Cruz Roja inicia su tercer ERE en dos años tras anular la Audiencia Nacional los anteriores

Cruz Roja Española ha comunicado formalmente al comité de empresa su intención de iniciar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE), el tercero en menos de dos años, que afectará a 118 trabajadores en todo el territorio. 

La decisión llega cuando apenas han pasado cuatro meses desde que la Audiencia Nacional declaró nulo el anterior proceso de despido colectivo, el segundo que la Justicia tumba en menos de dos años. La organización registró en 2024 un excedente —el equivalente a beneficio en las entidades sin ánimo de lucro—  de 30,69 millones de euros. Sumando los cuatro últimos ejercicios, el excedente asciende a 93 millones de euros. 

Según la información trasladada al comité de empresa, el nuevo ERE se plantea por causas organizativas y de producción, los mismos motivos que el expediente anterior, anulado por la Audiencia Nacional el pasado junio. El tribunal ordenó la readmisión de los trabajadores al considerar que la documentación aportada por la entidad era insuficiente, desordenada e incongruente, lo que impidió a los representantes de la plantilla conocer las causas reales del ajuste. 

Antes, en junio de 2024, ya había anulado el primer intento de despido colectivo —y obligado a la readmisión de los afectados— al concluir que los 149 ceses ejecutados entre octubre y diciembre de 2023 constituían en realidad un ERE encubierto sin negociación ni periodo de consultas. 

El nuevo expediente incluye a los trabajadores de la oficina central despedidos y readmitidos por sentencia judicial dos veces desde diciembre de 2023, que, hasta hoy, siguen cobrando sus nóminas sin poder acceder a sus puestos de trabajo, a las plataformas internas ni al edificio, en lo que califican de “readmisión en falso”. La entidad mantiene que esos puestos “están amortizados y no son necesarios en el funcionamiento diario”.

El comité de empresa de la oficina central considera el nuevo intento de despido colectivo “una irresponsabilidad y un desprecio hacia la plantilla, hacia los fondos públicos con los que se sostiene gran parte de la actividad de Cruz Roja Española y hacia los valores que la organización dice defender”. Los representantes sindicales exigen la retirada inmediata del procedimiento y que la organización abra “un espacio de diálogo real” en lugar de “insistir en un camino que ya ha demostrado ser un fracaso jurídico, económico y humano.”

Mientras tanto, sigue pendiente el recurso presentado por Cruz Roja ante el Tribunal Supremo contra la última sentencia de la Audiencia Nacional. Como publicó infoLibre, la dirección había asegurado inicialmente que no recurriría la resolución, pero lo hizo el último día del plazo.