La transformación del ICE con Trump: una fuerza paramilitar con un inmenso poder
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca hace más de un año, la policía de inmigración (ICE, Immigration and Customs Enforcement) se ha convertido en una milicia paramilitar con poderes sin igual, sembrando el terror en las ciudades estadounidenses, como actualmente en Mineápolis. Todo ello al servicio de la promesa electoral del presidente de expulsar a un millón de personas al año.
Dotada de un presupuesto considerable —menos de 6.000 millones hace diez años, frente a los 85.000 millones de dólares (más de 71.000 millones de euros) actuales, lo que la convierte en la agencia federal mejor dotada—, opera con total impunidad en nombre de la lucha contra la inmigración ilegal. También gestiona de forma totalmente opaca una red de prisiones en las que se encuentran recluidas más de 70.000 personas, una cifra récord desde su creación hace más de veinte años, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.
El ICE también ha contratado a 10.000 personas en menos de un año, lo que ha supuesto más que doblar su plantilla, hasta alcanzar los 22.000 agentes. “Con estos nuevos patriotas en el equipo, podremos lograr lo que muchos decían que era imposible y cumplir la promesa del presidente Trump de devolver la seguridad a Estados Unidos”, se jactó la agencia en un comunicado.
Para reclutar personal, las publicaciones de la ICE en las redes sociales utilizan los memes habituales de los grupos de extrema derecha y supremacistas blancos. Un documento interno revelado por The Washington Post muestra que se busca a personas que hayan asistido a combates de MMA (artes marciales mixtas), hayan mostrado interés por las armas de fuego o hayan escuchado “podcasts patrióticos”.
Desde hace varios meses, la ciudad de Mineápolis es objeto de redadas por parte de agentes de la ICE, que se desplazan enmascarados y armados, a bordo de vehículos camuflados. Llevan a cabo redadas en plena calle, sin dudar en matar a quienes se atreven a interponerse en su camino, como Renee Good, una mujer de 37 años asesinada a principios de enero en esa gran ciudad del estado de Minesota. Justo después de su muerte, el Wall Street Journal calculó que los agentes federales habían abierto fuego contra vehículos civiles en trece ocasiones, causando al menos ocho heridos y dos muertos.
Elogios del presidente
El sábado 24 de enero, un agente de otra fuerza federal del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB, por sus siglas en inglés), mató a Alex Pretti, un enfermero de 37 años que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos.
El lunes 26, Donald Trump anunció que enviaría a su asesor de inmigración, Tom Homan, apodado el “zar de las fronteras”. “No ha estado implicado en esta zona, pero conoce y aprecia a mucha gente allí. Tom es severo pero justo y me informará directamente”, escribió el presidente en su red Truth Social.
Según los medios de comunicación estadounidenses, sustituye al jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, una figura controvertida que, antes de Mineápolis, había dirigido operaciones en Chicago.
Trump también se reunió con Tim Walz, gobernador demócrata de Minesota, y Jacob Frey, alcalde de Mineápolis, lo que podría significar una voluntad de apaciguamiento por parte del Gobierno federal.
Desde el regreso de Donald Trump a principios de 2025, el ICE ha utilizado armas al menos setenta veces en sus redadas, matando a cinco personas e hiriendo a otras diez
La mayoría de estas redadas violentas (49) se concentran en tres estados gobernados por el Partido Demócrata: Illinois (22), California (15) y Minesota (12).
Fuente: The Trace. Creado con Datawrapper. © Infografía Mediapart
El ICE ha contado con la indulgencia de la Administración Trump, que justifica todas sus acciones, a pesar de que pueden violar varias enmiendas de la Constitución, la primera (libertad de expresión), la segunda (derecho a portar armas) y la cuarta (prohibición de registros sin orden judicial). Incluso cuando los vídeos demuestran lo contrario, el presidente americano y sus fieles, entre ellos la ministra de Seguridad Interior, Kristi Noem, culpan a las víctimas, acusándolas de ser peligrosos “terroristas internos” o “agitadores profesionales”.
“No me gusta que haya tiros, de verdad”, declaró Donald Trump, entrevistado el domingo por The Wall Street Journal. “Pero tampoco me gusta que alguien participe en una manifestación con un arma muy potente, cargada al máximo y con dos cargadores llenos. Eso tampoco da buena impresión”.
Como puso de manifiesto en agosto una investigación de la web The Trace, junto con Business Insider y Type Investigations, los agentes del ICE gozaron de total impunidad ya durante su primer mandato. Los periodistas de The Trace trabajaron en el periodo comprendido entre 2015 y 2021. El título del artículo resume bien la situación: “Armados e intocables: la historia del uso de la fuerza letal por parte del ICE”. Según su investigación, murieron 23 personas en 59 tiroteos provocados por agentes, sin que se iniciaran acciones judiciales.
Un récord de encarcelamientos
Al comienzo del segundo mandato de Donald Trump, el ICE disponía de un presupuesto de 3.400 millones de dólares para alojar a los detenidos en 41.500 camas, mientras que la Casa Blanca preveía detener a decenas de miles de personas al mes. El decreto presidencial del 20 de enero, "Proteger al pueblo estadounidense de la invasión", ordenaba al ICE asignar “todos los recursos legalmente disponibles” para ampliar la red de centros de retención y detención.
Debido al aumento exponencial del número de encarcelamientos y a la falta de fondos del ICE, el Congreso aprobó en julio de 2025 un presupuesto de 45.000 millones de dólares hasta 2029 para que la policía de inmigración gestione sus prisiones. El sistema ha crecido “a un ritmo sin precedentes”, según destaca una investigación publicada este mes de enero por el American Immigration Council, una organización de apoyo a los migrantes.
El sistema de detención gestionado por el ICE podría incluso llegar a superar la red de prisiones federales al final del segundo mandato de Trump, en 2028. Entre enero y noviembre de 2025, el número de centros pasó de 114 a 208, lo que supone un aumento del 91%, y la mayoría de ellos albergan a una media de hasta 100 personas al día.
En los centros de detención del ICE murieron 32 personas en 2025, el peor balance en más de dos décadas
Gráfico: Mediapart. Fuente: The Guardian. Creado con Datawrapper
“Esas nuevas estructuras van desde pequeñas cárceles del condado con unas pocas camas hasta prisiones estatales anteriormente cerradas, con capacidad para más de 2.000 personas, pasando por campamentos de tiendas de campaña recién construidos en bases militares, con capacidad para hasta 5.000 personas”, escribe el American Immigration Council. “Esa capacidad también se ha incrementado con nuevos centros de detención gestionados por el Estado, entre ellos el tristemente célebre centro ‘Alligator Alcatraz’, el primer centro de detención de inmigrantes de un estado que no funciona bajo contrato con el ICE”.
Las “prisiones zombis”
El ICE contrata a empresas privadas. En marzo, firmó un contrato con GEO Group para que reabriera una prisión que había sido cerrada en la zona rural de Michigan. Se ha acuñado un término para todos estos lugares abandonados que vuelven a abrir debido a la demanda de plazas: las "prisiones zombis". A finales de agosto, el grupo CoreCivic abrió un “centro de tratamiento” en California, en un lugar que hasta 2023 albergaba una prisión de ese estado. Tiene una capacidad de 2.560 camas, lo que lo convierte en el mayor centro de detención del ICE.
De 40.000 detenidos a la llegada de Trump en enero de 2025, ha pasado a una cifra récord de 73.000 a mediados de enero de 2026.
Debido a la ofensiva antiinmigración, caracterizada por la multiplicación de redadas y operaciones, se observan cada vez más detenciones, incluso de personas que no han cometido ningún delito y que tienen la nacionalidad estadounidense. El objetivo, contrariamente a lo que se proclama, no es combatir la delincuencia, sino presionar a los migrantes que han iniciado los trámites de asilo para que renuncien a ellos y abandonen el país voluntariamente, instaurando un clima de terror.
Este sistema se ha vuelto aún más opaco después de que la Administración Trump limitara toda supervisión interna y externa. En primer lugar, cargando contra los organismos de control interno cuya tarea era velar por que los detenidos fueran tratados con dignidad. Ante el escándalo provocado en marzo de 2025 en el Congreso por el anuncio de la supresión de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) del Departamento de Seguridad Interior y de la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes (OIDO), Trump dio marcha atrás. Pero recortó el personal: el primer organismo pasó de 150 empleados a 22, y el segundo, de 110 a 10, impidiéndoles trabajar con eficacia. A continuación, se imposibilitó a los congresistas realizar visitas sorpresa a las instalaciones gestionadas por el ICE.
En un artículo publicado el 13 de enero, especialistas en políticas de inmigración señalan que, en un año, la Administración Trump ha “puesto en marcha algunas de las reformas migratorias más profundas de la historia moderna, y la Administración dispone de tres años para amplificar su impacto”. “Queda por ver si estos cambios serán solo un paréntesis o una transformación radical del futuro del país”, concluyen.
En 2025 murieron 32 personas en los centros de detención del ICE, lo que lo convierte en el año más mortífero desde 2004. Otro triste récord batido por la Administración Trump.
La Casa Blanca evita disculparse por llamar "asesino" y "terrorista" al hombre tiroteado por el ICE
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No obstante, los objetivos presidenciales no se han cumplido. El Departamento de Seguridad Nacional anunció en diciembre que se había deportado a 622.000 personas indocumentadas, muy lejos del millón prometido por Trump. Durante el último año del mandato de Joe Biden, su predecesor, fueron repatriadas a sus países 778.000 personas.
Traducción de Miguel López