Un total de 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en 2025, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), en lo que supone la cifra más alta desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 1992, según informa EFE. Según un informe de la CPJ, 86 de las muertes, más de dos tercios del total, ocurrieron por el genocidio en Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos.

El informe subraya que 2025 fue el segundo año consecutivo con un récord de muertes de prensa en todo el mundo, y la directora ejecutiva de la organización, Jodie Ginsberg, advirtió en un comunicado de que los ataques contra periodistas "son un indicador de la vulneración de otras libertades". Además, pidió "actuar para prevenir estos asesinatos y castigar a los responsables".

Según el informe, más de tres cuartas partes de las muertes se produjeron en entornos de conflicto. En Ucrania, cuatro periodistas fueron asesinados, mientras que en Sudán se registraron nueve muertes, cifras que representan un aumento respecto a 2024 pero que siguen siendo bajas en comparación con Israel y Gaza. 

El informe también destacó un aumento del uso de drones como arma letal contra periodistas, con 39 casos documentados. De estos, 28 correspondieron a ataques en Gaza por parte del ejército israelí, cinco a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, uno a un ataque turco en Irak y cuatro en Ucrania por drones militares rusos, la cifra anual más alta desde el inicio de la guerra.

El CPJ también documentó 47 "asesinatos deliberados" de periodistas vinculados directamente con su labor informativa, el mayor número de los últimos diez años.

Agregó que en ninguno de los casos se ha responsabilizado a nadie, lo que refleja "una persistente cultura de impunidad". La organización destacó que la falta de justicia favorece nuevos ataques, incluso en países que no están en guerra.

En México, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado "ser insuficiente", recoge el informe, con al menos un periodista muerto cada año durante la última década. En Filipinas, tres periodistas fueron abatidos a tiros, de los cuales solo uno ha derivado en un arresto.

El informe también documenta ataques contra periodistas que investigan corrupción y crimen organizado en Asia y América Latina.

En regímenes autoritarios, se continuó castigando a la prensa con la muerte. Un ejemplo es el de Arabia Saudí, donde el columnista Turki al-Jasser fue ejecutado tras siete años en prisión.

El CPJ pidió a los gobiernos una reforma profunda en la investigación de los asesinatos de periodistas, incluyendo la creación de un grupo internacional de investigación y la imposición de sanciones "para garantizar justicia y proteger a los profesionales de la prensa". 

La organización enfatizó que la seguridad de los periodistas es "clave para el acceso a información veraz" y para la defensa de las libertades fundamentales.

A finales de la década pasada, la paz y la democracia parecieron aumentar sus posibilidades en la región del Nilo Blanco. En Sudán, un movimiento popular contribuía a la caída de la dictadura de Omar al-Bashir tras casi 30 años en el poder. Hoy, sin embargo, el país está fracturado y constituye el escenario de una de las peores crisis humanitarias del mundo según Naciones Unidas.

Estos son los principales actores y lógicas del conflicto que arrasa el país y algunas claves para explicarlo.

En abril de 2019, tras meses de protestas populares contra el largo gobierno autoritario de Omar al-Bashir, el ejército, liderado por el teniente-general Abdel Fattah al-Burhan, depuso al dictador y estableció un Consejo Militar Transitorio. Posteriormente, se creó un Consejo Soberano compuesto de miembros civiles y militares con el objetivo de organizar unos comicios para la elección de un nuevo gobierno.

Un nuevo golpe militar en octubre de 2021 puso en cuestión la participación civil en el Consejo, que se convirtió en plenamente militar cuando el primer ministro Abdalla Hamdok lo abandonó en 2022. Estas maniobras no dejaron de tener una fuerte contestación social en las calles, duramente reprimida.

En abril de 2023 estalló un cruento conflicto por el control del país entre antiguos aliados: el ejército regular (Fuerzas Armadas de Sudán-SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) dirigidas por el general Mohamed Hamdan Dagalo Hemetti. Las RSF son los herederos de la milicia paramilitar janjaweed creada por al-Bashir durante la guerra de Darfur (2003-2020), que luchó junto al ejército contra el Movimiento de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad.

Ambos grupos, apoyados por otras milicias locales, tratan de mantener estructuras estatales en los territorios que controlan: las SAF en la parte oriental desde Puerto Sudán y las RSF en la parte occidental. Al mismo tiempo, tanto las RSF como las SAF son responsables de masacres contra población civil considerada hostil sobre bases étnicas, como es el caso de aquellos no identificados como árabes en las regiones de Darfur y Kurdufán.

La última de dichas matanzas, calificada de genocida, ha tenido lugar durante el asedio y ocupación de la ciudad de El-Fasher por las RSF, donde se calcula que han sido asesinados o desaparecidos decenas de miles de civiles.

La guerra ha conformado parte de la historia política de la región desde la independencia de Sudán en 1956. La primera guerra civil sudanesa (1955-1972) ya se planteaba en torno a la independencia del sur del país, que se reprodujo entre 1985 y 2005 y propició la independencia de Sudán del Sur en 2011.

Dos años más tarde estalló otra guerra en Darfur, en la que se enfrentaron milicias surgidas de poblaciones agrícolas con las milicias janjaweed, procedentes de poblaciones mayoritariamente ganaderas y apoyadas por el mismo Gobierno sudanés.

Una de las claves de estos conflictos ha sido la integración forzosa de diferentes poblaciones y regiones en un orden profundamente jerárquico y desigual. El predominio de la élite arabizada de la capital, Jartum, y la ausencia de políticas de redistribución del poder y la riqueza han generado profundos agravios, interpretados a menudo en clave étnica y aprovechados por élites alternativas.

La fragmentación y la segmentación alcanzan a los mismos grupos que ocupan el poder, como vemos actualmente. También en Sudán del Sur el movimiento independentista se fracturó muy pronto entre el Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) y una facción de este (SPLA In Opposition).

Un fenómeno que contribuye a la violencia de los conflictos sociales, aquí y en muchos otros lugares en África, es la existencia de milicias locales armadas de distinto perfil que participan en coaliciones complejas con las fuerzas del Gobierno o contra las mismas. Líderes políticos, en el Gobierno y en la oposición, alimentan a grupos armados paralelos a los ejércitos y las policías nacionales, formados por jóvenes que no encuentran proyectos vitales y económicos alternativos.

La extracción y comercialización de recursos naturales en mercados internacionales constituyen un elemento clave del mantenimiento de la guerra, aunque también se han visto muy afectadas por la misma. Las áreas de producción de petróleo están en la región atravesadas por la frontera con Sudán del Sur y se transporta a través de oleoductos hasta Puerto Sudán. El destino de este petróleo incluye Malasia, Italia, China, Singapur y Alemania.

El principal actor local beneficiario del petróleo es el Gobierno, junto con las grandes operadoras, que son de capital indio, chino, malasio y sudanés. Pero en el caso del oro, extraído a través de minería artesanal, no solo las SAF sino también las RSF se lucran con su venta, mayoritariamente hacia Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de la riqueza mineral e hidrocarburífera, el Índice de Desarrollo Humano de Sudán es de los más bajos del mundo, ocupando el puesto 176 de 193 países. Lejos de ser una paradoja, la abundancia de recursos que adquieren su valor a través de la exportación contribuye al desempoderamiento de la mayoría de la población y a la debilidad de los contratos sociales. A su vez, la pobreza proporciona un caldo de cultivo fructífero para los grupos armados en conflicto.

En Sudán se llevan a cabo proxy wars o guerras subsidiarias donde los contendientes de otros conflictos se enfrentan indirectamente apoyando a uno u otro de los bandos.

El Gobierno sudsudanés de SPLA parece estar apoyando a las RSF, que ha llegado a enfrentarse directamente con las milicias opositoras del SPLA-IO. Ello no ha impedido un acuerdo entre todas las partes para que el ejército de Sudán del Sur garantice la neutralidad del área petrolífera de Hegling.

El Gobierno de Etiopía también ha intervenido en el conflicto en Sudán financiando a las guerrillas contra el Gobierno, al que acusa de haber apoyado a las autoridades insurgentes en la guerra en la región etíope de Tigray (2020-2022).

El principal apoyo tanto diplomático como militar de las SAF de Sudán es el Gobierno de Egipto, que actualmente mantiene una tensión regional con el de Etiopía por la construcción de la Presa del Milenio en el curso alto del Nilo. Otros gobiernos de la región como los de Chad, República Centroafricana, el Ejército Nacional Libio, Kenia, Uganda y el ya mencionado de Etiopía, han facilitado la llegada de armas a las RSF e incluso tropas o entrenamiento militar.

Uno de los actores externos más relevantes son los Emiratos Árabes Unidos, que importan la mayor parte del oro sudanés y son el principal proveedor de armas al RSF. Por su parte, Irán, Catar, Arabia Saudí y Turquía se han posicionado a favor del Gobierno sudanés, aunque estos dos últimos de manera menos explícita, y tratando de convertirse también en facilitadores de un posible acuerdo de paz.

Por último, las grandes potencias están presentes en el conflicto de Sudán con posicionamientos menos unívocos. Mientras Putin apoya oficialmente a Puerto Sudán, también lo hace a grupos alineados con RSF en las zonas de producción de oro. Por su parte, Ucrania también apoya a las SAF en su conflicto con estos grupos. La misma paradoja se da con China, que al tiempo en que se manifiesta a favor del Gobierno sudanés, produce las armas que llegan a las RSF.

Washington ha intentado jugar un papel relevante en los intentos de acabar con el conflicto liderando la iniciativa Quad, planteada en septiembre de 2025 por Estados Unidos, Arabia Saudí, Egipto y Emiratos Árabes Unidos con una ruta para la paz sin mayores efectos. Lo que sí está teniendo consecuencias devastadoras para millones de refugiados es la drástica reducción de ayuda humanitaria realizada por la administración Trump.

Las causas y dinámicas del conflicto en Sudán son complejas, y no se derivan directamente de las estrategias y enfrentamientos entre las grandes o medianas potencias. Pero actores tanto locales como extranjeros tratan de sacar provecho de una situación donde millones de personas sufren violaciones sistemáticas de sus derechos. Los múltiples actores internos y externos dificultan enormemente el éxito de las propuestas de acuerdo.

El contexto belicista internacional, en el que están reduciendo su poder las instituciones de seguridad colectiva y se cuestionan principios básicos de derecho internacional en torno a la soberanía y los derechos humanos, contribuye de manera decisiva al mantenimiento de conflictos devastadores.

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Alicia Campos Serrano es profesora titular de Estudios Africanos y Antropología de las Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Madrid. Este artículo se publicó originalmente en The Conversation. Lea el original aquí.

Más de 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un ataque al Hospital Materno Saudí de Al Fasher, la ciudad del norte de Darfur (Sudán) tomada por las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) el pasado fin de semana, denunció este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS), según ha informado EFE.

El director general de la agencia sanitaria de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló en su cuenta oficial en X que la organización está "horrorizada y profundamente conmocionada" por estas muertes, que se producen después de que se denunciaran en el lugar otros ataques y detenciones de trabajadores sanitarios.

En los dos años y medio de conflicto entre el Ejército y las FAR, la OMS ha verificado al menos 185 ataques contra la red sanitaria sudanesa, con 1.204 muertos y 416 heridos, incluyendo pacientes y trabajadores sanitarios.

Estos ataques "deben detenerse de forma inmediata e incondicional, y todos los pacientes, trabajadores de la salud e instalaciones sanitarias deben ser protegidos por el derecho internacional humanitario", subrayó Tedros en X.

Ya el lunes, un día después de que las FAR anunciaran la toma de Al Fasher tras año y medio de asedio, Naciones Unidas denunció que las fuerzas paramilitares estaban perpetrando ejecuciones sumarias de civiles que intentaban huir de la ciudad.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos señaló que muchas de esas ejecuciones podrían tener motivación étnica.

Los intensos bombardeos a la ciudad del 22 al 26 de octubre, que concluyeron con la rendición de la sexta división de infantería del ejército sudanés, también causaron la muerte de numerosos civiles, entre ellos trabajadores humanitarios voluntarios, según Naciones Unidas.

Un deslizamiento de tierra provocado por fuertes lluvias sepultó el pasado domingo la aldea de Tarsin, en el oeste de Sudán, provocando la muerte de unas mil personas y dejando un solo superviviente, según informó este martes el Movimiento Ejército de Liberación de Sudán en un comunicado y recoge EFE.

"Seguimos con profunda tristeza y preocupación los trágicos sucesos que afectaron a los residentes de la aldea de Tarsin, a causa de los masivos y devastadores deslizamientos de tierra que azotaron la aldea, ubicada en medio de Jebel Marra, en el distrito de Amo", indicó en el texto el grupo liderado por Abdelwahid Mohamed Nour.

Según las primeras informaciones la totalidad de los aldeanos, unas mil personas entre las cuales se cuentan "hombres, mujeres y niños", murieron por el deslizamiento de tierra que ocurrió el domingo y solo una persona logró sobrevivir.

El Movimiento Ejército de Liberación de Sudán resaltó que la aldea de Tarsin quedó "completamente arrasada", por lo que hizo un llamado a las Naciones Unidas para brindar apoyo en la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros.

Sudán está inmersa en una guerra entre el ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) en el estado de Darfur del Norte, lo que ha obligado al desplazamiento forzado de personas que buscan refugio en las montañas de Marra.

El Movimiento Ejército de Liberación es un grupo rebelde de Darfur que controla precisamente esa zona montañosa de Jebel Marra y que se ha mantenido neutral en los choques entre las FAR y el Ejército.

El pontificado de Francisco ha estado plagado de momentos únicos que se han convertido en símbolos y mensajes en sus poco más de doce años de magisterio, entre los que destacan el lugar elegido para su primer viaje, la isla italiana de Lampedusa, o su oración en una vacía plaza de San Pedro durante la pandemia.

Estos son los diez momentos más destacados:

1.—El lavatorio de los píes en las cárceles— Ver a un papa arrodillado lavando los pies a jóvenes reclusos el Jueves Santo del 28 de marzo de 2013, entre ellos dos mujeres, una musulmana serbia y una católica italiana, en la capilla del centro penitenciario para menores de Casal del Marmo en Roma, fue el primer gesto que hizo pensar que Francisco era un papa con un estilo diferente.

2.—Viaje a Lampedusa— Francisco eligió un lugar inesperado para su primer viaje: la isla de Lampedusa, en Sicilia, la más cercana a las costas africanas y considerada la puerta de Europa para los migrantes en busca de un futuro. Era el 8 de julio de 2013, y desde allí lanzó su mensaje sobre la "globalización de la indiferencia" que le llevaría a denunciar a lo largo de los años en numerosas ocasiones la indiferencia hacia el que viene de lejos.

3.—La revolucionaria encíclica "Laudato si"— El 24 de mayo de 2015, el papa publicó su segunda y revolucionaria encíclica: Era "Laudato si', sobre el cuidado de la casa común", donde por primera vez un papa hablaba de manera extensiva y como tema del que se tiene que ocupar la Iglesia de la defensa del medioambiente y del cambio climático. Se ha convertido en un manifiesto ecologista para el mundo.

4.—La reunión histórica con Cirilo— El 12 de febrero de 2016, el papa Francisco hacía escala en Cuba antes de su visita a México para encontrar en el aeropuerto de La Habana al patriarca ortodoxo ruso Cirilo. Fue la primera reunión de los líderes de las dos Iglesias tras el cisma de 1054 y después de ella, y con la guerra en Ucrania, ha quedado sólo en un recuerdo y en un intento, para algunos fallido, de acercamiento.

5.—El viaje a Chile— La visita del papa a Chile en enero de 2018 fue considerada la verdadera línea divisoria en el pontificado de Francisco y su lucha contra los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia. En Chile se vivió un auténtico rechazo a la visita por la mayor parte de sus habitantes debido a los escándalos de abusos, y la posición del papa en defensa del obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrimiento, endureció aún más las opiniones.

A su vuelta, encargó una histórica investigación, y en abril de 2018, el papa reconoció haber cometido "graves equivocaciones de valoración" en el caso de Barros, se reunió con las víctimas del sacerdote pederasta Fernando Karadima y convocó a todos los obispos chilenos para relevarlos de su cargo.

6.—La expulsión de McCarrick— El 18 de febrero de 2019 y tras una investigación, el excardenal estadounidense Theodore McCarrick fue sentenciado a dimitir del estado clerical por corrupción y abusos, unas acusaciones que salpicaron al papa Francisco, después de que Carlo Maria Viganò, exnuncio apostólico en Estados Unidos, le acusara de haberle encubierto. Viganó se convirtió en el cabecilla de un ala conservadora de la Iglesia contra Francisco.

7.—Besar los pies a los líderes de Sudán del Sur— En otro de los gestos de la diplomacia de Francisco, el 12 de abril de 2019, con el fin de alentar el proceso de paz, el papa se arrodilló y besó los pies de los líderes enfrentados en Sudán del Sur a quienes había reunido en el Vaticano.

8.—El rezo en una Plaza de San Pedro vacía en plena pandemia— El 28 de marzo de 2020, el papa llegaba en solitario a una plaza de San Pedro completamente vacía bajo una torrencial lluvia para rezar por el mundo que afrontaba la pandemia de covid-19 y asegurar que sólo se saldría de ella si todos remaban juntos.

9.—La mano sobre el féretro de Benedicto XVI— Con la poderosa imagen de Francisco posando sus manos sobre el féretro de su predecesor, Benedicto XVI, tras el funeral concluía la "época de los dos papas" y se abría una nueva fase del pontificado.

10.—Su viaje más duro y largo— Con casi 88 años, el papa emprendió el que sería uno de sus últimos viajes, del 2 al 13 de septiembre, 32.814 kilómetros, 44 horas de vuelo y cuatro países: Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur.

Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, Republica Democrática del Congo, Colombia… y así hasta 56 conflictos activos en el mundo. Son datos del último Índice de Paz Global que elabora anualmente el Institute for Economics & Peace (IEP). Su director, Michel Collins, apunta que el resultado que se observa de los estudios es un deterioro de la paz en la última década, sobre todo en los últimos cinco años. Es lo que hay frente a una polarización cada vez mayor de la sociedad. Y si tienen ustedes alguna duda, observen este país.

La violencia según el IEP tiene un coste personal y económico y hete aquí o aquí tienen la indecencia que arrojan los siguientes datos: en 2023 fueron 162.000 los muertos, la segunda cifra más alta de los últimos 30 años y probablemente en 2024 sea mucho mayor a causa de las barbaridades que se generan en Oriente próximo. El coste económico que generan tales atrocidades, fue de 17,5 billones de euros en 2023, o lo que viene siendo el 13,5% del PIB mundial. Este segundo dato no sé cómo adjetivarlo. En cualquier caso, habla por sí mismo. El tercer dato de este índice ofrece otro escalofriante e inmoral dato. Se estima en 95.000.0000 el número de desplazados o refugiados debido a estos conflictos; 16 países acogen cada uno a más de medio millón de personas que huyen de la guerra. Los muertos, siempre los ponen los mismos.

Hoy, o en el transcurso de la semana asistiremos con la retina impávida frente a los telediarios, a la que el mayor genocida del siglo XXI denomina como “Guerra de Resurrección”. Sus consecuencias son totalmente imprevisibles o previsibles. Vaya usted a saber.

Que Dios reparta suerte.

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Pako Marti es socio de infoLibre.

Massoud Zandi Goharrizi se codeó durante años con las familias más ricas de España. El financiero Alberto Cortina, Rafael del Pino (Ferrovial), la familia Martínez Berrocal, el empresario Javier Merino y el expresidente de Prisa Juan Luis Cebrián son sólo algunos de los primeros espadas con los que hizo –o intentó hacer– negocios. Entre sus contactos políticos, Felipe González, Rodrigo Rato, o los exministros Miguel Sebastián y Javier Gómez Navarro.

De origen iraní, tiene la nacionalidad española desde 1997 y acaparó titulares en 2016 cuando su nombre apareció en los Papeles de Panamá: el despacho Mossack Fonseca le había ayudado a montar un entramado de sociedades en paraísos fiscales como Seychelles y Samoa, a través de las cuales controlaba Star Petroleum, una empresa a caballo entre Luxemburgo y Madrid con la que Massoud Zandi intentó dar un pelotazo gracias a un yacimiento petrolífero en Sudán del Sur.

Pero muchos de los que se embarcaron en negocios con el hispanoiraní, un experto comisionista con domicilio en La Finca, la hiperlujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid), salieron escaldados. De modo que Massoud Zandi empezó a acumular demandas por estafa en los tribunales. Una de ellas, interpuesta por la familia Martínez Berrocal, ganaderos y antiguos propietarios de la empresa de autobuses La Sepulvedana, llevó al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid a emitir una orden internacional de búsqueda y captura en enero de 2022, que sigue viva, según confirman fuentes judiciales. La Interpol lo busca desde entonces, porque quien fue bautizado como “el conseguidor del Íbex” se encuentra, en teoría, en paradero desconocido.

O quizá no tanto. Mientras hacía negocios en España, aseguraba que su residencia fiscal era Dubái. De hecho, en septiembre de 2016, unos meses después de que su nombre saliera a la luz con los Papeles de Panamá, la Fiscalía le denunció por simular que no residía en España en 2010: como vivía en Dubái, ese ejercicio no había presentado la declaración a Hacienda. Al año siguiente, la denuncia se amplió a dos ejercicios fiscales más, hasta 2013. El ministerio público le acusaba de cometer tres delitos fiscales por importe de 126,48 millones de euros. El procedimiento sigue desde entonces paralizado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón, según explicó a infoLibre el abogado de Zandi, Luis Ugarte.

Si Interpol quiere localizar a Massoud Zandi, quizá debería buscar en el emirato. OCCRP ha encontrado a su nombre una vivienda de 338 metros cuadrados y cuatro habitaciones en World Trade Centre Residences, que fue adquirido en 2009 por 7,8 millones de dirhams, 1,96 millones de euros. El inmueble se encuentra embargado desde el pasado mes de enero por las autoridades de Dubái, pero no porque las autoridades dubaitíes hayan actuado contra un individuo buscado por la Interpol, sino por una deuda de 118.000 dirhams –29.722 euros–.

El de Zandi es uno de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.

Su abogado asegura que Zandi Goharrizi “siempre ha vivido en Dubái” y que “no pisa España desde hace ocho o nueve años”. Sólo con ocasión del nacimiento de su hijo, matiza después, volvió a territorio español, “porque allí, si tienes un hijo sin estar casado, puedes ir a la cárcel”. Precisamente su residencia fiscal es uno de los asuntos que se dirimen en la causa que Hacienda sigue contra el comisionista hispanoiraní. “Como no residía en España no tenía por qué presentar declaración aquí”, sostiene Luis Ugarte, quien carga las tintas sobre el modelo 720, la declaración de bienes y derechos en el extranjero que deben presentar los residentes fiscales en España y cuyo régimen sancionador fue anulado por el Tribunal de Justicia de la UE en enero de 2022. “Casi todo lo que le pide Hacienda, 105 millones, tiene relación con el 720”, añade.

Ese modelo, creado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en 2012, establece la obligación de declarar los bienes en el extranjero por valor superior a 50.000 euros. Su régimen sancionador fue modificado por el Gobierno para adecuarlo al dictamen del TJUE. En consonancia, las multas impuestas hasta entonces tuvieron que ser anuladas. Por eso, Luis Ugarte se muestra convencido de que Massoud Zandi ganará la demanda de Hacienda. Además, dice que el hispanoiraní “no tiene ni un euro”, pese a que, en su día, recuerda, llegó a alquilar “toda una planta en el hotel de la vela”, como se conoce al Burj Al Arab, el único de siete estrellas del mundo, para albergar a sus invitados. Una noche en una de sus suites puede costar 1.800 euros.

OCCRP ha hecho llegar a Massoud Zandi unas preguntas también sobre su residencia fiscal y sus problemas judiciales, sin obtener una respuesta.

Con dinero o sin él, el rastro judicial que Massoud Zandi dejó en España no es despreciable. Alberto Cortina, uno de los hombres más ricos de España, propietario del 50% de la Corporación Financiera Alcor, le demandó por estafa en un negocio fallido con otra de sus empresas, SP Mining, con domicilio fiscal en Singapur y propietaria de una licencia para explotar una mina en Chad. Le pedía 18 millones de euros, según publicó en su día El Confidencial. infoLibre ha preguntado al financiero por el estado actual del litigio, sin obtener una respuesta.

Otro financiero, Juan Pablo Rodríguez Castejón, que antes de trabajar en SP Mining lo hizo en Rothschild y después se asoció con Dimas Gimeno, el expresidente de El Corte Inglés, en la cadena de tiendas Wow, le demandó porque dejó de abonarle la nómina. Tampoco ha querido responder a este periódico sobre el resultado del pleito. Igualmente lo denunció en los juzgados de lo Social un buen número de trabajadores de sus empresas por impago de salarios.

Sus huellas en España también pueden seguirse a través de sus empresas. O lo que queda de ellas. La luxemburguesa Star Petroleum –en cuyo consejo de administración se sentó Juan Luis Cebrián– fue liquidada en 2018, mientras su homónima española ha figurado en la lista de morosos de Hacienda desde 2015, su primer año de publicación, hasta 2022, con una deuda que superaba el millón de euros. El negocio por el que prometía un beneficio de 5.000 millones de euros en Sudán del Sur, un país fallido en perpetua guerra civil, quedó en nada.

En 2019 Javier Merino, exsocio de Zandi, aún seguía litigando en la Audiencia Nacional para demostrar que la Star Petroleum española seguía activa. No lo consiguió. En realidad, no tenía actividad mercantil desde finales de 2008. Primero la Agencia Tributaria y después el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y la Audiencia Nacional confirmaron la liquidación de la sociedad y la declaración de responsabilidad subsidiaria por una deuda de 947.000 euros por impago de IVA.

Por lo que respecta a Golden Vending, otra de las empresas españolas de Zandi pero también con matriz en una sociedad del hispanoiraní en Luxemburgo, sigue activa. O al menos el pasado 20 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid falló a su favor en el recurso que interpuso contra un pago de 29.376 euros en concepto de impuesto de sociedades de 2016.

No tuvo tanta suerte cuando el mismo tribunal confirmó la legalidad del registro que la Agencia Tributaria llevó a cabo el 1 de junio de 2015 en las sedes sociales de las empresas citadas en este reportaje, así como en la oficina de Trade Petroleum, otra sociedad que había creado en Luxemburgo. Todas ellas estaban domiciliadas en el Paseo de la Castellana, 42, de Madrid, la misma dirección que facilita Massoud Zandi en el Registro de la Propiedad de Dubái para inscribir su vivienda en World Trade Residences. También fue registrada la mansión que era entonces su residencia en Madrid, situada en La Finca. Los jueces dictaminaron que la autorización para los registros fue “fundada”, “justificada” y “proporcional”.

Pero quien más arrepentido debió de terminar por su relación con Massoud Zandi fue el expresidente de Prisa, que demandó a El Confidencial en los tribunales por publicar con todo detalle su relación, empresarial y personal, con el hispanoiraní. Perdió en el juzgado en 2019 y en la Audiencia Provincial de Madrid, donde recurrió, un año más tarde. Cebrián llegó a poseer el 2% de la Star Petroleum luxemburguesa, mientras que su entonces esposa, Teresa Aranda, fue nombrada vicepresidenta de la Fundación Atman, creada y presidida por el propio Massoud Zandi en 2005. En su constitución también participaron Javier Merino y el asesor fiscal Joaquín de Arespacochaga, igualmente administrador de la Star Petroleum luxemburguesa. Su misión, según consta en sus estatutos, era “contribuir a la difusión de la cultura, de la paz entre los hombres y los pueblos del mundo, con especial hincapié en el diálogo entre las civilizaciones”. Fue disuelta en 2014.

Esta semana se cumple el primer aniversario del tercer conflicto civil de Sudán, una de las peores guerras que ha sufrido África desde hace décadas. El primer año de esta contienda deja más de 14.000 muertos y millones de desplazados en la región. Por si fuese poco, el Estado también sufre un bloqueo humanitario por parte de las fuerzas enfrentadas, en un país en el que 25 millones de personas necesitan de esta ayuda.

Sudán es un país que está ubicado al sur de Egipto y que, al igual que otros países del continente, sufrió en su momento una colonización por parte de Reino Unido. Esta se terminó en 1956, con la independencia del país, pero le siguieron numerosos conflictos civiles. 

El fenómeno colonizador influyó mucho en esos enfrentamientos y es que mientras los de Londres dirigían Sudán, favorecieron a los grupos árabe-musulmanes, dejando de lado al resto de pueblos étnicos locales. Tras la independencia, los grupos tradicionalmente favorecidos fueron los que subieron al poder en Jartum, la capital, mientras que el resto se vieron apartados. Esto fue el caldo de cultivo que acabaría ocasionando las dos guerras civiles sudanesas, que terminaron dando más autonomía al sur y más tarde la independencia, surgiendo así Sudán del Sur. 

Las tensiones todavía siguieron y acabarían por causar un golpe de Estado fallido en 2023 que acabó ocasionando la guerra entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dando lugar al sangriento conflicto que se vive hoy en día. 

La coordinadora general de Médicos Sin Fronteras (MSF), Jean Stowell, afirma que “la población sudanesa está sufriendo enormemente debido a los intensos combates” entre los que se incluirían bombardeos y operaciones terrestres en zonas residenciales (tanto urbanas como aldeas). 

Según la Organización Internacional de las Migraciones, organismo dependiente de la ONU, más de ocho millones de personas han tenido que escapar de sus casas, habiendo sido desplazadas de sus hogares en numerosas ocasiones. Los que no se marchan están condenados a un futuro extremadamente hostil y violento. Los miembros de Médicos Sin Fronteras explican cómo atienden de forma constante a mujeres, hombres y niños heridos por metralla, explosiones y balas. Desde el pasado abril, cuando estalló el conflicto, esta ONG ya ha atendido casi 23.000 casos de lesiones traumáticas y cerca de 5.000 operaciones.

Khartouma, una mujer originaria de Sudán, tuvo que salir de su casa hacia Chad para sobrevivir. “Cuando los enfrentamientos armados y los bombardeos se acercaron a mi pueblo, no tuve más remedio que marcharme. Huimos con un grupo de personas, pero algunas no llegaron”, explica. 

Durante su huida tuvieron que escapar a emboscadas y ataques, pero Khartouma cuenta la suerte que tuvo “sólo se llevaron nuestras pertenencias y no nuestras vidas.”. Lo que más le preocupa son los pequeños “La vida es muy dura aquí. Pero lo que más me preocupa son los niños. No puedo mantenerlos, ni siquiera encontrar zapatos”.

La vida de los sudaneses se ha vuelto muy dura a raíz del conflicto, Stowell explica cómo todos los días les llegan “pacientes que mueren por heridas relacionadas con la violencia, niños que perecen por desnutrición y falta de vacunas, mujeres con complicaciones tras partos inseguros” o numerosos caso de violencia sexual. En los seis primeros meses del conflicto cerca de 150 mujeres de las atendidas por MSF, denunciaron haber sufrido violaciones, siendo un 50% de ellas, violadas por varios agresores, que en un 90% de los casos portaban armas.

La limpieza étnica también es una cuestión extremadamente preocupante en la contienda, con unos 100 poblados abrasados por el fuego. Algo que también certificó MSF, en un episodio del pasado junio, cuando atendió de una tandada a 1.500 sudaneses con heridas de guerra.

Otro gran problema que agrava la crisis del país son los servicios sanitarios. Desde Médicos sin Fronteras explican que la asistencia médica se ve colapsada, afirmando que “sólo entre el 20% y el 30% de los centros de salud siguen funcionando en Sudán”. 

Esta situación se debe en parte a que el gobierno sudanés niega de forma sistemática los permisos que piden para que el personal y los suministros puedan cruzar el frente y llegar a los heridos. Los médicos que trabajan en Jartum reiteran que el mayor reto que enfrentan es la escasez de medicinas “nos hemos quedado sin material quirúrgico y estamos a punto de interrumpir todo el trabajo”.

En las zonas controladas por la oposición al gobierno, la dinámica es similar. Allí las instalaciones sanitarias son saqueadas con regularidad con la que se roban vehículos de los trabajadores médicos. 

Ozan Agbar, director de Operaciones de Emergencia de MSF en Sudán, explica cómo “la situación en Sudán ya era muy frágil antes de la guerra y ahora se ha vuelto catastrófica”. También habla de los peligros que conlleva mandar ayuda en la región, ya que en ocasiones los voluntarios de las organizaciones no regresan.

En un país que está sufriendo una de las peores crisis de desplazados del mundo, con varios millones de personas fuera de sus hogares y con la necesidad urgente de ayuda humanitaria de casi la mitad de su población, la respuesta está siendo sin duda, insuficiente. 

Khadija Mohammad Abakkar es uno de esos desplazados, que relata las tremendas dificultades de vivir sin ayuda humanitaria “durante los combates, en el campo no había acceso a atención sanitaria ni a alimentos”, situación que lo obligó a tener que vender todas sus pertenencias para poder comer.

A raíz de la dramática situación que vive Sudán, se celebró este lunes una conferencia internacional en París para recabar apoyos. Se esperaba recaudar unos 4.000 millones de dólares pero finalmente sólo se logró la mitad. En este sentido, organizaciones que trabajan sobre el terreno como Médicos Sin Fronteras, señalaron que el acuerdo se quedaba “muy corto”

Si no se quiere condenar por completo a la población sudanesa, es necesaria una mayor implicación de los organismo internacionales. Hay que aportar más recursos para que la asistencia humanitaria sea suficiente y Sudán pueda cerrar pronto este terrible capítulo de su historia y continuar en paz.

La representante del secretario general de Naciones Unidas para la Infancia y los Conflictos Armados, Virgina Gamba, ha advertido este martes sobre el "inminente" riesgo de hambruna al que se enfrentan los niños en la Franja de Gaza y en Sudán, donde sus respectivos conflictos armados han creado "consecuencias humanitarias desmesuradas y catastróficas", según informa Europa Press.

"De Gaza a Sudán, millones de niños atrapados en conflictos armados padecen hambre aguda. El acceso al agua, los alimentos y otras ayudas vitales para los niños no es solo una cuestión de supervivencia inmediata, sino también de salud y crecimiento sostenibles. Facilitar el acceso a la ayuda humanitaria no es una elección, es una obligación para todas las partes en un conflicto armado y también lo es la protección de los niños", ha expresado Gamba.

Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), uno de cada seis niños está gravemente desnutrido en Gaza, una cifra que llega roza los 14 millones en Sudán, de los que 730.000 niños están ya grave y gravemente desnutridos. En ese sentido, se ha quejado de las dificultades que tienen las diferentes organizaciones sobre el terreno para entregar ayuda humanitaria, y es que no solo se enfrentan a restricciones sino también a la violencia contra ellos.

"La ayuda humanitaria no está llegando al norte de Gaza a la escala necesaria para cubrir las necesidades catastróficas. Es urgente aumentar la entrega de suministros para satisfacer las necesidades humanitarias de los civiles, incluidos los niños, en Gaza", ha añadido.

Asimismo, ha recordado otros países que se enfrentan a graves crisis humanitarias, como Haití, Birmania o Afganistán. En este último país, además, existen severas restricciones que impiden a las mujeres trabajar para Naciones Unidas y para ONG, dificultando la prestación de servicios vitales y asistencia en la mayoría de los sectores.

"Hago un llamamiento a todas las partes para que protejan a los civiles y los bienes de carácter civil y faciliten el acceso seguro, rápido y sin trabas a todos los civiles que lo necesiten, respetando plenamente el Derecho Internacional Humanitario. Insto a las partes a que apliquen un alto el fuego humanitario inmediato. El futuro de los niños de Gaza, Sudán y otras situaciones terribles depende de ello", ha pedido Gamba.

Israel está usando el hambre como arma de guerra en la Franja de Gaza, donde un millón de personas se encuentran a las puertas de la catástrofe alimentaria, según los análisis de la ONU. Más de tres cuartas partes de su población, de 2,2 millones de habitantes, han sido forzados a abandonar sus casas desde que el territorio palestino fue invadido por las tropas israelíes en octubre de 2023. Gaza acapara el interés informativo y político mundial, pero no es el único lugar del planeta donde la población civil se ha convertido en objetivo militar y es atacada con armas muy distintas a los tanques y las bombas. De hecho, cuando la guerra llegó a la Franja, Sudán llevaba ya seis meses de cruento conflicto interno, que la ONU llega a calificar como “una de las peores pesadillas humanitarias de la historia reciente”.

En Sudán los desplazados se elevan a seis millones de personas, mientras que la hambruna amenaza a 18 millones, el 40% de la población. Las ciudades están siendo saqueadas, los hospitales y las escuelas destruidos, no hay corredores humanitarios, se suceden las masacres, las ejecuciones callejeras y las violaciones de mujeres.

Una de las armas empleadas para sembrar el terror y expulsar a los civiles de sus poblados es el fuego. Ambos bandos incendian pueblos enteros, algunos incluso más de una vez, en lo que constituye una nueva campaña de limpieza étnica y tiene también la consideración de crimen contra la humanidad. En algunos casos se ha utilizado la quema de poblados igualmente en las luchas que mantienen tribus árabes rivales. Entre el 15 de abril de 2023 y el 29 de febrero de este año, al menos 180 incendios han destruido 108 poblados en Sudán, sobre todo en la región de Darfur, según el análisis llevado a cabo por el proyecto Sudan Witness, del Centro para la Resiliencia de la Información (CIR).

Gracias al uso de imágenes de satélite, el sistema de información sobre incendios de la NASA y la geolocalización, los investigadores de Sudan Witness han podido verificar la información obtenida a partir de vídeos e imágenes difundidas en internet.

“Mediante análisis de fuentes abiertas, hemos documentado las pautas de numerosos incendios en Sudán y la devastación generalizada que causan. Desde que estalló el conflicto el pasado mes de abril, el fuego parece haberse convertido en un arma de guerra que ha provocado desplazamientos masivos”, explica Anouk Theunissen, jefa del equipo Sudan Witness.

Los incendios son obra, sobre todo, de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR, Rapid Support Forces en inglés) y sus milicias aliadas, pero también el ejército contribuye a la destrucción con sus bombardeos aéreos. Ambos bandos no sólo combaten entre sí, sino que, además, en el caso de las FAR, llevan a cabo una campaña de violencia étnica contra los masalit, que están huyendo hacia el oeste, al vecino Chad. Fuego, falta de alimentos y saqueos fuerzan a los miembros de esta etnia africana a huir de las milicias árabes y hacinarse en penosas condiciones en los cada vez mayores campos de refugiados de Chad, donde Médicos Sin Fronteras cifra en 550.000 el número de sudaneses. Según The New York Times, llegan a 2.000 por día.

La limpieza étnica reproduce la violencia contra los grupos no árabes perpetrada por la milicia Yanyauid hace 21 años en Darfur, cuando quemaron pueblos enteros y más de 300.000 personas fueron asesinadas, según las cifras de un informe del Parlamento británico y de la ONU. Fue bautizado como el “primer genocidio del siglo XXI”.

No sólo las milicias cometen crímenes de guerra. El ejército sudanés usa aviones en contra de su propia población. Hace apenas un mes, bombardearon el principal mercado de la ciudad de El Daein, la capital de Darfur oriental, matando a 10 personas. Los heridos se contaron por decenas y cientos de viviendas quedaron destruidas, según informó The Guardian. Sudan Witness ha verificado imágenes correspondientes a tres incendios diferentes, tanto en zonas residenciales como comerciales de El Daien, así como impactos de metralla en construcciones de ladrillo.

En la mayoría de los casos, no obstante, son las Fuerzas de Apoyo Rápido las responsables de los incendios. Es el caso del ocurrido en El Geneina en junio del año pasado, cuando los milicianos de las FAR saquearon la residencia del sultán de los masalit en esa localidad. Al mismo tiempo, ardieron edificios próximos y se encontraron cadáveres en las calles colindantes a la residencia. Los milicianos colgaron en las redes sociales vídeos delante de la casa, mientras proclamaban que allí ya no vivía ningún masalit, “sólo árabes”, y se veía detrás de ellos el humo de las casas próximas quemadas. Sólo cinco días después, más de un millar de personas fueron asesinadas en El Geneina por miembros de las FAR, que perseguían y disparaban a los no árabes por las calles.

Misterei, cuya población es en su mayoría masalit, sufrió incendios en mayo y en octubre del año pasado. Pese a que sus habitantes huyeron a Chad tras el primer ataque, en el segundo quedó arrasada más del 60% de su superficie, unos 3.750 metros cuadrados.

Lo mismo ocurrió en Kordofán del Sur, donde se repitieron los incendios en diciembre y luego el pasado febrero. También se quemaron los poblados vecinos de Al Takma, Habila y Jabal ad Dayr.

En Kubum y Mukjar, en Darfur del sur, los enfrentamientos entre dos tribus árabes rivales, Bani Halba y Al Salamat, terminaron en la quema de varias aldeas. Los incendiarios son milicianos con uniformes de las FAR, que hacen alarde de sus ataques en múltiples vídeos. Pero que compartan uniforme no significa que no se maten en ellos. Para distinguirse utilizan cintas de colores que añaden a sus ropas: el blanco identifica a los milicianos de Bani Halba y el azul a los de Al Salamat. El 8 de agosto murieron 30 personas en Kubum en combates entre ambas tribus. Una semana más tarde, los incedios los sufrieron miembros de Al Salamat en los poblados de Buro y Awstani. El 7 de septiembre, Markundi fue atacada a sangre y fuego por los Al Salamat. Diez días más tarde, los Al Salamat volvieron a incendiar Kubum, el mercado y los tukuls, las casas de planta redonda que se construyen con barro, paja o madera en la mayor parte de África.

El dictador Omar Al Bashir, que llegó al poder tras dar un golpe de Estado en 1989, fue el adalid de la islamización de Sudán y se apoyó en las milicias Yanyauid en su lucha contra el Ejército de Liberación Sudanés, levantado en armas contra el Gobierno en 2003. Las masacres y violaciones de derechos humanos cometidas entonces llevaron a la Corte Penal Internacional a ordenar su captura por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad.

Cuando cayó Al Bashir en 2019, tras una ola de protestas populares, el gobierno de transición, que prometía democracia y fue reconocido internacionalmente, duró poco al ser derrocado por una junta militar en la que compartían poder el general Abdel Fatah Al Burhan y el líder de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedti. La alianza se rompió porque los dos cabecillas discrepaban en el plazo de tiempo necesario para dejar el gobierno en manos civiles y en cómo deberían integrarse las FAR en el Ejército regular. El pasado abril estalló de nuevo la guerra civil. Hemedti cuenta con el apoyo de los mercenarios de Wagner y el respaldo financiero y logístico de Emiratos Árabes Unidos, según publicó The New York Times el pasado septiembre. Tanto los rusos como los jeques ansían el oro de los yacimientos sudaneses.

El país lleva casi un año de guerra y de catástrofe humana que no tiene visos de acabar ante la indiferencia internacional. Los esfuerzos diplomáticos se multiplican en Ucrania e Israel, entre denuncias por los ataques a la población civil. El pasado 17 de enero, los aviones del ejército sudanés atacaron Zurug, la principal base de las FAR en Darfur del norte. Los destrozos en la zona eran evidentes: cráteres, edificios convertidos en escombros y viviendas incendiadas, según pudo constatar Sudan Witness. Munición pesada había impactado en la zona residencial de Zurug. El ejército sudanés, como el israelí en Gaza, justifica sus ataques con el argumento de que los milicianos de la FAR se esconden entre la población civil. “En un momento en que los periodistas tienen acceso limitado a Sudán”, destaca Anouk Theunissen, “las fuentes abiertas desempeñan un papel fundamental para mostrar al mundo lo que está sucediendo- y para garantizar la existencia de un archivo de datos verificados que sirva de apoyo a los esfuerzos de justicia y rendición de cuentas en el futuro”.