Pedro Sánchez quiere demostrar que tiene la iniciativa. El lunes por la mañana lo hizo presentando las grandes líneas del pacto de Estado para la emergencia climática —que anunció en plena ola de incendios— y este martes dará continuidad a esta estrategia en un Consejo de Ministros en el que está previsto aprobar las quitas de deuda que, si ellas quieren, beneficiarán a todas las comunidades autónomas del régimen común. En medio de esas dos citas, una entrevista en horario de máxima audiencia en RTVE —emitida a través de todos sus canales y de sus emisoras de radio—, en la que sostuvo con rotundidad que no existe corrupción en el PSOE, acusó a determinados jueces de hacer política y desligó el futuro de su Gobierno de cualquier decisión judicial que pueda producirse en el futuro.

Interrogado por la periodista Pepa Bueno, exdirectora de El País y nueva presentadora de la segunda edición del Telediario en La 1 de TVE, volvió a asegurar que no supo nada de las supuestas actividades ilegales de José Luis Ábalos y Santos Cerdán. “No tenía ninguna información objetiva de que pudieran estar cometiendo supuestos actos de corrupción. Tengo que decirle a la ciudadanía que este Gobierno, y yo como secretario general del Partido Socialista, no he tolerado en ningún momento ningún caso de corrupción. Ninguno”.

El presidente volvió a asegurar que da por cerrada su responsabilidad destituyendo y poniendo distancia con los investigados, pese a que no existe todavía sentencia judicial alguna, colaborando con la justicia y con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a diferencia de lo que hacía el PP, y poniendo en marcha propuestas de regeneración democrática y de mejora de los controles para evitar esos casos de corrupción.

Por primera vez, sostuvo con contundencia que “por supuesto que no hay corrupción en el PSOE. No hay financiación irregular del Partido Socialista, no la hay. Soy absolutamente incompatible con cualquier forma de corrupción”, subrayó.

¿Por qué no dimitió? “Mi responsabilidad no es abandonar el barco. Es tomar decisiones, por duras que sean, desde el plano político, desde el plano de la organización, y por supuesto ofrecer al país una agenda de mejora de la calidad democrática, que es lo que está haciendo este Gobierno”, explicó.

Sánchez defendió que el fiscal general no dimita, pese a haber sido procesado, con el argumento de que “es inocente. Creo en su inocencia”. Y cuando Bueno le recordó que son los jueces los que deciden eso, añadió: “Por supuesto, pero en todo caso me podrá dar a mí el beneficio de confiar en una persona como Álvaro Ortiz, el fiscal general del Estado”.

“Siempre voy a estar con aquellos fiscales y jueces que luchan contra la corrupción, que persigan al delincuente”, prosiguió el presidente. “Pero no en un caso que a mí me parece que falta consistencia en cuanto a la carga probatoria para abrir un juicio oral”.

En relación con su hermano y su esposa, sometidos también a sendas imputaciones judiciales, acudió al mismo argumento. “Por supuesto que defiendo su honestidad y su inocencia. Lo voy a defender siempre. Porque es la verdad”.

Aun pensando que “la inmensa mayoría de jueces y fiscales de nuestro país hacen bien su trabajo y cumplen con la ley”, añadió: “Con la misma rotundidad digo que hay jueces que no. Estos son casos palmarios de que eso no es así. De que hay un problema de desempeño, de instrucción, de pena del telediario que al final están pagando dos personas por el mero hecho de ser familiares míos”, se quejó.

“Hay jueces haciendo política y hay políticos que tratan de hacer justicia”, sentenció en una nueva respuesta. “Sin duda alguna. Afortunadamente, es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia y al Poder Judicial”.

En todo caso, insistió en asegurar que “la corrupción sistemática acabó con la moción de censura en el año 2018. He pedido perdón, estoy dispuesto a aprender, a reconocer también mis errores, pero lo que no voy a hacer es aceptar lecciones de organizaciones políticas (en referencia al PP) que no asumen esa responsabilidad, que tienen más de 30 causas abiertas y que tienen a más de 100 personas siendo investigadas por casos de corrupción muy graves”.

“¿Su Gobierno, la continuidad de su Ejecutivo, depende más de los tribunales en este momento que de su acción de Gobierno?”, le preguntó la periodista. “De la acción de Gobierno. Sin duda alguna”, respondió Sánchez, desvinculando el futuro de su Ejecutivo de cualquier decisión judicial.

Preguntado acerca de lo que no funcionó durante los incendios, Sánchez recordó que ya sabemos “lo que no funciona. No funciona la deslealtad institucional, la precariedad de los trabajadores de las comunidades autónomas que están combatiendo contra el fuego, los recortes, ni la privatización ni el debilitamiento de las políticas públicas”. Hay recursos, defendió, y evidencias científicas. “Lo que falta es voluntad política por parte de determinadas administraciones territoriales para trabajar todos a una”, precisó, culpando a las comunidades autónomas del PP.

Sánchez pidió unidad para sacar adelante su propuesta de un pacto de Estado para la emergencia climática, pero al mismo tiempo calificó de “enorme error” ver a dirigentes políticos, a través de instituciones y partidos políticos —de nuevo en alusión directa al PP—, “no hacer ni una mínima referencia a la emergencia climática”.

Defendió también la quita de deuda que aprobará este martes el Consejo de Ministros, no solo en cumplimiento de sus compromisos con Esquerra, sino porque dará “margen fiscal a las comunidades autónomas para que hagan políticas sociales, porque dejarán de pagar intereses de la deuda y, por tanto, podrán destinarlo a educación, a becas, a sanidad, a dependencia, a servicios sociales, a políticas de vivienda”.

Es una decisión asumible, recalcó, gracias a la buena gestión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que se va a llevar a cabo al mismo tiempo que se reducen la deuda del Estado y el déficit público.

El presidente reafirmó también que su Gobierno presentará un proyecto de presupuestos al Congreso por primera vez en lo que va de legislatura. Y esta vez reveló que no anticipará elecciones si no consigue sacarlos adelante como él mismo exigió en 2017 a Mariano Rajoy.

“Voy a presentar los presupuestos, pero también le digo una cosa. Y quiero ser muy claro con los grupos parlamentarios. Los Presupuestos Generales del Estado son un instrumento, no son un fin en sí mismo. El fin es crecer, crear empleo, como lo está haciendo la economía española. Reducir la desigualdad y hacer la agenda de transformaciones económicas. Poder vehicular y gestionar los fondos europeos, que acaban el 31 de diciembre del año 2026”. Y no tiene intención de renunciar a este fin si no logra sacar adelante “el instrumento” que, según él, es la ley de presupuestos.

“Vamos a presentar los presupuestos, vamos a pelear para aprobar esos presupuestos en las Cortes Generales” y, si no logra que salgan adelante, seguirá gobernando con los presupuestos que tiene. “Tengo unos presupuestos que me permiten cumplir con los dos principales objetivos que antes le he dicho: hacer frente a mi agenda social, a la agenda social del Gobierno de coalición progresista, y también el poder vehicular todos los fondos europeos que tenemos de aquí al año 2026”.

Convocar elecciones, aseguró, supondría “meter al país en una parálisis: dos meses de campaña, más luego el debate de investidura. Y mientras tanto, perdiendo la gran oportunidad de transformar nuestro país con esos fondos europeos”.

“Voy a ofrecer ese acuerdo de unos nuevos Presupuestos Generales”, pero si no salen, concluyó, “tenemos todas las herramientas para poder cumplir con nuestros objetivos”.

Derogar las "leyes sanchistas" y "estar preparados" para las elecciones. Esos han sido los dos principales mensajes que ha querido lanzar el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ante el Comité Ejecutivo Nacional reunido en Génova este lunes en el que ha realizado su balance del ecuador de la legislatura. El Partido Popular cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no logrará aprobar los Presupuestos —el socialista se ha comprometido este lunes a presentarlos— y pidió a los suyos que "activen el modo electoral" ante la esperanza de que esos comicios se celebren pronto. "Estaremos preparados, sean cuando sean".

Además, Feijóo anunció que en septiembre el PP tendrá preparado un listado de leyes aprobadas por el Gobierno de Sánchez en los últimos siete años que derogará si llega al poder —tal y como contó infoLibre— como la ley de vivienda, la de amnistía o la de memoria, junto a otro listado de leyes "a sustituir": "Toca hacer una limpieza total. Y la haremos", aseguró. Desde la celebración del congreso del PP, Feijóo ha buscado presentarse ante la opinión pública como el próximo presidente del Gobierno auspiciado por las encuestas, consciente de que será su última oportunidad —como el mismo remarcó—. Pero en lugar de desgranar pormenorizadamente sus propuestas, ya que este lunes solo dio alguna pincelada, marcó su prioridad en "derogar el sanchismo".

El conservador también dejó claro que mantendrá su estrategia de acoso y derribo contra Sánchez y no le apoyará en ninguna votación —comparta el fondo de la iniciativa o no—: "Van a tener una oposición a su medida. Este Gobierno no está en condiciones de ser ayudado por el primer partido de España, solo puede ser vigilado en el Parlamento y será derrotado en las urnas. No vamos a callar ante sus atropellos ni a picar en sus anzuelos". Un planteamiento que contrasta con su disposición a alcanzar pactos de Estado con el Ejecutivo de Sánchez cuando llegó al cargo, hace ya más de tres años. Entonces, también se comprometió a "sacar la política española del enfrentamiento" y a no participar del "entretenimiento infantil" de la política española.

Feijóo confirmó muy pronto que, pese a sus declaraciones, no se mudó a Madrid para rebajar los decibelios de su antecesor, Pablo Casado, sino para profundizar en el ruido y el combate feroz. El líder del PP ha llegado a cruzar, incluso, líneas rojas, al incluir acusaciones infundadas dirigidas a personas fallecidas al sugerir sin pruebas que Pedro Sánchez habría sido beneficiado por negocios de prostitución vinculados a su suegro fallecido, como hizo en el pleno de junio. Génova ha entrado de lleno en esta estrategia a pesar de reconocer que la única información a su disposición sobre este asunto la ha leído en los periódicos, en referencia a los medios ultras que, hasta que el conservador lo lanzó en el hemiciclo, eran los únicos que se referían a dicha cuestión.

En este último año el líder del PP, también ha participado en una estrategia de deslegitimación del Gobierno, cuestionando todas las instituciones que no controla: desde el Congreso —al sostener que está “secuestrado” por la presidenta Francina Armengol— pasando por el Tribunal Constitucional —al que acusan de “trabajar” para Sánchez por avalar la amnistía— hasta Correos —al poner en duda el funcionamiento del voto por correo tras el caso Leire—. El objetivo de Feijóo es erigirse como el partido de referencia anti Sánchez y evitar que formaciones como Vox crezcan para capitalizar ese "descontento". Así también se explican los intentos hacer suyas algunas banderas de los ultras empezando por la bandera antiinmigración, al vincular inmigración con delincuencia y después que la semana pasada propusiera facilitar la expulsión de los inmigrantes con residencia legal en España que delincan.

Uno de los fichajes clave del PP en esta nueva etapa es el del periodista Rafael Núñez Huesca, que trabajará a las órdenes de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra. Núñez será el coordinador de las políticas de inmigración —un asunto en el que Feijóo pidió a los suyos que fueran más contundentes— y fue el creador de la marca Vox en el año 2014. El periodista fue uno de los colaboradores más estrechos de Santiago Abascal en la fundación Denaes y actualmente forma parte del equipo de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, donde ejerce como portavoz adjunto del PP en la Asamblea de Madrid.

El líder del PP también sostuvo que "el Gobierno de los Koldos, las Leires y las Jessicas" está "inhabilitado" para "decidir sobre el acceso al empleo público en nuestro país" para "decidir las reformas de regeneración" y "para impulsar medidas en nombre de las mujeres". "No olvidemos nunca que fue Sánchez quien le dio galones y acceso al dinero público a una manada de sinvergüenzas de los que no se separó ni para alcanzar el poder ni para ejercitarlo", señaló. El conservador, sin embargo, evitó citar el caso Montoro que ha pillado completamente desprevenida a la actual dirección del PP y que no solo afecta al exministro de Hacienda de Mariano Rajoy y de José María Aznar, sino también a gran parte de su equipo en el Ministerio de Hacienda.

En un primer momento la dirección nacional del PP lo trató de minimizar asegurando que no era, ni mucho menos, tan grave como el caso Cerdán. Ahora Feijóo busca presentarse como el aladid de la transparencia: "Nosotros respetamos a la justicia para que actúe ante quien sea necesario. No nos dedicamos a señalar jueces o a intentar eliminar la separación de poderes", dijo. Pero su legado le salpica directamente, no solo por el error cometido en el congreso celebrado hace tres semanas, en el que abrazó su herencia y la de José María Aznar, sino por la decisión de incorporar a la dirección del partido a Alberto Nadal como responsable del área económica del partido, porque, aunque no haya sido imputado, fue uno de los más fieles colaboradores de Montoro entre 2016 y 2018.

El líder del PP también obvió de su discurso los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a la Unión Europea —que Sánchez asegura que respalda "sin entusiasmo"— y la situación de hambruna que viven los habitantes de Gaza por la ofensiva del Gobierno de Israel. Se trata de dos cuestiones que generan incomodidad a Feijóo, ya que para él la política exterior es un arma de guerra interna. Nunca ha tenido un perfil internacional —tampoco domina el inglés— y prefiere refugiarse en una calculada ambigüedad con lo que respecta a Donald Trump, con el que evitan confrontar, y también a la situación en Palestina. Es más, en este último caso no son pocas las veces que el PP ha defendido al Gobierno de Benjamín Netanyahu apelando a su "derecho" a defenderse.

Feijóo tampoco mencionó directamente a Vox, pero sí que incluyó una alusión velada a la formación de Santiago Abascal al asegurar que alimentan la "estrategia de confrontación" junto al Gobierno al "negar" los problemas que sufre la ciudadanía. "Esa negación da alas a quienes quieren hacer la justicia por su cuenta y a quienes aprovechan la ausencia del Estado para alimentar el odio. A mí no me van a encontrar nunca en la irresponsabilidad de unos ni de otros", lanzó. Tras el congreso, el líder del PP se comprometió a gobernar en solitario si la derecha suma en las próximas elecciones generales, excluyendo a Vox de ese futuro Ejecutivo.

En este último año, tras la ruptura que Abascal forzó en los gobiernos autonómicos, el líder de Vox ha incrementado la presión hacia el líder del PP. Ambas partes aseguran que mantienen una "sintonía personal" que no se aplica en el plano político. Desde el entorno del líder ultraderechista sostienen que el PP está "anticuado" y que no tiene una posición "consistente" porque continuamente está "dando bandazos" y queriendo "copiar a Vox". En ese sentido, la razón de ser de Vox es forzar al PP a radicalizar sus posiciones. Y lo están consiguiendo, tal y como se ha visto en los acuerdos presupuestarios de la Comunitat Valenciana, Murcia y Baleares.

El principal logro de la extrema derecha ha sido desplazar el marco ideológico del PP en materias como la migración, el cambio climático, la vivienda, el maltrato animal, la ley trans o la propia relación con los ultras. Un giro que ha quedado plasmado en la ponencia ideológica del partido. En Madrid, Feijóo ha comprobado de primera mano las dificultades de plantear una hoja de ruta independiente de lo que haga Vox, presionado a su vez por el ala dura de su partido. Y sabe que los necesitará tarde o temprano.