El Partido Popular de la Comunidad de Madrid presionó a una concejala de su partido en Móstoles para que no denunciase a Manuel Bautista, alcalde de la ciudad, por acoso sexual, acoso laboral y trato degradante.

La información adelantada por El País destaca que esta edil, que salió elegida en las elecciones municipales de 2023 tras llevar ya unos meses trabajando activamente en la carrera de Bautista hacia la alcaldía, pidió ayuda a su partido en varias ocasiones. Tres cartas, dos reuniones y otro intento fallido de reunión que no sirvieron para conseguir su objetivo: sentir el amparo de su partido.

Tras pedir ayuda —una de las cartas iba dirigida a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso—, la edil asegura que desde su partido no hicieron más que presionarla. Dentro del PP, el caso fue asignado a Ana Millán, vicesecretaria de Organización del partido y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, que le dijo en una reunión en marzo de 2024 a la potencial denunciante que “una denuncia pública" le iba a perjudicar. "Protegerte es no hacer nada”, continuó.

En la misma cita estaba Alfonso Serrano, diputado de la Asamblea de Madrid y senador, que también incidió, siempre según el relato de la mujer, en lo poco podían ayudarla desde el partido: “Estamos aquí para ayudarte, podemos hablar contigo. ¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”.

Tras varios meses sin conseguir una reparación del partido, abandonó el acta de concejal, se dio de baja del partido y volvió a su vida profesional previa a la política.

Alfonso Serrano, el número dos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso dentro del PP madrileño donde ocupa el puesto de secretario general, carga el sueldo de su jefe de gabinete al Ayuntamiento de Madrid. Según informa la Cadena Ser, el máximo responsable del gabinete de Serrano, con un salario de más de 63.000 euros anuales, lleva cobrando la nómina desde abril del consistorio de la capital española.

El periodista Víctor Ruiz de Almirón López, que figura en el Portal de Transparencia del Consistorio como personal eventual de nivel 28 desde el mes de abril. Ruiz de Almirón cobra del erario municipal porque, según el Grupo Municipal Popular, realiza tareas de “asesoría política” para ellos, aunque los periodistas que siguen habitualmente la información local no tenían constancia de esos trabajos.

Desde el PP de Madrid aseguran que el jefe de gabinete de Serrano compatibiliza la asesoría a su jefe con "otros cargos del partido", para los populares, "los asesores del Grupo Municipal, igual que en otros ayuntamientos o en el Congreso de los Diputados y en el Senado, trabajan para el grupo y para el partido”, justifican en declaraciones a la Ser.

El nombramiento y funciones del personal eventual municipal está regulado en un decreto de 2014 del Ayuntamiento de Madrid, que fija que “su nombramiento y cese son libres”, aunque la normativa no contempla que los partidos políticos puedan endosar los costes laborales de su plantilla a los grupos municipales. De hecho, la única salvedad que recoge el decreto es que “excepcionalmente, cuando exista una necesidad debidamente justificada, el personal eventual podrá prestar servicios a otros órganos superiores y directivos del Ayuntamiento de Madrid que se integren en los servicios generales del Ayuntamiento de Madrid”.

Pero el caso del jefe de gabinete de Serrano no es el único. Cristina Ramos García-Patrón, también periodista, cobra al menos desde agosto de 2023 también del consistorio local madrileño como personal eventual de nivel 24 y un salario de 51.429,36 euros anuales.

Ramos ejerce, habitualmente, como ‘número dos’ del PP en la Comunidad de Madrid. Sus tareas pasan por responder a cuestiones de los informadores, elaborar notas de prensa o acompañar a Serrano en sus actos públicos. La periodista también se encarga de anunciar a los oradores en los mítines del Partido Popular de Madrid.

El PP defendió este jueves en la programación especial de TVE con motivo del quinto aniversario de la declaración del estado de alarma y antes de que se emitiera el documental 7.291, que pone el foco en la gestión que hizo el Gobierno de la Comunidad de Madrid de las residencias de mayores. "Se pueden revisar muchas cuestiones, pero yo y los madrileños estamos orgullosos de lo hecho por Isabel Díaz Ayuso", aseguró el senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, que se trasladó a las afueras del Hospital Isabel Zendal de la capital, según recoge EFE.

El número dos de Ayuso aprovechó su participación en TVE para criticar la decisión de emitir este documental: "Lamento que la televisión de todos se ponga al servicio de la izquierda y del Gobierno para atacar a una comunidad. Han puesto un documental que no le interesa a nadie". Serrano insistió que es un "error y una indecencia" utilizar el dolor de las víctimas de la pandemia para "poner el foco en una presidenta como si no hubieran fallecido personas en residencias en otros lugares de España".

Antes de la emisión de 7.291, el programa presentado por Xabier Fortes emitido en La 2 y en el Canal 24 se ofrecieron las tres cifras existentes sobre fallecidos durante la primera ola de la pandemia: la primera son los 7.291 fallecidos entre marzo y abril de 2020, que se extrae de la información que su propio Gobierno envió a infoLibre desde el Portal de Transparencia y que incluye a los fallecidos en las residencias madrileñas en marzo y abril por cualquier causa. La segunda, de 7.269, la ofrece el Instituto Nacional de Estadística y la tercera, de 6.937, cuya fuente es el Imserso. Este miércoles, el Gobierno de Ayuso presentó tras cinco años una nueva cifra: 4.100.

La presidenta de la Comunidad de Madrid declinó la invitación a participar en el programa sobre el aniversario del covid. Eso sí, el mismo jueves, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pidió por carta al presidente de RTVE, José Pablo López, que además del documental se reproduciese la declaración de Ayuso y un vídeo sobre la gestión de la crisis del covid-19. Desde el ente público rechazaron esta opción al considerarlo una "intromisión indebida" y recordaron que las palabras de la líder madrileña se emitieron este miércoles en directo por el Canal 24h de RTVE y fue recogida en sus espacios informativos.

Quién sí participó en el especial fueron las de víctimas en las residencias de Madrid, que reclamaron la verdad de lo ocurrido en la Comunidad y pidieron justicia por sus fallecidos, y Alberto Reyero, exconsejero de Políticas Sociales, quien mostró su disconformidad con los protocolos que se aplicaron en ese momento, lo que le llevó a dimitir del cargo. Como desveló infoLibre, el 18 de marzo de 2020 la Comunidad de Madrid aprobó y distribuyó la primera versión de su Protocolo de la Vergüenza —llegó a tener cuatro—, un documento que, literalmente, estableció "criterios de exclusión" que impidieron la derivación de miles de residentes desde los geriátricos madrileños hasta el hospital. Y que era de obligado cumplimiento, según ha declarado ante el juez, y en varias ocasiones, el propio Reyero y también directoras de varios centros.

Sin embargo, Ayuso y todo su Gobierno defendieron desde el primer momento que el documento no era más que un "borrador" que, por tanto, no se cumplió. Al menos no de manera obligada. Lo que ocurrió en las residencias de mayores, han defendido y todavía hoy defienden, ocurrió "en todo el mundo".

Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, denunció que la "pésima gestión" de la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid hace cinco años llevó a la muerte "de manera indigna" a 7.291 personas. "No tuvieron acceso a la medicación y el socorro más mínimo", afirmó la ministra en este especial informativo.

La ministra de Sanidad recordó que cuando se inició la pandemia "había un runrún de que aquí (Madrid) iba a haber casi una negligencia, que iba a haber muertes indignas y sobre todo porque la Comunidad de Madrid eligió antes la propaganda que el cuidado de lo ciudadanos". "Se prometió que se iban a medicalizar las residencias, se prometió que iban a estar en palmitas los mayores, se les podía haber derivado a Ifema, se podía haber dado entrada de las oenegés en las residencias, pero nada de esto se hizo", aseguró Mónica García.

La ministra mantuvo que se priorizó la propaganda: "Parecía como que la Comunidad de Madrid no necesitaba ayuda, que lo tenía todo controlado y era todo lo contrario. En ese priorizar la propaganda al final nos hemos encontrado con una pésima gestión de las residencias que ha llevado a 7.291 personas a morir de manera indigna". Tras afirmar que Madrid se convirtió en la región de Europa con más muertes, Mónica García afirmó que se ha aprendido mucho en el terreno sanitario: la necesidad de una salud global y reforzar el área de salud pública.

Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera del Gobierno, comentó que el Gobierno actuó como todos los gobierno del planeta, elogió el comportamiento de los españoles durante la pandemia y dijo que estuvo enferma de covid y pasó muchísimo miedo.

En un contexto internacional de precios energéticos al alza, entre 2019 y 2023 el porcentaje de hogares que no pudo mantener su vivienda a una temperatura adecuada, se triplicó, superando el 20%. Cruz Roja los ha cifrado en 2,86 millones. Y uno de cada 10 se retrasó en el pago de las facturas de suministros, lo que supuso un 40% más que en 2019. Ello, pese a la existencia del bono social eléctrico que en España se introdujo en 2009, aunque se fue aproximando al actual a partir de 2017. ¿Qué es? Se trata de un descuento en la factura dirigido a combatir la pobreza energética y para recibirlo hay que cumplir una serie de requisitos como no sobrepasar una potencia contratada, tener una renta inferior a los 8.106 euros -dato a 2022-, ser familia numerosa o un hogar formado por pensionistas con la cuantía mínima vigente, no percibir otros ingresos que superen los 500 euros, o ser perceptor del mínimo vital (IMV). Una vez concedido el bono, la rebaja puede oscilar entre un 25% y un 80%. La medida ha alcanzado a 1,6 millones de familias, número superior al 1,1 recogido por el Defensor del Pueblo relativo al cierre de 2021. 

Ahora en el informe ¿Llega el bono social eléctrico a quien lo necesita? Análisis de las tasas de cobertura y las características del hogar, elaborado por EsadeEcPol en colaboración con Oxfam Intermón, se han medido por primera vez las tasas de cobertura de esta ayuda, aplicando un análisis estadístico multifactorial a una pregunta incluida en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, junto a las características que definen el perfil socioeconómico de cada hogar. Han concluido que, pese a que el alcance del bono, con vigencia de dos años una vez asignado, ha crecido desde 2020, en 2022 fue del 24,5%, lo que significa que casi 8 de cada 10 beneficiarios potenciales no lo recibió. Si bien, el porcentaje trepó hasta el 45,5% en el caso de las familias numerosas, mientras fue sólo del 20% para la categoría de renta baja y de apenas el 9,2% para jubilados con pensión mínima. 

De acuerdo a lo reflejado en el mencionado informe que firman Natalia Collado y Ángel Martínez, aunque dos de cada tres beneficiarios del bono eléctrico eran de renta baja, uno de cada tres no lo era. Es más, entre las familias numerosas de ingreso medio-alto, más del 60% recibe el bono, y apenas el 40% las de bajo. Y hay otras brechas en la cobertura de la medida, puestas de manifiesto en el análisis diseccionado: si en 2022 llegaba al 20% de los hogares monomarentales, el porcentaje se eleva hasta el 32% en los que contaban con dos progenitores; las familias con todos los miembros nacidos en España logran el doble de las que tenían alguno nacido fuera, 27% frente al 13%; y la distancia entre quienes tienen vivienda en alquiler y los propietarios era de 19% y 27%, respectivamente.

A lo esbozado hay que sumar que, aunque el bono se extendió en todas las comunidades, "la relación entre la incidencia de la pobreza energética y la cobertura" de éste "no es siempre directa, lo que sugiere que otros factores pueden estar influyendo en la distribución" de una ayuda en la que no están "involucrados los gobiernos autonómicos". De ahí que atribuyan las diferencia a factores como "la composición de la población y el mercado laboral de las distintas autonomías". "Un menor porcentaje de población con estudios superiores, mayor población extranjera -se asevera en el documento- o una mayor especialización de la economía en el sector primario pueden estar influyendo en la cantidad de hogares elegibles que reciben el bono".

Revisados los datos en conjunto, ser familia numerosa tiene el mayor efecto positivo, al acrecentar la probabilidad de obtener el bono en un 27%. En comparación, estar en un hogar de renta baja únicamente la aumenta en un 4%. Y es por esta grieta además por donde se ha colado la polémica en torno a esta iniciativa. InfoLibre ha desvelado que Enrique Ossorio y Alfonso Serrano, dos figuras políticas vinculadas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, perciben desde 2021 la ayuda para pagar el gas destinada a "paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables". Este año se les han adjudicado a ambos 214,57 euros correspondientes al bono social térmico del año 2023, a lo que hay que hilvanar un descuento mensual en la factura de la luz del 65% por el bono social eléctrico, por ser integrantes de una familia numerosa. Sí se ha desligado de esas bonificaciones la hoy ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo marido disfrutó de ellas gracias igualmente a su condición de familia numerosa. La pareja está divorciada.

Ossorio cobra en 2024 un sueldo público superior a los 118.000 euros como presidente de la Asamblea madrileña, aunque su salario como vicepresidente de la Comunidad que fue hasta junio de 2023 era algo menor. Según él mismo reconoció en una declaración de actividades, bienes, rentas e información tributaria, atesora un patrimonio de más de 1,4 millones en fondos de inversión, bancos y planes de pensiones. Por su parte, Serrano, escudero de Ayuso en el PP de Madrid, donde ocupa el cargo de secretario general, ingresó más de 67.000 euros el pasado ejercicio. Del lado de Vox, su portavoz en la Asamblea, Rocío Monasterio, admitió en rueda de prensa contar con el bono eléctrico y el de agua “del Canal de Isabel II”, pero no así el térmico, que no sabía si no le habría llegado por ser "facha", ironizó. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se comprometió a cambiar la regulación e introducir criterios de renta en las familias numerosas, para que sólo las de bajos ingresos pudieran acceder a estas ayudas, pero la reforma sigue pendiente.

Jorge Galindo, director adjunto de EsadeEcPol, admite a infoLibre que no es fácil de llevar a cabo. Sin entrar a valorar “ningún caso particular”, anota que “ahora el criterio de la familia numerosa y el de renta van por separado, si se cumple alguno de los dos u otros, recibes el bono” y desde el centro de estudios proponen “introducir un tope de renta bastante alto, que evite distorsiones, para que el dinero no vaya a aquellas familias que son de forma incontrovertible de renta muy alta, a las que el bono no les supone nada diferencial, y lo haga a otras que sí lo necesitan realmente”. Pero estimar ese tope de renta combinado con la categoría de familia numerosa “es muy difícil”, reitera. “Tendría que ser condicionado al tamaño y a la tipología del hogar”, dice y, en ningún caso, a su juicio, la modificación debería pasar por “trasladar el tope actual de renta y hacerlo general”.

Más allá de las familias numerosas, expertos en justicia energética han avisado de que habría que mejorar el diseño en el bono social eléctrico y térmico para ampliar su alcance y multiplicar su eficacia. Idea con carácter de convicción que comparten los autores del trabajo reseñado, en el que se plantean vías de mejora, dado que calculan que se podría pasar de los 1,6 millones de beneficiarios a cinco. En primer término, se aboga por “reducir en la medida de lo posible barreras de entrada”. Aluden a que muchos hogares desconocen que tienen derecho a la prestación e, incluso si son conscientes de ella, se han de enfrentar a un proceso complejo de solicitud. Preguntado al director adjunto de EsadeEcPol si se podría replicar algún modelo de otros países europeos, advierte de que las comparaciones “no viajan muy bien” en este asunto porque “los mercados energéticos de los estados de Europa tienen cosas similares, pero otras muy distintas”. “En España el bono se da a través de las comercializadoras a personas que están en tarifa regulada y en otros estados no”, ejemplifica.

Lo que sí considera “interesante” de experiencias internacionales de políticas de lucha contra la pobreza en general es la “mayor iniciativa por parte de las administraciones públicas, que son las que tienen los datos, Hacienda para renta, Seguridad Social para condiciones de pensión mínima…, en la búsqueda de beneficiarios potenciales”. En ese sentido, cree que en España “hace falta un mayor esfuerzo” de éstas no sólo en lo relativo al bono social, también a otras prestaciones como el IMV, que, “aunque ha mejorado bastante, no llega todavía a los objetivos”, como han denunciado otros expertos y entidades. Apuestan por “armonizar” las concesiones de ambas ayudas.

“La carga de ese esfuerzo debe estar en los hombros de las administraciones, el Estado y las comunidades, y no tanto en los de la ciudadanía, y menos en los de personas que están en peores condiciones de partida para tener acceso a la información y disponer del tiempo necesario para ejecutar todo lo que se le pide para poder tener las ayudas”, concluye Galindo. 

Junto a ese empuje al que instan a las administraciones y a la introducción del máximo de renta para las familias numerosas ya señalada, abogan por “el uso de políticas fiscales más efectivas y unificadas, como impuestos negativos sobre la renta” que permitan abordar a largo plazo “las situaciones de pobreza de forma integral, con información fiable y menos trámites administrativos”. Por último, entienden que “se han de focalizar” recursos en medidas como optimizar "el aislamiento de suelos, techos y paredes”, los cerramientos en las ventanas, o "sustituir las calderas de gas o petróleo por bombas de calor" y “cambiar los calentadores de agua y aires acondicionados por otros más eficientes". Para ello, resultará "primordial", avanzan, "reforzar a las administraciones" con una red de “agentes rehabilitadores” acreditados, como la existente en Alemania o Francia, que posibilite garantizar "los conocimientos técnicos necesarios" para realizar "la renovación de manera efectiva". En resumen, queda por hacer y se diría que los resultados dependerán de dar o no con distancias y alteraciones de criterios de reparto justos.

El secretario general del PP de Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, se citó con la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, en una cafetería de la capital en plena polémica por el caso de fraude fiscal que salpica al novio de Ayuso. En unas fotos, adelantadas por la Cadena Ser, se ve a ambos sentados el pasado miércoles en un local del distrito de Barajas sobre las 21.16, horas después de que González Amador se querellara contra la fiscal de Madrid por revelación de secretos.

El propio Serrano ha admitido en una rueda de prensa celebrada este jueves que la reunión se produjo y que conoce a la pareja de la presidenta, pero ha calificado el encuentro como una "coincidencia". Además, ha afirmado a la Cadena Ser que no se produjo ningún intercambio de documentos en la reunión ni que ese encuentro se llevara a cabo para hablar sobre su caso de fraude fiscal y falsedad o de las comisiones de investigación en relación a la compra de mascarillas.

"Intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez, que ella es quién suele reunirse allí con empresarios, pero no tengo su teléfono. Luego llamamos a La Chalana, y estaba lleno de socialistas por lo que tampoco pudimos ir ahí. Después llamamos a Ramses que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del PSOE, pero ahí tampoco había sitio", ha ironizado el secretario general del PP madrileño. “Yo me tomo Coca-colas con muchas personas, y no sé si tienen problemas con Hacienda, facturas pendientes o multas de tráfico”, ha concluido.

Sin embargo, según la Cadena Ser, Serrano no ha querido desvelar de qué habló durante la conversación con González Amador, ya que la pareja de Ayuso es, para él, "un ciudadano particular".

La reunión ha generado fuertes críticas por parte de la oposición madrileña. "La reunión es la prueba irrefutable de que este no es un caso particular, es el caso Ayuso. Por eso, la presidenta pone todos los recursos del partido y de la Comunidad de Madrid para proteger al propietario formal de su piso”, ha criticado Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid. En una línea similar se ha expresado el líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, que ha cargado contra Serrano y ha pedido que explique su reunión con la pareja de Ayuso. "¿Es esta la particular campaña de la Renta de la Comunidad de Madrid: reunirse con defraudadores confesos?", se ha preguntado.

El PSOE ha pedido la dimisión "inmediata" del senador y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, después de que este afirmase que la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, suele reunirse con empresarios en habitaciones de hoteles.

"El señor Alfonso Serrano debe presentar su dimisión inmediata. El PP de Madrid se ha convertido en un nido ultra de insultos, trumpismo y denigración de los valores de la política. No todo vale. Basta ya", ha escrito el PSOE en su cuenta oficial de la red social X, que ha sido recogido por Europa Press.

Las palabras de Serrano se produjeron después de que se publicasen unas fotos en las que aparece junto al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que se produce después de que este último haya sido imputado por un presunto fraude fiscal y que posteriormente haya denunciado a la Fiscalía de Madrid por revelación de secretos.

En una comparecencia este mismo jueves, Serrano afirmó en tono irónico, que se había intentado reunir con González Amador en una habitación de hotel. "Fui a llamar a Begoña Gómez, que ella es quién suele reunirse allí con empresarios, pero no tengo su teléfono", ha indicado.

"Luego llamamos a La Chalana, y estaba lleno de socialistas por lo que tampoco pudimos ir ahí", en referencia a la marisquería donde solía acudir el exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, investigado por el presunto cobro de comisiones en la venta de mascarillas durante la pandemia.

"Después llamamos a Ramses que es donde comienzan las fiestas con prostitutas de diputados del PSOE, pero ahí tampoco había sitio. Por lo que fuimos a tomar una Coca-Cola en un bar petado de gente en una cristalera frente a la calle con una persona que conozco", ha continuado Serrano para tratar de restar importancia al encuentro.

En la misma línea, se ha quejado de que su reunión con la pareja de Ayuso sea noticia "frente a que la mujer del presidente del Gobierno firme cartas recomendando empresas que luego contrata su marido".

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha considerado que "la forma en la que el Gobierno rectifica su error del bono térmico no puede ser castigando a la mayoría de familias numerosas de este país", lo que ha calificado de "otra chapuza más" y "el último gran disparate", recoge Europa Press.

Tras una visita a una carpa del partido instalada en Málaga capital, Bendodo ha asegurado si el Gobierno quiere ayudar a las familias debe "aumentar notablemente las partidas económicas destinadas a ello, porque España ahí está a la cola de Europa" y ha apostado por "ponderar adecuadamente la renta y los factores familiares".

Bendodo se refiere al cambio anunciado el pasado miércoles de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de que el Gobierno modificará las normas para que cerrar esa puerta a las familias numerosas cuya renta supera de largo la media del país tras la información publicada por infoLibre sobre cómo el vicepresidente de Ayuso, Enrique Ossorio, recibe el bono de calefacción para consumidores vulnerables. El número 2 del PP madrileño, Alfonso Serrano, también es beneficio de esta ayuda.

Ossorio, con 104.000 euros de sueldo, 1,4 millones en activos financieros y beneficiario como titular de familia de numerosa, defiende su posición y seguirá cobrando la ayuda en tanto no se modifique la normativa legal. Alfonso Serrano, quien no ha explicado aún por qué se le ha incluido en la franja de “vulnerables severos”. Perceptor del bono social eléctrico y del bono término porque también posee el título de familia numerosas, la condición de "vulnerable severo" implica que a Serrano se le apliquen descuentos superiores en la factura de la luz y se le subvencione con una cuantía mayor pese a que gana 83.420 euros al año.

Bendodo también ha considerado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "alejado de la realidad". "El norte se pierde de tanto viajar en el Falcon", ha asegurado el coordinador general del PP, quien ha apuntado que "no hay sector que se escape al intervencionismo de Sánchez y al sectarismo ideológico del Gobierno".

Al respecto, ha lamentado que al Gobierno "claramente populista" de Sánchez "no se le ocurre otra cosa que seguir fastidiando a los empresarios", queriendo poner un observatorio de los beneficios de las empresas. "Un Ejecutivo que insulta a los empresarios que son los que crean empleo y riqueza puede tener consecuencias nefastas en el futuro", ha aseverado.

Ha dicho que el PSOE "a la desesperada" ha cambiado su lema, que "empezó siendo el 'Gobierno de la gente' y la gente les ha desmontado el lema porque es el Gobierno contra la gente", en referencia a la ley del 'Solo sí es sí', la eliminación de la sedición y el abaratamiento de la malversación. Ahora, "se inventan" otro eslogan, 'Defiende lo que piensas', apuntando que "los españoles les vamos a decir lo que pensamos: que es una vergüenza que hayan debilitado al Estado".

Así, ha dicho que frente a un PSOE "tirado al monte y radicalizado por su desesperación", el PP es "el único con un proyecto moderado y reformista". "El PP se ha quedado solo en la moderación, los demás están radicalizados", ha incidido, reivindicando la capacidad del partido de aglutinar a la sociedad civil en torno a la Fundación Reformismo21 "en un empeño común".

Ha indicado que en el PP no "se le pide el carné a nadie, tan solo talento y trabajo para reforzar el proyecto reformista y regenerador que España necesita después del lustro negro que lleva el nombre de Sánchez". "En España hace falta que la política esté más en la calle, alimentándose del talento de la sociedad. Hace falta acabar con tanto sectarismo, volver al espíritu de la Transición y, sin duda, moderación", ha apostillado.

Asimismo, ha incidido en que a Sánchez "solo le quedan las cuestas de Tezanos" del CIS, apuntando que "todas dicen que va a ganar el PP, menos una, la que firma un afiliado al PSOE".

El Pleno del Congreso ha aprobado una proposición no de ley del PSOE para determinar el alcance y la eficacia de los bonos sociales eléctrico y térmico y si estos son suficientes para paliar la factura energética en los hogares vulnerables, ha recogido Europa Press.

La propuesta ha sido aprobada con los votos a favor de PP, PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, PNV, BNG, Coalición Canaria y Bildu; mientras que Vox, ERC, Ciudadanos, PDeCAT y Junts se han abstenido.

Aunque la iniciativa se debatió el martes, su votación ha coincidido con la polémica suscitada después de que infoLibre publicara que el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades de la Comunidad Madrid, Enrique Ossorio, se beneficia del bono social térmico porque es familia numerosa, algo que calificó como "perfectamente ético".

Paralelo a esto, se conoció que el marido de la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la capital, Mónica García, también era beneficiario del bono social térmico. La representante madrileña de la Comunidad de Madrid, por su parte, reconoció su "error" y señaló que estudiaría cómo devolver el dinero del bono diseñado para los consumidores vulnerables.

El número dos de Ayuso en el PP de Madrid, Alfonso Serrano, cobra por su parte el correspondiente a consumidores vulnerables severos, según publicó también infoLibre este jueves.

Tras estos episodios, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado que el Gobierno hará que estos bonos estén sujetos "lo antes posible" a criterios de renta. En concreto, se fijará un umbral de renta máximo para las familias numerosas.

En el debate de la iniciativa del pasado martes, el PP y los socios de investidura ya reprocharon al Gobierno la escasa efectividad de los bonos sociales eléctrico y térmico entre los sectores más vulnerables de la población, que pese a poder acceder a estas ayudas, no lo hacen por falta de conocimiento en muchas ocasiones.

El diputado de Esquerra Republicana (ERC), Joan Capdevila, explicó que, por ejemplo, en lo relativo al bono social térmico apenas ha llegado a un 40% de los consumidores a los que se dirigía, mientras que en el caso del eléctrico solo ha llegado a 1,35 millones de los 1,9 millones previstos.

En esta línea se pronunció el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien apuntó que los bonos "no están funcionando bien". En este sentido, denunció que mientras que gente en riesgo de exclusión social no sabe cómo acceder a estas ayudas, hay grandes empresas que tiene a su disposición "carísimos abogados" para, por ejemplo, acceder a los recursos procedentes de los fondos europeos. "El Estado no puede comportarse igual que los desiguales", apostilló.

Del lado del PP, Juan Diego Requena Ruiz reprochó al Gobierno la situación de vulnerabilidad energéticas que sufren muchas familias españoles. El diputado seleccionó varios datos de diferentes informes sobre esta materia, como que más de 6 millones de españoles no puede mantener una temperatura adecuada en su hogar. También denunció Requena el incremento "drástico" del indicador de temperatura inadecuada, que se ha situado por encima del 14%.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha afeado este jueves el "debate demagogo" de la izquierda sobre el bono social térmico, que él también recibe por ser familia numerosa.

Así se ha pronunciado el número dos del PP de Madrid, en declaraciones a los madrileños en los pasillos de la Cámara regional, después de que infoLibre desvelase que Serrano percibe este bono y que, además, se beneficia de una cantidad superior a la que reciben familias numerosas básicas (195,82 euros).

Respecto a esto último, ha señalado que puede haber "una anomalía" pero lo desconoce y ha indicado que se pone "a disposición del Gobierno de España" para aclarar cualquier cuestión, ha recogido Europa Press.

"Nosotros somos una familia numerosa básica —de padre, madre y tres hijos— y yo tengo mi descuento básico de familia numerosa por la luz. A mí me han dado por lo visto, porque lo miré ayer [este miércoles], 300 euros. No me los han dado porque yo sea familia numerosa vulnerable severa, que evidentemente no lo soy, pero quien decide que se me otorguen 300 euros no es ni la Comunidad de Madrid ni yo, es Hacienda con las comercializadoras. No sé si será un error o no", ha trasladado a continuación.

Para el conservador, esta es "una semana horribilis para la izquierda en Madrid" porque se ha visto que "las Cercanías siguen fallando", en la que los ciudadanos se sienten reconfortados "puesto que se ha puesto fin a una huelga sanitaria que va a ser beneficiosa para todos" y en la que se ha conocido el archivo por parte de la Fiscalía Europea del caso del contrato de las mascarillas. En medio de esto, ha criticado que se suelte "de repente" una cuestión "bastante demagógica".

Serrano, que ha reconocido que fue este miércoles cuando se enteró de que él también lo percibía, ha explicado que su familia numerosa solicitó el descuento en la factura de la luz. "Aquellas familias que lo han pedido, efectivamente, el Gobierno de España las incluye en el bono social térmico, que no hay que pedir, que te lo dan", ha señalado.

"Me parece que este es un debate absolutamente demagogo por parte de una parte de la izquierda que quiere en este momento tapar el que ha sido el mayor escándalo, la cacería personal y política que ha sufrido la presidenta (Isabel Díaz Ayuso). Que justo coincida ese archivo con este caso no es casual", ha lanzado a continuación.

Serrano ha defendido que hay muchas ayudas y subvenciones que están ligadas a la renta pero otras que no. En este sentido, ha apuntado a que duda que nadie cuestione que el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, "que cobra 150.000 euros", "reciba 3.000 euros al año por la Ley de Dependencia porque tiene derecho a ello" como tampoco que haya personas que se hayan podido desgravar su vivienda.

"Uno se saca el carné de familia numerosa no como el del Atleti para exhibirlo, es para usarlo. El título de familias numerosas es exclusivamente para obtener subvenciones y beneficios. Habrá quien lo utilice para obtener un descuento en la factura de la luz, en la del agua, en las tasas universitaria, en la matriculación de su coche, para entrar a un museo... Son derechos para todas las familias numerosas", ha declarado.