Comenté en un artículo reciente que el proyecto de ley que está en sede parlamentaria tiene ahora la oportunidad de ser debatido y mejorado por los grupos parlamentarios; es el momento de demostrar más ambición en la gobernanza de la IA y pasar de un texto de mínimos a una versión más valiente. 

Como un antecedente, conviene recordar que la Unión Europea tenía previsto que en el próximo mes de agosto empezaran a aplicarse las obligaciones del reglamento de IA (RIA), para los sistemas usados en el ámbito laboral. Aunque esta norma comunitaria entró en vigor hace casi dos años, la parte relativa a su aplicación en las empresas debía comenzar dentro de pocos días. Sin embargo, Parlamento Europeo y Consejo alcanzaron recientemente un acuerdo político dentro de un paquete legislativo conocido como Omnibus Digital, en el que determinaron retrasar a diciembre de 2027 la entrada en vigor de las nuevas obligaciones en materia de sistemas de IA de alto riesgo, entre ellas las laborales.

El Gobierno, a través en esta ocasión de su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado muy recientemente que ve con recelo esta demora y planea defender que la regulación de la inteligencia artificial y los algoritmos en el mercado laboral español sea más estricta y vaya más allá de los mínimos exigibles que marca el RIA a las empresas a la hora de usar todo tipo de tecnología algorítmica para objetivos como la selección de personal; la evaluación del desempeño profesional; las decisiones de promoción o despidos o la monitorización de trabajadores, entre otras cuestiones.

Con estas manifestaciones, críticas a la postura desreguladora de la UE, el Gobierno se sumaría a la posición de muchas organizaciones de la sociedad civil, que han criticado y siguen criticando esta postura liderada por Estados Unidos y, por omisión, por la Comisión Europea en materia del uso de la IA.

Llegados a este punto conviene destacar que una buena parte de las propuestas de mejora del proyecto de ley referido, preparadas para los Grupos Parlamentarios por parte de la Fundación Alternativas, coinciden con estas inquietudes manifestadas por el Gobierno de coalición.

Ante este cúmulo de informaciones que convergen en la necesidad de mejorar el proyecto de ley presentado, solamente cabe esperar de su trámite parlamentario un resultado: que se pase de las palabras a los hechos, porque a pesar de que la Comisión Europea pida tiempo, el mundo del trabajo no puede esperar.

Un primer aspecto clave de la mejora que se espera del proyecto es el de consolidar las garantías suficientes para la transparencia algorítmica y el control humano. Uno de los principios fundamentales de la IA es que sea explicable y, por tanto, hay que garantizar la posibilidad de auditar o ejercer control sobre los algoritmos, siendo lo prioritario asegurar que la decisión última antes de ser aplicado un sistema sea adoptada por un ser humano que pueda explicar, por ejemplo, cómo se ha llegado a un resultado. En el fondo de las decisiones que deben adoptar las organizaciones están los algoritmos, que son el corazón de los sistemas que se desarrollan, pero lo importante es que el cerebro del proceso siga siendo humano. Por ello es conveniente comprender bien todas las etapas, educando sobre su importancia, por ejemplo, en la rectificación de sesgos cuando se haya detectado que un programa va en contra de derechos fundamentales.

Un segundo aspecto clave que debería corregirse es el resultado de la falta de diálogo social en la versión actual del proyecto normativo. Ese ha sido, por cierto, uno de los reproches más serios del Consejo Económico y Social (CES). Por ello, otra de las mejoras sustanciales del proyecto consistiría en articular la necesaria coordinación de la Agencia Española de Supervisión de la IA y la Agencia Española de Protección de Datos, en tanto que agencias supervisoras de la IA en nuestro país, con otras instituciones. Instaurar esta coordinación supondría, por ejemplo, asegurar la participación y el seguimiento de las autoridades nacionales, económicas, laborales y sociales en sus correspondientes ámbitos y en lo relativo al desarrollo de la IA, incluyendo también a una representación de los trabajadores y de los empresarios. Esta propuesta de mejora va en la línea de propiciar, entre otras, una participación sindical informada y una coordinación real entre Inspección de Trabajo con las agencias de supervisión antes mencionadas.

Un tercer aspecto clave que habría que corregirse es el déficit en el articulado de la apertura de sistemas de coordinación de las autoridades encargadas de la supervisión y vigilancia del mercado, con los foros de consulta existentes en la Unión Europea.

Un cuarto aspecto clave es conseguir que el Gobierno garantice en la norma que finalmente resulte aprobada en el Congreso, el proceso de una negociación colectiva en el marco de lo que ya establece la norma comunitaria sobre IA.

En resumen, todo ello es lo que interpreto como una falta de valentía en la gobernanza de la IA; pero ahí está la oportunidad de que se corrija en el trámite parlamentario, pues el texto que aprobó el Gobierno de coalición progresista en el mes de mayo pasado acentúa la impresión de que es un proyecto de mínimos en su actual versión, y no incluye, curiosamente, muchas de las ambiciones explicitadas por sus distintos miembros en torno a este tema.

El poder legislativo tiene ahora la palabra.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas.

Hay dos formas de interpretar los resultados financieros anunciados el miércoles 22 de julio por Alphabet, la empresa matriz de Google, correspondientes al segundo trimestre de 2026. Por un lado, podemos alegrarnos de que la facturación haya aumentado un 24% con respecto al año anterior y de que el beneficio trimestral se haya cuadruplicado, hasta alcanzar los 112.100 millones de dólares.

También podemos preocuparnos, pues 77.000 millones de esos beneficios, es decir, más de dos tercios, proceden de las valoraciones contables de las participaciones de Google en la empresa de IA generativa Anthropic, que no cotiza en bolsa, y en SpaceX, cuyas acciones se dispararon espectacularmente tras su salida a bolsa, el 12 de junio, para luego volver a caer de forma igualmente impresionante.

Pero, sobre todo, por primera vez desde su salida a bolsa, en agosto de 2004, la empresa ha gastado más dinero del que ha ganado: ha “quemado” 5.900 millones de dólares en un trimestre. En los dos trimestres anteriores todavía había generado un flujo de caja positivo de 20.000 y 10.000 millones, respectivamente.

Esta evolución, sin precedentes para una empresa conocida por su capacidad para generar efectivo, se debe a una única causa: sus inversiones masivas en las infraestructuras necesarias para el funcionamiento de la inteligencia artificial generativa, principalmente centros de datos y chips de última generación.

Y esto es solo el principio. Google también ha anunciado que, aunque tenía previsto gastar 190.000 millones de dólares en 2026 en IA generativa (frente a los 85.000 millones de 2025), el importe real de sus inversiones oscilará más bien entre 195.000 y 205.000 millones. Todo ello pese a que la empresa ya tiene una deuda que ronda los 100.000 millones y a que, en junio, vendió acciones por primera vez para recaudar 85.000 millones.

La reacción de los mercados ante estos anuncios ha sido inequívoca. La cotización de Alphabet cayó un 8,4% entre la mañana del miércoles y la noche del jueves. ¿Se trata del inicio de un cambio de tendencia en este mundo digital, impulsado durante meses por la impresionante dinámica generada por el sector de la IA?

En cualquier caso, es una señal del fin de la confianza ciega que el mundo económico había depositado en los hyperscalers, esos cinco gigantes estadounidenses —Alphabet, Amazon, Meta (matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp), Microsoft y Oracle— que invierten sin freno en centros de datos y chips. Otro indicio: de estos cinco gigantes, solo Alphabet ha superado (y con holgura) la rentabilidad media del índice S&P 500 (que agrupa a las 500 empresas estadounidenses más grandes) durante el último año.

Todas las empresas tecnológicas que cotizan en bolsa acaban de atravesar también una semana difícil, tras la presentación del nuevo modelo de IA generativa de la empresa china Moonshot AI, cuyo rendimiento es muy similar al de los productos más avanzados de OpenAI y Anthropic, pero a un coste muy inferior.

Por fin parecen darse las condiciones para plantearse la existencia de una burbuja financiera en torno a la IA, que ha llevado las valoraciones del sector hasta niveles nunca vistos. Nvidia, líder en la fabricación de chips de última generación, es ahora la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo, seguida de Apple, Alphabet, Microsoft y Amazon.

Los cinco hyperscalers representan hoy alrededor del 40% de la capitalización bursátil total del S&P 500. No cabe duda, por tanto, de que el estallido de la burbuja podría tener consecuencias catastróficas para una buena parte de la economía estadounidense y, por extensión, para la economía mundial.

“Si hubiera indicios, por un lado, de que [los hyperscalers] no pueden mantener el ritmo actual de sus inversiones y, por otro, de que están mermando sus beneficios sin obtener rendimiento de esas inversiones en IA, el precio de sus acciones podría desplomarse y arrastrar a todo el mercado bursátil en su caída”, resume en su blog el economista marxista británico Michael Roberts.

Para este veterano de la crítica al capitalismo, la economía estadounidense no es hoy en día más que “una gran apuesta por la IA”. Y a falta de encontrar un modelo económico coherente para esta nueva tecnología, la apuesta aún está lejos de ser ganada.

De hecho, Google y sus competidores se han lanzado a una loca carrera hacia el gigantismo, invirtiendo sin miramientos en el sector de la IA, absorbiendo toda su liquidez y más aún.

En marzo, el Banco de Pagos Internacionales (BPI), conocido como el “banco de los bancos centrales”, señalaba que, para estos cinco gigantes, los gastos de inversión ya representaban cerca del 14% de los activos en 2025, frente a una media de alrededor del 2% para el resto de empresas que cotizan en Estados Unidos.

Se prevé que, entre las cinco, destinen 800.000 millones de dólares a inversiones en 2026, y ya se han anunciado más de 1,2 billones para 2027. Como recuerdan otros especialistas, para entonces el presupuesto militar del Gobierno estadounidense apenas alcanzará los 961.000 millones.

La posibilidad de compensar estos desembolsos colosales con los beneficios derivados de esta nueva tecnología sigue siendo muy incierta. Así sostiene el informe parlamentario francés sobre las “vulnerabilidades” del sector tecnológico, publicado el 15 de julio. Incluso una estimación “maximalista de los posibles ingresos de las empresas de inteligencia artificial”, como la de la consultora Bain & Company, reconoce que esos beneficios no bastarían para cubrir las necesidades de financiación. La diferencia asciende, como mínimo, a cientos de millones de dólares.

“La sostenibilidad económica de la trayectoria inversora de las empresas de inteligencia artificial se basa en un crecimiento potencialmente exponencial de los ingresos, y ello en un plazo acorde con las expectativas de los inversores”, recuerda el informe. “Pero existen importantes dudas al respecto, ya estén relacionadas con la oferta (plazos de construcción de centros de datos, de las conexiones eléctricas, disponibilidad de chips) o con la demanda (retrasos en la adopción de la tecnología por parte de las empresas)”.

Las start-ups de reciente creación que desarrollan modelos de IA no están, por supuesto, exentas de riesgo. Ed Zitron, bloguero y uno de los críticos más duros del sector, reveló en junio los datos financieros de OpenAI: una facturación que pasó de 3.700 millones en 2024 a 13.070 millones en 2025, pero también unas pérdidas netas que se dispararon de 5.090 a 38.530 millones…

Mientras tanto, los hyperscalers aumentan su deuda tan rápido como la burbuja que alimentan. En 2025, recaudaron 121.000 millones de dólares en bonos. El BPI analizó la cuestión para el primer trimestre de 2026: a fecha de 5 de marzo ya se habían emitido 35.000 millones adicionales en bonos.

Y esta deuda se vende con menos facilidad (y, por lo tanto, a un precio más elevado), ya que los inversores empiezan a comprender la realidad de estas empresas, que pierden poco a poco su reputación de inversiones seguras debido a su escasa necesidad de infraestructuras costosas. ¿Están a punto de convertirse Google y Meta en empresas industriales como cualquier otra?

La situación puede ser incluso más preocupante. El 21 de julio, el medio japonés Nikkei Asia llamó la atención al publicar una investigación en la que revelaba que Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Oracle habían acumulado hasta 1,65 billones de dólares en compromisos financieros que aún no figuraban en sus balances contables.

Alquileres de centros de datos aún no puestos en marcha, pedidos plurianuales de chips y servidores, compromisos de compra de energía o de capacidad informática, operaciones financiadas por empresas conjuntas o “vehículos ad hoc” (special purpose vehicles, SPV)… La revelación de la magnitud de esta deuda oculta, que el BPI calificaba en su informe de marzo de “deuda en la sombra”, ha sido un jarro de agua fría.

Ese mismo día, una web especializada de Bloomberg iba un paso más allá y recurría a un nombre que despierta muy malos recuerdos de hace un cuarto de siglo: “El frenesí de los gigantes tecnológicos en materia de IA resucita los montajes contables que provocaron la caída de Enron”, advertía el artículo.

Enron, la compañía energética que acabó convirtiéndose en símbolo de los excesos del capitalismo financiero, “aprovechó las normas contables estadounidenses para ocultar a los inversores y a los prestamistas cientos de millones de deuda que había agrupado en entidades fuera de contabilidad”, recuerda Bloomberg. Su quiebra, en diciembre de 2001, arrastró también a la auditora Arthur Andersen y marcó un antes y un después en la historia empresarial.

Quizá escarmentada por precedentes como ese, EY, la firma que audita las cuentas de Meta, expresó públicamente en marzo sus dudas sobre la forma en que la empresa de Mark Zuckerberg había contabilizado en su balance su inversión en Hyperion, un enorme proyecto de centro de datos de 27.000 millones de dólares en Luisiana.

Los métodos empleados, tanto entonces como ahora, crean poderosos vínculos financieros entre las empresas, los fondos de deuda privada y los bancos, lo que refuerza los riesgos sistémicos en caso de que los resultados financieros resulten inferiores a los previstos. Y es precisamente esa maraña de intereses lo que provoca sudores fríos en el mundo económico.

El ecosistema de la IA ha llevado a un nivel sin precedentes la circularidad de las inversiones —y, por ende, de los riesgos—. Las empresas que construyen centros de datos y fabrican los chips adquieren participaciones en compañías de inteligencia artificial a cambio de compromisos de compra de procesadores o de capacidad de cálculo. El resultado es una demanda artificialmente inflada tanto de chips como de centros de datos.

“Los desarrolladores de IA, los fabricantes de chips y las grandes empresas tecnológicas desempeñan simultáneamente el papel de clientes, inversores y financiadores”, señalaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe de abril sobre la estabilidad financiera mundial, criticando los “estrechos vínculos” que conllevan “riesgos de opacidad”.

Uno de los economistas del BPI, Phurichai Rungcharoenkitkul, intentó a mediados de julio representar en un esquema este laberinto. El resultado merece la pena:

Una situación que ha llegado a preocupar incluso a Savita Subramanian, responsable de estrategia de renta variable en Bank of America. Según The New York Times, la experta reconoció a principios de julio que las enormes necesidades de financiación de Google y sus competidores le resultaban “un poco angustiosas”.

Y es que la rentabilidad esperada de esas inversiones no depende únicamente de los propios hyperscalers. Para que un centro de datos genere los beneficios previstos, empresas como OpenAI o Anthropic deben mantener una posición financiera lo suficientemente sólida como para contratar esa capacidad de cálculo. Si no lo consiguen, también tendrán dificultades para devolver los miles de millones que les han adelantado bancos y fondos de inversión.

Llegado ese punto, habría que preguntarse si la valoración bursátil de los hyperscalers sigue estando justificada, apuntó Subramanian. El riesgo es evidente: que el castillo de naipes termine derrumbándose.

Pese a todo, los vínculos cruzados continúan multiplicándose. El 21 de julio, la empresa francesa Mistral AI, que desarrolla su propio modelo de lenguaje, anunció un acuerdo de varios miles de millones de dólares con Microsoft para acceder a capacidad de cálculo en Europa e integrar algunas de sus herramientas en el software de la compañía estadounidense

Al día siguiente le llegó el turno del fabricante de chips AMD, gran competidor de Nvidia, que anunció a bombo y platillo su inversión de 5.000 millones en el capital de Anthropic, a cambio de un pedido masivo de procesadores. En octubre, la misma empresa había llegado a un acuerdo con OpenAI para un pedido tres veces mayor.

Para Phurichai Rungcharoenkitkul, economista del BPI, la situación actual es de una “sobreinversión”, en el marco de una “competencia en la que las empresas, que luchan por ocupar escasas posiciones dominantes, movilizan recursos de forma excesiva”.

Al describir burbujas anteriores provocadas por inversiones masivas en infraestructuras —la construcción de canales fluviales en Estados Unidos allá por 1830, del ferrocarril en Gran Bretaña una década más tarde o el auge de Internet de finales de la década de 1990—, recuerda que “todos estos episodios terminaron en correcciones brutales, acompañadas de repercusiones económicas más amplias”.

“El desarrollo actual [de la IA] está a punto de superar todos los episodios anteriores”, advierte el economista, quien también señala que “los períodos de auge más marcados desembocan en recesiones aún más devastadoras”.

Traducción de Miguel López

El segundo mandato de Ursula von der Leyen encadena episodios que erosionan el modelo democrático de la Unión Europea: el avance de una extrema derecha que exige “mandar de vuelta” a los migrantes, la presencia de representantes talibanes en Bruselas y, ahora, el uso sistemático de la inteligencia artificial en el corazón de las instituciones europeas. 

La Unión Europea tiene previsto poner en marcha EPGenAI Hub, una plataforma de inteligencia artificial que incorporará modelos de Meta, OpenAI, Anthropic y la francesa Mistral adaptados a tareas legislativas. El objetivo del Parlamento Europeo es ofrecer a los eurodiputados una alternativa más segura a las herramientas de IA disponibles públicamente.

Su uso, sin embargo, no es nuevo en Bruselas. Algunos legisladores llevan tiempo alertando del creciente empleo de estas herramientas en los organismos europeos. Ante una práctica ya extendida, la Unión Europea ha optado por regularla y canalizarla a través de una plataforma propia que reduzca el riesgo de filtración de información sensible. 

El eurodiputado irlandés del grupo Renew, Barry Andrews aseguró a Politico que existen indicios evidentes del uso de la IA en todo el Parlamento Europeo. “Lo entiendo perfectamente, dada nuestra carga de trabajo, pero, personalmente, considero que estas son funciones democráticas esenciales para las que los votantes nos eligieron”, añadió.

El exeurodiputado y uno de los negociadores de la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, Iban García del Blanco, en cambio, considera que ofrecer a los representantes una plataforma institucional puede resultar más seguro que tratar de impedir una práctica que ya se produce. “Si no se usa de manera reglada, se usará por la puerta de atrás”, afirma a infoLibre.

Pese a los intentos de la Unión Europea por evitar que la información sensible quede en manos de compañías estadounidenses, las organizaciones de defensa de los derechos digitales y los expertos advierten de que el problema trasciende la protección de los datos parlamentarios. La incorporación al trabajo diario de estas herramientas puede afectar directamente al debate, el pluralismo y la confianza en los organismos democráticos.

Itxaso Domínguez, asesora de políticas en European Digital Rights (EDRi), alerta a infoLibre de que el riesgo de EPGenAI Hub no se limita a la seguridad de la información, sino que alcanza a la propia incorporación de la inteligencia artificial al proceso deliberativo del Parlamento. “El problema no es solo la utilización, sino la institucionalización, porque se delega parte de ese proceso en sistemas en los que no queda claro cuál es el componente humano”, sostiene.

Su implantación generalizada puede uniformar la forma en la que los eurodiputados y sus equipos redactan informes, enmiendas, intervenciones o preguntas parlamentarias. “Todo el mundo va a empezar a estructurar igual los textos, a utilizar algunos conceptos y a repetir los mismos argumentos”, señala Domínguez.

Esta tendencia, según la experta, choca directamente con la función del Parlamento Europeo como representación de la diversidad política, ideológica y social de la ciudadanía. “Lo que el Parlamento representa es diversidad democrática, diversidad de formas de pensar y espíritu crítico, y eso es lo que limita la IA”, incide la experta.

La homogeneización, no obstante, no se produce únicamente en el estilo de los textos. Lucía Ortiz de Zárate, investigadora en Ética y Gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Universidad Autónoma de Madrid, advierte de que los modelos seleccionan y jerarquizan la información a partir de los criterios definidos por las empresas que los desarrollan y de datos en los que predominan determinadas perspectivas culturales y políticas. Estas herramientas, sostiene, “tienden a homogeneizar, simplificar y, de alguna forma, a empobrecer los discursos y las ideas”.

A esa uniformización del discurso se suma, según Domínguez, el riesgo de alimentar la desconfianza política y reforzar las narrativas que presentan a los representantes públicos como prescindibles. Si una parte creciente de su producción procede de sistemas automatizados, se abre la puerta a cuestionar qué aportan realmente los diputados y sus equipos. “En algún momento alguien puede decir que los diputados europeos pueden ser reemplazados por la inteligencia artificial y, si seguimos por esta vía, al final el argumento no parece tan absurdo”, señala.

El próximo 2 de agosto comenzarán a aplicarse las obligaciones de transparencia recogidas en el artículo 50 de la Ley europea de Inteligencia Artificial. Las nuevas normas pretenden que los ciudadanos puedan reconocer cuándo están interactuando con una máquina o cuándo reciben imágenes, vídeos, audios y textos creados o manipulados mediante IA.

Los proveedores, como OpenAI, Anthropic o Google, deberán introducir mecanismos que permitan detectar automáticamente este tipo de contenidos. Los responsables del despliegue, es decir, las organizaciones que utilizan estos sistemas, tendrán que identificar los deepfakes y los textos generados con IA que se publiquen para informar sobre asuntos de interés público, entre ellos la política, los procesos democráticos, la actividad de las administraciones o los derechos fundamentales.

Estas obligaciones, sin embargo, no implican que los eurodiputados deban señalar necesariamente cada informe, enmienda, discurso o pregunta parlamentaria elaborada con ayuda de EPGenAI Hub. El artículo 50 exime del etiquetado a los textos sometidos a una revisión humana sustantiva o a un control editorial y sobre los que una persona asuma la responsabilidad final. Es decir, una simple corrección gramatical no sería suficiente, pero bastaría con que un diputado o un miembro de su equipo revisara el contenido para que este pudiera difundirse sin advertir del uso de la inteligencia artificial.

Ante ese vacío, el Parlamento Europeo estudia acompañar la puesta en marcha de la plataforma con sus propios requisitos de transparencia. García del Blanco defiende que el hemiciclo establezca controles que permitan conocer cuándo y para qué se han utilizado estas herramientas. “Ya es técnicamente posible exigir o plantear controles sobre el uso de la herramienta”, señala. Esa rendición de cuentas, explica el exeurodiputado, podría incluir no solo el etiquetado de los contenidos, sino también registros sobre los modelos empleados y las tareas que se han delegado.

Domínguez, por su parte, teme que la responsabilidad de detectar errores, sesgos o manipulaciones vuelva a trasladarse a quienes fiscalizan desde fuera el funcionamiento de la institución. “Tengo miedo de que todo esto vuelva a recaer sobre la sociedad civil y los periodistas, como siempre, cuando ya está empezando a afectar al proceso democrático”.

El lanzamiento de la plataforma llega, además, en un momento en el que la Comisión Europea está tratando de reducir o retrasar las obligaciones regulatorias impuestas al sector tecnológico. Bruselas ha planteado debilitar o simplificar normas como el Reglamento de Inteligencia Artificial, el Reglamento General de Protección de Datos y la futura regulación sobre privacidad electrónica.

La reforma de la Ley de IA ya ha alcanzado un acuerdo político entre el Parlamento y el Consejo. Como consecuencia, las principales obligaciones para los sistemas utilizados en ámbitos de alto riesgo —como el empleo, la educación, las infraestructuras críticas, la migración o el control de fronteras— no se aplicarán hasta diciembre de 2027. En el caso de la inteligencia artificial incorporada a productos, el plazo se retrasa hasta agosto de 2028.

El giro tomó forma en noviembre de 2025, cuando la Comisión presentó dos propuestas conectadas bajo el nombre de Ómnibus Digital. La primera estaba dirigida a modificar el Reglamento General de Protección de Datos, la Directiva ePrivacy y otras normas relacionadas con los datos. La segunda abría la reforma de la recién aprobada Ley de IA.

Domínguez atribuye esta nueva actitud a una combinación de la presión empresarial y el temor a que Europa pierda la carrera tecnológica frente a Estados Unidos y China. “El diagnóstico de que la UE tiene un problema de competitividad puede ser compartido, pero no necesariamente la receta elegida. La Comisión ha asumido que para desarrollar más inteligencia artificial necesita disponer de más datos y, para acceder a ellos, rebajar las normas que limitan su recopilación y tratamiento”, detalla.

García del Blanco cuestiona igualmente la premisa de que una regulación más débil conduce necesariamente a un mayor desarrollo tecnológico. “Es una frase que está muy bien para repetir, pero que no se cumple en la práctica”, señala. A su juicio, no existe una relación directa demostrada entre la reducción de las garantías y un aumento de la innovación o la competitividad europea.

Este reportaje se ha realizado en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

En el Estadio Centenario de Montevideo, feudo de la selección uruguaya —dos veces campeona del mundo—, el público desfila antes de cada partido por los torniquetes de entrada, bajo la atenta mirada de cuarenta y un cámaras de seguridad. Tras sus lentes funciona un software que escanea unas veinticinco caras por segundo y las coteja con una lista de vigilancia en manos del Ministerio del Interior, la Policía, la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes. Cuando hay coincidencia, salta una alerta en la tableta que sostiene un agente en la puerta. El software detrás de todo este proceso se escribió en Barcelona.

Su fabricante, Herta Security, ha exhibido el despliegue uruguayo como un trofeo. Su software de reconocimiento facial funciona en el Centenario desde abril de 2017 y más tarde se extendió a los otros dos grandes estadios del país —el Campeón del Siglo, campo del Peñarol, y el Gran Parque Central, campo del Nacional—, dentro de un plan que el Ministerio del Interior impulsó para dejar fuera de las gradas a los alborotadores. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó su participación en los tres recintos, aunque puntualizó que se limitaba a aportar el software: ni operaba el sistema ni “definía las listas de vigilancia”.

La compañía presume de que su tecnología “ganó” la Copa Libertadores de 2021, el mayor torneo de clubes de Sudamérica, al escanear a los espectadores de la final de noviembre, en un operativo que el ministerio calificó de “impecable”. La violencia en los estadios, llegó a proclamar Herta, “puede ser ya cosa del pasado”.

Pero no lo era. Investigadores uruguayos acabarían describiendo 2025 como un año “marcado por la violencia en el deporte”. El 6 de julio de ese año, un policía resultó gravemente herido por una bengala lanzada desde las gradas del Centenario. Preguntada por infoLibre e Investigate Europe acerca del episodio, Herta respondió que no había tenido noticia de él y que la persona implicada “no figuraba en la lista pertinente de delincuentes conocidos”: su sistema, adujo, puede dejar fuera a los infractores fichados, pero no impedir lo que haga alguien que nunca ha sido señalado como un riesgo.

El próximo gran acto del estadio será uno de los más importantes. En junio de 2030, el Centenario acogerá el partido inaugural del Mundial, la edición del centenario de un torneo cuyo primer encuentro se disputó justo allí, en Montevideo, en 1930, y cuya organización recae conjuntamente en España, Portugal y Marruecos. Si las cámaras siguen encendidas para entonces, la afición que acuda al duelo inaugural hará lo que lleva haciendo en las gradas del Centenario desde 2017: desfilar, cara a cara, ante un sistema español de vigilancia biométrica.

Aquí, en el país donde se escribió ese software, la práctica sería casi imposible, sostiene Lorena Pérez Campillo, profesora de Derecho y experta en protección de datos de la Universidad Europea de Madrid. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) lleva años tirando por tierra la vigilancia biométrica en los estadios españoles. Su golpe más rotundo llegó en diciembre de 2024: una multa de un millón de euros a LaLiga por exigir a los aficionados una huella dactilar o un escaneo del rostro para entrar en las gradas de animación de Primera y Segunda. La patronal, concluyó la agencia, había instalado la tecnología sin la evaluación de impacto que marca la ley. La AEPD ordenó apagar los escáneres hasta que LaLiga demostrara que eran necesarios y proporcionados. La patronal ha recurrido.

Las objeciones de la agencia iban más allá de un defecto de forma. El consentimiento de los aficionados, dictaminó la AEPD, nunca fue libre: la única alternativa era quedarse fuera del campo. Medidas menos invasivas —un abono nominativo cotejado con el DNI— habrían servido para lo mismo. Lo que la resolución no dice es quién desarrolló la tecnología hoy suspendida en España.

Herta Security nació en Barcelona en 2009 de la mano de Javier Rodríguez Saeta, un ingeniero que había trabajado en biometría en el grupo industrial alemán Bosch. La baza de su empresa fue la velocidad: al ejecutar el reconocimiento sobre los chips gráficos que hoy mueven casi toda la inteligencia artificial, Herta era capaz de aislar un rostro dentro de una imagen abarrotada en tiempo real. En 2019, Rodríguez presumía ya de más de 200 empresas asociadas en 50 países. Una huella notable para una firma que, según el Registro Mercantil, no llega a la veintena de empleados.

Su producto estrella, BioSurveillance NEXT, está pensado para las multitudes. La ficha técnica promete búsquedas en vivo contra bases de datos de hasta 100 millones de rostros, y el software sigue funcionando aunque el individuo se cubra en parte con una bufanda, una gorra o una mascarilla. Rodríguez no ha ocultado nunca para qué escenarios lo concibe. El producto, dijo a una publicación del sector, “puede aplicarse a grandes concentraciones de personas, como manifestaciones, carreras, congregaciones religiosas y aeropuertos”.

El fútbol le abrió a Herta las puertas de América Latina, donde hoy mantiene oficinas en México y Uruguay. Pero su alcance va mucho más allá de las gradas de la región. Los materiales comerciales consultados para esta investigación citan entre sus clientes un hospital en Brasil, el principal aeropuerto de Nicaragua y cuerpos policiales mexicanos. En Medellín, la policía colombiana conectó su software a ochenta cámaras de calle para cruzar a los viandantes con una lista de 19.000 personas reclamadas por la justicia. En la frontera con Venezuela, el servicio de inmigración colombiano empleó una tecnología parecida para registrar los datos biométricos de los migrantes y contrastarlos con una base de datos, un despliegue reconocido por la propia empresa. En una respuesta escrita a infoLibre e Investigate Europe, Herta confirmó despliegues en Colombia, pero no quiso identificar clientes concretos: alegó que sus “materiales de marketing históricos" pueden aludir a proyectos pasados, pilotos o "referencias heredadas”.

Los estadios, con todo, siguen siendo uno de los principales escaparates de la empresa. Y Uruguay no es el único país donde el software de Herta escanea a los hinchas. En Perú, el club Alianza Lima recurre al sistema español en su campo, el Estadio Alejandro Villanueva. Cuando renovó la seguridad del recinto y cambió dieciséis viejas cámaras analógicas por cincuenta conectadas en red, varias de las nuevas incorporaron las analíticas de reconocimiento de Herta, que cotejan a los espectadores con una base de datos criminal en tiempo real. El gerente general del club celebró la mejora: se declaró "entusiasmado por implementar el software de reconocimiento facial de Herta Security" y animó a que todos los estadios del país siguieran el ejemplo. Herta confirmó dicho despliegue; Alianza Lima no respondió a esta investigación.

En una respuesta escrita, Herta asegura que no comenta "información confidencial de clientes". La empresa desarrolla su tecnología “conforme a los principios europeos de protección de datos, sea cual sea el mercado en el que se despliegue”, y sostiene que la responsabilidad de “definir la finalidad lícita del despliegue” recae, en último término, en quien opera el sistema. “Nuestro software se suministra bajo contratos que obligan a clientes e integradores a cumplir las leyes y normativas locales”, añade. Puede rescindir esos contratos ante violaciones de derechos humanos, dice, y vigila su cumplimiento “dentro de nuestras posibilidades”.

Despliegues como los de Uruguay o Perú serían difíciles de concebir en España, y no solo por la multa a LaLiga. El obstáculo de fondo es el propio Reglamento General de Protección de Datos, apunta Pérez Campillo. Escanear a los espectadores para cruzarlos con una lista no es el control rápido que describen los clubes, argumenta, sino una identificación masiva de todo el que pasa, “por muy veloz que sea el escaneo”. Y el consentimiento no parece ser la respuesta: en la cola de un estadio “no es libre ni voluntario”, porque negarse significa perderse el partido. La única justificación que quedaría, un “interés público esencial”, exigiría una ley expresa. Y ninguna norma española, recuerda, permite a un club someter a sus aficionados a vigilancia biométrica masiva. Surge entonces, según Pérez Campillo, la pregunta de la proporcionalidad: si lo que se gana en seguridad compensa “el sacrificio de la privacidad de 50.000 ciudadanos inocentes que van a ver un partido de fútbol”.

Herta rechaza la idea de que el reconocimiento facial en los estadios sea "siempre ilegal” en Europa y apunta a Dinamarca, que lo ha autorizado en campos de fútbol bajo condiciones estrictas. Lo que defiende, dice, “no es un uso sin restricciones, sino un uso selectivo, lícito y proporcionado”.

La multa millonaria fue solo el último eslabón de una cadena de avisos. Ya en 2022, la AEPD dictaminó en un informe que los planes de la Comisión Antiviolencia para colocar controles biométricos en las entradas de las gradas de animación no encajaban con la ley de protección de datos. Al año siguiente, cuando LaLiga sacó a concurso una tecnología de reconocimiento facial, la agencia volvió a intervenir y advirtió de que primero era necesaria una evaluación de impacto; y aunque los controles biométricos pudieran resultar “útiles”, difícilmente cabía justificarlos como “necesarios”. En diciembre de 2023 ordenó a todos los clubes de las dos primeras divisiones suspender esos controles hasta que existiera una evaluación válida, una decisión que un tribunal avaló la primavera siguiente. Menos de un año después, el Osasuna fue multado con 200.000 euros por escanear rostros en sus accesos sin acreditar que la medida fuera necesaria ni proporcionada. Ni LaLiga ni Osasuna han respondido a las preguntas de infoLibre e Investigate Europe.

Sobre el papel, al otro lado del Atlántico existen protecciones parecidas a las españolas. La Unión Europea reconoce como “adecuado” el régimen uruguayo de protección de datos, lo que equivale a decir que un uruguayo goza de garantías legislativas equiparables a las europeas. Desde 2020, su ley exige una evaluación de impacto antes de tratar cualquier dato biométrico. Las cámaras de los estadios nunca pasaron ese examen: cuando se encendieron, en 2017, esa exigencia aún no existía, y el Gobierno se había limitado a aprobar la tecnología por decreto y dar cuatro meses a la asociación de fútbol para instalarla. Y cuando el Ministerio del Interior compró en 2020 una plataforma nacional de reconocimiento facial, se saltó la revisión que la ley ya imponía. La misma omisión que a LaLiga le costó un millón de euros. Una demanda de transparencia del colectivo Datysoc acabó demostrándolo, y algo más: la base de datos nunca se había registrado ante el regulador y los responsables no sabían decir para qué servía. Ni el Ministerio del Interior uruguayo ni la asociación de fútbol respondieron a las preguntas detalladas de esta investigación.

Y el Gobierno del país quiere ir más lejos. En la rendición de cuentas de este año, el Ministerio del Interior pide fondos para una nueva plataforma biométrica nacional —un “Sistema Automatizado de Identificación Biométrica”— que fusione los registros civiles y penales, con variantes para cárceles, control de fronteras y, “llegado el momento”, la verificación de personas buscadas en la vía pública. La memoria del proyecto no la describe como una compra informática, sino como “infraestructura crítica de identidad y seguridad pública”.

Las gradas han dejado sus propios damnificados. En 2017, la primera temporada del sistema, un hincha de Peñarol fue retenido en el Centenario porque las cámaras lo confundieron con un hombre de la lista de vetados. Contó después que guardias privados y policías lo golpearon antes de que se aclarara el error. DDBA, el socio de Herta que da soporte técnico al sistema, cifra la tasa de falsos positivos en el 0,015%: entre diez y veinte identificaciones erróneas por cada 150.000 rostros escaneados. Cuando salta la alerta, según la respuesta de la compañía, la persona es detenida en la entrada y se le pide la identificación. 

Cuando el Parlamento se sirvió del aparente éxito de los estadios para autorizar en 2020 la base nacional de rostros —alimentada con la foto del documento de identidad de cada adulto—, más de una veintena de organizaciones protestaron. Datysoc lo llamó un "cheque en blanco" para el Ministerio del Interior y desde entonces sostiene que hoy no hay base legal para que la policía use reconocimiento facial automatizado. Un empleado de la firma que equipó los estadios lo dijo sin rodeos: la tecnología "sustituye al humano de forma muy eficaz”. DDBA afirma justo lo contrario: “ayuda al operador y nunca lo sustituye”.

La ley peruana de protección de datos, calcada de la europea, clasifica la información biométrica como sensible y exige consentimiento expreso. Si eso convierte en ilegal un escáner como el del estadio de Alianza Lima es, de momento, una cuestión de interpretación más que una resolución publicada. Dilmar Villena, abogado del grupo de derechos digitales Hiperderecho, interptreta que la norma reserva la tecnología de reconocimiento facial en tiempo real a la policía y la fiscalía; una lectura que, a su juicio, dejaría el sistema del club fuera de la ley, aunque admite que "la fiscalización es débil". Incluso el nuevo reglamento de 2025 establece como voluntarias las evaluaciones de impacto, y los sistemas instalados antes de su aprobación —"no solo en estadios; también en colegios o en hospitales"— siguen funcionando sin escrutinio.

Hasta dónde llega esa fiscalización lo ha puesto a prueba la organización de Villena en el mismo distrito en el que está el campo del Alianza Lima. Cuando la municipalidad de La Victoria anunció cámaras de reconocimiento facial en 2019, Hiperderecho y el grupo internacional Access Now preguntaron con qué base legal. La respuesta solo llegó después de que un tribunal de transparencia obligara a darla: el distrito reconoció operar nueve de esas cámaras sin ninguna de la documentación exigida —ni protocolos, ni medidas de seguridad, ni estudios de impacto—. La denuncia terminó en una sanción por la red de cámaras, pero la cuestión biométrica quedó sin resolver: La Victoria alegó que, pese a estar instaladas y anunciadas, las cámaras nunca se habían encendido, así que no se había tratado ningún dato. Y cuando Hiperderecho señaló el reconocimiento facial en el centro de Lima, donde se celebran las mayores protestas del país, la autoridad respondió que la ley de protección de datos no se aplicaba a la ciudad. "Un vacío total", resume Villena. Además de la falta de protección legal, Villena señala también la falta de debate social al respecto, y la imposibilidad de ofrecer soluciones políticas a la violencia que no sean tecnológicas: "Está la coartada fácil del 'es por seguridad', y si te opones, estás del lado de los delincuentes".

La Unión Europea vigila el uso de estas herramientas dentro de casa. Su exportación, en cambio, no se vigila en absoluto. Nada en el derecho europeo impide a una empresa como Herta vender sus productos en países donde los ciudadanos están mucho menos protegidos por la legislación.

Es más: Europa ayudó a pagar la investigación que ha llevado al desarrollo de estos productos. Desde 2020, Herta ha recibido más de 3,3 millones de euros en fondos europeos para trabajos que incluyen el "análisis del comportamiento de multitudes" y el reconocimiento facial. El caso de uso que detallan sus propios documentos de proyecto —la identificación en tiempo real de sospechosos en espacios públicos concurridos— es precisamente el que la Agencia Española de Protección de Datos no deja de tumbar.

La Comisión Europea dejó sin responder a este medio las preguntas planteadas. Herta, por su parte, declaró que "el conocimiento adquirido en proyectos de investigación puede contribuir a la evolución general de nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra hoja de ruta de producto", y negó usar "proyectos financiados por la UE para eludir los estándares legales o éticos europeos". Los fondos europeos, agregó, "no se emplean para financiar, operar ni subvencionar despliegues comerciales concretos en América Latina ni en ningún otro lugar".

La FIFA, que impone requisitos de derechos humanos a los anfitriones del Mundial, no respondió a si el sistema estará operativo durante el torneo.

En junio de 2030, si las cámaras siguen en su lugar actual, la multitud que llene el Centenario para el partido inaugural del Mundial 2030 será sometida al mismo ritual al que ha sido sometido cada visitante desde hace trece años. Los rostros de cada aficionado serán captados en el torniquete y contrastados, en tiempo real, con una lista que nunca han visto ni pueden disputar. Una forma de vigilancia de la que Europa ha decidido, en gran medida, proteger a sus propios ciudadanos, y que una empresa de Barcelona llevará al mundo en el estadio donde nació el Mundial.

Este reportaje se ha realizado en colaboración con la AI Accountability Network del Pulitzer Center.

En la estación de Howrah, en Calcuta, los trenes nunca acaban de detenerse. Las cámaras, tampoco. Es una de las terminales ferroviarias más transitadas de India: cerca de un millón de personas la atraviesan cada día, en una marea tan compacta que seguir un solo rostro resulta prácticamente imposible. Al menos, para un ojo humano.

A varios metros de altura, sin embargo, sobre los tornos de entrada y salida, los andenes, la zona de restauración y las salas de espera, un centenar de cámaras de reconocimiento facial en directo toman nota en silencio. El sistema, instalado durante el último año, extrae las caras del vídeo en tiempo real y las coteja con una base de datos de fotografías: delincuentes buscados, sospechosos, personas desaparecidas. Cuando hay coincidencia, la policía ferroviaria recibe un aviso con el punto exacto en el que se ha visto a esa persona, y queda autorizada a abordarla.

Buena parte de los viajeros ni siquiera parecen conscientes de estar siendo vigilados así. Barnali Biswas, empleada del sector privado, pasa por allí seis días a la semana y no le da mayor importancia cuando se lo pregunta un reportero. Le parece, dice, que probablemente sea bueno para la seguridad. "Quien no tiene nada que ver con el crimen no tiene nada que temer", zanja.

Ese tipo de cámara, dotada de software de reconocimiento facial, es cada vez más habitual en India. Y en el este del país, uno de los proveedores de ese software es la firma española Herta Security. Según los socios locales de la compañía y documentación corporativa, Herta suministra su tecnología a centenares de estaciones de tren de la región, al mayor complejo penitenciario de Delhi, a un centro de peregrinación en Ayodhya y a las salas de control municipales de Ahmedabad.

La empresa confirma que su tecnología se utiliza en India, pero en una respuesta escrita afirma que no va a "revelar información confidencial de sus clientes". Su software podría estar operando también en la propia estación de Howrah, aunque los responsables ferroviarios locales no lo confirmaron al ser preguntados.

Una fuente de uno de los socios indios de Herta calcula, en conversación con Investigate Europe, que más de 4.000 cámaras repartidas por la mayor democracia del mundo funcionan ya con tecnología de la empresa española.

Al menos una parte de ese despliegue está ligada al Fondo Nirbhaya, una bolsa de dinero público creada para combatir la violencia sexual tras la brutal violación grupal cometida en un autobús de Delhi en 2012. Organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres sostienen que los millones de euros dedicados a ese fondo han acabado financiando vigilancia masiva en lugar de protección y apoyo directo a las víctimas.

Cuatro juristas especializados en derecho europeo de la inteligencia artificial y la biometría coinciden en que dos de esos despliegues serían ilegales si se ejecutaran dentro de la Unión Europea: el sistema de la Región Este de los ferrocarriles indios y el programa de videovigilancia que cubre toda la ciudad de Ahmedabad.

Herta asegura que se toma en serio ese tipo de preocupaciones y sostiene que sus productos están "desarrollados conforme a los principios europeos de protección de datos, con independencia del mercado en el que se desplieguen". Eso sí, matiza que no puede "controlar cómo las autoridades públicas o los integradores de sistemas implementan la tecnología en entornos concretos".

Para el eurodiputado italiano Brando Benifei, en cambio, los hallazgos abren un problema incómodo para los legisladores europeos. "Que tecnologías de vigilancia prohibidas en Europa se exporten y se desplieguen en otros lugares, como las estaciones de tren de India, evidencia un peligroso doble rasero", afirma.

Porque mientras la UE ha restringido con dureza esa misma vigilancia sobre sus propios ciudadanos, Investigate Europe ha constatado que también financió a la empresa española para desarrollar su tecnología. Desde 2020, Herta ha recibido más de 3,3 millones de euros en fondos europeos de investigación para proyectos que incluyen "análisis del comportamiento de multitudes" y reconocimiento facial.

Herta Security nació en Barcelona en 2009 de la mano de Javier Rodríguez Saeta, exempleado de Bosch y especialista en biometría —la identificación automatizada a partir de rasgos físicos o de comportamiento.— "Ya en 2005", recordaría el propio Rodríguez años después en una entrevista de 2019, "pensaba que en el futuro haría falta identificar a personas que no quieren ser identificadas".

Su producto estrella, BioSurveillance NEXT, está concebido para lo que sus propios materiales comerciales describen como "despliegues a escala de multitud". Rodríguez ha hablado de usarlo en "manifestaciones, carreras deportivas, congregaciones religiosas y aeropuertos". La ficha técnica promete búsquedas en tiempo real contra bases de datos de hasta 100 millones de personas.

La tecnología se apoya en unidades de procesamiento gráfico, los mismos chips que mueven hoy casi toda la inteligencia artificial y que aceleran el reconocimiento facial hasta permitir que se ejecute en tiempo real. En 2015, el fabricante de chips Nvidia distinguió a Herta como una de las empresas emergentes destacadas del sector. En 2019, la compañía presumía ya de más de 200 clientes en 50 países.

El mercado en el que se mueve ha crecido a toda velocidad. Esta tecnología se utiliza hoy en estadios deportivos de Estados Unidos, la emplean cuerpos policiales del Reino Unido y ha sido ensayada por policías de varios países de la UE.

En Europa, sin embargo, su uso está severamente restringido. Desde 2025, el Reglamento europeo de Inteligencia Artificial prohíbe con carácter general los sistemas de identificación biométrica remota en tiempo real, y muy en particular el reconocimiento facial, en espacios públicos y con fines policiales. Quienes redactaron la norma lo situaron entre los pocos usos de la IA que consideraron directamente inaceptables.

La prohibición admite tres excepciones tasadas: la búsqueda selectiva de víctimas de trata, explotación sexual o secuestro y de personas desaparecidas; la prevención de una amenaza terrorista concreta e inminente; y la identificación de sospechosos de una lista cerrada de delitos graves, entre ellos terrorismo, asesinato y violación. Incluso en esos supuestos, cada uso concreto debe contar con autorización judicial previa y quedar registrado en una base de datos europea.

Herta acumula experiencia trabajando para clientes fuera de las fronteras comunitarias. En una presentación comercial de 2021 a la que ha tenido acceso Investigate Europe, la empresa enumera varios de sus proyectos.

Ahí aparecen programas de videovigilancia urbana —los llamados "proyectos de ciudad segura (safe cities)"— en Jamaica, Tailandia y Bombay. Y también cuerpos policiales en Colombia e Indonesia, estadios de fútbol en Bielorrusia y Rusia, y aeropuertos en México, Nicaragua y Nigeria. No está claro si esas colaboraciones siguen vigentes.

El software de Herta también se ha usado en Europa. La Policía Federal alemana lo probó en 2017 y 2018 en una estación de tren de Berlín.

En 2019, a Rodríguez le preguntaron por el riesgo de que sus productos se utilizaran de forma indebida. "En Europa estamos muy bien protegidos, tenemos una legislación muy clara que fija los usos de esta tecnología. No hay nada que temer", respondió. Por entonces no existía aún la prohibición comunitaria del reconocimiento facial en tiempo real en espacios públicos: el veto del Reglamento de IA no entró en vigor hasta febrero de 2025. Nada dijo de las garantías para los ciudadanos de sus otros mercados, como India, donde no hay una legislación igual de estricta.

La expansión de Herta en India se ha cocinado a lo largo de una década. Hacia 2014, la compañía suministró cuatro o cinco cámaras para el proyecto Mumbai Safe City, según un socio comercial local.

Un antiguo investigador sénior de la empresa, que pide mantener el anonimato, sostiene que los datos obtenidos en aquellos primeros despliegues indios fueron decisivos para corregir el mal rendimiento del algoritmo con rostros no blancos.

Herta responde a Investigate Europe que "no utiliza por defecto datos operativos de clientes procedentes de despliegues para entrenar o mejorar sus algoritmos", y que cualquier uso de datos personales o biométricos con fines de entrenamiento algorítmico "requeriría una base legal clara".

El salto real llegó ocho años más tarde. En 2022, una empresa con sede en Delhi se adjudicó un contrato de 11,5 millones de euros para un sistema de videovigilancia que cubre centenares de estaciones de tren del este de India. La capa de reconocimiento facial de ese sistema funciona con software de Herta.

Eastern Railway anunció el año pasado que ya había 540 sistemas de reconocimiento facial operativos en 143 estaciones. El plan completo abarca 392, algunas de las mayores de la región. Los socios locales de Herta calculan que en el futuro los sistemas podrían llegar a integrarse en más de 1.500 cámaras.

Las autoridades cotejan de forma rutinaria los rostros captados contra una lista de personas de interés. No está claro con qué criterios se incluye a alguien en ese registro, pero uno de los socios comerciales de Herta en el país cifra en torno a un millón las personas que figuran en él.

La escala del sistema, añade esa misma fuente, no tiene parangón en Europa: "En la estación más concurrida, con una sola cámara pasas 10.000 personas en cinco minutos". Si el sistema devuelve una coincidencia, asegura, se envía un aviso a un cuerpo policial armado autorizado a dar el alto.

En 2022, la Policía de Delhi reconoció que daba por válida como identificación positiva cualquier coincidencia facial con un 80% de similitud. Con millones de viajeros en circulación, incluso un margen de error pequeño deja de serlo. Y hay un detalle no menor: ni los datos de la lista de vigilancia ni los criterios de inclusión son públicos, y no existe vía alguna para impugnar una falsa coincidencia.

La presencia de Herta en la red ferroviaria india no se limita a la Región Este. A través de un programa de Railway Land Development Authority, el organismo que moderniza estaciones en todo el país, su software ha llegado a terminales tan alejadas como las de Jaipur y Secunderabad, según su socio local.

Ese mismo socio afirma que la tecnología de la empresa opera además los sistemas de reconocimiento facial de tres complejos penitenciarios de Delhi: Tihar, Mandoli y Rohini. El contrato público del despliegue asciende, según esa información, a 352 millones de rupias (3,2 millones de euros).

Pero el sistema no se circunscribe en exclusiva a infraestructuras públicas o estatales: también funciona en el templo Ram Mandir de Ayodhya, donde, según el socio local, la vigilancia alerta a la Policía cuando identifica a alguien incluido en una lista. Hay despliegues similares en marcha en otros dos templos, añade.

Herta opera igualmente en el marco de los programas de ciudad segura. En una presentación comercial obtenida por Investigate Europe, la compañía afirmaba haber instalado 140 cámaras de reconocimiento facial en Ahmedabad y enumeraba despliegues en otras ciudades.

Investigate Europe solicitó explicaciones a Eastern Railway, a la autoridad que ejecuta el proyecto Safe City de Ahmedabad y a los responsables de la gestión de las prisiones de Delhi. Ninguna de las consultas obtuvo respuesta.

La expansión de Herta en India está ligada, todo apunta, a un giro político que arranca de un caso de violación tristemente célebre. En diciembre de 2012, una joven estudiante de fisioterapia subió a un autobús privado en Delhi con un amigo después de ver una película en el cine del barrio. Ninguno de los dos sabía que el vehículo estaba fuera de servicio: el conductor y otros cinco hombres se habían detenido a recogerlos fingiendo que llevaban pasajeros.

Durante más de una hora, esos seis hombres golpearon a su amigo, la violaron en grupo y arrojaron a ambos del autobús, gravemente heridos. Ella murió dos semanas después. El caso desató protestas masivas en todo el país y forzó un debate nacional sobre la violencia de género, la seguridad en el espacio público y la incapacidad del Estado para proteger a las mujeres.

En 2013, el Gobierno anunció una inversión millonaria a través de la creación de un nuevo fondo económico. Las organizaciones de la sociedad civil que se movilizaron tras el crimen habían pedido otra cosa: atención a las víctimas, asistencia jurídica y una red de casas de acogida, recuerda una abogada de derechos humanos que participó en aquellas discusiones.

El compromiso inicial, 10.000 millones de rupias (92 millones de euros), se destinaba al "empoderamiento, la seguridad y la protección de mujeres y niñas". El fondo acabó siendo conocido por el mismo nombre no oficial con el que la prensa india se refirió a la joven: Nirbhaya, "la que no tiene miedo".

Con los años, el Gobierno indio fue engordando la partida. En marzo de 2025 se habían desembolsado unos 58.000 millones de rupias (532 millones de euros). Los datos oficiales publicados en febrero de 2024 muestran que en torno al 50% fue a parar a funciones de vigilancia y policiales, frente al 31% dedicado a servicios de atención directa a las víctimas y teléfonos de emergencia.

Hay quien sostiene que esos nuevos sistemas de vigilancia no han aportado más seguridad a las mujeres. En 2014, un año después de la creación del Fondo Nirbhaya, la Oficina Nacional de Registros Criminales contabilizó 340.000 delitos contra mujeres en India. En 2023, el último ejercicio con datos disponibles, la cifra había subido cerca de un tercio, hasta los 450.000.

Flavia Agnes, abogada afincada en Bombay que calcula haber trabajado en unos 100.000 casos de violencia contra las mujeres a lo largo de cuarenta años de carrera, cree que la respuesta al clamor nacional estaba mal diseñada desde el principio: "No me he encontrado con casos en los que esta clase de vigilancia haya servido para identificar al acusado", afirma. La mayor parte de la violencia contra las mujeres en India, explica, no ocurre en los lugares que ven las cámaras, como las estaciones de tren, sino dentro de casa. "Alrededor del 95% de las violaciones las cometen personas conocidas".

Audrey D'Mello, directora de un centro que presta asistencia jurídica a supervivientes de la violencia en Bombay, tampoco ha visto en su terreno pruebas de que la vigilancia funcione. La infraestructura levantada en nombre de la seguridad de las mujeres, dice, rara vez ha tenido que ver con esa seguridad de las mujeres. Y es más ácida con el proyecto gubernamental: "También se dieron cuenta de que es más fácil colarlo en nombre de las mujeres".

Al margen de los datos de la Oficina Nacional de Registros Criminales, no hay elementos verificables que permitan sostener que la seguridad de las mujeres en el país se ha visto afectada a peor por el uso de estas cámaras de vigilancia en espacios públicos. El Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Infantil indio, del que depende el Fondo Nirbhaya, no respondió a las peticiones de comentarios.

Cuatro juristas especializados en derecho europeo de la inteligencia artificial y la biometría coinciden en que los despliegues de la Región Este de los ferrocarriles indios y del programa Safe City de Ahmedabad serían ilegales en la UE. "Un despliegue así en un Estado miembro vulneraría con bastante claridad" el Reglamento europeo de IA, sostiene Rita Matulionyte, de la Macquarie Law School de Sídney.

Catherine Jasserand, de la KU Leuven, llega a la misma conclusión: "No creo que estos dos casos sean buenos ejemplos de uso en vivo del reconocimiento facial por parte de la Policía en espacios públicos". "Los dos despliegues son demasiado amplios para encajar en alguna de las excepciones", señala, en referencia a los supuestos tasados para la búsqueda de personas vulnerables, las amenazas terroristas y los sospechosos de delitos graves. Incluso acogiéndose a esas excepciones, la norma europea exige que antes exista una ley nacional que autorice la práctica, con reglas detalladas de supervisión, notificación y control judicial. 

España, donde está la sede de Herta, no ha aprobado ninguna ley de ese tipo: la empresa no podría operar legalmente aquí el sistema que opera en India.

El marco legal indio no ofrece una protección comparable. El país no cuenta con una ley integral de protección de datos en vigor y la que ha aprobado exime a la Policía y a las fuerzas de seguridad de forma tan amplia que despliegues como estos quedan, en la práctica, sin regular. "India es sin duda uno de los países que más está adoptando el reconocimiento facial en el mundo, y lo hace sin ninguna salvaguarda", resume Apar Gupta, abogado de derechos digitales en Delhi y fundador de la Internet Freedom Foundation.

Herta ha recibido dinero público europeo para desarrollar precisamente el tipo de tecnología que vende en India. Según el análisis de Investigate Europe, la compañía ha captado al menos 3 millones de euros en fondos comunitarios de investigación en los últimos cinco años, a los que se suman ayudas de programas nacionales españoles. La subvención más cuantiosa, de 2,36 millones de euros entre 2022 y 2024, sostuvo un proyecto de la empresa llamado FUTURE.

La tecnología desarrollada al amparo de ese proyecto estaba diseñada, según la propia Herta, para realizar "análisis del comportamiento de multitudes con el fin de identificar actividades anómalas y amenazas potenciales en grandes concentraciones, eventos públicos y zonas de alta afluencia".

Otra página de la web del proyecto, hoy retirada pero conservada en los archivos de internet, describía su capa de reconocimiento facial como una herramienta para que las fuerzas de seguridad pudieran "identificar de forma rápida y precisa a sospechosos y terroristas".

El caso de uso que describe Herta —identificación en tiempo real de sospechosos en espacios públicos concurridos— es exactamente el escenario que la UE prohibió con carácter general en su propio territorio poco después de que terminara el proyecto FUTURE. Y es, a la vez, el modelo que la empresa parece estar replicando en India.

"Como ocurre con muchas empresas tecnológicas, el conocimiento adquirido en proyectos de investigación puede contribuir a la evolución general de nuestra experiencia, nuestras metodologías y nuestra hoja de ruta de producto", responde un portavoz de Herta. "Sin embargo, los fondos europeos de investigación no se utilizan para financiar, operar o subvencionar despliegues comerciales concretos en India ni en ningún otro sitio". La Comisión Europea no respondió a las peticiones de comentarios antes del cierre de esta edición.

El eurodiputado italiano Brando Benifei fue el negociador del Parlamento Europeo en la recta final del Reglamento de IA. Aunque el uso de este reconocimiento facial está hoy prohibido con carácter general de puertas adentro, cree que la ley debe ir más lejos e impedir también su exportación fuera de la Unión: "La Unión Europea no puede pretender ser un campeón global de los derechos digitales si permite que sus empresas se lucren en el extranjero con herramientas que consideramos demasiado peligrosas para los ciudadanos europeos", afirma. "Deberíamos encontrar fórmulas para no permitir la exportación y el uso fuera de nuestras fronteras de sistemas que no autorizaríamos en casa".

La Carta Encíclica Magnifica Humanitas de León XIV, subtitulada “sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial”, tiene un indudable interés para los no creyentes y para los creyentes de otras religiones. 

Por supuesto también para los católicos en cuanto, como señala la propia Carta, la doctrina en ella contenida forma parte de la Doctrina Social de la Iglesia, aunque siempre he sospechado que para muchos católicos esta parte de la doctrina no existe o al menos no la practican. 

Las definiciones, reflexiones y recomendaciones de la Carta abordan situaciones y problemas que nos afectan a todos creyentes y no creyentes. Una vez leída, manifiesto mi coincidencia con lo expuesto por León XIV, no sólo sobre inteligencia artificial sino también con sus reflexiones sobre la verdad, la comunicación, el valor del trabajo, la libertad económica y la libertad humana y sus consideraciones sobre el poder y la guerra. 

No entro en cuestiones de tipo religioso, en las que no soy competente, ni tampoco en la exposición sobre los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Expongo a continuación los apartados de la Carta que considero más interesantes y en los que encuentro más puntos de coincidencia, de forma resumida pero respetando lo esencial del pensamiento papal, transcribiendo las palabras de la Carta en cada punto. Cada lector puede elegir el orden en el que los lee o comenta. 

No es posible dar una definición única y completa de la IA. Estos sistemas imitan ciertas funciones de la inteligencia humana. Al hacerlo, a menudo la superan en velocidad y amplitud de cálculo, ofreciendo beneficios concretos en numerosos campos. Y sin embargo, esta potencia sigue ligada exclusivamente al tratamiento de datos. Es más bien una adaptación estadística a partir de datos y retroalimentaciones que puede ser muy eficaz, pero no implica un crecimiento interior. 

León XIV advierte que en el uso personal de la IA, tres aspectos han de ser tenidos en consideración: la facilidad para lograr el resultado, la impresión de objetividad y la simulación de la comunicación humana. El primero puede acostumbrarnos a delegar demasiado y a buscar respuestas rápidas debilitando el juicio personal y la creatividad. 

El segundo aspecto corre el riesgo de hacernos olvidar que las respuestas reflejan los parámetros culturales de quienes las han proyectado y adiestrado con todas sus virtudes y defectos. El tercer aspecto puede resultar gratificante e incluso útil, pero en usuarios poco conscientes puede inducir a engaño y dar la impresión de estar en una relación con un auténtico sujeto personal. 

Todo artefacto técnico lleva consigo decisiones y prioridades, lo que mide, lo que ignora, lo que optimiza y el modo en que clasifica personas y situaciones. Por eso el discernimiento ético no se puede limitar a preguntarnos si usamos un determinado sistema para fines buenos o malos, sino que debe interrogarse también sobre el modo en que está diseñado y qué idea de persona y de sociedad queda inscrita en los datos y en los modelos que la guían. 

Para que la IA respete la dignidad humana y sirva realmente al bien común es esencial que las responsabilidades estén claras en todas las etapas: desde quienes diseñan y programan los sistemas hasta quienes los utilizan y quienes resuelven confiarles decisiones concretas. Esta exigencia es aún más urgente porque existe un desequilibrio entre la velocidad del desarrollo tecnológico y el ritmo al que maduran las conciencias, las normas, y las instituciones capaces de gobernar sus efectos. 

La IA tiende a aumentar sobre todo el poder de quien ya dispone de recursos económicos, competencias y acceso a los datos. En un mundo donde pocos sujetos concentran datos, capital informático y capacidad normativa, hablar de bien común significa desenmascarar esta nueva asimetría epistémica, económica y política, nombrando los nuevos monopolios de la IA. 

Desarmar la IA significa sustraerla a la lógica de la competencia armamentística, que hoy ya no es solo militar sino económica y cognitiva. Es la carrera por el algoritmo más eficaz y por el banco de datos más amplio, para consolidar una ventaja geopolítica o militar sobre los demás. Desarmar es romper esta equivalencia entre poder tecnológico y derecho a gobernar. Desarmar no significa renunciar a la tecnología sino impedirle el dominio sobre lo humano. La IA es ya un ambiente en el que estamos inmersos y un poder que debemos afrontar. Por eso no basta regularla sino desarmarla y hacerla acogedora. 

Herramientas que debían favorecer el diálogo y la participación se utilizan a menudo para construir narrativas sesgadas y difuminar los límites entre lo verdadero y lo falso mezclando datos y opiniones. La desinformación no surge con la IA, pero encuentra hoy en ella un potente multiplicador. 

En el discurso público, la verdad de los hechos tiene una dimensión racional ya que requiere verificación, cotejo de fuentes y responsabilidad argumentativa, pero es aún más relacional: se construye a través de vínculos de confianza y prácticas compartidas en un diálogo honesto con los demás y con el mundo. Solo la búsqueda compartida de la verdad de los hechos, asumida como bien común, puede sentar las bases de una comunicación justa. 

Quienes disponen de recursos técnicos y económicos, y con ellos también de muchos recursos humanos para intervenir, tienen una gran capacidad para provocar cambios culturales y en última instancia para convencer a un amplio número de personas acerca de cuál es la verdad, sobre el ser humano, sobre el mundo, sobre el sentido de la existencia, sobre la familia e incluso sobre Dios. Se trata de puro poder carente de verdad que impone sutilmente o abiertamente lo que los demás consideren como verdadero. Por ello cree que puede construir la realidad y que lo que mejor se adapte a sus pretensiones es válido. 

La búsqueda de la verdad es un elemento esencial para la democracia. Cuando la pregunta sobre lo que es verdadero pierde interés y se impone un pragmatismo que se conforma con lo que parece útil o eficaz, la democracia se debilita. El desinterés por la verdad conduce lenta pero inexorablemente hacia el totalitarismo. 

Es importante recordar que la comunicación no es solo transmisión de información sino creación de una cultura. Lo que surge en internet pasa a formar parte de la vida de las personas, sobre todo de las más jóvenes. Por eso quienes controlan las plataformas digitales y los medios de comunicación tienen una notable capacidad para influir en el imaginario colectivo y presentar como deseable una determinada visión de la realidad. La cultura que se genera en la red no debe convertirse en un elemento de distracción excesiva, de homogeneización y de dominio, sino en un espacio en el que puede madurar la libertad interior y el pensamiento crítico. La verdad es un bien común y no una propiedad de quienes tienen poder o visibilidad.  

Hoy en día, la combinación de la automatización, la robótica y la IA están transformando la estructura misma del trabajo. Se dice que esto traerá grandes mejoras para todos. En realidad "los nuevos modos" de trabajar no son necesariamente mejores porque mientras la IA promete impulsar la productividad haciéndose cargo de tareas ordinarias, a menudo los trabajadores se ven obligados a adaptarse a la velocidad y exigencias de las máquinas, en lugar de que estas últimas estén diseñadas para ayudar a quienes trabajan. Así, contrariamente a los beneficios anunciados sobre la IA, los enfoques actuales sobre la tecnología pueden paradójicamente desespecializar a los trabajadores, someterlos a una vigilancia automatizada y relegarlos a tareas rígidas y repetitivas. La necesidad de seguir el ritmo de la tecnología puede erosionar el sentido de la propia capacidad de los trabajadores y ahogar las capacidades innovadoras que están llamados a aportar en su trabajo.  

El trabajo sigue siendo una dimensión fundamental de la experiencia humana. Por eso los problemas vinculados con el trabajo no se limitan únicamente a los ingresos necesarios para la supervivencia de la familias. 

La preocupación por el desempleo se agudiza en la cuarta revolución industrial porque la innovación suele acogerse únicamente con el fin de reducir costes y aumentar los beneficios. En algunos contextos es realista temer una reducción significativa y rápida de los puestos de trabajo disponibles, con un efecto en cadena que afecta profundamente a las familias, los jóvenes y las comunidades locales. En muchos sectores, esto ya se traduce en nuevas formas de precariedad y desigualdad, con remuneraciones muy elevadas para una minoría altamente especializada y salarios cada vez más bajos para una gran parte de la población activa. 

Sin duda es deseable que la tecnología libere al hombre de trabajos especialmente pesados, repetitivos o peligrosos y que ofrezca un apoyo inteligente a la actividad humana. El objetivo de obtener mayores beneficios no puede justificar decisiones que sacrifiquen sistemáticamente el empleo, porque la persona humana es un fin y no un medio y el orden económico debe permanecer subordinado a su dignidad y el bien común.  

Una sociedad que garantizara trabajo solo a una parte de la población, expondría a muchos a una inactividad forzada, de ausencia de responsabilidades y de compromisos y de estímulos cotidianos con consecuencia de empobrecimiento humano y cultural en contraste con un elevado nivel de desarrollo técnico.  

Las iniciativas surgidas en el contexto de la encíclica Rerum Novarum, en el siglo XIX, asociaciones, sindicatos, cooperativas, obras de asistencia social han contribuido de manera decisiva a mejorar la legislación laboral, a proteger a los más vulnerables y a promover condiciones más humanas. Hoy en día tales instrumentos ya no bastan por sí solos ante las transformaciones provocadas por la IA, la nueva organización de los mercados y la competitividad que rara vez se preocupa por la sostenibilidad social. 

Es necesario un nuevo esfuerzo conjunto por parte de los responsables políticos, las organizaciones de los trabajadores, el mundo empresarial y la comunidad científica para elaborar con celeridad normas y medidas de protección adecuadas también a nivel internacional. En esta transición no basta con reaccionar cuando desaparecen puestos de trabajo, sino que es necesario gestionar la transformación de forma proactiva. 

La libertad económica no es absoluta y debe medirse siempre en función del bien común y de la dignidad de cada persona. Con espíritu profético el papa Francisco advirtió acerca de una libertad económica proclamada sólo de palabra, mientras que las condiciones reales impiden que muchos se beneficien realmente de ella. 

En lugar de esperar los beneficios que “al final” llegarán también a los pobres, se necesitan decisiones que hagan que el crecimiento sea inclusivo desde el principio. Las experiencias de las últimas décadas demuestran que en las crisis económicas y financieras son siempre los pobres quienes pagan el precio más alto, mientras que las teorías que prometen un bienestar general automático suelen resultar ilusorias. 

Más aún, en la época de la IA y de la robótica ya no es posible confiar únicamente en la mano invisible del mercado. La política tiene la tarea de orientar las dinámicas económicas y tecnológicas hacia el bien común, promoviendo el trabajo digno, la inclusión social y una distribución equitativa de los beneficios de la innovación. 

En el mundo de la IA nada es inmaterial o mágico. Cada respuesta que parece inmediata y perfecta proviene de una larga cadena de mediaciones, una extensa red de recursos naturales, infraestructuras energéticas y sobre todo personas. Una parte significativa del funcionamiento de la economía digital se sustenta en el trabajo silencioso de millones de seres humanos ,empleados en actividades poco visibles pero esenciales: etiquetado de datos, moderación de contenidos, a menudo pésimos, y entrenamiento de modelos. En muchos casos, se trata de jóvenes, la mayoría mujeres, que trabajan duro a cambio de remuneraciones mínimas. A este arduo trabajo invisible se suma la tarea, aún más brutal, de la extracción de recursos para la producción de dispositivos y microprocesadores en la que se basa la IA. No basta con invocar la eficiencia ni con alabar los beneficios de la innovación, si éstos se basan en una cadena de explotación que se mantiene deliberadamente oculta. 

La lucha contra las nuevas formas de esclavitud constituye una prueba decisiva para el discernimiento de la IA y de la transformación digital. 

Si observamos las dinámicas mundiales, reconocemos cada vez con mayor claridad la expansión de una cultura del poder hecha de polarizaciones y violencias. Asistimos a una preocupante rehabilitación de la guerra como instrumento de política internacional y a una también preocupante pérdida de la memoria histórica. Un elemento clave del panorama actual es el crecimiento de la industria bélica que se ha convertido en un sector clave de la economía de algunos países. A este panorama se suma el desarrollo incesante de los sistemas de armas y en particular de las armas relacionadas con la IA. 

Pienso que millones de personas en todo el mundo, católicos, de otras religiones y no creyentes compartirán las reflexiones del Papa León XIV y sus llamamientos a la acción contra el poder de las tecnológicas, para la restauración de la verdad en la comunicación social, por la dignidad del trabajo y el mantenimiento y enriquecimiento del empleo, en un esfuerzo conjunto por una sociedad más libre y más humana. Sorprende, no obstante, el comportamiento y la actitud de algunas asociaciones católicas y de algunos católicos cuya practica se sitúa en el lado opuesto de la Doctrina Social de la Iglesia. Ello no debe impedir ese esfuerzo conjunto que solicita el Papa, somos millones y no podrán imponernos una nueva dictadura a través de la IA.  

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Julián Lobete Pastor es socio de infoLibre.

Mariano Rajoy ha conseguido convertir una columna de opinión sobre el Mundial de fútbol en un conflicto diplomático, que es una manera muy suya de seguir haciendo política sin parecer del todo consciente de estar haciéndola. Escribió sobre Francia tirando de un gracejo que no tiene y ocurrió lo que pasa con los que van de graciosos: acabó tocando una fibra sensible. Ni más ni menos que quién pertenece de verdad a un territorio. A estas alturas ya sabemos todos que la camiseta nunca es sólo una camiseta, y voy a pedir perdón desde ya a algunos de los fieles de El cuarto de máquinas a quienes no les gusta este deporte, porque van ya dos columnas seguidas, pero es que Rajoy me la ha dejado botando.

En el fútbol metemos la infancia y los colores, y reímos o lloramos a la vez desde mundos muy distintos. Rajoy ha venido, supongo que sin ser consciente, a trazar una frontera racial en la selección francesa. Dijo que no había franceses en el combinado galo, cuando realmente lo que quería decir es que no había franceses como él imagina a los franceses: blancos. 

Es cierto que el fútbol organiza bien los afectos colectivos: los buenos y los peores. Nos permite reconocernos en los otros, pero también reconocer instantáneamente a quién no queremos parecernos. Y, por lo visto, también sirve ahora para identificar, por el color de su piel, a los que dejamos fuera. Rajoy no ha inventado nada, sólo ha dejado escrito, con su prosa de sobremesa y carajillo, que hay ciudadanos de primera y de segunda y que estos últimos nunca lo serán del todo si no tienen el color, el apellido o el dinero necesarios.

Lo interesante del tema es que la política en la que se desenvolvió durante décadas Mariano Rajoy siempre ha querido administrar afectos: quiénes somos, con quién y cómo debemos vivir, quién pertenece a nuestra tribu o qué heridas no conseguimos cerrar. En estos días se cumplen 29 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, una de esas heridas. Hay algunas emociones (públicas y compartidas) que sostienen lo mejor de una sociedad democrática. La conmoción por su asesinato fue una forma civil de ponernos frente al terror. Traigo este recuerdo aquí como ejemplo de que no todos los afectos colectivos son sospechosos. Unos nos llevan a sobrevivir a la intemperie y otros levantan muros dentro de los vestuarios. 

Pensé en esto al leer la entrevista en El País a Yuval Noah Harari, en la que el filósofo y escritor israelí explica cómo la IA podría convertirse en una gran psicópata manipuladora. Harari apunta hacia algo serio: las redes sociales se diseñaron para atraer nuestra atención y ahora las aplicaciones de IA aspiran a convertirse en compañía, a ayudarnos a gestionar nuestras emociones… a ocupar un espacio reservado a los amigos y la familia. El salto político está ahí.

Una encuesta reciente elaborada por una universidad estadounidense cifra en un 27% los internautas adultos que ya han mantenido interacciones sociales con modelos de inteligencia artificial. No estamos ante una sustitución masiva de las relaciones humanas ni ante el final de la amistad, que ya bastante fatigada llega a algunas edades como para cargarle ahora con esa épica terminal. Pero el dato basta para dejar de tratarlo como una rareza de solitarios con mucho tiempo libre. Millones de personas empiezan a usar estas herramientas para algo más íntimo que resolver una duda. 

No hace falta creer que la máquina siente para entender el negocio. Quizá precisamente porque no siente es por lo que le resulta tan fácil decirnos lo que queremos oír. No se cansa, no se ofende, no siente que le estamos contando lo mismo una y mil veces ni tiene un mal día. Tampoco la estamos interrumpiendo como si tuviera algo mejor que hacer. Está ahí siempre. Y dócil, además. ¿Qué ocurrirá cuando el consuelo se convierta en un servicio? Ojo, que conviene recordar que ese consuelo tendrá que ser rentable. Y de cómo se aprovecha la máquina de nuestras emociones tenemos ya ejemplos: el enfado se magnifica en X; del aburrimiento se encarga TikTok; la vanidad hace caja en Instagram… Amplifican el miedo porque retienen la atención, y la indignación se convierte en un espacio en el que mostrar publicidad. Esa maquinaria deterioró la convivencia democrática y estamos pagando las consecuencias. 

Una sociedad democrática está mejor preparada para discutir una mentira pública que una dependencia íntima. La mentira, ya se sabe, tiene las patas cortas. Puede investigarse y señalarse. Incluso se puede desmentir. La dependencia emocional se cocina despacio y en conversaciones privadas. Una no sale de una charla íntima con ChatGPT diciendo: “Acabo de ser persuadida por un modelo de negocio”. Sale pensando que la han entendido. Y no deberíamos menospreciar el poder de sentirse entendidos. No pretendo caricaturizar a los que buscan compañía en una máquina. Entiendo bien la necesidad de compartir las horas nocturnas con una voz amigable en medio del desvelo y las mil y una maneras en las que hace daño la soledad no deseada. Ahí es donde veo el gran peligro que se viene. Hay soledad, hay cansancio, hay vidas difíciles, hay relaciones rotas… y hay poco tiempo para el acompañamiento emocional. Si usted encuentra algún tipo de alegría en hablar con una IA, el problema nunca será su fragilidad, sino una industria entera trabajando para hacer negocio con ella.

La política debería llegar, en mi opinión, antes de que ese mercado se normalice. Antes de lo que llegó a las redes. Habrá que hablar de límites, de transparencia, de menores… de qué emociones puede simular una máquina y bajo qué condiciones. De cómo se protege a una persona vulnerable cuando la máquina que la acompaña también necesita retenerla. A ver si va a resultar que los afectos también son territorio político.

Por eso lo de Rajoy no me parece sólo una anécdota futbolera. Las emociones compartidas pueden generar comunidad, pero también pueden expulsar. Ha tocado con torpeza y prejuicio el reverso excluyente de esa materia sensible. La inteligencia artificial afectiva abre otra puerta: la de una emoción privada, solitaria y rentable. Durante años, las plataformas quisieron nuestra atención y ahora empiezan a querer nuestra confianza. Y ahí, justo ahí, debería empezar la política. 

Nos vemos a la vuelta de las vacaciones.

El Curso de Verano de infoLibre en la Universidad Complutense de Madrid, "De la censura al algoritmo", se celebró este martes con periodistas, creadoras de contenido, historiadoras, cineastas y responsables institucionales debatiendo cómo recuperar el relato frente a quienes controlan el poder digital.

La jornada, organizada con la colaboración del comisionado de 50 años de España en Libertad y de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, combinó mesas redondas, talleres y conferencias sobre una misma cuestión: cómo evitar que la desinformación gane la partida a la convivencia, la identidad y la capacidad ciudadana de distinguir el hecho de la ficción.

La inauguración corrió a cargo de Pepa Bueno, conductora del Telediario 2 de TVE, y Jesús Maraña, director editorial de infoLibre. Bueno cuestionó la idea de que la inteligencia artificial pueda sustituir a los periodistas.

Recordó que quienes primero ignoraron internet y después se lanzaron al clickbait vacío pretenden ahora reemplazar a los profesionales por “maquinitas” y preguntó si un algoritmo podría contar a qué huele el incendio de Los Gallardos, o cómo se le quiebra la voz a alguien que ha perdido a un familiar.

El periodismo, defendió, exige comprobar casa por casa la realidad de los hechos. El peligro no está en las máquinas, sino en sus dueños y en los objetivos de quienes controlan los sistemas que difunden medias verdades.

Bueno y Maraña situaron la raíz del problema en la economía del oficio. La precarización del periodismo desde la llegada de internet ha reducido la independencia de los profesionales, que antes podían llegar a fin de mes sin depender de otros ingresos.

El director editorial de infoLibre atribuyó esa precarización a decisiones empresariales. “La precarización no viene de Marte”, dijo, antes de explicar que las grandes empresas prescindieron de los profesionales con más experiencia para apostar por sueldos bajos, una segunda ola ahora impulsada por la inteligencia artificial.

La responsable del Telediario 2 propuso un triple ejercicio de transparencia frente a esta deriva. El profesional, que explique las herramientas y los códigos usados. El ético, que aclare los valores desde los que se informa. Y el financiero, que permita al público saber quiénes son los dueños de los medios.

La primera mesa, moderada por Marta Jaenes, subdirectora de infoLibre, introdujo el humor como herramienta de denuncia. El influencer Marc Biarnés, conocido como Nosoloviernes, explicó que el algoritmo de plataformas como TikTok o Instagram no es neutral. "Lo regula quien lo regula, que no es una persona progresista", dijo.

Biarnés advirtió que la audiencia joven busca contenidos de treinta segundos, un formato que facilita la propagación de bulos. Pidió una regulación estricta contra el odio impune en redes como X. “El día que lleguen las multas por bulo, más de uno se callará la boca”.

La construcción de la memoria fue el otro eje de la mesa. La directora de cine Laura Hojman defendió que la identidad de un país se construye tanto por lo que se cuenta como por lo que se silencia. Calificó de "terrorífico" ceder la narración humana a la inteligencia artificial.

La profesora Alicia Parras recordó el silencio que sufrieron durante décadas los fotógrafos de la Guerra Civil. Advirtió que la memoria colectiva reside hoy en nubes de empresas privadas que podrían desaparecer o cambiar de manos de un día para otro. Y el periodista Arturo Lezcano vinculó el pasado migratorio de España con la actualidad. Lamentó que algunos líderes políticos olviden que en los años sesenta los españoles fueron emigrantes, mientras regiones como Ourense reciben hoy a miles de personas extranjeras.

La mesa "Juventud, igualdad y nuevos lenguajes democráticos", moderada por la directora de infoLibre, Virginia P. Alonso, partió de una premisa: la plaza pública donde antes se hacía política ha sido sustituida por un escenario digital que monetiza la confrontación.

Antonio González, estudiante de Antropología y creador de contenido, denunció que la viralidad se mide por la polémica que genera un contenido, no por la solidez del argumento. Cristina Hernández, directora del Instituto de las Mujeres, señaló que las mujeres conocen mejor que nadie la monetización del odio en redes.

Hernández explicó que ese hostigamiento no es nuevo, sino una adaptación de violencias antiguas. Recordó que Clara Campoamor ya era tildada de histérica en el Congreso, un desprecio que hoy se actualiza con términos como "charo".

Sabela Rodríguez, redactora de Igualdad en infoLibre, advirtió que el algoritmo premia siempre la confrontación en los temas de igualdad para maximizar el tráfico. Rodríguez constató que para los jóvenes ya no existe frontera entre medios y redes, y que el nuevo analfabetismo consiste en no distinguir información veraz de propaganda. 

A su vez, David Álvarez, profesor de la Complutense, propuso adaptar el lenguaje periodístico a las redes sin complejos. "Si se tiene que empezar con un reel y acabar en reflexión, que empiece en un reel", dijo, antes de reivindicar el periodismo como contrapoder. "Si no es contrapoder, no es periodismo".

El rapero El Chojín, Domingo Antonio Edjang Moreno, puso banda sonora a la jornada en su taller "Música y contracrónica social". Recordó sus inicios en 1990, cuando el rap no era una industria sino la necesidad de contar lo que llevaba dentro.

Citando a Chuck D, de Public Enemy, definió el rap como "la CNN de los barrios". El periodismo, a veces, se percibe desde una intelectualidad que aleja al ciudadano común. El rap, en cambio, usa el lenguaje de la calle. "A veces es más efectiva la música que un artículo”.

Abordó también la columna de Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, que calificó de "proclama abiertamente racista". Lamentó que la derecha esté perdiendo los complejos y se parezca cada vez más a una ultraderecha que decide quién es ciudadano según su color de piel.

El profesor Raúl Magallón, de la Universidad Carlos III, advirtió en su taller "La prensa contra las cuerdas" sobre el poder del lenguaje. "Quien fija el primer marco cuenta con una ventaja casi definitiva", dijo.

Ante las "alucinaciones" de la inteligencia artificial, con una tasa de error del 10% en millones de consultas diarias, planteó la necesidad de un derecho de rectificación frente a sus fabulaciones. Propuso la técnica del "sándwich de la verdad". Empezar por los hechos reales, señalar la mentira sin amplificarla y repetir la realidad con insistencia.

Señaló a Telegram como el canal opaco en el que se concentra buena parte de la desinformación en España. Recomendó certificar capturas con herramientas como eGarante, para que el borrado de una publicación no elimine también la prueba del bulo. "En caso de duda, la primera reacción debe ser comprobar antes de compartir".

En su turno, hablando de bulos, redes y discursos de odio, Elena Reinés, publicista, creadora de contenido y cofundadora de WokeUp News, sostuvo que los bulos apelan a la emoción y que los datos no bastan para desmontarlos, porque son “dos lenguajes totalmente distintos”. Defendió que la izquierda necesita generar sus propios marcos narrativos y perder el recelo hacia el marketing, ya que comunicar mejor no equivale a manipular.

Estefanía de Antonio, responsable de Verificación, Periodismo de Datos y Narrativas Visuales de RTVE, ilustró con la investigación “Torre Pacheco, anatomía de un bulo” cómo la violencia digital salta a la calle, y recordó que solo el 22% de los contenidos falsos fue retirado semanas después de los disturbios. Explicó que en RTVE se centran en desmentir el mensaje, no en dar notoriedad a quien lo difunde, y reivindicó el rigor del lenguaje periodístico: “Si una noticia es falsa, entonces no es una noticia”, por lo que pidió hablar de contenido falso y no de noticias falsas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, cerró la sesión matutina con una reflexión sobre la verdad compartida. Puso ejemplos de su tierra, Canarias, donde desapariciones y ejecuciones de la guerra y el franquismo fueron durante años suplantadas por relatos de personas emigradas a América que en realidad habían sido asesinadas.

Carmina Gustrán, comisionada para la Celebración de los 50 Años de España en Libertad, había subrayado unas horas antes, en la bienvenida a la jornada, que el periodismo ético es una de las bases del sistema democrático. Advirtió que en un momento en que los discursos de odio se han vuelto admisibles, la ciudadanía tiene más derecho que nunca a una información veraz.

Ya en la sesión de tarde, Nacho Carretero, periodista, escritor y productor audiovisual, señaló tras la proyección de la película Nightcrawler, el error cometido por el periodismo al entrar a competir con perfiles ajenos a la verdad, como los que representa el agitador ultra Vito Quiles. Mientras el periodista honesto debe destruir sus propios prejuicios al enfrentarse a una historia, explicó, estos actores parten del titular ya escrito y fuerzan la realidad para que encaje.

Paloma Rando, redactora, columnista y guionista de televisión, sostuvo que los algoritmos empujan a sus usuarios hacia posturas más conservadoras porque la emoción que genera más permanencia en pantalla es la ira, más que por un sesgo ideológico de las plataformas. Mantener al usuario enfadado, dijo, es un negocio lucrativo.

En la clausura, Maraña resumió los conceptos que atravesaron el encuentro. La precariedad como factor que condiciona la información y la desinformación, la exigencia de responsabilidad a quienes manejan datos sensibles, y la defensa de una regulación real de plataformas, redes e inteligencia artificial.

Aclaró que esa regulación no implica intervenir en la libertad de expresión, sino exigir a las plataformas la misma responsabilidad que a cualquier medio identificado como tal. Citó el ensayo de Timothy Snyder para cuestionar la supuesta opacidad ingobernable del algoritmo, y defendió que las instituciones pueden legislar para que ofrezcan pluralidad de ideas en lugar de solo confirmar el rastro digital del usuario.

Propuso el fin del anonimato, con un registro identificable aunque se publique bajo pseudónimo, como medida frente a la impunidad de la calumnia. Y señaló la velocidad como lo más difícil de gestionar hoy en el análisis periodístico.

El Proyecto de Ley de IA que aprobó el pasado mes de mayo el Gobierno de España, enmarcado dentro de la senda regulatoria trazada desde el Reglamento Europeo (RIA), es una señal importante que se pretende transmitir para enfatizar públicamente la consideración que hay que otorgar a este asunto, con independencia de las dificultades que se aventuran en la sede parlamentaria.

La aprobación de este proyecto de ley fue anunciada en el I Encuentro Internacional de los Derechos Digitales que se celebró en Barcelona unos días antes. Lo hizo el ministro Óscar López defendiendo el concepto de que ante la excesiva lentitud del desarrollo europeo que entorpece la soberanía digital del continente, los Estados miembros que puedan avanzar hacia un sistema ético de la IA deben hacerlo.

Ahora se presenta la oportunidad de debatir los contenidos del proyecto y elevar, en su caso, las propuestas de mejora a los grupos parlamentarios; ahí conviene destacar, de entrada, la coincidencia en el diagnóstico que elaboró el pasado mes de marzo el Consejo Económico y Social de España en su Dictamen publicado recientemente sobre el texto, cuando todavía era Anteproyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la IA, con el documento que presentó la Fundación Alternativas el pasado mes de febrero, titulado La IA en la Unión Europea, sin conocer, por aquel entonces, el texto gubernamental.

En esta misma dinámica también se posiciona el premio Nobel de Economía y profesor en el MIT Daron Acemoglu, al referirse a la IA generativa, destacando que tiene un gran potencial para reducir desigualdades si se desarrolla y aplica siguiendo un enfoque complementario al trabajo humano, en lugar de centrarse únicamente en la automatización, preguntándose: ¿Por qué entonces no impulsamos un diálogo social alrededor de este asunto?

Pues bien, el texto remitido por el Gobierno de España a las Cortes Generales supone una buena base para avanzar en la gobernanza de esta tecnología, destacando, entre otras, la función de la Agencia Española de Supervisión de la IA, el de la Agencia Española de Protección de Datos y en la tipificación de infracciones. 

Pero sería el momento de demostrar más ambición en la gobernanza y pasar de un texto de mínimos a uno más valiente. 

Uno de los aspectos que debería incorporarse al texto es el concepto de democratización del mundo del trabajo. En concreto, estaríamos hablando de que el proyecto de ley debería poner mucho más énfasis en lo que determina el artículo 26.7 del RIA sobre la información que debe darse antes de poner en servicio o utilizar un sistema que utilice la IA, para garantizar la eficacia de este derecho haciéndolo efectivo con carácter previo a la utilización de tales sistemas.

Este artículo de opinión pretende enfatizar que hay un potencial real de cambiar una dinámica de desigualdad en los centros de trabajo si se adoptan políticas públicas y planes tecnológicos inclusivos, no dejando exclusivamente en manos del mercado la evolución de la IA y orientando su desarrollo al beneficio de una mayor calidad en el trabajo, y no a la sustitución de personas por tecnología.

La gobernanza de la IA requiere la participación inclusiva de diversas partes interesadas, como pymes, consumidores, sociedad civil y comunidades infrarrepresentadas, a fin de garantizar que las normas relacionadas con la IA sean eficaces y respondan a las diversas necesidades del mercado y los intereses sociales.

Para ello, es fundamental que empresarios y trabajadores se adapten e incluso puedan beneficiarse de los cambios impulsados por la IA, implementándose las competencias correspondientes a partir de una mayor inversión en educación, formación y recualificación, tanto pública como privada. Ello es crucial para dotar a la fuerza laboral de la capacitación necesaria en IA, y sin descuidar la importancia que también tiene, en general, la sensibilización ciudadana.

Con la finalidad de facilitar una integración efectiva de la IA en los lugares de trabajo debería hacerse uso de la negociación colectiva, como herramienta jurídica que asegure el diálogo social y garantice que los avances tecnológicos respeten los derechos de los trabajadores y mejoren la calidad del empleo; el papel de los sindicatos, por consiguiente, debería evolucionar en esas materias tecnológicas hacia un control y una negociación desde un incremento de la formación interna y de la información de la empresa y del sector. 

En definitiva, es necesaria una mayor cultura en democratización en el mundo del trabajo que derive en la posibilidad de un control de los avances tecnológicos por parte de todos los actores que participen en los mismos, tanto en las administraciones, los sectores y las empresas. El diálogo social que propone este artículo está enmarcado, además de por la lógica, por el mandato del RIA y por lo propuesto tanto por el Comité Económico y Social Europeo como por el Consejo Económico y Social de España, en sus respectivos dictámenes. 

Al amparo del mandato del artículo 26.7 del RIA, estamos a tiempo de incorporar a este proyecto de ley un conjunto de concreciones a la necesaria democratización del mundo del trabajo, con el valor añadido de evitar el riesgo que supondría una burbuja de la IA si se gestionara defectuosamente una mera introducción de esta tecnología sin diálogo social alguno.

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Antoni Farriols es analista de aplicaciones informáticas, miembro de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas

El Consejo de Ministros aprobó este martes, en segunda vuelta, el proyecto de Ley Orgánica de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. El texto sustituye a la norma vigente desde 1982 y queda ahora en manos del Congreso de los Diputados, que deberá tramitarlo como ley orgánica, lo que exige mayoría absoluta en el pleno.

El texto que llega ahora a la Cámara Baja no es exactamente el mismo que el Consejo de Ministros aprobó como anteproyecto el 13 de enero. El Ministerio de Presidencia ha incorporado cambios tras el trámite de información pública.

Tres de esos ajustes son los más relevantes para entender qué cambia respecto al borrador de enero.

La ley considera intromisión ilegítima el uso o la difusión de la imagen o la voz de una persona que haya sido creada, simulada o manipulada tecnológicamente para dotarla de una apariencia extremadamente realista. Esa definición ya estaba en el anteproyecto de enero y se mantiene intacta.

También se mantiene la excepción para las personas con cargo público o proyección pública cuando su imagen o voz ultrarrealista forme parte de una obra o programa satírico, artístico o de ficción.

Lo que cambia es la condición para acogerse a esa excepción. El anteproyecto de enero obligaba, en todo caso, a que el responsable de divulgar la obra hiciera pública la existencia del contenido generado o manipulado con inteligencia artificial. El proyecto que llega ahora al Congreso limita esa obligación a los casos en los que el contenido pueda inducir a una persona a pensar erróneamente que es auténtico o verídico.

En la práctica, un vídeo satírico con la voz clonada de un político que resulte evidentemente paródico ya no tendría que advertir de que ha sido generado con inteligencia artificial. La obligación de etiquetado solo se activará cuando exista riesgo real de confusión sobre su autenticidad. Decidir la frontera entre un caso y el otro quedará en manos de los jueces si alguien decide denunciar porque se considera afectado.

El segundo cambio afecta al artículo que regula la tutela judicial. El proyecto añade que, cuando la lesión del honor, la intimidad o la imagen sea consecuencia de contenidos difundidos en entornos digitales, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la perdurabilidad de esa difusión.

Esta previsión no estaba en el anteproyecto de enero. Se suma a otra herramienta que sí figuraba ya en el texto original y que también se mantiene, la reforma del artículo 727 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para permitir que un juez ordene, como medida cautelar, la retirada de imágenes o voces reales, manipuladas o simuladas cuando afecten a estos derechos.

El proyecto final amplía además el alcance de esa medida cautelar, que ahora también podrá dictarse cuando el contenido afecte al derecho a la protección de datos personales, no solo al honor, la intimidad o la imagen.

El tercer cambio afecta al supuesto que castiga la utilización del delito por parte de cualquier condenado en sentencia firme para conseguir notoriedad pública u obtener provecho económico. Esta previsión, pensada para encajar la creciente producción de contenidos del género true crime, ya apareció en el anteproyecto de enero.

El proyecto que llega ahora al Congreso mantiene ese supuesto, pero precisa que basta con que la actuación del condenado dañe de cualquier modo el honor, la intimidad o la propia imagen de las víctimas. No es necesario acreditar que buscaba notoriedad o beneficio económico.

El Ministerio de Presidencia ha presentado este ajuste como una ampliación de la protección de las víctimas, al desvincular la existencia de intromisión ilegítima de la prueba de una intención concreta por parte del condenado.

El resto de los ejes centrales de la reforma se mantiene sin cambios sustanciales respecto al texto de enero. La ley fija en 16 años la edad a partir de la cual se presume que un menor tiene madurez suficiente para consentir el uso de su propia imagen, aunque ese consentimiento nunca será válido si menoscaba su dignidad o su reputación.

También amplía quién puede reclamar la protección del honor, la intimidad o la imagen de una persona fallecida, incorporando a las parejas de hecho junto al cónyuge y a los familiares directos.

Se introduce, además, la posibilidad de que una persona prohíba mediante testamento el uso de su imagen o su voz con fines publicitarios o comerciales tras su muerte, y designe a alguien para autorizar o denegar ese uso. El proyecto final concreta que solo podrá designarse a una persona, frente a la posibilidad de varias que contemplaba el anteproyecto.

La reforma fija también, por primera vez, los criterios que los jueces deberán ponderar para fijar la indemnización por daño moral, entre ellos la gravedad de las expresiones empleadas, la reincidencia del infractor o las repercusiones sociales de la intromisión. El proyecto final añade un criterio que no estaba en enero, el beneficio obtenido por quien causó la intromisión, incorporado a raíz de las alegaciones recibidas durante la información pública.

En ningún caso, señala el texto, la indemnización podrá tener carácter simbólico. Y a partir de ahora, si el perjudicado lo solicita, la sentencia firme que declare la intromisión podrá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, con la identidad de la persona condenada, el derecho vulnerado y el importe de la indemnización.

La reforma del derecho al honor forma parte del Plan de Acción por la Democracia que el Consejo de Ministros aprobó en septiembre de 2024. Aquel plan llegó semanas después de que Pedro Sánchez suspendiera su agenda pública durante cinco días, tras la admisión a trámite de una querella contra su esposa, Begoña Gómez, presentada por la asociación Manos Limpias.

El proyecto necesita ahora superar su tramitación parlamentaria, y ahí empiezan las dudas sobre su futuro. Al tratarse de una ley orgánica, requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso, algo que este Gobierno no tiene garantizado.

Otras iniciativas con apoyo teórico de los socios de investidura, como la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana pactada con Bildu en octubre de 2024, siguen bloqueadas en la Cámara Baja. Dirigentes del PSOE reconocen en privado que le resulta cada vez más difícil sacar adelante iniciativas legislativas.

Si Sánchez decide agotar la legislatura hasta su límite legal, el decreto de convocatoria electoral tendría que firmarse antes del 28 de junio de 2027. Cualquier ley orgánica que no haya completado su tramitación en el Congreso y el Senado para entonces decaerá,y su futuro dependerá de las mayorías que salgan de las próximas elecciones.

No me considero una persona ingenua, pero estoy empezando a planteármelo. Pensaba que el Mundial de fútbol servía para ordenar un poco el mundo (al menos, para algunos de nosotros). Mal que bien, durante unas semanas todo se mira a través del mismo rectángulo verde y la coreografía es conocida: el árbitro pita, el balón rueda, los hinchas cantan, los comentaristas exageran, los seleccionadores envejecen en el plano corto y con el pitido final todos discutimos la misma jugada. Esa conversación común nos iguala, incluso cuando media humanidad finge saber de defensas en bloque bajo o líneas de contención. Suelen ser los mismos que fingen saber de todo lo demás, así que convivimos con ellos con toda la paciencia que nos queda a principios de este julio abrasador.

Este Mundial me ha recordado que ya nada conserva intacta la ilusión del lenguaje compartido. Donald Trump, que no sabe nada de fútbol pero controla la presión tras pérdida mejor que Pep Guardiola, llamó a su amigo Gianni Infantino al término del Estados Unidos - Bosnia para quejarse de la sanción a Folarin Balogun, que vio una justísima tarjeta roja. ¿Resultado? La FIFA levantó la sanción y el delantero se vistió de corto para jugar ante Bélgica. De poco sirvieron las protestas de la federación belga, porque Infantino se justificó en la independencia jurídica (el tema de moda) y a correr.

No traigo aquí mi sorpresa con la politización del fútbol. Soy gallega y del Depor, así que aprendí hace tiempo que en los despachos se juegan muchas competiciones (y dolorosos descensos), aunque en esos despachos no se sude la camiseta. En el caso de Balogun me parece muy llamativo quién llama y quién tiene el poder suficiente para levantar una sanción. Y es precisamente aquí donde Donald Trump se coloca entre un hecho y su consecuencia. Borrando la consecuencia, para ser exacta. 

Con la información, con las noticias, está empezando a pasar algo parecido. Antes los periodistas pensábamos que nuestro trabajo estaba en contar el partido. Investigar con rigor, contrastar, titular bien. Algunos pensamos que hoy sigue siendo lo fundamental, pero entre el hecho periodístico y su consecuencia (lectores informados) se ha situado una máquina muy diferente a las anteriores y tiene pinta de que el frágil ecosistema está a punto de romperse. Hasta ahora conocíamos bien a nuestros intermediarios: estaba Google, que ordenaba (siguiendo su propio interés, pero ordenaba); estaba Facebook, que distraía; Twitter, que enfadaba; Discover, una especie de Guadiana que aparecía y desaparecía como una promesa de verano. Los periódicos aprendieron a convivir con ellas y con sus vaivenes en una dependencia incómoda, pero reconocible. Y, finalmente, el lector llegaba al artículo.

La IA viene a cambiarlo todo y no sólo por las conversaciones con chatbots o agentes de IA. El Instituto Reuters advierte de la inminente integración en navegadores, móviles o el propio sistema operativo, de forma que tendremos a la máquina viendo la misma pantalla que nosotros y ofreciéndose a resumirlo. Cualquier contenido, resumido en décimas de segundo. Ojo. Si la IA no tuviera un nombre tan bien elegido desconfiaríamos de ella. Inteligencia artificial. Minipunto para Silicon Valley.

La máquina es una suerte de Donald Trump que ha irrumpido con una llamada absurda y se ha cargado el sistema. ¿Quién va a ser el raro que se moleste en leer un reportaje fantástico como el que ha escrito Sabela Rodríguez sobre el décimo aniversario de la violación de La Manada, que lleva detrás investigación, análisis, contexto, fuentes y más fuentes? Puede que pocos, si tienen delante una respuesta sencilla como esta proporcionada por la IA: “A una década de la agresión grupal en los Sanfermines de 2016 en Iruña, el caso de La Manada se consolidó como un punto de inflexión social y político que resignificó el término para visibilizar la masiva respuesta feminista contra la justicia patriarcal. La movilización marcó un cambio cultural sin precedentes al convertir la indignación en un rugido colectivo que arropó a la víctima y exigió cambios estructurales”. Ahí queda esa simpleza. 

La comodidad es un enemigo formidable. La comodidad hizo millonario a Jeff Bezos cuando millones de personas se dieron cuenta de que es más cómodo comprar libros en Amazon (sin moverse del sofá) que en una librería. Los periódicos hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a combatir la mentira y la desinformación, sin darnos cuenta de que el palo en la rueda vendría en forma de facilidad. La IA lo hace todo más fácil, más cómodo… y de ese planteamiento a esta realidad: una de cada diez personas ya usa chatbots para buscar noticias cada semana, según datos de Nieman Lab a partir del informe del Instituto Reuters. Ya han cruzado la puerta cómoda del acceso a noticias y todo hace pensar que es una puerta que van a cruzar más veces.

La IA tiende a obedecer, contesta a lo que pedimos con el tono que le pedimos. Al final seremos gente rara los que sigamos entrando en un periódico para leer noticias. No raros en sentido heroico, que estoy hablando de entrar en un periódico antes de tomar el primer café. Raros porque conservaremos una costumbre que para otros estará en desuso. Raros, porque además de saber qué pasa, queremos saber quién lo cuenta y desde dónde.

Quién sabe si dentro de poco leer un periódico será tan raro como ir al estadio a ver el partido en directo, con tu camiseta y con tu gente. Una decisión menos cómoda, con algo de pertenencia y mucho de resistencia. Una sabe que podría verlo resumido, pero prefiere leerlo entero, mirar al campo y abrazarse a los de siempre a celebrar un ascenso. Igual acabamos pareciéndonos a un club de fans de John Boy: pocos, algo raros y fieles a escuchar el mundo de una forma un poco lenta. Y quizá ahí, en esa lentitud un poco rara, siga quedando una forma de resistencia democrática.

Una fotografía cualquiera basta para alimentar las aplicaciones que prometen desnudar imágenes. Un retrato de perfil, una instantánea de vacaciones o una foto de campaña electoral se introducen en el programa. En cuestión de segundos, el sistema devuelve una imagen sexual manipulada de la persona retratada.

La fotografía resultante es falsa, pero el daño que provoca es muy real. Una vez publicada, la imagen se copia, se comparte y queda indexada en buscadores antes de que nadie pueda rastrear su origen.

Un análisis recién publicado en el el Observatorio Europeo de Medios Digitales (EDMO) firmado por Benjamin Shultz, investigador principal de la American Sunlight Project (ASP), organización con sede en Washington dedicada a denunciar los peligros en línea, sostiene que muchas de las aplicaciones que generan vídeos con contenido sexual explícito ni siquiera funcionan con imágenes de hombres porque el sesgo de género está integrado en los datos con los que se entrenan las herramientas.

Según este investigador, en los últimos dos años los enlaces que publicitan estas aplicaciones han crecido más de un 2.400% en las principales plataformas sociales. Una práctica antes marginal y técnicamente compleja se ha convertido en un producto de consumo barato y fácil de usar.

Shultz sostiene que cuando las víctimas son mujeres con proyección pública, el objetivo de estas imágenes cambia: buscan desacreditarlas, humillarlas y silenciarlas. Políticas de distintos países han sido blanco de imágenes sexuales falsas programadas para coincidir con elecciones, controversias o momentos de visibilidad.

Hasta hace poco, la evidencia sobre el fenómeno era sobre todo anecdótica. Salía a la luz a través de testimonios individuales, incidentes virales en redes como X o 4Chan, o titulares sueltos de la prensa local.

Esa situación empieza a cambiar. ASP midió por primera vez con qué frecuencia aparecen los miembros del Congreso de Estados Unidos en sitios que alojan deepfakes. A partir de ese trabajo, Shultz ha presentado los resultados preliminares de un estudio transnacional sobre cerca de 2.200 miembros de parlamentos de ocho democracias.

Para establecer un punto de referencia, Shultz utilizó un motor de búsqueda personalizado. Comprobó si los nombres de esos parlamentarios y parlamentarias aparecían en cerca de dos docenas de dominios que alojan deepfakes. Decenas de nombres aparecieron.

El estudio encontró dos patrones principales. El género resultó ser el factor predictivo más relevante de la exposición a esos dominios. Las legisladoras tienen una probabilidad mucho mayor de aparecer en ellos que sus colegas hombres.

El segundo patrón afecta a la legislación. En los países con leyes explícitas contra este tipo de abuso, la probabilidad de que las legisladoras aparecieran en esos dominios fue significativamente menor. Una prohibición legal clara parece tener un efecto disuasorio.

La edad, la antigüedad en el cargo y el origen migratorio, en cambio, apenas influyeron en los resultados de este estudio concreto. Investigaciones anteriores sí habían vinculado esos factores con una mayor vulnerabilidad al abuso en línea. Los resultados completos se publicarán en formato académico a finales de 2026.

La conclusión que extrae Shultz es que quién resulta víctima de un deepfake no es aleatorio. Está estructurado por el género y condicionado por las políticas públicas de cada país.

Ese segundo hallazgo plantea un problema para la regulación europea de plataformas. La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea se apoya en la transparencia. Si las plataformas revelan cómo operan y qué contenido distribuyen, investigadores, reguladores y público pueden exigirles responsabilidades.

Pero esa transparencia solo funciona si la información declarada es honesta. Y según la investigación de ASP, no siempre lo es.

Esta organización colaboró el año pasado con el medio especializado Indicator para rastrear miles de anuncios de aplicaciones nudificadoras publicados en Facebook. Los anuncios habían rellenado los campos obligatorios de “beneficiario” y “pagador” —es decir, quién financia el anuncio— con información ficticia o no verificable.

Los campos de divulgación que exige la normativa europea existían, pero estaban simplemente rellenos con texto falso, a gran escala.

La investigación encontró una única excepción. En los anuncios dirigidos a países fuera de la Unión Europea, como Singapur y Taiwán, las anotaciones sí eran legítimas. La mayoría de beneficiarios y pagadores de esos anuncios tenían su sede en el sudeste asiático.

La misma herramienta de transparencia que exige la DSA se ha convertido, dentro de la Unión Europea, en un escondite. Para Shultz, eso indica dos escenarios posibles. O Meta permitió de forma deliberada ese incumplimiento, o las normas publicitarias de Singapur y Taiwán se aplican con más rigor.

La lección que extrae el investigador es que no se puede juzgar el comportamiento de las plataformas a partir de los datos que ellas mismas deciden entregar. Tampoco es posible calcular con precisión la magnitud real del problema mientras plataformas y proveedores de alojamiento web no colaboren.

La legislación no carece de efecto. Los datos internacionales recogidos por Shultz sugieren lo contrario, y varios gobiernos han empezado a actuar.

El proyecto de ley alemán contra la violencia digital prevé crear nuevos delitos penales para los deepfakes sexuales. El texto señala de forma explícita que las mujeres son el colectivo más afectado. El Reino Unido, por su parte, ha avanzado en la criminalización de la creación y difusión de este contenido.

En Estados Unidos, la Ley Take It Down obliga a las plataformas a retirar este tipo de contenido con rapidez. Son pasos reales, pero la mayor parte de ese andamiaje legal actúa después del daño. Castiga a quien crea una imagen concreta y elimina esa imagen concreta una vez publicada. 

Mientras tanto, nuevas aplicaciones de desnudos siguen apareciendo en las tiendas de aplicaciones y nuevos anuncios se siguen publicando. Y las imágenes retiradas reaparecen en otros lugares en cuestión de horas. Ni Meta ni la Unión Europea han resuelto el vacío legal en la divulgación de estos anuncios.

Shultz propone cuatro medidas a escala europea que irían más allá del actual régimen de transparencia de la DSA. La primera exige transparencia de fondo, no solo de forma. En lugar de permitir texto libre en los campos de divulgación, las plataformas deberían alojar únicamente anuncios de entidades comerciales reales y verificadas, con sede en los países a los que se dirigen.

La segunda aborda el problema en origen. Tiendas de aplicaciones, proveedores de alojamiento web y redes publicitarias deberían dejar de distribuir y monetizar herramientas cuyo propósito principal es el abuso, entre ellas las aplicaciones de intercambio de rostros.

La tercera redefine el marco del problema. Shultz la describe como una cuestión de integridad informativa e igualdad de género, y reclama financiación sostenida para la investigación, tanto académica como de la sociedad civil.

La cuarta exige unidad europea. Los 27 Estados miembros mantienen 27 regímenes distintos sobre la legalidad de la pornografía deepfake. Los datos del estudio muestran que las prohibiciones explícitas tienen un leve efecto disuasorio.

Como solución, Shultz plantea que las futuras revisiones de la DSA, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y el Reglamento de Inteligencia Artificial incorporen una política unificada a escala comunitaria. Que prohíba la pornografía deepfake no consensuada en los 27 países al mismo tiempo.

Por un lado, están los discursos grandilocuentes de Europa sobre la “soberanía digital”, sobre la necesaria independencia del Viejo Continente respecto a Estados Unidos y las peroratas sobre el “momento gaullista de Europa”. Por otro lado, hay una capitulación tras otra y la integración silenciosa, pero indudable, de la Unión Europea (UE) en la arquitectura tecnológico-militar estadounidense.

Así, un año después de haber aceptado un acuerdo comercial desequilibrado con Washington, que finalmente fue aprobado por el Parlamento Europeo, Bruselas anunció, el jueves 25 de junio, la adhesión oficial de la UE a la iniciativa Pax Silica. Una firma que integra a los Veintisiete en un régimen de vasallaje avanzado.

Para entender por qué, hay que ver qué es la Pax Silica, una iniciativa puesta en marcha en diciembre de 2025 por Washington y seis de sus aliados más cercanos (Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Israel, Singapur y Australia) en forma de una simple declaración no vinculante destinada a “reforzar las cadenas de suministro” de las industrias digitales, sobre todo la de la inteligencia artificial (IA).

La declaración tiene como objetivo “mejorar la coordinación” entre países “aliados” y “de confianza”. En otras palabras: la iniciativa busca crear una red de confianza para garantizar el acceso a los recursos, las rutas comerciales y los mercados en el ámbito de la IA. En este sentido, no se trata realmente de una inocente declaración de intenciones.

Benjamin Bürbaumer, profesor titular de la facultad de Ciencias Políticas de Burdeos y autor de China/Estados Unidos, el capitalismo contra la globalización (edit. La Découverte, 2024), enmarca esta iniciativa en “una voluntad explícita de Estados Unidos de asegurar por completo la cadena de valor de la IA, desde las materias primas hasta la demanda solvente”. La Pax Silica pretende controlar la “materialidad de la IA”, señala, y, en este sentido, es “complementaria al plan sobre inteligencia artificial puesto en marcha por Washington el año pasado” con el fin de respaldar su capital tecnológico.

La propia expresión utilizada, Pax Silica, lo dice todo: se inspira evidentemente en la Pax Romana y designa una forma de paz imperial, fruto de la dominación de un centro sobre las periferias. Esta paz armada se sustenta, en esta ocasión, en el sílice, un componente fundamental para los semiconductores y, de manera más general, para la economía digital. La promesa de la Pax Silica es, por tanto, la estabilidad y la prosperidad basadas en el dominio conjunto de los actores privados del sector digital y del Estado federal estadounidense.

Antes de explicar las modalidades de este dominio, hay que insistir en este último punto: la era de la IA será una forma de “privatización” de la diplomacia estadounidense, que organiza la centralidad de su sector digital a nivel mundial, pero también de estatización de los grandes grupos digitales que necesitan la fuerza imperial estadounidense para tener acceso a los recursos y a los mercados. La habitual connivencia entre el capital tecnológico y el Estado federal se transforma en una especie de fusión de intereses y de acción. De hecho, este es uno de los puntos más llamativos —aunque implícito— defendidos por el manifiesto de uno de los principales actores de la IA estadounidense, Palantir.

Esta evolución es reveladora del nuevo capitalismo de Estado que se está instaurando en Occidente. Tampoco es casualidad que el hombre que impulsó esta iniciativa, Jacob Helberg, hoy subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, esté muy vinculado a los círculos de la IA, en particular a la “mafia de PayPal”, que controla, entre otros, al gigante Palantir.

El mismo Jacob Helberg, que fue empleado de Google, también fue asesor de Alex Karp, presidente de Palantir. Su marido, Keith Rabois, fue socio del Funders Fund de Peter Thiel, fundador de PayPal y de Palantir. Su padrino de boda en 2018 no fue otro que Sam Altman, presidente de OpenAI. Es decir, Jacob Helberg es un representante de la industria de la IA y, en particular, de su corriente más radical.

Jacob Helberg resumió la visión en la que se basa la Pax Silica: “Si el siglo XX se basó en el petróleo y el acero, el siglo XXI se basará en la computación”. En otras palabras: quien controla la capacidad de utilizar los datos controla el mundo. Para Jacob Helberg, la IA es, por tanto, la base sobre la que se asienta el futuro poder político, militar y económico de un país. La Pax Silica pretende, pues, asegurar ese poder con una doble ambición: frenar el desarrollo de China en materia de IA e impedir la aparición de rivales en el propio bando occidental.

Jacob Helberg lo ha dejado muy claro: la Pax Silica se construye en contra del concepto de soberanía digital. Para él, y de manera muy significativa, tal soberanía conduce a una “mediocridad sincronizada”. A ello opone la “soberanía de la innovación”, en la que cada país desarrollaría su propia especialidad para mejorar el conjunto. Pero el conjunto está, sin lugar a dudas, dominado por un centro, el capital tecnológico estadounidense, en torno al cual debe organizarse esta “innovación”. La visión de Jacob Helberg es una síntesis de la evolución reciente del capitalismo: la competencia conduce a la mediocridad y al estancamiento, mientras que el monopolio conduce al poder y al beneficio.

En un análisis publicado por la Asociación de Washington para el Comercio Internacional (WITA), Uri Gabai explica que la iniciativa pretende organizar el control por parte de Estados Unidos de “puntos neurálgicos” que constituyen la base de la cadena de suministro de la IA. Su estructura es, por tanto, la de una red que se remonta hasta los gigantes estadounidenses de la IA y que tiene como objetivo, por un lado, garantizar la dependencia de los “socios” respecto al centro estadounidense y, por otro, debilitar al adversario chino mediante el control de los nodos estratégicos materiales de la industria.

“Teniendo en cuenta el efecto de escala propio de la IA, el control de estas trabas a la industria supone un obstáculo importante para China y una ventaja para Estados Unidos”, resume Benjamin Bürbaumer. Por ejemplo, la adhesión de Países Bajos, conseguida en junio a título individual, permite asegurar el monopolio crucial del uso de las máquinas de la empresa neerlandesa ASML, que son indispensables para la producción de semiconductores de última generación utilizados en la IA generativa. Pero la adhesión de Grecia, Kazajistán, Chile o Argentina también permite garantizar el acceso a los metales estratégicos para la industria.

China, por su parte, no se ha equivocado, como señala Benjamin Bürbaumer, quien recuerda que el último plan quinquenal de la República Popular tenía como objetivo “dominar las tecnologías clave fundamentales”. Con la Pax Silica, se confirma la lógica de bloques en torno a la IA y, dentro de esta lógica, hay que elegir bando. Eso es lo que pretende imponer Jacob Helberg.

Benjamin Bürbaumer insiste así en “la división del trabajo” interna de la iniciativa. Los veinticuatro países miembros tienen, de esta manera, una función concreta en la valorización del capital tecnológico estadounidense.

Se tienen en cuenta todas las dimensiones de la cadena de producción de la IA: la energía, con los productores de petróleo y gas, como los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Noruega o Canadá (actualmente observador no signatario); las materias primas, en particular los metales estratégicos para los semiconductores producidos en Suecia, Finlandia, Corea del Sur o Taiwán (también observador no signatario); los nodos logísticos o financieros de Panamá, Singapur, el Reino Unido o Filipinas; el software japonés o indio; la maquinaria holandesa, la tecnología militar israelí y los capitales de los Emiratos Árabes Unidos, Alemania o Catar.

En definitiva, así controlan toda la cadena de valor. Y esta red permite controlar a los socios. Para convencernos de ello, tomemos un ejemplo ficticio. Si un país signatario intentara, por ejemplo, diversificar su clientela vendiendo semiconductores tanto a China como a Estados Unidos, ¿qué pasaría? En teoría, la declaración de Pax Silica no se lo impide, pero en la práctica Washington podría considerar que ese socio ya no es digno de confianza y, de facto, podría excluirlo de la cadena logística de la IA estadounidense, obligando a los demás socios que deseen conservar sus mercados en Estados Unidos a seguir su ejemplo. El país en cuestión no tendría entonces más remedio que abandonar el bloque o someterse.

Como resume el economista Evgeny Morozov en un artículo sobre esta iniciativa, “en un mundo monopolístico, la diversificación se asemeja a un suicidio y la única actuación racional es convertirse en un agente acreditado del titular del monopolio”. Con la Pax Silica, añade, “el objetivo de Washington no es exportar productos, sino dependencia”. El carácter no vinculante de la firma —que, al parecer, ha convencido a Francia para que retire su oposición en el seno de la UE— es, por tanto, mera ficción.

Y es que la Pax Silica también tiene una dimensión geopolítica. Al intentar frenar el desarrollo de la IA en China, precisamente cuando este país la convierte en su prioridad estratégica, Washington sabe que se expone a tensiones geopolíticas que resultan aún más evidentes teniendo en cuenta que uno de los nodos clave de la IA es Taiwán, donde se producen la casi totalidad de los semiconductores necesarios para la IA.

La Pax Silica tiene también una dimensión militar fundamental, que queda confirmada por la presencia, como miembro fundador, de Israel, país especializado en intercambios entre la industria militar y la tecnología. Esto confirma dos aspectos: en primer lugar, que la iniciativa defiende la militarización de la IA; en segundo lugar, que su propio desarrollo es la garantía de su propia seguridad como bloque. Una de las ambiciones de la Pax Silica es el refuerzo militar del bloque centrado en Estados Unidos a partir de la IA.

También por esta razón hay signatarios estratégicamente insignificantes para la industria, pero políticamente importantes, como El Salvador, cuyo presidente autoritario, Nayib Bukele, es una referencia política de la nueva extrema derecha proestadounidense de América Latina que acaba de ganar todas las elecciones en el subcontinente.

Queda un último pilar en el conjunto. El centro organiza una forma de competencia interna en su periferia. El concepto de “soberanía de la innovación” de Jacob Helberg refleja ese hecho: el bloque está jerarquizado en función del carácter estratégico de lo que ofrecen los socios de Washington. Países como Israel, Países Bajos o Singapur pueden pues presumir de niveles avanzados de desarrollo y hacerse con una porción mayor del pastel, aunque sigan dependiendo del centro estadounidense.

En cuanto a los demás, les toca a ellos hacerlo igual de bien. Evgeny Morozov considera así que la Pax Silica induce a “un nuevo ciclo de sumisión en el que los Estados compiten no por su independencia, sino por la proximidad” al centro. La competencia se desplaza, por tanto, del mercado mundial al interior mismo del bloque para ponerse al servicio del monopolio. La globalización no desaparece como tal, sino que cambia de naturaleza.

¿Y qué hay de Europa en todo esto? La Comisión Europea se escuda en su comunicado, bastante lacónico, tras el argumento de la “cooperación internacional” y el apoyo a la “competitividad” y a la “soberanía”. Todo ello no es más que una cortina de humo que oculta la verdadera naturaleza de la iniciativa. En realidad, la UE ha cedido ante Washington porque la Pax Silica conlleva un elevado coste por no participar que Bruselas no estaba dispuesta a aceptar. En el plano económico, la no participación amenaza con reducir el acceso a los servicios de IA estadounidenses que ahora se consideran críticos para las empresas. En el plano político, rompe un vínculo de confianza con Washington.

La UE necesita desesperadamente crecer. El colapso industrial alemán y la estabilización del crecimiento del PIB en torno al 1 % anual amenazan los sistemas sociales del Viejo Continente. La perspectiva de ver cómo se abren nuevos mercados en el marco de la Pax Silica y de quedar excluidos de ellos se estaba volviendo intolerable para el Consejo y la Comisión.

Ante las necesidades económicas, el precio a pagar —la dependencia— se considera relativamente bajo. Sobre todo si se tiene en cuenta que, más allá de los discursos grandilocuentes, gran parte de los países de la UE son incapaces de alcanzar la autonomía respecto a Estados Unidos. El reflejo en materia de defensa, al igual que en materia económica, es intentar integrarse en la esfera de influencia estadounidense. El peligro para la seguridad que representa Rusia y el peso del segundo choque comercial con China no pueden sino reforzar este reflejo, que la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca apenas ha modificado. La dependencia de la UE respecto a Estados Unidos no es, por tanto, ningún problema.

Es más, la estrategia de Washington ha consistido en debilitar a la UE centrándose no en una posición de la UE, sino en las posiciones de cada país. Esa es la lógica de la Pax Silica: dar prioridad a los nodos estratégicos y generar competencia dentro del bloque. Como hemos visto, Washington insistió mucho en conseguir la adhesión de Países Bajos. También se abordó individualmente a otros países europeos: los países nórdicos, Alemania y Grecia.

De hecho, para la UE, una firma conjunta se convertía en una cuestión de supervivencia para frenar esta lógica de fragmentación. Pero esta firma “no ha anulado” la de algunos países miembros, lo que refuerza lo que se ha señalado anteriormente: la jerarquización interna del conjunto. De hecho, esa “competencia por la proximidad” de la que habla Evgeny Morozov ya se ha puesto en marcha en Europa, donde cada uno sueña con hacerse con las migajas del monopolio estadounidense. Y ese ha sido un aspecto crucial de la firma conjunta de los Veintisiete.

Francia, por ejemplo, no podía resignarse a renunciar a las inversiones en IA prometidas durante las cumbres Choose France. Sin embargo, permanecer al margen de la Pax Silica significaba, para muchos actores, la posibilidad de trasladar esas inversiones a países “de confianza”. En Alemania, el canciller Friedrich Merz, por ejemplo, busca ahora fabricar armas estadounidenses en su territorio y, en consecuencia, no le quedaba otra que llamar rápidamente a la puerta de la Pax Silica.

Para Benjamin Bürbaumer, “Europa siempre ha ocupado un lugar subordinado en el capitalismo liderado por Estados Unidos, pero con esta adhesión se hace explícita esa subordinación en el ámbito digital”. Y las consecuencias podrían ser importantes. La posición global de la UE en su conjunto es la de un mercado periférico y, como tal, tendrá que amoldarse a los deseos del centro.

Así es sobre todo en materia de regulación. Como subraya Uri Gabai, por naturaleza, “la Pax Silica presupone un entorno permisivo para el desarrollo de la IA”. Es lógico: la estructura tiene como objetivo garantizar un beneficio creciente para el capital tecnológico europeo. Para ello, no solo hay que garantizar una carrera tecnológica hacia adelante que asegure el dominio de la IA sobre los distintos sectores de la economía, sino también asegurarse de que dicho dominio no se vea limitado por la regulación. Aquí es donde la propia participación de la UE resulta fundamental para la Pax Silica; también es necesario controlar los mercados, no solo los recursos.

El año pasado, Donald Trump intentó integrar esta cuestión en las negociaciones sobre aranceles, pero no lo logró. Sin embargo, consiguió una revisión a la baja de la regulación de la IA en forma de “simplificación”, en gran parte gracias al apoyo de la presión ejercida por ciertos grupos como Meta. Pero el interés del capital estadounidense es, sin duda, ir más allá. Y eso es precisamente lo que permitirá la firma de la Pax Silica.

A partir de ahora, la UE tendrá que defender su posición de “socio de confianza” de Estados Unidos, pues depende, por ejemplo, en un 70 % de actores estadounidenses para sus servicios de almacenamiento de datos y va a entrar en una dinámica de dependencia cada vez mayor. Una vez más, en nombre de la estabilidad geopolítica (la “paz”), habrá que ceder en materia de regulación. No cabe duda de que los firmantes directos de la declaración, aquellos que están más integrados en el sistema (y que serán los que más tengan que perder en un enfrentamiento con su mandante estadounidense), se convertirán en los más fervientes defensores de la desregulación.

Lo que llama la atención es que esta firma entra en contradicción con la mayoría de los objetivos declarados de la UE: la autonomía en materia de defensa, la soberanía digital y la regulación de la IA. Los discursos progresistas y posneoliberales europeos se han disuelto ahora en una capitulación incondicional. La firma neerlandesa, impulsada por el primer ministro centrista Rob Jetten —que durante la campaña electoral de principios de año se presentó como un baluarte contra Trump—, es el símbolo de este desastre. La Pax Silica es la tumba concreta de los discursos vacíos de los dirigentes europeos.

Traducción de Miguel López

Hany Farid, catedrático en la Universidad de California en Berkeley y referencia mundial en análisis forense digital, ha dejado de fiarse de lo que ven sus propios ojos. Lo dijo en una entrevista publicada por The New York Times la semana pasada: “Siento que me estoy quedando ciego“.

Durante veinticinco años, Farid ha sido el hombre al que gobiernos, organizaciones de derechos humanos, periodistas y policías acudían para saber si un vídeo era auténtico. En 2009 codesarrolló con Microsoft PhotoDNA, sistema que hoy usan la mayoría de las grandes plataformas contra el abuso infantil. Su investigación demostró que la mayoría de las personas ya no distinguen una foto real de una creación digital, ni una voz real de un clon. Y él mismo, en los últimos meses, ha empezado a dudar de sus propias pruebas.

Su caso no es una anécdota aislada, sino el síntoma de un problema que atraviesa ya redacciones, tribunales y aulas universitarias. Los vídeos falsos generados con inteligencia artificial, o deepfakes, se producen hoy más rápido de lo que cualquier experto puede analizar, y en algunos casos resultan indistinguibles incluso para quien lleva dos décadas detectándolos.

Algunos son recreaciones sexuales que buscan humillar o destruir a personas reales, sobre todo mujeres. Otros hacen creer que algo ha pasado sin que haya tenido lugar: un bombardeo, una agresión, un incendio. Muchos se amparan en el derecho a la sátira política —en España hemos visto vídeos falsos de partidos que, bajo el paraguas de la parodia, buscan destruir la reputación de sus adversarios— para justificar una difusión que enseguida escapa a su control.

El problema comienza cuando estos vídeos se despegan de su origen y se difunden como ciertos. Fabricar un deepfake con las herramientas actuales de IA generativa apenas exige unos minutos y casi ningún conocimiento especializado. Verificarlo con garantías exige, en cambio, horas de análisis fotograma a fotograma, comparación de sombras y geometría facial, y consulta a peritos; cada vez más a menudo no es posible llegar a una conclusión 100% segura. Y se multiplica cuando la producción de lo falso, por fácil, desborda la capacidad de análisis de quienes verifican.

Esa asimetría es la que describe Farid ante sus alumnos de Berkeley: cada imagen exige trazar líneas para las sombras y reconstruir la escena, un proceso que puede llevar un día entero. Mientras tanto, el contenido ya se ha viralizado: la vida media de una publicación viral, sostiene Farid, es de menos de noventa segundos. Cuando termina un análisis, confiesa con impotencia, el daño suele estar hecho y el montaje se ha asentado ya como realidad en la conversación pública.

Los ejemplos abundan. En vísperas de las primarias demócratas de New Hampshire, en enero de 2024, se difundió una oleada de llamadas automáticas con una voz clonada de Joe Biden, generada mediante IA, instando a los votantes a no acudir a las urnas y “guardar” su voto para noviembre. La maniobra buscaba desmovilizar a los demócratas.

En febrero de 2024, la consultora británica de ingeniería Arup sufrió la que se considera la mayor estafa con deepfake hasta la fecha: un empleado de su filial de Hong Kong transfirió unos 24 millones de euros tras una videoconferencia falsificada en la que los ciberdelincuentes sustituyeron a varios participantes, incluido el director financiero, por clones generados con IA imitados con tal precisión que descartó la ingeniería social.

El sector financiero enfrenta ya, según la publicación especializada en pagos virtuales Pymnts, una categoría nueva de fraude que combina vídeo falso, voz clonada e identidades sintéticas en un único perfil fabricado. Las cifras confirman la escala del problema: DeepStrike, firma de ciberseguridad, calcula que el volumen de deepfakes compartidos en redes sociales pasó de 500.000 en 2023 a unos 8 millones en 2025, un crecimiento anual cercano al 900%. La startup italiana identifAI, que ha analizado más de 10.000 incidentes desde 2020, registró 4 casos en enero de aquel año frente a 3.165 en marzo de 2026.

Las herramientas automáticas de detección, en las que Farid ha trabajado buena parte de su carrera, no resuelven el problema por sí solas: cada vez que su equipo avanza un paso, la tecnología de creación de vídeos falsos camina dos. Una guía de 2025 del Columbia Journalism Review advertía de que estos sistemas son útiles como apoyo, pero fallan en escenarios reales, quedan obsoletos con rapidez y generan tanto falsos positivos como negativos: tienen, en la práctica, escasa utilidad.

El filósofo de la información Don Fallis ya describió hace seis años el riesgo de una “infopocalipsis”: un escenario en el que dejamos de distinguir lo real de lo fabricado porque el vídeo, como soporte de prueba, deja de transmitir información fiable.

Farid ilustró el coste de esta lucha hace unos meses, cuando le llegó un vídeo viral que mostraba el impacto de un misil estadounidense sobre una escuela primaria en Minab, en el sur de Irán, con más de 150 muertos. Dedicó un día entero a examinar la trayectoria del proyectil, la física de la explosión y el retraso del sonido respecto a la imagen, y concluyó que no había pruebas de manipulación, veredicto que otro experto, de la Universidad de Buffalo, corroboró de forma independiente.

El caso de Minab prueba que el método de Farid funciona cuando se le dedica el tiempo necesario. Pero también que ese día completo de trabajo especializado es un lujo que ninguna plataforma social concede antes de que el contenido se viralice.

La escasez de certezas crea un efecto colateral que, desde 2019, gracias a los juristas Danielle Citron y Robert Chesney, conocemos como el dividendo del mentiroso: cuanto más sabe el público que los vídeos pueden fabricarse, más fácil resulta negar una prueba auténtica alegando que es un montaje. Si todos parecen mentir, el mentiroso queda a salvo.

Los abogados de Tesla argumentaron en 2023 que unas declaraciones de Elon Musk sobre la seguridad de la conducción autónoma de sus coches no debían admitirse como prueba, por poder ser un vídeo generado por IA. Ese mismo año, la defensa de Guy Reffitt, implicado en el asalto al Capitolio, intentó desacreditar unas grabaciones reales alegando lo mismo.

Tampoco es algo que pase solo en otros países. En España, el letrado que representaba a José Luis Ábalos en el caso Koldo, y después el de Santos Cerdán, intentaron cuestionar audios intervenidos planteando que podían estar manipulados mediante IA a partir de voces sintéticas.

Ante ese vacío, buena parte del debate público se desplaza hacia la alfabetización mediática: la formación de la ciudadanía para leer con criterio lo que consume en redes.

Pero su efecto práctico no está claro. Una investigación de la revista Online Information Review encontró correlación entre mayor alfabetización informativa y menor propensión a compartir contenidos falsos generados con IA. El MIT, en cambio, ha demostrado que aunque la alfabetización digital se asocia con mejor juicio sobre qué es verdadero o falso, no reduce la tendencia a compartir información falsa: saber detectar un bulo no implica dejar de difundirlo.

El estudio Limitaciones de la alfabetización mediática contra la desinformación en la era digital, de la Universidad Complutense (UCM), concluye que la alfabetización mediática y el pensamiento crítico son herramientas insuficientes frente a la desinformación, por sobredimensionarse como solución individual a lo que en realidad es un problema con causas estructurales en el ecosistema mediático y las plataformas digitales. Sus autores advierten de un “solucionismo” que desplaza el foco desde la regulación y los incentivos económicos hacia la responsabilidad del usuario, y reclaman políticas públicas que integren la alfabetización mediática en una reforma más amplia del sistema informativo.

Hay consenso en que la alfabetización mediática ayuda, pero no basta por sí sola. Enseña a desconfiar y a preguntar, aunque no da a un ciudadano sin formación técnica herramienta alguna para analizar sombras y geometría facial con el rigor que exige Farid en sus peritajes. La formación reduce el contagio, no sustituye la verificación experta.

Hay además un riesgo señalado por el filósofo Taylor Matthews en un trabajo de Cambridge University Press: los deepfakes pueden empujar a parte de la ciudadanía hacia el cinismo intelectual, la actitud de dar por sospechoso cualquier contenido y renunciar a discriminar entre fuentes, tan dañino para el debate público como creerse cualquier vídeo sin comprobación.

La Unesco ha entrado también en este debate, alertando contra el solucionismo tecnológico: la idea de que un filtro o una aplicación resolverá por sí sola un problema social e institucional. La formación ciudadana forma parte de la respuesta, pero necesita apoyarse en referentes que hagan el trabajo de comprobación que un usuario individual no puede hacer solo.

Ese hueco es el que, según los principales actores del mundo de la comunicación, solo puede ocupar el periodismo profesional. Un análisis de la Brookings Institution —think tank estadounidense de referencia en políticas públicas y gobernanza— sostiene que la industria informativa debe apostar por un periodismo de calidad que construya confianza pública y desmienta los bulos sin darles altavoz.

La diferencia es la que separa un vídeo anónimo reenviado por mensajería de una pieza firmada por una redacción que ha contrastado fuentes, consultado a peritos y explicado qué se sabe y qué no. Esa trazabilidad es lo que ningún vídeo viral ofrece, y es lo único que ninguna IA ha conseguido automatizar.

Si ni la tecnología ni la formación individual bastan por separado, la responsabilidad se reparte entre varios actores. Para el lector, la literatura académica coincide en algo concreto: no debe dejar de compartir información, sino frenar el impulso de hacerlo antes de comprobar de dónde procede.

Ese freno tiene tres pasos recurrentes en las guías académicas: esperar a que un medio con procesos de verificación conocidos confirme o desmienta un contenido dudoso antes de reenviarlo; priorizar, entre las fuentes que se siguen, a las que explican cómo comprueban lo que publican; y sostener con dinero esos medios, porque la verificación que sustituye al ojo humano tiene un coste que alguien debe asumir.

La Brookings Institution recuerda que un periodismo capaz de desmentir bulos sin amplificarlos exige redacciones con recursos, y esos recursos dependen de modelos de negocio que no premien solo la velocidad de publicación.

Hace un mes, el editor de The New York Times, A. G. Sulzberger, reivindicó en el Congreso Mundial de Periódicos, en Marsella (Francia), el papel del periodismo como prescriptor de la verdad frente a la desinformación. Lo resumió así: “Los hechos importantes que la gente conoce provienen, en última instancia, de la información original de la prensa”. Por eso, “para sobrevivir en un mundo mediado por la IA”, hace falta “un periodismo diferenciado que los lectores busquen intencionalmente”. “El periodismo tiene valor”, subrayó, siempre y cuando los medios sean “una alternativa confiable en medio de esta confusión” digital “repleta de bots y contenido de baja calidad”.

“Cada vez es más difícil saber qué es verdad y de dónde proviene la información. Si bien es problemático que la gente crea en falsedades, es aún más peligroso cuando dejan de creer en la verdad”, subrayó.

Hany Farid ha llegado a plantearse abandonar su trabajo como verificador. Él y su mujer consideran trasladarse a una granja en Vermont, al otro extremo del país, lejos de una industria a la que acusan de anteponer el beneficio a cualquier freno sobre sus propias herramientas.

Si el hombre que inventó buena parte de los sistemas de detección está en ese punto, eso significa que la solución no vendrá de la tecnología, ni tampoco de la vigilancia individual de cada usuario.

La única respuesta viable apunta a una intersección entre las audiencias que distinguen entre fuentes fiables y contenido sin verificar y los medios que documentan su proceso de comprobación, porque retienen más confianza que quienes compiten solo por publicar primero.

Durante décadas, los controles de exportación tecnológica de Estados Unidos se centraron en el hardware: semiconductores, equipos de fabricación, supercomputadoras. El 12 de junio de 2026 se ha reenfocado el objetivo. Por primera vez, Washington ha sometido a control de exportación un modelo de inteligencia artificial en sí mismo. La Administración Trump ordenó a Anthropic suspender el acceso a sus modelos Fable 5 y Mythos 5 para cualquier ciudadano extranjero, dentro o fuera del país, incluidos sus propios empleados no estadounidenses. La compañía, que califica la decisión de malentendido, ha optado por negociar la reversión de la orden de forma discreta mediante reuniones con el Departamento de Comercio.

Para Europa, la lección no está en los detalles del origen del cierre del modelo —un presunto jailbreak de las salvaguardas del modelo, según la versión de la Administración—, sino en lo que el episodio revela sobre la naturaleza de la dependencia tecnológica de la UE. Y para entenderlo conviene separar dos casos que la cobertura ha tendido a fundir en uno. Fable 5 y Mythos 5 no son lo mismo, y el corte de cada uno enseña una cosa distinta.

El primer caso, Fable 5, ilustra la dependencia comercial. El modelo es un producto de mercado. Ordenar el corte de su acceso a los europeos –y resto de no estadounidenses– es disruptivo, pero pertenece a un orden conocido: hay competidores, hay sustitutos y el daño es económico y, en principio, reversible. Es el mismo riesgo que ya señalaba el paquete de soberanía tecnológica presentado por la Comisión Europea el 3 de junio, cuando estimaba en torno al 80% la cuota que Amazon, Microsoft y Google concentran en la nube europea. La dependencia de un proveedor extranjero siempre fue un riesgo de mercado. Aunque no haya que olvidar que si se materializa para un servicio central en la economía, como la nube, puede causar una disrupción sin precedentes.

El segundo caso, Mythos 5, ilustra algo más grave: la fragilidad de las alianzas. Mythos nunca fue un producto comercial. Anthropic había restringido su disponibilidad desde abril por sus capacidades avanzadas de identificación de vulnerabilidades, y lo había concedido a un círculo reducido de gobiernos: primero la Administración estadounidense, y el 2 de junio 15 países más, entre ellos España, y se lo negó a China. Anthropic había respetado las reglas tradicionales de la política internacional estadounidense, pero estas han dejado de ser válidas. La condición de aliado no es una salvaguarda; es una concesión revocable. El acceso de los 15 gobiernos al modelo duró menos de dos semanas y se revocó de modo unilateral y sin previo aviso.

Lo que Farrell y Newman describieron en 2019 como weaponized interdependence —el uso coercitivo de la dependencia económica como instrumento de poder— ha dejado de ser una hipótesis académica. Da igual, a estos efectos, si el corte respondió a una estrategia deliberada o a un susto regulatorio mal calibrado: el resultado para quien depende es idéntico, la pérdida de acceso en segundos y sin recurso. Esa equivalencia es precisamente el argumento para tener como objetivo político no depender. Estamos viviendo la extrapolación a la tecnología del poema atribuido al pastor protestante Martin Niemöller, superviviente de los campos de concentración nazis: "Primero vinieron por Huawei, y guardé silencio porque no tocaron a Nokia y Ericsson". La desconexión de Huawei en 2019 o las restricciones de semiconductores sobre China en 2022 fueron avisos que Europa no quiso leer.

La decisión tiene un coste que también recae, paradójicamente, sobre la propia industria estadounidense. Se introduce una nueva variable para los inversores: el riesgo de que el Estado limite unilateralmente el mercado de actuación a una empresa. Si la accesibilidad a un producto puede ser interrumpida por una carta del Departamento de Comercio a las cinco de la tarde de un viernes, la prima de fiabilidad del Made in America se resiente. El efecto trasciende a una compañía: anticipa la presión sobre las grandes tecnológicas para fragmentar su oferta por jurisdicciones, y empuja al mercado hacia un mosaico de "IA soberana" que encarece y ralentiza a todos. La armamentización del acceso desgasta también el arsenal de quien dispara. La presencia de los CEO de las principales empresas de IA en la reunión del G7 es un signo más de que su poder tecnológico no es ilimitado, sino condicionado dependiente de las decisiones geopolíticas.

Para la Unión Europea, el episodio impone urgencia en la adopción de un paquete reforzado de soberanía tecnológica, al menos con una tramitación tan acelerada como la empleada para simplificar la Ley de IA. Las normas propuestas en el paquete –Ley de Chips 2.0, Ley de desarrollo de la Nube– son necesarias pero insuficientes en ámbito y alcance. Por ejemplo, el marco de garantía de soberanía de las infraestructuras se circunscribe al nivel de aplicación y deja fuera de foco la cadena de suministro hardware. El objetivo tiene que ser la autonomía estratégica europea en toda la pila tecnológica, apoyada tanto en capacidades propias como en alianzas que construyan una cadena de suministro resistente a la coerción de terceros.

Como había anticipado Alex Karp –CEO de Palantir– “la era de la disuasión atómica está terminando, y una nueva era de disuasión construida sobre la IA está empezando”. En el nuevo entorno, Europa necesita una caja de herramientas que tiene que ser tan defensiva como ofensiva. En lo defensivo, el instrumento son los requisitos de soberanía en la contratación pública y en las condiciones de acceso a las ayudas de Estado en el ámbito tecnológico. En lo ofensivo, establecer condiciones claras e inmediatas de activación de las palancas de controles tecnológicos de respuesta a coerciones de terceros –por ejemplo, sobre las herramientas litográficas de ASML o los equipos de telecomunicaciones de Ericsson y Nokia–.

La soberanía tecnológica no se declara; se construye, y se defiende. Es hora de que Europa demuestre que realmente está dispuesta a hacerlo. Y nada es gratis. La absurda idea de rebajar la propuesta presupuestaria de innovación y tecnología en el Marco Financiero Plurianual de la UE para el periodo 2028-2034 no es el camino adecuado.

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Emilio García García es colaborador de la Fundación Alternativas y coautor de “Chips y poder”.

Hemos estrenado el verano, pero no hay manera de que el verano se materialice. La actualidad no da tregua y los rigores estivales no se atenúan ni con un mundial de fútbol. Vale que es uno raro, en territorio poco amigable, pero es que históricamente estos campeonatos acaparan un gran espacio mediático relegando las noticias más duras a espacios menos transitados. El fútbol todo lo matiza, todo lo unifica (para lo bueno y para lo malo). Pues este verano, tampoco. Y menos en la carrera desbocada de la inteligencia artificial. Un día hablamos de soberanía tecnológica; al siguiente, de empresas estadounidenses que quieren componentes chinos; luego irrumpe Europa con su autonomía estratégica mientras intenta asegurarse el acceso a una compañía yanqui para no quedarse fuera de la frontera tecnológica… no hay descanso y todo se acelera en un ejercicio de velocidad que sería casi cómico si no fuera porque detrás se están moviendo leyes y dependencias.

No hay manera de pararse a reflexionar con calma, a dejar que las decisiones que se van tomando hagan poso… y no estamos acostumbrados a esta sucesión de acontecimientos que viene a romper con lo establecido sin darnos tiempo a respirar. Tenemos a la Casa Blanca legislando (¡legislando!) para intervenir el mercado de la IA, a empresas enormes tratando de romper el bloqueo a la tecnología china para poder seguir creciendo al ritmo que marcan los inversores, a Europa pidiendo autonomía y decidiendo contra ella...

En este país somos de reflexión lenta, de dejar pasar el tiempo que permite analizar desde la distancia. Quién le iba a decir a Rocío Jurado que veinte años después de su muerte sería más universal que nunca, que se analizarían sus letras en clave feminista y que sería un icono para una nueva generación de mujeres que no ha escuchado una copla en su vida. Así somos, necesitamos veinte años (que dicen que no son nada, pero sabemos que son exactamente eso, veinte años) para analizar con perspectiva, para ver lo que hay detrás de la máscara… Y aquí estamos, tratando de entender qué pasa hoy en un mercado despiadado que sólo quiere crecer y derriba a su paso cualquier norma escrita (o no escrita) con la que ordenamos el mundo.

Si la Jurado fue durante décadas la reina de la copla y hoy (casi) nadie la percibe de ese modo, con la IA pasa algo parecido pero sin la cortesía del paso del tiempo. Aquí no hay veinte años para revisar el mito, hay apenas una semana entre un anuncio y su contrario. La tecnología avanza, su necesidad de financiación se multiplica, los gobiernos reaccionan y la estructura mental con la que lo analizamos se convierte en un vestido de lentejuelas viejo que no se ajusta a un cuerpo nuevo. Puede que sea vistoso, pero aprieta por todos lados.

Hace apenas unos días hablábamos aquí de cómo España entraba en juego con más de 700 millones para una gigafactoría o de que EEUU legislaba en nombre de la seguridad nacional. El viejo relato liberal empezó a chirriar cuando las viejas potencias entendieron que esta tecnología estratégica no puede quedar a merced del mercado. Sigue siendo una buena tesis, pero la apisonadora de la actualidad viene dispuesta a reventarla. Hoy tenemos a Apple (ojo a esto) presionando a Trump para que le dé cobertura política antes de comprar chips a CXMT, una empresa que aparece en la lista de compañías chinas que el Pentágono ha vinculado al aparato militar del Estado. ¿Y por qué pide Apple un poco de cintura para ella a expensas de la seguridad nacional? Por dinero, claro. Por abaratar sus costes. Fabricar un iPhone Pro de nueva generación será más caro, mucho más caro. La IA, encareciendo directamente el aparato que llevamos en el bolsillo y Apple, símbolo perfecto del capitalismo, mirando a China cuando Washington quiere impulsar sus cadenas de producción internas. El mundo al revés.

Hay algo delicadamente rociero en esta historia, si me permiten ustedes la irreverencia. Estábamos cantando una copla sobre la independencia tecnológica de occidente y llegando al estribillo suben los costes, falta memoria y la gran empresa americana pide a Trump que le deje llamar a la puerta de China. Como en las coplas de la más grande: el orgullo por un lado y el deseo, por el contrario.

Si EEUU no observa el mercado desde la barrera, Europa vive en su propia contradicción. Aprueba un paquete de medidas de soberanía tecnológica mientras la Comisión constata el peso dominante de Amazon y Microsoft en la nube europea. Mientras, Austria quiere explorar fórmulas para alojar la tecnología de Anthropic, una vez que la Casa Blanca prohibió el acceso extranjero a sus modelos avanzados. Pragmatismo, desde luego. Pero también una confesión de debilidad. Europa quiere ser soberana, pero le faltan piezas para lograrlo y se las encarga a empresas extranjeras, contra las que quiere construir su soberanía. Si esto no es una contradicción, que me lo expliquen.

Capítulo aparte para Meta, siempre dispuesta a vendernos como producto cosas que antes llamábamos comunidad. Cuenta el Financial Times que está acelerando el uso de modelos de lenguaje para revisar contenido y anuncios. No olvidemos que, además de Facebook e Instagram, Meta es la dueña de WhatsApp. Quiere que la IA haga de moderador en sus plataformas, automatizar su control de lo que se dice y cómo se dice. Nos está colando una estafa gigante: publicaciones que desaparecerán por obra y arte de la IA y moderación que no protege al agredido.

Hay algo agotador en este ritmo, pero es apasionante. La velocidad a la que suceden las cosas nos obliga a mirar la realidad con menos comodidad. No nos sirven las estructuras mentales a las que siempre hemos acudido para analizar el presente, pero de alguna manera tenemos que separarnos de esta vorágine de contradicciones si queremos entender qué está pasando. Si la Jurado consiguió que estrofas cantadas hace décadas tengan sentido hoy, la IA afina en la misma nota: todo sucede ahora, todo exige respuesta inmediata. Y las noticias de hoy envuelven el pescado de mañana… nada nuevo bajo el sol.

Women Data Lab – La Ciba (Observatorio de Datos Abiertos y Derechos de las Mujeres) organiza este viernes una jornada para hablar sobre feminismo en el contexto de la inteligencia artificial. Bajo la premisa de que la desinformación se ha convertido en uno de los grandes retos de las democracias actuales, la cita contará con la participación de escritoras, periodistas, representantes políticas y académicas que tratarán la problemática desde distintos puntos de vista.

"En el ámbito de los derechos de las mujeres, la desinformación tiene un impacto específico: contribuye a negar desigualdades, cuestionar las políticas públicas de igualdad, desacreditar el feminismo y reforzar narrativas que invisibilizan o distorsionan la realidad de las mujeres", señalan en la presentación del coloquio.

En las mesas redondas se hablará sobre tres enfoques diferentes. La primera tratará las narrativas desinformativas contra los derechos de las mujeres. Es decir, la conversación versará sobre cómo se construyen y circulan las narrativas desinformativas que niegan desigualdades, desacreditan el feminismo y cuestionan las políticas públicas de igualdad; cómo se amplifican en los entornos digitales y cómo pueden medirse y responderse desde el feminismo de datos, con evidencias. Este debate correrá a cargo de Virginia Pérez Alonso (periodista y directora de infoLibre), junto con Carmen Domingo, filóloga, escritora y ensayista feminista.

La segunda mesa analizará el papel de los datos abiertos como infraestructura democrática y como base para una inteligencia artificial responsable. Qué datos alimentan la IA y los procesos automatizados de decisión pública, con qué calidad, trazabilidad y enfoque de derechos, para garantizar información veraz sobre la realidad de las mujeres y reforzar la confianza institucional. Aquí serán Mireia Fernández-Ardèvol, catedrática de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y Karma Peiró, periodista especializada en tecnología y datos, directora ejecutiva de la Fundación Visualización por la Transparencia, quienes debatirán sobre estos aspectos.

Cerrarán el coloquio la politóloga Ana Gloria Gómez, Laia Garrigó, técnica Data x Woman y Ana Palacios, directora general del Dato en el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Las tres expertas debatirán sobre iniciativas que ayudan a pasar del diagnóstico a la acción: proyectos y herramientas tecnológicas que usan datos abiertos, inteligencia artificial, visualizaciones interactivas u observatorios para combatir la desinformación y transformar datos en conocimiento útil para las políticas de igualdad.

Hace poco más de un año que murió Brian Wilson y desde entonces he vuelto varias veces a Pet Sounds. Lo hago con esa mezcla de gratitud y melancolía que me producen las canciones que han aprendido a envejecer mejor que yo, por esa engañosa apariencia de lo inevitable que conserva el disco. Pareciera que su música siempre hubiera estado ahí, flotando en el aire californiano esperando a que alguien la recogiera.

Conviene no fiarse demasiado de la belleza. Detrás de aquellos temas míticos había talento, claro, pero también había esfuerzo, tecnología, músicos, horas de grabación y una industria muy compleja. La inspiración y el ritmo de The beach boys necesitaban cables y un presupuesto detrás, y si una escucha con atención puede llegar a percibir el ruido del trabajo ajeno sobre el que descansan unas melodías que parecen caídas del cielo.

Con la inteligencia artificial pasa algo parecido: nos fascina la respuesta que aparece en la pantalla, ese pequeño milagro de una frase con aparente sentido cuyas palabras se ordenan ante nuestros ojos. Casi magia. Preguntamos y la máquina responde con una frase de una limpieza casi inquietante. La parte que vemos es tan cómoda que se come el resto de la historia. No hay forma de escuchar el ruido tras la melodía y es más que evidente que la verdadera historia está detrás (en los grandes centros de datos, la supercomputación, el trabajo periodístico, la red eléctrica… y en los millones que se mueven en este mercado del disparate). Parece ligera porque cabe en una ventana de un chat, pero pesa toneladas.

España acaba de entrar en la carrera con nada menos que 719 millones de euros para impulsar una gigafactoría de inteligencia artificial. Por si todavía no lo saben, las gigafactorías son centros de datos enormes con el propósito de albergar cientos de miles de GPU (unidades de procesamiento gráfico) que son imprescindibles para entrenar a los grandes modelos de IA. El nombre parece sacado de una historieta, pero describe bien lo que promete: una instalación gigante con chips carísimos, mucho espacio y un gran consumo en refrigeración y conexión. Además de la paciencia administrativa, porque hablamos de dinero público.

Ahí empieza lo interesante, porque desde Reagan y Thatcher hemos escuchado la cantinela neoliberalista de que el mercado se regulaba mejor sin interferencia del Estado, que debía evitar la tentación de intervenir con sus ineficientes regulaciones que lo complican todo con su burocracia. La planificación industrial olía a despilfarro y a señores con carpeta decidiendo mal y tarde, así que cambiamos planificación por palabras más modernas y que sonaban mucho mejor: emprendimiento, talento, innovación… el no va más del neoliberalismo. Cualquier cosa menos permitir que una sociedad decidiera hacia dónde orientar su economía.

En estas estábamos cuando irrumpe la IA y hoy tenemos a Francia movilizando inversiones enormes en centros de IA; a Europa creando programas de supercomputación y planes de autonomía tecnológica… y a España entrando de lleno con fondos públicos. Llegan tarde, claro. China lleva años pregonando que la IA forma parte de su estrategia nacional y parece evidente el giro mundial, aunque casi nadie lo llama planificación. Lo llamamos resiliencia, que queda mucho mejor. O autonomía estratégica. O transición digital. Nos vale todo lo que parezca nuevo, no vayamos a caer en el viejo vicio de llamar a las cosas por su nombre: el Estado corriendo con parte del riesgo que el mercado no quiere asumir solo.

No creo que Trump se haya convertido al keynesianismo con coro de gospel en el despacho oval. Creo que lo que ocurre es mucho más prosaico: la IA se ha revelado como una tecnología demasiado potente como para dejarla en manos del mercado. En el caso de Trump, el mercado chino. Afecta a la defensa y a la hegemonía yanqui. Al poder geopolítico, en resumidas cuentas, y por ahí no pasa la Casa Blanca. Poco le importó al poder que la globalización debilitara durante décadas la capacidad de elegir dónde se producía cada cosa: la cadena de suministros se estiró por el planeta buscando mano de obra barata, sin protección laboral… La IA acelera ahora un viaje de vuelta y los gobiernos intentan recuperar la capacidad de decisión.

No me digan que la paradoja política no es notable. Después de años viendo a los mismos tomar decisiones para apartar al Estado en favor del mercado (hola, Quirón), los vemos ahora compitiendo por macrocentros de datos. Esto debería obligarnos a abrir una conversación democrática seria: si vamos a dedicar fondos públicos (estatales o autonómicos), la ciudadanía debería poder decidir sus condiciones: desde quién se beneficia a dónde se instala, qué energía consume o qué dependencias provoca. Y, sobre todo, qué retorno va a tener para una sociedad que aporta los recursos. 

La pregunta de fondo no es anti tecnológica, es democrática. Si la IA necesita recursos e infraestructuras públicos, también necesita control público. El Estado ha entrado en El cuarto de máquinas y algunos prefieren que no se diga en voz alta.

Quería centrar esta columna en un tema que me inquieta: la necesidad de apostar por la soberanía digital europea ante el oligopolio de Silicon Valley, más después del anuncio de Anthropic de suspender el acceso extranjero a sus modelos de IA más avanzados, para cumplir con una directiva aprobada por la Administración Trump. EEUU no quiere que ciudadanos extranjeros puedan acceder a la tecnología más potente del planeta, porque desea reservarse su posición privilegiada. Cero sorpresa. Los líderes occidentales reunidos en Francia en la cumbre del G7 enarbolaron inmediatamente su discurso de batalla: soberanía tecnológica europea. Algo habrá que hacer. El caso es qué y cómo.

En estas estaba cuando ayer mismo me tropecé con un gran titular: el Gobierno invertirá 719 millones de euros en un proyecto español para desarrollar una gigafactoría de IA que estaría cofinanciada por Telefónica, Banco Santander y ACS. Sin entrar a valorar los compañeros de viaje de esta iniciativa, mientras leía la noticia yo pensaba en el nuevo mapa de España que se va dibujando a golpe de titulares y anuncios de inversión pública y privada, que pinta una redistribución territorial del Estado en términos de negocio (y de futuro). Y ahí cambié de idea sobre el tema de esta columna.

Llevamos meses entretenidos con discusiones sobre ChatGPT, algoritmos y demás detalles que empequeñecen el debate sobre la inteligencia artificial cuando la cuestión importante es la del territorio. Se han ido encadenando los anuncios, realizados a bombo y platillo: Aragón quiere convertirse en la potencia eléctrica; Extremadura y Asturias piden la revancha de la periferia energética; Cataluña apuesta por la ciencia y el conocimiento; Galicia por la supercomputación; Madrid, Comunidad Valenciana, La Rioja… Miles de millones de euros y hectáreas de suelo industrial prometidos en clave de liderazgo o reindustrialización y resulta que el debate de fondo es cómo se posicionan para el futuro inmediato. 

Durante décadas el foco se puso en cuestiones como a dónde y cuándo llegaba el AVE, dónde se construían fábricas, dónde se proyectaban los grandes centros logísticos y, como consecuencia de todo ello, dónde se sumaba población y dónde se vaciaba el territorio. Seguramente el efecto será el mismo, pero el objetivo hoy está en cómo competir para diferenciarse en el mercado de la inteligencia artificial. Mientras Aragón, Madrid y Extremadura (por citar algunos ejemplos) apuestan por localizar en su territorio grandes infraestructuras que atraigan a los gigantes tecnológicos, Cataluña lo hace por las universidades y el talento científico: supercomputación e inversión en startups tecnológicas. No es la única, Galicia y otras comunidades también han entendido que quizá compense más en invertir en el verdadero valor de una revolución tecnológica, que rara vez se sitúa en construir edificios. 

Es pronto para saber quién acierta. Seguramente en el corto plazo el dinero de las inversiones extranjeras será muy aplaudido. Las cifras espectaculares llegan acompañadas de excavadoras y empleo en el sector de la construcción, que son fáciles de inaugurar y de fotografiar. El conocimiento, por otro lado, está muy devaluado y tiene peor prensa. Además, necesita tiempo y los políticos no lo tienen. Sin embargo, suele dejar una huella más profunda en el tejido económico. La inteligencia artificial está generando una nueva división territorial de España y ambas opciones no son incompatibles, pero tampoco son equivalentes. 

Dentro de 20 años observaremos el mapa y puede que aplaudamos la inversión que llegó al calor de las infraestructuras, a pesar del coste energético y medioambiental. No sabemos qué sociedad juzgará este tiempo, pero quizá sea una capaz de reconocer dónde se instalaron las empresas, se patentaron los avances tecnológicos, se creó empleo de calidad y bien pagado. Y dónde se tomaron las decisiones. Hoy lo que toca es decidir qué parte de España se apunta a construir y cuál invierte en retener y captar el talento. Hay sitio y votantes para las dos.

Siempre he pensado que hay inteligencia artificial, sea mucha o poca, en cualquier sistema que sea capaz de resolver bien un problema y en menos tiempo del que empleamos las personas. Por ejemplo, multiplicar 32,3 x 7,13 y que salga 230,299 en un instante (espero que la ia de la calculadora de mi móvil funcione bien). 

Por tanto, cuando usted lea ia con minúsculas será porque me estoy refiriendo a inteligencias artificiales como las de las calculadoras o las que nos permiten pegar en un sitio lo que copiamos de otro. Frente a la prepotente IA, la vieja ia tiene la ventaja de que la conocemos y nos merece confianza.

Seguidor como soy de lo que ocurre con las cosas que hago, desde finales de 2022 comencé a anotar cada cierto tiempo el número de resultados de varias búsquedas en Google que incluían el acrónimo “MASUFA”. De repente, a las 21:30 horas del 13 de diciembre de 2025 y sin haber hecho nada distinto a lo que venía haciendo desde hacía tres años, ni pedir tampoco la pantalla permiso para responder de otra manera, apareció en la misma una “Vista creada con IA” que me sorprendió. Tanto, que hasta me coloqué a la defensiva y, recurriendo a la ia de toda la vida, respondí con un “copy-paste” de lo que estaba viendo para asegurar el recuerdo del texto que casi acababa de agredirme, no fuera a ser que la novedosa IA se atreviera a decir que ella no había sido cuando, por ejemplo, decida yo, tras hablar antes con mi abogado, presentar la correspondiente demanda en el Juzgado de Guardia.

Desde entonces se repitieron las casi agresiones virtuales, casi siempre sin yo activar el “Modo IA” que con fingida inocencia se ofrece y, tal como hice la primera vez, me dediqué a copiar siempre lo que aparecía en pantalla para trasladarlo a un lugar seguro, por lo que pudiera pasar.

Se acaban de cumplir seis meses desde aquel día del diciembre y me ha parecido oportuno compartir con usted los resultados de las 30 veces en las que, tras escribir en Google “Felipe VI MASUFA”, la IA me ha enseñado un texto relativamente largo y nunca el mismo y yo, en defensa propia y armado con la ia, lo he copiado y pegado para poder analizarlo. 

Para no aburrirle, he decidido reproducir únicamente el listado de “significados” del acrónimo MASUFA que la IA ha presentado en pantalla en las 30 fechas que se citarán, aunque no quiero dejar de mencionar el sorprendente hecho de que, en las 30 ocasiones y sin ninguna excepción, la primera frase que la IA me presenta dice lo siguiente:

“Quizás quisiste decir Felipe VI MASUDA”

Creo que la próxima vez le preguntaré a la IA lo siguiente:

¿Por qué me contesta la IA “Quizás quisiste decir Felipe VI MASUDA” cada vez que le pregunto por Felipe VI MASUFA?

Aunque también podría preguntar:

¿Hay en la IA alguna mano negra que prefiere relacionar Felipe VI con MASUDA en lugar de con la muy constitucional función de MASUFA (Mando Supremo de las Fuerzas Armadas) que establece el artículo 62 h de la Constitución para Felipe VI?

Mientras me lo pienso, voy ya con la serie de fechas consultadas y los significados textuales que la IA ha ido concediendo a MASUFA. Comenzaré por las fechas más recientes, todas de 2026.

12 de junio. "Monarca al Servicio de Ultra-reaccionarios, Sindicalistas y Fuerzas Armadas”.

2 de junio. “MAnifiestamente SUperfluo o Facultativo”.

27, 15, 10 y 04 de mayo. “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas” (No es necesario decir que este sí es el significado correcto).

28 de abril. “Máximo Suplente de Franco”.

23 de abril. "MAjestad SUcia Franquista Arrebatada".

17 y 13 de abril: “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

09 de abril. “Majestad Sucesora de Fanchete (o Franco)”.

5 de abril. “Mandatario Supremo de las Fuerzas Armadas”.

2 de abril. “MAjestad SUcesora de FAscistas”.

12, 8 y 6 de marzo. “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

27 de febrero. “Máximo sujeto de facto”.

24 de febrero. “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

17 de febrero, a las 23:15 horas. “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

17 de febrero, a las 21:00 horas. ““Mando Absoluto Sin Uso de Fuerzas Armadas”.

Siete fechas entre el 12 de febrero y el 12 de enero: “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas”.

9 de enero. "MANDATARIO A SUJETOS ULTRAS, FRANQUISTAS O MASONES".

5 y 1 de enero. Mando Supremo de las Fuerzas Armadas.

Resumiendo: el 33,33% de las veces en las que desde el 1 de enero al 12 de junio de 2026 he escrito en Google “Felipe VI MASUFA”, ha aparecido la IA ofreciendo significados que no se corresponden con el hecho objetivo e incontestable de que MASUFA es un acrónimo que solo se corresponde con la función de “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas” que el artículo 62 h de la Constitución reserva para el rey.

Para finalizar por hoy, aprovecharé la ocasión para recordar que todo esto empezó tras cabrearme de lo lindo cuando en mayo de 2022 supe que Carmen Calvo había informado que la “Casa Real”, en un día que no precisó de unos meses antes, se había negado a la reforma del artículo 56.3 que llevaba 8 años permitiendo cometer delitos a Felipe VI con total impunidad (los haya cometido o no), tal como le permitió lo mismo a su padre durante los 36 de su reinado desde 1978. Entonces agarré la Constitución, leí las diez funciones que su artículo 62 adjudica al rey y elegí la “h”, es decir, “Mando Supremo de las Fuerzas Armadas” para, a partir de entonces, y tras comprobar que la mayor coincidencia textual con MASUFA era MASSUFA, el nombre de una tribu bereber que hasta la fecha no se ha sentido ofendida por la casi coincidencia, dedicar parte de mi tiempo a divulgar por nada a cambio el 62.h mediante el uso del acrónimo MASUFA. Y siempre que viniera a cuento, por supuesto.

Esta vez ha sido la tan presumida como reincidente IA la que ha hecho inevitable lo de volver a mencionar aquí un asunto pendiente, al específico y particular de nuestra democracia me refiero que, por lo demás, se resolvería con una fácil reforma del título II de la Constitución que ya está clamando al cielo, porque resulta imprescindible que su artículo 56.3 no se siga riendo de lo que pone el 14 del título I.

¿Acaso es mucho pedir?

Definitivo: en España hay demasiadas personas con mando en plaza, aunque lo hayan conseguido en las urnas, a las que les sigue gustando jugar con fuego.

Eso es porque saben que algo tienen que ganar con ese maldito juego.

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Domingo Sanz es socio de infoLibre.