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La auditoría covid reclama inspecciones y un nuevo modelo de residencias para evitar otra “tragedia”

Manifestantes con caretas durante una concentración de la plataforma Marea de Residencias, en la Puerta del Sol del Madrid.

Las residencias no estaban preparadas para soportar el impacto de una pandemia como fue la del covid-19. Había un "distanciamiento" o un "desconocimiento" entre el entorno sanitario y el de los centros de mayores. Por eso no había coordinación. Ni protocolos previos. Cuando se elaboraron, contenían unas "exigencias muy desconectadas de la realidad cotidiana de las residencias" y, además, "no tuvieron en cuenta las singularidades de las mismas". Por eso, a juicio de los cuatro expertos que han elaborado la Evaluación del desempeño del Sistema Nacional de Salud Español frente a la pandemia de covid-19, ocurrió la "tragedia" en los geriátricos.

"Hay que ver cuándo la hacemos, cómo la hacemos y quién la hace, pero el Gobierno va a hacer una evaluación", dijo en septiembre de 2020 el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Más de tres años después, su ahora sucesora, Mónica García, ha podido presentar el documento, de 157 páginas, a las comunidades autónomas en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que se ha celebrado este jueves en el Ministerio. El informe está fechado el pasado mes de abril, pero no ha sido hasta ahora cuando ha salido a la luz.

Los cuatro expertos que lo firman —Xurxo Hervada Vidal, de la Dirección Xeral de Saúde Pública de Galicia (Jubilado); Carmen Pérez Romero, de la Escuela Andaluza de Salud Pública; Fernando Rodríguez Artalejo, de la Universidad Autónoma de Madrid, CIBERESP e IMDEA-Food Urbanos; y Rosa Urbanos Garrido, de la Universidad Complutense de Madrid— son críticos. Pero también didácticos. Y benévolos con lo que "hicimos bien". Pero alertan: una nueva pandemia provocada por un virus respiratorio no es sólo posible, sino que es probable. "Por la creciente concentración de la población mundial en ambientes urbanos, y por la enorme movilidad de la gente en el planeta, no es posible descartar una nueva pandemia de extensión rápida en un futuro próximo", consideran.

Por eso hay que solucionar lo que no funciona. Entonces faltó prevención, ahora hay que trabajar para que no vuelva a ocurrir. "La dificultad de contar con tratamientos de alta eficacia y vacunas universales frente a estos virus a corto plazo, convierten la prevención de la próxima pandemia en una cuestión urgente e importante", señalan.

Las residencias son un foco. Y por eso, dentro de las 72 medidas que los expertos han planteado, entra el trabajo por mejorarlas. La propia ministra, en rueda de prensa, admitió que es "innegable" que en lo vivido en los geriátricos durante la crisis sanitaria fue "un drama". "Hubo una falta de coordinación entre el sistema sanitario y sociosanitario", dijo, en consonancia con lo explicado en la auditoría de expertos. "Es un imperativo considerar las residencias de mayores y la atención sociosanitaria como una parte muy importante de la sanitaria, que no esté desconectada", expuso.

En este sentido, el grupo de expertos que firma el documento incide en la necesidad de "redefinir la naturaleza del espacio sociosanitario, garantizando atención sanitaria a personas institucionalizadas, especialmente en residencias de personas mayores y en centros penitenciarios". Hay que hacerlo, según el informe, a corto plazo, al igual que la elaboración de "planes de contingencia" para el "control de brotes".

Pero no todo tiene que ser inmediato. Los cuatro expertos destacan que, a partir de ahora y de manera "continuada", es necesario "ampliar y reforzar" las inspecciones en estos centros, en los que habrá que evaluar su personal, sus requisitos y su arquitectura. Respecto a esto último, además, los expertos apuestan por "considerar nuevas necesidades en la construcción o reforma" de los geriátricos.

La competencia de esto, añade el informe, corresponde al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, además de a las administraciones autonómicas. Y ahí suele estar en muchas ocasiones el problema. El departamento, cuando estaba dirigido en la anterior legislatura por Ione Belarra, aprobó, tras meses de negociaciones fallidas y borradores tirados a la papelera, el documento sobre el cual se levantarían los cimientos del nuevo modelo de centros para mayores. Se bautizó Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y estableció un plazo máximo de nueve meses para que las autonomías trasladasen las directrices que marcaba a sus normativas regionales.

Sólo una lo hizo a tiempo: la Comunitat Valenciana, que aprobó, además, un texto acorde a lo establecido por el Gobierno: ninguna residencia puede superar las 120 plazas, un máximo que baja a 90 en aquellas zonas "de densidad intermedia" y a 75 en zonas rurales. En cuanto a las unidades de convivencia, éstas no deben superar las 15 personas. Comunidades como Madrid optaron por ignorar estas directrices y, por ejemplo, situar las plazas en un máximo de 150.

El Ministerio de Sanidad reconoce que la crisis sanitaria vivida en 2020 puso de relieve que muchas normativas y legislaciones "tenían que haberse hecho antes", aunque celebra que esto ya ha quedado "como parte de un cuerpo legislativo más sólido". "Este Ministerio tiene la voluntad de seguir trabajando y profundizando en las recomendaciones que establece el informe", aseguran.

Refuerzo sanitario, con especial atención a la primaria

Porque hay más. Según detallan los expertos, otro de los problemas a los que se enfrentó España —donde se contagiaron hasta octubre de 2021, que es el periodo analizado, cinco millones de personas, y fallecieron 87.080— es a luchar contra un virus nuevo y desconocido con unos "recursos humanos estructuralmente infradimensionados", sobre todo en atención primaria.

Por eso la auditoría también pone el foco ahí, incidiendo en la necesidad de "reforzar y revalorizar" este área, "asegurando la suficiencia de recursos e impulsando nuevos modelos de relación". La nueva ministra, de hecho, ya aseguró que las reivindicaciones de sus profesionales, que durante todo 2022 y parte del 2023 han salido a las calles en no pocas ocasiones para reclamar mejoras laborales y, por ende, de calidad asistencial, llegarán a oídos del Gobierno. Por lo pronto, señaló García este jueves, está previsto que en 2024 se celebre un pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que dedique íntegramente su orden del día a conversar con las autonomías para detectar los fallos y trabajar en la senda común para solucionarlos. Desde su departamento reconocen además, con motivo de la publicación del documento, que su "esfuerzo innegable" fue vital para contener al virus.

"Esto es un abordaje continuo, que tenemos que hacer a largo plazo", concretó García en rueda de prensa. Su Ministerio, explicó, no tiene "la llave" de la solución, por lo que la solución debe llegar, también, de mano de las autonomías. La acreditación de las plazas depende de ellas, explicó. Retener el talento que se fuga año a año, también. Sólo en Madrid y sólo este año, por ejemplo, el 70% de los médicos internos residentes (MIR) que terminaban su formación en la Comunidad planeaba marcharse. ¿El motivo? Las condiciones laborales.

En cualquier caso, la lista de errores no acaba ahí. Y también venían de antes. Las "deficiencias en los sistemas de vigilancia epidemiológica" y "la ausencia de un adecuado sistema de información a nivel nacional" también contribuyeron a que el impacto de la pandemia en nuestro país fuera "demoledor, tanto sobre la salud de la población como sobre el tejido económico". "Además de las secuelas del covid-19 de larga duración, fenómeno todavía en estudio, la pandemia ha provocado un impacto muy importante en la salud mental, sobre todo en la población infanto-juvenil (derivado en parte del confinamiento, particularmente duro y prolongado en el caso de España en comparación con otros países) y también un retraso en el diagnóstico y manejo del resto de patologías".

Así, también se ha registrado un "descenso en la esperanza de vida al nacer, que a finales del 2020 se situaba en conjunto en 1,5 años, con mayor pérdida en mujeres que en hombres".

Ni comunicación, ni coordinación

Otros fallos llegaron por no saber dar una respuesta adecuada ya en el momento de la crisis sanitaria. En concreto, los auditores advierten de que, en algunos casos, se produjeron "contradicciones en la respuesta de las distintas administraciones y se apreciaron fallos de coordinación en múltiples áreas" como, por ejemplo, los servicios de Urgencias, los mecanismos para compartir recursos médicos entre territorios o la adquisición de material necesario para responder a la pandemia.

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Además, apuntan a que el Consejo Interterritorial, como el que se ha reunido este jueves, "no fue suficientemente eficaz como instrumento para adoptar decisiones homogéneas". Madrid, en este sentido, jugó en demasiadas ocasiones como verso libre, siendo la oposición a las decisiones del Ejecutivo en cuestiones como, por ejemplo, la desescalada.

El informe también alerta de que se produjeron "algunos errores de comunicación muy llamativos". Fundamentalmente, se refieren a la realización de pronósticos "innecesarios" sobre la evolución de la pandemia y valoraciones "apresuradas" sobre las principales vías de transmisión de la infección y la efectividad de las mascarillas; y también a alguna "confusión de roles", en referencia a aspectos como "quién informa las decisiones, quién las toma y quién las comunica".

En alusión a esto último los auditores lamentan "cierta sobreexposición" del portavoz habitual, refiriéndose, sin mencionarlo, al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón.

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