Sanae empezó a darse cuenta de todo cuando llegó a la universidad. Nacida en Marruecos y criada en la ciudad madrileña de Leganés, nunca había visto mucha diferencia entre compañeros. Tampoco su adolescencia fue una época tan mala como dibujan algunos estereotipos. En esa etapa descubrió su pasión. Fue una de sus amigas de clase quien la introdujo a la poesía, disciplina que practica ahora, con un poemario publicado bajo el título Agharas (Camino en amazigh). Estudió el bachillerato de Artes y luego la carrera de Diseño de Moda. 

Pero allí las situaciones aparentemente puntuales que había experimentado en el colegio y en el instituto comenzaron a adquirir un sentido diferente al que ella misma les había dado. Ante los comentarios fuera de lugar, las miradas y el tratamiento distinto por parte de sus profesores comprendió que ese tipo de discriminación ya la había vivido antes, aunque inconscientemente. La evidencia estaba ahí. Según relata, a su hermano pequeño lo expulsaron del instituto por “mal estudiante”, algo que la ley no permite en España en la educación obligatoria; a una amiga suya, de origen iraquí, le comunicaron que debía acudir a clase en un curso inferior al que le correspondía por edad y fue derivada al PMAR, un programa de apoyo para alumnado con dificultades de aprendizaje que, según sostiene, no necesitaba.

Antes de llegar a la universidad la respuesta habitual ante este tipo de microviolencias era un simple “el profesor me tiene manía”. Pero esa explicación resulta insuficiente para describir dinámicas que, según relatan numerosos estudiantes, se repiten en las aulas. “Me fui dando cuenta de que no solamente siendo de origen inmigrante encuentras trabas con respecto al resto de compañeros, sino que había profesores que, de una forma u otra, te estaban condicionando constantemente”, cuenta Sanae a infoLibre.

El racismo, ese problema que cada vez más en auge en España, también atraviesa la educación y deposita las semillas para que, con las nuevas generaciones, nada cambie. De hecho, según datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en España los delitos de odio relacionados con la raza son los más frecuentes y suponen el 41,13% del total. 

Si esta realidad se traslada al ámbito escolar, las consecuencias se multiplican. “Si no tienes una autoestima bien construida, llegas a clase y cualquier comentario te puede destruir. Si tú tienes un profesor que ve que no estás rindiendo como ellos quieren y te dicen que eres un vago o mal estudiante y solo destacan lo negativo, vas a decir: ‘Mi padre me está diciendo que soy inútil, he tenido un mal día y encima llego a clase y mi profesor me dice que soy un vago’”, expone Sanae.

Las repercusiones de toda esta situación se materializan en las cifras de abandono escolar. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, los estudiantes extranjeros siguen teniendo una tasa de abandono mucho mayor a la de sus compañeros españoles. Ya en 2021, la tasa de los alumnos extranjeros era del 41,5%, según el Observatorio Social de la Caixa, mientras que la de los estudiantes españoles era de tan solo la mitad, un 20%. Entre los hijos de inmigrantes con nacionalidad española la dinámica no mejora. Según un estudio de Funcas, solo un 28% accede a la universidad, frente al 43% de los hijos de españoles.

Uno de los principales motivos de esta realidad se encuentra en la base del sistema educativo: el profesorado. Así lo acredita el mismo informe de laCaixa, que cuenta que los alumnos que abandonan suelen hacerlo porque sienten que sus profesores no confían en ellos. Hay más datos que respaldan esta lectura. En el informe El impacto del racismo en España de 2024, un 7,6% de los alumnos racializados participantes percibían que sus profesores les trataban peor que al resto de sus compañeros y el 43,4% de los encuestados había sufrido alguna experiencia discriminatoria en la escuela basada en su origen étnico. 

Estos prejuicios o falta de interés pueden materializarse hasta con los alumnos más pequeños. Beatriz Ballestín González, antropóloga y miembro del Grupo INMIX del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UAB, ha podido comprobar en sus estudios sobre la educación primaria en Cataluña, que a los niños que venían de familias africanas o latinas se les evaluaba bajo creencias estereotipadas o racistas. “Poca madurez”, ”falta de hábitos” o familias que “no valoraban la escuela”, son solo algunas de las ideas que tenían los profesores. Una mera consecuencia de un entorno social que tiene el racismo en la base, aunque no sea siempre perceptible.

“Si los alumnos no tienen la capacidad de regularse emocionalmente, porque es una etapa muy vulnerable y no tienen herramientas, obviamente se van a creer todo el discurso y van a acabar destrozados. Muchos chavales abandonan los estudios porque vienen de un entorno complicado. Si tú llegas a clase y los profesores, en vez de motivarte, solo destacan lo malo o te hacen creer que eres cosas que no eres, vas a decir: ‘¿Yo qué hago aquí? Yo no valgo para esto’”, apunta Sanae. 

Las actitudes de los profesores no son más que un reflejo de la propia sociedad. Solo hay que ver los partidos políticos en auge en todo el mundo. En España, por ejemplo, el secretario general de Vox y máximo responsable del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, relacionó la regularización de migrantes con un aumento de “inseguridad en las calles”. Y parece que su opinión la comparte cada vez más gente. En el último CIS se consagraba la subida del partido liderado por Abascal en intención de voto, recogiendo esta formación la mayor escalada entre los meses de enero y febrero. 

Pero el ejemplo más extremo es el de Estados Unidos. Allí, las redadas del ICE –Servicio de Inmigración y Control de Aduanas– ya han dejado dos muertos: Renee B. Good y Alex Pretti. Ambos estadounidenses. Ante la brutalidad de estas intervenciones, muchos vecinos inmigrantes de Mineápolis –la zona más afectada por estas políticas antimigratorias– han decidido no salir de sus domicilios. Desde la Casa Blanca, por si fuera poco, se refieren a ellos como "illegal aliens", los incluyen en sus discursos como elementos distorsionadores de la seguridad nacional o, directamente, los catalogan como “criminales”. 

Ante este panorama, cambiar la actitud general ante la inmigración es complicado y más si el tiempo y los recursos no acompañan. “La falta de atención hacia las personas migrantes o ante el racismo es una cuestión de falta de medios que no va solo en contra de las personas migrantes sino contra la diversidad en general”, apunta Andrés Maroto, secretario de Enseñanza e Intervención Social de CNT Madrid y profesor de secundaria en Orcasitas (Madrid).

“Es muy difícil, con el número de alumnos que tenemos por aula, individualizar las enseñanzas. Los problemas que nos encontramos, como la falta de integración o el hecho de que los alumnos no se consideran bien tratados, son cuestiones que se dan en general en la escuela. Además, el problema también recae en que en el sistema educativo hay estructuras que segregan por definición, por ejemplo, con las escuelas bilingües”, añade. 

En este sentido, Aída San Millán, secretaria general de la Federación de Educación de CCOO de Madrid, coincide en que el problema recae, en mayor medida, en el propio sistema educativo: “Los fallos tienen que ver con la dotación presupuestaria que se le da a la educación pública. En el caso de Madrid no se puede atribuir el problema a unos docentes que tienen horarios lectivos por encima de la media nacional, unos salarios por debajo y unas ratios que no atienden a las necesidades educativas de los alumnos migrantes. En el sistema educativo español –y sobre todo en el madrileño– todo falla y los que acaban afectados son los más vulnerables”, expone. 

Las narrativas que rodean a estos jóvenes pueden provocar que ellos mismos acaben por creer lo que oyen a cada paso que dan. Un informe de la Fundación porCausa, explica, a raíz de varios testimonios, que las experiencias que los jóvenes tienen con el racismo en la vida cotidiana conforman cómo entienden que les percibe la gente. Aquí entra en juego la identidad y, sobre todo, el riesgo de que acaben renegando de ella. 

“Siempre les sitúan en el mismo lugar, les atribuyen las mismas cualidades o defectos. En el colegio o en el instituto son muchas veces rechazados o se quedan aislados de sus compañeros. Ante este tipo de situaciones, lo que acaba sucediendo es que los propios chicos acaban pensando que el problema lo tienen ellos”, expone Vanesa Martín, responsable del grupo Empower Youth de la Fundación porCausa. 

Esta organización no gubernamental, consciente de esta situación, ha decidido dedicar precisamente a la infancia y la juventud el próximo Congreso de Periodismo de Migraciones que cada año celebran en la ciudad de Mérida y que, en esta ocasión, tendrá lugar los días 14 y 15 de octubre.

Por su parte, Ballestín coincide con Martín y considera que los comentarios que parecen inofensivos pueden acabar mermando la autopercepción de los jóvenes. “Nuestras investigaciones en INMIX muestran cómo los chicos racializados o inmigrantes viven situaciones cotidianas de racialización —como comentarios sobre su color de piel o su supuesta peligrosidad— que acaban afectando su identidad y su relación con las instituciones, incluida la escuela”, argumenta. 

La otra cara de la moneda, la división entre alumnos blancos y alumnos racializados, pasa (en parte) por algo más entendible: cuando sufres rechazo por el resto, tus semejantes son el entorno más seguro. “Los chicos de Empower Youth siempre hablan de situaciones en las que los profesores juzgaban su religión sin conocerla y en las que el resto de compañeros directamente les ignoraban. Se les coloca como el otro desde el chiste y el estigma. Ante eso, cuando las personas de tu alrededor no son tan acogedoras, te refugias en lo que conoces y te acabas juntando solo con personas de tu misma etnia”, cuenta Vanesa Martín.

Aunque este aislamiento o división puedan ser voluntarios lo cierto es que, según la experiencia de Sanae, en muchas ocasiones se impone sobre los alumnos. “En las aulas hay una clara división entre personas nativas y no nativas, pero a veces esas divisiones las generan los propios profesores. Yo recuerdo que a las que éramos de origen marroquí nos ponían juntas. El profesor considera que ese es tu espacio seguro. Entonces, si el propio alumno no hace la labor de conocer al otro y el otro tampoco, estamos constantemente en una rueda sin fin”, expone.

Con esta división, la reproducción del racismo se vuelve casi segura. En edades más tempranas, la discriminación no se alimenta solo del odio puro o del rechazo sino, ante todo, de la falta de entendimiento o comprensión. “Creo que si las familias no educan en el respeto al otro, el racismo se va a mantener. Los chavales repiten patrones que viven en su casa. Para mí el problema no reside en los alumnos, sino en lo que hay detrás”, zanja.

El Consejo General de la Abogacía Española ha pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que la asistencia letrada a extranjeros sea prestada exclusivamente por abogados especializados, tras el anuncio de que ONG especializadas y sindicatos podrán solicitar ciertos trámites de extranjería, informa EFE.

El presidente del Consejo General, Salvador González, ha hecho esta solicitud en una carta enviada a la ministra, Elma Saiz, en la que argumenta que la asistencia de abogados especializados garantiza la "mejor defensa posible", según indica esta organización en un comunicado.

Esta solicitud se produce cuando el Gobierno tramita el Registro Electrónico de Colaboradores de Extranjería (RECE), la vía con la que se pretende facilitar que las personas extranjeras tramiten sus solicitudes, una medida que estaba en audiencia pública hasta el pasado 10 de febrero.

La Abogacía pide que todas las personas jurídicas inscritas en dicho registro designen de forma obligatoria como responsable a un abogado colegiado en España, así como establecer requisitos claros para inscribirse en dicho registro.

Según el borrador, en el registro podrán inscribirse organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal o de la comunidad autónoma y entidades sin ánimo de lucro con al menos tres años de vida que estén vinculadas al ámbito migratorio o de la protección internacional.

Deberán cumplir una serie de requisitos, como estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no haber sido condenadas ni sancionadas por prácticas relacionadas con su actividad y acreditar "una experiencia mínima y verificable en el acompañamiento y asistencia a personas extranjeras".

Actualmente solo pueden presentar solicitudes de extranjería por registro electrónico la propia persona interesada, otra en representación de la primera, abogados, graduados sociales o gestores administrativos, según explicaron a EFE fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

En este contexto, la Abogacía defiende la necesidad de letrados especializados con el argumento de que la denegación de una autorización afecta al proyecto de vida y los derechos fundamentales y en "esos momentos críticos" no se puede improvisar la defensa sino que "debe estar en manos de abogados especializados en extranjería".

Considera la Abogacía que estos profesionales son los más preparados para garantizar que los derechos de las personas migrantes sean tutelados y protegidos. "Su futuro no puede depender de interpretaciones erróneas o de asesoramientos insuficientes", señala el presidente del Consejo.

La Seguridad Social registró 204.659 afiliados extranjeros más durante 2025, hasta alcanzar los 3.085.477 millones de cotizantes foráneos y alcanzó la mayor cifra a cierre de año, siendo Venezuela y Colombia los países que más trabajadores aportaron al mercado laboral el pasado año, según informa EFE.

Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los trabajadores extranjeros representan ya el 14,1% del total de cotizantes a la Seguridad Social, seis décimas más que el año anterior.

El número de trabajadores procedentes de Venezuela es el que más ha crecido en el último año, con 40.614 afiliados medios más, seguido por Colombia (28.929 más) y Marruecos (26.839 más).

No obstante, del conjunto de nacionalidades, Marruecos encabeza la lista de países de los que proviene el mayor número de cotizantes, con 373.436 personas, seguido por Rumanía (336.530), Colombia (250.248), Venezuela (215.735), Italia (204.700) y China (128.113).

Del total de trabajadores extranjeros en España, 2.163.156 procedían de países extracomunitarios y 922.321 de la Unión Europea.

"El balance de 2025 demuestra que la aportación de las personas extranjeras es estructural y decisiva para el crecimiento del empleo, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la prosperidad compartida de nuestro país", ha señalado en un comunicado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En el último año, el número de ocupados extranjeros creció en cinco sectores del régimen general por encima del 10%, encabezados por el transporte y almacenamiento (26% más), seguido por el suministro de agua, construcción y agricultura.

El peso de los trabajadores extranjeros resulta especialmente relevante en algunos sectores de actividad, como la hostelería, donde representan ya al 28,8% de los afiliados; la agricultura (al 26%), la construcción (al 23,2%) y el transporte o las actividades administrativas (al 17,7%).

Por su parte, el número de autónomos foráneos aumentó por encima del 6,2%, hasta alcanzar los 496.888 y representar al 14,5% del total de trabajadores por cuenta propia.

Este incremento en el régimen de autónomos se ha concentrado en sectores altamente cualificados, según la Seguridad Social, con alzas del 25,9% en información y comunicaciones, del 22% en suministro de energía, del 19,2% en actividades profesionales, científicas y técnicas y del 14,2% en actividades financieras y de seguros.

Por sexo, cerca de 1,8 millones son hombres, mientras que el número de mujeres supera los 1,3 millones, tras crecer cerca de un 6% respecto a 2024 hasta representar ya al 43% del total de trabajadores foráneos.

En el último año, el crecimiento de la afiliación extranjera ha sido especialmente intenso en Asturias, Extremadura y Galicia, comunidades donde el peso de los trabajadores foráneos sobre el total de cotizantes se sitúa aún por debajo de la media nacional. "España es un país que acoge, pero también un país que atrae talento, esfuerzo y emprendimiento", ha subrayado Saiz.

En términos desestacionalizados, la Seguridad Social informó de que cerró 2025 en máximos históricos con más de 3,1 millones de ocupados foráneos, tras sumar 208.000 afiliados en los últimos 12 meses.

Esta cifra supone que 2025 ha finalizado con más de 800.000 afiliados más que antes de la reforma laboral y casi un millón más que en los meses previos al impacto de la pandemia, en diciembre de 2019.

El Ministerio de Inclusión ha retirado la propuesta de subida trianual de las cuotas para los autónomos y ha planteado un alza "prudente" y sólo para 2026 que parte de la congelación para los tramos más bajos y subidas simbólicas de entre 2,5 y 14,75 euros mensuales para el resto, informa EFE.

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha explicado este lunes que, a la vista de las críticas generadas dentro y fuera del diálogo social, se propone dar un "paso más prudente en 2026" con subidas que oscilan entre el 1% y el 2,5% para los rendimientos superiores a los 1.166,7 euros y hasta los 6.000 euros mensuales.

Estos incrementos de cuotas equivalen a subidas de entre 2,5 y 14,75 euros al mes, muy por debajo de los entre 11 y 207 euros que la anterior propuesta recogía para el próximo año, según cálculos de la asociación de autónomos UPTA.

Junto a esto, se congelan las cuotas de la tabla reducida, la de aquellos con rendimientos de hasta 1.166,7 euros mensuales, que abonarán entre 200 y 260 euros.

El nuevo planteamiento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que debía buscar un acuerdo para las cuotas de los autónomos de los tres próximos años, trata de lograr un consenso al menos para 2026 "a la vista de las valoraciones que han hecho los miembros de la mesa y otros actores".

La propuesta presentada la semana pasada había generado multitud de críticas, no sólo entre los agentes sociales y asociaciones de autónomos sino también entre los grupos políticos a un lado y otro del arco parlamentario.

Además de esta nueva propuesta de cuotas, Suárez ha dicho que se trabaja en modificar algunos problemas detectados en la regularización de cuotas del 2023 así como en la protección social.

Así, se quiere actuar sobre el cese de actividad favoreciendo el reconocimiento "rápido y homogéneo" de la prestación así como mejorar la prestación por nacimiento y para el cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave. La previsión es volver a reunión la mesa de diálogo social la próxima semana.

Desde las asociaciones de autónomos hay disparidad de opiniones y, mientras algunos como ATA parece relativamente satisfecho con las nuevas cuotas, otros como UPTA piden elevarlas más a los que más ganen, algo que en lo que coincide UATAE, que además reclama una rebaja para los de menores ingresos.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, que la semana pasada cargó con dureza contra la propuesta, ha advertido a Inclusión de que, si quiere que las apoye, debe mejorar avanzar en la equiparación de la protección social del colectivo con la de los asalariados.

"Los que dicen que hay que cotizar más para tener más protección social se equivocan" porque "la protección social es un derecho", ha añadido Amor que ha reclamado subsidio para mayores de 52 años o permisos por lactancia, entre otras mejoras.

Por su parte, el secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha valorado la congelación de los tramos de cotización con menores ingresos pero ha considerado que el Gobierno "ha perdido una gran ocasión para que los tramos de cotización altos (..) tuvieran una subida mayor".

La secretaria general de UATAE, María José Landaburu, ha pedido al Ministerio de Inclusión que baje y no congele las cuotas a los autónomos que menores ingresos tienen, en tanto que las mantenga en los tramos medios y las aumente en los superiores.

Los sindicatos UGT y CCOO también han cuestionado la nueva propuesta porque se ciñe solo a 2026 y es poco ambiciosa, sobre todo para los que tienen rendimientos superiores.

En el ámbito político, Sumar ha celebrado que sus socios de Gobierno del PSOE les hayan "escuchado" y hayan "rectificado" su propuesta sobre las cuotas de autónomos y presentado una nueva. "Bienvenido el cambio de posición del ministerio de Inclusión", ha celebrado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Podemos ha sido ido más allá y ha dicho que si el Gobierno quiere contar con los votos de los cuatro diputados de la formación morada no puede haber "nada de congelación".

El empleo se resintió en agosto con 199.300 afiliados menos a la Seguridad Social y un incremento del paro de 21.905 personas en un mes habitualmente malo para el mercado laboral.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que recoge EFE, el descenso del empleo, el mayor para este mes desde 2019, deja el total de afiliados en 21,66 millones.

En cuanto al paro, el incremento de agosto, similar al de otros años, deja el total de desempleados registrados en las oficinas del Servicio Público de empleo Estatal (SEPE) en 2,42 millones, su nivel más bajo en este mes desde 2007.

Por sectores, la caída del empleo afectó a varios, con el mayor descenso en el educativo, con 75.869 afiliados menos, por el fin de actividades académicas en julio. Por detrás, actividades administrativas (19.061), industria manufacturera (16.763) o actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (16.055).

En cuanto a los autónomos, el descenso fue de 8.662 en agosto hasta los 3,4 millones.

Por sexo, el empleo cayó en 96.227 personas entre los hombres, con 11,5 millones de afiliados; y en 103.073 entre las mujeres, con 10,1 millones de afiliadas.

En la comparativa anual, la afiliación ha crecido en 476.801 ocupados en los últimos doce meses. "El empleo se mantiene en los niveles más altos de su historia en un mes de agosto, con más de 21,6 millones de afiliados tanto en la serie desestacionalizada como en la serie original", destaca la Seguridad Social.

En cuanto al paro, por sectores económicos, la mayor subida es en servicios, con 21.692 personas más; construcción, en 2.745; e industria, con 2.775. Por el contrario, desciende respecto al mes de julio en el sector de agricultura, en 1.849 personas; y también entre el colectivo sin empleo, en 3.458 personas.

El desempleo femenino aumenta en 11.748 mujeres, hasta los 1,47 millones; y el masculino en 10.157, hasta 954.780; mientras que entre los jóvenes menores de 25 años subió en 3.485 personas respecto al mes anterior.

Por comunidades, el paro registrado en agosto bajó en cinco y subió en el resto con Cataluña (7.942 personas), Madrid (4.214 personas) y País Vasco (4.178 personas) encabezando los incrementos.

En términos interanuales, el paro ha descendido en 145.610 personas. En agosto, se sellaron 1.039.962 contratos, de los que 385.856 tuvieron carácter indefinido, el 37,1% del total.

El empleo volvió a avanzar en junio, con 76.720 ocupados más, hasta un nuevo récord de 21,86 millones de afiliados, gracias al tirón del comercio y la hostelería que compensaron la pérdida en el sector educativo con el final de curso. Según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que recoge EFE, la afiliación creció en comercio, con 32.103, y hostelería, con 25.590, lo que compensó el descenso de 55.568 en el sector educativo.

En cuanto al paro, el número de personas en desempleo inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 48.920, hasta los 2,4 millones, la más baja desde hace 17 años. En comparativa anual, el desempleo se ha reducido en 155.104 personas, mientras que la afiliación suma 468.206 empleos. El avance del empleo este junio es ligeramente superior al del mismo mes del año pasado (71.095) y también supera al de junio de 2023 (54.541).

La Seguridad Social destaca que la afiliación diaria ha superado los 21,9 millones por primera vez, entre los días 16 y 19 de este mes.

El grueso del empleo creado en junio fue entre los hombres. Las mujeres sumaron 1.091 afiliadas, hasta un nuevo máximo con 10,32 millones; mientras que el colectivo de varones añadió 75.629 afiliados, hasta los 11,5 millones. En cuanto a los autónomos, sumaron 7.067 este junio, hasta los 3,42 millones, también máximo de la serie.

"Estamos rozando los 22 millones de afiliados cuando hace poco más de un año que alcanzamos los 21 millones", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que también incide en que es "empleo de más calidad y más estable, mejorando las bases de cotización y con nueve de cada diez ocupados son indefinidos".

Descontando la estacionalidad y el efecto calendario, la Seguridad Social precisa que se han registrado 21.611.328 afiliados, el nivel más alto de la serie, 40.399 más que en mayo. También detallan que ya se rozan los 15,2 millones de ocupados con contrato indefinido (15.193.286), de los que más de 9,9 millones trabajan a tiempo completo. El número de fijos discontinuos se mantiene estabilizado y representa el 6,1 % del total.

En cuanto al paro, bajó en todos los sectores económicos con el descenso más acusado en los servicios, con 38.253 parados menos; seguido de la industria, con 4.589 menos; construcción, con 3.029 personas menos; y agricultura, con 218 menos. También cayó en el colectivo sin empleo anterior en 2.831 personas.

El desempleo femenino se redujo en junio en 25.537 mujeres, hasta un total de 1,46 millones; mientras que entre los hombres se recortó en 69.784 desempleados, hasta los 945.079.

Entre los menores de 25 años el descenso fue de 4.296 personas, hasta los 166.707 jóvenes, el nivel más bajo de toda la serie. Y entre los mayores de 52 años se redujo en 12.651 personas, hasta situarse en las 1.019.525. Trabajo subraya que, en el último año, se ha registrado un descenso de 44.578 personas en este grupo.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado en Onda Cero que los 166.000 jóvenes apuntados al paro suponen la cifra más baja de toda la democracia. Ha hecho hincapié en que su mayor preocupación pasa por el millón y medio de personas en paro de larga duración y mayores de 52 años, colectivo en el que Gobierno y comunidades autónomas acordaron centrar las políticas de empleo.

Por regiones, el paro cayó en todas las comunidades autónomas a excepción de la ciudad autónoma de Ceuta, donde subió en 114 personas. Andalucía, Madrid y Castilla y León son las tres comunidades donde se ha registrado en junio el mayor descenso en cifras absolutas con respecto al mes anterior.

En cuanto a la contratación, se registraron 1.496.673 acuerdos laborales, un 8,46 % más que en mayo. De ellos, 587.653 contratos fueron de carácter indefinido, lo que supone el 39,26 % del total.

El paro registrado descendió de los 2,5 millones por primera vez en 17 años, hasta situarse en los 2.454.883 desempleados en mayo, un mes en el que la Seguridad Social sumó 195.736 afiliados, hasta marcar un nuevo récord con 21.784.375 empleos.

Según los datos proporcionados este martes por los Ministerios de Inclusión y de Trabajo y recogidos por EFE, el número de ocupadas alcanzó un máximo histórico, superando por primera vez los 10,3 millones de afiliadas (10.328.015); mientras que el número de autónomos llegó a 3.414.593, por encima del máximo registrado en 2008.

Por su parte, el paro registrado se redujo en 57.835 personas en mayo y descendió de los 2,5 millones por primera vez desde julio de 2008, hasta situarse en esos 2.454.883 desempleados. Respecto al mismo mes del año anterior, el paro ha descendido en 152.967 personas, mientras que la afiliación gana 462.581 ocupados en comparativa interanual.

"Seguimos marcando máximos históricos cada mes y tenemos la perspectiva de situarnos en 23 millones de afiliados al final de la legislatura en 2027", ha destacado en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Al detalle, el avance del empleo en mayo está ligeramente por debajo del de otros años para este mes. La afiliación avanzó en todos los sectores con los servicios a la cabeza con 156.500 afiliados más.

Por actividades, la hostelería fue la que sumó más afiliados en mayo, con 76.120 empleos; seguida por actividades administrativas y servicios auxiliares con 22.021 más. Entre los autónomos, el avance mensual fue de 12.395 hasta ese máximo de la serie por encima de los 3,4 millones.

El empleo entre las mujeres sumó 89.474 afiliadas hasta ese nuevo récord de 10,3 millones, mientras que entre los hombres creció en 106.262 hasta los 11,4 millones.

La Seguridad Social destaca que la afiliación diaria se ha mantenido por encima de los 21,8 millones entre los días 19 y 29 de mayo.

En cuanto al paro, bajó en todos los sectores, aunque el mayor descenso fue para los servicios, con 42.930 desempleados menos; mientras que en construcción bajó en 5.562 personas, en industria en 4.574 y en agricultura, en 2.259. También el colectivo sin empleo anterior registró 2.510 personas en paro menos.

Por sexo, el desempleo femenino se redujo en mayo en 29.066 mujeres, hasta 1.486.421, su cota más baja desde octubre de 2008; mientras que el de los hombres rebaja la barrera del millón de desempleados y se sitúa en 968.462 al descender en 28.769 personas.

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años bajó 6.426 personas, hasta 171.003, la cifra más baja de la serie histórica en este colectivo.

El total de personas en desempleo descendió en todas las comunidades autónomas con las caídas más significativas en Andalucía (13.239 personas), Madrid (7.923 personas) y Cataluña (6.198 personas menos).

En mayo, se registraron 1.328.983 contratos de los que 552.697 fueron indefinidos, lo que supone el 41,6 % del total.

El gasto total de pensiones en la nómina de mayo alcanza los 13.532 millones de euros, un 6,28 % más que en mayo de 2024, para abonar un total de 10.321.860 pensiones, de acuerdo con los datos publicados este martes por la Seguridad Social y recoge EFE. El importe de la pensión media del sistema se situó este mes en 1.311 euros mientras que la pensión media por jubilación alcanzó los 1.505 euros.

Del total de la nómina, casi tres cuartas partes van destinadas a las pensiones por jubilación con un desembolso de 9.893,6 millones de euros, seguidas de prestaciones por viudedad (2.192 millones de euros), incapacidad permanente (1.232 millones), orfandad (178 millones) y prestaciones en favor de familiares (36,2 millones).

El número de pensionistas ha crecido un 1,66 % en tasa interanual, hasta los 9,3 millones, de los cuales 6,57 millones tienen la pensión por jubilación como principal prestación.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.665,5 euros, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.008,8 euros. En la Minería del Carbón, la cuantía media alcanza los 2.904,8 euros y en el Régimen del Mar es de 1.665,7 euros.

Del total de pensionistas, 4,88 millones son hombres y 5,44 millones son mujeres. En mayo, 1.017.310 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 88,7% corresponden a mujeres (901.977). El importe medio de este complemento es de 75,4 euros. Este complemento, vigente desde febrero de 2021, consiste en una cuantía fija por hijo, desde el primero, y es cobrado por mujeres en el 88,7% de los casos.

Por otro lado, la Seguridad Social señala que las jubilaciones demoradas representan ya el 11,4% de las nuevas altas, cuando en 2019 eran el 4,8%, tendencia que ha elevado la edad media de acceso a la jubilación a los 65,2 años, frente a los 64,4 años de 2019.

El empleo marcó un registro histórico en abril con un total de 21.588.639 afiliados a la Seguridad Social, tras sumar 230.993 personas ocupadas de media, casi la mitad en el sector de la hostelería por la campaña de Semana Santa, lo que supone el segundo mejor mes de abril de toda la serie tras el de 2023, según recoge EFE.

El número de desempleados registrados en las oficinas de empleo se redujo en 67.420 personas en abril y se situó en un total de 2.512.718, marcando la cifra más baja desde julio de 2008, de acuerdo con los datos publicados este martes por los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social.

Este mes se ha alcanzado también récord de mujeres de alta en la Seguridad Social, con un total de 10.238.541, así como de trabajadores autónomos, al superarse los 3,4 millones, 12.950 más que en marzo. Los trabajadores extranjeros también marcaron máximo, con un total de 2,99 millones de afiliados, 76.102 más que en marzo.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, ha destacado que la afiliación sigue marcando récords "incluso quitando el efecto Semana Santa", una tendencia que se mantiene con un máximo de empleo femenino, un aumento de los autónomos y "mejoras de la calidad", un "éxito de país" resultado de la reforma laboral y otras políticas del Gobierno.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado las "muy buenas" cifras de paro de abril, sobre todo de desempleo juvenil -que ha bajado del 10 % por primera vez, ha subrayado-, gracias a la reforma laboral. En términos interanuales, la afiliación aumentó en 487.134 personas (a un ritmo del 2,31 %), en tanto que el paro se redujo en 153.782 desempleados (un 5,77 % menos).

El positivo dato de empleo es consecuencia del tirón de la hostelería, que sumó 108.513 ocupados en plena campaña turística de Semana Santa. Por detrás se sitúan los aumentos de afiliación en el comercio (15.677), las actividades administrativas (15.343) y el transporte y almacenamiento (11.603).

Entre los autónomos los mayores crecimientos mensuales de afiliación se registraron en la hostelería (3.475), el comercio (1.976), las actividades profesionales científicas y técnicas (1.908) y la construcción (1.665), frente a la caída en el ámbito de transporte y almacenamiento (-1.320).

La temporalidad se mantiene en mínimos, con un peso de los trabajadores temporales del 11,9%, cuando en el promedio 2017-2021 era del 29,5%. El número de trabajadores con contrato indefinido supone el 88 % del total de afiliados, con lo que ya son más de 15 millones de trabajadores, tras aumentar en más de 4 millones desde que se aprobó la reforma laboral.

Dentro de régimen general destaca también el incremento en 18.763 afiliados al sistema especial agrario, frente a la continuada caída del sistema especial del hogar, que en abril perdió 1.014 personas.

Por sectores económicos, el paro registrado disminuyó principalmente entre los desempleados provenientes de los servicios, con 49.660 personas menos, seguidos ya de lejos por los de la construcción (3.817 menos), la agricultura (3.323 menos) y la industria (2.920 menos). Entre el colectivo sin empleo anterior, el desempleo se redujo en 7.700 personas.

El desempleo femenino bajó en 38.291 mujeres, hasta totalizar las 1.515.487 paradas, mientras que el masculino lo hizo en 29.129 hombres, bajando así por primera vez desde marzo de 2008 del millón de desempleados (997.231 inscritos).

El desempleo juvenil (menores de 25 años) descendió en 20.095, el mayor descenso en un mes de abril desde 2001, de forma que deja el total de jóvenes parados en los 177.429, la menor cifra de la serie histórica para ese mes.

El total de contratos registrados durante el mes de abril fue de 1.140.733 (126.707 menos que un año antes), de los que 507.903 fueron de carácter indefinido (44,52 %) y el resto, 632.830, temporales.

Por tipo de jornada, 637.324 fueron a tiempo completo (81.452 menos), 329.427 a tiempo parcial (28.844 menos) y 173.982 fijos discontinuos (16.411 menos). 

El número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 100.340 personas, el segundo mayor incremento en un mes de febrero desde 2007, hasta alcanzar los 21,19 millones de trabajadores, gracias a las aportaciones de la educación, la hostelería y la construcción. El número de personas registradas en las oficinas del paro disminuyó en 5.994 desempleados, hasta situarse en las 2.593.449, la cifra más baja contabilizada en un mes de febrero en los últimos 17 años, según los datos publicados por los ministerios de Trabajo y de Inclusión y que recoge EFE.

Respecto al año pasado, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 487.773 personas, en tanto que el número de desempleados se ha reducido en 166.959. En términos desestacionalizados, el empleo aumentó en 58.735 afiliados respecto a enero, hasta los 21,46 millones de afiliados, el nivel más alto de la serie, en tanto que el desempleo se redujo en 10.287 personas.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha calificado en TVE estas cifras de "muy positivas", aunque lo ha dicho "desde la moderación", ya que "mientras existan familias que tienen a sus miembros en desempleo hay que seguir trabajando".

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha apuntado en un comunicado a la reducción de la brecha de género en el mercado de trabajo, con más empleo y cotizaciones entre las mujeres, "un fenómeno que se percibe en la mayoría de los grupos de edad y de sectores de actividad".

Por regímenes, el empleo aumentó en 90.676 personas en el general, aunque con descensos tanto en el sistema especial de empleadas del hogar (515 personas) como en el agrario (10.762 personas).

Las actividades que más ocupados sumaron fueron la educación (31.118 personas), la hostelería (27.076), la construcción (20.572) y la industria manufacturera (12.333), en tanto que destacó la destrucción de empleo en el comercio (9.740) y en las actividades sanitarias y servicios sociales (7.761). El régimen de autónomos aumentó en 8.196 personas, hasta los 3,38 millones, en tanto que el del mar creció en 1.472 y el del carbón disminuyó en 4.

Por sexo, el número de ocupadas aumentó en 48.509, hasta recuperar de nuevo los 10 millones de personas, y el de ocupados subió en 58.828 hasta los 11,17 millones, en tanto que por nacionalidad, el mercado laboral sumó 31.369 trabajadores extranjeros. En la actualidad, hay cerca de 14,8 millones de ocupados con contrato indefinido, de los que el 66 % (más de 9,8 millones) trabajan a tiempo completo, el 4,8 % son fijos discontinuos y el resto tienen jornada parcial.

Respecto al desempleo, el número de parados disminuyó entre aquellos que procedían del sector servicios (5.764 personas), la construcción (3.409) y la industria (2.214), en tanto que aumentó en la agricultura (210 personas) y entre el colectivo sin empleo anterior (5.183).

En función del género, el paro femenino disminuyó en 477 personas, hasta alcanzar con 1.562.954 mujeres desempleadas la cifra más baja en un febrero desde 2008, mientras que el paro masculino descendió en 5.517 hombres hasta los 1.030.495 desempleados.

Entre los menores de 25 años, el paro aumentó en 6.522 personas.

El número de contratos celebrados en febrero fue de 1.098.491, lo que supuso un descenso de 115.414 respecto a enero, debido al descenso tanto de los indefinidos (26.532 menos, hasta los 481.683) como de los temporales (88.882, hasta los 616.808). De esta forma, el 43,85 % del total de contrataciones fue de carácter fijo.

El mercado laboral se resintió en enero y perdió 242.148 afiliados, el mayor descenso para este mes desde 2020, mientras que el paro aumentó en 38.725 personas en un comportamiento habitual en el arranque del año tras el fin de la campaña navideña. Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recoge EFE, el empleo cayó especialmente en enero en el comercio (48.363 afiliados menos) y hostelería (47.630 menos) dejando el total de ocupados en 21.095.814.

"Se trata de la cifra más alta de personas afiliadas en la serie de enero", destaca en una nota la Seguridad Social, que añade que la caída de enero está "en línea" con el comportamiento de ese mes en los dos últimos años: en enero del año pasado se perdieron 231.250 empleos y en el arranque de 2023, 215.047.

 En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo señala que el aumento de este enero mantiene el total por debajo de los 2,6 millones, en 2.599.443 personas, el registro más bajo en este mes en los últimos 17 años.

Respecto a enero de 2024, el paro ha descendido en 168.417 personas, mientras que la Seguridad Social ha sumado 491.053 ocupados.

Junto a los descensos de comercio y hostelería, el empleo también bajó en enero en actividades administrativas y servicios auxiliares con 45.139 afiliados menos, así como en el agrario y entre las empleadas de hogar. Entre los autónomos, el descenso fue de 17.815 hasta los 3.368.950.

Por sexo, el descenso fue mayor entre las mujeres con 133.333 afiliadas menos, hasta los 9,9 millones, mientras que entre los hombres el descenso fue de 108.815 con 11,1 millones de afiliados.

La Seguridad Social destaca que, en cifras desestacionalizados, enero suma 35.000 afiliados. También han avanzado que ya se ha superado el millón de becarios que han cotizado al sistema.

Al detalle del paro, el aumento de este mes de enero está por debajo del arranque del año pasado, cuando se sumaron 60.404 desempleados, y de la media en el primer mes del año.

Por sectores, los servicios acaparan todo el aumento del paro registrado con 44.595 desempleados más mientras que en la agricultura sube en 1.099. Por el contrario, desciende levemente en la construcción (4.527 parados menos) y en la industria (241 personas) así como entre el colectivo sin empleo anterior (2.201).

Por sexo, el desempleo femenino aumentó en 31.869 mujeres en relación al mes de diciembre hasta 1,56 millones, mientras que el masculino se incrementó en 6.856 hombres hasta 1,03 millones.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años subió en 2.563 personas hasta los 188.364, la cifra más baja de la serie histórica en un mes de enero.

Por comunidades, el paro registrado, en términos absolutos, bajó en Baleares y subió en el resto de comunidades autónomas con Andalucía (11.903 personas), Madrid (3.541 personas) y Comunitat Valenciana (3.078 personas) a la cabeza.

En enero se sellaron 1,21 millones de contratos, de los que 508.215 fueron de carácter indefinido, el 41,87 % del total.

El mercado laboral sumó 468.100 empleos en 2024, hasta alcanzar un nuevo récord con 21,85 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro se redujo al 10,6 %, el nivel más bajo desde el segundo trimestre de 2008, previo al estallido de la crisis financiera. Según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que recoge EFE, el desempleo se redujo en 265.300 personas durante 2024, hasta los 2,59 millones de parados.

En la comparativa trimestral, el empleo sumó 34.800 ocupados en los últimos meses del año gracias a los servicios, mientras que el paro bajó en 158.600, el mayor descenso de la serie (comienza en 2002) para ese periodo exceptuando la pandemia.

"Se acelera la creación de empleo y la reducción del paro en el último trimestre de 2024", ha destacado el Ministerio de Economía, mientras que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha celebrado la creación de empleo de "calidad".

En cifras anuales, el empleo aumenta en mayor medida que disminuye el paro debido al incremento de la población activa, que hizo que 202.800 personas dejaran la inactividad, elevando el total de personas activas en los 24,45 millones. Así, la tasa de ocupación alcanzó el máximo de la serie histórica en un cuarto trimestre en el 67,5 %.

En este contexto, la tasa de paro ha disminuido 1,2 puntos en un año, hasta ese 10,61% a punto de perder el doble dígito y en niveles que no se veían desde hace 16 años.

Por sexo, la de hombres se sitúa en el 9,53%, bajando del 10% por primera vez desde 2008, y la de mujeres cae al 11,83%, la menor desde 2007. En cifras absolutas, el paro disminuyó el pasado año en 98.300 hombres y 167.100 mujeres, de forma que el número de paradas se quedó en los 1,36 millones aún por encima de los 1,23 millones de parados.

Por sectores, el desempleo disminuyó principalmente entre las personas provenientes de los servicios, con 100.000 desempleados menos, en tanto que en la agricultura apenas se redujo en 1.900 personas y en la construcción y la industria registró ligeros aumentos.

También se explica el descenso del paro por la caída del desempleo entre los parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año buscando un puesto de trabajo, con 109.100 menos, así como entre aquellos que buscan un primer empleo, con 56.200 menos.

En la evolución del empleo anual, el avance por sexo dejó 260.700 hombres ocupados más, hasta los 11,7 millones, y 207.400 nuevas ocupadas, hasta 10,15 millones, marcando récord para la ocupación femenina.

En cuanto a la nacionalidad, subió en 278.200 personas en los españoles –incluye doble nacionalidad– y en 189.900 en los extranjeros.

Por sectores, el mayor crecimiento se dio en los servicios con 424.600 ocupados más. También aumentó el empleo en construcción, con 44.800 empleos más, y la industria, con 55.300, mientras que se redujo en la agricultura. La mayor parte del empleo en 2024 fue creado por el sector privado, con 453.500 puestos de trabajo, casi el 97 % del total. Los trabajadores por cuenta propia aumentaron en 8.600 en el año hasta 3,2 millones mientras que los asalariados subieron en 455.500 hasta los 18,6 millones.

Por tipo de trabajo, el empleo a tiempo completo subió en 290.700 personas en los 12 últimos meses y el empleo a tiempo parcial en 177.400. Por primera vez en la serie, los ocupados a tiempo parcial superaron los 3 millones elevando la tasa de parcialidad medio punto hasta el 16,7 %.

Por su parte, el empleo indefinido aumentó en 589.400 personas, mientras que el temporal bajó en 133.900. Con esta evolución, la tasa de temporalidad se redujo en el último año cerca de un punto hasta el 15,5 %. 

La tasa de desempleo entre los menores de 25 años se situó a cierre de 2024 en el 24,9%, lo que supone 3,62 puntos menos respecto al cierre de 2023. El número de jóvenes entre 16 y 24 años en situación de desempleo bajó hasta 434.400 personas en 2024, 46.600 menos que un año antes.

Ese descenso se ha producido únicamente entre los hombres, con 227.000 varones en desempleo, 46.800 menos que a cierre de 2023. Por el contrario, entre las menores de 25 años el paro ha aumentado en 200 personas, hasta un total de 207.400 mujeres en situación de desempleo.

Por territorios, Ceuta y Melilla siguen presentado las tasas más altas de desempleo, del 55,06 y el 52,77%, respectivamente. Andalucía es la comunidad con la tasa más alta, del 36,24 %, frente a Madrid que presenta la más baja, del 17,77%. No obstante, la tasa de paro ha descendido en la mayoría de territorios, salvo en Asturias, Cantabria, Galicia, Navarra y País Vasco, donde ha aumentado.

Los hogares con todos sus miembros activos en paro se situaron a cierre de 2024 en 833.500, lo que supone 94.700 menos que un año antes. Los hogares que tenían a todos sus miembros activos ocupados subieron a 11.903.400, tras aumentar en el último año en 249.900.

Solo en el cuarto trimestre, los hogares con todos su miembros en paro disminuyeron en 21.100 y los que tenían a todos sus integrantes trabajando aumentaron en 105.400. 

Las visas oro han quedado definitivamente derogadas después de que el Congreso aprobara el pasado día 19 la Ley de Eficiencia de la Justicia, donde se había incluido la enmienda que hace desaparecer este polémico instrumento para atraer inversiones. El pasado viernes la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero como no entrará en vigor hasta dentro de tres meses, hasta abril seguirán concediéndose permisos de residencia a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones de 500.000 euros como mínimo.

Para entonces habrá pasado justo un año desde que el Gobierno anunció su supresión. Y no fue hasta el pasado noviembre cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicó las cifras detalladas de autorizaciones concedidas desde que se crearon las visas oro, en 2013. Las colgó en el Observatorio Permanente de la Inmigración. Es la Unidad de Grandes Empresas-Colectivos Estratégicos (UGE-CE) del departamento que encabeza Elma Saiz la que centraliza la tramitación de todos los tipos de autorizaciones de residencia, pese a que en ella intervienen los ministerios de Asuntos Exteriores, Vivienda, Economía y Transformación Digital.

De acuerdo con esos datos, que se detienen en diciembre de 2023, ese año se concedieron 65.766 autorizaciones de residencia en aplicación de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de Apoyo a los Emprendedores –que creó las visas oro– “y de otras figuras similares”, un 40% más que el año anterior. Si se cuentan sólo las otorgadas según esa ley, la cifra se queda en 65.404, la inmensa mayoría. En 2024, y tras anunciar el Gobierno en abril que iba a derogarlas, el número de solicitudes se duplicó, en un intento por conseguir a toda prisa los últimos permisos, según confirman los abogados e inmobiliarias que los gestionan. Es previsible que hasta abril se repitan las ansias por aprovechar los tres últimos meses de vigencia de las visas.

En realidad, el volumen de estos permisos de residencia llevaba multiplicándose desde 2021, pero escaló sobre todo desde la guerra de Ucrania, que estalló en febrero de 2022. De hecho, son los rusos los mejores clientes de este incentivo desde entonces. En total, se han concedido a ciudadanos de esta nacionalidad un total de 34.557 permisos de residencia al amparo de la Ley de Emprendedores y “otras figuras similares” en la última década. En 2021, el año anterior a la guerra, los rusos recibieron 3.146 de estas autorizaciones, que en 2022 se convirtieron en 6.925 y que se duplicaron en 2023, hasta alcanzar 14.179. Es decir, desde que Vladimir Putin invadió Ucrania, los permisos de residencia otorgados a sus compatriotas en España se multiplicaron por 4,5. De las 262.534 autorizaciones proporcionadas por España desde 2013, las conseguidas por los rusos equivalen al 13%.

La cifra es muy superior a la de las autorizaciones concedidas a ciudadanos chinos, 23.309 –el 8,8%–. Y desde luego la evolución de los permisos a los asiáticos ha sido más tranquila a lo largo de estos últimos años. En 2023 recibieron sólo 3.499. Es decir, España dio ese año cuatro veces más visas oro a rusos que a chinos. Aunque esa cifra equivale a un alza del 48% respecto a 2021, un aumento considerable, se sitúa lejos del récord ruso.

Estas cifras no se circunscriben a las llamadas visas de oro, pero prácticamente se reducen a ellas en el caso de ciudadanos rusos y chinos, teniendo en cuenta el perfil de los ciudadanos de estos países que solicitan los permisos previstos en la Ley 14/2013, y que no se corresponde con el de altos directivos, investigadores o nómadas digitales. Además, hay que añadir el hecho de que el 95% de las solicitudes recibidas son a cambio de inversiones en inmuebles. También se puede pedir el permiso de residencia temporal por invertir en deuda pública, en fondos de inversión o en empresas, pero de este tipo apenas se concedieron 313 autorizaciones en 2023.

La prevalencia rusa en España no deja de ser peculiar, porque de acuerdo con las cifras publicadas por la consultora británica Henley & Partners en su último informe sobre migración de patrimonios privados, China es el país del que más millonarios emigrarán en 2024, unos 15.200, una tendencia que no ha dejado de crecer en los últimos años, mientras que la salida de ultrarricos rusos no ha parado de menguar por culpa de las restricciones internacionales impuestas con motivo de la guerra: de los 8.500 que dejaron su país en 2022 se va a pasar en 2024 a sólo un millar, de acuerdo con los cálculos de Henley & Partners. De hecho, este año que acaba habrán salido de sus respectivos países, acompañados de sus patrimonios, más millonarios británicos, indios y surcoreanos que rusos.

También ha crecido notablemente el número de bielorrusos –tradicionales aliados del Kremlin– que han obtenido en España permisos de residencia a cambio de inversiones. Desde la guerra en Ucrania, se han más que duplicado. En total, han recibido 2.393. Muchos menos que los ricos ucranianos, 7.195 en la última década. Desde la guerra, su número se ha triplicado, hasta alcanzar los 3.601 en 2023. Y ello pese a que, si se considera la cifra total de ciudadanos de Ucrania que han conseguido autorizaciones de residencia de cualquier tipo, en 2023 sufrieron un enorme descenso, del 75%, respecto al año anterior: pasaron de 172.270 a 43.463.

A tenor de los datos, las sanciones y la mayor vigilancia a que se ha sometido a los ciudadanos rusos fuera de sus fronteras parecen no haber frenado la entrada en España de dinero procedente del país gobernado por Putin. El Gobierno tomó medidas para controlar los bienes propiedad de oligarcas del régimen en España, muchos de ellos sometidos a sanciones internacionales por su responsabilidad en la invasión de Ucrania. Lo que no significa que no haya lagunas por las que algunos han conseguido colarse.

Además, las visas oro han sido siempre un instrumento polémico. Desde 2019 la Comisión Europea lleva alertando de los peligros que estos permisos suponen para “el orden público o la seguridad interior de los Estados miembros”, entre los que incluye desde la infiltración de la delincuencia organizada hasta el blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción. Portugal e Irlanda eliminaron las visas oro en 2023 y Países Bajos, el pasado mes de enero. Reino Unido las liquidó aún antes, en 2022. Además, Grecia ha subido el importe mínimo de inversión requerido, que inicialmente para un inmueble era de sólo 250.000 euros, la mitad que en España. Cuando creó sus visas oro en 2014, sólo se permitían inversiones inmobiliarias, pero en 2019 añadió las financieras y empresariales.

Las cifras publicadas por el Gobierno incluyen alguna sorpresa adicional. Por ejemplo, el tercer país con más permisos concedidos al amparo de la Ley 14/2013 “y de otras figuras similares”, tras Rusia y China, es Colombia, con 19.085 autorizaciones, después de que en 2023 su número –5.457– más que duplicara el de 2021. Le sigue Estados Unidos, con 16.872 permisos en la última década y el doble de autorizaciones en 2023 que dos años antes. También Argentina casi ha duplicado el número de permisos en estos dos últimos años.

Mención aparte merece el caso de Reino Unido. El Brexit ha expulsado a muchos millonarios de las islas británicas, y algunos han traído su dinero a España. En 2020, el año en que Londres abandonó la Unión Europea, el Gobierno español sólo concedió tres permisos de residencia de la Ley 14/2013. En 2021 ya fueron 1.467, que crecieron hasta 2.124 en 2022 y alcanzaron los 3.601 en 2023. En total, 7.195 británicos han conseguido una autorización temporal de residencia en España en esos tres años.

Los permisos de la Ley 14/2013 pueden ser de distintos tipos: para directivos y trabajadores de alta cualificación, para investigadores e incluso para teletrabajadores internacionales –desde 2022–. Para los primeros se han concedido 104.303 autorizaciones de residencia, y para inversores, 63.328. El ministerio no facilita información sobre la nacionalidad de unos y otros, los dos grupos más numerosos, seguidos de los investigadores –27.002–. Pero las autorizaciones a cambio de inversiones se duplicaron desde 2021 hasta 2023 en la zona que la estadística denomina “Europa sin UE/AELC [Asociación Europea de Libre Comercio]” y que incluye a Rusia, Bielorrusia, Ucrania y Reino Unido.

infoLibre ha pedido al ministerio esos datos desglosados por nacionalidades, pero se ha negado a facilitarlos aduciendo razones de “seguridad nacional”. Sólo los publica por “áreas”. Así, la región que mayor crecimiento ha experimentado es la citada Europa sin UE/AELC, con aumentos superiores al 80% anual desde 2021. La segunda zona con mayor auge en concesiones es América central y del sur, con alzas muy inferiores –poco más del 20% en 2021 y 2023, y del 55% en 2022–.

Este periódico solicitó en septiembre de 2023 al Ministerio de Inclusión las cifras de los permisos concedidos según la Ley 14/2013, también los concedidos a ciudadanos de determinadas nacionalidades. Ante la falta de respuesta, los pidió a través del Portal de Transparencia de las administraciones. No hubo contestación en el plazo legal de dos meses, así que infoLibre hizo una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Este organismo independiente, encargado de promover la transparencia y salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dictaminó en mayo de este año que el ministerio debía facilitar los datos solicitados en el plazo de 10 días. Pero no lo hizo. De forma que, siguiendo el procedimiento establecido por ley, infoLibre notificó en julio al ministerio que interpondría un recurso contencioso-administrativo para obtener los datos si en dos meses no cumplía la resolución del Consejo de Transparencia.

Este periódico no recibió ninguna comunicación al respecto hasta el pasado 3 de diciembre cuando, a través del Portal de Transparencia, le anunció que se abría el periodo de un mes previsto por la ley para tramitar la solicitud de información que había cursado el 23 de octubre de 2023; es decir, hacía más de un año. Al día siguiente, el 4 de diciembre, se le notificó que las estadísticas se encontraban publicadas en la web del Observatorio Permanente de la Inmigración. Esa comunicación se produjo un mes después de que, en efecto, las cifras fueran colgadas en internet y publicadas por varios medios de comunicación.

El ministerio ha explicado a este periódico que los datos fueron publicados tras haber sido “contrastados, comparados, actualizados y revisados”, siguiendo además diferentes criterios y directrices, entre ellos, los de “máxima transparencia” y el ya citado de “seguridad nacional”.

El empleo cayó en noviembre con 30.051 afiliados menos de media, hasta los 21,3 millones, lastrado por la pérdida de la ocupación en la hostelería, mientras que el paro bajó en 16.036 personas. Según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por EFE, la caída de noviembre es la peor para este mes desde 2019 y refleja el descenso de 118.721 afiliados en la hostelería, que no ha terminado de ser compensados por los incrementos en la educación o el comercio.

En cuanto al paro, disminuyó en 16.036 personas en noviembre hasta dejar el total en los 2,58 millones, la cifra más baja en este mes desde 2007, según los datos proporcionados por el Ministerio de Trabajo.

En términos interanuales, la afiliación ha aumentado en 496.389 personas (2,4 % más) respecto a noviembre del año pasado, en tanto que el paro ha disminuido en 148.813 personas (-5,44 %).

El año pasado el descenso de noviembre en la afiliación fue de 11.583 mientras que en 2022 la caída fue de 155. En 2021 y 2020, noviembre registró aumentos de afiliación condicionado por la pandemia. La Seguridad Social destaca que el de este año "es un comportamiento levemente mejor que la media de 2017, 2018 y 2019" y que es el noviembre "con mayor nivel de empleo de la serie histórica".

Por sectores, y frente al descenso de la hostelería, habitual para este mes, el empleo sube en noviembre en educación, con 27.430 afiliados más, y en comercio, con 23.297 empleos más.

En el régimen de autónomos, se produce una subida de 746 en el mes, hasta los 3,38 millones de afiliados "en niveles históricamente altos, gracias al impulso de sectores de alto valor añadido".

Por sexo, el empleo cae más entre las mujeres con 21.440 afiliadas menos, hasta los 10 millones, mientras que entre los hombres el descenso es de 8.611 hasta los 11,2 millones.

La Seguridad Social añade en las zonas más afectadas por la dana "los datos de afiliación por el momento no muestran impacto en el empleo". La afiliación en la provincia de Valencia ha crecido respecto a octubre en 11.217 afiliados y respecto a hace un año en 24.659, hasta un total de 1.170.026 afiliados.

En cuanto al desempleo, disminuyó entre las personas provenientes de todos los sectores económicos, principalmente de los servicios, con 8.693 personas menos; seguidos por la industria, con 2.268 menos; la construcción, con 2.124 menos; la agricultura, con 1.902 menos; y el colectivo sin empleo anterior, con 1.049 menos.

Por sexo, salieron de las listas del paro 10.811 mujeres, hasta dejar el desempleo femenino en 1,55 millones, y 5.225 hombres, hasta acercarse al millón el masculino.

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años disminuyó en noviembre en 3.796 personas, hasta los 196.704.

En noviembre se registraron 1.301.482 contratos, el 4 % menos que hace un año, de los que el 41,8 % del total fueron de carácter indefinido (544.519, el 3,2 % menos), y el 58,2 % restante, temporales (756.963, el 4,6 % menos). 

El mercado laboral sumó 134.307 ocupados más en octubre, hasta los 21,33 millones de afiliados, gracias al tirón de la educación tras el arranque de todas las actividades académicas, mientras que el paro subió en 26.769 personas hasta los 2,6 millones.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que recoge EFE, la educación sumó 166.642 afiliados en el mes mientras que la hostelería perdió 48.106 tras el fin de la temporada de verano.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo detalla que el grueso del aumento se da en el sector servicios con 22.332 desempleados más registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En términos interanuales, el paro ha descendido en 157.350 personas mientras que la afiliación ha sumado 514.856.

La Seguridad Social destaca que la subida de este mes es la mayor de la serie para un octubre, exceptuando la de 2021: el año pasado el avance de octubre fue de 92.861 afiliados mientras que en 2022 fue de 103.499. También señala que hay 67.772 afiliados más que en septiembre en términos desestacionalizados y que la afiliación diaria se ha mantenido por encima de los 21,3 millones todos los días del mes salvo el último.

Al detalle de la evolución del empleo en octubre, avanzó más entre las mujeres con 106.922 ocupadas más, hasta las 10,10 millones de afiliadas que representan el 47,4 % del total de trabajadores, el mejor porcentaje de empleo femenino alcanzado nunca. En cuanto a los hombres, se sumaron 27.384 ocupados hasta los 11,2 millones.

Por actividades, junto al descenso en la hostelería, también cayó el empleo en 37.090 afiliados frente a septiembre en actividades sanitarias y servicios sociales.

En cuanto a los autónomos, en el mes se sumaron 7.836 hasta los 3.384.917.

Por su parte, Trabajo destaca que se trata de la cifra de desempleo más baja para este mes desde el año 2007 y que el incremento es inferior a la media para octubre.

Por sectores económicos con respecto a septiembre, el paro registrado desciende en el sector de construcción en 1.676 personas y aumenta en el resto con 1.547 personas en la industria, 1.603 personas en agricultura y 2.963 en el colectivo sin empleo anterior además del citado descenso en servicios.

El desempleo femenino aumenta en 13.873 mujeres hasta los 1,56 millones, mientras que el desempleo masculino se sitúa en 1.034.443 al ascender en 12.896 personas respecto a septiembre.

Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en el mes de octubre en 8.361 personas respecto al mes anterior.

Por comunidades autónomas, el paro registrado aumenta en las 17 y las mayores subidas se dan en Andalucía (7.723), Castilla-La Mancha (3.859) y Cataluña (2.909).

Por otro lado, el número total de contratos registrados durante el mes de octubre, un mes con más días laborales que en el correspondiente al año anterior ha aumentado y se ha situado en 1.527.007. De ellos, 664.195 contratos de trabajo fueron de carácter indefinido que representan el 43,5 % de todos los sellados

Hay una realidad: las bajas laborales no han dejado de aumentar desde la pandemia. Sólo el año pasado se concedieron en el conjunto del país más de 8,1 millones por enfermedades y accidentes no laborales, lo que supuso un 11,3% más que el ejercicio anterior. Representaron un impacto económico para las empresas de 25.326 millones, según lo recogido en el último informe del absentismo laboral de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT). Del global, 13.081 millones respondieron a las prestaciones de la Seguridad Social, mientras que 12.245 fueron el coste directo para las entidades empresariales. Los datos de la Seguridad Social también reflejan que las ausencias temporales al trabajo por contingencias comunes se han elevado.

En ese contexto, ha originado revuelo la propuesta de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, de abordar una reforma de la incapacidad temporal (IT), para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. La ha vinculado a "la voluntariedad” y a “la garantía de la salud y la seguridad" y ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones, pero no en la otra. Con todo, sus palabras han provocado la reacción inmediata de los sindicatos e incluso de otra ministra, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha avisado de que “ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega".

Este viernes 4 de octubre, Saiz ha defendido en Onda Cero que la iniciativa no tiene detrás una motivación económica y que lo que se busca es “ampliar derechos". "La salud de los trabajadores está en el epicentro, eso es irrenunciable", ha subrayado Saiz, para incidir luego en que cualquier cambio será con la voluntariedad del trabajador, analizando cada caso, y con supervisión médica. Sobre el rechazo de Díaz, la titular de Seguridad Social ha replicado que se trata de competencias de su ministerio, pero ha avanzado que procurará el consenso con todas las partes.

Fuentes del Ministerio sostienen además que el debate está aún en “fase muy inicial”, pero que había que ponerlo encima de la mesa, al ser un tema “recurrente” en las reuniones de su titular “con colectivos, trabajadores, empresarios y organizaciones de muchas clases”. Y quieren dejar claro que serán “las mesas de diálogo social” el lugar donde se dé.

¿Existen algunos supuestos en los que esa flexibilidad en la vuelta al trabajo pueda tener sentido? Fuentes del ámbito laboral apuntan que “una incorporación progresiva al puesto, acordada entre el paciente y su médico de familia, puede ser beneficiosa en el caso de algunas patologías de tipo mental, por ejemplo, que no tienen un tiempo de recuperación tasado, como sí puede suceder si alguien que se rompe una pierna”. “Puede ayudar incluso a la recuperación del paciente”, añaden, siempre que “el facultativo médico lo vea conveniente”, insisten.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha mantenido, asimismo, que las bajas flexibles, esto es, que permitan incorporarse al puesto de manera paulatina en determinadas circunstancias, es una medida que "bien implementada, y con el trabajador en el centro, puede ser beneficiosa". Aunque la ministra de ese área, Mónica García, ha proclamado que garantizarán que "la salud" sea "lo primero en cualquiera de las visiones que se pueda tener sobre este tema".

Y desde la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) se han mostrado a favor de crear bajas médicas "flexibles" que permitan trabajar, aunque puntualizan que "habría que valorar" cada historia personal, ya que no a todas las personas les afectan por igual los tratamientos contra la enfermedad.

Fuentes de la órbita económica aseveran que los sindicatos han puesto ya la lupa en alguna ocasión en la conveniencia de que, a través de los convenios colectivos, se desarrollen “protocolos y guías" para "la mejora de la gestión de la reincorporación de las personas trabajadoras después de bajas de larga duración”, con el fin de evitar que sea un hecho traumático.

Pero las organizaciones sindicales ven riesgos en la propuesta lanzada por la ministra. A Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, de entrada, lo planteado le produce “verdadera incompatibilidad conceptual, si se concibe la incapacidad temporal como que una persona no está capacitada para ir a trabajar y por eso le dan una baja. No es cuestión de voluntad, es cuestión de salud y con la salud de las personas trabajadoras no se puede ser flexible. Y no deja de ser llamativo que alguien pueda tener incapacidad y capacidad laboral al mismo tiempo”, ironiza. A su juicio, el discurso de la “voluntariedad” es “peligroso” y supone quitar el foco “a lo importante: por qué hay tantas bajas y cuál es el tratamiento y el proceso de curación que proporcionan los servicios públicos de Salud". Considera que, "una vez se identifiquen las causas" de esa circunstancia, “se podrán eliminar parte de ellas con la prevención o mejorar el proceso de curación para que se acorten”. Pero "la situación de IT, que impide trabajar, es un derecho de la persona trabajadora para recuperar su salud", recalca.

Entiende que, "si de lo que se está hablando es de casos concretos como puede ser el de la baja de enfermos de cáncer o de bajas de larguísima duración", se puede "encontrar algún tránsito en las negociaciones entre empleadores, sindicatos y el propio Gobierno". "Pero -une- abrir algo sin delimitar, encierra un mensaje peligroso y el símil de la jubilación o del pluriempleo es muy desafortunado. ¿Quién en la vida real trabaja de albañil por la mañana y de teleoperador por la tarde, donde sí podría acudir, si tiene un problema de movilidad?", se pregunta. Para Luján, la ministra, "antes de lanzar una idea novedosa y curiosa, debería haberla llevado al diálogo social, para tener algo más de elaboración y de proposición. Igual, lo que está pensando para ahorrarse dinero, le sale mal”. El líder de su sindicato, Pepe Álvarez, ha sido más rotundo: "Cuando se salta el diálogo social vienen las ocurrencias", ha afirmado directamente en su perfil de X.

El secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha afeado igualmente la forma de anunciar un cambio así, ha tildado el debate de "improvisado", y ha enmarcado el alza de las bajas y el gasto en IT en un mercado laboral más envejecido, a lo que hay que sumar el déficit de inversión sanitaria, que a menudo retrasa diagnósticos y tratamientos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en cambio, ve "positivo" que Saiz quiera flexibilizar la reincorporación de un trabajador tras una baja laboral, ya que, en su opinión, a veces los médicos recomiendan la vuelta voluntaria de los empleados. Piensa que el planteamiento de Saiz es "bueno" y va en línea con el Acuerdo Nacional de Convenios y el pacto de pensiones firmado con el Gobierno, donde se incidía en la necesidad de trabajar en "las bajas y todo el efecto del absentismo". "Es algo que en ciertos espacios tiene sentido, partiendo de la base, primero de la voluntariedad, que la ministra ha dicho, y dos, de los casos donde se pueda hacer", ha expuesto durante su participación en unas jornadas en Intereconomía.

De su lado, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha pedido que se dé "una oportunidad" al diálogo sobre para armar la reforma. La mejora de la "capacidad de atención de los profesionales sanitarios" y las "nuevas técnicas" hacen que "la situación de la persona trabajadora que pueda estar en situación de baja o de alta no sea tan dicotómica, de blanco o negro, sino que pueda haber estados intermedios en los que voluntariamente el trabajador quiera incorporarse progresivamente", ha manifestado.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha avanzado este jueves su intención de abordar una reforma de la incapacidad temporal, las bajas laborales, para dar más flexibilidad en algunos supuestos que permitan incorporarse a la actividad laboral. En un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, ha explicado que, desde "la voluntariedad y la garantía de la salud y la seguridad", habrá supuestos en los que algunas personas de baja puedan incorporarse a trabajar.

Saiz ha puesto como ejemplo los tratamientos de cáncer o los casos de pluriactividad, donde la baja puede impedir trabajar en una de las ocupaciones pero no en la otra.

La ministra ha comparado esta reforma con la abordada en el ámbito de las pensiones para dar más opciones a quién lo desea para compatibilizar trabajo y pensión. "Dar más flexibilidad (...) que no sea estar de baja o de alta", ha explicado Saiz, que ha subrayado que la reforma se abordará con la creación de un grupo de trabajo y en el marco del diálogo social y "desde el consenso" para adecuar la incapacidad temporal a la nueva realidad.

La creación de un grupo de trabajo sobre las bajas laborales quedó pendiente del último pacto de pensiones con el objetivo de analizar la evolución de la incapacidad temporal y sus prestaciones, un tema que preocupa a agentes sociales y Gobierno, recuerdan desde Inclusión.

Tras este anuncio, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha evitado valorar un planteamiento "que aún no se ha puesto sobre la mesa" y ha afeado la forma de avanzar un cambio así. Bravo ha señalado al aumento de las bajas y el gasto en incapacidad temporal en un mercado laboral más envejecido y también ha recordado el déficit de inversión sanitaria que en algunos casos retrasa diagnósticos y tratamientos. "Nadie tiene que estar de baja un día más de lo que necesita, pero tampoco un día menos", ha incidido en declaraciones a los medios.

"Me genera muchísimas dudas", ha coincidido en declaraciones a EFE la secretaria de política institucional y políticas territoriales de UGT, Cristina Estévez. También ha afeado la forma de plantear este debate así y ha emplazado al Gobierno a llevar una propuesta concreta a la mesa de diálogo cuanto antes. "Nuestra preocupación es que los trabajadores reciban los cuidados, la atención médica oportuna en el momento oportuno", ha incidido.

Tras este anuncio, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido en que "solo hay una razón detrás de la incapacidad temporal: proteger la salud de las personas trabajadoras". "No hay más opciones ni razones. Ni flexibilidad, ni parcialidad, con la salud no se juega", ha añadido la vicepresidenta en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Poco después, en la presentación en Madrid del libro En la piel de los héroes, de Xosé Fortes, ha dicho que el Ministerio de Trabajo "no va a consentir ninguna alteración en la incapacidad temporal, por la que ustedes cotizan, trabajan y que es un derecho que han conseguido a lo largo de los años", en lo que supone un nuevo roce con la parte socialista del Ejecutivo

Por su parte, el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo, ha evitado valorar un planteamiento "que aún no se ha puesto sobre la mesa" y ha afeado la forma de avanzar un cambio así. Bravo ha señalado al aumento de las bajas y el gasto en incapacidad temporal en un mercado laboral más envejecido y también ha recordado el déficit de inversión sanitaria que en algunos casos retrasa diagnósticos y tratamientos.

"Me genera muchísimas dudas", ha coincidido en declaraciones a EFE la secretaria de política institucional y políticas territoriales de UGT, Cristina Estévez, quien también ha afeado la forma de plantear este debate así y ha emplazado al Gobierno a llevar una propuesta concreta a la mesa de diálogo cuanto antes.

Otra de las reacciones a este anuncio ha sido la de la exministra y líder de Podemos, Ione Belarra, quien ha considerado que "proponer la baja flexible, es decir, que los trabajadores y trabajadoras puedan trabajar enfermas, es una propuesta aberrante más propia de Juan Roig que de un gobierno progresista". En un mensaje publicado en sus redes sociales ha supuesto que "el PSOE querrá hacerlo con el PP, que estará 100 % de acuerdo".

Junto al tema de la incapacidad temporal, la ministra ha avanzado que el próximo lunes, 7 de octubre, se abrirá una nueva mesa de diálogo social sobre autónomos para seguir avanzando en el nuevo sistema de cotización por ingresos reales.

En cuanto a la regulación pendiente para configurar el paso de algunas mutualidades al régimen de autónomos, Saiz ha insistido en que se trabaja para lograr un acuerdo.

Saiz también ha recordado que el fondo de reserva, la denominada hucha de las pensiones, terminará el año con más de 9.000 millones, superando las previsiones iniciales, y que la legislatura terminará con más de 25.000 millones.

La Seguridad Social sumó 8.805 ocupados en septiembre, gracias a la educación que compensó la caída en hostelería y comercio tras el final de la temporada de verano, mientras que el paro subió en 3.164 personas. Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que recoge EFE, el alza de septiembre —la más moderada desde 2019 y la mitad de la del año pasado cuando fue de 18.296— deja el total de afiliados rozando ya los 21,2 millones (21.198.206).

En cuanto al paro, subió en 3.164 personas en septiembre, el menor incremento para este mes desde 2007, y dejó el total de personas desempleadas registradas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en 2.575.285.

Por sectores, el número de desempleados procedentes de la construcción disminuyó en 4.856 personas, seguidos por los de la agricultura (1.515) y la industria (1.365). Por el contrario, aumentó entre aquellos que vienen de los servicios (4.351) y del colectivo sin empleo anterior (6.549).

La subida del paro de septiembre se concentró en el desempleo femenino, con un aumento de 3.080 mujeres desempleadas, hasta un total de 1,5 millones, en tanto que el masculino apenas subió en 84 personas hasta situarse en los 1,02 millones. El desempleo de los jóvenes creció en 15.027 personas y se situó en 192.139 personas.

Por regiones, el paro subió en nueve comunidades autónomas, con Andalucía a la cabeza (7.720 personas), seguida de Galicia (2.314 personas) y Extremadura (1.953 personas). Entre los mayores descensos, destacan Canarias (-4.375 personas), Cataluña (-4.060 personas) y País Vasco (-3.367 personas). 

En la afiliación, como suele ser habitual en septiembre, los mayores descensos fueron en comercio (-41.640) y hostelería (-30.348), mientras que el mayor tirón del empleo se dio en la educación con 49.858 afiliados más con el comienzo del curso.

Por sexo, la afiliación solo aumentó entre las mujeres, con 49.454 ocupadas más, hasta los 10 millones, mientras que el empleo entre los hombres perdió 40.650 y se quedó en 11,19 millones.

En cuanto a los autónomos, septiembre deja una subida de 5.731 hasta los 3,37 millones. También subió el empleo en sistema especial agrario en 17.655 personas, mientras que se redujo en el del hogar con 2.721 empleadas menos.

La Seguridad Social destaca que, descontando la estacionalidad y el efecto calendario, septiembre suma 22.220 afiliados más, lo que supone un nuevo máximo; mientras que en esas cifras desestacionalizadas el paro baja en 22.729 personas. En términos interanuales, la afiliación sumó 473.411 personas respecto a septiembre de 2023 (2,3 % más), en tanto que el desempleo disminuyó en 147.183 parados (5,41 % menos).

"Estamos en niveles muy elevados en las dos series de afiliación, tanto en la original como en la desestacionalizada, con una contribución muy reseñable de los trabajadores extranjeros", subraya en una nota la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

La Seguridad Social también subraya que ya hay más de 14 millones de ocupados con contrato indefinido, de los que más de 9,7 millones trabajan a tiempo completo.  "Suponen más de 3,5 millones de afiliados con contrato indefinido más desde la aprobación de la reforma laboral", añaden en la nota donde apuntan que el mercado laboral español "refleja un dinamismo superior al de las grandes economías europeas desde antes de la pandemia" y crece un 9,5 % frente al 5,1 % de Francia o el 1,7 % de Alemania.

En septiembre se registraron 1,4 millones de contratos, lo que supone un incremento de 21.478 contrataciones respecto al mismo mes de 2023. El 43 % de estos acuerdos laborales, unos 619.333 fueron de carácter indefinido (4.106 menos que hace un año), en tanto que los 794.350 fueron temporales (25.584 más).

La Seguridad Social perdió 193.704 afiliados en agosto mientras que el paro subió en 21.884 personas en un comportamiento habitual para el mercado laboral en este mes con el parón de algunas actividades y el final de la temporada alta de verano.

Según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y recogidos por EFE, el descenso de agosto —liderado por la educación que pierde 72.338 afiliados por el fin de actividades académicas que se extienden en julio— deja el total de afiliados en términos medios en 21,18 millones.

Junto a la educación, cayó la afiliación en construcción, con 19.060 ocupados menos; industria, con 17.373; actividades administrativas y servicios auxiliares, con 16.969 menos; y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, con un descenso de 14.868. También se resintió el sistema especial agrario con 14.741 afiliados menos y el de autónomos, que perdió 10.135. 

La afiliación bajó algo más entre las mujeres, 98.765 ocupadas menos hasta los 9,9 millones, que entre los hombres, con 94.938 ocupados menos y 11,2 millones en total.

La Seguridad Social señala que, en cifras desestacionalizadas, el empleo suma 30.189 afiliados y subraya que se han consolidado los 21,1 millones de trabajadores en un mes con un fuerte componente estacional.

También destaca que "gran parte del incremento del empleo del último ha sido gracias a los afiliados extranjeros, que son uno de los motores de nuestro mercado laboral".

En cuanto al número de desempleados, aumentó en 21.884 personas, hasta los 2,57 millones, manteniéndose así en mínimos de 2008 y marcando el menor aumento en un mes de agosto desde 2021 cuando cayó por efecto de la pandemia, según datos facilitados por el Ministerio de Trabajo.

En la comparativa interanual, el paro se ha reducido en 130.579 personas (a un ritmo del 4,8 %), en tanto que el empleo suma 482.902 afiliados más que hace un año. Por sectores económicos, aumentó con más fuerza el número de desempleados procedentes del sector servicios (20.189), seguidos por los de la construcción (4.187) y la industria (2.995).

Por el contrario, disminuyeron el número de desempleados de la agricultura, en 2.337 personas, así como entre el colectivo sin empleo anterior, en 3.150 personas.

El paro aumenta tanto entre los hombres (10.971) como entre las mujeres (10.913), de forma que sigue siendo superior el desempleo femenino, con 1,55 millones, que el masculino, con 1,02 millones. Por su parte, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en 2.186 personas, hasta un total de 177.112, acumulando cuarenta meses consecutivos de caídas interanuales y marcando la cifra más baja de la serie en un mes de agosto.

Por regiones, el desempleo baja en Canarias (443), Extremadura (365) y La Rioja (130) y Cantabria (28), así como en la ciudad autónoma de Ceuta (108), en tanto que aumenta en el resto, encabezadas por Cataluña (8.707), Comunidad Valenciana (3.459) y País Vasco (3.298).

En agosto, el número de contratos registrados fue de 1.040.159, un descenso de 48.672 respecto al mismo mes de 2023, de los que cerca del 40 % fueron indefinidos (389.735, 29.192 menos). El casi 60 % restante, unos 650.424 contratos, fueron temporales, una cifra que también se ha reducido en 19.480 respecto a un año antes.

En función de la duración de su jornada, los contratos indefinidos se dividen en 163.674 a tiempo completo (8.212 menos), 93.365 a tiempo parcial (1.181 menos) y 132.696 fijos discontinuos (19.799 menos). De los temporales, 432.198 fueron a tiempo completo (19.886 menos) y 218.226, a tiempo parcial (406 más).

Silvio es peruano. Llegó a España hace casi 15 años “en busca de una vida mejor” cuando en su pequeño pueblo se dio cuenta de que se le agotaba el permiso para postergarlo todo y “no tenía una vida”. Ahora conduce un taxi, aunque ha hecho “otras muchas cosas”. “Al principio trabajé en la construcción, en una empresa de transportes, en la hostelería…”, enumera. La mayor parte del tiempo se ha sentido “acogido”, dice. “Recientemente sí he escuchado algunos comentarios que no me gustan. Y eso que no tengo la piel oscura”, deja caer.

En los últimos años, “la superposición de crisis de personas refugiadas, emergencias migratorias, crisis económicas y sanitarias, así como el uso extensivo de internet y las redes sociales, han dejado al descubierto el potencial que tienen los discursos de odio para promover la polarización de la sociedad y para vulnerar a personas de determinados grupos, especialmente las de origen inmigrante”. Es un párrafo del primer Informe Anual de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales, elaborado por el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), en el que también se apunta que “la cultura del odio” y, en particular, “los discursos de odio” constituyen “un mecanismo de la necropolítica”.

Pero, ¿son los inmigrantes un grupo de población del que España pueda prescindir en la actualidad? En otro estudio, esta vez el Informe anual 2023 del Banco de España, se refleja que a lo largo de las últimas décadas, las dinámicas demográficas del país “se han caracterizado por una caída significativa tanto de la tasa de fecundidad como de la tasa de mortalidad” y, como resultado de esto, “se ha producido un considerable proceso de envejecimiento poblacional, que se intensificará” en los próximos años y será “más acusado que el de otros países de nuestro entorno”. A la luz de las proyecciones de Eurostat, entre 2023 y 2053 la tasa de dependencia, definida como la ratio entre los mayores de 66 años y el colectivo comprendido entre los 16 y los 66, aumentará en 27,2 puntos porcentuales, hasta el 53,8%; mientras que en el promedio de la Unión Europea (UE) lo hará en 16,6, hasta el 45,8%. Junto a esto, proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) indican que la población nacida en España seguirá bajando y pasará del 81,9% del total actual, al 61,0% dentro de 50 años. Cifras que sólo podrá elevar la inmigración internacional.

”Los flujos migratorios han registrado un dinamismo muy elevado en los últimos años, pero no parece probable que puedan evitar el proceso de envejecimiento poblacional en el que se encuentra inmerso nuestro país, ni resolver por completo los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español en el futuro”, trasladan desde el Banco de España.

De vuelta al presente, los trabajadores extranjeros “habrían contribuido a reducir, al menos en parte, los desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo que se habrían observado en ciertas ocupaciones”, en especial “en las de bajo nivel de cualificación”, sostiene el regulador. En concreto el pasado mayo, la Seguridad Social registró 2.790.263 afiliados extranjeros, una vez descontada la estacionalidad y el efecto calendario, lo que supone el 13,2% del total. Y, desde diciembre de 2019, antes del impacto de la pandemia, el sistema ha contabilizado un aumento de 627.864 trabajadores procedentes de otros países, de acuerdo a los datos que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es decir, los inmigrantes han colaborado en buena medida a cimentar los números de los que se sirve el Gobierno para presumir de que la economía va como “un cohete”.

El 32,1% del global son trabajadores procedentes de estados de la UE. Marruecos es el país del que proviene el mayor número de esos empleados, seguido de Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China. Los que arriban desde Ucrania se han multiplicado en un 49,5% con la guerra. Del conjunto, cerca de 1,6 millones son hombres y las mujeres extranjeras afiliadas rondan ya el 1,3, tras incorporarse al caudal global un 37,9% desde antes de la pandemia.

Algo más del 84% de los afiliados extranjeros se encuadran en el Régimen General y en el último año seis sectores de actividad crecen por encima del 10%: Suministro de Energía Eléctrica (11,7%), Actividades Administrativas (11,3%), Actividades Sanitarias (11,3%), Hostelería (11,1%), Actividades Artísticas (10,6%) y Actividades Financieras (10,2%). De la misma manera se expanden especialmente otros sectores como Comercio (9,8%), Transporte (9,7%) y Construcción (9,18%), atendiendo a la información de Migraciones.

Es reseñable la crecida en actividades de alto valor añadido como Información y Telecomunicaciones, que sube un 8% y en Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, con el 6,5%. Según las estadísticas del ministerio, los trabajadores nacionales de otros países suponen más del 20% del total de los afiliados en Actividades de Organizaciones y Organismos Extraterritoriales (28,9%), Hostelería (27,8%), Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (25,5%), y Construcción (20,9%). En el Sistema Especial del Hogar, el 45% son trabajadores foráneos, y en el Sistema Especial Agrario, el 38%. En el Régimen de Autónomos hay 451.656 cotizantes de otras nacionalidades, es decir, el 13,4% del global, tras un alza de 7,2% en los últimos doce meses.

Con todo, en el informe del Banco de España se alerta de que “no parece probable” que los flujos migratorios “puedan resolver completamente los desajustes entre la oferta y la demanda de empleo que podrían producirse en los próximos años en el mercado laboral” nacional. Sobre todo, en un contexto en el que “los cambios tecnológicos en curso y la transición ecológica podrían incrementar de forma muy apreciable la demanda de trabajo altamente cualificado”. A este respecto, si se pone el foco en la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de 2023, dentro del colectivo de extranjeros que llevaban menos de un año en el país, alrededor del 80% de aquellos en edad de trabajar no tenían estudios universitarios y más del 70% estaban ocupados en actividades de baja cualificación, como servicio doméstico, construcción, comercio y hostelería. Esos porcentajes “son similares a los que se observaban en 2008, del 87,4% y el 60,4%, respectivamente”; y dichos guarismos “contrastan" con los que se registran "en el caso de los nativos, entre los cuales menos del 29% trabajaba en ocupaciones de baja cualificación en 2023”.

Pese a que los números dejan claro que son necesarios, partidos y organizaciones de la parte derecha del espectro político y social se agarran a la inmigración irregular para armar discursos beligerantes contra los migrantes. Las personas que están en esa situación son difíciles de cuantificar. En el estudio Extranjeros, sin papeles e imprescindibles: Una fotografía de la inmigración irregular en España, elaborado por Gonzalo Fanjul e Ismael Gálvez-Iniesta, se anota que a finales de 2019, el grueso de los integrantes de ese colectivo que residían de manera irregular en España oscilaba entre las 390.000 y las 470.000. Y, según recoge el jurista y politólogo Carlos Corrochano en el libro La desigualdad en España, la “irregularidad supone” para el Estado “un coste medio anual de entre 2.200 y 2.400 euros por inmigrante”, mientras que “un ejercicio masivo de regularización podría suponer un beneficio de 790 y 950 millones de euros por año para las arcas públicas”, según un informe de la fundación Por Causa. Es más, el Congreso tramita una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar de forma extraordinaria a más de 500.000 migrantes, aunque se ha ampliado el plazo de enmiendas hasta septiembre, por lo que no se prevé que avance a corto plazo.

De momento, ¿es cierto que esos inmigrantes en situación irregular cobran ayudas del Estado, como se repite desde algunos círculos de ultra derecha? José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, lo desmiente con rotundidad: “Ese inmigrante no tiene la capacidad de cobrar ninguna prestación económica del sistema público de servicios sociales, porque necesita tener el NIE y entonces sería regular. Es prácticamente imposible”, afirma. “Ni el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ni la Renta Mínima de Inserción (RMI) ni las ayudas de emergencia social de los ayuntamientos. Ninguna prestación económica de carácter público puede recibir un inmigrante que sea irregular. Y es tan sencillo de entender, como leerse la normativa. Mientras no tengan NIE ni siquiera las pueden solicitar ni tramitar”, recalca.

Pero va más allá. Ramírez advierte de que se necesitan “miles de personas inmigrantes que trabajen en los propios servicios sociales”. “Ya tenemos -liga- muchas prestaciones de ayuda a domicilio que las podríamos dar porque están aprobadas, pero no las podemos prescribir porque no hay trabajadores que puedan desarrollarlas. Esto ocurre en sitios de costa como Baleares. Cada vez somos más personas mayores y no hay quien las cuide. Es un trabajo mal renumerado y mal reconocido”, pone el acento.

“Hay muchas personas, sobre todo latinoamericanas, que vienen a barrios ricos a trabajar como cuidadoras internas que no están regularizadas y eso provoca que haya mafias”, avisa, para completar: “Pero lo de las paguitas no es cierto. Aunque quisieran, no podrían cobrarlas. Ni tampoco se dan más ayudas a los migrantes que a los propios españoles. Quien dice esto sabe que no es verdad. Y, si miente de manera inconsciente es un ignorante, pero, si lo hace de forma consciente, es un miserable”, zanja.