6.467 niños llamaron el año pasado angustiados, pidiendo ayuda porque no querían seguir viviendo. Niños o adolescentes que tenían ya todo preparado, sabían cómo iban a hacerlo y estaban en una situación límite. Pero algo, en esos últimos instantes, les hizo marcar un número, el de ANAR, para pedir ayuda o para ser escuchados.

La cifra es terrible: detrás de ese número hay vidas, historias de niños o adolescentes que tienen toda la vida por delante pero que se sienten perdidos, sin horizonte, angustiados por un abuso, por un acoso escolar, por no sentirse protegidos o admitidos en un entorno.

La conducta suicida de menores de edad se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en el principal problema atendido por las Líneas de Ayuda ANAR. Cuentan que de esos 6.467, 1.405 ya habían iniciado el intento de suicidio. Es ahí cuando los psicólogos activan todos los protocolos, con avisos a emergencias para que acudan a ese lugar, a ese domicilio o a donde estén, para evitarlo, mientras esa persona intenta mantenerlo al teléfono, hablando con él o con ella, escuchándole y buscando tiempo, un tiempo valiosísimo.

No somos conscientes de todo lo que eso supone y hoy quiero ponerlo en valor aquí. Profesionales que cada día escuchan historias terribles y que brindan su ayuda, de la mejor forma posible, salvando vidas.

Ellos, los trabajadores de ANAR, piden ayuda. Porque esos 6.467 niños o adolescentes sufrían algún tipo de violencia. Y eso sólo se soluciona trabajando no sólo con ellos, sino con el entorno. Con sus familias, con los centros escolares, con los amigos…

Pero nos hemos quedado con la punta del iceberg. Esa cifra representa los casos más graves que atendieron sólo el año pasado. La fundación ANAR recibió casi 20 mil llamadas. 20 mil llamadas de niños o adolescentes que no tenían con quién desahogarse, que habían sufrido algún tipo de violencia, que tenían ansiedad, que estaban tristes…

Hay muchos motivos detrás de ese aumento, detrás de esas llamadas. Y seguramente, en cada historia, los matices son fundamentales. Pero hay patrones que se repiten, que empiezan a suponer un repunte en este tipo de conductas y que tienen mucho que ver con las redes sociales. Se han convertido en un espejo en el que es imposible reconocerse. Hay vidas perfectas, viajes perfectos, cuerpos perfectos que son irreales e inalcanzables. Que generan frustración y muchísima ansiedad. Necesidad de ser algo que jamás será posible. Y que sería, incluso, perjudicial. Necesitamos gente diferente, cuerpos diferentes, vidas diferentes porque, en la diversidad, podremos crecer, aceptarnos. Y esto sí que tiene una fácil solución. Sabemos cuál es.

La Policía Nacional ha confirmado este sábado la muerte de dos chicas de 15 y 16 años la pasada madrugada halladas en un parque de Jaén, según fuentes cercanas a la investigación, que apuntan a muerte por suicidio.

Las fuentes de la investigación han señalado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y aunque la investigación está abierta las mismas fuentes descartan en este momento la participación de terceras personas.

El hallazgo de los dos cuerpos sin vida de las dos adolescentes tuvo lugar la pasada madrugada en el Parque de la Concordia, situado en pleno centro de la capital jiennense.

La autoridad judicial ha decretado secreto de sumario de este caso que ha conmocionado a la capital jiennense.

La Brigada Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del caso de estas menores, de las que no han trascendido más datos.

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, ha declarado a EFE que la Policía Nacional está investigando las circunstancias de la muerte de las dos menores y ha confirmado que la primera inspección ocular no indica signos de violencia externa.

Por esta razón en este momento se descartaría la participación directa de terceras personas aunque la investigación se mantiene abierta.

Manuel Fernández ha pedido que se mantenga el máximo respeto para las menores fallecidas y a sus familias, “a quienes queremos trasladar nuestro dolor en unos momentos extraordinariamente duros”.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024 y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al 112.

Ángela —nombre ficticio— se acostumbró a vivir de noche cuando empezó a trabajar en la línea telefónica 024, de atención a la conducta suicida. Entraba a las once, salía a las siete de la mañana, y los fines de semana hacía turnos de doce horas. Cada llamada era distinta, pero ninguna era fácil. “Me iba a casa agotada, pero satisfecha —recuerda—. Si conseguía que una persona desistiera, aunque solo fuera por esa noche, sentía que había valido la pena”.

Durante un año trabajó en este servicio, financiado por el Ministerio de Sanidad pero gestionado por Cruz Roja Española mediante una adjudicación por valor de 2,3 millones de euros al año. Lo hacía por 1.300 euros netos al mes, pero después de la renovación de su contrato, el sueldo bajó a 1.100. En la nómina, Ángela aparecía como personal con estudios básicos, aunque el pliego del Ministerio de Sanidad exigía licenciatura en Psicología y experiencia profesional en el sector. “Cuando protesté, me dijeron que me había subido el IRPF al cambiar de contrato temporal a indefinido”, cuenta.

Ángela reclamó entonces por su categoría laboral y la del resto del personal del 024, alegando que tanto por la formación académica como por las características del trabajo no podían cobrar como operadores telefónicos. Cruz Roja le abrió un expediente sancionador por falta muy grave y la despidió tres días después. “En el expediente ponía que había puesto en riesgo la vida de un usuario”, recuerda. “Dos días antes me habían felicitado por una intervención en la que una chica con una sobredosis me dio su dirección para enviarle una ambulancia”. 

Ángela no había recibido ninguna advertencia sobre su rendimiento, aunque relata que en alguna ocasión un supervisor le llamó la atención por recomendar a los usuarios recursos ajenos a Cruz Roja, como albergues públicos o la línea 016 contra la violencia machista. Llevó su despido a los tribunales y, tras un año de espera, justo antes de entrar a juicio, la organización le ofreció un acuerdo económico. “Yo quería que se celebrara el juicio, pero mis abogados me dijeron que Cruz Roja recurriría eternamente. No quería más desgaste”, explica.

Tras su salida, Cruz Roja recibió más presiones de la plantilla del 024 y accedió a reevaluar su categoría laboral. Pero en lugar de enmarcarlos en el grupo de psicólogos, que existe dentro de la categorización de la organización, la dirección creó una nueva categoría, “operadores con titulación”, que se traducía en una subida de unos 100 euros netos al mes, según fuentes internas. 

Según estas fuentes, la plantilla fue coaccionada para aceptar el acuerdo: “Recursos Humanos dijo que si se pedía más dinero, Cruz Roja dejaría el proyecto, porque les salía más rentable pagar la penalización al Ministerio de Sanidad que subir más los sueldos”. 

Todos los operadores de la línea son graduados en Psicología, según una respuesta del Ministerio de Sanidad a este medio, aunque en los inicios del servicio este requisito, especificado en los pliegos del contrato, no siempre se cumplió, según publicó el periodista especializado en suicidio Guillermo Córdoba en una serie de reportajes basados en testimonios de trabajadores y análisis de las ofertas de trabajo.

El teléfono 024 al igual que el del centro de emergencias, no es una línea comercial. Cada llamada puede ser una crisis, un intento de suicidio o simplemente alguien que se siente solo y no sabe a quién llamar. Pero en la oficina central de Cruz Roja, los equipos trabajan bajo objetivos de productividad: número de llamadas por hora, tiempos medios y ratios de espera marcan las jornadas laborales. “No se puede atender llamadas críticas, que requieren concentración, sensibilidad y tiempo, mientras piensas que si te sigues alargando no vas a llegar al objetivo”, cuenta una antigua trabajadora.

Según han relatado a infoLibre varias fuentes independientes entre sí, con ocasión de algunas visitas de autoridades o responsables institucionales al centro de emergencias, las pantallas que muestran las estadísticas de llamadas y tiempos de espera se han manipulado artificialmente para ofrecer una imagen más favorable del servicio.

“Nos trataban como si vendiéramos seguros”, explica Víctor —nombre ficticio— que trabajó en el centro de emergencias, en la misma planta que el 024. “Había días que no podía levantarme ni para ir al baño. Si tardabas un minuto, ya escuchabas tu nombre por los altavoces”. La fatiga emocional se unía a la física: las pausas se registraban en una hoja de cálculo compartida y había que pelear por un hueco. “Parecía un juego de supervivencia”, cuenta Víctor. 

Víctor fue contratado como operador y más tarde asumió funciones de supervisión, aunque sin firmar ningún contrato nuevo. La responsabilidad sí se reflejaba en un extra en la nómina, pero la categoría no estaba formalmente reconocida. Las supervisiones se hacían en público, por un chat grupal en el que se señalaba a quien no llegaba a los objetivos. “Si lo hacías bien y tenías esa suerte, a lo mejor te lo decían por privado; si lo hacías mal, o ellos lo interpretaban así, te lo decían delante de todo el mundo”. “Al principio aceptaba todos los turnos, pensaba que era una forma de ascender, pero acabé con taquicardias”, cuenta Ángela. 

Este enfoque mercantilista se extiende también a otros programas de Cruz Roja como Info Prevención, un servicio multicanal de información sobre infecciones de transmisión sexual que nació como línea telefónica y que ahora opera a través de varias plataformas. “El  programa consiste en atender al público, sobre todo por chat, porque el teléfono cada vez se usa menos, pero también en crear y divulgar información para concienciar, prevenir y desestigmatizar”, explica una persona cercana al programa. “Pero para la dirección, si el personal no está todo el día atendiendo llamadas significa que no está trabajando lo suficiente, y le añaden más carga de trabajo, muchas veces en otros servicios para los cuales no les dan la formación adecuada”, relata.  

En Madrid, el personal de los centros de atención a migrantes también refiere condiciones laborales extremadamente difíciles, más allá de las inherentes al puesto y al sector. En general, las personas consultadas coinciden en lo mismo: es la vocación de los trabajadores lo que sostiene la labor de Cruz Roja. “Era un trabajo muy duro, pero también el más humano que he hecho en mi vida”, dice Ángela sobre su labor en el 024. “Yo estaba orgullosa de llevar el uniforme de Cruz Roja, de sentir que servía para algo. Hasta que empecé a ver cómo trataban a la gente que lo hacía posible”.

El sentir de parte de la plantilla, al igual que en el caso de los dos despidos colectivos anulados por la Audiencia Nacional, y el tercero anunciado la semana pasada, es de decepción y desconfianza en la actual dirección, a la que acusan de primar los criterios mercantiles sobre los humanitarios. “No se puede llevar una ONG como si fuera una multinacional. Una cosa es garantizar la sostenibilidad económica, que no está en riesgo, y otra es buscar la rentabilidad sobre todo lo demás”, critica una extrabajadora, ahora jubilada y voluntaria de Cruz Roja, que tuvo cargos de responsabilidad tanto en la organización como en uno de sus comités de empresa, y asegura que “no reconoce a la entidad”. 

Para todas las fuentes consultadas resulta indignante que la organización alegue motivos económicos para justificar sus decisiones cuando su salud financiera es excelente, como constatan sus cuentas anuales, que reflejan un excedente— el equivalente al beneficio de en las entidades sin ánimo de lucro— de 114 de millones de euros en los últimos cinco ejercicios. 

Según declaran varias fuentes internas, los ingresos de la Cruz Roja por donaciones “se multiplican cada vez que hay alguna catástrofe” —la entidad recibió 65 millones de euros en donaciones y legados en 2024— pero “no todos los fondos se utilizan para el motivo para el cual se reciben”. Según afirma una persona cercana a la gestión económica, en las arcas de la entidad “aún queda dinero del huracán Mitch” (un ciclón tropical que asoló América Central en 1998). Las fuentes también coinciden en que comenzar cada ejercicio económico con excedentes millonarios del ejercicio anterior facilita mucho la gestión económica de la entidad, y no debería ser compatible con realizar despidos colectivos, negarse a aplicar subidas salariales reflejadas en convenios, o amenazar con cerrar programas sociales si baja su rentabilidad.

Varias fuentes también señalan irregularidades en la forma en que Cruz Roja justifica algunos de sus convenios con la Administración. Aseguran, por ejemplo, que en varios de los programas cofinanciados entre Cruz Roja Española y la Administración, la organización incluye como aportaciones propias gastos que no pertenecen al proyecto, como sueldos de directivos o servicios informáticos de la sede central. Según afirman, estos programas funcionan solo con la parte de dinero público, mientras que la parte supuestamente aportada por Cruz Roja se emplea para otros fines, lo que —denuncian— resulta en un empeoramiento del servicio y de las condiciones laborales de quienes trabajan en él.

Además de las críticas por la gestión económica, las fuentes consultadas también denuncian lo que consideran “una deriva endogámica” en la dirección de la organización. Distintas personas conocedoras del funcionamiento interno coinciden en señalar el peso en los puestos de responsabilidad de los conocidos como “niños Cruz Roja”, término con el que designan a los dirigentes que entraron de pequeños en las juventudes de la organización y han desarrollado en ella toda su carrera laboral. Si bien admiten que conocer bien la entidad es una ventaja clara a la hora de gestionarla, estas fuentes denuncian dinámicas de “amiguismo” en las que los contactos y la pertenencia a ciertas “facciones o familias” tienen demasiado peso a la hora de elegir a los cargos de la alta dirección. 

Muchas de ellas citan como ejemplo a la actual secretaria general, Asunción Montero, hija de José Luis Montero, antiguo secretario autonómico de Cruz Roja Andalucía. Antes de su puesto actual, Asunción Montero había estado al frente del departamento económico de Cruz Roja Andalucía y de la dirección central de Recursos Humanos, posición que ocupaba cuando la entidad se negó a llevar a cabo la subida salarial pactada en el convenio de la oficina central, y llevó a cabo el primer despido colectivo anulado por la Justicia.

El excomisionado para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) por un intento de suicidio, según han confirmado a EFE fuentes del PSPV-PSOE..

José María Ángel presentó su renuncia irrevocable como Comisionado para la reconstrucción tras la dana el pasado 31 de julio tras la polémica sobre la titulación con la que promocionó de funcionario hace 43 años, y lamentó entonces haber sufrido un "ataque injustificado" que le había causado un daño personal "enorme".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado su cariño y apoyo al excomisionado para la reconstrucción tras la dana José María Ángel, quien ha sido ingresado de urgencia este viernes en el hospital de Llíria (Valencia) tras un intento de suicidio. En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo ha querido mostrar todo su cariño y apoyo a Ángel y a su familia "en estos difíciles momentos".

También la secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, se ha pronunciado sobre el suceso y ha afirmado que en el partido están "en estado de shock y rotos de dolor por el estado" del excomisionado.

En un mensaje en redes sociales, Morant ha expresado todo su "cariño y afecto hacia él y su familia en estos momentos tan duros, después de semanas de acoso", en referencia a su dimisión. "José María, ojalá que te recuperes lo más pronto posible. Estamos a tu lado", finaliza el mensaje de la ministra Diana Morant en el que también ha compartido una imagen en la que aparece junto al excomisionado.

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha recordado sus años de trabajo junto a Ángel, "un compañero que durante 40 años ha tenido como principal objetivo el servicio público". "Tenemos el corazón en un puño, pero sabemos que eres fuerte. Y te enviamos aún más fuerza a ti y a tu familia", ha escrito en un mensaje en X, que ha cerrado en valenciano: "Estem amb tu amic, hui i sempre" (estamos contigo amigo, hoy siempre).

Olivier Codet conoció a N. en el patio de Notre-Dame-de-Bétharram el día que empezaron tercero, en septiembre de 1985. El comienzo de un año “infernal”, pero también de una “amistad inquebrantable”. “Los dos éramos un poco 'tarambanas', nuestros padres estaban convencidos de que nos vendría bien”, recuerda este profesor bordelés de 55 años.

En Bétharram, la violencia comenzaba al terminar las clases: “Nos pegaban mucho los tres tutores que dirigían el internado, eran una especie de kapos. Bofetadas por cualquier cosa. Vi a chicos de 40 kilos ‘decapitados’, volando por los aires...”.

Olivier dice que rápidamente “decidió portarse bien” para tener más posibilidades de regresar a Burdeos después de ese año de tercer curso. “N. intentó rebelarse. Se llevó aún más hostias”.

Además de los golpes diarios, Olivier cuenta las humillaciones y las novatadas, las horas que pasaba de pie en el patio, “delante de la Virgen”, a temperaturas gélidas, pero también el suplicio “del levantarse”. “Cuando había ruido en el dormitorio durante la noche, los vigilantes despertaban a todo el mundo con un tambor a las 5 de la mañana. Entonces teníamos que quedarnos de pie, a veces durante una hora y media, al pie de nuestras camas, con la vejiga llena. Algunos acababan, evidentemente, meándose”. Además, solo se permitía una ducha a la semana.

“El problema es que no volvíamos a casa por la noche, por lo que teníamos esa carga de violencia incesante de la que no podíamos desprendernos”, analiza hoy Olivier.

Al final de tercero, los dos amigos regresaron con sus padres a Burdeos: “No íbamos al mismo instituto, pero seguíamos siendo inseparables”. Olivier cuenta que tuvo la suerte de recuperar su entorno y su equipo de hockey. “N., en cambio, volvió con un síndrome de guerra de Vietnam, lo destrozaron”, nos confía este cincuentón.

Los dos chicos no volvieron a hablar de aquel año. “Hacíamos tonterías de adolescentes”, recuerda el exinterno. N. montaba en moto y jugaba al tenis, era un chaval guapo, pero nunca le iba bien con las chicas. Tenía altibajos”. En su último año de instituto, cogió el rifle de su abuelo del garaje y se pegó un tiro: “No solo es una vida arruinada, es una familia destrozada”. Después de eso, Olivier “formateó su disco duro” y se marchó del suroeste.

¿Cuántos antiguos alumnos de Bétharram no sobrevivieron a la violencia física y/o sexual que sufrieron allí? “Nadie lo sabe, pero parece considerable, muy por encima de la media en cualquier caso”, afirma el denunciante Alain Esquerre.

En el grupo de Facebook de antiguos alumnos aparece varias veces el nombre del joven V., fallecido en 1995 a los 14 años. “Estaba en mi clase, con Calixte Bayrou”, cuenta Éric Arassus, miembro del colectivo de víctimas de Bétharram, que afirma haber sido testigo de varios suicidios durante sus tres años de escolaridad. El de V., un niño “con ganas de vivir y agradable”, le “marcó especialmente”. “Toda la clase fue al funeral, fue muy emotivo, pero no recibimos ningún apoyo. Se borró todo como si no hubiera pasado nada.”

En el periódico del centro, una necrológica rinde homenaje al adolescente. “Iba a cumplir 15 años en unos días”, dice el texto. “Nos dejó de repente, viviendo a su manera su encuentro con el Señor”. “V. se fue con su secreto”, escribe el padre Vincent Landel.

Veinte años después, nadie se atrevería a afirmar que existe una relación causal directa y unívoca entre este suicidio y los actos de violencia generalizada cometidos en el centro. Pero, ¿cómo no plantearse una correlación? Desde que estalló el escándalo en febrero, en los foros de debate creados por supervivientes de toda Francia rondan los nombres de los exalumnos fallecidos, desde Bearn hasta Relecq-Kerhuon (Finisterre), pasando por Abondance (Alta Saboya).

Pero esas víctimas, en lo más alto del espectro del sufrimiento, ya no están aquí para contarlo. Ahora que las voces surgen por todas partes, están invisibilizadas, por no decir borradas, en el relato mediático y político: ¿dónde están los surimientos de aquellos que murieron por lo que les pasó?

Para que la historia de la violencia sistémica en los centros católicos no se escriba sin ellos, Mediapart ha trabajado para encontrar a familiares que aceptaran hablar de un hermano o un amigo, con la convicción de que la violencia sufrida durante la infancia influyó en su suicidio o su muerte prematura. Muchos dudaron: “¿Cómo juzgar aquello?”.

Y también: “¿Quién soy yo para hablar en nombre de un muerto?”. Uno de nuestros testigos resolvió finalmente este dilema de la siguiente manera: “Si testifico en nombre de mi hermano, es para ocupar su lugar”, dice Céline. “Y, en cierto modo, devolvérselo.”

La propia comisión de investigación de la Asamblea Nacional constató la ausencia de estadísticas. En su informe final, publicado el 2 de julio, solo se menciona expresamente un suicidio: el de Romain, un adolescente de 14 años escolarizado en la aldea infantil de Riaumont (Pas-de-Calais), que se quitó la vida en 2001 tras denunciar tormentos, en particular el de “clavarle tenedores” (según La Voix du Nord).

Ya en 2021, tras tres años de investigación, la Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales en la Iglesia (Ciase) apenas se pronunció sobre los suicidios. “No recuerdo que se haya intentado cuantificar”, confirma el expresidente Jean-Marc Sauvé.

Se trataba ante todo de ayudar a reparar a los vivos. Además, “un suicidio no tiene una causa única”, repite el ex presidente del Consejo de Estado. “No obstante, éramos conscientes de que los abusos sexuales a menores habían provocado un trastorno tal que algunas de las víctimas no pudieron recuperarse”.

Aún conmovido, el ex presidente de la Ciase recuerda además que varias víctimas que querían ser escuchadas nunca se presentaron: “Me gustaría creer que todas esas muertes fueron naturales, pero no estoy seguro...”.

La presidenta de la instancia nacional de reparación e indemnización creada por la Iglesia a raíz de las conclusiones de la Ciase indica que, desde 2021, dos hombres que habían iniciado el proceso de reconocimiento se suicidaron antes de que concluyera. En todas las diócesis de Francia se encargan de las entrevistas veintidós referentes: “Se tiene mucho cuidado”, indica Marie Derain de Vaucresson. “Cuando se evalúa que es urgente acompañar a la persona, se la deriva a un especialista en psicotraumas que evalúa […] el riesgo de suicidio y se acelera el procedimiento cuando es necesario.”

Christophe, por su parte, no tuvo la oportunidad de iniciar este proceso. En 2011, a los 55 años, fue encontrado inconsciente en su cama, “después de haber ingerido demasiados medicamentos”, testimonia su hermana Céline, religiosa y doctora en teología. “No me dio pena. No quería a mi hermano, no tenía ningún motivo para quererlo”.

Christophe solo inspiró miedo a su hermana pequeña. “Mi primer recuerdo de niña, debía de tener 3 ó 4 años, son unos ruidos incomprensibles en el apartamento: mi padre y mi hermano estaban por el suelo, pegándose”.

Christophe acababa de pasar dos años en el internado Sainte-Croix-des-Neiges (Alta Saboya), una institución de los Alpes dependiente de la diócesis de Nanterre (Altos del Sena) a la que se enviaba a niños, a menudo de “buena familia”, para que recibieran disciplina y aire fresco. En esos chalés, durante décadas, los tutores cometieron violaciones, abusos y humillaciones en serie, según las acusaciones presentadas en los últimos meses ante la justicia.

Al llegar a quinto curso, Christophe repitió el año, antes de regresar a la región parisina sin contar nada.

“Creo que nunca llegó al bachillerato”, cuenta Céline. “Vinieron los problemas uno tras otro: alcohol, drogas, depresión, incluso la cárcel”. Cometió graves actos de violencia contra algunos familiares.

“Era muy provocador, excesivo, era complicado mantener una conversación con él”, añade Céline. “Al final, estaba muy enfermo, tomaba muchos medicamentos”. Era prácticamente “un zombi”.

Poco antes de su muerte, escribió un email a su madre para revelarle que en Sainte-Croix había sido “violado por el cura”. “Ella no me dijo nada en ese momento”, precisa Céline. “Solo después de la muerte de Christophe en 2011 me habló de ese email. Pero no le creí. Era un mitómano, lo archivé en la categoría ‘mentiras’, en una cajita”. Quedó bloqueado durante años.

Luego, en 2021, mientras la religiosa se interesaba por la Ciase, se topó con unos vídeos publicados por la comisión. “Hombres de unos sesenta años daban testimonio de su agresión y de su vida posterior: ¡era el mismo recorrido de Christophe! De repente lo comprendí. Desde ese momento, para mí es una certeza”. La violación, en primer lugar, pero también “el hecho de que la violencia sufrida acabara matándolo”, ya fuera “un suicidio en sentido estricto o no, que tomara demasiados medicamentos de forma voluntaria o no”.

“El momento de los vídeos fue devastador”, continúa. “Hasta entonces, él era el malo. De repente, ya no era exactamente eso: lo habían convertido en el malo. Tuve que reconfigurar mi software interno”.

Incluso antes de que estallara el caso site, se lanzó a buscar información sobre Sainte-Croix y encontró a antiguos alumnos que recordaban a Christophe como “un compañero extremadamente amable”. Sobre todo, al descubrir “el molde de sumisión” impuesto por esa institución que enarbola como lema “la confianza y la caridad”, comprendió hasta qué punto su hermano mayor “había reproducido ese sistema de violencia sobre sí mismo y sobre los demás”.

En mayo, la segunda esposa de Christophe, con la que Céline no tenía ningún contacto desde hacía diez años, contactó con el grupo de Facebook de antiguos alumnos. “Me contó cosas importantes: yo pensaba que Christophe había estado encerrado en el silencio casi toda su vida, pero parece que habló de algunas cosas con sus padres [antes del email, ndr]... Esto cambia un poco la historia, porque sin duda le provocó una mayor amargura...”. Justo antes de su muerte en 2011, también escribió al fiscal de la República, pero la citación policial llegó dos meses después de su muerte.

Hoy, Céline quiere “que la Iglesia llegue hasta el final”. “No se trata de convertirlo en una lucha estilo Juana de Arco, sobre todo porque desde 2021 ya no se respira el mismo ambiente de silencio e infantilización. Pero una vez que se han dicho las cosas, no hay que volver a taparlas. De lo contrario, este segundo silencio es una violencia más.” Y luego, añade, “lo que [ella] vive hoy es una forma de amarlo”.

En su informe de 2023, la Comisión Independiente sobre Incesto y Violencia Sexual contra Niños (Ciivise) insistía en la longevidad de los traumas: “en ausencia de terapias adecuadas”, el “sufrimiento extremadamente intenso [...] puede durar toda la vida”. Recordaba los resultados de la encuesta Barómetro de Salud 2017: las personas que han sufrido abusos sexuales antes de los 15 años son dos veces más propensas a sufrir un episodio depresivo en los últimos doce meses. En cuanto a los hombres víctimas, son cinco veces más propensos a intentar suicidarse a lo largo de su vida (leer aquí nuestra entrevista con el psiquiatra Thierry Baubet).

Para subrayar la magnitud del problema, la Ciivise incluso proporcionó una estimación del coste de los “intentos de suicidio” relacionados con la violencia sexual en la infancia: 73 millones de euros al año.

Pero aún faltan estudios que abarquen las consecuencias de la violencia de todo tipo, incluida la física y la psicológica. Hasta el punto de que los antiguos alumnos del colegio Saint-Pierre de Relecq-Kerhuon, cuyo director defendió durante mucho tiempo la “pedoplegia” (pedagogía mediante golpes), afectados casi exclusivamente por malos tratos físicos, han lanzado su propio estudio. De él se desprende que el 70 % de las víctimas declaran comportamientos de evitación social, el 65 % trastornos depresivos, el 16 % dependencia del alcohol y el 12 % adicción a las drogas. Y también en este caso, algunos ex han puesto fin a su vida en circunstancias que no han quedado claras para sus familiares.

”Era un presidio”, recuerda Françoise, cuyo hermano pequeño, Christophe, fue alumno de Saint-Pierre a finales de los años 70. “Nuestro padre era bastante duro y, aunque era comunista, decidió enviarlo allí ‘para que se hiciera un hombre’. Lo veía llegar a casa con moratones, una oreja hinchada... Recuerdo que eso me dolía”. Procedente de una familia católica practicante pero muy protectora, la madre consiguió sacar de allí a su hijo. “Tengo la sensación de que salió algo destrozado, odiando la escuela y a sí mismo. Después, todo se complicó.”

A los 35 años, durante la ola de calor de 2003, Christophe fue encontrado ahorcado en el hueco de la escalera de su casa, en la región parisina. En una carta, escribió que la vida le “era insoportable desde hacía años” y pidió que cuidaran a su gato. “Se llevó su secreto y quizá eso no tuviera nada que ver”, precisa Françoise, que vive en Quimper (Finisterre). “El suicidio también es una cuestión de personalidad, hay personas con vidas trágicas que nunca piensan en ello... Pero yo siempre he considerado que estaba relacionado”. Que, como mínimo, esos golpes le habían hecho frágil.

De hecho, lo comentó con Jean-Paul, un ex vecino de Saint-Pierre, que también establece un vínculo entre los malos tratos y el suicidio, a los 23 años, de uno de sus mejores amigos, Alain (nombre ficticio). Fue una noche de 1986. “Después de una fiesta en Brest, lo dejé en su casa”, cuenta. “Cuando volví al día siguiente, se había pegado un tiro en la cabeza con el rifle de su padre. Y le había dejado una nota diciendo que nunca se entenderían. Su padre ya era un anciano, de los que veneraban a los alemanes y la guerra. Así que había mal rollo familiar”. Pero en Saint-Pierre, “Alain lo pasó mal, y eso no hizo más que empeorar la situación”.

Sobre todo porque las ideas del padre y del director del colegio, el abad Yvon Laé, fascinado por los nazis, coincidían. “En el patio, el brasero donde se quemaban los papeles lo llamaban el horno crematorio”, recuerda Jean-Paul, que describe “una pedagogía negra”. “Al salir de allí, todos quedamos marcados, con tendencias al alcoholismo y al riesgo”. Jean-Paul, ahora miembro de un colectivo de antiguos alumnos, alza la voz no solo por su propio “trabajo de reparación”, sino también “por los amigos”, para liberarlos de su condición de fantasmas.

Traducción de Miguel López

Los tumores se situaron por segundo año consecutivo como primera causa de muerte en 2024 en España, con un 26,6% del total de defunciones, seguidos de las enfermedades del sistema circulatorio, que causaron el 26,1%, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados este lunes y recogidos por EFE.

Respecto al año anterior, los fallecimientos por tumores se mantuvieron, mientras que los de enfermedades del sistema circulatorio bajaron un 2,4%. Este descenso implicó que la tasa de muerte por tumores (236,4 por 100.000 habitantes) fuera superior a la de las enfermedades del sistema circulatorio (231,8 por cada 100.000).

En 2024 se produjeron en España 433.357 defunciones: 218.746 de los fallecidos fueron hombres y 214.801 fueron mujeres. El 95,8% de las muertes sucedieron por causas naturales y el 4,2% por causas externas.

A nivel más detallado, entre los tumores, el cáncer de bronquios y pulmón fue la causa más frecuente (con 23.239 defunciones, un 1,9% más que en 2023), seguido del cáncer de colon (10.434 fallecidos, un 4,6% menos). Por su parte, entre las muertes por enfermedades del sistema circulatorio, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la causa más frecuente el año pasado, con 26.851 personas fallecidas, un 3,2 % menos que en 2023. Por detrás se situaron las enfermedades cerebrovasculares, con 22.786 defunciones (un 2,7% menos).

En las enfermedades más frecuentes, los mayores aumentos de muertes se dieron en la insuficiencia renal (un 10,3% más) y en la neumonía (7,7%). Por el contrario, las que más descendieron fueron el cáncer de colon y la diabetes mellitus.

Por primera vez desde su aparición en 2020, el covid-19 no figuró en 2024 entre las 15 principales causas de defunción en España, pese a que en el periodo comprendido entre 2020 y 2022 fue la causa más frecuente.

Por sexo, entre las mujeres las causas más frecuentes de muerte fueron la demencia (14.769 fallecidas), las enfermedades cerebrovasculares (12.655) y la insuficiencia cardíaca (11.060).

A los hombres les afectaron más las enfermedades isquémicas del corazón (16.892 fallecidos), el cáncer de bronquios y pulmón (16.560 decesos) y las enfermedades cerebrovasculares (10.131).

En el año 2024 se produjeron 18.304 fallecimientos por causas externas, 271 más que en el año anterior (1,5%). Por sexo, fallecieron 11.531 hombres (un 0,6% más que en 2023) y 6.773 mujeres (un 3,1% más).

La primera causa, por segundo año consecutivo, fueron las caídas accidentales, con 4.407 fallecidos (un 6% más que en 2023), mientras que la segunda fueron los suicidios, con 3.846, una cifra que desciende un 6,6% con respecto al año anterior.

El suicidio, de hecho, fue la causa de muerte más frecuente entre los hombres, causando 2.834 fallecidos. En las mujeres lo fueron las caídas accidentales, con 2.038 fallecidas, seguidas por el ahogamiento, la sumersión y la sofocación, con 1.736.

Atendiendo a las principales causas de muerte, los mayores aumentos de defunciones por tumores se registraron en la ciudad autónoma de Ceuta (con un incremento del 10,2%), Navarra (7,4%) y Asturias (6,6%). Por el contrario, los mayores descensos se dieron en La Rioja (con una bajada del 2,4%), Galicia (2,3%) y Aragón (1,8%).

Por enfermedades del sistema circulatorio, el aumento de decesos más elevado se registró en Baleares (9,2%), Galicia (1,9%) y País Vasco (0,8%). Los mayores descensos ocurrieron en las ciudades autónomas de Melilla (14,9%) y Ceuta (9,4%), y en Canarias (8,5%).

La Rioja presentó el mayor aumento de defunciones por enfermedades respiratorias, creciendo éstas un 44,2%, seguida de Castilla y León (14,1%) y el País Vasco (13,5%).

Un hombre de 73 años se ha suicidado en Barcelona tras ser desahuciado del piso en el que vivía en el barrio del Raval, vivienda a la que acudió horas después alegando que había ido a buscar ropa, aunque acabó precipitándose por el balcón, recoge EFE.

Sobre las once de la mañana de ayer jueves, una comitiva judicial ejecutó el alzamiento de esa vivienda, situada en la calle Robadors de Barcelona.

Horas después, hacia las seis de la tarde, sonó la alarma del piso que había sido instalada tras el desalojo, por lo que agentes de los Mossos d'Esquadra se desplazaron hasta el lugar para determinar lo que había motivado que aquella se activara, según han informado a EFE fuentes de los Mossos.

La Policía de la Generalitat halló en el interior del piso al hombre que horas antes había sido desahuciado, quien argumentó que estaba cogiendo ropa.

Sin embargo, el hombre corrió hacia el fondo del balcón y se precipitó desde un tercer piso por el patio interior del inmueble.

Los Mossos, según fuentes policiales, intentaron sujetarlo y contenerlo para que no se tirara, pero no lo lograron y, después, lo auxiliaron sin éxito hasta que llegaron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha informado que la vivienda era propiedad de un particular, no de un gran tenedor, el cual había presentado una demanda para desalojar a los ocupantes "ignorados" de la misma.

El Juzgado de Primera Instancia 2 admitió la demanda y abrió un incidente de ocupación, comunicando los hechos a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona para elaborar un informe y adoptar las medidas pertinentes.

El informe de Servicios Sociales señaló que la persona que había sido encontrada dentro de la vivienda el pasado 14 de febrero había renunciado al Servicio de Intervención en Procesos de Pérdida de la Vivienda y Ocupaciones (SIPHO).

El SIPHO acudió en tres ocasiones al domicilio sin que nadie le abriera le puerta, por lo que dejaron notas de contacto pero al no obtener respuesta, comunicaron la imposibilidad de realizar un informe por renuncia y falta de contacto.

El 26 de ese mismo mes se intentó, en dos ocasiones, notificar el procedimiento judicial, pero no se encontró a nadie en la dirección de la vivienda objeto de la demanda. El 1 de abril se intentó una nueva notificación, pero tampoco había nadie dentro del piso.

En un auto del 9 de abril, el juzgado decidió no suspender el procedimiento al no poder valorarse la vulnerabilidad del inquilino, y un día después se acordó la recuperación inmediata del inmueble, fijando el alzamiento para ayer, 12 de junio.

El 25 de abril se notificó el desahucio a la persona que se identificó como ocupante de la vivienda.

Según el TSJC, la persona que ayer fue desalojada no es la misma a la que se le había notificado el desahucio.

Al hombre que ayer fue desalojado se le notificó que debía abandonar la vivienda y los Mossos, previa autorización de los funcionarios, le entregaron algunas pertenencias como la documentación, teléfono móvil y ropa. Le explicaron que para recoger el resto de sus pertenencias podía ponerse en contacto con la propiedad.

España cuenta desde hoy con su primer plan para prevenir el suicidio, la segunda causa de muerte no natural en nuestro país, con 40 medidas para atajar un fenómeno "complejo y multicausal" con las que tejer una red de apoyo a supervivientes, a familiares y desde una perspectiva de género, según informa EFE.

Dotado con un presupuesto de 18 millones, el documento es fruto del trabajo conjunto del Comisionado de Salud Mental, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes que involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales. El suicidio es un fenómeno "complejo y multicausal", lo que hace muy difícil predecirlo, aunque sí hay grupos con riesgo mayor.

Por ello, prioriza a las personas con problemas de salud mental, especialmente con cuadros severos; con discapacidad; mayores, sobre todo las que viven en situación de soledad no deseada; adolescentes y jóvenes; LGTBIQ+; en riesgo de pobreza y exclusión social; las que sufren violencia, física, psicológica o emocional; con enfermedades graves o dolor, y las privadas de libertad en centros penitenciarios. Además de hacer especial hincapié en la posvención, con el desarrollo de proyectos para apoyar a familiares y allegados tras una pérdida por suicidio, promoviendo el manejo saludable del duelo.

Las 40 medidas incluyen estas 6 líneas de actuación:

1. Información de calidad, con iniciativas como la creación, dentro de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, de un sistema de vigilancia en salud mental que incluya la conducta suicida, con la idea de llegar a la aprobación de un real decreto de vigilancia en salud mental.

O la puesta en marcha de un Observatorio para la Prevención del Suicidio o la promoción de un registro y seguimiento de la conducta suicida.

2. Sensibilización, con campañas estatales y regionales de frecuencia anual.

3. Prevención en situaciones de vulnerabilidad: el plan plantea mecanismos para identificar personas que pertenecen a uno de los grupos de riesgo.

Aquí es clave un abordaje con perspectiva de género ante las inmensas diferencias entre hombres y mujeres: la mortalidad por suicidio en España en 2023 fue de 8 muertes por cada 100.000 habitantes y siempre es mayor en hombres; la brecha se va agrandando en todos los grupos de edad hasta llegar al máximo a los 90 años, cuando ellos presentan una tasa de 46,3 frente al 4,4 de ellas.

"En los hombres mayores, aspectos como el aislamiento social y los estereotipos de masculinidad dificultan la expresión emocional y el acceso al apoyo, lo que incrementa su vulnerabilidad. Factores como la socialización femenina respecto a los cuidados, la expresión emocional a través del cuerpo y unas condiciones de vida más precarias pueden influir en la presentación de conducta suicida diferencial entre los hombres y las mujeres", argumenta el texto.

4. Prevención en todas las políticas, con acciones como limitar el acceso a los medios letales (armas de fuego y medicamentos innecesarios), reforzando la seguridad en los puntos críticos identificados mediante intervenciones específicas. Las medidas abarcan la instalación de barreras físicas para restringir el acceso a estos medios y la mejora del diseño de espacios públicos con un enfoque de seguridad.

El plan también invita a promocionar iniciativas para reducir el consumo de alcohol y otras sustancias adictivas. "Las adicciones pueden surgir como consecuencia de problemas de salud mental, bien como mecanismos de compensación o de afrontamiento, pero las conductas adictivas pueden también originar o agravar problemas de salud mental", resume. También favorecer la implementación de autopsias psicológicas en casos específicos de suicidio. Los más específicos irían destinados a niños y adolescentes, aunque "se puede contemplar su realización" en prisiones, servicios de salud o el entorno laboral. En este último ámbito, invita a crear espacios saludables que protejan el bienestar de las personas o mejorar la prevención de los riesgos psicosociales.

5. Abordaje sanitario: adecuar las urgencias de los hospitales, potenciar el código de riesgo de suicidio y ofrecer programas de prevención a personas con enfermedad grave y/o dolor.

6. Abordaje integral: promover la participación de supervivientes y sobrevivientes en el diseño, implementación y evaluación del plan, mejorar la coordinación del 024 con otros teléfonos de asistencia y emergencia regionales son algunas de las acciones de esta línea.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que reúne al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, ha aprobado este viernes el primer plan nacional para la prevención del suicidio, que contará con una dotación de 18 millones de euros, haya o no presupuestos generales del Estado, según informa EFE.

Así lo ha resaltado en rueda de prensa la ministra de Sanidad, Mónica García, tras el Consejo Interterritorial que ha aprobado el Plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027, un compendio de 40 medidas repartidas en seis líneas estratégicas para abordar este problema de salud pública con un enfoque desde los determinantes sociales de la salud.

Para hacerlas realidad contará con una dotación de 18 millones de euros, independientes de los presupuestos generales del Estado, cuya distribución se detallará en otro Consejo Interterritorial. El plan apuesta por fomentar un código de riesgo y las autopsias psicológicas, limitar el acceso a medios letales o aplicar una perspectiva de género ante la enorme disparidad de cifras entre sexos (ellos se suicidan mucho más).

En este sentido, el vicepresidente del Consejo Interterritorial de Salud, consejero de Castilla y León y portavoz de las comunidades del PP, Alejandro Vázquez, ha explicado, en declaraciones en Valladolid al término de la reunión, que este plan ha salido adelante, aunque con la queja de las comunidades del PP por su falta de financiación, en la línea "del yo invito y tu pagas" del Gobierno. Por su parte, la consejera madrileña, Fátima Matute, ha informado de que "se han comprometido a incluir un punto específico de financiación".

Hasta ahora, la prevención del suicidio siempre formaba parte de guías de práctica clínica y de planes de acción de salud mental, pero con este se atiende una demanda histórica de la sociedad civil de "darle una entidad propia" a la conducta suicida.

Entre todas sus medidas, Mónica García ha puesto en la creación del Observatorio para la prevención del suicidio, "un espacio fundamental" para recopilar y analizar "datos rigurosos" que puedan ayudar a entender mejor las causas y los factores de riesgo y a diseñar estrategias más efectivas, basadas en la mejor evidencia disponible.

También se va a implementar un sistema de vigilancia en salud mental dentro del sistema de vigilancia en salud pública, lo que significa que, por primera vez, la salud mental "va a integrarse plenamente en los mecanismos de seguimiento y de alerta de la salud pública" para permitir detectar tendencias y responder de una manera "mucho más ágil y coordinada".

Además, se va a mejorar la coordinación del teléfono 024, "forzando" su conexión con otros servicios asistenciales en las comunidades; para ello, se va a promover la creación de equipos de atención al riesgo suicida en los servicios de salud mental de las comunidades "con capacidad de brindar atención telefónica y ofrecer apoyo inmediato y acompañamiento en la persona".

Mónica García ha querido detenerse en las críticas que en los últimos días ha suscitado la perspectiva de género que se le da al plan, puesto que ellos se suicidan mucho más que ellas, aunque las mujeres lo intentan más. Quejas que "curiosamente" proceden de "quienes llevaban años quejándose de que nadie hablaba de los problemas de los hombres y ahora se indignan porque se hace desde una perspectiva que no les encaja: los hombres tienen peor salud, asumen más riesgos, se suicidan más y esto no es un hecho biológico, sino es fruto de una masculinidad que los empuja a descuidarse y a tomar más riesgos". "Decir esto no tiene nada que ver con el machismo, es como negar que el tabaco causa el cáncer", ha zanjado. 

El documento es fruto del trabajo conjunto del Comisionado, el Comité Institucional de las Comunidades Autónomas y sociedades científicas de Psiquiatría, Psicología, Epidemiología, Geriatría, Atención Primaria, asociaciones de supervivientes, organizaciones y otros expertos independientes, e involucra a sectores clave como la sanidad, educación, medios de comunicación, sistema judicial y servicios sociales.

El cerco sobre el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, en el marco de la investigación sobre su declaración de la ley marcial la semana pasada se estrecha cada vez más después de que este martes el exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, intentara suicidarse tras ser detenido por su responsabilidad en la asonada, según informa EFE.

Al mismo tiempo, la oposición tenía previsto presentar una segunda moción parlamentaria, después de que la primera fracasara el pasado sábado, para tratar de destituir al presidente, una posibilidad que cobra cada vez más enteros ya que varios diputados del partido gobernante han indicado su intención de participar esta vez en la votación.

A última hora del martes, pocas horas antes de que un juzgado emitiera una orden para su detención formal, el exministro de Defensa, que había sido detenido de urgencia el fin de semana, se trató de quitar la vida antes de que funcionarios del centro de detención Dongbu de Seúl lo impidieran. Kim, considerado una pieza clave del plan para decretar el estado de excepción en el país asiático, se encuentra ahora en una celda especial y su vida no corre peligro, según portavoces del centro de detención.

Los fiscales, que consideraban que había peligro de que Kim -que aparentemente cambió varias veces de teléfono y eliminó conversaciones en la aplicación Telegram tras el estado de excepción- destruyera pruebas lo acusan de insurrección y abuso de poder para obstruir el ejercicio de derechos básicos en las seis horas en que la ley marcial estuvo vigente entre el martes y el miércoles de la semana pasada.

Con el arresto formal de Kim se cree que las pesquisas en torno al presidente, al que se investiga también por insurrección y al que se ha prohibido salir del país, pueden ganar tracción.

En ese sentido, la policía registró este miércoles en la capital surcoreana varias sedes policiales -y arrestó a los principales responsables de la Agencia Nacional de Policía y la Policía Metropolitana de Seúl- además de la Oficina Presidencial, donde encaró resistencia por parte del servicio de seguridad presidencial para acceder al despacho del mandatario.

Los agentes buscaban, entre otras cosas, las minutas de la reunión que celebró el Gabinete de Yoon antes de proclamar la ley marcial el pasado 3 de diciembre, un encuentro que duró apenas cinco minutos y del que al parecer no hay registros detallados, según aclaró después el Ministerio del Interior.

Por su parte, la Oficina para las Investigaciones de Corrupción de Funcionarios de Alto Rango dejó la puerta abierta a pedir el arresto urgente sin orden judicial del presidente dada la gravedad de los posibles delitos que se le atribuyen a Yoon, que, entre otras cosas, está acusado de insurrección.

Los presidentes en Corea del Sur no pueden ser enjuiciados durante su mandato, con la excepción del delito de insurrección, definido como el cometido por un individuo o individuos que emplean "violencia con el propósito de usurpar el territorio nacional o subvertir la Constitución"

La ley estipula que aquellos que participan en una insurrección pueden ser castigados con penas que van de un mínimo de cinco años de prisión a la cadena perpetua o la pena de muerte (sobre la que existe una moratoria en Corea del Sur desde 1997).

Las declaraciones de militares involucrados en la implementación de la ley marcial comienzan a arrojar algo de luz sobre los roles que jugaron el presidente y el exministro de Defensa durante el estado de excepción.

En su declaración el martes ante el comité parlamentario de Defensa, Kwak Jong-eun, que hasta el pasado viernes era el comandante de los "boinas negras", la unidad de operaciones especiales que fue enviada a la Asamblea Nacional, contó que el propio Yoon le dijo por teléfono "forzad las puertas y sacad a los parlamentarios a rastras" para evitar que los diputados votaran a favor de revocar la ley marcial.

Kwak añadió que, por su parte, el ministro de Defensa le dijo también por teléfono que "no podía haber de 100 a 150 diputados dentro del Parlamento" para que así no hubiera quorum en el legislativo y la ley marcial pudiera seguir vigente.

El excomandante explicó que los mandos sobre el terreno acordaron que estas ordenes era ilegales y que depararían derramamiento de sangre, por lo que no las acataron. También indicó que Kim ya le dio órdenes para que estuviera preparado para una situación de emergencia nacional el 1 de diciembre, dos días antes de decretarse la ley marcial.

La principal formación opositora, el liberal Partido Democrático (PD), tiene previsto presentar este miércoles mismo una nueva moción parlamentaria para destituir a Yoon que sería registrada formalmente mañana y votada el sábado.

La oposición ya anunció su intención de seguir intentando inhabilitar a Yoon después de que el sábado una primera moción fuera boicoteada por el gobernante y conservador Partido del Poder Popular (PPP), que ha dicho que abogará por lograr una dimisión "ordenada" de Yoon en torno a la primavera.

Sin embargo, varios diputados del PPP han anunciado su intención de participar esta vez en la votación y se cree que podrían acabar sumando así los ocho sufragios que necesita la oposición para que Yoon sea apartado de su puesto. 

Un hombre se suicidó este miércoles en la puerta del Tribunal Supremo de Brasil detonando un explosivo, tras no conseguir acceder al interior de la alta corte, en un ataque de aparente motivación política. La explosión frente a la sede del Supremo, que no causó más víctimas, estuvo precedida de otra detonación de unos explosivos colocados en el interior de un automóvil aparcado en la calle, al lado de un edificio anexo a la Cámara de los Diputados, según informa EFE.

Las autoridades aún no han confirmado la identidad del autor del ataque, puesto que los policías no han podido hacer el examen forense del cadáver, que yacía mutilado por la explosión y todavía con explosivos en el cuerpo, en la Plaza de los Tres Poderes, donde se produjo el asalto perpetrado por miles de bolsonaristas en enero de 2023. No obstante, la Policía sí confirmó la identidad del dueño del automóvil, Francisco Wanderley Luiz, conocido como Tiu França, un militante del Partido Liberal (PL), formación del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro.

Según la vicegobernadora de Brasilia, Celina Leão, informaciones preliminares indican que el sujeto que cometió el ataque suicida fue el mismo que activó la explosión del automóvil, pero dijo que todavía no se puede confirmar que se trate del dueño del vehículo. La funcionaria también dijo que es posible que se trate de un acto aislado, pero aún no se pueden descartar otras hipótesis, por lo que el centro fue blindado por la Policía y el Ejército, que realizaron búsquedas en la zona por si hubiera otros artefactos.

El Tribunal Supremo suspendió la sesión que se estaba celebrando en el momento de la detonación y la Cámara de los Diputados, ubicada cerca, continuó sus trabajos un par de horas, hasta que se garantizó la seguridad para la evacuación de los diputados.

La Policía Federal asumió la investigación del caso y llevará a cabo las pesquisas "con rigor y celeridad", según afirmó el abogado general de Brasil, Jorge Messias, en un mensaje en las redes sociales. El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, se manifestó en el mismo sentido y aseguró que las fuerzas de seguridad "están preparadas para asegurar el funcionamiento de los poderes constituidos".

El presidente del Supremo, magistrado Luís Roberto Barroso, habló por teléfono con el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva sobre las explosiones, pero hasta ahora no han trascendido los detalles de la conversación.

El identificado como dueño del vehículo, Tiu França, fue candidato a concejal en las elecciones de 2020 en el municipio de Rio Sul, en el estado de Santa Catarina, y pocas horas antes del ataque, publicó amenazas en su página de Facebook. En esos mensajes, ahora borrados por la plataforma, decía que la Policía tiene 72 horas para "desarmar la bomba" que está en la casa de varios "comunistas", entre los que cita tres expresidentes brasileños y un periodista famoso.

En otra imagen, una captura de una conversación de Whatsapp, publicó una serie de emoticones de ataúdes y de bombas, así como llamados a las Fuerzas Armadas para iniciar una "revolución".

La Plaza de los Tres Poderes, donde se ubican las sedes del Gobierno, del Parlamento y del Tribunal Supremo, fue el escenario del ataque de miles de extremistas que el 8 de enero de 2023 trataron de incitar un golpe de Estado contra Lula. Gleisi Hoffmann, la presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), formación de Lula, afirmó que los "gravísimos" hechos de este miércoles "repiten el escenario, los objetivos y la violencia" de los hechos de enero del año pasado.

"El coche con explosivos en la Cámara de Diputados pertenece a un candidato a concejal del PL de Santa Catarina. Son muchos los elementos que nos alertan para permanecer vigilantes en defensa de la democracia. Sabemos quiénes son sus enemigos y sabremos defenderla una vez más", dijo Hoffmann en las redes sociales.

Por el ataque del 8 de enero de 2023, cerca de 1.600 personas han sido acusadas por la Fiscalía, incluyendo ejecutores, incitadores y financiadores de los ataques. De ellos, 227 han sido condenados por el Tribunal Supremo como autores de los atentados a penas de entre 3 y 17 años de prisión, por delitos que incluyen intento de golpe de Estado y daños al patrimonio público.

El Plan de Acción para la Prevención del Suicidio que el Ministerio de Sanidad espera poner en marcha en 2025 promoverá un registro de datos para "entender mejor" el fenómeno, introducirá un código de riesgo para su abordaje sanitario y fomentará la realización de autopsias psicológicas, informa EFE.

"Cada una de las once muertes diarias en España representan una tragedia que nos exige una reflexión como sociedad sobre las cotas de sufrimiento y de desesperanza que son cada vez más altas y frecuentes", ha destacado en la rueda de prensa de presentación del plan la ministra de Sanidad, Mónica García.

A lo largo de seis objetivos y 40 acciones, el documento, actualmente en desarrollo, tendrá como "elemento central" un grupo motor compuesto de investigadores, supervivientes, medios de comunicación, servicios de emergencias, policía, bomberos, profesionales en sociología, infancia, atención primaria y salud mental para darle un "enfoque integral y transversal", ha destacado en su presentación la comisionada de Salud Mental, Belén González.

El próximo 18 de septiembre, el texto que salga del Ministerio y este grupo será presentado en el Comité Institucional de la Estrategia de Salud Mental, en el que están representadas las comunidades, donde se consensuará el documento final que será elevado al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Sanidad confía así en que "el plan esté disponible para 2025 y que cuente con financiación por parte del Ministerio de Sanidad", ha confiado González, que no ha podido especificar la partida con la que contará.

La primera de las metas será la de potenciar los sistemas de información respecto a la conducta suicida mediante un observatorio específico y la promoción de un registro con el que mejorar su vigilancia epidemiológica.

Se constituirá un grupo de trabajo sobre datos de suicidio, que incluye la participación del INE, Sanidad y Justicia, el Instituto de Investigaciones Carlos III y otras entidades, que "trabajará en la recopilación y análisis de datos fundamentales para entender mejor la situación".

El plan pone el foco en situaciones de vulnerabilidad e identifica a los menores y a las personas mayores como poblaciones "sobre las que hay que incidir prioritariamente" porque las mayores tasas se registran a partir de los 80 años, con incrementos de hasta un 93,4% en mayores de 95.

"Nos preocupan especialmente las zonas rurales y aisladas. Por eso este área aborda iniciativas para paliar situaciones como las de la soledad no deseada y promueve la generación de infraestructuras comunitarias y sociales que aseguren el vínculo social esencial", ha enfatizado.

Asimismo, incluye medidas específicas para la prevención en personas LGTBIQ+, pues las personas trans tienen una tasa hasta 3,5 veces más alta.

Igualmente, el fenómeno está "atravesado por la desigualdad social": de los 4.215 suicidios de 2022, un tercio tenían la primera etapa completa de educación secundaria.

El cuarto de los objetivos es el de incorporar la prevención en todas las políticas públicas, introduciendo mecanismos de coordinación con servicios y recursos sociales o promoviendo la integración de la atención a la conducta suicida dentro de la asistencia sanitaria a la salud mental en el ámbito penitenciario.

También aspira a considerar la conducta suicida como parte integral de la prevención de riesgos laborales y fomentar la realización de autopsias psicológicas en los casos o sospechas de suicidio.

Desde el abordaje sanitario, el plan fomentará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, mejorará la dotación de recursos en las urgencias de los hospitales e implementará un código de riesgo de suicidio que garantice un proceso integrado de detección y abordaje.

Asimismo, incluirá programas para la asistencia urgente y la continuidad asistencial de las personas con conducta suicida y de soporte temporal alternativos a la hospitalización en unidades psiquiátricas, favorecerá medidas de apoyo a supervivientes e introducirá protocolos de rescate.

Por último, el sexto objetivo es lograr un enfoque integral promoviendo la participación de supervivientes en el diseño, intervención y evaluación en todas las políticas sanitarias o mejorar la coordinación del 024 con otros teléfonos de las comunidades. 

Dos hermanas de 54 y 64 años se han suicidado este lunes de madrugada antes de ser desahuciadas de su domicilio ubicado en la calle Navas de Tolosa del barrio de Sant Andreu de Barcelona, según han explicado fuentes conocedoras a Europa Press.

Según ha avanzado El País, el primer intento de lanzamiento por expiración de plazo e impago de alquiler era este lunes a las 11 de la mañana, y la policía ha abierto una investigación.

Las dos mujeres se han precipitado por un patio interior del edificio pasadas las cuatro y media de la mañana.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha explicado en un comunicado que el juzgado de instrucción 29 de Barcelona ha hecho el levantamiento de cadáver.

La demanda se produjo por un propietario particular en mayo de 2023, y en el momento de la presentación de la demanda, la parte demandada -que era una tercera subarrendataria- llevaba desde el mes de marzo de 2021 sin realizar ningún pago, acumulando en el momento que se presenta la demanda una deuda de más de 9.000 euros.

"El procedimiento se tramita en rebeldía al no personarse nadie en la causa y se dicta ejecución de la sentencia el mes de enero de 2024, fijando por hoy la fecha de lanzamiento", han explicado fuentes judiciales.

Además, han detallado que, en este caso, no existe ningún informe de vulnerabilidad por imposibilidad de realizarlo por parte de los servicios correspondientes del Ayuntamiento, ya que intentaron contactar con las víctimas varias veces sin lograrlo.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han explicado que hasta "dejaron mensajes", pero nunca pudieron contactar con los inquilinos, y que a pesar de no obtener respuesta, la intención de los profesionales era asistir al lanzamiento de este lunes por la mañana.

En la misma línea, el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (Cuesb) ha acudido al lugar de los hechos para realizar atención psicológica a los vecinos.

Quien piense en Asturias tal vez imagine ese paraíso natural del que tanto se habla: montañas y playas llenas de naturaleza, buena comida... Probablemente también pensará en la lluvia, y con razón. Pero, ¿cuántos verán en ese paisaje las grandes torres de hierro de la minería abandonadas? ¿A cuántas se les vendrán a la cabeza las tasas de suicidio que casi doblan la media nacional? Probablemente, no a tantos. Sin embargo, esta realidad convive con la primera. Es el día a día de sus cuencas mineras: Langreo, Laviana, Mieres y San Martín del Rey Aurelio.

Las cuencas mineras eran antes uno de los pilares fundamentales de la economía de Asturias. La extracción del carbón, que moldeó en gran medida la identidad y el tejido social de estas comarcas, ahora ha desaparecido casi por completo y ha arrastrando consigo a unos concejos que experimentan desde hace décadas una decadencia que no parece detenerse.

En 2016 cierra uno de los pozos más conocidos y representativos de todo el territorio: El Pozo María Luisa. Situado en Ciaño, Langreo. Llevaba explotándose desde el siglo XIX, primero como pozo de montaña y más tarde como pozo vertical de extracción. Durante su tiempo en funcionamiento empleó a cientos de mineros y se convirtió en un símbolo de la lucha obrera, protagonizando la canción Santa Bárbara Bendita, himno de los mineros asturianos. El del Pozo María Luisa cerro en 2016 tras 158 años de actividad.

El historiador y profesor de la Universidad de Oviedo Rubén Vega explica que "el declive de la minería del carbón empieza con el Plan de Estabilización de 1959", marcando el inicio de "más de medio siglo de decadencia progresiva". Con la nacionalización de las minas y la creación de Hunosa en 1967, se intentó mantener vivo el sector, pero con solo un pozo aún operativo está claro que estas medidas no fueron suficientes.

El Pozo Fondón, también en Langreo, es ahora la sede del Archivo Histórico de Hunosa. Su historia se remonta a 1868, cuando comenzó su explotación. Fue el primer pozo vertical excavado por la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera (SMDF) y el segundo de su tipo en Asturias. El pozo continuó su actividad extractiva hasta agosto de 1995, llegando a tener en su mejor momento una plantilla que rondaba los 700 trabajadores.

La tasa de desempleo en las cuencas mineras es preocupante, superando con creces la tasa nacional, ya que en el primer trimestre de 2024 rondaba el 12,29%, y la propia tasa autonómica, que se situaba en 11,40%, según el INE. San Martín del Rey Aurelio encabeza la lista con un 18,42% de paro, seguido de cerca por Langreo con un 18,36% y Mieres con un 17,36%.

"El cierre de las minas afectó a la dependencia de tener un monocultivo que era la minería, y esa reconversión, aunque vino mucho dinero, no se invirtió bien para poder darle un futuro diferente", lamenta Manuel Reinoso, un antiguo minero de Hunosa. Él trabajó en la empresa 23 años, en los que fue pasando por diferentes pozos, pero todos fueron cerrando. En 2012 se prejubiló "con una de las últimas buenas pensiones", dice. "Las prejubilaciones sirvieron de colchón, pero podrían haberse tomado medidas más contundentes para resolver el cierre de un sector en el que trabajaba la mayor parte de la población", argumenta.

El sistema de prejubilaciones para los mineros fue diseñado para amortiguar el impacto del cierre de las minas. En Asturias, la prejubilación se convirtió en una salida común para muchos mineros que enfrentaban el desempleo. Las prejubilaciones permitieron que los trabajadores mayores de 40 años, y con al menos 20 años de cotización, pudieran retirarse anticipadamente con el 80% de su salario.

A pesar de ser una medida que garantizó cierta estabilidad económica a corto plazo, las prejubilaciones no fueron acompañadas de políticas efectivas de reconversión industrial o de creación de empleo alternativo. "Valieron en su día. En su momento, estoy seguro de que fue una de las soluciones buenas, pero no fue la solución a un cambio de protagonismo de una industria como fue la minera", comenta Reinoso. La falta de inversión en nuevos sectores económicos y la ausencia de una planificación a largo plazo para la regeneración de estas áreas ha resultado en una dependencia continua de subsidios y ayudas, sin ofrecer una solución sostenible. "Al final, la solución pasó por perder los puestos de trabajo y no recuperarlos nunca más", añade. Además, la prejubilación a menudo dejaba a los mineros en una situación de incertidumbre respecto a su futuro, sin un empleo significativo y con una identidad laboral que se había perdido. Aunque las prejubilaciones fueron "un buen instrumento", también subraya que "deberían haber venido acompañadas de otro tipo de medidas. Había que buscar otra cosa que hubiera dado un poco de sentido".

Reinoso señala que la situación actual está agravada no solo por la falta de trabajo en las cuencas, sino también por la necesidad de disponer de medios para trasladarse a Oviedo, Gijón y otras zonas donde sí hay oportunidades laborales. "No somos ya ni una ciudad dormitorio de las grandes ciudades de Asturias", subraya.

El Pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, comienza a perforar a principios del siglo XX, pero la existencia de carbón se conoce desde el siglo XVII, cuando aún era una mina de montaña. Fue declarado bien de interés cultural en 2014, pero ahora es un museo.

"La vida de los jóvenes en las cuencas hoy se asemeja muy poco a la de sus abuelos", asegura Vega. La minería no solo era la principal fuente de ingresos y empleo, sino también un pilar fundamental del movimiento obrero tan arraigado en Asturias. "La capacidad de movilización y acción colectiva", un rasgo distintivo de estas cuencas, "se ha perdido". "La lucha, la memoria de las luchas, está escrita en el ADN de las cuencas" y añade que "esto ahora no es reproducible, se perdieron las bases para ello".

Este cambio cultural ha generado una sensación de "derrota y nostalgia". Vega recuerda que, en el pasado, los mineros tenían un fuerte sentido de comunidad y solidaridad, pero hoy en día muchos jóvenes se sienten desamparados y desconectados de esa herencia. "El presente se vive con pesimismo y una profunda sensación de desamparo", añade. Teniendo esto en cuenta, "lo normal es que los jóvenes se vayan de aquí", añade Reinoso.

La gente, por supuesto, recuerda también las cosas negativas y la dureza del trabajo. “Lo que echan de menos es la solidaridad, la unión, la colectividad”, dice Vega. “Peleábamos más e incluso, si perdíamos, peleábamos", remata.

El Pozo San Enrique o Candín, ubicado en el valle del río Candín, en la parroquia langreana de Vega, empezó a funcionar en 1918 como parte de la Fábrica de Mieres. Este pozo, de importancia histórica, fue perforado y conectado con otros pozos tras su incorporación a Hunosa. Finalmente, cesó su actividad en diciembre de 2012.

Un síntoma preocupante es el aumento de la tasa de suicidios. Langreo tiene una de las tasas de suicidio más elevadas del país, con 14,7 suicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos recogidos por el Ayuntamiento y publicados en La Nueva España. Según el INE en 2022 la tasa en España se situaba en los 8,8 por cada 100,000, en Asturias sube hasta los 12,5.

La concejala de Cuidados, Derechos Sociales y Equidad de Langreo, Maribel Panadero, entiende la gravedad de estos números, pero explica que "el suicidio no es unicausal, son muchas las variables que pueden estar influyendo". Según asegura, la pandemia, por ejemplo, ha empeorado la situación.

El Pozo San Luis, situado en La Nueva, un área de la parroquia de Ciaño, comenzó sus operaciones en 1928, aunque la construcción del pozo no terminaría hasta 1930. En 1969, Hunosa, propietaria del pozo, detuvo la extracción. Desde entonces, el lugar ha sido utilizado para funciones auxiliares y ahora puede visitarse como un museo.

Existe además una preocupación generalizada por la criminalidad, comprensible teniendo en cuenta que en los últimos meses han tenido lugar el homicidio y descuartizamiento de un hombre en La Felguera y un tiroteo en Langreo Centro. En 2023 se reportaron más de 1.200 delitos, un 5,8% más que el año anterior. En Mieres el aumento llegó al 7,7%, según datos proporcionados por el Ministerio del Interior.Delegación de gobierno, Guardia Civil y Policía Nacional aseguran que esta percepción de “inseguridad que tiene la población no se corresponde con los datos objetivos que se están recogiendo”.

De los más de 50 pozos mineros de carbón que había en Asturias, queda en funcionamiento solamente uno: el Pozo San Nicolas, en el Concejo de Mieres, que también cerrará a finales de este año.

La situación en estos concejos mineros es complicada, pero desde el Ayuntamiento de Langreo ven posible un futuro "esperanzador". "Tenemos un entorno muy privilegiado, y muchas de las políticas que se están desarrollando están orientadas a recuperar espacios que se habían degradado en los años del desarrollo industrial y minero", explica Cases.

Un componente clave de estos esfuerzos es la cesión de terrenos por parte de Hunosa. En Langreo, por ejemplo, la empresa ha cedido 647.000 metros cuadrados de terreno para su transformación en áreas de pastoreo. En Mieres y San Martín del Rey Aurelio, Hunosa también ha facilitado la transferencia de terrenos que anteriormente eran explotaciones mineras para promover su regeneración y reutilización en proyectos de desarrollo local y medioambiental.

Otro proyecto en Langreo es el "Langreo Río", una iniciativa que busca transformar el entorno del río Nalón. El proyecto incluye la creación de áreas verdes, zonas de ocio y deportivas, y la mejora de la accesibilidad al río, con el objetivo de convertir esta área en un eje vertebrador de la vida urbana y un atractivo tanto para los residentes como para los visitantes.

En el ámbito cultural también se están llevando a cabo varios proyectos y actividades. Uno de ellos, el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño, que incluye un tren minero que permite a los visitantes experimentar un recorrido subterráneo en una mina real. Es "un referente con el que exportamos al exterior, pero también a los nuestros, la cultura minera y la gastronomía", asegura la concejala de Cultura, Turismo, Patrimonio y Memoria Democrática, Angelita Cueva. Además, el Museo de la Siderurgia de Asturias, ubicado en la antigua torre de refrigeración de la Fábrica de La Felguera, busca preservar y mostrar la rica historia industrial de la comarca, proporcionando una atracción cultural significativa.

San Martín del Rey Aurelio ha puesto en marcha el Museo de la Memoria, situado en la Casa de los Fernández Miranda en Blimea, que se centra en la preservación de la historia local mediante fotografías, periódicos y entrevistas. Este esfuerzo busca mantener viva la memoria colectiva y atraer tanto a investigadores como a turistas interesados en la historia y cultura de la región. En Laviana, uno de los eventos más importantes es el Descenso Folclórico del Nalón, que ha sido reconocido como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

"Hay que tener en cuenta que no se volverán a alcanzar los índices de empleabilidad que había con la minería y la siderurgia, pero hoy en día se puede vivir perfectamente", concluye Cases.

España no tiene un problema de sobreocupación de sus prisiones en comparación con los países del resto de Europa. Pero las cifras de las instituciones penitenciarias de nuestro país sí evidencian dificultades preocupantes en varios indicadores, desde la cifra de presos en proporción a la población del país hasta la escasez de funcionarios de prisiones por recluso, pasando por el número de suicidios, fugas y presos con más de 50 años.

La superpoblación carcelaria sigue siendo un problema “agudo y persistente” en un número significativo de administraciones penitenciarias europeas, según las Estadísticas Penales Anuales sobre Poblaciones Carcelarias (SPACE I) del Consejo de Europa para 2023, publicadas este jueves. En este indicador, en el que España sí sale bien parada, de los países con más de 500000 habitantes, doce informaron tener más reclusos que plazas disponibles en enero de 2023.

En general, en Europa, el número de presos por cada 100 plazas disponibles creció un 2% entre el 31 de enero de 2022 y el 31 de enero de 2023 (de 91.7 a 93.5 reclusos). Siete administraciones penitenciarias reportaron una densidad carcelaria de más de 105 reclusos por cada 100 plazas disponibles, lo que indica una superpoblación severa: Chipre (166 reclusos por cada 100 plazas), Rumania (120), Francia (119), Bélgica (115), Hungría (112), Italia (109) y Eslovenia (107). Cinco administraciones penitenciarias reportaron una densidad carcelaria muy alta: Grecia (103), Suecia (102), Macedonia del Norte (101), Croacia (101) y Turquía (100). Otras administraciones informaron una densidad carcelaria inferior a 100, pero estaban al borde de la superpoblación: Irlanda (99), Portugal (98), Finlandia (97), Dinamarca (97), Inglaterra y Gales (Reino Unido) (97) y Azerbaiyán (96).

La densidad carcelaria en España es cercana al 93%, lo que indica una cierta presión en el sistema penitenciario, aunque no alcanza niveles críticos de superpoblación como en otros países europeos.

Nuestro país, sin embargo, no sale tan bien parado en otros indicadores. España está entre los países europeos que padecen un problema “elevado” de población penitenciaria por habitante. Un problema que compartimos al mismo nivel con, entre otros, Rumania, Portugal y Ucrania. Solamente nos superan, de nuestro entorno, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Chequia y el Reino Unido. España tiene una tasa de población penitenciaria de aproximadamente 126,5 reclusos por cada 100.000 habitantes, lo cual está por encima de la media europea (107).

Esta cifra coloca a nuestro país en una posición alta en comparación con otros países europeos, donde muchas naciones occidentales como Alemania, Países Bajos y los países nórdicos presentan tasas significativamente más bajas.

Donde sí estamos entre los peores es en número de reclusos por funcionario de prisiones, un dato que viene a corroborar una de las principales denuncias de los sindicatos del sector. En España, la proporción de reclusos por cada guardia dedicado exclusivamente a la custodia de presos a 31 de enero de 2023 era de 3,6, cinco décimas por encima de la media. De entre los grandes países de nuestro entorno, únicamente estaban peor Inglaterra (4.1), Polonia (4.6), Hungría (5.9), Grecia (6.3) y Francia (3.9).

Otra de las ratios en la que las cárceles españolas salen peor paradas es la tasa de suicidios. En el periodo analizado por el Consejo de Europa, el 23.3% de las muertes en prisión se debieron a esta causa, prácticamente una de cada cuatro.

El informe tampoco incluye buenas noticias, comparativamente hablando, en relación con la edad media de los presos: tenemos una de las poblaciones de reclusos más envejecidas del continente, con un porcentaje de internos de más de 50 años de casi un 23%. La edad promedio de los reclusos en España es de 41 años, lo que está en el extremo superior del rango de edad promedio en Europa. La mayoría de los países europeos tienen una edad promedio de reclusos de entre 33 y 39 años.

En el retrato que el Consejo de Europa hace de las cárceles europeas, las españolas destacan en dos rasgos: porcentaje de reclusos extranjeros y proporción de presas. Los presos que no han nacido en España son un 30.1% del total en el conjunto de España, pero este porcentaje se eleva al 48.7% en Cataluña. Comparados con los grandes países de nuestro entorno, en este indicador solamente estamos por detrás de Austria (51.3), Bélgica (41.5), Alemania (38.2), Grecia (56.8) e Italia (31.5). La española es una cifra considerablemente más alta que la mediana europea (16%), lo que, según el informe, refleja la diversidad y los desafíos específicos que enfrenta España en cuanto a la gestión de una población penitenciaria multicultural.

Lo mismo sucede en el porcentaje de reclusas: con un 7.5%, España está entre los estados con porcentaje más elevado, junto a países como Islandia, Chequia, Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Portugal, Austria, Noruega o Suecia. El porcentaje de mujeres en prisión en España es superior a la mediana europea (5%), lo que, según el informe, sugiere una ligera sobrerrepresentación femenina en el sistema penitenciario español en comparación con la media europea.

Los delitos relacionados con drogas son la causa principal de encarcelamiento en Europa, representando el 19% de la población sentenciada. España no es una excepción a esta tendencia. Los delitos violentos, incluyendo homicidio, robo, agresión y delitos sexuales, constituyen un 36% de los delitos por los que los prisioneros europeos están cumpliendo condena.

En general, España muestra tendencias similares a la media europea en cuanto a la prevalencia de delitos de drogas, homicidios y tentativas de homicidio, robo, delitos sexuales, robo con violencia y agresión y lesiones.

“La muerte me ha salvado la vida”. La frase no es mía, su autor es Fernando Polanco, guionista, escritor y creador de un cómic que nace de una depresión con intento de suicidio. Una forma brillante y escueta de contar eso de tocar fondo, después de mucho dolor y con el impulso, subir a respirar.

Fernando está construido de una mezcla tan poderosa de talento y bondad que, incluso cuando construye humor muy oscuro casi negro –y lo hace francamente bien–, deja que algo de luz atraviese la opacidad. Como esos rayos que se cuelan por las persianas en la siesta, llenos de motas de polvo en suspensión que, si pones mucha imaginación y un poco de romanticismo, te parecen estrellas.  

Hace unos días, lo acompañé en la presentación de su cómic Aquí en Madrid. No, no es esa frase hecha que usamos, sin darnos cuenta, los que vivimos en esa ciudad, es que su obra se llama así: Aquí. Y cuánto dice una sola palabra cuando el contexto es fuerte. Este lo es. Que Polanco siga “aquí”, significa que no hizo lo que le pedía el cuerpo o más bien la cabeza, tirarse por la ventana. 

La presentación de cualquier obra creativa, propia o ajena, tiene algo de celebración, al menos yo siempre lo vivo así. Pero esta fue distinta. No, no imaginen un acto luctuoso lleno de gente cariacontecida que escucha a un autor hablar de su experiencia, rozando la muerte, junto a una compañera que lo acompaña en el sentimiento. No. Visualicen una sala dentro de una librería especializada en cómics, manga, libros y juegos de mesa. La sala está llena de gente joven, están presentes el hermano y la madre del autor y este va vestido con colores pastel. Hay muchas risas, algunos silencios y un pollo de goma. 

El pollo, uno de esos que emiten un pitido si lo aprietas, fue la herramienta que Fernando dio a uno de los asistentes para que la utilizara como alarma, en caso de que él o yo nos deslizáramos por la pendiente de la autoayuda edulcorada. Contó Fernando que, mientras construía su cómic, escuchaba un pollo que le alertaba del peligro de caer en la tentación de “hacerse un Míster Wonderful”. El quejido del ave de goma nos impediría acercarnos a ese territorio rosa chicle al hablar de salud mental, de heridas sin curar, de precariedad laboral y de preservar la vida cuando no tienes ganas de seguir subido a ella. 

En algún momento de nuestra conversación, Fernando, con su luminoso acento del Puerto de Santamaría, dijo: “Que levante la mano quien nunca haya acariciado la idea de acabar con su vida”. Y… ninguna persona de las que allí estábamos levantó la mano. Después se hizo un silencio. 

Me guardo en el recuerdo la tarde con Fernando y los que acudieron a la presentación de Aquí, como una de esas experiencias bonitas que hacen que la vida tenga algún sentido. Me queda el regusto de todas las risas, el cariño y la complicidad que vibró en aquella librería. Me queda también la pregunta de Fernando y el silencio como respuesta coral. Y, sobre todo, la satisfacción de haber hablado de suicidio y salud mental con franqueza, sin eufemismos, sin que nos gritara el pollo. Eso sí es un rayo de luz a través de la persiana. Lean a Fernando Polanco. 

Al otro lado del río, de Jorge Drexler.

Tengo 76 años, tres hijos y seis nietos. A ellos los adoro y creo que me quieren y me necesitan. De la gran familia que éramos y de la que muchos han muerto, he sido expulsada. Entiendo que, en gran parte, por mi peor enemigo, que casualmente soy yo. 

Fui una niña abusada y eso marcó mi vida. Para mí es difícil vivir en sociedad. A veces me quedo en casa, escribiendo o leyendo. Encarno a una de esas viejas que vive en soledad: cada vez somos más las especímenes de este grupo.

Cada noche, cuando me acuesto, pienso en suicidarme, una cosa muy fácil para mí, que soy médico. De verdad, no sé lo que hago en este mundo. Pero enseguida cambio de opinión: mis nietos no lo entenderían, mis hijos se quedarían huérfanos. Mis nueras me criticarían por haber dado ese mazazo a mis nietos.

Aquí, en Cataluña, se juega al independentismo. Yo callo pero pienso que es una posición absurda que nos lleva al desgobierno.

Me duele el dolor de los osos polares, de los elefantes, de los insectos. 

Me duelen Ucrania y Gaza. Me duelen tanto que tengo que expulsarlas de mi pensamiento. 

Me castañean los dientes cuando pienso que pronto tendremos a Trump en la Casa Blanca.

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Mercè Carandell es socia de infoLibre.

Además de las secuelas directas, "la pandemia ha provocado un impacto muy importante en la salud mental, sobre todo en la población infanto-juvenil (derivado en parte del confinamiento, particularmente duro y prolongado en España en comparación con otros países)". Es una de las conclusiones de la Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud Español frente a la pandemia de covid-19, publicada hace unos días por el Ministerio de Sanidad y elaborada por cuatro expertos independientes. Ya en plena crisis sanitaria empezó a advertirse de que esto podría ocurrir. Y ya entonces algunos documentos empezaron a mostrarlo empíricamente. Entonces empezó a actuarse. La preocupación comenzó a plasmarse sobre el papel y sobre diversas medidas. Pero las cifras, todavía hoy, siguen dibujando el mismo escenario: "Aunque se esté actuando, los resultados tardarán tiempo en reflejarse", explica el presidente de la Confederación Salud Mental España, Nel González.

Los últimos que hemos conocido vienen a confirmarlo. El pasado mes de octubre, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) publicó una estadística de consumo de antidepresivos que reflejó, de nuevo, un aumento de la ingesta de este tipo de fármacos. Concretamente, en 2022 la cifra se situó en 97,55 dosis por cada 1.000 habitantes y día —la unidad de medida que, según explica el responsable de divulgación del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, Carlos Fernández, unifica estos datos a nivel internacional. El dato no es baladí: suponen seis dosis más que hace un año, cuando el consumo se situó en 91,51. Antes de la pandemia, en 2019, eran 82,52.

El Instituto Nacional de Estadística (INE), por su parte, publicó recientemente su estadística de defunciones, en la que se refleja, también, que en 2022 hubo otro pico de suicidios. Concretamente, 4.227 personas se quitaron la vida hace un año, un 5,6% más que en 2021, cuando la cifra fue de 4.003. Otra vez, el aumento es sostenido desde antes de la pandemia: en 2019 el dato se situó en 3.671 suicidios, un 15% menos.

Son los efectos secundarios de la crisis sanitaria. "Sin duda, la pandemia puso sobre la palestra los problemas de salud mental. Al final, fue un periodo en el que toda la población se vio sometida a varios factores estresantes graves: el confinamiento, el colapso social y económico y los miles de muertos que provocó la enfermedad", explica el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental, Manuel Martín, que recuerda que ocurrió lo mismo tras la crisis económica de 2008. "En esos años también se vio un incremento en estas cifras que en España, tradicionalmente, se mantienen. Ahora, lo que vemos parece derivar de la pandemia", explica.

No fue sólo en España. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en el año 2022 un informe científico en el que alertaba de que la crisis sanitaria había tenido un impacto directo sobre la salud mental. Y coincidía con Martín en que éste había sido provocado por la soledad, por el miedo al contagio o a la muerte o por el duelo por haber perdido a un ser querido, además de por las preocupaciones económicas. Los jóvenes, destacó también entonces la institución, habían sido uno de los grupos más afectados. Y todavía hoy se refleja.

Según los datos del INE, en 2022 se quitaron la vida 353 menores de 30 años, un 4,4% más que un año antes. Pero si reducimos la edad, las cifras se recrudecen. Hace un año se suicidaron 75 adolescentes de entre 15 y 19 años, un 41,5% más que en 2021. Y hay más cifras. El 50% de la Generación Z de todo el mundo afirma recibir tratamiento por algún trastorno de salud mental. En España, el 59,3% de los jóvenes asegura que ha tenido algún problema de este tipo en el último año. Y un estudio reciente publicado en Australia muestra que los nacidos a partir de 1990 tienen, en general, peor salud mental. La lista de datos podría ser infinita.

En cualquier caso, no es sólo la edad. Como apuntan los expertos consultados por infoLibre, el estallido de la crisis sanitaria no fue ni mucho menos igual para las personas que ya eran vulnerables que para quienes no lo eran. Las primeras tenían más riesgo de sufrir algún tipo de problema de salud mental. "En la población en general hay factores de vulnerabilidad que marcan la salud. Pueden ser de tipo social, económico, familiar, genético o estar relacionadas con algún tipo de adicción. Cuando estalla la pandemia, esto se agudiza", explica Martín.

Todo esto provocó que el concepto 'salud mental' empezara a sonar cada vez más. Y cada vez en boca de más de personas. Quizá el punto de inflexión, no obstante, se vivió el 17 de marzo de 2021 en el Congreso de los Diputados. "Si yo digo Diazepam, Valium, Lorazepam, Trankimazin o Lexatin, ¿por qué todos sabemos de lo que estoy hablando? Si estuviera hablando de medicamentos para el riñón o para el hígado no lo sabríamos. ¿Por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando? ¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a que esto sea una cosa normal?", se preguntó Íñigo Errejón. "¡Vete al médico!", le gritó el diputado del PP Carmelo Romero.

Desde entonces no han faltado las promesas y medidas. Tan sólo siete meses después de aquel exabrupto el Gobierno presentó su Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y covid-19. "Que el 10,8% de la población española haya consumido tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir y el 4,5% haya tomado antidepresivos o estimulantes en las últimos días dice mucho del estado de salud de nuestra sociedad y de sus problemas estructurales. Tenemos que analizarlos y hacerles frente con toda la responsabilidad y el poder que tiene el Estado, y también con el apoyo de las sociedades científicas. Nuestra responsabilidad es actuar", dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su presentación. "Hemos pasado del silencio al debate, y del debate tenemos que pasar a la acción", añadió.

La acción fue poner sobre la mesa 100 millones de euros para, entre otras cosas, crear la especialidad de psiquiatría infantil y adolescente en la Formación Sanitaria Especializada o el número 024 de atención 24 horas para prevenir los suicidios que, sólo en su primer año de vida, atendió 119.000 llamadas.

Ahora, la nueva ministra de Sanidad, Mónica García, pretende redoblar los esfuerzos en este ámbito. La salud mental "será una línea de trabajo fundamental", anunciaron desde su equipo tras su nombramiento. Ese mismo día adelantaron que el Ministerio contará con un comisionado especial que empezará a funcionar en los próximos meses.

Entonces, ¿cómo se explica que tras esta inversión y atención las cifras de suicidios y de consumo de antidepresivos sigan escalando? Como explica González, ver los frutos de lo que se siembra siempre lleva tiempo. Y todavía no ha pasado el suficiente. "Poner recursos y asignar millones no tiene un resultado inmediato. Se ha empezado a actuar ya, pero todavía vamos a tardar en ver los efectos", explica. Y reclama, en cualquier caso, que la dotación económica "no tenga interrupciones". Y que repercuta en el personal. "No hay profesionales, hay listas de espera inmensas", critica.

Coincide Martín. "Tenemos una situación muy delicada y vamos hacia una crisis aún mayor", lamenta. Se apoya en los datos que refleja el Libro Blanco de la Psiquiatría en España, publicado hace unos meses por la organización que preside: en España hay 4.393 psiquiatras en la red pública, lo que supone una ratio de 9,27 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una cifra "claramente inferior a la media de los países de la Unión Europea". En Portugal por ejemplo son 14; en República Checa, 15; en Francia, 23; en Alemania, 28. Pero es que, además, el 20,77% (913) de los psiquiatras tiene más de 60 años, y el 6,73% (296) más de 65 años, por lo que se estima que en 2026 se jubilen alrededor de 913 profesionales.

En psicología la situación no es mucho mejor. Según el INE, hay 78,72 colegiados no jubilados por cada 100.000 habitantes. "La situación respecto a la salud mental es muy delicada", advierte Martín.

No obstante, no sólo hay que invertir en la salud mental en sí, sino en mejorar las condiciones de vida. Así lo considera al menos González, que lamenta que "la problemática es estructural". "No podemos pretender acabar con el suicidio cuando las condiciones sociales de marginación o de pobreza se mantienen. Cuando seamos conscientes de ello, los resultados vendrán", asegura. "Si la gente tiene sueldos de miseria, está en el paro o no puede acceder a una vivienda es complicado que su salud mental sea buena", insiste.

En este mismo sentido, Martín precisa que es necesario distinguir entre el malestar y el trastorno. "El primero, igual que la alegría, es un fenómeno que está ligado a la existencia. Otra cosa es cuando eso cristaliza en otro tipo de problemas y deriva en trastornos, que es en lo que debemos poner el énfasis. Lo que más nos preocupa es lo grave", afirma.

Así, ve muy positivo que la salud mental haya salido del tabú, pero hace hincapié en tratar lo grave. Y para eso, insiste, faltan manos. "Muchas personas ahora se sienten más cómodas a la hora de hablar, y eso es bueno, pero no tengo claro que esa presencia social se extienda a los trastornos mentales más severos. Eso es lo que los psiquiatras queremos reivindicar", señala.

Los suicidios en menores de 30 años han crecido un 7,9 % en un año, consolidándose como su primera causa de muerte absoluta, por delante de los accidentes de tráfico y los tumores, e inquietan especialmente los adolescentes de entre 15 y 19: en 2022, se quitaron la vida 75, un 41,5 % más que en 2021, informa EFE.

"Hay señales claras de que nos están pidiendo ayuda", afirma a EFE Manuel Martín, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), tras analizar la reciente estadística 'Defunciones según la Causa de Muerte' del INE, que arroja, por quinto año consecutivo, un incremento de los suicidios. 

Muertes que han alcanzado cifras históricas en ambos sexos (3.126 hombres, que suben un 4,8 %, y 1.101 mujeres, en cuyo caso el incremento es del 7,8 %), con lo que se han convertido en la principal causa de defunción externa global. Un total de 4.227 personas, un 5,6 % más que en 2021. 11,6 al día.

"El año pasado nos preocupaban muchísimo los suicidios infantiles, que fueron 22 en 2021, una cifra absolutamente inaudita en España", comenta Andoni Ansean, presidente de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio.

Ahora que ese número ha vuelto a lo que "desgraciadamente era habitual" (12 menores de 14 años en 2022), los expertos permanecen alerta a lo que está pasando entre los 15 y los 29, donde el suicidio se ha erigido como la primera causa de muerte absoluta, sea natural o externa.

En todo ese grupo, se contabilizaron 341 muertes por suicidio, 20 más que por accidente de tráfico (320) o tumores (276). Es un 7,9 % más que el año anterior (316), cuando ya habían crecido un 5,3 % respecto a 2020 (300). 

No es la primera vez que el suicidio supera las otras dos causas de defunción más comunes en los menores de 30 años, pero sí lo es que este patrón se reproduzca en todos los subgrupos etarios.

Así, en el de 25-29, se produjeron 102 defunciones por cáncer y 120 por un siniestro frente a las 135 por suicidio; en el de 20-24, se registraron 100, 126 y 131, respectivamente.

El caso de los adolescentes es aún más alarmante: 75 (44 chicos y 21 chicas, un 41,5 % más que en 2021, cuando fueron 53), se quitaron la vida frente a los 74 que murieron en carretera o los otros 74 que fallecieron por cáncer. Es la cifra más alta de la historia tras rebasar los 70 de 2018. 

La salud mental ha desbancado a la violencia como motivo de consulta de los adolescentes a la Fundación ANAR; dentro de ella, la conducta suicida es la que más llamadas acaparó en 2022 (7.928 por ideación suicida e intentos de suicidio, el 17,5 % del total), con lo que se ha multiplicado por 34,8 en una década.

Por detrás se sitúan las autolesiones, que han pasado de las 71 en 2012 a 3.243 en 2022, casi 46 veces más.

Suicidio y autolesiones son dos cosas distintas, aclara el doctor Martínez, porque el daño que se infligen a sí mismos los adolescentes, aunque puede ser un indicador de riesgo, no siempre tiene una intencionalidad suicida y "muchas veces obedece a otro tipo de fenómeno que tiene que ver con la descarga de tensión o un ansia importante que no se libera".

Aun así, "no cabe duda de que están lanzando mensajes", porque la demanda de atención en salud mental que empezó a notarse con la pandemia "ha aumentado claramente", y eso se refleja en el engrosamiento de las listas de espera. 

"Nos está dando señales de que algo está ocurriendo", coincide Asean, que prosigue: "cualquiera que trabaja con chavales en una escuela, instituto, centro de salud, ha notado el aumento de la ideación, las autolesiones y los comportamientos o intentos suicidas". 

El riesgo de suicidio aumenta con la edad, sobre todo en varones: la tasa entre chicos de 15 a 29 años es de 7,64, mientras que la de los mayores de 79 se quintuplica a 37,38; en el caso de las chicas se duplica de 3,85 a 6,97.

De hecho, el número más alto de muertes por suicidio se da en población de 55 a 59 (479, un 18 % más), aunque la tasa mayor la presentan mayores de 79 (18,19) y la subida más acusada (26,1 % con 275 suicidios) apareció en la franja 70-74.

Con todo, la tasa española (7,87) es de las más bajas de la UE, por encima de Chipre, Malta, Grecia, Italia y Eslovaquia, y muy lejos de Lituania, Hungría y Eslovenia, según los últimos datos de Eurostat.

Además, puntualiza Martínez, la serie histórica de los suicidios presenta dientes de sierra, con picos muchas veces asociados a eventos sociológicos o socioeconómicos como la crisis de 2008.

Sin restar un ápice de trascendencia a la sucesión de máximos del último lustro, el avance del INE del primer semestre de 2023 podría apuntar a una nueva estabilización, indica el experto: según los datos provisionales, de enero a junio se han producido 1.967 suicidios (un 75,2 % hombres y un 24,8% mujeres).

Pero sea como sea, la situación pilla al sistema sanitario poco o nada preparado en cuanto a recursos humanos y asistenciales para satisfacer la creciente demanda y sin un plan estatal de prevención del suicidio, que confía aborde el nuevo comisionado de salud mental creado en el seno del Ministerio de Sanidad. "Debe estar sobre la mesa", concluye.

“Asesinatos brutales, desmembramientos, torturas, violaciones, suicidios en directo, niños siendo abusados. Lo peor de los humanos”, así relata una persona anónima en un artículo de La Vanguardia su trabajo en Telus, empresa subcontratada por Meta para la moderación de contenidos en Facebook e Instagram. Este exempleado de la compañía de Mark Zuckerberg presentó en 2020 una denuncia en la Inspecció de Treball y busca que se le reconozca su enfermedad, ataques de pánicos diarios, como un accidente de trabajo.

Los entrevistados denuncian que en sus informes médicos hay estrés postraumático, ansiedad, insomnio, depresión o intentos de suicidio. Algunos de estos trabajadores son parte del porcentaje de las bajas, otros ya no están en la empresa. Según la empresa subcontratada de Meta, matriz de la red social, tras un ERTE y un ERE este año, Telus ha reconocido que la tasa de absentismo roza el 20%, algunos sindicatos señalan que llega hasta el 25%, y culpa al ERTE de estas bajas que, según la empresa, en ocasiones son falsas.

Pero la cosa no acaba aquí. Otro trabajador afectado presentará una querella, por la vía penal, por los efectos que el trabajo en la firma ha tenido sobre su salud. La demanda acusa a Telus y a Meta de delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la integridad moral y de lesiones por imprudencia grave. El abogado del querellante afirma que "la empresa es plenamente consciente de lo que ocurre, de que está generando masas de jóvenes enfermos".

Estas empresas también han tenido problemas en otros países. Según recoge La Vanguardia, en Irlanda, país en el que Meta tiene su sede europea, 35 moderadores han presentado demandas judiciales. Algunas de estas demandas provienen de empleados que trabajan en Barcelona. En EEUU, Facebook indemnizó con más de 52 millones de dólares a más de 11.000 moderadores. Y en Kenia, 184 trabajadores han denunciado a Meta.

Según los informes trimestrales que aporta Meta sobre el volumen de contenidos que retira, la empresa norteamericana ha confirmado que en el segundo trimestre de 2023 fueron borrados más de 7,2 millones de contenidos por abusos sexuales a menores y 17,5 por discursos de odio en Facebook y 6,4 millones por suicidios en Instagram.

Pero detrás de estas cifras hay casos concretos. Según uno de los relatos recogidos por La Vanguardia, su primer ataque de pánico se produjo después de presenciar un suicidio en directo. "Facebook tiene una política estricta de cuándo hay que avisar a la policía, no puede ser simplemente porque alguien diga que se va a matar, debe haber un arma, una soga, una ventana abierta a la vista. A menudo ocurre que la persona saca una pistola escondida y se mata sin que puedas hacer nada. Ese día fue así, pero peor, porque el tipo utilizó un arma muy grande. Todo era sangre y sesos", explica uno de estos moderadores que también reconocen que la empresa no pedía ningún tipo de formación: "Pagaban casi dos mil euros, las oficinas eran impresionantes y era meter un pie en Facebook”.