en la que se acordó que se remitiese "testimonio de esta resolución, por conducto del Excelentísimo señor presidente del Tribunal Supremo, a la Excelentísima señora presidenta del Congreso y al presidente del Senado a los efectos procedentes".

Por un lado, el texto que se ha hecho llegar a las cámaras indica que este martes los parlamentarios que se encuentran provisionalmente en el centro penitenciario de Soto del Real y que están siendo juzgados deben estar custodiados por la Policía y ser reintegrados "sin dilación" una vez concluya el Pleno.

Pero también hace hincapié en que el Reglamento del Congreso de los Diputados, en su artículo 21, prevé la situación de un diputado que se halle en situación de prisión preventiva, y dice que ello implica "la suspensión de sus derechos y deberes parlamentarios". Asimismo, destaca que la prisión no es incompatible con la condición de diputado o de senador ni implica una vulneración de sus derechos como tal cuando es proporcionada y no responde a una finalidad arbitraria.

'Efecto legal' establecido en el reglamento

Las fuentes consultadas apuntan que la Sala de lo Penal considera que la suspensión de funciones de los elegidos corresponde a las Cámaras porque de lo contrario supondría una "injerencia" en el Poder Legislativo. Añaden que no se trata de una decisión que se tenga que adoptar, "sino que se declara como un efecto legal asociado a ese precepto".

La otra opción que se podría barajar para la suspensión del cargo de los cinco presos electos es el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que se aplica a individuos procesados mientras se encuentran en prisión. Así les ocurrió a algunos de ellos cuando fueron elegidos como representantes en el Parlament, en los comicios autonómicos del 21 de diciembre de 2017, a los que el juez instructor del Supremo Pablo Llarena aplicó este precepto legal.

De momento, Junqueras, Sànchez, Rull, Turull han sido trasladados este lunes hasta el Congreso y Romeva al Senado para realizar todos los trámites pendientes para recoger sus respectivas actas de parlamentarios bajo supervisión policial, de acuerdo a lo fijado en una providencia de la Sala del pasado viernes en las que ordenaba que los presos estuvieran "debidamente custodiados".

También indicaba a las Presidencias de las Cámaras que adoptasen "las decisiones oportunas para que dichos trámites se practiquen sin dilación y para que sean reintegrados al centro penitenciario a la mayor brevedad posible". Estas mismas condiciones serán las que tendrán los cinco presos electos mañana cuando vuelvan a las respectivas sedes parlamentarias para asistir exclusivamente a las sesiones constitutivas.

Los cuatros presos elegidos en los comicios del pasado 28 de abril, Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de JxCat, ya han realizado los trámites pertinentes para recoger sus respectivas actas de diputados.

Los electos, que están en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real, han entrado sobre las 10.00 horas en cuatro coches directamente al aparcamiento de la Cámara, donde desde primera hora de la mañana se ha desplegado un fuerte dispositivo judicial.

Estos electos, que están siendo juzgados por el proceso independentista catalán, podían haber delegado en un intermediario la entrega de sus credenciales, pero pidieron permiso a la Sala Segunda del Tribunal Supremo y ésta les autorizó a hacerlo personalmente.

Diputados de Esquerra Republicana, JuntsxCat y EH Bildu han acompañado a los cuatro presos del procés a presentar sus credenciales como diputados electos y en ese recorrido de poco más de una hora han podido charlar con ellos e incluso hacerse fotografías y grabarse vídeos.

Oriol Junqueras ha grabado un vídeo junto a su portavoz Gabriel Rufián mientras cumplimentaba los trámites de su acreditación como diputado electo y lo han difundido en redes sociales desde su perfil personal de Twitter, pese a que el Tribunal Supremo había recalcado que los presos del procés no podían tener contacto con medios de comunicación ni mantener reuniones de trabajo durante su estancia en la Cámara.

En su mensaje, recogido por Europa Press, Junqueras aparece sonriendo junto a Rufián y se muestra orgulloso del respaldo obtenido en las elecciones del pasado 28 de abril y agradece el apoyo de sus compañeros de ERC. Durante su recorrido por el Congreso, Junqueras ha estado acompañado por otros diputados independentistas como su 'número dos' en la Cámara, Gabriel Rufián, y los parlamentarios de Bildu Jon Iñarritu y Marian Beitialarrangoitia.

En sus escritos al Congreso autorizando su asistencia este martes a la sesión constitutiva del congreso y la visita de este lunes para acreditarse, el Tribunal Supremo había remarcado que los diputados electos en situación de prisión preventiva han de estar "debidamente custodiados" y les prohibió celebrar reuniones de trabajo en el Congreso ni mantener contacto con los medios de comunicación.

Así las cosas, los presos del procés, una vez en el interior del garaje, han quedado bajo custodia de la Policía de la Cámara Baja, que supervisó su estancia en la Cámara. Tuvieron que abandonar las dependencias parlamentarias en cuanto cumplimentaron todo el papeleo.

Dado que los trámites que debieron hacer los diputados electos para recoger sus actas incluían la entrega de distinta documentación, la cumplimentación de hasta tres declaraciones escritas (de bienes, de actividades y de intereses económicos), e incluso posar para la fotografía de la ficha oficial del Congreso, los policías de la Cámara les han acompañado todo el recorrido a través de sucesivas dependencias.

Romeva completa en siete minutos los trámites para tener el acta de senador

El preso independentista y senador electo de ERC, Raul Romeva, cumplimentó por su parte los trámites para obtener su acta parlamentaria. Romeva llegó a las 9.45 horas a la Cámara Alta en un coche de la Guardia Civil conducido directamente al garaje.

Una vez allí tuvo que cumplimentar un cambio de custodia, quedando en manos de la Policía Nacional del Senado. Del garaje fue conducido a la tercera planta del edificio antiguo del Senado, donde se encuentra la sala Campoamor, en la que todos los senadores deben completar los tramites para tomar posición del escaño este martes.

Romeva completó en siete minutos los trámites para conseguir su acta parlamentaria, con la que mañana podrá tomar posesión del escaño.

A su salida, Romeva fue despedido con aplausos por sus compañeros antes de volver a ser conducido al garaje del Senado, donde le esperaba el coche de la Guardia Civil que le trasladará de nuevo a la cárcel. El vehículo dejo el edificio a las 10,20 horas, de manera que el preso ha permanecido en el Senado unos 45 minutos. Mañana volverá a la Cámara Alta para la sesión constitutiva.

La Sala del Tribunal Supremo que juzga el procés independentista ha permitido a los presos electos Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull, Jordi Turull y Raül Romeva que puedan acudir a las Cortes Generales el próximo lunes, 20 de mayo, para cumplimentar los trámites necesarios para obtener sus actas de parlamentarios.

Respecto a la sesión de constitución de ambas cámaras, el día 21 de mayo, los presos podrán acudir al Pleno pero no se les autorizan reuniones de trabajo ni asistencia a ruedas de prensa.