La derecha andaluza ignora a Bruselas y a la sequía aprobando una 'amnistía' en Doñana a regadíos ilegales

El grupo parlamentario Vox vota a favor para la legalización de las tierras de Doñana.

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles una proposición de ley que abre la puerta a calificar más suelos del entorno del espacio natural de Doñana, en Huelva, como regables; intensificando aún más, como denuncia el Gobierno central, los ecologistas y la propia Comisión Europea, la presión hídrica sobre un ecosistema único en el continente y en estado crítico. El PSOE, muy duro en el debate contra la iniciativa, se ha abstenido con el fin de negociar durante la tramitación.

PP, Cs y Vox, que han presentado la propuesta en dos textos en vez de uno para seguir ejecutando la performance de evitar que el partido liberal y el de extrema derecha coincidan, aseguran que se resarce el "daño causado a cientos de agricultores" onubenses. Unidas Podemos, que se ha quedado sola en el no, ha pedido que dejen de engañar a los trabajadores del campo: ni hay más agua en Doñana para el regadío intensivo, ni la va a haber.

El origen de la proposición de ley aprobada este miércoles se remonta a 2014, año en el que salió adelante el Plan de la Corona Forestal impulsado por el anterior Gobierno de la Junta de Andalucía. Se regularizaron miles de hectáreas de regadío, principalmente para el cultivo de frutos rojos; y se dejaron fuera entre 800 y 1.900 (según quien calcule), que no contaban con permisos para usar el agua.

La derecha dice que esos agricultores cuentan con "derechos históricos" que les legitima a explotar el recurso. El PSOE andaluz reconoce que pudo cometerse una injusticia con ellos. A su izquierda, Unidas Podemos asegura que no hay más recurso. Y los ecologistas contraatacan: ni derechos, ni históricos. "Regar sin ningún tipo de autorización administrativa y realizar una actividad ilegal durante años no otorga ningún tipo de derecho", atacaba WWF esta semana.

PP, Cs y Vox aseguran que esos agricultores fueron castigados por una ley retroactiva y que ahora, la derecha andaluza les compensará. "Me llena de orgullo y satisfacción ser el ponente de esta ley para resarcir el daño causado a cientos de agricultores de Almonte, Moguer y Rociana", declaró el diputado popular Manuel Andrés González. Durante el debate de la proposición utilizar tres argumentos, dos de ellos incompatibles con la realidad hídrica de la zona que atestigua el plan hidrológico presentado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que regirá hasta 2030.

El primero es que, en palabras literales de González, "no se habla de agua" sino del uso de la tierra. Defienden las derechas que la proposición aprobada este miércoles no habilita automáticamente a esos cientos de hectáreas para instalar cultivos de regadío, sino que simplemente califica las zonas como regables y es competencia de la Confederación Hidrográfica autorizar el uso, que podría ser hipotéticamente de secano. Sin embargo, como recordó Mario Jiménez, del PSOE, es obvio para todos los actores del debate que en Huelva se cultivan fresas, no aceitunas.

El PP argumenta, en segundo lugar, que la iniciativa no compromete el ecosistema de Doñana porque las fincas beneficiadas se sitúan a entre 40 y 50 kilómetros del parque natural. Sin embargo, como manifiesta en sus informes la Confederación Hidrográfica, el regadío de la zona –independientemente de su posición geográfica exacta– bebe de los maltratados acuíferos que dan vida, cada vez menos, al emblemático humedal. Y, en tercer lugar, las tres formaciones reivindican que las hectáreas se deberían regar con aguas superficiales, de ríos y embalses tanto del Guadalquivir como de la cuenca vecina de Tinto, Odiel y Piedras mediante transvases, por lo que las aguas subterráneas no se verían afectadas.

"El agua en superficie es garantía de sostenibilidad", ha afirmado el portavoz de Ciudadanos, Julio Díaz, que ha señalado al Gobierno central por aprobar justo este miércoles la ampliación del desdoble del túnel de San Silvestre, para dotar de más recursos hídricos a Huelva, para apuntarse un tanto ante los regantes. "Lo único que hay que hacer es pasar agua de las cuencas con excedentes a las cuencas deficitarias", ha rematado el representante liberal. Sin embargo, y en base una vez más al plan de la Confederación Hidrográfica para salvar Doñana, estas obras hidráulicas no pueden servir para aprobar más hectáreas de regadío, sino para que las ya existentes dejen de esquilmar los acuíferos. El documento, además, planea reducir un 6% los cultivos intensivos en agua de aquí a a 2030, una meta obviamente incompatible con las intenciones de los proponentes.

Ninguno de los tres partidos de la derecha andaluza mencionó en su intervención la sequía meteorológica e hidrológica que ya azota a la región y que es solo la culminación de unos largos 10 años en los que llueve por debajo de la media en el sur de España. El cambio climático, probablemente, tiene que ver, y es solo el principio: los escenarios a futuro señalan inequívocamente al valle del Guadalquivir como la zona peninsular donde más descenderán las precipitaciones y aumentarán las temperaturas. No es solo cuestión de que cada vez va a haber menos agua: es que el consenso científico sobre Doñana apunta a que los usos del recurso ya son, en la actualidad, mayores a lo que puede soportar un humedal herido de muerte.

"El problema es que no hay agua"

Así lo defendió la portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, que al igual que sus compañeros de bancada de la derecha, se dirigió a los agricultores presentes en la cámara. Estos no le devolvieron el saludo. Sí lo hicieron con PP, Cs y Vox. La portavoz morada les aseguró que la proposición de ley les pretendía engañar. "El problema es que no hay agua y no se puede ampliar el número de hectáreas de regadío porque el acuífero ya está sobreexplotado. Quienes les han sembrado esta expectativa les están engañando". La reforma del Plan de la Corona Forestal no solo es inviable medioambientalmente, defendió: también económicamente. Se pone en riesgo "toda la agricultura" onubense.

Jiménez, del PSOE, reconoció que el plan de 2014 dejó a algunos agricultores en tierra de nadie. No hizo referencia explícita a la falta de agua, pero se sumó a la hipótesis del engaño. "Con la aplicación literal de esta proposición no se van a legalizar ni siquiera 90 hectáreas, y como terreno agrícola sin tener garantizada el agua. Es un acto de propaganda barata y un engaño masivo a los agricultores". Su partido se abstuvo a pesar de la encendida oposición que manifestó el diputado en la cámara.

El partido socialista quiere negociar. No está de acuerdo la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de su mismo partido. Este mismo miércoles remitió una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, advirtiendo de "los enormes perjuicios, tanto económicos como medioambientales, y también para la imagen de España en el exterior" de la iniciativa legislativa.

El ecologismo tampoco aprueba la posición del PSOE. "Esta propuesta de ley pone en grave peligro a Doñana y el futuro de la agricultura legal. Esta proposición supone un agravio comparativo para aquellos agricultores legales que están haciendo bien su trabajo y que se van a ver perjudicados porque tendrán que compartir un recurso escaso como el agua y sufrir competencia desleal. Esta amnistía supone un grave desprestigio ante el mercado europeo que ya ha puesto la lupa sobre Doñana y la fresa de Huelva", en palabras del coordinador de Proyectos de Agua y Agricultura de la plataforma, Felipe Fuentelsaz. 

Y, por último, la Comisión Europea está escandalizada. No han hecho ni una sola referencia ni el PP, ni Cs ni Vox al rechazo expreso y contundente de la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, a la iniciativa. El Ejecutivo comunitario no solo ha amenazado con más sanciones, sino que ha puesto en duda el respeto al Estado de Derecho de los proponentes. Para la derecha, las críticas a la medida son "demagogia". Mientras tanto, las marismas se mueren.

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