Ninguna encuesta le otorga posibilidad de Gobierno a una coalición de izquierdas pero casi todas la dibujan como la segunda fórmula preferida por los andaluces, por detrás de un ejecutivo en solitario del PP y muy por delante de una coalición integrada por la extrema derecha. En realidad, la campaña electoral andaluza tiene muchos tintes de excepcionalidad para la izquierda. Nunca antes el PSOE había comparecido a una cita autonómica desde fuera de la Junta de Andalucía porque nunca antes había gobernado la derecha, y tampoco se recuerda una campaña con tan pocos roces en las fuerzas progresistas ni con tantas coincidencias programáticas entre ellas. La debilidad que les pronostican las encuestas y compartir el mismo rol de oposición frente al PP parece abocarlas a un pacto no escrito de no agresión. 

Lo normal, hasta ahora, era ver a las izquierdas andaluzas combatiendo ferozmente en campaña y protagonizando cruces de acusaciones y reproches. Algo lógico teniendo en cuenta que, o venían de gobernar juntas y romper abruptamente, o venían de enfrentarse siendo gobierno y oposición. Sea como sea, lo cierto es que en la cuenta atrás para la cita con las urnas se está imponiendo una ausencia de bronca protagonizada además por la coincidencia en los mensajes públicos y en los programas electorales, todo un éxito teniendo en cuenta los antecedentes. 

La que más claramente escenificó ese discurso en el primer debate electoral fue la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez. Ella, que procede de la ruptura en mil pedazos de Podemos y fue calificada como tránsfuga por sus propios compañeros en la última legislatura, no dudó en sacar la bandera blanca: “Que nadie se quede en casa si va a votar a la izquierda. Hay una oferta plural y deben sentirse interpelados”, pidió antes de ejemplificar la situación que se encontrarán los votantes progresistas a pie de urna ante tanta diversidad de papeletas: “Un autobús nunca te deja en la puerta de tu casa pero coges el que te deja más cerca. Pues ve a votar el 19J por la izquierda”, apuntó en su minuto de oro. 

Con diferentes estrategias y tonos y con candidatos de perfiles muy diferenciados, en la letra pequeña de los programas electorales de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía es fácil encontrar propuestas casi calcadas en ámbitos como la sanidad, la educación, el empleo joven, la memoria democrática o la lucha contra las violencias machistas. 

En los programas electorales de las tres fuerzas de izquierda hay una mención común respecto al recorte en sanidad del gobierno de Juanma Moreno: el despido del personal sanitario contratado durante la pandemia. En las propuestas de PSOE y Por Andalucía, de hecho, se menciona expresamente esa cifra, la de los 8.000 sanitarios despedidos, como un compromiso explícito para abordar su contratación inmediata. 

Las tres fuerzas progresistas coinciden además en aumentar el gasto en sanidad pública tras años de recortes. Los socialistas se comprometen, por ejemplo, a blindar por ley que un 7% del PIB andaluz sea para inversión en sanidad, así como “garantizar una atención sanitaria en tiempo y forma, con un máximo de 48 horas para la cita de atención primaria, y que las listas de espera se reduzcan a los tiempos establecidos por la legislación”. ‘Por Andalucía’ incide en esta línea y se compromete a aumentar “en un 17% el gasto sanitario público por habitante durante la legislatura, de forma que Andalucía alcance la media nacional”. Adelante Andalucía, por su parte, contempla una propuesta calcada en términos numéricos a la del PSOE: fijar por ley un suelo de gasto garantizado del 7% del PIB andaluz para sanidad. Además, plantean un umbral mínimo de financiación para Atención Primaria del 20%. 

En las principales propuestas educativas de las tres formaciones progresistas la coincidencia programática también es casi absoluta. Todas plantean la reversión de los recortes llevados a cabo en la última legislatura. Y les ponen cifras a las promesas: Juan Espadas plantea un 5% del PIB en inversión para bajar las ratios de alumnos y mejorar las condiciones del profesorado. Y añade: “Daré instrucciones para establecer a la mayor brevedad la universalización de la educación infantil de 0-3 años”. 

Esta propuesta es idéntica en el resto de formaciones progresistas. Los de Inma Nieto recalcan la necesidad de “garantizar la Educación Pública gratuita de 0 a 3 años” y ponen números a la bajada de ratios de alumnos: ”En Educación Infantil de 3 a 6 años, máximo de 15 alumnos/as por aula; en aulas que cuenten con alumnado con Necesidades Educativas Especiales, 15 alumnos/as por aula; en Educación Primaria y Secundaria, 20 alumnos/as por aula; en etapas postobligatorias (Bachillerato y Ciclos Formativos), 25 alumnos/as por aula; ampliar hasta cubrir la demanda total de climatización, bilingüismo, aula matinal, comedor, actividades extraescolares y personal para atender las necesidades educativas especiales y las necesidades educativas específicas disminuyendo progresivamente la financiación de la educación privada concertada”.

El programa electoral de Teresa Rodríguez también reivindica que “incluir la etapa de Infantil 0-3 en el sistema educativo público es una necesidad para garantizar la equidad a todas las familias andaluzas. La candidata de Adelante Andalucía también propone una ley de climatización de las aulas públicas y para ello plantea “recuperar en primera instancia los niveles de inversión del año 2010 aumentando un 16% las partidas de gastos y funcionamiento de los centros de Infantil, Primaria y Secundaria”.

Con un problema endémico de desempleo, en general y de paro juvenil, en particular, buena parte de las recetas económicas planteadas desde la izquierda andaluza tienen que ver con el número de jóvenes que se ven abocados a abandonar Andalucía en busca de un trabajo. La Comunidad es la tercera con peor dato de paro juvenil de todo el país, situado en el 36.1% según datos de la última EPA. No es el doble de la media nacional, como suele repetir la candidata ultraderechista Macarena Olona, pero sí es cinco puntos superior a esa media. 

Y aquí vuelven a confluir los programas electorales de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía: Espadas promete implantar el “Programa de Primera Oportunidad Laboral de la Juventud”, movilizando 2.000 millones de euros para esta finalidad. Nieto habla de un ‘Programa de Empleo Juvenil’ dotado de 250 millones de euros para reducir en un año a la mitad el desempleo de los menores de 25 años. Unos términos casi idénticos a los que expone Rodríguez al plantear un ‘Plan integral de empleo juvenil’ con una línea de incentivos económicos para la contratación de jóvenes talentos. Tanto Por Andalucía como Adelante Andalucía se comprometen, además, a desplegar políticas específicas para “evitar la emigración y propiciar el retorno de emigrantes andaluces y andaluzas”. 

Uno de los principales riesgos que supondría la entrada de VOX en el Gobierno de la Junta de Andalucía tiene que ver con las políticas de igualdad. Como se ha visto en Castilla y León y como han repetido públicamente, uno de los principales planteamientos de la extrema derecha es derogar las leyes autonómicas de igualdad. VOX ya consiguió, a cambio de su apoyo en la investidura, que el primer ejecutivo de Juanma Moreno denominara al número de atención telefónica a las víctimas “intrafamiliar” y no de género o machista. Pero todo el mundo espera que su entrada en el Gobierno suponga ir un paso más allá. 

Frente a esa hipótesis, los programas electorales de las fuerzas progresistas son rotundos y coincidentes: “Durante estos últimos años la Junta de Andalucía ha alimentado las demandas de la ultraderecha, siendo cómplice en la banalización de su posición reaccionaria. El teléfono de la violencia intrafamiliar, el recorte de subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer o la exclusión de proyectos de atención a víctimas de la violencia machista, son solo algunos ejemplos”, plantea en su documento programático la coalición ‘Por Andalucía’. 

Juan Espadas propone en su programa impulsar la implantación del protocolo andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género y crear el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género; Inma Nieto pide asegurar el cumplimiento y desarrollo de la Ley de Violencia de Género de Andalucía; Teresa Rodríguez, “implementar un programa formativo especializado en la detección de violencias machistas a todo el personal sanitario y de servicios sociales” y solicitar a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer “que suspendan cautelarmente el régimen de visitas en los casos en que las víctimas se encuentren acogidas en el servicio integral de atención y acogida por motivos de seguridad, así como en los supuestos en que esté vigente la orden de alejamiento o protección”.

En materia de memoria democrática la crítica de los partidos de izquierdas es unánime al gobierno del PP: “Con el Gobierno del PP y Ciudadanos, apoyados por la ultraderecha de Vox, la realidad social y más concretamente la de Memoria Democrática ha sufrido un importante retroceso en nuestra comunidad”, critica el programa de Adelante Andalucía, que propone “incorporar al currículo escolar los contenidos propios de la Memoria Histórica y Democrática en el doble plano de actualización científica del relato histórico que se explica en las aulas y mayor compromiso con los valores democráticos, rompiendo cualquier forma de equidistancia moral entre democracia y fascismo, entre víctimas y victimarios”.

Los tres programas electorales piden llevar a cabo el cumplimiento íntegro de la Ley de Memoria, que para el PSOE implica retirar “los símbolos y expresiones de exaltación del golpe de estado y la dictadura, de sus dirigentes e impulsores. En particular, los restos de los golpistas de 1936 no podrán seguir estando en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que favorecen la realización de esos actos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra o la dictadura”.

‘Por Andalucía’ incide en esa línea y refiere explícitamente el caso de Queipo de Llano: “Instar al titular de la Basílica de la Macarena a que, en el plazo de un mes como máximo, proceda con la exhumación del golpista Queipo de Llano por sus vínculos con la Dictadura franquista y como dirigente militar del fracasado golpe de estado que dio inicio a la Guerra civil. En el caso de no cumplir con sus obligaciones legales, será la Junta de Andalucía la que realice la exhumación, actuando de oficio de acuerdo con las competencias que establece la Ley de Memoria Democrática de Andalucía”.

Espadas, Nieto y Rodríguez vuelven a coincidir a la hora de dedicar en sus respectivos programas electorales capítulos específicos a la política de vivienda. Con algún matiz, pero en la misma línea: facilitar el acceso regulando el mercado y con ayudas públicas para las personas con menos recursos, principalmente jóvenes. 

“Aplicaremos la Ley de Vivienda del Gobierno de España, para que la juventud puedan optar a las ayudas de 250 euros de alquileres asequibles”, reza el programa del PSOE, que además se compromete a un gasto del 2% del PIB para vivienda social. ‘Por Andalucía’ ofrece la creación de un parque público de viviendas en alquiler cuyo precio se establezca “en función de los ingresos y que no suponga más del 20% de los ingresos de la persona arrendada. En este plan se prestará especial atención a jóvenes con bajos recursos o en riesgo de exclusión, colectivos vulnerables, mujeres víctimas de violencias machistas y jóvenes con discapacidad”. 

Los de Teresa Rodríguez son los únicos que plantean “la incorporación inmediata del 100% de las viviendas de la sea titular el SAREB en Andalucía”, así como “constituir el Servicio Público de Vivienda Asequible, conformado por el conjunto de viviendas públicas de titularidad autonómica y municipal, regulando por ley su régimen y estableciendo medidas para su incremento, potenciación y cuidado”.

Diciembre de 2018. La entrada de la ultraderecha en las instituciones es ya un hecho: Vox se hace con doce escaños en las elecciones andaluzas. Doce rostros de extrema derecha pasarán a ocupar doce asientos del hemiciclo. Enero de 2019. Las feministas salen a la calle, no solo a las de la comunidad autónoma, sino a las de más de un centenar de ciudades del país. "No vamos a estar calladas ni vamos a transigir", decían decenas de organizaciones feministas que sumaban fuerzas contra el "intolerable retroceso en los derechos de las mujeres que pretende implantar la extrema derecha". Advertían del impacto de los postulados ultra sobre las conquistas del movimiento feminista y lanzaban un aviso ante los pactos que comenzaban a fraguarse en la construcción del nuevo equipo de gobierno.

Han pasado más de tres años y las encuestas hacia las próximas elecciones que tendrán lugar este domingo conceden un lugar privilegiado a Vox. ¿Cómo ha influido el partido de extrema derecha en la legislatura que se cierra? ¿Cuáles son las luces y las sombras de las políticas de igualdad y contra la violencia de género desplegadas en estos años? ¿Cómo es ser mujer en Andalucía?

Pongamos que algunos de los ojos que están ahora mismo leyendo este texto son los de una mujer residente en, por ejemplo, Málaga, que dio el paso de presentar en 2021 una de las 33.956 denuncias por violencia de género registradas en la comunidad. Tan solo un año antes, la misma mujer escuchó en el telediario que dos vecinas de la provincia de Jaén perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas. Sobre la hipotética lectora existe una orden de protección, de las 6.579 adoptadas en 2021. Quizá es una de las dos que el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) considera de riesgo extremo, o de las 157 que están en riesgo alto en la comunidad.

Ahora estamos en marzo de este año. La misma mujer, víctima de violencia machista, lee en los medios de comunicación que el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre (PP), defiende que el término de violencia intrafamiliar puede ser preferible al de violencia de género. Preguntada al respecto, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Ciudadanos), reconoce que su compañero "estaba equivocado". La consejera insiste, en conversación con infoLibre, en que "son dos violencias diferentes" y que el discurso que trata de impugnar esa verdad no solo "es peligroso", sino que puede "confundir a las víctimas".

¿Confunde a las víctimas la existencia, entonces, de un teléfono contra la violencia intrafamiliar? La línea comenzó a funcionar en octubre de 2020, en respuesta a uno de los clamores más jaleados por la extrema derecha: el de que la violencia no tiene género. En su primer año de funcionamiento, recibió 727 llamadas, dos al día. El 70,57% de las personas que marcaron los números fueron mujeres, según los datos oficiales. En paralelo, el teléfono diseñado específicamente para atender la violencia machista dio respuesta, en 2021, a 39.588 llamadas: son 108 cada día. Los datos dan cuenta de la dimensión de ambos fenómenos. El teléfono de violencia intrafamiliar "no confunde a las víctimas, porque la violencia intrafamiliar está tipificada", subraya la consejera. Ambas líneas telefónicas, insiste, no son incompatibles, si bien la violencia de género deja "cifras muchísimo más graves".

Carmen Torres preside el colectivo Feministas en Red de Sevilla y forma parte del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres. "Lo del teléfono ha dolido mucho", reconoce en conversación con este diario. Achaca su puesta en marcha a "la presión de la extrema derecha" y reprocha tanto al PP como a Ciudadanos haberlo "permitido".

Ana Villaverde, parlamentaria de Adelante Andalucía por la provincia de Granada, cree que el impacto del teléfono es evidente: "Pone en cuestión que la violencia de género se asienta sobre el patriarcado y el machismo de forma estructural", pero además, abunda en conversación con este diario, "no está cumpliendo una función social", pues ya existían teléfonos de atención al menor y a las personas mayores antes de su lanzamiento. "Es claramente una forma de situar en el debate público el cuestionamiento a la violencia de género", critica.

Soledad Pérez, secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista en Andalucía, menciona la reforma de dos leyes andaluzas clave: la legislación contra la violencia de género y la ley de igualdad, modificadas por el anterior gobierno en 2018. La reforma de ambos textos normativos no se ha traducido, lamenta la socialista, en el desarrollo de reglamentos que permitan su impulso. "Tenían que cumplir con la aplicación de las dos leyes, pero no ha ocurrido". Por ejemplo, la Ley de Igualdad permite a la Junta sancionar a las empresas que no cumplan con los postulados de equidad, pero hasta ahora "no se ha abierto ni un solo expediente de régimen sancionador por incumplimiento", señala la socialista, lo que significa que "[Juan Manuel] Moreno Bonilla y la derecha comparten la filosofía de que la desigualdad tiene que salir gratis". Tampoco se ha puesto en marcha un plan "contra la brecha de género", censura Pérez, y de hecho la consejera de Igualdad llegó a reclamar "evidencias científicas" que avalasen la brecha salarial, declaraciones que más tarde rectificaría.

También menciona la modificación de ambas leyes Elena Cortés, miembro del partido Por Andalucía. Por ejemplo, la ley de igualdad consagra los centros municipales de información a la mujer como pieza clave en la red de apoyo y asesoramiento a las andaluzas. La Consejería se jacta de haber apostado por la "consolidación de estos centros", con una "inversión récord superior a los 43 millones de euros" en toda la legislatura. Sin embargo, el número de centros ha pasado de 172 hace cuatro años a los180 actuales, para un total de 785 municipios andaluces. "Ocho centros en cuatro años, del todo insuficiente", subraya Cortés.

A nivel presupuestario, el Instituto Andaluz de la Mujer ha visto como su presupuesto ha crecido un 3% desde el inicio de la legislatura, presume el organismo, pasando de 42 millones en 2018 a 44,2 millones en 2022. Es uno de los avances que el Instituto destaca en su balance de la legislatura [consultar el análisis completo remitido a infoLibre en este enlace]. Soledad Pérez introduce matices: hasta el momento, el Instituto se "financiaba con recursos propios de la Junta", ahora se han introducido los fondos destinados por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que suman 60 millones en cuatro años. Es decir, el incremento presupuestario, clama la socialista, no proviene de una apuesta decidida por el gobierno autonómico, sino que se ha nutrido fundamentalmente de los fondos estatales.

Imaginemos ahora que otra de las personas que se toman unos minutos en leer estas líneas es una mujer que decide interrumpir su embarazo. Lo más probable es que lo haga en la red privada: el 99,89% de los abortos practicados en la comunidad durante el año 2020 –último con datos oficiales del Ministerio de Sanidad– fueron en hospitales o clínicas privadas. Es la quinta comunidad, por detrás de Extremadura, Murcia, Madrid y Castilla-La Mancha, con la tasa más alta de privatización en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo, uno de los principales problemas detectados por el Gobierno y que el Ministerio de Igualdad quiere resolver a través de su reforma de la Ley del Aborto de 2010.

El dato, llamativo de por sí, cobra una relevancia especial cuando confluye con otro: el Gobierno de Andalucía ha destinado un millón de euros anuales a asociaciones antiabortistas. Los Presupuestos de Andalucía han incluido una partida destinada a la implementación de "actuaciones de fomento de la natalidad", correspondiente a la Consejería de Salud y por un importe de un millón. La subvención es, una vez más, una concesión a la extrema derecha, pactada por primera vez para los Presupuestos de 2021. Entre las organizaciones que se han beneficiado, destaca una: Red Madre, conocida por articular campañas antiabortistas y de acoso ante las clínicas de interrupción del embarazo. El Congreso aprobó, recientemente, castigar penalmente a quienes acosen a mujeres frente a las clínicas. Sin el apoyo de Vox ni del PP.

"Esa subvención parte de la Consejería de Salud", sostiene Rocío Ruiz, preguntada al respecto. "Las mujeres tienen libertad y el derecho al aborto se puede ejercer o no", zanja. La oposición, sin embargo, no hace la misma lectura. "Son las mismas asociaciones que van a rezar a las puertas de las clínicas", reprocha Soledad Pérez, "no buscan ayudar a las mujeres, sino dificultar su acceso" a la interrupción voluntaria del embarazo. "La Junta de Andalucía ha estado subvencionando un delito: el de coacción a las mujeres que en libertad querían abortar", carga Elena Cortés. Ana Villaverde añade otro dato: María Trinidad Lechuga, antiabortista ligada al obispado de Córdoba, fue nombrada coordinadora de la estrategia de salud sexual y reproductiva de la Junta de Andalucía. Con el apoyo de Vox. Todo ello viene a marcar "una línea clara de la Consejería de Salud" en este caso, sostiene la parlamentaria, quien también recuerda que no se ha hecho "nada para garantizar el aborto en la sanidad pública" y que en la provincia de Jaén ni siquiera "existen clínicas conveniadas y en la sanidad pública no se practica", obligando a desplazamientos forzados a toda mujer que quiera ejercer su derecho.

Mientras las ayudas a grupos antiabortistas crecen, las subvenciones a las organizaciones de mujeres languidecen. El Gobierno de Moreno Bonilla dejó en 2020 sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas que sí habían sido preseleccionadas para recibir un subsidio público, pero que finalmente vieron cómo se desvanecían "241 proyectos que se quedaron sin financiación". Aquello dio como resultado el Tren de la Dignidad, una movilización de miles de mujeres en todo el territorio andaluz. "El Tercer Sector hemos tenido que aguantar discriminación y hemos tenido que ver cómo nos maltrataban", lamenta Carmen Torres. "Se presuponía la subvención, pero entonces dieron marcha atrás", rememora. Un volantazo que la feminista encuadra, una vez más, en satisfacer a la extrema derecha y sus discursos falaces sobre "los chiringuitos". Aun así, Torres es indulgente con la consejera: "Ha tenido voluntad, lo hemos visto, pero ha estado con las manos atadas por la presión que Vox ejerce".

La cruzada de Vox contra la igualdad tiene efectos materiales para las mujeres, pero la extrema derecha también ha ganado batallas en el terreno de lo simbólico. Algunos de los tantos que se ha anotado en esta legislatura son puramente semánticos. Por ejemplo, Vox logró un cuestionamiento de las políticas de género en noviembre de 2020, con un acuerdo con PP y Cs que incluye la realización de una "auditoría" de los informes de impacto de género, para valorar su coste y si logran o no sus objetivos. Los dos partidos de gobierno lo justificaban diciendo que no hay nada malo en comprobar y fiscalizar. Pero la carga profunda del acuerdo, que se alinea con el desprecio de Vox a las políticas con perspectiva de género, quedaba al descubierto con la forma del partido de Abascal de venderlo: "Auditar los inútiles informes de impacto de género".

Rocío Ruiz justifica la decisión: "Hacemos auditorías para todo. Se trata de mecanismos de control, de evaluación de impacto que no tienen coste". En cualquier caso, añade, los informes oficiales sobre el impacto de género en los presupuestos avalan la necesidad de blindar una perspectiva de género. "Les guste o no a los señores de Vox", añade.

Entre los lectores de este reportaje, contenido en la serie Andalucía en datos, datos y datos, podría encontrarse una profesora de algún colegio andaluz. O una madre cuyos hijos se enfrentan a una etapa clave de socialización y comienzan a entender las relaciones afectivas. Ambas tuvieron conocimiento, hace cosa de un año, de la aprobación en el Parlamento de Andalucía de una moción para "impulsar la supervisión de los libros de texto y los materiales complementarios con el objeto de eliminar el llamado lenguaje inclusivo". La moción salió adelante con los votos de PP, Cs y Vox.

"Hay una batalla muy fuerte en lo simbólico, a veces se ha traducido en medidas concretas, pero sobre todo ha supuesto reabrir debates asentados", sostiene Villaverde. La eliminación del lenguaje inclusivo "bajo la excusa de la economía en el lenguaje", se traduce, en realidad, en "un paso atrás en la batalla cultural simbólica: lo que no se nombra no existe". Entra en escena aquí el veto parental, una apuesta de la extrema derecha que finalmente no llegó a ejecutarse en suelo andaluz, pero que sí sembró el temor, opina la parlamentaria de Adelante Andalucía, entre el profesorado. "La mera posibilidad de que se pusiera en marcha desincentiva a los docentes, se genera un clima de miedo", lamenta. Quizá más de uno se piense dos veces si merece la pena impartir contenido decididamente feminista en las aulas.

Andalucía no converge con España en PIB per cápita entre 2018 y 2020. Ocho de las diez ciudades con más paro de España en 2021 son andaluzas. La comunidad del sur era la segunda con más desempleo cuando llegó el actual Gobierno andaluz y sigue en la misma situación. Era la segunda por la cola en PIB per cápita y ahí sigue. Además, ha crecido el paro en la industria, mientras en España ha decrecido. Esto es lo que los datos dicen sobre la riqueza, la pobreza, el empleo y el desempleo en Andalucía.

El PIB per cápita andaluz está estancado en relación con el nacional. La serie del INE no deja lugar a dudas. En 2000 el PIB per cápita andaluz representaba el 74,5% del dato total nacional; en 2010, el 75,7%; en 2020, último dato que permite hacer comparaciones, el 74,9%. Para ver la evolución durante el actual Gobierno (PP-CS), que presume de un "milagro económico" y de ser la "locomotora de España", se puede comparar el dato de 2018 (74,2%) con el de 2020 (74,9%).

Andalucía estaba en 2018 y sigue segunda por la cola en PIB per cápita. Antes, sólo por delante de Extremadura; ahora, sólo de Canarias.

La tasa de desempleo pasa del 21,26% en el cuarto trimestre de 2018 al 19,43% en el primero de 2022 en Andalucía y del 14,45% al 13,65% en España. Quedan lejos tanto el récord positivo (11,95% en el segundo trimestre de 2002, con la burbuja del ladrillo) como el negativo (36,77 en el primer trimestre de 2013, en plena crisis).

Algunos indicadores apuntan a un comportamiento levemente mejor que el conjunto del país comparando el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2022. Por ejemplo, el número de parados cae un 6,99%, frente a un 3,92% en España. Y el de ocupados sube un 4,12%, frente a un 2,65% en todo el país. La subida del número de activos es similar: 1,7%. Tanto en Andalucía como en España sube levemente el número de inactivos.

En suma, la autonomía está donde estaba en términos relativos: era la segunda con más tasa de desempleo cuando llegó el Gobierno de PP y Cs, sólo mejor que Extremadura; y ahora sigue siendo la segunda, sólo mejor que Canarias.

El proyecto Urban Audit de Eurostat y el INE, que compara localidades de más de 20.000 habitantes, muestra que 11 de las 15 ciudades (73,33%) con más desempleo en 2021 son andaluzas, entre ellas las cuatro primeras y ocho de las diez primeras.

El problema no es sólo de falta de trabajo, sino de qué trabajo hay. Llegamos a una asignatura pendiente de Andalucía: la calidad del empleo. Y está a su vez conectada con la escasez industrial. Linares, la ciudad de más de 20.000 habitantes con más desempleo, es precisamente un emblema de crisis industrial.

El peso de la menguada industria ha experimentado un retroceso desde el último trimestre de 2018, indisociable de la pandemia: del 8,1% al 7,7%. En España la caída ha sido menor, partiendo de un mayor peso industrial: de 12,6% al 12,3%. Andalucía es la tercera comunidad con menos peso de la industria, sólo por delante de Baleares y Canarias.

Un contraste negativo: el paro en el sector industrial ha caído a nivel nacional un 8,75%, pero en Andalucía ha subido un 13,13%.

Veamos dos indicadores clave de condiciones de vida:

1) Renta media por hogar. En Andalucía subió entre 2018 y 2020 un 7,54%, algo menos que en el conjunto de España (7,99%). El dato andaluz son 25.909 euros de renta media por hogar, la tercera más baja tras Canarias y Extremadura. En España es de 30.690.

2) Tasa de riesgo de pobreza. La tasa de riesgo de pobreza ha pasado en Andalucía entre 2018 y 2020 del 32% al 28,5%, mientras en España pasaba del 21,5% al 21%. Quedan en peor posición Canarias (29,9%) y Extremadura (31,3%). Según el informe Exclusión y desarrollo social en Andalucía, de la fundación Foessa, de Cáritas, la población en situación de exclusión en Andalucía ha pasado del 19,2% en 2018 al 26,3% en 2021. Algo más de 2,2 millones de personas están en exclusión social. De ellas, la mitad, 1,1 millones, en exclusión severa. Eran 600.000 en 2018. Observando el ciclo 2018-2021, el informe señala: "Si en España el porcentaje de personas en esa situación se ha incrementado en un 47%, en Andalucía lo ha hecho en un 93%. En consecuencia, por tanto, Andalucía se distingue de España, desde el punto de vista de la evolución de la situación, en un incremento mucho más intenso de las situaciones de exclusión severa".

Un duro reflejo del atraso andaluz se observa en el proyecto Urban Audit. 12 de las 15 ciudades con menor renta de más de 20.000 habitantes de España son andaluzas, con datos de 2019, entre ellas las siete primeras.

Y 11 de los 15 barrios con menor renta, también con datos de 2019.

Andalucía se ha instalado en la última posición de uno de esos indicadores que hacen encenderse todas las alarmas. La comunidad del sur es la que peor registro preseenta en abandono educativo temprano, es decir, es la que tiene el mayor porcentaje de la población de 18 a 24 años que no ha completado la Secundaria y no sigue ningún tipo de educación-formación. Llegó a esa posición en 2020, desbancando a Baleares. Y ahí sigue.

El porcentaje andaluz de abandono es del 17,7% en 2021, frente a un 13,3% en el conjunto de España, según datos del INE. La media de la UE es del 9,7%. Aunque se ha reducido la tasa, Andalucía no ha estrechado el margen con el conjunto de España entre 2018 y 2021. Al contrario, se ha ensanchado levemente: de 21,9 en Andalucía frente a 17,9 en España de 2018 hemos pasado a 17,7-13,3. El problema es más grave entre los alumnos que entre las alumnas. En Andalucía, el abandono alcanza un 20,9% en ellos y un 14,3% en ellas.

Marcial Sánchez Mosquera, profesor de Economía de la Universidad de Sevilla, advierte que el abandono es una variable poco tenida en cuenta pero en realidad fundamental para entender el atraso socioeconómico andaluz. "El abandono te da información sobre si el sistema es o no percibido como algo útil, y también sobre el tipo de demanda de nuestro tejido empresarial", señala. En resumen, muchos jóvenes abandonan los estudios porque no encuentran incentivo suficiente para formarse, lo cual es expresivo de un mercado laboral con insuficiente demanda de profesionales con elevada cualificación. Pero, a su vez, el abandono también tiene una incidencia negativa sobre sus propias perspectivas y sobre el mercado laboral en su conjunto. Es un círculo vicioso.

"Un abandono temprano significa menos cualificación y con ello menos opciones en el mercado laboral. A efectos de oportunidades, tiene un importante impacto, con lo que no es sólo relevante desde el punto de vista de la formación, sino también social y laboral", explica Javier Merchán, profesor de Educación en la Universidad de Sevilla y presidente del centro de análisis Observatorio de la Educación, que recalca que "no hay planes específicos de lucha contra el abandono escolar" en Andalucía.

Relacionadas con el abandono están las tasas de finalización de estudios. Andalucía tiene la cuarta tasa de finalización de Secundaria más baja, con un 81,1%, casi 3 puntos menos que el conjunto de España (84) y sólo por delante de La Rioja, Baleares y Murcia en el curso 2019-2020. Se dejan fuera de la comparación entre comunidades autónomas en este artículo los datos de Ceuta y Melilla.

En cuanto al título de Bachillerato, la tasa andaluza de finalización es la cuarta más baja (53,2%), mejor que Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. El dato en España es el 55,1%. Hay una importante brecha de género que perjudica a los alumnos, como se observa comparando triángulos rojos con cuadrados azules.

El porcentaje de alumnado que termina Primaria es altísimo en todos los casos. En Andalucía es del 97,3%, por debajo del 98,2% nacional. Sólo hay tres comunidades con peores índices que Andalucía: La Rioja, Aragón y Murcia.

España en su conjunto tiene un problema de exceso de alumnado repetidor. Pese al prestigio de la repetición entre los sectores afines a los discursos educativos de "mano dura", los datos prueban que es un mecanismo ineficiente que se ceba con el alumno más desfavorecido –los más pobres repiten cuatro veces más que los que tienen más recursos– y tiene una incidencia pedagógica negativa.

Según el PISA 2018, España es el cuarto país de los 37 de la OCDE con la tasa más alta de repetidores. Ello contribuye a que sea la primera en abandono en la UE. La OCDE, autora del PISA, señala que reducir la repetición es una "asignatura pendiente" en España. Y más aún lo será pues de Andalucía. Porque en la comunidad del sur la tasa de alumnado repetidor en Secundaria asciende al 11,1%, es decir, 2,4 puntos por encima del conjunto del país. Sólo en Murcia la tasa es mayor (11,2). En Primaria la tasa es del 2,4%, igual que globalmente en España.

Hay más fotografías en las que Andalucía no aparece favorecida. Por ejemplo, la que ofrece la tasa de idoneidad. ¿Qué es? El Ministerio de Educación la define como el porcentaje de alumnado de una edad matriculado en el curso que efectivamente le corresponde. A mayor tasa de idoneidad, mejor. Con 15 años, en el curso 2019-20 Andalucía tenía la tercera más baja (66,5%), sólo mejor que Castilla La Mancha y Aragón entre las comunidades autónomas. El dato nacional es del 71,1%.

Todo lo anterior incide en el nivel de formación de la población, que es comparativamente bajo en Andalucía. En 2020 había un 46,7% de población de 25 a 64 años con un nivel de estudios de primera etapa de Secundaria o inferior, sólo por debajo de Castilla La Mancha y Extremadura y 9,6 puntos por encima del dato español (37,1%).

La tasa de escolarización universitaria es 4,1 puntos inferior a la del conjunto de España: 27,9% frente a 32%. Están por debajo Baleares (11,3%), Castilla La Mancha (14,1%), La Rioja (15,8%), Canarias (18,1%) y Extremadura (19,1%), con datos del curso 2020-2021.

Al igual que la salud de una población, su rendimiento escolar está marcado por unos determinantes sociales. A mayor pobreza, menor posibilidad de obtener buenos resultados. Investigaciones sobre origen social y renta-riqueza demuestran la profundidad de la marca que deja nuestro entorno en el logro educativo y económico.

De modo que Andalucía, como corresponde a una comunidad comparativamente pobre dentro de España, tiene unos resultados por debajo de la media. El medidor más homogéno lo ofrece el informe PISA. En la útima edición, realizada en 2018, los alumnos andaluces quedaron penúltimos sólo por delante de Canarias en Matemáticas (467, frente a 481 de España) y Ciencias (471, frente a 483 de España).

En cuanto a la tasa de aprobados en las pruebas de acceso a la universidad, Andalucía es la cuarta por abajo, con datos de 2019.

La última colección de datos oficiales comparables de todas las comunidades de gasto por alumno en la escuela pública, de 2019, muestra que Andalucía invirtió 4.803 euros por cada alumno no universitario, a 595 euros del dato español (5.398) y sólo por delante de Madrid (4.401).

El gasto por alumno subió en 2019 un 4,5% en España y un 4% en Andalucía. En el otro lado de la balanza, Andalucía fue en 2020 la tercera comunidad que más presupuestó para educación de su gasto público total, un 22,8%, sólo por detrás de Murcia y País Vasco y por encima del conjunto de España (20,5%).

¿Y dedica el Gobierno andaluz más que la media a educación concertada o menos? Menos. En el conjunto de España las transferencias a la educación privada no universitaria fueron en 2020 del 17,36% del gasto educativo, mientras en Andalucía se quedaron en un 13,12%. Desde 2018 el porcentaje de gasto dedicado a conciertos ha crecido un 6,04% en Andalucía, frente a un 9,89% en el conjunto del país. Todo ello según datos del Ministerio de Educación.

Según los datos ofrecidos a infoLibre por la Consejería de Educación, su previsión de incremento de la inversión educativa en 2022 –con el presupuesto de 2021 prorrogado– es de un 16,36% con respecto a 2018. La subida en la red pública sería del 17,48% y en la concertada del 8,79%.

En el curso 2019-2020, último del que hay cifras comparables, se matricularon en España 1,6 millones de alumnos en enseñanzas no universitarias: Infantil, Primaria, Especial, ESO, Bachillerato y programas formativos. Más que en ninguna otra autonomía. Es más, sólo su alumnado supera la población de ocho comunidades autónomas.

El 73,2% del alumnado está escolarizado en la enseñanza pública, frente a un 67,1% en el conjunto de España (curso 2019-2020). El 20,9% está en la concertada y el 6% en la privada, en ambos casos por debajo del dato nacional (25,4% y 7,5%).

Los porcentajes son relativamente estables, pero con una tendencia al alza de la concertada y a la baja de la pública. En el curso curso 2000-2001, el 75,4% iba a la pública (ahora el 73,2%) y el 18% a la concertada (ahora el 20,9%). El cambio más marcado a favor de la privada financiada con fondos públicos se da en Infantil. En el curso 2000-2001, sólo el 1,2% de los alumnos se matriculaban en la concertada; en 2019-2020, el 30,3%.

Está por ver qué efectos tienen a medio –y, llegado el caso, a largo plazo– las políticas pro-concertada que desde 2019 viene aplicando el Gobierno andaluz.

En Andalucía hay menos porcentaje de alumnado extranjero que en la media española en enseñanza no universitaria: 5,3% frente a 9,9% en el curso 2020-2021. Eso sí, dicho alumnado se concentra en la red pública, un 82,4% en el curso 2019-2020 frente a un 8,3% en la concertada. De modo que existe un desequilibrio con respecto al porcentaje que la concertada ocupa en el sistema (20,9%). ¿Qué indica esto? Aunque en teoría la concertada es gratuita para las familias, en la práctica a través de la ubicación selectiva de sus centros y del cobro irregular de cuotas se produce un fenómeno de exclusión de alumnado pobre e inmigrante, fenómeno no exclusivo de Andalucía.

En el conjunto de España el número medio de alumnos por profesor en enseñanzas no universitarias es 12, con datos del curso 2019-2020. En Andalucía son 12,7, lo que la sitúa como la segunda peor comunidad autónoma, sólo mejor que Madrid (13,5).

En alumnos por aula en centros públicos Andalucía era en el curso 2018-2019 la tercera que más tenía en centros de ESO y/o Bachillerato y/o FP (25,1 frente a 23,2 en España) y también la tercera que más tenía en centros de Primaria (21,3 frente a 20,6 en España).

En cuanto al número medio de alumnos por ordenador en centros públicos, en España son 2,8 y en Andalucía son 3,2, lo que sitúa a la comunidad del sur sólo mejor que Comunidad Valenciana, Murcia y Madrid, con datos del curso 2018-2019.

Andalucía, que el próximo 19 de junio se juega su futuro y la presencia de la extrema derecha en San Telmo, tiene varios frentes abiertos en el terreno medioambiental. Y el cambio climático vertebra los problemas ecológicos como la gasolina que aviva el fuego. Es bien sabido, y así lo evidenció la última gran revisión de la literatura científica de los expertos de Naciones Unidas, que el sur de Europa es muy vulnerable al fenómeno no solo por el aumento de la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos o la subida de las temperaturas, sino por la probable escasez hídrica y la desertificación de los suelos. Y, como muestran las proyecciones, dentro de la península ibérica, el escenario se complica entre Despeñaperros y el Estrecho.

Juanma Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía, reivindica para sí las políticas verdes; no son "de derechas ni de izquierdas, sino de sentido común", como ha dicho en campaña. Sin embargo, el reto de la crisis ecológica exigirá, si se quieren evitar los peores efectos, un cambio de modelo poco compatible con los principios del conservadurismo político; y mucho menos con la reacción negacionista de Vox, el probable socio de Gobierno. Esto es lo que dicen los datos.

El Visor de Escenarios de Cambio Climático habilitado por el Ministerio para la Transición Ecológica plantea, en el medio plazo (2040-2070), un aumento generalizado de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones en toda España, en base al escenario RCP 4.5., fijado por el IPCC en su informe de 2014; uno de los más probables, en el que se incumple el Acuerdo de París y se llega al máximo de emisiones en 2040 para luego descender. No es el peor de los imaginados por los especialistas convocados por entonces, pero tiene más papeletas para convertirse en realidad. Algunos indicadores del modelo dibujan un peor pronóstico para Andalucía y, en concreto, para el valle del Guadalquivir, entre Cádiz, Huelva, Córdoba y Sevilla, la conocida como la sartén de España.

En esta zona se esperan hasta 10 días menos de lluvia al año con respecto a la serie histórica, y entre 50 y 80 días al año con temperaturas mínimas por encima de 20 grados, por encima de la media actual de 30. La evapotranspiración, es decir, la cantidad de agua que pierde tanto la superficie como la vegetación de una zona por el calor, pasará a partir de 2040 de entre los 75/80 mm/día a más de 90 en el peor escenario. Entre Huelva, Sevilla y Cádiz, la media de temperaturas máximas podría alcanzar los 30 grados, frente a los 25 actuales (contando para el recuento las noches y los inviernos), unos registros que serán inalcanzables para el resto de la península, con picos por encima de los 45 grados en la depresión que hace el antiguo río Betis cerca de su desembocadura.

El pasado verano, Montoro (Córdoba), en medio de este triángulo del calor extremo, volvió a romper el récord de temperatura en España al registrar 47,2 grados. El cambio climático no solo amenaza con subir el mercurio, también con escenarios incompatibles con la vida. Junto a la falta de precipitaciones, con la cuenca del Guadalquivir en riesgo de sequía desde hace casi una década, revelan el principal desafío ambiental de Andalucía: el agua. Falta agua. Va a faltar más. El 21% de la superficie andaluza está en un riesgo alto de desertificación, según el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación. No solo por el cambio climático, sino por la conversión de cultivos de secano en regadío sin control; una estrategia apoyada por la Junta. El modelo ha causado que la mitad sur peninsular concentra el mayor volumen de agua subterránea en mal estado, y más de la mitad de las cuencas andaluzas que vierten al Mediterráneo registran un mal estado químico.

Juanma Moreno, poco sospechoso de negacionista y con políticas medioambientales más ambiciosas que otros presidentes autonómicos de su partido, lo sabe. Y lo explica. Su compromiso para la próxima legislatura es el de encabezar "una revolución del agua como no se ha hecho en otra región europea". Sabe que la región escasea de recursos hídricos y que va a ir a peor en los próximos años, por los efectos inevitables del cambio climático, aunque reduzcamos radicalmente las emisiones. Sin embargo, su receta no pasa por moderar el consumo de los sectores más hidrointensivos, como el regadío, sino por distribuirla más entre cuencas supuestamente "excedentarias" y otras supuestamente "deficitarias"; y por sacarla de donde ahora mismo no la hay con una apuesta por la desalación.

Sin embargo, en el Parque Nacional de Doñana, un ecosistema único y herido de muerte, se pueden comprobar los límites y las contradicciones de la apuesta. El pasado 9 de febrero, PP, Cs y Vox aprobaron, con la abstención del PSOE, una amnistía de las hectáreas de regadío que se quedaron fuera del plan de ordenación del antiguo Ejecutivo socialista. El Gobierno de Susana Díaz estableció que esos terrenos, que llevaban años utilizando el agua de las marismas sin permiso, no tenían derecho a una regularización: y la proposición de ley que salió adelante abre la puerta a que se regularicen, aunque el permiso final para utilizar el recurso hídrico dependerá de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, un órgano de Transición Ecológica.

Hay 1.600 hectáreas de regadíos sin permiso en el entorno de Doñana. PP, Cs y Vox quieren que una parte de ellos se regularicen. Organizaciones ecologistas y antiguos directores del parque opinan que el ecosistema necesita que desaparezcan, con una transición justa para los trabajadores.

Las preguntas de fondo son las siguientes: ¿hay agua suficiente en Doñana para el regadío actual? ¿Y para más? ¿La habrá en el futuro? La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que ha establecido un decrecimiento del 6% de la superficie regada para 2030, el Gobierno central, la Comisión Europea y los ecologistas piensan que no. Los partidos de la derecha parlamentaria andaluza, las patronales agrarias y el Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla piensan que sí. La apuesta, además de desaladoras, se basa en trasvasar el agua de las zonas de Andalucía en las que, supuestamente, sobre el recurso hacia las que lo necesiten para mantener viva la industria.

Sin embargo, hay dos obstáculos al plan. Uno, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir planea esos trasvases no para ampliar el regadío, sino para que el actual deje de beber de un acuífero sobreexplotado y que amenaza con desertificar una marisma única en Europa. Y, en segundo lugar, porque ninguna cuenca hidrográfica cercana a Doñana es excedentaria. La sequía hidrológica, a pesar de las intensas lluvias de la primavera en el sur, sigue manteniendo a la práctica totalidad de la zona que abarca al Guadalquivir y sus afluentes en situación de alerta: se teme que haya menos recursos de los que se necesitan. Pero las cuencas vecinas, de donde Moreno pretende extraer agua que sirva al imperio de la fresa, tampoco pueden tirar cohetes.

A día 7 de junio, los embalses de la gaditana cuenca de Guadalete-Barbate están al 34,71%. La media de los últimos 10 años en las mismas fechas es del 68,30%. La cuenca del Tinto, Odiel y Piedras disfruta de mejor salud, pero igualmente disfruta de menos agua que en el pasado reciente: 77% de agua embalsada frente al 84,72% de los últimos dos años. En general, Andalucía se enfrenta a un final de 2022 muy preocupante a nivel hídrico, salvo que el verano, que se prevé seco y más caluroso de lo habitual, traiga un improbabilísimo milagro en forma de precipitaciones.

La desalación, por su parte, encuentra sus límites al otro extremo de la comunidad, en Almería. El "milagro económico" de los invernaderos agotó los acuíferos y no recibe agua de trasvases, por lo que tiene que tirar de desaladoras. Como denuncian la patronal agraria y el Ayuntamiento de Níjar, el municipio con menos renta de España y epicentro de la explotación hortofrutícola, el agua desalada es más cara y reduce los márgenes de beneficio de los agricultores.

La situación de Doñana y la amnistía a los regantes ha sido, de lejos, la principal y más agria polémica del mandato de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la comunidad autónoma andaluza. No la única. En febrero de 2021, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, pidió a la Junta una rectificación por el decreto que abría la puerta a eximir a determinados proyectos de la evaluación ambiental: solo con la decisión del Consejo de Gobierno, si dicha evaluación "pueda tener efectos perjudiciales para la finalidad del proyecto". La también vicepresidenta del Gobierno fue contundente: "Así no".

Argumentó la Junta que la ley estatal de evaluación ambiental también recogía excepciones, pero están más detalladas: el Ejecutivo central puede hacer que un proyecto se libre del examen, pero se tienen que garantizar "formas alternativas de evaluación" y el permiso de la Comisión Europea. Para los ecologistas, no es casualidad: la Junta de Andalucía apuesta por el desarrollismo, la ideología que propugna el avance meramente económico como objetivo prioritario, por encima de la protección y preservación de los espacios naturales –algunos de ellos, únicos en el mundo–. No solo pasa en Doñana.

Ribera y Moreno están de acuerdo en el derrumbe del hotel Algarrobico, un mastodonte ilegal en primera línea de una de las pocas playas vírgenes que sobreviven en el entorno de Cabo de Gata. Pero en el mismo parque, en la zona de Los Genoveses, la Junta ha dado el visto bueno a un hotel. Las asociaciones ecologistas que llevan décadas luchando por mantener a Cabo de Gata libre del impacto humano, garantizando aguas cristalinas y una biodiversidad única, sienten que están a punto de perder la batalla.

El Gobierno de Moreno también ve con buenos ojos el golf en Maro (Málaga), que pone en peligro las explotaciones familiares de frutos tropicales; ha permitido reabrir la mina de Aznalcóllar tras el desastre de 1998; y, como polémica más reciente, ha esquivado la evaluación ambiental en un proyecto de carril ciclista, puro hormigón, en el parque gaditano de los Alcornocales.

Hay una tendencia. Pero también hay límites en la autopista infinita que imagina el desarrollismo: la insostenibilidad de la explotación del recurso es un límite físico, no una ensoñación ecológica. En Andalucía, con la complicidad en varios casos del Gobierno de la Junta que opta a la reelección, el calor aprieta, el agua se agota y los ecosistemas se mueren.

Los datos en Andalucía sobre salud y sistema sanitario permiten extraer dos conclusiones: la primera es que la salud es –comparativamente– peor que en el conjunto de España; la segunda es que el sistema que debe responder al problema sufre –también en comparación con el resto de España– un déficit de recursos.

Andalucía fue en 2020 la de menor gasto sanitario público habitante: 1.398 euros, 240 menos que el conjunto de España. La comunidad del sur es la que tiene menos médicos y enfermeros especialistas y menos camas por cada mil habitantes, mientras se mantiene primera en porcentaje de su gasto dedicado a atención primaria (17,66%), algo que explica la resistencia de un sistema en el que se observa una evolución llamativa en la relación entre lo público y lo privado: el Gobierno andaluz, de PP y Cs, ha incrementado el gasto en conciertos privados en un 27,2%, desde los 424,5 millones de 2018 hasta los 540 millones previstos para 2022.

Andalucía va por detrás en cuanto a la salud de su población, pero sería exagerado decir que es una una región descolgada. Atrasada, sí; descolgada, no. Los indicadores del Sistema Nacional de Salud (SNS) muestran una posición peor que el conjunto, pero dentro de una órbita similar. Por ejemplo, la esperanza de vida al nacer en Andalucía es la más baja de todas las comunidades, pero está a 1,24 años del total del país (82,52 frente a 83,76, con datos de 2019). Y ello a pesar de que 9 los 15 municipios mayores de 20.000 habitantes con menos esperanza de vida en 2019 son andaluces, con La Línea de la Concepción en cabeza (79,9 años), según datos del INE. La gente de La Línea tiene una esperanza de vida al nacer 5,6 años más baja que la de Pozuelo de Alarcón, el municipio más rico de España. En años de vida saludable a partir de los 65 años los andaluces están en 18,17, los penúltimos, sólo mejor que Murcia, con 16,71, frente a 19,09 en el conjunto de España [ver Nota sobre Ceuta y Melilla al final del artículo].

El SNS pone todos los datos en relación con los llamados "determinantes sociales de la salud", entre los que destacan tres: pobreza, nivel de estudios y clase social. En las tres, Andalucía aparece peor que el conjunto de España. Es decir, hay en conjunto más gente pobre, de clase social más baja y con menos estudios que en el total del país.

Ahí es donde hay que buscar los porqués a la posición rezagada de Andalucía en clasificaciones tan dispares como mortalidad infantil (2,95 por cada mil vivos, frente a 2,61 en el conjunto de España) población adulta en riesgo de mala salud mental (26,5% frente a 18,01% en el conjunto de España). En ambos casos Andalucía está en la segunda peor posición de España, sólo por delante de Cantabria y Murcia, respectivamente.

Andalucía está peor que el conjunto de España en 14 de las 15 causas de mortalidad (o mortalidad prematura) comparadas por el SNS, incluyendo cáncer, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del sistema respiratorio, diabetes o suicidio. La única causa de mortalidad en que está mejor que el conjunto son los accidentes.

Andalucía está en cambio mejor que el conjunto del país en índice de calidad de vida infantil relacionada con la salud (89,96 frente a 87,4).

Así que ya tenemos la primera parte de la fotografía: en Andalucía hay –comparativamente– peor salud y menor esperanza de vida, como resultado de una población –comparativamente– más pobre. Queda la otra mitad de la imagen: el sistema sanitario al que le corresponde dar respuesta a este desafío.

Empecemos por los datos de 2020 de lo más básico: médicos y el personal de enfermería. Andalucía tiene 1,51 médicos especialistas por cada mil habitantes, la comunidad que menos tiene de España (2,02 en conjunto). Y es la tercera que menos médicos de atención primaria ofrece por habitante, 0,75, empatada con Murcia, Canarias y Asturias y sólo mejor que Madrid (0,69) y Baleares (0,61).

En profesionales de enfermería especializada por cada mil habitantes Andalucía está en 3,04, la última de todas, a 7 décimas del conjunto del país (3,74). En cuanto a enfermería de atención primaria, otra vez va en el furgón de cola (0,6 por cada mil personas asignadas), únicamente por delante de Baleares (0,57), Murcia (0,58) y Madrid (0,5).

Los datos de camas también son de 2020. Andalucía es la comunidad con menos camas hospitalarias en funcionamiento por cada mil habitantes: 2,19, frente a 2,95 en el conjunto España.

Todo lo anterior está conectado con el gasto. Con datos de 2020, Andalucía es la comunidad con menor gasto sanitario por habitante. Además, la diferencia es significativa: 1.398 frente a 1.638 del conjunto de las comunidades autónomas. La diferencia es de 240 euros por habitante.

El gasto sanitario de la comunidad andaluza ha evolucionado de los 10.184,3 millones de 2018 a los 10.658,4 de 2019 y los 11.857,5 de 2020, lo que supone un incremento del 16,42% en el ciclo 2018-2020, con el actual Gobierno PP-Cs.

Hasta ahí permiten ver los datos con cierre consolidado del Ministerio de Sanidad. De ahí en adelante, está lo presupuestado por el Gobierno andaluz: 11.772 en 2021 y 12.900 millones en 2022, si bien estas cuentas no llegaron a ser aprobadas al perder el Ejecutivo andaluz el apoyo de Vox y no conseguir el del PSOE ni de Unidas Podemos. El incremento 2018-2022 hubiera sido, con las previsiones oficiales, del 26,66%.

El gasto en conciertos va camino de un fuerte incremento con el Gobierno andaluz salido de las elecciones de diciembre de 2018. Aquel año, en 2018, la partida de la Consejería de Salud para conciertos fue de 424,52 millones de euros, que subieron a 442,91 en 2019 y a 471,7 en 2020, según datos oficiales del Ministerio de Sanidad. La información de 2021 es de la propia consejería. Hubo una bajada, hasta los 463,7 millones, mientras en 2022 la previsión de gasto es de 540 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 16,45% con respecto a 2021 y del 27,2% si la comparamos con 2018 (115,48 millones más).

Andalucía está por debajo de la media en porcentaje de gasto público dedicado a conciertos. Aún no hay datos comparables de 2021 y 2022. Pero en 2020 el porcentaje era de un 3,98%, mientras en España de un 8,46%.

El número de pacientes derivados a la sanidad privada concertada para "aliviar" las listas de espera ascendió en 2021 a 858.529, según informó en el Parlamento el consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP). Esto supone un incremento del 49,8% desde 2018 (573.082), según la comparación elaborada con los datos oficiales recabados por Eldiario.es.

Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, afirma que la sanidad andaluza se encuentra en un momento "crítico" en el que sería necesario un "reforzamiento", especialmente de la atención primaria. Y ello a pesar de que la comunidad del sur aún es la que más gasta porcentualmente en atención primaria, el 17,66% (2020), aunque cayó en con respecto a 2019 (18,01%).

A juicio de March, si se agudiza el deterioro de la atención primaria crecerá el fenómeno de la contratación de seguros privados. En Andalucía el porcentaje de asegurados privados alcanza el 20,63%, por debajo del conjunto de España (23,35%), con datos de 2020. Ahora bien, este porcentaje ha crecido más de un tercio (37,9%) en diez años, frente a un 16,45% en España, según datos de la patronal del seguro Unespa. Es decir, el porcentaje ha pasado en una década del 14,96% al 20,63% en Andalucía y del 20,05% al 23,35% en España. Hace diez años Andalucía era la séptima con mayor capilaridad del seguro privado, ahora es la quinta.

¿Y las listas de espera, otro factor que según March empuja a las soluciones privadas y el "sálvese quien pueda"? A 31 de diciembre de 2021, Andalucía tenía 122.959 pacientes pendientes de intervención quirúrgica, lo que supone 15 de cada mil habitantes, levemente por debajo de España total (15,39). El tiempo medio de espera está en 128 días, un poco por encima de España total (123).

El balance empeora en la espera de consulta por el especialista, situación en la que están 106,49 de cada mil habitantes, más que en ninguna otra comunidad, siendo el dato global 77,23. El tiempo medio de espera, 105 días, el cuarto mayor de todos (89 en conjunto).

Andalucía está entre las tres comunidades con peor nota de satisfacción ciudadana, junto a Cataluña, y mejor que Canarias, según los datos oficiales del Sistema Nacional de Salud de 2019, último ejercicio disponible.

La opinión ciudadana se completa con el porcentaje de personas que opinan que la sanidad funciona "bien" o "bastante bien". Ahí la peor vuelve a ser Canarias (54,05%), seguida de Andalucía (67,3%), según datos de encuestas recabados por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública en su reciente estudio Los servicios sanitarios de las CCAA.

La valoración global –es decir, el porcentaje personas que que consideran que la atención recibida fue "buena" o "muy buena"– más baja se da en Castilla La Mancha: sólo un 79,55% considera que el servicio fue "bueno" o "muy bueno". Detrás van Canarias (81,27%) y de nuevo Andalucía (82,57%), según este informe.

Dicho estudio utiliza una serie de indicadores de financiación, gasto, política farmacéutica, listas de espera, valoración de los ciudadanos y privatización, entre otros, para elaborar una clasificación de sistemas sanitarios según calidad. Andalucía queda la cuarta por la cola.

¿Y el covid-19? Andalucía ha sido en conjunto una comunidad de la que puede decirse que ha sufrido la pandemia con menos intensidad que el conjunto del país. En la última actualización oficial de datos, de 7 de junio, acumula 13.732 fallecidos, con una tasa de mortalidad global de 162,23 por 100.000 habitantes, es decir, la sexta menor. En el conjunto de España la tasa es de 225,32.

El contexto socioeconómico andaluz

Los datos de este artículo hay que situarlos en un contexto muy particular. El contexto andaluz, claro. Si algo hemos aprendido de la pandemia de covid-19, es que si queremos hablar de salud, hay que hacerlo también de pobreza y desigualdad. Y Andalucía, la región cuya salud y sistema sanitario aborda este artículo, es una región comparativamente pobre en España. Un cuarto más pobre, podría decirse: su PIB per cápita alcanza un 74,9% del PIB per cápita nacional. Eso repercute sobre la salud de la población. Como explican los científicos sociales e investigadores en salud pública, no es que los andaluces tengan peor salud porque se cuidan menos, sino que tienen de partida unas expectativas de salud algo peores porque son algo más pobres. Se trata de una dinámica que sólo se rompe –o se palía– con políticas de reducción de la pobreza y servicios públicos correctores.

Si un sistema público de sanidad –también de educación, pero aquí nos centramos en la sanidad– funciona eficiente y equitativamente, contribuye a mitigar esta desventaja de partida. Por el contrario, su disfunción puede agravarla. Así lo explica el epidemiólogo Manuel Franco, que afirma: "El sistema sanitario funciona de por sí como un eje de igualdad, igual que el de pensiones, el de paro o el educativo. En Andalucía, con un porcentaje superior al conjunto de España de personas en riesgo de pobreza y exclusión y por lo tanto con mayor riesgo para su salud, un deterioro del sistema público es doblemente grave". Franco señala que, si el sistema quiere provocar un efecto nivelador, debería realizar un sobreesfuerzo en las regiones con mayor pobreza y desigualdad.