Tiene 33 años de experiencia primero como profesor y después como catedrático de Derecho Procesal, puesto que ejerce en la Universidad Complutense de Madrid. Julio Banacloche, uno de los 12 candidatos a una plaza de magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, reúne todos los requisitos legales para cubrir esa vacante. El candidato ha mostrado en diversos actos públicos y apariciones en medios un fuerte perfil religioso y conservador con opiniones contrarias a iniciativas bandera de la izquierda como la ley trans, el aborto o la eutanasia. También a la exhumación de Franco de Cuelgamuros. En febrero de 2025 participó en unas jornadas jurídicas organizadas por el PP en las que criticó al Constitucional por avalar todas las iniciativas del Gobierno: "Da igual lo que apruebe el Congreso porque va a pasar el filtro del TC". En 2012 llegó a afirmar que los católicos "pueden desobedecer leyes contrarias al Derecho Natural".

Además de Banacloche, al puesto concurren otros 11 aspirantes que ya han pasado el filtro de la comisión de calificación. Ahora será el Pleno el que tendrá que elegir al nuevo magistrado. Conservadores y progresistas, con 10 vocales cada uno en el órgano de gobierno de los jueces que preside Isabel Perelló, tendrán que pactar un nombre para alcanzar la mayoría de tres quintos (13 votos) que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige para la cobertura de la plaza. El catedrático ya optó en 2019 a otra vacante en el Supremo –en la Sala de lo Civil– que finalmente no logró obtener y ha sonado en varias quinielas al Tribunal Constitucional en los últimos años.

El procesalista de la Complutense participó el pasado febrero en las jornadas denominadas Contra la impunidad, organizadas por el PP en el Congreso de los Diputados, a las que también acudieron otros juristas conservadores como el exmagistrado del Supremo y el Constitucional Jorge Rodríguez Zapata, la presidenta de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y jueza decana de Madrid, María Jesús del Barco, entre otros. La jornada, inaugurada por el presidente del partido Alberto Núñez Feijóo, y clausurada por su portavoz parlamentario, Miguel Tellado, sirvió para criticar las principales iniciativas del Gobierno y el PSOE en materia judicial.

La intervención de Banacloche (aquí el vídeo, tercera hora, minuto 10,39) se centró, sobre todo, en la proposición de ley del PSOE –presentada por esas fechas pero finalmente retirada– para limitar la acción popular. El profesor se mostró contrario a la iniciativa del grupo parlamentario socialista por considerar que estaba diseñada para acabar con los casos que afectan al Gobierno. El académico se refirió a esa figura como "el elemento que ha servido de contrapeso" a un Ministerio Fiscal con "un nivel de desprestigio muy grande". Banacloche también se mostró contrario a que sean los fiscales y no los jueces de instrucción los que instruyan las causas penales, como prevé el proyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal del actual Gobierno, una iniciativa que también ha defendido el PP y fue propuesta en su momento por los Ejecutivos de Mariano Rajoy.

Por último, cargó contra el Tribunal Constitucional. "Algo hay que hacer", dijo, "porque esto es como el caso Negreira [el escándalo de los supuestos sobornos del FC Barcelona a los árbitros] pero en derechos y libertades". El profesor aseguró que cualquier cosa aprobada por el Congreso pasa el filtro del TC, algo que, aseguró "no ha pasado nunca en la historia del tribunal". En el turno de preguntas, cuando le preguntaron por las amenazas del Supremo a la mayoría progresista del órgano de garantías sobre la posibilidad de actuar contra sus magistrados por prevaricación, afirmó: "La propia Constitución establece que todo el mundo está sujeto a responsabilidad (...) también los magistrados del Constitucional. Luego afirmó que sentía "cierta esperanza" porque la próxima renovación parcial del órgano corresponde al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta.

Además de esos planteamientos conservadores expuestos en el acto del PP, el aspirante a magistrado de lo penal del Supremo nunca ha ocultado sus principios ideológicos y religiosos. "Un católico debe desobedecer las leyes contrarias a la ley natural", es decir, a su propia religión, dijo en una conferencia en el Colegio Mayor Belagua de la Universidad de Navarra en 2012. "Si una ley va en contra del derecho natural", un concepto filosófico que se refiere a un conjunto de supuestas normas y principios que los católicos identifican con los de la Iglesia, "un jurista católico no la puede reconocer como verdadera ley, aunque formalmente esté aprobada", añadió, según recogió entonces el sitio web de contenido religioso Catholic.net.

En 2023, en una entrevista en la revista católica Omnes, se refirió al anterior Gobierno de PSOE y Podemos como "factoría de ingeniería social" y criticó la ley trans como "una regulación desproporcionada, ideologizada y contraria a la ciencia, a la lógica y a la seguridad jurídica y social más elementales·. "Nadie entiende que una persona pueda cambiar de sexo simplemente con decirlo en la ventanilla del Registro y aprovecharse a partir de ese momento de las ventajas atribuidas al nuevo sexo", añadió. En el coloquio también cargó contra el aborto, en el que, dijo, no importa nada "ni el padre, ni mucho menos el hijo que se aborta"; o la eutanasia, en la que no se tiene en cuenta a "los familiares" del que expresa su deseo de morir. En 2019, además, publicó un artículo en El Mundo en el que criticaba la exhumación de Franco.

La Sala de lo Penal del Supremo cuenta con 15 miembros, de los que solo tres son mujeres. Los criterios aprobados por la comisión de igualdad del CGPJ para aplicar la ley de paridad señalan que ese reparto equitativo entre sexos debe darse en cada sala, lo que indicaría que el puesto tendría que corresponder, en principio, a una magistrada. Los vocales conservadores, sin embargo, ya han avanzado que vetarán a una de las candidatas a la que señalan por su cercanía al PSOE y a Pedro Sánchez. Se trata de la catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Silvina Bacigalupo. Bacigalupo formó parte del equipo que asesoró a los socialistas para elaborar el programa con el que concurrieron a las elecciones de 2015.

Hay que reconocer que Feijóo tiene a veces buenas ideas. La ocurrencia del registro de pirómanos sería fantástica si en lugar de incendiarios se crea un Registro Nacional de Impresentables, para tenerlos identificados y evitar que sigan haciendo daño, con lamentables consecuencias. No hay día sin que un inútil intoxique más que el humo de los incendios y otros tantos salgan a defender su inacción. 

Con la lógica indignación de los bomberos forestales y los distintos servicios de emergencias que han participado en sofocar los incendios, la reentré ha llegado, estrenando temporada el señor que debería encabezar el registro de impresentables. Para desviar la atención de la nefasta gestión de los barones del PP mientras España ardía, pidió al Rey que no acudiera a la apertura del año judicial, tratando de crear un fuego institucional al más alto nivel. Dando a entender que Felipe VI sería cómplice del Gobierno democrático de Pedro Sánchez si presidía el acto. Y todo porque un juez, sin base sólida para encausar al Fiscal General del Estado, ha servido de brazo ejecutor a Miguel Ángel Rodríguez, convirtiendo al defraudador confeso y novio de Ayuso en víctima del fiscal. 

La realidad es que Feijóo se quedó solo en el plante al Rey. Nadie le echó de menos. Y encima resultó desdibujado en el acto de Ayuso al que acudió de segundón, eclipsado por la presidenta, que se comportó como la maestra que felicita al alumno por haber recitado bien la lección que le enseñó. En el acto, todo transcurrió según lo previsto, el Fiscal General defendiendo su presencia y la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, blandiendo la balanza de la Justicia con discurso idéntico al de la derecha sobre el sacrosanto criterio de los jueces y una supuesta independencia que hay que respetar, porque ellos tienen derecho a manifestarse contra el Gobierno y criticarle en distintos foros, pero son intocables. La advertencia final le valdría un lugar de honor en el Registro de Impresentables: “A pesar de las descalificaciones, el Poder Judicial no va a desviarse de su camino de rectitud”. Vamos, que seguirán por la senda de rectificar lo que no se logró en las urnas. 

En esta espiral de impresentables, un señor con pinta de haber escapado de La escopeta nacional o del cómic Martinez el facha ridiculizaba el jueves pasado en el Congreso a las personas que deciden cambiar de sexo y las leyes de violencia de género de paso, invitado por Vox. Su intervención fue tan loca, que lo veías claramente disfrazado de mujer diciendo “Soy mujer, me llamo Francisca Javiera y soy mujer”. Puede que este ex magistrado del Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se imagine a sí mismo travestido, de ahí la obsesión rijosa que manifestó de colarse en los vestuarios femeninos cambiando de identidad a su antojo. Hasta los diputados de Vox que le habían invitado se quedaron sorprendidos. Desde que algunos jueces se han quitado las caretas, da gusto verles en acción. Un auténtico remake de los tiempos de la dictadura. 

Ya no se lleva guardar las apariencias, eso que durante años se le ha dado tan bien a los que justo ahora presumen de expresarse sin filtros por muy salvajes que sean sus postulados. La moda es acusar a los mal llamados Menas de provocar los incendios, porque corre el rumor, por ejemplo. Cuando ves a Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta), Tim Cook (Apple), Sam Altman (Open AI) o Sundar Pichai (Google) escenificar el reverencial agradecimiento a Trump sentados en la misma mesa esta semana pasada, se entiende mejor la propagación de las mentiras que están propiciando el veloz avance de la ultraderecha en el mundo. 

Es difícil que a estas alturas no lo sepáis, pero la semana pasada se cumplieron 20 años tanto de la aprobación como de la entrada en vigor del matrimonio igualitario en España. Una efeméride que el Gobierno del país ha celebrado de manera repetida durante los últimos días, recordando el trabajo de activistas históricos y el papel de personalidades como Pedro Zerolo o el en aquel momento presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Las semanas de celebración también han ido acompañadas de cierto debate entre muchos de los activismos queer más alejados de las corrientes “asimilacionistas”. Al fin y al cabo, el debate sobre si el matrimonio igualitario debía ser una reivindicación del colectivo, según narran las propias activistas históricas, nunca tuvo obtuvo una postura unánime. ¿Fue un avance sin precedentes que integró a gran parte de la comunidad LGTBIQ+ en la mente colectiva del país? ¿O por el contrario una forma de amoldarnos al sistema que calmó la parte más rabiosa y más visceral delos espacios más rupturistas de la lucha del colectivo?

Una cosa que es importante entender es que la lucha de activistas históricas en los años 90 por la legalización del matrimonio igualitario no siempre vino desde el deseo de estas de poder formalizar sus relaciones, tradicionales y monógamas, para poder asemejarse más a las cisheterosexuales. Muchas de estas activistas realizaron esta lucha con un objetivo muy distinto: que no naciera una sola persona más en este país que, al crecer y darse cuenta de que no era heterosexual, no tendría los mismos derechos que el resto de españoles. En definitiva, equipararnos al resto y convertirnos en ciudadanas de primera, y no de segunda. O matrimonio para todos o matrimonio para nadie. 

Celebro y agradezco a todas esas personas que pelearon tantísimo para ponernos en el centro, bien visibles, y que la gente empezase a leernos de una manera más amable, más integradora. Recuerdo a Boti García Rodrigo, activista histórica y quien fuese directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad la pasada legislatura, contar emocionada en un documental cómo notó el cambio en la sociedad gracias al matrimonio igualitario. En Nosotrxs somos (RTVE Play) narraba cómo un taxista que la llevaba, al oír hablar en la radio sobre el tema, le decía que no entendía el problema, que si esas personas solo querían ser igualadas en derechos, ¿por qué no se les iba a conceder? Un cambio en la mente colectiva que suponía una ruptura con una herencia de décadas de nuestra historia manchadas por la Ley de Vagos y Maleantes y la de Peligrosidad y Rehabilitación Social. 

La importancia del matrimonio igualitario para la percepción y, por tanto, la seguridad de las personas del colectivo parecía clara. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿qué nos toca a continuación? Porque celebrar está muy bien, pero, al mismo tiempo, es imperativo no dejar que la celebración haga que parezca que con eso lo conseguimos todo. 

Ya no es que en la actualidad tengamos otros retos pendientes: es que directamente hay retos que siempre han estado ahí. 

Recordemos que la institución matrimonial en un inicio nace con tres objetivos: garantizar la filiación de hijos, la subordinación de la mujer y la transmisión de propiedad mediante herencia. Tiene en sus inicios una intención de mantenimiento de un sistema económico y productivo. De hecho, en los primeros activismos LGTBIQ+ –como por ejemplo en el manifiesto del Front d'Alliberament Gai de Catalunya de 1977– se pedía la abolición del matrimonio, no el matrimonio igualitario. Lo que se pedía era que el Estado no pudiera establecer de forma legal cómo debíamos relacionarnos sexual y afectivamente. 

Las reivindicaciones y la forma en la que hacemos lo que podemos en el sistema en el que vivimos cambian. Pero me gustaría que aprovechásemos más estas fechas para recordar a mucha gente que las realidades LGTBIQ+ no solo son respetables si imitan las realidades tradicionales cisheterosexuales. Si nos agrupamos de la misma manera, somos parejas monógamas, con un adosado, un perrito (o comprando un niño, si resulta que la pareja tiene mucho dinero y pocos escrúpulos). 

Muchas personas disidentes sentimos que si no lo hacemos, si no nos adaptamos a la vida organizada de manera tradicional que se espera de cualquier “buen ciudadano cisheterosexual”, nos van a llamar “desagradecidas”. “Encima que les dejamos ser como nosotros, y van y no quieren hacerlo. ¿Qué pasa, que se creen mejores? ¿Veis como son ellos los que no se quieren adaptar?”. Parece que todo vaya de conseguir que cambiemos el hecho de ser las personas que somos, de una manera o de otra.  

Está bien celebrar, pero siempre recordando a quienes no encajan. A las no monógamas, a las promiscuas, a las que se relacionan de manera diferente. Y sobre todo a las personas trans, que son el principal objetivo de las estrategias de odio a nivel mundial, y para las que la Ley de Matrimonio Igualitario no significó un cambio en sus vidas ni en su percepción. Porque ser LGTBIQ+ no va de amar; va de ser. 

También de celebrar, pero, ¿por qué no aprovechar para recordar que la manera en la que se atacó la ley de matrimonio igualitario es igual a como se ataca ahora la ley trans? ¿Hemos olvidado los ataques constantes de la derecha política y mediática de este país? ¿Hemos olvidado cuando el Poder Judicial comparó la boda entre dos hombres con “la boda entre un hombre y un animal”? ¿Hemos olvidado que dijeron que los hombres se iban a casar entre ellos para hacer la gracia, que se iba a hacer fraude de ley para ganar ventajas fiscales? ¿Que el matrimonio dependía de cuestiones biológicas porque iba de reproducirse, así que no se podía llamar matrimonio a la unión entre dos hombres? 

Quienes estaban en contra del matrimonio igualitario eran los mismos que ahora se oponen con tanto ahínco a la ley trans con los mismos argumentos. Y la historia nos ha demostrado cómo esas críticas no tenían sentido alguno, exactamente igual que las que hacen ahora. ¿Por qué no usamos esa arma para dar el siguiente paso: blindar la seguridad y los derechos de quienes, por desgracia, siguen en los márgenes?

Celebrar está muy bien. Y celebro también con vosotras. Pero quizá, mientras celebramos, podamos pensar en nuestros próximos objetivos. En dar pasos en la lucha contra el discurso de odio. En garantizar la seguridad de las personas trans y de las que no encajan en los moldes tradicionales. Y, quizá, y aunque a algunos les suene marciano, en expandir el concepto de matrimonio, de relación y de familia. Para que podamos elegir de forma consciente a las personas con las que queremos compartir, a quienes queremos que estén ahí si nos pasa algo, si estamos enfermas. Para poder querernos, relacionarnos y cuidarnos de una forma más libre. Que es algo con lo que salimos ganando absolutamente todo el mundo. 

Celebrar, siempre. Pero con los ojos bien puestos en lo que se viene. 

Las discrepancias entre los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) en torno a la ley trans, especialmente en la mayoría progresista, han hecho que el primer debate sobre esta norma haya acabado este miércoles sin acuerdo, de modo que el ponente cambiará algunos aspectos de su borrador antes de llevarlo de nuevo al pleno.

Como era previsible, no ha habido consenso entre los magistrados de la corte de garantías respecto al borrador elaborado por el progresista Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, que propone avalar los principales aspectos de la ley y declarar inconstitucionales dos infracciones disciplinarias, y que no se ha llegado a votar en el pleno.

Campo seguirá al frente de la ponencia que debe dar respuesta al recurso que el PP presentó contra la norma, si bien, según informan a EFE fuentes jurídicas, realizará algunas modificaciones que recojan las sensibilidades mostradas por sus compañeros en el pleno celebrado esta semana. Tras introducir esos cambios y reflexiones, el magistrado volverá a llevar la ponencia a próximos plenos para volver a debatirla, algo que las fuentes no ven inmediato, dado que lo que se pretende es alcanzar un consenso mayoritario.

Culmina así la primera deliberación sobre el recurso del partido de Alberto Núñez Feijóo contra la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, aprobada en 2023, que también fue recurrida ante el Constitucional por Vox.

Las fuentes consultadas por EFE ya consideraban el martes, cuando comenzó el debate, que la primera aproximación sirvió para constatar las "importantes" diferencias que existen en torno a la norma, especialmente entre la mayoría progresista. En la mayoría progresista confluyen distintas sensibilidades y pensamientos feministas que discrepan de varios aspectos de la norma, algo que ya sucedió en la tramitación de la ley, que partió en dos al movimiento feminista.

Los puntos más conflictivos derivan de las definiciones sobre el sexo y el género y toda la polémica sobre los derechos de las personas trans e intersexuales.

El PP ve un disparate la actual normativa trans, que reconoce la voluntad de la persona como único requisito para cambiar de sexo en el registro a partir de los 16 años y que también Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Advierten los populares sus consecuencias lesivas sobre todo en los menores, denuncian que la normativa puede ser un nuevo 'sí es sí' y señalan que hay países dando marcha atrás a este tipo de normativas que reconocen la autodeterminación de género.

He decidido dejar pasar el 8 de marzo. Podría haber escrito algo con anterioridad, pero tal y como está el patio bien pudiera haber ocurrido que alguien me hubiera acusando de ser un agente encubierto del machismo patriarcal y misógino, o aún peor, del feminismo transfóbico.

A fin de cuentas, en ciudades como Madrid, la división de las manifestaciones del 8-M, una por la mañana y otra por la tarde, proviene de un agrio debate en el que abundan incomprensibles palabras como transfobia, cisgénero, binarios y no binarios, malgenizar, deadnaming, queer, salir del clóset, transicionar y otros muchos términos en los que hace tiempo que me he perdido. Imagino que no soy el único. 

Vengo de un tiempo en el que todo parecía mucho más sencillo, aunque probablemente no lo fuera. La mitad de los seres humanos eran hombres y la otra mitad mujeres. Los desarrollos variados de las civilizaciones habían ido conduciendo al mismo escenario en el que los hombres ostentasen un papel privilegiado y las mujeres un papel laboral, social y culturalmente secundario.

Un escenario en el que abunda la violencia de género, la opresión de la mujer y que determina las brechas salariales, educativas, de condiciones de trabajo y las distintas maneras de asumir las responsabilidades en las labores de mantenimiento, gestión familiar, atención a los hijos y a las personas dependientes.

Esa desigualdad entre mujeres y hombres hizo que gobernar desde un país a un ayuntamiento fuera durante siglos tarea de hombres, o que trabajos especialmente penosos fueran desempeñados por mujeres y niños, en largas jornadas laborales. Hizo que las mujeres no pudieran comprar, vender, denunciar, sin permiso de sus maridos. Hizo que las asociaciones de vecinos fueran, durante el franquismo, asociaciones de ‘cabezas de familia’.

Muchos chicos de mi generación, durante la famosa y denostada Transición, entendimos que no era justo el reparto de tareas que se nos había sido asignado. Entendimos que la lucha por la igualdad debía ser protagonizada por las mujeres, pero que era cosa de toda la humanidad y, sobre todo, que las lavadoras, la limpieza, el cuidado de los niños, las idas y venidas al colegio, la compra diaria, debían ser tareas compartidas. 

No se trataba de ayudar en casa. No se trataba de echar una mano a la “parienta”. Se trataba de ser compañeras y compañeros, con las mismas responsabilidades. Se trataba de remover las desigualdades laborales que determinaban que trabajos con las mismas competencias y tareas fueran etiquetados con categorías distintas y pagados de forma desigual. 

Asumíamos el feminismo, como asumíamos la lucha de clases, las diferencias determinadas por el origen social y las discriminaciones que hacían que unos fueran propietarios y los demás trabajadores a su servicio, proletarios. En el peor de los casos, lumpemproletariado, sin oficio ni beneficio, sin formación, sin trabajo, sin sueldo, fácilmente dominable y manipulable por las clases capitalistas. Todo parecía mucho más sencillo. 

Ya entiendo que las cosas se han complicado bastante desde entonces. Que las clases sociales han desaparecido del imaginario colectivo y que hablar de la lucha de clases es como mentar la soga en casa del ahorcado. Ya entiendo que nada es lo que era. 

Hasta los partidos que hicieron todo lo posible para heredar los votos acarreados por la revuelta del 15M, acabaron por concluir que ya no había derechas ni izquierdas, sino conglomerados de intereses diversos, distintos, líquidos, cambiantes y, a menudo, intercambiables. 

No entiendo gran cosa del debate suscitado en torno al 8M, aunque tengo mis convicciones en torno a la prostitución, en torno a la ley Trans o a los vientres de alquiler. Reconozco que, en estas cosas, mi visión es más bien clásica. No me gusta la prostitución gobernada por proxenetas. No me gustan los vientres de alquiler. Cosas así.

Lo que sí entiendo es que, mientras andamos perdidos en el debate de galgas y podencos, las manadas siguen sueltas y hasta ven reducidas sus condenas. Lo que sí entiendo es que, perdidos en el debate de las palabras y los conceptos, muchas personas han desistido de entender nada y crece en las encuestas el número de quienes manifiestan que lo que llaman “feminismo” está yendo demasiado lejos, hasta el punto de que los discriminados son ahora los hombres.

Uno de cada cuatro opina ya que el feminismo, a estas alturas, hace más mal que bien. Opiniones que conviven con la conciencia de las desigualdades persistentes y de la exposición mediática a contenidos sexistas y misóginos. Todo lo cual me hace pensar que no todo está perdido.

Tal vez deberíamos darle una vuelta ahora que aún estamos a tiempo y decretar una tregua en torno al 8M, para volver a coincidir en lo esencial. En torno a la bandera de la lucha por la igualdad, contra la discriminación de las mujeres y afrontar la tarea de promover una sociedad que remueva todo tipo de discriminaciones. 

Por lo pronto, las mujeres de mi clase, mayoritariamente mujeres adultas, venidas de Marruecos o de alguno de los 115 países que han llegado a Parla, han leído el libro Trampa de fuego, que evoca aquel terrible incendio de la fábrica textil Triangle de Nueva York, en el que murieron 146 personas, entre ellas 126 mujeres, emigrantes italianas, del Este de Europa, judías, jóvenes.

En estos días, hemos comenzado una lectura teatralizada, o un teatro leído, de La casa de Bernarda Alba. Se me ocurre que, tal vez, deberíamos volver a crear uno, diez, cien puntos de encuentro, donde hablar, pensar en voz alta, reflexionar, debatir sobre la igualdad que nos abandona, sobre el feminismo que necesitamos y sobre el futuro que deberemos conquistar, antes de la inevitable tormenta.

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Francisco Javier López Martín fue secretario general de CCOO de Madrid entre los años 2000 y 2013.

El Ministerio de Igualdad ha abierto expediente para investigar la denuncia de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión sobre la celebración de talleres para cambiar la orientación sexual en siete diócesis españolas y determinar si deben ser sancionadas, informa EFE.

El departamento dirigido por Ana Redondo ha informado este martes en un comunicado de que va a analizar el contenido de la denuncia para estudiar las acciones que impulsará en el marco de sus competencias. El Ministerio ha recordado que las terapias de conversión de la orientación o la identidad sexual están prohibidas por ley y son prácticas que deben ser objeto de sanción.

En concreto, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+ establece que las terapias de conversión entran en la categoría de "sanción administrativa muy grave", cuyas multas van de 10.001 a 150.000 euros. "La promoción o la práctica de métodos, programas o terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, ya sean psicológicos, físicos o mediante fármacos, que tengan por finalidad modificar la orientación sexual, la identidad sexual, o la expresión de género de las personas, con independencia del consentimiento que pudieran haber prestado las mismas o sus representantes legales", indica la ley.

Será la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ la competente para incoar este expediente, ya que los hechos han tenido lugar en varias comunidades autónomas. Fuentes de Igualdad han precisado que las sanciones muy graves deben pasar por Consejo de Ministros.

Igualdad ha hecho pública la apertura de este expediente después de que la ministra se haya reunido con el presidente de la Asociación Española contra las Terapias de Conversión, Saúl Castro. Esta asociación ha denunciado ante Igualdad a siete diócesis por convocar y acoger charlas que promueven terapias de conversión de la homosexualidad impartidas por la empresa Media Salud Comunicación S.L. y su administradora única, Marta Sanz Lovaine, que difunden su mensaje en parroquias, entrevistas en medios de comunicación y documentales.

Las diócesis denunciadas son Valencia, Madrid, Barcelona, Málaga, Getafe, Alcalá y Sigüenza-Guadalajara, así como los sacerdotes de alguna de las parroquias de las que se tiene constancia que acogieron estas charlas durante 2023.

El director general para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, Julio del Valle, ha destacado en el comunicado de Igualdad la necesidad de "abrir un debate social sobre lo que significan las terapias de conversión, que niegan la identidad de las personas y/o su orientación sexual" y general graves daños en las personas LGTBI+. "Pueden acarrear consecuencias psicológicas a lo largo de toda la vida, afectando a su vida afectivo-sexual", ha subrayado. 

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Sevilla y el Juzgado de lo Penal 3 han emitido sendos escritos en los que se oponen a la concesión del indulto al maltratador de su exmujer que se cambió de género para eludir una condena tras una sentencia en firme que data de septiembre de 2023. En un comunicado, el abogado que representa a la víctima, José Antonio Sires, de Sires Abogados, ha indicado que en los dos textos, remitidos a EFE, se refleja que la persona condenada por estos hechos ha mostrado una continúa actividad delictiva en los últimos años que se refleja en varias condenas y procesos abiertos.

El Juzgado de lo Penal dictó el pasado octubre una orden de busca y captura para el ingreso en prisión del hombre, antes llamado Cándido y actualmente una mujer de nombre Candy tras su cambio de género en el Registro Civil, condenado a 15 meses de cárcel por agredir a su pareja de forma continuada, en una sentencia que es firme.

Frente a la petición de indulto, la Fiscalía indica, entre otros argumentos, que la víctima se ha opuesto a esa medida de gracia, además de que “la penada no se encuentra a disposición del Tribunal", y concreta que, a pesar de que tiene contra su persona una petición de entrada en prisión sin más retrasos, "ha dilatado el proceso de forma reiterada, mostrando una nula colaboración con la Justicia", detalla el abogado.

Recuerda además la Fiscalía que la reinserción o rehabilitación “que alega la penada no es la finalidad única de la pena, la cual no puede dejar de cumplirse, en este caso, para hacer efectivo el carácter aflictivo de la pena en cumplimiento de su finalidad de prevención general y especial. Las penas también deben cumplir otras funciones, además de la de resocialización, como son la prevención general y la prevención especial en aras a evitar la reiteración de hechos similares”, lo que no se da en este caso.

Por su parte, la titular del juzgado 3 recuerda que la persona que pide el indulto “ha sido condenada en varias sentencias anteriores y posteriores por delitos de atentado, hurto, violencia familiar y otros..”, con lo que “se infiere que las distintas penas que le han sido impuestas no han servido para frenar su trayectoria delictiva en la que ha seguido inmersa”.

El actor Álex Silleras confiesa que, cuando entra en un baño público, tiende a sostener su mano sobre la puerta, para impedir que alguien entre. "Aunque haya pestillo", dice. Cree, además, que no hay suficiente investigación sobre los medicamentos que las personas trans toman cuando hacen su transición. La actriz Laura Corbacho asiente cuando le escucha. Ella misma lo sufre en sus carnes. Igual que la "ansiedad" que le da entrar en el Metro. O la "depresión" que ha sufrido por ser quien es. "No quiero tenerla", dice. Han pasado casi dos años desde que se aprobó la ley trans en nuestro país y la vida de la T de las siglas LGTBIQA+ ha cambiado. Pero no lo suficiente.

Los dos actores lo denunciaron de forma tajante este lunes durante la celebración del foro infoLibre Octubre Trans, en el que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, celebró entrevistada por el director del periódico, Daniel Basteiro, que la ley "está cumpliendo". "Es una norma muy positiva que ha resuelto situaciones muy problemáticas de miles de personas", dijo. El acto contó con el discurso de bienvenida del director editorial de infoLibre, Jesús Maraña, y la moderación de la subdirectora, Marta Jaenes, de la mesa de debate con los y las activistas.

Según las propias cifras de Igualdad, en poco más de año y medio un total de 5.900 personas han solicitado el cambio de sexo, de las cuales el Registro Civil ha denegado 85 solicitudes (1,44 % del total) y se han producido ocho desistimientos y cinco expedientes han caducado sin culminarse la modificación registral. Dicho de otro modo, era un texto necesario. Y que no ha provocado ese "apocalipsis" que muchos la avecinaban.

Fue incluso desde la misma confección de su borrador. Los augurios eran los peores. Y desde varios planos. Uno fue el social, plasmado a través de una brecha todavía viva dentro del movimiento feminista que enfrenta a un sector que alerta de las consecuencias simbólicas y materiales de diluir el sujeto mujer con una corriente que se reivindica transinclusiva y que apela a las reivindicaciones de las mujeres trans como parte de su agenda propia. El otro, el jurídico, que introdujo la posibilidad de un posible fraude de ley que todavía hoy sobrevuela a la norma pero que no es tal. "Eso se ha reducido a casos muy mediáticos que han respondido a una estrategia de desprestigio de la normal", criticó Redondo. "Tenemos casos concretos que hay que analizar con profundidad y ver si con la ley actual se pueden paralizar, que yo creo que sí", subrayó.

Y con ella coincidieron todas las voces presentes. La de Silleras, la de Corbacho y la de la presidenta del Consejo de participación de las personas LGTBI, Marina Echebarria. "Toda la tramitación fue un proceso muy angustioso porque además los defensores de la norma no tuvimos el mismo altavoz mediático que aquellos que estaban en contra", lamentó. Y que pretenden, criticó, devolverles a la "marginalidad" más cruel. "Han buscado convertirnos en la población negra de la Alabama de los años 50", denunció.

Según el análisis realizado por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA) sobre los datos de la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) realizada en 2019, más de un tercio de personas trans y no binarias (35,96%) había sufrido agresiones físicas o sexuales. El 24,14% de ellas, al menos dos veces.

Pero, ¿por qué ocurre así? Según ILGA, Las mujeres trans identifican en mayor medida la transfobia como raíz de las agresiones, ya que el 66% lo indica así. Extrapolada la pregunta al colectivo en general, el 47% señala la LGTBIfobia como base de la violencia. Y la transfobia tiene un origen muy concreto. A juicio de Redondo, España está viviendo un claro "retroceso" en materia de derechos. Puso de ejemplo la reforma que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo de la ley trans madrileña, algo que, en sus palabras, era una "reacción" a la legislación estatal. "Querían aprovechar políticamente esa ventana de oportunidad", apostilló la ministra, que está convencida de que el gobierno de Ayuso "le ha visto las orejas al Tribunal Constitucional".

En cualquier caso, es la "extrema derecha" la principal responsable, a juicio de Redondo. "Tienen un paquete de odio siempre dirigido contra las mismas personas: las mujeres, los migrantes y el colectivo LGTBI", lamentó. Y este cala sobre todo, señaló, en los más jóvenes.

Por eso es importante la educación. Así lo recordó la presidenta de Chysallis, la asociación de familias de infancias y juventudes trans, Encarni Bonilla, que lamentó que todos los protocolos y herramientas de las que se disponen en los colegios e institutos son meros papeles guardados en un cajón hasta que se produce un caso de acoso o discriminación. "Todavía no se ha normalizado la diversidad. No hay que aplicar los documentos cuando se necesitan, sino informar y formar antes. Hacer de cualquier centro educativo un lugar seguro para niños, niñas y niñes sin necesidad de que pase algo antes", dijo.

Para eso hace falta compromiso. Y para el compromiso, presupuesto. "Hay que vencer las resistencias. Defender los derechos humanos a coste cero es muy bonito, pero es que cuesta dinero", sentenció Echevarría, que pidió que la próxima generación trans sea la primera que tenga una vida fuera de la marginalidad. "Tenemos derecho a estar en cualquier lugar de la sociedad", sentenció.

¿Qué falta todavía por conseguir a las personas trans en materia de derechos? Desde 2007, octubre se ha convertido en un mes para visibilizar y reivindicar la T de las siglas LGTBIQA+. El tercer sábado de este mes se celebra el Día Internacional de Acción por la Despatologización Trans. Es por ello que este mes, entre las personas del colectivo y aliadas, ya se conoce por Octubre Trans.

La desinformación y la falta de visibilidad provoca que este colectivo de personas aún enfrente una serie de retos en muchos aspectos de sus vidas, por ejemplo, las altas tasas de paro a las que están sometidas. El 55% de las personas trans y no binarias aseguran haber sido rechazadas directa o indirectamente en entrevistas de trabajo por su condición de género.

Para desmentir bulos entorno a las personas trans y dar visibilidad a sus historias, infoLibre acoge este lunes 28 de octubre el Foro Octubre Trans, a partir de las 17:00 horas, en la sede audiovisual del periódico, el Taller de Ideas. El acto se podrá seguir en directo a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra web.

El evento contará con la participación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la presidenta del Consejo de participación de las personas LGTBI, Marina Echebarria Sáenz; la actriz y activista, Laura Corbacho; y la presidenta de Chysallis, la asociación de familias de infancias y juventudes trans, Encarni Bonilla. En la mesa redonda se tratarán temas como los efectos de la ley trans, cómo contrarrestar las fake news sobre fraudes de ley y se expondrán algunas vivencias en primera persona baje el tema "adolescencia y transexualidad".

Un total de 5.900 personas han solicitado el cambio de sexo desde la entrada en vigor de la ley trans, de las cuales el Registro Civil ha denegado 85 solicitudes (1,44 % del total) y se han producido 8 desistimientos y 5 expedientes han caducado sin culminarse la modificación registral. Son cifras facilitadas este jueves por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha subrayado que "el dato rompe el relato" y que la ley trans se está aplicando con "normalidad" y está contribuyendo a facilitar la vida y aliviar el sufrimiento de personas con historias cargadas de frustración y dificultades.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Redondo ha asegurado que los encargados del Registro Civil "hacen bien su trabajo" y cuando sospechan de fraude de ley rechazan la solicitud de cambio de sexo. Ha denunciado que existen "organizaciones que con la clara estrategia de poner en cuestión la ley, tratan de promover el fraude": "El problema no es la ley, que en la inmensa mayoría de supuestos se aplica correctamente, el problema lo tiene quienes abusan de ella", ha dicho.

En este sentido, ha sostenido que quienes cometen fraude de ley se van a encontrar con dos problemas: van a tener que afrontar las consecuencias de los delitos derivados de actitudes violentas y enfrentarse al fraude de ley, prohibido por el Código Civil. Es en la persecución del defraudador y de quienes le alientan, ha exigido la ministra, donde hay que poner el acento. "Si hay fraude, se detecta, se denuncia y se interviene, como se hace con cualquier otra ley", ha afirmado, para añadir que existen "instrumentos suficientes" para garantizar que la norma se aplique correctamente.

Esos instrumentos son, según ha detallado, la propia ley que establece que un maltratador tendrá que responder a sus delitos de violencia de género aunque cambie de sexo, la actuación del Registro Civil y la intervención de la Fiscalía, que ha de velar por la correcta ordenación del ordenamiento jurídico.

Asimismo, ha apuntado, si el abuso llega a los tribunales, los jueces depurarán las responsabilidades. "El problema no es la ley, son los delincuentes, los machistas, los violentos y los defraudadores. Nuestra prioridad es proteger a las víctimas de violencia y avanzar en los derechos de las personas del colectivo LGTBI", ha concluido.

La presencia en los Juegos Olímpicos de París 2024 de Imane Khelif y Lin Yu-ting, dos personas consideradas por la Asociación Internacional de Boxeo (AIB) como “no elegibles” para participar en la categoría femenina de los pesos welter y pluma respectivamente, ha reavivado un viejo debate sobre la presencia de personas tradicionalmente conocidas como intersexuales en categorías deportivas en las que juegan con clara ventaja. 

Esa participación de personas con cromosomas XY ha contado con el apoyo del activismo transgenerista, incluido el mediático, que considera que todo espacio es susceptible de ser utilizado para validar identidades, aunque en el ámbito deportivo sea tan ostentosa la evidencia de que compiten con ventajas de partida que van mas allá de los altos niveles de testosterona. 

La cuestión es: ¿se debe permitir competir a una persona con cromosomas masculinos XY en las categorías deportivas femeninas o es injusto para las aspiraciones deportivas de las mujeres? 

El comunicado de la AIB fue concluyente tras constatar a través de los análisis cromosómicos que Khelif y Yu-ting no cumplen con los criterios de elegibilidad para estar en las competiciones deportivas femeninas. 

Cuando el COI permite la presencia de individuos con cariotipo XY en las categorías deportivas de las mujeres desprecia el principio de juego limpio que debe regir toda competición deportiva, rompe las reglas de la deportividad e introduce criterios que desvirtúan las verdaderas marcas y logros de las mujeres, poniendo en riesgo las aspiraciones de miles de mujeres deportistas.  

Que el COI se preste a poner en riesgo al deporte femenino puede responder a dos casuísticas muy diferentes:

La primera casuística es dar la oportunidad de competir a individuos con Diferencias de Desarrollo Sexual (o DDS, mal llamada intersexualidad). En el ámbito del deporte, una DDS es relevante si, sea cual sea su aspecto, el atleta tiene cromosomas XY, sus niveles de testosterona son típicamente masculinos y se ha desarrollado desde la pubertad con testosterona. En estos casos, la ambigüedad de los genitales puede derivar en que un varón sea inscrito incorrectamente como mujer al nacer, aunque biológicamente sea un varón.

El caso más conocido de 46XY DSD (Deficiencia de 5alfa Reductasa), es el de Caster Semenya, oro olímpico de atletismo femenino en 2012 y 2016 y oro en diferentes mundiales, que ha reconocido tener testículos internos y no tener útero, lo que implica producción de testosterona. Semenya insiste en que, a pesar de todo esto, es una mujer y exige competir contra mujeres. La Federación Internacional de Atletismo pone como condición a los atletas 46XY DSD rebajar su testosterona a niveles que estén en el máximo de los de las mujeres. En otro caso, estarían compitiendo con niveles que en el caso de las mujeres se considerarían dopaje.

Todo apunta a que Imane Khelif tendría la misma condición que Semenya, como han reconocido medios deportivos argelinos y como apuntan las decisiones de la AIB tras realizar los tests de sexo que provocaron la descalificación de quienes se han llevado dos oros olímpicos femeninos en 2024.

La segunda casuística es la de individuos XY que ya compiten en las categorías deportivas de las mujeres como consecuencia de las leyes de autodeterminación del sexo registral (las conocidas como leyes “trans”), normas que permiten a los varones que realicen un cambio administrativo de su sexo competir como mujeres. En España leyes autonómicas como la Ley Aragonesa 4/2018 permiten la participación de personas de sexo masculino autoidentificadas como mujeres “aunque la registrada no coincida con la identidad manifestada”.

En cualquiera de las dos situaciones descritas, desde un punto de vista estrictamente biológico, estaremos permitiendo que personas con cromosomas XY que gozan de todas las ventajas competitivas de los varones compitan contra mujeres.

Los hombres tienen más fuerza, más resistencia, mayor masa muscular y menor masa grasa, corazón y pulmones más grandes, más hemoglobina, mayor capacidad de oxigenación, etc. Estas características no desaparecen aunque los niveles de testosterona se reduzcan en la edad adulta. La huella de la hormona masculina permanece.

Entre otros, los estudios de Emma Hilton y Tommy Lundberg ponen de manifiesto que la brecha de rendimiento entre mujeres y hombres se sitúa entre el 10-50% según el deporte, y la supresión de la testosterona modifica solo –y de forma muy poco significativa– algunas de esas diferencias de rendimiento. La pérdida de masa corporal magra, masa muscular y la fuerza suelen representar aproximadamente solo el 5% después de 1 año de tratamiento.

La diferencia entre mujeres y hombres en los saques de tenis más rápidos registrados es del 20%, mientras que en los lanzamientos de béisbol y los arrastres de hockey sobre hierba superan el 50%. El rendimiento del salto vertical es, de media, un 33% mayor en los hombres que en las atletas de élite; las brechas van desde el 27,8% en los deportes de resistencia hasta más del 40% en los deportes de precisión y combate.

El puñetazo de un hombre es un 160% más potente que el de una mujer.

Cuando se defiende la presencia de varones en las categorías deportivas de las mujeres sin otro argumento que el de la inclusividad, o se priorizan los sentimientos sobre la realidad biológica (compiten los cuerpos, no las identidades sentidas), se destroza todo el sistema sobre el que descansa la existencia del deporte femenino. 

Como ha señalado estos días Jon Pike, presidente de la Asociación Británica de Filosofía del Deporte, es la ventaja fisiológica masculina lo que justifica la existencia diferenciada del deporte femenino, tanto en términos de equidad como de seguridad. La ventaja biológica masculina justifica las categorías deportivas separadas por sexo, de la misma forma, aunque por diferentes razones, que se justifican las categorías por edades e incluso, caso del boxeo, por peso. 

La propia existencia de unos Juegos Paralímpicos, que comienzan en unos días, señala claramente que no se puede permitir la competición deportiva en condiciones de desigualdad. Con los JJPP volverá la polémica, porque se hablará de la participación del atleta transfemenino Valentina Petrillo en las carreras femeninas de 200 y 400 m. Es bueno recordar que Petrillo arrebató injustamente el puesto a la atleta paralímpica española Melani Bergés.

Con ocasión de la polémica en el boxeo femenino, Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo, ha manifestado que “el deporte necesita preservar la categoría femenina (…); si no lo hacemos, ninguna mujer volverá a ganar un evento deportivo”.

¿Son necesarias nuevas categorías para garantizar la plena participación de todos en el deporte? Pues háganse. Pero si se usan las categorías femeninas para validar sentimientos, será el fin del deporte femenino, tanto el de élite como el de base.

La política de permitir que individuos XY compitan contra mujeres es parte de una política globalista que busca legislar para eliminar la categoría sexo de los registros administrativos. Las consecuencias para la estadística, la atención sanitaria y las políticas públicas que combaten la desigualdad “por razón de sexo” serán impredecibles. Es grave que a esa estrategia se haya sumado Thomas Bach, actual presidente del COI, pretendiendo que no se puede determinar de manera fiable y científica quién es mujer y afirmando frívolamente que confía más en un apunte registral del pasaporte, a pesar de que en algunos países ha pasado a ser un dato subjetivo, por haberlo hecho elegible.

Todas/os tenemos derecho a la práctica deportiva, pero el deporte es el espacio menos apropiado para la validación de identidades. 

Los medios de comunicación están llamados a contribuir de manera honesta en la reflexión de este problema, empezando por dejar de usar sinonímicamente “sexo” y “género”, aportando informaciones de los sólidos trabajos que en materia de rendimiento deportivo se han realizado en los últimos años y no participando de la estrategia de estigmatización de aquellas personas y organizaciones que alertan sobre las consecuencias de leyes cimentadas en la inseguridad jurídica. 

Manifestar esta preocupación no significa sostener posiciones excluyentes. Por el contrario, es una exigencia de que las autoridades deportivas trabajen para una solución justa que no implique sacrificar las aspiraciones y logros de las mujeres.  

Ángeles Álvarez y Lola Venegas forman parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres.

La Fiscalía ha pedido a la juez encargada del caso del ertzaina que intentó agredir a su mujer con un cuchillo el pasado sábado en San Sebastián que se inhiba a favor del Juzgado de Violencia de Género, teniendo en cuenta que la víctima ha denunciado episodios violentos por parte de su pareja antes de que este registrara su cambio de sexo en el Registro Civil.

Según ha informado a Europa Press el fiscal provincial de Guipúzcoa, Juan Calparsoro, el ministerio público oficializó ayer por la tarde un escrito por el que pedía al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital guipuzcoana que se inhibiera a favor del de Violencia de Género.

Aunque en un principio, al haber cambiado de sexo el ertzaina que intentó supuestamente agredir a su mujer el pasado sábado, tendría que imputársele un delito de violencia doméstica, el testimonio de la víctima sobre episodios similares que habría vivido con anterioridad ha llevado a la Fiscalía a considerar que todas las diligencias deben converger en una y que se trataría, por tanto, de violencia de género.

Hoy mismo, el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha explicado que los responsables de la Ertzaintza consideran que se ha cometido un delito de violencia de género. El agente, ahora mujer, ha sido apartado de servicio ante los "gravísimos" hechos delictivos que supuestamente habría cometido.

Será ahora el juzgado de instancia el que determine si, con los datos de los que dispone, decide su inhibición a favor del Juzgado de Violencia de Género o si sigue instruyendo la causa.

La Fiscalía pediría la nulidad del cambio de sexo del ertzaina que intentó agredir el pasado 17 de agosto a su pareja con un cuchillo y amenazó con dañar a sus dos hijas, si se demostrara que lo hizo con un fin ilícito para eludir la acusación de violencia de género, algo que de momento no le consta al ministerio público.

Según ha explicado a Europa Press el Fiscal provincial de Guipuzkoa, Juan Calparsoro, por ahora al constar la modificación de sexo del agente de la Ertzaintza, y por tanto, ser oficialmente una mujer, solo se le puede acusar de violencia doméstica.

En caso de que haya episodios anteriores de violencia sobre su mujer cometidos antes de su cambio de sexo -como parece deducirse de la declaración de la víctima, aunque no había presentado denuncias-, sí se le podría atribuir un delito de violencia género en esos supuestos concretos.

Calparsoro ha señalado que, de momento, por el intento de agresión con un cuchillo a su mujer del pasado sábado no se le puede acusar de violencia de género, sino de violencia doméstica, al constar que oficialmente es una mujer.

Ese cambio de sexo tendría aplicación a partir de la fecha que es oficial y no tendría efecto retroactivo. Por ello, si hubiera cometido delitos anteriores contra su pareja, sí se le podría imputar violencia de género en esos casos.

Juan Calparsoro ha precisado que el ministerio público no investiga si ha podido haber un fraude de Ley para eludir la acusación de violencia de género, con la modificación de sexo, pero sí se tendrá en cuenta para, en caso de que en la investigación se demostrara que el acusado lo hizo "con un fin ilícito", presentar una demanda ante un juez civil con el objetivo de pedir la nulidad de ese cambio de sexo.

Según ha apuntado, ahora no les consta que esto haya sido así, y ha subrayado que tampoco es fácil anular el cambio de sexo. En estos momentos, la Fiscalía se está centrando en la investigación del delito y la protección de las víctimas.

Juan Calparsoro también ha señalado que, aunque la mujer no había presentado denuncias anteriores contra él, de su declaración "se desprende" que "se podrían haber producido" episodios de violencia sobre ella antes.

De ser así, pedirían la acumulación de los hechos en un solo procedimiento, aunque será la autoridad judicial la que determine si accede a ello. El ertzaina se encuentra en libertad provisional, con una orden de alejamiento de la víctima.

Fuentes cercanas al agente acusado han señalado que este no había comunicado a familiares ni allegados su cambio de sexo, ni había modificado su nombre ni su forma de vestir.

El debate sobre el combate y la identidad de la boxeadora Imane Khelif ha mezclado demasiadas cosas, imagino que de manera interesada, para que cada parte pueda mantener sus posiciones y utilizarlas contra la otra.

Una cuestión es la identidad y otra la competición, y no creo que sea bueno para ninguno de los dos temas mezclar distintos elementos y, por ejemplo, defender la identidad sin considerar su posible impacto en la competición, como no lo es establecer una competición sin tener en cuenta circunstancias que la puedan afectar, estén o no relacionadas con factores asociados a la biología y a la identidad.

La competición deportiva está organizada sobre una serie de elementos que permitan su desarrollo en condiciones de igualdad para quienes participan en ella. Lo vemos en las diferentes categorías que se establecen, entre ellas la categoría basada en la edad (desde pre-benjamín, de 8 años o menos, hasta senior, de 20 años o más). También hay diferencias por el sexo, distinguiendo entre competiciones femeninas, masculinas y mixtas, por la participación individual o en equipos, por peso dentro de un mismo deporte, especialmente en las competiciones de lucha, por la presencia de alguna discapacidad que afecte a la práctica del deporte, referencia que ha llevado al desarrollo de todo el deporte paralímpico… Nadie puede ver en esa manera de organizar las distintas competiciones una forma de discriminación para quienes no formen parte de cada uno de los grupos definidos.

El objetivo es partir de unas condiciones similares para que antes de la competición, durante el entrenamiento, se pueda desarrollar la forma física y mental que permita competir con quienes dentro de la variabilidad del grupo tengan unas condiciones superiores al resto de las personas que forman parte de la competición, puesto que ninguna de las categorías que se establecen generan una homogeneidad física entre todos sus miembros.

De hecho, si comprobamos la situación observamos que en las pruebas de velocidad la mayoría de los triunfos son de atletas negros, y no por casualidad, sino porque es frecuente entre ellos tener una mayor proporción de fibra lisa en su musculatura, la cual se contrae de forma más rápida. Otros grupos étnicos africanos, en cambio, tienen unas características en su estructura ósea y en el consumo de oxígeno durante su metabolismo, como ocurre con los atletas de las regiones de Etiopía y Kenia, que los hace especialmente competitivos en las pruebas de resistencia. También podríamos recurrir a la altura para entender que un jugador o jugadora de gran estatura tiene ventajas para la práctica del baloncesto o del voleibol, o a otros deportes donde la ventaja esté en la fuerza física, haciendo de los más fuertes un grupo con más facilidad para alcanzar los objetivos, o de los de mejor pulso para las pruebas de puntería.

En ninguno de estos casos se plantea una exclusión de los deportistas aventajados, y las razones son varias, fundamentalmente dos:

La situación es diferente cuando el factor que influye en el rendimiento no forma parte del grupo que compite en la categoría establecida, ni se puede compensar con las estrategias y entrenamientos habituales, mucho más si dicho factor actúa de manera determinante en el deporte en cuestión.

El caso de la boxeadora argelina Imane Khelif, como el de otras personas que tengan algún factor que no forme parte de las características del grupo en el que compite, debe analizarse dentro de lo que es el marco que define la competición.

La solución no puede limitarse a decir “es mujer” o “es hombre” para que encaje en una de las categorías establecidas (masculina o femenina) y dejar al margen el factor que modifica su rendimiento deportivo, que son los niveles elevados de testosterona derivados del “síndrome androgénico” que tiene, sin que se hayan dado más detalles sobre el mismo. Si la situación es esa, lo que ha de analizarse es cómo influye en la competición para que todas las participantes de su misma categoría, que es “boxeo femenino de 66 kilos”, mantengan sus oportunidades a sabiendas de que hay diferencias entre ellas y que unas son más fuertes que otras, y algunas mejores que el resto. 

Por lo tanto, debe cumplir los requisitos establecidos (ser mujer y estar dentro de la categoría de 66 kilos), algo que según el COI cumple, pero además no debe presentar ningún factor que dé ventajas a su rendimiento en la competición, con independencia de que este sea de naturaleza biológica o farmacológica. Del mismo modo que no se entendería como discriminación si no la hubieran dejado pelear por pesar más de 66 kilos, ni nadie hablaría de “gordofobia” en esa situación. En este caso lo que hay que determinar es cómo los niveles elevados de testosterona que refieren las informaciones influyen en la competición. No sólo durante el momento de la misma, también a lo largo de la preparación, puesto que tiene consecuencias sobre el resultado, hasta el punto de que si la situación de Imane Khelif en lugar de deberse a una cuestión biológica fuera farmacológica, estaría excluida por dopaje. Al final ha ganado el oro olímpico, pero desde el punto de vista social el conflicto generado no es ninguna victoria, aunque mucha gente quiera verlo así.

Cuando un elemento que influye en el rendimiento deportivo está fuera de los límites que condicionan la competición, la decisión que se adopte debe entenderse a favor del deporte y de todas las personas que participan, no en contra de la persona afectada, porque la clave no es si esa situación es de origen natural o artificial por medio del dopaje, sino si la competición y los valores que se defienden con el deporte se ven afectados.

Obviar esto y las medidas para garantizar una competición lo más equitativa posible dentro de las diferencias interindividuales, puede solucionar el problema de esa competición hoy, pero no lo hará mañana, tal y como hemos visto con la misma boxeadora y con la taiwanesa Lin Yu-ting, que fueron excluidas del campeonato del mundo por la Asociación Internacional de Boxeo, algo que puede volver a ocurrir tras los Juegos Olímpicos. Y tampoco solucionará el problema social relacionado con la diversidad y la inclusión, todo lo contrario, se aplicarán las leyes existentes, pero no habrá transformación social que integre las distintas realidades en la normalidad social y cultural.

La instrumentalización política y social que se ha hecho del caso de Imane Khelif tras su combate con la italiana Angela Carini, demuestra el problema que existe en la sociedad respecto a las identidades y la diversidad, una situación que no se ha solucionado con la ley trans, y que no se puede reducir acusando de odio a quien piense de manera diferente. Todo es más complejo y necesitado de respuestas.

Recientemente, Andalucía celebró el décimo aniversario de la que sería la primera Ley Trans que se aprobó en este país, legalizando, de manera pionera, el derecho a la autodeterminación de género. Hubo unanimidad, con el apoyo, incluso, del Partido Popular.

Diez años de autodeterminación de género. Diez años de despatologización trans (que no se quedó en Andalucía: siguieron Extremadura, Murcia, Madrid, y así hasta 16 leyes similares). Diez años dejando atrás la (absurda) obligación de pasar por un proceso de dos años de hormonación y tutela psiquiátrica. O “tortura” psiquiátrica, más bien, porque encerrar a una persona en un despacho a preguntarle durante horas si tiene fantasías sexuales con sus familiares, entre otras lindezas, suena más bien a eso. O a decirles que cómo van a ser “hombres de verdad” si no se hormonan para tener barba. O que cómo van a ser “mujeres de verdad” si se han puesto pantalones en lugar de vestido para ir a consulta. Para que luego digan que son las personas trans las que “refuerzan los roles de género”.

Diez años de mejoras progresivas en las vidas de personas trans, luchando contra los desmesurados datos de desempleo, las descorazonadoras tasas de violencias, los preocupantes casos de sinhogarismo.

Y la mayoría de esos diez años, sin un solo caso de fraude de ley por parte de hombres que querrían recibir supuestos privilegios al registrarse como mujeres. Ni tampoco un solo caso de un agresor machista librándose de una condena al argumentar ser mujer y no poder ser juzgado por violencia de género. Ni hordas de hombres entrando a baños de mujeres para acosarlas de manera impune, ni el temido “borrado de las mujeres”. 

De repente, ante la propuesta de una ley estatal que equiparase los derechos trans de todo el territorio nacional, la dirección cambia. En 2020, en el PSOE (quienes anteriormente proponían esta ley) se difunde un argumentario interno firmado, entre otros, por Ábalos y Carmen Calvo. El texto habla del peligro de “teorías que niegan la realidad de las mujeres” y de la necesidad de que las personas trans demostrasen “una situación estable de transexualidad debidamente acreditada”. Vuelta a la patologización. Vuelta a que fueran otros quienes decidieran si tenías derecho o no a ser tú mismo. Y vuelta al debate.

Un debate, por cierto, plagado de incongruencias. En 2021, mientras los socialistas se abstenían y tumbaban la toma en consideración de la ley en su primer intento y los populares ponían el grito en el cielo hablando de los peligros de la “moda trans”, ambos grupos votaban a favor de la ley trans autonómica canaria, que contemplaba el derecho a la autodeterminación del género.

Tras su aprobación, Feijoó decía que lo primero que haría al llegar a la Moncloa (mala suerte, amigo) sería derogar la Ley Trans porque era un “disparate”. 

Ayuso hablaba de la comunidad trans como una “moda agresiva, impositiva e internacional” que hacía daño a los adolescentes y, posteriormente, efectuaba el primer retroceso en derechos LGTBI con su recorte a la ley madrileña.

Ana Rosa Quintana abría su programa con la noticia de un condenado por violencia de género que pedía ser trasladado a una cárcel de mujeres. Esto a pesar de que la Ley Trans de 2023 no interfiere de ningún modo en las políticas penitenciarias y a pesar de que ese traslado nunca sucedió.

Sonsoles Ónega entrevistaba a sospechosos de cometer fraude de ley bajo el titular “Transexuales bajo sospecha”, pese a no haber una sola persona trans presente en el plató. Casualmente, todos los entrevistados fueron militares, pero a nadie se le ocurrió que el titular fuese “militares bajo sospecha”. 

Con la Ley Trans estatal teníamos la oportunidad de saldar una deuda histórica con una comunidad que se partió la cara por nuestros derechos y libertades. Los de todos. Como pasó en aquella primera manifestación LGTBI por Las Ramblas de Barcelona en 1977, cuando las mujeres trans fueron rechazadas por la propia organización para evitar que todo el colectivo fuera relacionado con ellas y su “mala imagen”. Sin embargo, fueron estas las que, al llegar las represalias, se enfrentarían a las autoridades y harían honor a la palabra que usamos para hablar de esa marcha anual: Orgullo. 

Por desgracia, son demasiados (y demasiado poderosos) quienes no pierden el sueño tras señalar y estigmatizar a una comunidad ya de por sí en riesgo. Y a quienes no se les corta la respiración cuando salen a la luz agresiones como la sucedida en mayo, en la que una niña de Granada de tan solo 13 años recibió una paliza brutal por el mero hecho de ser trans. 

El derecho a ser quien eres, sin exámenes, tutelas, ni hormonaciones obligatorias, lleva entre nosotros toda una década. Los intentos de fraude de ley animados desde los medios o el debate sobre si se borra a unos o a otras, solo tres años. Preguntémonos por qué. Preguntémonos a quién beneficia. Y preguntémonos cómo podemos enmendar el daño ocasionado y continuar saldando nuestra deuda histórica.

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno contra varios artículos de dos reformas de ley impulsadas por la Comunidad de Madrid relativas a la identidad de género -ley trans- y a la protección contra la LGTBIfobia. Así, la corte de garantías ha acordado suspender de forma cautelar la vigencia y aplicación de esos preceptos impugnados de las citadas normas.

Los recursos del Gobierno iban en concreto contra varios apartados del artículo único de la Ley de la Comunidad de Madrid 17/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid; y contra el apartado catorce del artículo único de la Ley 18/2023, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid.

En la nota de prensa del TC para informar de esta decisión, recogida por Europa Press, se indica que en los recursos el Gobierno invocaba el artículo 161.2 de la Constitución por lo que el Pleno ha acordado suspender la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados de las citadas normas.

Asimismo, explica que en el primer recurso, el Gobierno alega la posible vulneración de hasta cuatro artículos de la Constitución y ataca los apartados 11, 12, 15, 17 y 22 bis del artículo único de la Ley 17/2023. Además, considera que podría haber infracciones competenciales.

Esos apartados, según redacción de la propia ley hacen referencia a la atención sanitaria de personas transexuales y, por ejemplo, el 11 incluía que el derecho de la persona transexual "a recibir, llegado el caso, acompañamiento y tratamiento en la decisión de desistir o revertir el proceso de cambio de sexo". El 12 indicaba que, en caso de que quien fuera a recibir tratamiento médico relativo a su transexualidad fuera menor de edad, se fijaba un "requisito necesario", que era el de haber recibido "apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil" en todo el proceso.

El apartado 15 y el 17 hacían referencia a medidas en los centros educativos para la atención de personas transexuales y al apoyo y protección en situaciones de especial vulnerabilidad. Mientras que el 22 bis se refería a la posibilidad de ejercer acciones en procedimientos administrativos de, por ejemplo, colectivos o asociaciones de personas trans.Sobre la segunda ley recurrida por el Gobierno, el Ejecutivo sostiene en su recurso de inconstitucionalidad que el apartado 14 ter del artículo único de la Ley 18/2023 "podría ser contrario a las competencias exclusivas del Estado sobre legislación procesal y sobre procedimiento administrativo común.

Fue el pasado 25 de junio cuando el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid en 2023 en materia de derechos de las personas trans y LGTBI.

Según explicó entonces la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas trans y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto. "Los derechos de las personas trans y de las personas LGTBI no pueden esperar y además hay que garantizar, tenemos la obligación de garantizar, que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio español", aseguró Redondo.

En este sentido, Redondo indicó que la normativa de la Comunidad madrileña es "regresiva" y "limita y vulnera" los derechos que están reconocidos en la legislación estatal. Redondo también matizó que no se impugnaban todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado.

Así, el Gobierno impugnaba la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permiten el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.

Igualmente, Redondo destacó que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adoptó tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid.

La suspensión supondrá que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que las personas menores que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones LGTBI como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.

El PP ha registrado una iniciativa en el Congreso para primar el sexo biológico en la inscripción de participantes en competiciones deportivas y evitar así que mujeres trans puedan estar en competiciones femeninas.

En su iniciativa, recogida por Europa Press, se afirma que "la incorporación de personas con fisionomía masculina en el deporte femenino" viene a sumarse a "los obstáculos de discriminación y desigualdad existentes en el deporte femenino", ya que las mujeres trans tienen "una ventaja significativa con respecto al resto de competidoras".

"Los deportistas trans que han nacido hombres tienen una ventaja física competitiva sobre las mujeres debido a las diferencias anatómicas, entendido el término en sentido estrictamente biológico --explica el PP--. Unas ventajas traducidas en mayor densidad ósea, mayor capacidad pulmonar, mayor masa muscular y mayor tamaño/altura promedio, condiciones físicas que no desparecen ni siquiera tras años de tratamiento hormonal".

A su juicio, la "realidad biológica" es que "los hombres son un entre un 10 y un 15% más rápidos que las mujeres y un 50/100% más fuertes" y la inscripción de mujeres trans en competiciones de deporte femenino "amenaza frontalmente la igualdad de oportunidades y la justicia competitiva" y "contribuye peligrosamente al borrado de la mujer en el deporte".

Según subraya el PP, algunas federaciones deportivas han adoptado criterios de participación en competiciones femeninas que no se basan exclusivamente en el sexo biológico, sino también en la identidad de género o la expresión de género, especialmente a raíz de la entrada en vigor de la Ley Trans.

Por ello, insta al Gobierno a "garantizar, mediante la aprobación de cuantas medidas y modificaciones legislativas sean necesarias, que el único criterio determinante para la asignación de las categorías deportivas sea el sexo biológico, como mejor criterio de garantía de la igualdad de oportunidades, no discriminación y de justicia competitiva".

En todo caso, se pide "un estudio del impacto en las competiciones deportivas regionales, nacionales e internacionales, donde España sea parte, de la participación de personas trans para cuantificar, entre otros, los deportes más afectados, los resultados clasificatorios o la inclusión en selecciones nacionales".

Por último, el PP aboga por promover una posición común en el seno del Consejo de la Unión Europea y coordinar una posición homogénea entre las entidades deportivas nacionales e internacionales, así como las administraciones públicas españolas, "para lograr la igualdad de oportunidades de las mujeres en toda categoría deportiva".

El Gobierno ha acordado este martes en el Consejo de Ministros interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la normativa aprobada por la Comunidad de Madrid en 2023 en materia de derechos de las personas trans y LGTBI. Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y recoge Europa Press, se trata de dos leyes autonómicas. La primera se refiere específicamente a los derechos y la protección de las personas trans y la segunda más genéricamente a la protección de las personas LGTBI en su conjunto.

"Los derechos de las personas trans, de las personas LGTBI no pueden esperar y además hay que garantizar, tenemos la obligación de garantizar, que esos derechos se ejercen en igualdad de condiciones en todo el territorio español", ha asegurado Redondo.

En este sentido, Redondo ha asegurado que la normativa de la Comunidad madrileña es "regresiva" y que "limitan y vulneran" los derechos que están reconocidos en la legislación estatal.

Redondo también ha matizado que no se impugnan todas las previsiones de la normativa autonómica, sino aquellos aspectos que se consideran anticonstitucionales por ser contrarios a los derechos fundamentales o por invadir competencias del Estado.

Así, el Gobierno impugnará la excepción que se hace a la prohibición absoluta de las terapias de conversión, que permiten el asesoramiento psicológico o la evaluación psiquiátrica. En segundo lugar, también la patologización que se hace de los menores trans, al obligarles a someterse a un proceso de acompañamiento psicológico o psiquiátrico y a obtener un informe facultativo favorable como condición para iniciar un tratamiento para su transición.

Igualmente, Redondo ha destacado que la decisión de acudir al Tribunal Constitucional se adopta tras haber explorado la vía de la negociación, a través de la Comisión Bilateral, entre la Administración General del Estado y la Comunidad de Madrid. En esta línea, ha afirmado que "no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid". Ante esta situación, el Gobierno interpondrá el recurso de inconstitucionalidad con efectos suspensivos, un recurso que Redondo ha recordado que también ha interpuesto el Defensor del Pueblo alegando "motivos similares".

La suspensión supondría que la prohibición de las terapias de conversión tendrá carácter absoluto, que las personas menores que quieran acceder a un tratamiento farmacológico no necesitarían acompañamiento psicológico o psiquiátrico, ni informe médico favorable y que carecerá de eficacia la exclusión de las organizaciones LGTBI como posibles interesadas en los procedimientos penales o administrativos sancionadores.

El Tribunal Constitucional (TC) se dispone a avalar esta semana la ley aprobada en 2022 que penaliza con penas de hasta un año de prisión el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, según ha informado Europa Press.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que el Pleno de la corte de garantías debatirá y previsiblemente aprobará el borrador de la sentencia que ha redactado la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, quien defiende que la norma es constitucional.

Así las cosas, se prevé que la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso que presentaron los diputados de Vox contra el artículo único de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

La formación liderada por Santiago Abascal impugnó la norma después de haber intentado frenarla en sede parlamentaria y tras presentar –sin éxito– enmiendas para que el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas especializadas en aborto no se castigue con penas de prisión.

Fue en febrero de 2022 cuando el Congreso aprobó –con los votos en contra de PP y Vox– la ley orgánica con la que se castiga con penas de prisión de tres meses a un año los "actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos" que "menoscaben la libertad de las mujeres".

El texto, además, establece que los tribunales podrán imponer a su vez la prohibición de acudir a determinados lugares por periodos de seis meses a tres años, punto que también ha sido respaldado por el Pleno de la corte de garantías.

Al margen, está previsto que los magistrados del Constitucional deliberen sobre si admiten a trámite o no el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra la reforma de la 'ley trans' que la Comunidad de Madrid aprobó el pasado diciembre.

El Defensor del Pueblo impugnó la norma al considerar que "patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad", según señaló el pasado abril cuando anunció el recurso.

Asimismo, consta en el orden del día entre los asuntos para primera deliberación el recurso que presentaron los diputados de Vox contra la disposición de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022 que otorgó al País Vasco todas las facultades respecto de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional.

Sobre este asunto, se prevé que el tribunal se muestre a favor de estimar el recurso toda vez que el pasado 25 de abril ya estimó el recurso que presentaron los diputados del PP y declaró nulo e inconstitucional dicha disposición de los PGE.

También se espera que el Constitucional delibere sobre el recurso que presentó el presidente del Gobierno contra la ley gallega de medidas fiscales y administrativas, que concede competencias a la Xunta en la gestión de las costas. Sobre este asunto, cabe recordar que el pasado octubre el tribunal, al admitir a trámite el recurso, suspendió los artículos impugnados.

"Esta es, de nuevo, una película de mujeres". Lo decía en 1998 un Pedro Almodóvar que, con una docena de películas a sus espaldas, comenzaba a rodar Todo sobre mi madre, en un viejo teatro en el centro de Madrid. "Es la historia de mujeres con grandes conflictos", adelantaba, arropado por algunas de las que formaban parte de su universo: las actrices Cecilia Roth, Marisa Paredes, Rosa María Sardà, Antonia San Juan y una jovencísima Penélope Cruz, entre otras. Meses después de aquella rueda de prensa, la película llegaría a las salas de cine. Era el 16 de abril de 1999. "Creo que será mi película más conmovedora", se atrevía a augurar el cineasta. De aquel estreno se cumplen ahora 25 años. Después llegaría el reconocimiento internacional, la primera estatuilla de metal chapada en oro, las idas y venidas con la Academia de Cine española. Y todo lo demás.

Aquellos grandes conflictos que atravesaban a las mujeres del filme sirvieron de espejo a las que observaban la pantalla. Almodóvar tendió la mano a quienes ni se atrevían a nombrarse como trans, a las madres que se enfrentaban a los prejuicios de una crianza en soledad. Abrazó a las disidentes por convicción y a las marginadas, a quienes cargaban a destiempo con la losa de la pérdida. Veinticinco años, un cuarto de siglo, dan para mucho –incluso para el debut y declive político de alguno de sus protagonistas–: la superación del estigma, el avance legislativo, el reconocimiento de derechos, los pasos hacia adelante y también la ofensiva, los empujones hacia atrás. Seis voces del mundo del activismo y la cultura analizan hoy los entresijos de la cinta y su legado.

"La maternidad es, sin duda, uno de los temas más presentes en el metraje. Todo el mundo quiere ser madre y de hecho todo el mundo es, de alguna manera, madre. No importa el sexo porque hay muchas formas de expresar la maternidad". Así lo reseñaba el propio Pedro Almodóvar.

La maternidad, en toda su polisemia, la encarna la protagonista Cecilia Roth en el papel de Manuela. "No solo ha estado embarazada y dado a luz a un hijo (es decir, siendo madre biológicamente), sino también está en el estado de ser madre durante toda la película", escribe en su tesina Jessica Wiederhielm (Universidad de Lunds). Pero la maternidad es extensiva a la práctica totalidad de los personajes.

De alguna manera, todas las mujeres de la cinta son madres, aunque no necesariamente en un sentido biológico, sí lo son desde el plano de los cuidados e incluso ejercen de madres las unas con las otras. "Cuando la vi me pareció importantísimo lo que se expresa en la última frase: 'A todas las personas que quieren ser madres". Toma la palabra la crítica de cine María Guerra. "Se adelanta a las maternidades no convencionales, no biológicas y como siempre ha hecho él en sus películas, dota de muchísima entidad política a las maternidades no ligadas a la convención".

"La maternidad se disocia de la escena institucional de la familia y da cabida a interpretaciones queer de la subjetividad", plantea la filóloga María Mar Soliño (Universidad de Salamanca) en su artículo La figura de la mujer en el cine de Almodóvar. En conversación con este diario, la docente se reafirma en su análisis: "Almodóvar desafía la idea institucionalizada de la familia para mostrar distintas formas de relaciones maternofiliales que van más allá de la estructura tradicional", sostiene al otro lado del teléfono.

En aquel momento, continúa, "el cineasta nos intentó presentar esa diversidad de experiencias maternas, porque ser madre va más allá de la relación biológica". Para dar forma a ese propósito, construye "personajes complejos, se rebela contra los estereotipos tradicionales y nos muestra mujeres capaces de enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación".

Aunque la identidad de las protagonistas está marcada por distintos conflictos –la pérdida, la prostitución, la violencia–, lo que las mueve es que en realidad "son personas que quieren cuidar, porque es su vocación y su derecho", agrega Guerra. "Eso me pareció muy rompedor y adelanta lo que ha venido después: la reclamación, sobre todo por parte de los colectivos LGTBI, de las familias no normativas". 

La exhibición de una red de cuidados construida por mujeres es, a su vez, el retrato de "ese mundo de hombres que no cuidan", asiente Guerra. "Los hombres no están o están ausentes" y de hecho no es inocente que "el único hombre cisgénero que hay, Fernando Fernán Gómez, tenga Alzhéimer", porque precisamente lo que hace es escenificar de manera muy gráfica esa "ausencia". Almodóvar interpela a las mujeres, pero está también lanzando una pregunta a los hombres: "¿Dónde estáis y qué sentís?".

Con la maternidad convive otro elemento clave en el cine de Pedro Almodóvar: la prostitución. En la representación de la prostitución se entrecruzan distintos enfoques. Por un lado, la normalización absoluta. Tanto es así, que a nadie extraña la amistad entre dos de las protagonistas, a pesar de lo antagónico de sus papeles: la prostituta (Agrado, Antonia San Juan) y la monja (Rosa, Penélope Cruz). Por otro lado, el cineasta no obvia la crudeza de todo lo que conlleva el ejercicio de la prostitución y de hecho la primera aproximación al personaje de la prostituta es a través de la paliza que le propina uno de sus clientes. 

"Esa primera escena con la paliza y los travestis buscando clientes es muy gráfica", opina Guerra, pues representa la "explotación de forma cruda". No hay, por tanto, ningún velo que maquille "la humillación, el desprecio y el mercado de carne". Almodóvar "no trivializa" la prostitución, aunque sí la integra en el relato.

"La prostitución se presenta como algo normal, como parte del paisaje urbano, está dentro de la vida cotidiana del grupo de personajes", analiza Soliño. Un relato "franco, sin tabús, pero también crítico y con una mirada compasiva hacia las mujeres que la ejercen". Almodóvar rompe con la dinámica de empujar hacia los márgenes la realidad de las prostitutas, las hace protagonistas no sólo dotándolas de agencia, sino llevando la prostitución al centro, haciéndola parte del "paisaje lingüístico, urbano y social". 

Es cierto que Agrado, "como todos sus personajes marginales, lo nombra todo y lo nombra sin rencor", agrega la crítica de cine, lo que evidencia una especie de "aceptación de su suerte". María Guerra cree que el mismo hecho de "nombrarlo es importante", aunque no exista un ánimo de denuncia explícita. "Su denuncia está en la representación cruda, también en una picaresca" que conecta no sólo con la "literatura clásica española", sino también con la "tradición europea" que bebe del neorrealismo italiano. "Hay una denuncia a través de la comedia descarnada", zanja.

Hace un cuarto de siglo, Agrado paseaba agarrada del brazo de Manuela por las calles de Barcelona. Vestía una impoluta chaqueta fucsia, en contraste con un rostro marcado por los moratones. Interpretada por una Antonia San Juan todavía desconocida para el público, daba vida a una mujer trans marcada por la prostitución y las palizas. Pero también por el humor, los cuidados y la sororidad. 

Una de las claves a la hora de plasmar las realidades trans en el filme está tras las bambalinas, en la elección de una actriz para representar el papel. No es baladí y de hecho es objeto de debate en la actualidad. En la adaptación lusa de la película para el teatro, la dirección decidió a última hora que sería una actriz trans, en lugar de un actor, el que interpretaría el papel de Lola. Lo hizo tras acusaciones de transfake. Y esto es en realidad un avance respecto a la película: aunque Agrado si está interpretada por una mujer, a Lola le da vida un actor hombre, Toni Cantó.

"Escoger a una actriz rompía con la narrativa constante de que las mujeres trans somos hombres", reflexiona la escritora Alana Portero. Agrado "era una prostituta que, como siempre en las películas de Pedro Almodóvar, es retratada con una normalidad espectacular. Pero además tenía una vida aparte de ser prostituta y ese legado sigue intacto".

Sí es cierto, reconoce la autora de La mala costumbre (Seix Barral, 2023), que ocurre todo lo contrario con el personaje de Lola, pero la decisión es juzgada con indulgencia: "No está bien hecho, pero no es algo que estuviera encima de la mesa en aquel momento", concede. Lo interesante de este personaje es en realidad otro aspecto: "Es negativo, estropea la vida de las mujeres con las que tiene relación" y eso "abre la posibilidad de que las mujeres trans pueden ser unas cabronas, no hay por qué santificarlas", analiza. Y aunque Lola está asociada a valores negativos, incluso sexistas –"Cómo se puede ser machista con semejante par de tetas", dice de ella Manuela–, nunca deja de ser Lola. Los personajes son capaces de "señalar su irresponsabilidad y sus violencias sin negarle el género", observa Portero.

La vida de Agrado está ligada a las operaciones estéticas –una lista casi interminable que repasa en su monólogo–, pero no a la reasignación de sexo: es una mujer trans que ha conservado sus genitales. "No se ha sometido a ninguna afirmación de género y nadie niega quién es. Eso es importantísimo y rompedor con la narrativa de aquella época", analiza Portero. Julio Del Valle, director general para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI, pone un pero: la decisión de conservar sus genitales está mediada por el ejercicio de la prostitución. "A los clientes les gustan neumáticas y bien dotadas", asiente el personaje. 

Es cierto que Agrado no es inmune a los estereotipos de género y de hecho su apariencia busca asemejarse a la de una mujer cis: su personaje calca una feminidad canónica en todos sus rasgos físicos. "De ahí no te escapas: los roles de género también son un mandato para las personas trans", reconoce la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé. Para Julio del Valle, tiene mucho que ver con la necesidad de validación y con el contexto social de la época. Entonces, "las mujeres trans se medían por el número de operaciones estéticas". Eso, "afortunadamente y porque veinte años después es normal que haya otra mirada", ha quedado atrás: "Ser trans tiene que ver con identidades y no con estética".

Aun con los matices, Cambrollé entiende Todo sobre mi madre como "un alegato a la mujer en toda su diversidad, por eso habla de mujeres cis y trans con una normalidad absoluta". Y por eso, rememora la activista, el personaje interpretado por Antonia San Juan insiste en que "una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma".

Almodóvar dibuja la pérdida como un elemento troncal de la película, no sólo con la repentina muerte del hijo adolescente de la protagonista, sino también a través de la enfermedad como una sombra de amenaza constante. Aquí entra en juego un asunto clave durante la década de los ochenta y los noventa: el VIH. Su avance, su transformación, su virulencia y su legado, el virus como herencia –"Hijo mío, siento dejarte una injerencia tan grave", pronuncia Lola cuando conoce que el bebé que espera es portador–.

Del Valle recuerda perfectamente haber comprado "un montón de cintas de vídeo para hacer cinefórum en los institutos", precisamente por su valor pedagógico. El filme supuso una suerte de "transición entre lo que había sido el VIH desde los ochenta y lo que vivimos ahora". Una especie de "cambio social" en el que "comienzan los nuevos tratamientos" y con el estigma diluido, pero aún presente. "Todavía hay un contexto social que estigmatiza y lo representa la madre de Rosa, que no quiere tocar al bebé cuando nace porque tiene VIH", recuerda el director general. La película traza "dos modelos de sociedad", uno de ellos "afortunadamente" ya desterrado. 

Frente al estigma, escenificado por los abuelos que le niegan los afectos a su nieto recién nacido, emerge la normalidad: la caricia de toda esa red de mujeres que cuidan. Se trata, en esencia, de la construcción de vínculos alrededor de la enfermedad y la pérdida, dinámicas muy ligadas a "la comunidad LGTBI y a las mujeres", que tienen que ver con "la sororidad y los cuidados", completa Del Valle. 

Nahum Cabrera, coordinador de VIH de la Federación Estatal de LGTBI, se detiene en el hecho de que sea "una mujer trans la que transmite el virus a una mujer cis", lo que evidencia que "no era cuestión de géneros ni de orientaciones sexuales". Así, la película plasma los distintos "sistemas de transmisión que existían y existen, se desmitifica la idea de que fuera una realidad exclusiva de los hombres gais".

A la crudeza de los fallecimientos de dos de los personajes, se suma un mensaje esperanzador: la negativización del virus por parte del recién nacido. "En ese entonces era una utopía y hoy es una realidad: hay al menos seis personas en el mundo que se han curado literalmente y han negativizado el virus", reseña Cabrera. Y en este contexto, alrededor de la enfermedad, la pérdida y el estigma, brota de nuevo la esperanza ligada a un grupo de mujeres que, "frente a una sociedad que las machaca", resisten juntas en un sofá de un piso de Barcelona.