El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, superó este miércoles la moción de censura presentada por la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) por la postura considerada tibia del Ejecutivo francés en contra del tratado entre la UE y Mercosur.

Apenas 256 diputados, de los 288 necesarios, votaron la moción de censura contra el Ejecutivo, que todavía tiene pendiente otra, esta vez de la extrema derecha, que tiene menos posibilidades de progresar, puesto que no contará con el respaldo de LFI.

Los dos principales grupos de oposición habían presentado estas mociones de censura al considerar que el Ejecutivo francés y su presidente, Emmanuel Macron, no habían hecho todo lo posible por frenar el acuerdo con Mercosur, que cuenta con el rechazo unánime de los grupos políticos franceses y una fuerte oposición de los agricultores, expresada en manifestaciones callejeras.

Pero estas iniciativas contaban con pocas opciones de progresar al no tener el apoyo de los socialistas y de la derecha moderada, que se unieron a la coalición 'macronista' para mantener al Ejecutivo. Lecornu gana así tiempo y sale algo reforzado al mostrar que existe una mayoría en la cámara baja sobre la que puede ir apoyando su acción, sobre todo, la búsqueda de un presupuesto para 2026, su prioridad legislativa.

Aunque este punto parece todavía complicado por las grandes diferencias entre los diferentes grupos políticos, tanto entre socialistas y conservadores como dentro de la coalición 'macronista'. El primer ministro acusó a la oposición de presentar estas mociones de censura para retrasar los debates sobre el presupuesto y les dijo que lo hacían basándose "en la calumnia".

"La posición de Francia es el rechazo total a la firma del tratado", reiteró Lecornu, que pidió no engañar a los agricultores que temen por el futuro de sus explotaciones si sale adelante el acuerdo con Mercosur. Frente a los que le acusaron de no haber usado todo el peso de Francia en la UE para frenar un tratado que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, tiene previsto ratificar la semana próxima, Lecornu aseguró que la pelota está ahora en el tejado del Parlamento Europeo.

Por ello, pidió "unidad" de los diferentes grupos para que esa cámara presente un recurso en el Tribunal de Justicia de la UE, el único que puede paralizar la entrada en vigor del tratado. "Solo lo detendría un recurso del Parlamento Europeo. No les hagan creer a los agricultores cosas falsas", dijo el primer ministro.

Además, alertó del riesgo de inestabilidad que suponen los ataques permanentes al Gobierno en el actual complejo contexto internacional: "Votar una moción de censura en este momento tendría un impacto que pagaría el pueblo francés", aseguró.

La portavoz de La Francia Insumisa, Mathilde Panot, acusó al Gobierno de "capitular ante Ursula von der Leyen" y denunció el arresto de varios agricultores en las protestas en lo que consideró "una represión sin piedad para defender los intereses del dinero".

La diputada ultraderechista Hélène Laporte, por su parte, acusó a Macron de mantener "una posición contradictoria" y de no utilizar todos los instrumentos a su alcance para bloquear el acuerdo con Mercosur, incluida su posición de segundo contribuyente al presupuesto de la UE.

Los diputados franceses aprobaron este martes por unanimidad la ley especial presentada el lunes por el Gobierno y que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026. Como era esperado, el proyecto gubernamental salió adelante con un quórum pocas veces visto en el actual hemiciclo: 496 votos a favor y ninguno en contra.

Para que esta ley especial, que en la práctica es una prórroga parcial de los Presupuestos de 2025, entre en vigor, hará falta la validación del Senado, que se pronunciará la tarde del martes.

Considerado por el Ejecutivo de Sébastien Lecornu como una solución provisional mientras negocia con la oposición las cuentas de 2026, esta ley transitoria permite al Estado recoger impuestos, traspasar fondos a las entidades locales y regionales y gestionar la deuda pública.

Según las cuentas del Gobierno, la prolongación de los presupuestos es la solución menos mala, pues tendrá un coste mínimo de 12.000 millones de euros, que puede agravarse si la prórroga se alarga. Por ello, el principal desafío de Lecornu será en enero, cuando tenga que negociar de nuevo con los grupos políticos de la Asamblea Nacional más fragmentada que se recuerda. "Este es un paliativo, un esparadrapo, nos da algunas semanas suplementarias para negociar" con los grupos de la oposición en el Parlamento, manifestó la portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha urgido a su primer ministro para que se dote al país de un Presupuesto en 2026 durante enero, en el que se contemplaría con un déficit del 5% del PIB para el próximo año.

Una vez sea validada la tarde-noche del martes por el Senado, la ley especial entrará en vigor y será cuando Lecornu realice una corta alocución al país sobre la importancia de contar con unos Presupuestos en 2026. 

El Gobierno francés aprobó este lunes un proyecto de ley especial que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026 mientras el Ejecutivo intenta negociarlo con la oposición parlamentaria antes del final de enero, informa EFE.

"Este es un paliativo, un esparadrapo, nos da algunas semanas suplementarias para negociar" con los grupos de la oposición en el Parlamento, manifestó la portavoz del Ejecutivo francés, Maud Bregeon.

Tras el Consejo de Ministros Extraordinario que aprobó la medida, Bregeon explicó que el presidente francés, Emmanuel Macron, juzgó que esta solución provisional de un ley especial "no es satisfactoria" y urgió al Gobierno a aprobar "lo más rápidamente posible, en enero" unos presupuestos estatales que incluya un déficit del 5% del PIB.

Para su adopción, este proyecto de ley tendrá que ser debatido y votado mañana en el Parlamento, en el que el Ejecutivo tiene una mayoría muy relativa. En una rueda de prensa en la que estuvieron también presentes el ministro de Economía y la de Hacienda, Roland Lescure y Amélie de Montchalin, respectivamente, alertaron del carácter provisional de una ley especial que permite a Francia "mantener que sus comisarías y escuelas sigan funcionando y que los funcionarios reciban sus salarios".

El Ejecutivo del primer ministro Sébastien Lecornu tenía de plazo hasta el 31 de diciembre para aprobar unas cuentas para 2026, algo que no logró debido a las divisiones de la Asamblea Nacional francesa. Para lograr un acuerdo sobre la prórroga, estuvo recibiendo a lo largo de este lunes a los principales líderes políticos, excluidos los de la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, que han rechazado todo contacto con el Gobierno.

Una ronda de conversaciones que sirve para constatar el acuerdo mayoritario para prorrogar las cuentas del año pasado y proseguir las negociaciones para el presupuesto de 2026. Los primeros en ser recibidos por Lecornu fueron los socialistas, que están sirviendo de apoyo para la continuidad del Gobierno, a costa de importantes concesiones que ponen en peligro el respaldo de los conservadores y de ciertos sectores del centro-derecha.

El líder socialista, Olivier Faure, acusó a la derecha de "rechazar todo compromiso" y aseguró que ellos mantendrán sus "exigencias", que pasan por "una mayor justicia social y evitar recortes en los servicios públicos".

Entre los partidos recibidos por Lecornu, Los Ecologistas adelantaron que no darán su aprobación para el actual plan presupuestario. También fueron citados en el Palacio de Matignon los líderes de la coalición 'macronista', los comunistas y la derecha conservadora.

Si todos ellos están de acuerdo en prorrogar los presupuestos de forma provisional, los puntos de divergencia son importantes sobre la adopción de unas nuevas cuentas, puesto que la derecha y miembros de la coalición 'macronista' rechazan las subidas de impuestos y apuestan por los recortes como única manera de equilibrar las cuentas.

A ello se une el plazo de un mes dado por Macron y los intereses electorales de los diferentes partidos de cara a la campaña de las elecciones municipales de marzo, lo que puede dificultar todavía más la búsqueda de compromisos.

Al tiempo, los diferentes organismos económicos alertan de los problemas que puede acarrear la prórroga de los presupuestos, si se extiende en el tiempo, y la necesidad de que las cuentas de 2026 sitúen el déficit por debajo del 5%.

El presidente del Tribunal de Cuentas, el exministro socialista Pierre Moscovici, aseguró que Francia debe cumplir la trayectoria presupuestaria que presentó a Bruselas, que pasa por una reducción progresiva del déficit para situarse por debajo del 3% del PIB en 2029, y consideró que de ello depende "la credibilidad" del país. También aseguró que no reducir el déficit en 2026 supondría tirar la pelota para adelante y recordó que en 2027 hay elecciones presidenciales, lo que hará más difícil todavía llegar a compromisos de recortes del gasto.

Los diputados franceses adoptaron de forma definitiva los presupuestos de la Seguridad Social para 2026, lo que abre la puerta a la secuencia de adopción de los presupuestos generales para el año próximo que el Ejecutivo cuenta con aprobar antes del 31 de diciembre, informa EFE.

En total, votaron a favor del texto 247 diputados, frente a los 232 que lo hicieron en contra, un margen de quince votos, dos más de los que habían salvado el texto en primera lectura hace una semana. El proyecto había sido masivamente rechazado en el Senado, donde la derecha y el centro-derecha tienen una amplia mayoría.

Hasta el último momento se había mantenido el suspense sobre esta nueva votación, porque la formación La Francia Insumisa había incrementado la presión sobre los ecologistas para que se opusieran al proyecto, tras haberse abstenido en primera lectura. Pero finalmente mantuvieron su primera postura, lo que permitió al primer ministro, Sébastian Lecornu, confirmar un triunfo que le permite seguir en el puesto, pese a que su futuro inmediato sigue sujeto a muchas incertidumbres.

El jefe del Gobierno tuvo que hacer muchas concesiones a los socialistas, en particular la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Esas medidas generaron división en el seno de la coalición macronista y elevaron el gasto previsto en unos 5.000 millones de euros, lo que pone en peligro el compromiso de situar el déficit público en el 5% que París había adquirido con Bruselas para retornarlo al 3% en 2029.

Lecornu deberá ahora encontrar acuerdos para adoptar los presupuestos generales del Estado antes de que acabe el año, una tarea que no parece sencilla. Los diputados rechazaron en primera lectura el proyecto inicial, que sin embargo, fue adoptado por el Senado.

Una comisión mixta de ambas cámaras debe reunirse este viernes para acordar un texto que debería ser votado la semana siguiente. Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario.

Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario. En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja.

Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

La semana clave que afronta el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se abrió con una previsible victoria, la adopción en el Senado de su proyecto de presupuestos para 2026, con 187 votos a favor y 109 en contra, según ha informado EFE.

Una buena noticia lograda en terreno afín, donde la derecha y el centro cuentan con una amplia mayoría que no presupone nada de lo que sucederá en la Asamblea Nacional, donde hay una mayor dispersión de votos.

En la cámara baja la aritmética volverá a mostrar sus límites este martes, cuando está previsto que los diputados adopten de forma definitiva las cuentas de la Seguridad Social, aprobadas en primera lectura con solo trece votos de margen de 577.

A cambio, tuvieron que hacer concesiones a partidos de la oposición, sobre todo a los socialistas, entre las que destacó la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023 y que retrasaba dos años la edad mínima de jubilación.

Además, se incrementaron las partidas sociales y para hospitales, todo lo cual agravó en más de 5.000 millones de euros el déficit de las cuentas.

Una losa que pesa ahora sobre los presupuestos generales para 2026, que antes de llegar al Senado fueron masivamente rechazados por los diputados, con un único voto a favor.

Ese proyecto, que marcará la supervivencia del Gobierno de Lecornu, tiene ahora otra fecha señalada en rojo, el próximo viernes, cuando una comisión mixta de senadores y diputados deberá ponerse de acuerdo sobre un proyecto común que será el que se presentará la semana próxima en ambas cámaras. Esa prueba es esencial para los planes del Ejecutivo de dotarse de un presupuesto de 2026 antes de que acabe este año.

Una tarea que, a día de hoy, parece complicada, ante la distancia sideral que aleja a unos de otros. Si el proyecto final busca atraer votos de los socialistas, amenaza con perder apoyos de la coalición centrista y de los conservadores, mientras que planea sobre el mismo el rechazo de los dos grupos mayoritarios, la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Con la agravación del gasto de la Seguridad Social, las cuentas ven comprometido el objetivo del Ejecutivo de situar el déficit por debajo del 5%, esencial para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas de llevarlo a la senda del 3% en 2029.

Según los últimos cálculos del Ejecutivo, el desvío será ahora del 5,3%, apenas una décima menos que el de 2025, lo que obligará a más recortes en el proyecto que adopte la comisión mixta el viernes. Así lo señaló el ministro de Economía, Roland Lescure, que consideró "inaceptable" un déficit por encima del 5%.

Tan difícil parece que se logre un compromiso aceptable, que cada día son más las voces que piden a Lecornu que utilice el mecanismo constitucional que le permite adoptar los presupuestos sin voto parlamentario. Algo a lo que el primer ministro se comprometió a renunciar para dar carta de naturaleza a la negociación parlamentaria, pero a lo que puede recurrir si de esta no sale un proyecto mayoritario.

En caso de adoptar las cuentas sin voto, la oposición puede presentar una moción de censura, cuyo resultado sería muy delicado para un Lecornu que carece de mayoría en la cámara baja. Podría correr así la misma suerte que sus dos últimos antecesores, el conservador Michel Barnier, que perdió una moción de censura en diciembre de 2024 tras apenas tres meses en el cargo, y el centrista François Bayrou, que cayó en una moción de confianza en septiembre pasado.

El primer ministro francés, Sébastian Lecornu, tomó este martes oxígeno al conseguir sacar adelante el presupuesto de la Seguridad social, aunque tan solo por trece votos, lo que en cualquier caso allana el camino para que se adopten las cuentas de 2026, informa EFE.

El texto, que todavía tendrá que pasar el trámite en el Senado, fue apoyado por 247 diputados, la mayoría de los macronistas, socialistas y algunos miembros de la derecha moderada, frente a 234 en contra, esencialmente de la extrema derecha de Marine Le Pen y de la izquierdista La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon.

Tras semanas de negociaciones, Lecornu logró una importante victoria parlamentaria, aunque tendrá que seguir batallando para conseguir que se aprueben los presupuestos generales del año próximo antes de Nochevieja.

"El combate será más duro, pero no vamos a ceder al nerviosismo ni a las agendas electorales", reaccionó en la red social X el primer ministro tras la adopción del texto.

Hasta el último momento, Lecornu reconocía que el resultado estaría ajustado, lo que mantenía a su Ejecutivo en vilo, porque en caso de derrota habría sido difícil seguir adelante, lo que hubiera puesto a su vez en posición delicada al presidente, Emmanuel Macron, valedor del jefe del Gobierno.

Durante semanas, el primer ministro, que con el fin de esquivar una moción de censura renunció al mecanismo parlamentario que le permitía adoptar el presupuesto sin voto, ha ido haciendo concesiones, sobre todo a los socialistas, que arrancaron la suspensión de la reforma de las pensiones adoptada en 2023.

Los últimos compromisos los concedió esta misma mañana a los ecologistas, cuyos 38 diputados aparecían como claves y que de forma mayoritaria finalmente se abstuvieron. El resultado provocó duras críticas al Partido Socialista de parte de sus antiguos socios de izquierdas.

"Han salvado a Macron", denunció la presidenta del grupo parlamentario de LFI, Mathilde Panot, mientras que la extrema derecha acusó al Gobierno de echarse en brazos de los socialistas y de multiplicar el gasto, lo que ahondará en la deuda del país.

Si la coalición de izquierdas que ganó las legislativas de 2024 sale tocada de muerte, la macronista, que quedó en segundo lugar, también ha sufrido tensiones internas.

El ex primer ministro de Macron Édouard Philippe, al frente de un grupo de 34 diputados, criticó las cuentas y la abstención de sus parlamentarios.

La Asamblea Nacional francesa dio luz verde este miércoles por una amplia mayoría a la suspensión de la reforma de las pensiones, según ha informado EFE. Esta aprobación da oxígeno al Gobierno de Sébastien Lecornu al alejar una moción de censura de los socialistas.

Con 255 votos a favor y 146 en contra, la suspensión de la polémica reforma de las pensiones de 2023 salió adelante con el apoyo mayoritario del Partido Socialista, Los Verdes y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen, y la abstención del partido Renacimiento del presidente francés, Emmanuel Macron.

Votaron en contra de la suspensión de la medida más importante del segundo mandato de Macron la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y los comunistas.

"No me lo podía imaginar: ver a un partido de izquierdas, LFI, votar EN CONTRA de la suspensión de la reforma", lamentó el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, en un mensaje en redes sociales.

Esta medida, a la que Lecornu se comprometió para que los socialistas no apoyasen o presentasen una moción de censura contra su segundo Gobierno, figura como un artículo introducido en el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.

Suspende hasta enero de 2028 el retraso de la edad de jubilación a los 64 años, así como el aumento del número de trimestres de cotización necesarios para cobrar una pensión completa.

Hace un mes, el primer ministro francés advertía que la suspensión de esta reforma debía ir acompañada de unos ingresos para financiarla. Lecornu hizo hincapié en que "no hay suspensión sin costes" y en que él no aceptará "cualquier cosa".

Otra de las concesiones a los socialistas para la supervivencia del Gobierno es la subida de impuestos a los ricos y a las grandes empresas. El pasado octubre, Lecornu propuso aumentar los tributos en 6.500 millones de euros el año que viene.

Esta medida, ya ha aprobada, no ha sido suficiente para los socialistas, quienes afirman que "si las cosas no avanzan (...) el Gobierno caerá". "Necesitamos dinero para corregir el proyecto" de presupuestos porque "no hay que hacer pagar a las clases populares y a las clases medias lo que no pagan los multimillonarios", afirmó el líder socialista Olivier Faure en una entrevista.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, fracasó en su intento de reunir este lunes a todos los grupos políticos para buscar un consenso sobre los presupuestos para 2026, según ha informado EFE, lo que dificulta su principal objetivo, al que tiene unida su supervivencia.

Una semana después de que los diputados macronistas, conservadores y ultraderechistas rechazaran la medida estrella exigida por los socialistas, una tasa al patrimonio inmobiliario de los más ricos, la Asamblea Nacional se enfrascó en otros puntos menores, con miles de enmiendas que amenazan con retrasar la votación final.

Un camino abrupto que empeoró cuando la izquierda en bloque boicoteó la reunión convocada por el primer ministro de los portavoces parlamentarios para limar asperezas y buscar una coherencia a las cuentas del año próximo.

Los socialistas, hasta ahora los más inclinados a la negociación, arguyeron que no quieren participar en ningún encuentro en el que esté la ultraderecha. Tampoco fueron ecologistas, comunistas e izquierdistas de La Francia Insumisa (LFI), por lo que el Gobierno tuvo que conformarse con contar con la extrema derecha, conservadores y macronistas.

Si dentro del hemiciclo las discusiones no hacen augurar un acuerdo, fuera se multiplican las amenazas cruzadas que no crean un clima de confianza.

LFI acusa a los socialistas de "tontos útiles" del macronismo y les conmina a abandonar su posición dialogante, que consideran que está dando oxígeno al presidente, Emmanuel Macron, al que exigen la dimisión.

"Que se despierten ya", les dijo el diputado izquierdista Eric Coquerel, que preside la comisión de finanzas y que minimizó las concesiones arrancadas por los socialistas.

Entre ellas figura la creación del llamado "impuesto a la fortuna improductiva" que los socialistas presentan como un gran éxito, pero que ha levantado ampollas entre los diputados conservadores y macronistas.

El propio ministro de Economía, Roland Lescure, criticó la "brujería fiscal" que se está debatiendo estos días en la cámara y alertó del peligro de incoherencia del presupuesto que se adopte.

Mientras, unos y otros muestran sus dudas con el resultado final, a lo que se suman las incertidumbres sobre el calendario, muy ajustado si se quieren votar las cuentas antes del 31 de diciembre.

El propio relator del presupuesto, el conservador Philippe Juvin, consideró "altamente probable" que no se pueda respetar ese calendario, lo que obligaría a adoptar una serie de leyes y decretos para prolongar unos meses los presupuestos actuales.

Coquerel consideró que ese es el objetivo del Ejecutivo, alargar los plazos para poder gobernar por decreto sin respaldo parlamentario.

En el mejor de los casos, se podría adoptar esta semana la parte de los ingresos, pero de ninguna manera la de los gastos y el debate parlamentario se centrará en los próximos días en el presupuesto de la Seguridad Social.

En ese contexto de pesimismo generalizado, el líder de los socialistas, Oliver Faure, envió un pequeño mensaje de esperanza: "Estamos en un camino estrecho, pero que existe", aseguró en la radio France Inter.

En su punto de mira está encontrar 15.000 millones de euros de ingresos que eviten recortes que puedan afectar a las clases populares y asume para ello la negociación pese a las críticas de sus antiguos socios de izquierdas.

El primer secretario del Partido Socialista francés (PS), Olivier Faure, reiteró este viernes su amenaza de tumbar al Gobierno si el primer ministro, Sébastien Lecornu, no propone más impuestos a los multimillonarios y a las grandes empresas, una vez que asume que no saldrá adelante la 'tasa Zucman', según informa EFE.

En una entrevista al canal BFMTV unos minutos antes del inicio de un debate presupuestario clave en la Asamblea Nacional, Faure insistió en que como ni Lecornu tiene mayoría para aprobar los presupuestos ni tampoco la izquierda, "hay que encontrar un compromiso".

Reconoció que esta semana en la Asamblea Nacional "muchas cosas han avanzado" con la aprobación de un aumento de los impuestos a las grandes empresas y un incremento de la fiscalidad a las grandes tecnológicas, pero advirtió que eso no es suficiente y que "si las cosas no avanzan (...) el Gobierno caerá".

Este viernes los diputados discuten en particular una imposición a los grandes patrimonios, una cuestión centrada en la propuesta de la izquierda de la llamada 'tasa Zucman' que prevé un gravamen del 2% sobre el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia.

El líder socialista reconoció que esa propuesta no tiene apenas ninguna posibilidad de ser adoptada, pero hizo hincapié en que Lecornu, que va a estar presente en el debate teniendo en cuenta lo que se juega, tiene que presentar alternativas que permitan recaudar una cantidad equivalente y que salga de las grandes fortunas y de las grandes empresas.

"Necesitamos dinero para corregir el proyecto" de presupuestos porque "no hay que hacer pagar a las clases populares y a las clases medias lo que no pagan los multimillonarios".

Preguntado sobre el riesgo que han dejado caer algunos grandes empresarios en Francia de que se instalarían en el extranjero si saliera adelante una fiscalidad como la de la 'tasa Zucman', les pidió "un poco más de patriotismo" e hizo notar que las 500 grandes fortunas del país han conseguido duplicar su patrimonio en ocho años.

Los socialistas, que son cruciales para que el Ejecutivo de Lecornu no caiga en una moción de censura, han advertido desde que fue designado primer ministro en septiembre que decidirán su suerte sobre todo en función de los presupuestos, que deben aprobarse de aquí a finales de año.

Por dieciocho votos, el jueves 16 de octubre, la Asamblea Nacional francesa no censuró al Gobierno de Sébastien Lecornu, que por el momento prolonga su mandato. La moción de censura, presentada por La Francia Insumisa (LFI) con el apoyo de Los Ecologistas y los comunistas, y también votada por la extrema derecha, solo obtuvo 271 votos de los 289 necesarios para derrocar al primer ministro y a su equipo. Como era de esperar, la moción presentada por la Agrupación Nacional (RN) también fue rechazada, con solo 144 votos a favor.

No había mucho suspense, ya que el Partido Socialista (PS) había apoyado oficialmente al Gobierno de Lecornu, tras obtener de éste, el martes 14 de octubre, el abandono del uso del art. 49.3 de la Constitución y la promesa de suspender la reforma de las pensiones. Eso no impidió que la diputada insumisa Aurélie Trouvé intentara convencer in extremis a los últimos socialistas indecisos.

“La suspensión anunciada no es más que una ilusión, un engaño, un subterfugio”, advirtió Trouvé desde la tribuna, dirigiéndose a los escaños socialistas, desiertos en ese momento, pasando a enumerar todas las razones que hacen que el proyecto de presupuesto del ejecutivo —que se debatirá y enmendará a partir de la próxima semana— sea “una devastación” que, según ella, tiene como objetivo recortar “todos los presupuestos que hacen la unidad” del país.

A su llegada a la Asamblea Nacional el jueves por la mañana, el líder de los diputados socialistas, Boris Vallaud, advirtió: “Todo el mundo debe atenerse a la posición común”, dijo, en referencia a la no censura aprobada dos días antes. Desde la tribuna, el diputado socialista Laurent Baumel intentó defender la línea de su grupo, argumentando que “la no censura de hoy no es, evidentemente, en ningún caso un pacto de no censura”. Todo ello bajo los gritos de “¡Vendidos!” lanzados desde los escaños de la RN y la cautela mezclada con rabia de los pocos insumisos que se quedaron para escucharlo.

En el momento de la votación, organizada en los salones contiguos al hemiciclo, siete diputados socialistas se despegaron finalmente de la consigna. Entre ellos, varios representantes de ultramar, pero también Paul Christophle y Fatiha Keloua Hachi, que ya habían censurado al Gobierno de Bayrou en enero. En Los Ecologistas, Delphine Batho, Dominique Voynet y Catherine Hervieu no votaron a favor de la moción de censura, al igual que Yannick Monnet y la diputada polinesia Mereana Reid Arbelot del grupo comunista.

Aunque Boris Vallaud se felicitó el martes por haber provocado “una fisura en el dogma macronista” al arrancar la promesa de una suspensión de la reforma de las pensiones, el PS también ha creado numerosas fisuras en su propio bando. Como forma de hacer las paces con los antiguos socios del Nuevo Frente Popular (NFP), Laurent Baumel dedicó el “preámbulo” de su discurso a sus colegas de izquierda favorables a la moción de censura, asegurándoles que los comprendía “íntima y perfectamente”.

Una precaución que no ha calmado el enfado del resto de la izquierda ante la escapada en solitario del partido de Olivier Faure. “Toda esta secuencia da argumentos a quienes quieren que las dos izquierdas sean irreconciliables y acusan de traición al PS, que, de hecho, se aísla de sus socios de izquierda y ecologistas”, dice irritada Clémentine Autain, que, sin embargo, sigue convencida de que la necesidad de derrotar a la extrema derecha en 2027 acabará con estas disensiones.

Mientras tanto,  se ve cada vez más comprometida la celebración de unas primarias que reúnan bajo una misma bandera a los socialistas que votaron en contra y a los no socialistas que votaron a favor. El martes por la mañana, durante una reunión telemática entre diferentes figuras favorables a la celebración de dicho proceso de designación, entre ellas Lucie Castets, solo Marine Tondelier seguía creyendo en ellas.

La moción de censura, además de dividir a los miembros del antiguo NFP, ha puesto de manifiesto las fracturas internas de las formaciones políticas. En primer lugar, en el PS, donde las últimas veinticuatro horas han sido tormentosas. Como muestra del malestar entre sus filas, Laurent Baumel tomó la palabra el jueves por la mañana ante unos escaños prácticamente vacíos, ya que solo estaban presentes dos diputados socialistas, entre ellos el presidente del grupo, Boris Vallaud. “Estamos entrando en el túnel presupuestario, todo el mundo estaba en su circunscripción”, intentó justificar este último.

En Los Ecologistas, que a principios de semana habían anunciado que censurarían “en bloque” al Gobierno, las disensiones también han aumentado en los últimos días. “Los diputados están en manos de LFI y saben que la censura nunca se aprobará, por eso han decidido pulsar el botón, pero en el fondo saben muy bien que es una estupidez”, lamentaba el miércoles por la noche un dirigente del partido, remitiéndose a la página de Facebook de los ecologistas, inundada de críticas de los votantes.

El miércoles, en el Senado, el grupo ecologista, muy “dividido”, se mostró mucho menos ofensivo que en la Asamblea tras la declaración de política general de Lecornu. El senador Guillaume Gontard reconoció que era “lógico” que sus colegas diputados censuraran, pero se guardó mucho de apoyarlos en el fondo, dejando un amplio margen para un llamamiento al “compromiso”.

En cuanto al Partido Comunista Francés (PCF), esta vez fue su secretario nacional, Fabien Roussel, quien se opuso a sus propia gente, felicitándose ruidosamente por la suspensión de la reforma, “una primera victoria para 500.000 trabajadores”. El jueves, en el hemiciclo de la Asamblea, la comunista Émeline K/Bidi no tuvo empacho alguno en concluir que la única solución posible a la crisis actual era la salida del presidente de la República.

Tal y como había anunciado, la extrema derecha votó a favor de la moción de censura presentada por LFI, que sin embargo tenía como objetivo “cuestionar la asistencia médica del Estado”. El cambio estratégico es importante para las filas de Marine Le Pen, quien llevaba dos años repitiendo que nunca censuraba a priori a un Gobierno, prefiriendo intentar obtener, mediante la negociación con Michel Barnier y luego con François Bayrou, pequeñas victorias políticas para reforzar su imagen de respetabilidad. “¡Nueve veces! ¡Nueve veces!”, lanzó burlándose el insumiso Manuel Bompard, en referencia a las nueve mociones de censura anteriores que la RN había rechazado.

“Yo censuro todo, basta. La broma ya ha durado bastante”, había advertido la líder del grupo de extrema derecha el 8 de octubre, mientras Emmanuel Macron aún buscaba un primer ministro para sustituir a Sébastien Lecornu, que había dimitido. Desde la tribuna de la Asamblea, Marine Le Pen continuó con su objetivo de distanciarse del “sistema”, tras haber escenificado sus recientes desplazamientos a la cumbre ganadera o al congreso de bomberos, mientras los demás partidos políticos debatían con Macron y Lecornu.

Denunciando un “espectáculo patético”, un “veneno para nuestra democracia”, Le Pen se centró el jueves en el proyecto de presupuesto del primer ministro, para ella un “acto último de un sistema político sin aliento y sin ideas”. Luego se centró en los socialistas y en Los Republicanos (LR), cuyas voces no serían suficientes para derrocar al Gobierno. “La insondable tontería de las posturas de unos y otros podría salvaros”, lamentó dirigiéndose a Sébastien Lecornu.

En los últimos días, los dirigentes del partido de extrema derecha se regocijaban, ante la actitud de los dos partidos que han gobernado el país durante décadas, de poder sacar del armario los carteles del Frente Nacional (FN, ex RN) que denunciaban a la “UMPS” y que “no han envejecido ni un ápice”.

Su aliado, Éric Ciotti, también intentó convencer a sus antiguos colegas de LR, denunciando desde la tribuna “un gobierno rehén del Partido Socialista” y llamando a la disidencia con respecto a las instrucciones del líder del grupo parlamentario Derecha Republicana (DR), Laurent Wauquiez. “¡Censurad! ¡No os comprometáis! ¡No os traguéis esas humillaciones, ese sapo, atreveos a ser valientes!”, les pidió.

Tras la declaración de política general de Lecornu, numerosos dirigentes —no diputados— del partido dirigido por Bruno Retailleau habían pedido censurar al Gobierno. Finalmente, solo Alexandra Martin, diputada por Alpes Marítimos, votó a favor de la moción presentada por LFI. Otros tres miembros de LR prefirieron votar a favor de la presentada por la RN, que no tenía ninguna posibilidad de ser aprobada, ya que la izquierda ya había anunciado que no la apoyaría.

Tras el rechazo de esas dos mociones, ha llegado el momento de examinar el presupuesto, lo que podría llevarse a cabo sin recurrir al artículo 49.3, algo que no ocurre desde 2022. La situación actual parece aún más incierta que la de los últimos meses. Tras los resultados del jueves, la presidenta del grupo LFI, Mathilde Panot, pidió a los militantes y votantes socialistas que “rompan filas” para crear un polo de “resistencia” ante una disolución de la Asamblea que, en su opinión, “ahora ya es inevitable”.

Traducción de Miguel López

Las dos mociones de censura contra el segundo gobierno del macronista Sébastien Lecornu, que habían presentado la Francia Insumisa (LFI) y la extrema derecha de Marine Le Pen, no lograron este jueves los votos necesarios en la Asamblea Nacional para hacerle caer, según recoge EFE.

La moción de LFI, respaldada también por la extrema derecha de Marine Le Pen, logró 271 votos, por debajo de los 289 que necesitaba para salir adelante, mientras que la depositada por la Agrupación Nacional de Le Pen cosechó 144 votos. 

LFI, los comunistas, los Verdes y la extrema derecha habían anunciado su apoyo a la moción de LFI, mientras que Los Republicanos y, sobre todo, el Partido Socialista optaron por la vía contraria, con algunas excepciones.

De esta forma, la Asamblea Nacional rechazó por un estrecho margen de solo dieciocho votos la moción de censura presentada por LFI contra el gobierno, gracias a la decisión del Partido Socialista de dar una oportunidad a Lecornu a cambio de su promesa de suspender la reforma de las pensiones hasta enero de 2028, tras las elecciones presidenciales previstas en la primavera de 2027.

Tras el revés a su moción de censura, la jefa de filas de LFI en la Asamblea Nacional, Mathilde Panot, anunció la presentación de una nueva moción de destitución contra el presidente francés, Emmanuel Macron. 

Panot llamó también a los activistas y votantes del Partido Socialista a "romper filas" con el liderazgo actual de Olivier Faure, quien arremetió, por su parte, contra la "hipocresía" de los que votaron a favor de la moción de censura de LFI. 

"Hay hipocresía en esta Asamblea", ya que los que apoyaron la moción de censura "saben que, si se aprobara, el gobierno implementaría su presupuesto mediante una ley especial, y que todo aquello contra lo que dicen luchar se impondría entonces al pueblo francés" sin dar oportunidad a modificar las cuentas del Estado para 2026 durante la negociación parlamentaria.

Por su lado , el presidente de la ultraderechista Agrupación Nacional, Jordan Bardella, lamentó que la "mayoría negociadora ha conseguido hoy salvar sus posiciones en detrimento del interés nacional" y vaticinó, en un mensaje en redes sociales, que serán los franceses quienes "se preparan para sufrir la masacre social y fiscal de un presupuesto punitivo".

"Todos los que hoy se han negado a la censura serán responsables del sufrimiento futuro del país", dijo Bardella, cuyo partido perseguía, al igual que LFI, un adelanto electoral.

En la misma línea se expresó el líder del grupo Unión de Derechas por la República, Éric Ciotti, que va de la mano de la Agrupación Nacional en la moción de censura de los nacionalistas a Lecornu. "Francia merece algo mejor que un sistema que se derrumba", dijo.

El proyecto de presupuesto para el año 2026 fue finalmente presentado este martes 14 de octubre en el Consejo de Ministros, pocos minutos antes del discurso de política general del primer ministro Sébastien Lecornu. Al prometer al Partido Socialista (PS) la suspensión de la aplicación de la reforma de las pensiones hasta 2028, parece haberse asegurado de no ser censurado el jueves, momento en el que se estudiarán las mociones de la Agrupación Nacional (RN) y de La Francia Insumisa (LFI).

En caso de rechazo, el proyecto de ley de presupuestos para 2026 será estudiado a partir del domingo por la noche o el lunes por la mañana por la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional. Pero lo menos que se puede decir es que el proyecto, presentado por Roland Lescure, ministro dimisionario y reelegido para el cargo de Economía, es de los más duros para los servicios públicos y el modelo social, además de ser excesivamente indulgente con los ultra ricos y las grandes empresas.

El presupuesto de Lecornu propone reducir el déficit público del 5,4 % del PIB en 2025 al 4,7 % en 2026. Es decir, prácticamente el mismo nivel de esfuerzo —sin contar los dos días festivos suprimidos, que ya no se contemplan— que el que se esperaba con la propuesta presupuestaria de François Bayrou a mediados de julio de 2025, y que muchos calificaron de austero.

En miles de millones de euros, la cura de austeridad propuesta por Lecornu es de algo más de 30.000 millones de euros para 2026, según el dictamen del Alto Consejo de Finanzas Públicas (HCFP). Una cura de austeridad que se distribuirá de la siguiente manera: 17.000 millones de euros de recortes en el gasto y cerca de 14.000 millones de euros de aumentos en los ingresos.

En cuanto al gasto público, solo hay tres partidas que aumentarán con respecto a 2025: el gasto militar (+6.700 millones de euros), la retención de ingresos en beneficio de la Unión Europea (+5.700 millones de euros) y los intereses de la deuda (+8.100 millones de euros).

Por lo demás, se avecina una época de vacas flacas, sobre todo para los ministerios no soberanos. Cabe citar trabajo y empleo, que se recortará en 2.500 millones de euros en 2026 con respecto a 2025, según el dossier de prensa facilitado por Economía, debido, en particular, a una “mejor orientación de los dispositivos de inserción”.

Pero también cohesión territorial, que integra la vivienda y la política urbana, que se reducirá en 900 millones de euros; o el presupuesto asignado a solidaridad, inserción e igualdad de oportunidades, que perdería 800 millones de euros en 2026 con respecto a 2025.

En cuanto a las partidas presupuestarias más pequeñas, también cabe mencionar el nuevo recorte en ayuda al desarrollo (− 700 millones), deportes y juventud (− 300 millones) o cultura (− 200 millones). Por último, según el dictamen del HCFP, también se producirá un “reajuste de las ayudas para la eco-renovación de viviendas’” y, en términos más generales, una “restricción de las ayudas a la planificación ecológica fuera de la agricultura”.

Además, en 2026 se lograrán ahorros sustanciales gracias al famoso “año blanco” que se propondrá para los salarios públicos y las revalorizaciones de las prestaciones sociales. Esto supondrá un ahorro de 3.600 millones de euros.

Por lo demás, en materia de recortes presupuestarios, el ámbito de las administraciones de la Seguridad Social es el más perjudicado. El objetivo nacional de gasto en seguro médico aumentaría solo un 1,6 % en 2026, mientras que las necesidades sanitarias son muy superiores, sobre todo debido al envejecimiento de la población.

En comparación con lo que representaría una evolución necesaria del gasto en seguro médico, los ahorros propuestos para el presupuesto de Lecornu son de algo más de 7.000 millones de euros. Lo que, en opinión del HCFP, “supone un esfuerzo de control mucho mayor que en años anteriores”.

Este objetivo podría alcanzarse gracias a una reducción de los reembolsos por asistencia sanitaria y medicamentos, que correrán a cargo de los asegurados, mediante un aumento de las franquicias, de las cotizaciones de los empleadores y de los seguros médicos complementarios, por un total de 3.400 millones de euros, según la opinión del HCFP. Las medidas de regulación y reducción de precios de los productos sanitarios también deberían generar un ahorro significativo, de unos 2.300 millones de euros.

Por último, en lo que respecta a las entidades locales, el esfuerzo requerido sería de alrededor de 2.000 millones de euros en 2026. No sería excesivo en comparación con 2025, ya que el año que viene hay elecciones municipales y las inversiones del bloque comunal deberían paralizarse en gran medida.

En cuanto a los ingresos fiscales, Economía anuncia que “el esfuerzo en 2026 se basaría principalmente en un esfuerzo adicional de los contribuyentes con mayores recursos”. Pero eso es completamente falso. Hay que decirlo desde ya: las grandes empresas y los ultrarricos saldrán muy bien parados en 2026. Juntos, incluso verán reducida su carga fiscal con respecto a 2025.

De hecho, en 2025 se aplicó un recargo en el impuesto de sociedades a los grupos con facturación superior a 1.000 millones de euros. Se suponía que iba a reportar 8.000 millones de euros. Este recargo se mantendrá en 2026, pero su tipo se reducirá a la mitad, lo que supone un rendimiento previsto 4.000 millones menos.

Por otra parte, en lo que respecta a los hogares que ingresan más de 500.000 euros al año por pareja, la contribución diferencial sobre las rentas altas (CDHR), que se aplicó en 2025 para garantizar que pagaran al menos un 20 % de impuesto sobre la renta, se prorrogará sin cambios en 2026. Se espera que recaude 1.500 millones de euros el próximo año.

A esto se añadirá un pequeño impuesto sobre las sociedades holding que no afectará a los bienes profesionales, tal y como prometió Lecornu en las últimas semanas. Este impuesto solo reportará unos mil millones de euros a las arcas del Estado.

Este último impuesto debía ser una solución de compromiso con respecto a la famosa tasa Zucman, que lleva el nombre del economista que lo promueve, un impuesto mínimo del 2 % anual sobre patrimonios superiores a 100 millones de euros, y que es reclamado por todos los partidos de izquierda, incluido el Partido Socialista.

Recordemos que la tasa Zucman debía reportar veinte veces más —entre 15.000 y 25.000 millones de euros— que el tímido impuesto sobre los holdings propuesto por el Gobierno Lecornu. “Se ha hecho todo lo posible para salvar a Bernard Arnault y a los multimillonarios franceses”, reaccionó Gabriel Zucman en la red social X.

El aumento de la carga fiscal en este proyecto de presupuesto para 2026 se basa, de hecho, en el tejido económico clásico y en los hogares: se prevé, en particular, una reducción de las desgravaciones de las cotizaciones sociales (desgravaciones generales, exenciones de cotizaciones, ventajas en especie) por un importe de 5.600 millones de euros, según el dictamen del HCFP. Pero también se prevé un recorte de 3.300 millones de euros en ventajas fiscales, principalmente gracias a la fijación de una deducción del 10 % sobre las pensiones de jubilación y a la fiscalización de los ingresos de los estudiantes —algo sobre lo que el Gobierno ya se ha comprometido a volver (ver caja negra)—, los vales de comida y las dietas.

Por último, se prevé recaudar 1.300 millones de euros gracias a un impuesto sobre los paquetes pequeños (procedentes de ventas online de fuera de la UE, ndt) y 1.500 millones de euros adicionales gracias a la lucha contra el fraude.

Dicho esto, todos estos esfuerzos, por muy injustamente distribuidos que estén, podrían resultar inútiles para alcanzar el objetivo de un déficit público del 4,7 % en 2026. De hecho, según estima el HCFP, el escenario económico tenido en cuenta por el Gobierno para elaborar su presupuesto “se basa en hipótesis optimistas, que asocian una importante consolidación presupuestaria a una aceleración de la actividad gracias a una recuperación de la demanda privada”.

Para entendernos, el Gobierno subestima el impacto de su política de austeridad sobre el crecimiento en 2026, porque un menor crecimiento supone menos ingresos fiscales y, por lo tanto, un déficit público que disminuirá menos de lo previsto.

El HCFP añade que la previsión de crecimiento del PIB del Gobierno —del 1 % para 2026— supondría una recuperación de la demanda interna privada cuya magnitud “parece voluntarista habida cuenta del clima general de incertidumbre, en particular para la inversión de las empresas y, en cierta medida, la demanda de los hogares”. Además, las previsiones de aumento de la masa salarial (2,3 %), en la que se basan los ingresos por IVA y cotizaciones sociales, “son un poco elevadas”, añade el HCFP.

Queda por ver si, conscientes de esas incertidumbres, los parlamentarios se pondrán de acuerdo para cambiar el rumbo de austeridad marcado por el proyecto de presupuesto de Lecornu. Recordemos que éste prometió no recurrir al artículo 49.3 durante todo el debate presupuestario. Una novedad en el segundo mandato de Macron.

No obstante, el primer ministro dispone aún de una última baza para imponer su voluntad: alargar los debates para que el Parlamento no pueda aprobar el presupuesto dentro del plazo de tiempo de que dispone: setenta días para el proyecto de ley de finanzas y cincuenta días para el proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social.

En ese caso, Lecornu podría recurrir a decretos y imponer una ley de finanzas para 2026 que sería su proyecto de presupuesto inicial, es decir, el presentado el martes 14 de octubre en el Consejo de Ministros, y cuyo contenido acabamos de describir.

Este artículo se actualizó el miércoles 15 de octubre tras las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, en el programa matinal de RTL, donde aseguró que el Gobierno propondría finalmente no gravar los ingresos de los estudiantes.

Traducción de Miguel López

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, que mañana jueves encara dos mociones de censura en la Asamblea Nacional, despejó este miércoles el camino que seguirá la suspensión de la reforma de las pensiones, exigida por los socialistas para no dejarle caer: la presentará en noviembre y se incluirá como enmienda en los presupuestos de la Seguridad Social.

En sendas comparecencias en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional y ante el Senado para explicar su programa, Lecornu fue desbrozando así el camino que seguirá esa suspensión, que se mantendrá hasta enero de 2028, con el objetivo de que las pensiones formen parte del debate de las elecciones presidenciales de 2027.

Pese a la urgencia por sacar adelante los presupuestos de 2026 antes del fin del año, la incertidumbre planea aún sobre la viabilidad del segundo Gobierno de Lecornu, a la espera del voto mañana de las mociones de censura, una presentada por la izquierda radical de La Francia Insumisa (LFI) y otra por el bloque ultranacionalista, compuesto por Agrupación Nacional (RN) y la UDR de Éric Ciotti.

Según los cálculos que circulan en los pasillos de la Asamblea Nacional, la votación de una de las mociones, la presentada por la LFI de Jean-Luc Mélenchon, podría tener ciertas posibilidades de salir adelante dependiendo de los socialistas que la apoyen (al no haber disciplina de voto) y se quedaría a solo una veintena de votos de ser aprobada.

La extrema derecha de Marine Le Pen dijo que la votará, pero haría falta la mayoría absoluta de 289 votos para derribar al Gobierno. Por ahora, se perfilan 270 dispuestos a votar la censura.

"Estamos presentando propuestas para el debate", defendió hoy en la Asamblea Nacional la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, al criticar las mociones que se votarán el jueves.

"Si nos censuran, ya no habrá Gobierno y no habrá debate", añadió. "El único debate que tendremos será sobre la incertidumbre económica, sobre el desorden económico, sobre la agitación en la que estaríamos sumiendo al país sin votar un presupuesto, clamó.

Pero, salvo un giro imprevisto de guión, Lecornu debería esquivar el riesgo de caída gracias a sus concesiones a las demandas socialistas (suspensión de la reforma de las pensiones, contribución fiscal de los más ricos y renuncia a gobernar por decreto).

Ahora bien, su equipo sabe que no es un cheque en blanco y vive con los días contados, ya que el Partido Socialista no descarta derrocarlo este otoño si no se cumplen sus condiciones o si no obtiene más concesiones durante el debate presupuestario.

"El Gobierno debe presentar una enmienda al Proyecto de Ley de Financiación de la Seguridad Social ya en noviembre", anunció el primer ministro sobre la tramitación de la suspensión de la reforma de las pensiones, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Asamblea Nacional.

Eso permitirá, dijo, "avanzar con la mayor celeridad posible, con plazos que se cumplan".

Y será el Parlamento quien tendrá que decidir, añadió, aunque advirtió de que "no se puede votar una suspensión sin los elementos de ingresos correspondientes" para financiar el agujero adicional en las arcas del sistema de pensiones, que será de unos 400 millones de euros en 2026 y de 1.800 millones en 2027.

A continuación, en su discurso de política general ante el Senado, Lecornu anunció que propondrá confiar la gestión del sistema de pensiones a los interlocutores sociales.

El Parlamento tiene 50 días para examinar el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, que incluirá la suspensión de la reforma de las pensiones, y 70 días para el presupuesto del Estado de 2026.

Pero estos plazos, basados en la letra de la Constitución, podrían ser complicados de cumplir si se presentan cientos de enmiendas.

Y más teniendo en cuenta que tienen que ser aprobados con el consenso de la mayoría en un Parlamento fraccionado y sin la posibilidad, ya que el Gobierno de Lecornu ha renunciado a ello, de usar el as del artículo de la Constitución que permite la adopción de leyes sin voto.

Además de una posible avalancha de enmiendas, también planea como obstáculo que la tramitación de la suspensión de la reforma de las pensiones pueda verse comprometida por otras aportaciones en el mismo texto imposibles de respaldar para la izquierda.

En el peor de los casos y como último recurso, Lecornu podrá optar por una ley especial, que le permitiría seguir recaudando los impuestos existentes a la espera de la aprobación de un presupuesto real, como ya ocurrió en 2024, tras la exitosa moción de censura contra el Gobierno de Michel Barnier en diciembre de ese año.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, advirtió este miércoles de que la suspensión de la reforma de las pensiones, que ha aceptado como le exigían los socialistas para evitar la caída de su Gobierno, tendrá un coste, y necesariamente habrá que prever unos ingresos para financiarla.

"No puede haber una suspensión sin que enfrente haya unos ingresos", destacó Lecornu en la sesión de control al Gobierno ante la Asamblea Nacional.

Insistió en que "no hay suspensión sin costes" y en que él no aceptará "cualquier cosa", aunque no ofreció pistas sobre cómo podría financiarse esa suspensión.

Sí que precisó que la suspensión de la reforma de 2023 se formalizará en noviembre con una enmienda que el Ejecutivo añadirá al proyecto de ley de presupuestos que presentó este martes.

Con los elementos conocidos, la reforma que está retrasando progresivamente la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y alargando el periodo de cotización necesario para una pensión completa de 42 a 43 años, se va a quedar congelada en la situación actual hasta enero de 2028, una vez que en 2027 se hayan celebrado elecciones presidenciales, en las que se tratará esa cuestión.

De esa forma, a partir del 1 de enero se podrán seguir jubilando los que quieran con 62 años y 9 meses, sin esperar a los 63 años que era lo que estaba previsto, y el periodo de cotización continuará siendo de 42 años y medio, al menos hasta 2028.

Según las cifras dadas por el mismo primer ministro, el costo de esa suspensión para el sistema de pensiones será de unos 400 millones de euros en 2026 y de 1.800 millones en 2027.

El Partido Socialista (PS) y el conservador Los Republicanos (LR) dieron oxígeno, al menos en el muy corto plazo, al Gobierno macronista de Sébastien Lecornu al anunciar este martes que no respaldarán las mociones de censura de la extrema derecha y de la izquierda radical que se votan el jueves, según indica EFE.

Las posiciones de socialistas y conservadores, que se han alternado en el poder en la V República (desde 1958) hasta la llegada al Elíseo de Emmanuel Macron en 2017, eran esenciales para la supervivencia del segundo gobierno de Lecornu, formado hace solo dos días. Este enfrenta el jueves dos mociones de censura: una del ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y la otra del izquierdista de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon, primer y tercer grupo parlamentario, respectivamente.

"Hacemos una apuesta, una apuesta arriesgada en la que solo el futuro nos dirá adónde llega", manifestó el líder parlamentario del PS, Boris Vallaud, desde la Asamblea Nacional, donde Lecornu había pronunciado antes su discurso de política general y anunciado la suspensión de la reforma de las pensiones de 2023, requisito de los socialistas para no apoyar la moción del resto de la izquierda.

Esto implicará que el progresivo aumento de la edad mínima de jubilación hasta los 64 años se quedará congelado en la situación actual, de 62 años y nueve meses, hasta enero de 2028, cuando pueda tomar nuevas decisiones el presidente que sea elegido en la primavera de 2027.

A su vez, Leconu ha propuesto aumentar los impuestos a los ricos y a las grandes empresas en 6.500 millones de euros el año próximo, lo que se entendió como otro guiño a los socialistas.

Por su parte, el líder de los diputados de LR, Laurent Wauquiez, aseguró que sus cerca de 40 diputados no votarán la moción de censura "a priori" y "no formarán parte de los que harán caer a los primeros ministros", en alusión a las caídas de Michel Barnier (diciembre de 2024 tras tres meses en el cargo) y François Bayrou (septiembre de 2025 tras nueve meses).

El anuncio de Wauquiez ha generado cierta polémica, pues la dirección de LR, pilotada por el exministro del Interior Bruno Retailleau, había alertado de que la suspensión de la reforma de las pensiones podría hacer cambiar la opinión del partido que ha sido socio del macronismo durante el último año. "Para evitar caer en una moción de censura, el gobierno hace pagar a los franceses un precio muy alto", criticó Retailleau, en un comunicado, en alusión a la suspensión de la reforma a la que los conservadores se han opuesto porque la consideran esencial para sanear las cuentas. Esta discrepancia ente los diputados y la dirección del partido se explica por la guerra soterrada que libran el antiguo ministro del Interior y Wauquiez.

Entre el resto de principales fuerzas políticas, los comunistas, que cuentan con un pequeño grupo, no dejaron claro si respaldarán la moción del jueves, a pesar de que su líder, Fabien Roussel, consideró "una primera victoria" la suspensión de la reforma de las pensiones. Los otros socios de la izquierda, los Ecologistas, sí que apoyarán la moción contra Lecornu.

El partido del presidente Macron, Renacimiento, el RN y el LFI también intervinieron tras el discurso de política general del nuevo primer ministro y refrendaron sus posiciones, de apoyo al gobierno los primeros y de censura los segundos y terceros.

La intervención de la Asamblea Nacional de Lecornu sucede pocas horas más tarde de la celebración del primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo, en el que se aprobó el proyecto de cuentas para 2026, que ahora deberá pasar por el arduo trámite parlamentario.

Lecornu prometió no gobernar con decretos -una opción permitida por la Constitución francesa con la que se aprobó la polémica reforma de las pensiones de 2023- y dijo que el peso legislativo corresponde a una Asamblea Nacional que representa a una Francia "diversa" fragmentada en tres bloques (izquierda, centro y ultraderecha).

En un mensaje a sus socios europeos, Lecornu aseguró que "en todos los casos" el déficit público del país cerrará por debajo del 5% del producto interior bruto (PIB) en 2026 y que tiene la intención de cumplir en 2025 con el objetivo de un déficit del 5,4% del PIB, después del 5,8% en 2024.

En lo que tiene que ver con la recaudación, una de las grandes novedades será un impuesto que gravará los holdings familiares y, en concreto, los activos que no están dedicados a fines operativos. Ese impuesto, sería una alternativa al conocido como impuesto Zucman que reclama la izquierda y que consistiría en gravar con un 2% el patrimonio de los que tienen más de 100 millones de euros, unos 1.800 contribuyentes en Francia, y que se calcula que podría recaudar hasta 20.000 millones de euros.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció este martes la suspensión hasta 2028 de la reforma de las pensiones aprobada en 2023, que era la condición innegociable de los socialistas para no presentar una moción de censura a su segundo gobierno, informa EFE.

"Propondré al Parlamento este otoño que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No se aumentará la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028, como solicitó específicamente ayer la CFDT (el principal sindicato de Francia)", dijo Lecornu en su discurso de política general ante la Asamblea Nacional.

Ahora bien, el político macronista advirtió "muy claramente" de que "suspender por suspender no tiene ningún sentido" y puntualizó que no se trata de hacer "cualquier cosa", por lo que esta suspensión deberá ser "compensada".

Precisó que el coste de la suspensión para el sistema de pensiones de Francia "es de 400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones de euros en 2027".

"Esta suspensión beneficiará en última instancia a 3,5 millones de franceses. Por lo tanto, deberá ser compensada financieramente, incluso mediante medidas de reducción de gastos", explicó el primer ministro francés.

Su objetivo, dijo, es evitar "un déficit mayor" y "poner en peligro la credibilidad de nuestro país, y más aún de todo nuestro sistema de pensiones".

Lecornu propuso, por tanto, organizar una conferencia sobre pensiones y mercado laboral en las próximas semanas de acuerdo con los interlocutores sociales, "antes de las elecciones presidenciales". Si la conferencia llega a conclusiones, el gobierno transpondrá el acuerdo a la legislación y el Parlamento decidirá. De lo contrario, señaló, corresponderá a los candidatos presidenciales presentar sus propuestas.

Los socialistas habían exigido al nuevo gobierno que suspendiese la aplicación de la reforma de las pensiones de 2023 para no votar la censura del Gobierno.

Sus votos son imprescindibles para no salgan adelante las mociones de censura presentadas por la izquierda de La Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, que se debatirán y votarán el próximo jueves y que podrían salir adelante con el apoyo de los socialistas (PS).

El domingo 12 de octubre por la noche se anunció la composición del segundo gobierno de Sébastien Lecornu, siete días después de una primera versión que provocó la ruptura de la coalición en el poder, la dimisión del primer ministro y su posterior renovación en el puesto por decisión presidencial.

El elenco revelado por el Elíseo debía ser el de la “renovación”, las “rupturas” y las “sorpresas”, a juzgar por el lenguaje utilizado por el ejecutivo en los últimos días. Sorpresa: da un papel destacado, e incluso un poco más, a los fieles de Macron. Gérald Darmanin repite en el ministerio de Justicia, al igual que sus colegas Jean-Noël Barrot (Asuntos Exteriores), Amélie de Montchalin (Cuentas Públicas), Rachida Dati (Cultura), Aurore Bergé (Igualdad), Benjamin Haddad (Europa) y Philippe Tabarot (Transportes).

Roland Lescure (Economía y Finanzas), Mathieu Lefèvre (trasladado a Transición Ecológica), Naïma Moutchou (que sustituye a Manuel Valls en Ultramar) y Marina Ferrari (Deportes y Juventud), que ya formaban parte del efímero gobierno del 5 de octubre, han conservado sus puestos. Catherine Vautrin, por su parte, pasa de Asuntos Sociales a Defensa. Por último,regresan al Gobierno cinco ministros : Françoise Gatel (Ordenación del territorio), Laurent Nuñez (Interior), Philippe Baptiste (Enseñanza Superior), Maud Bregeon (Portavoz) y Charlotte Parmentier-Lecocq (Discapacidad).

Resulta pues difícil percibir el aire de ruptura que pregona Lecornu. Incluso las condiciones en las que se ha formado este equipo ministerial reflejan el control del presidente de la República sobre la escena interna. Durante el fin de semana se perfilaba un aplazamiento del anuncio hasta el lunes o el martes, pero Macron aceleró repentinamente el calendario y lo comunicó a la prensa. “Macron quiere un Gobierno esta noche”, titulaban los canales de información continua el domingo por la tarde, informados por el Elíseo.

Lo que siguió no fue menos revelador: Lecornu fue convocado al Elíseo poco después de las 18:30 y estuvieron montando juntos el gobierno hasta la publicación del comunicado presidencial, a las 22:00. Más de tres horas de reunión y un jefe de Estado omnipresente, dos días después de haber anunciado que daba “carta blanca” a su primer ministro.

Como era de esperar, la lista de nuevos ministros da protagonismo a los allegados al presidente de la República. Su exasesora diplomática, Alice Rufo, será la segunda de Catherine Vautrin en Defensa; el diputado David Amiel, asesor de Macron desde 2015 en el ministerio de Economía, hereda Función Pública. La diputada macronista Stéphanie Rist también entra en el gobierno, al igual que la eurodiputada del MoDem Marie-Pierre Vedrenne.

El entorno de Lecornu intentó, mediante mensajes filtrados a la prensa el domingo por la noche, desviar la atención de estas innumerables señales de continuidad: su gobierno destaca, aseguró Matignon, por una “mezcla de personalidades de la sociedad civil y jóvenes parlamentarios”. Pero los hechos son tozudos y dan, como pocas veces, una impresión de déjà vu.

En lo que respecta a las personalidades atraídas desde fuera del mundo político, la apuesta del segundo gobierno de Lecornu es una repetición de la que ya hizo Macron en 2017: llevar a altos funcionarios y directivos de empresas a asumir responsabilidades ministeriales. Las “caras nuevas” de entonces se llamaban Élisabeth Borne, Muriel Pénicaud o Jean-Michel Blanquer.

Hoy se llaman Jean-Pierre Farandou, presidente de la SNCF (la Renfe francesa, ndt), que será sustituido en las próximas semanas por Jean Castex, y que hereda el ministerio de Trabajo y Solidaridad; Monique Barbut, expresidenta de WWF Francia, nombrada para Transición Ecológica; Serge Papin, exdirector de los supermercados U, que se ocupará de Comercio, Pymes y poder adquisitivo.

Con 68, 69 y 70 años respectivamente, a estas tres últimas personalidades reconocidas en sus respectivos campos se les ofrece, antes de jubilarse, la oportunidad de ocupar un cargo ministerial que quizá faltaba en su CV. Pero, ¿por cuánto tiempo? A diferencia del anterior, este equipo gubernamental debería durar por lo menos hasta el traspaso de poderes, previsto para el lunes 13 a mediodía. También parece alcanzable la fecha límite del primer Consejo de Ministros, convocado para el martes 14 a las 10 de la mañana.

Lo que venga después parece menos seguro. La Asamblea Nacional podría examinar, a partir del jueves 16 de octubre, las primeras mociones de censura presentadas por la oposición. Gran parte de los grupos de la oposición, tanto de izquierdas como de extrema derecha, ya han manifestado su voluntad de derrocar a Lecornu, por lo que el destino político de este último pende de una veintena de votos de diputados.

Para ocuparse de las relaciones con el Parlamento, el primer ministro ha nombrado a Laurent Panifous, presidente del grupo Libertades, Independientes, Ultramar y Territorios (Liot) en la Asamblea. Una forma, tal vez, de ganarse la benevolencia de esos diputados, cuyo voto constituye una de las incógnitas de los próximos días.

La otra gran cuestión es la actitud del Partido Socialista (PS), al que le costará mucho encontrar motivos para ser benevolente con el reparto de cargos revelado el domingo. El nombramiento de Laurent Panifous, un exsocialista disidente que se negó a formar parte del grupo PS, no contribuye precisamente a mejorar las relaciones entre el ejecutivo y el partido de Olivier Faure, que se limitó a escribir “Sin comentarios...” en la red social X en cuanto se anunció el gobierno.

Tan a la derecha como los anteriores, el gobierno Lecornu II cuenta con feroces opositores a la suspensión de la reforma de las pensiones reclamada por el PS y tiene como portavoz a una ministra, Maud Bregeon, que había prometido censurar un posible gobierno dirigido por el socialista Olivier Faure. Como símbolo, los últimos ministros afiliados al PS abandonan el gobierno, una semana después de François Rebsamen: es el caso de Manuel Valls, Juliette Méadel, Agnès Pannier-Runacher o Élisabeth Borne, cuya permanencia se esperaba en Educación Nacional, que finalmente recae en el alto funcionario Édouard Geffray.

La piedra angular de la misión de Sébastien Lecornu, que es la aprobación de los proyectos de ley de finanzas para 2026, no parece haber avanzado más ahora que se conoce la composición del gobierno. Y las preocupaciones no vendrán solo de la izquierda: el nombramiento de seis representantes del partido Los Republicanos (LR) ha provocado la ira de Bruno Retailleau, presidente de esa formación de derechas, que había hecho constar en el comité político la no participación en el gobierno.

Una consigna ignorada por Annie Genevard, presidenta de la comisión nacional de investidura (CNI) del partido y dirigente destacada de LR, confirmada en el ministerio de Agricultura. “Servir en un gobierno no borra los valores ni los principios que guían el compromiso de toda una vida”, justificó la diputada en una publicación en X en la que se describe como “plenamente fiel al partido”.

Los diputados Vincent Jeanbrun, Sébastien Martin y Nicolas Forissier, todos ellos miembros del grupo dirigido por Laurent Wauquiez en la Asamblea, también forman parte del nuevo ejecutivo. La dirección de LR reaccionó pocos minutos después del comunicado del Elíseo anunciando que los seis ministros miembros del partido “ya no [podían] seguir reivindicando su pertenencia a LR” y dejaban sus funciones en sus órganos de dirección. Entre ellos se encuentra Rachida Dati, que sin embargo había sido oficialmente nombrada por el partido candidata  para las elecciones municipales de París.

Como símbolo de la precariedad sin precedentes en la que se instala el nuevo gobierno, Matignon pidió a los ministros que organizaran ceremonias de traspaso de poderes “sin prensa, sin discursos, sin invitados externos”, una novedad.

“Un consejo para los recién llegados: no desempaquetéis vuestras cajas demasiado rápido”, ironizó la presidenta del grupo de La Francia Insumisa en la Asamblea, Mathilde Panot. Por su parte, la líder del grupo parlamentario de la Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, mostró su certeza de que “el Gobierno será censurado”, pidiendo una rápida disolución. “Es la hipótesis más probable”, había declarado unas horas antes Olivier Faure en La Tribune dimanche. El primer secretario del PS debe anunciar el martes, tras la declaración de política general del primer ministro, la posición de su grupo. Esta determinará, en gran medida, la esperanza de vida del gobierno de Lecornu.

Traducción de Miguel López

Sébastien Lecornu, nombrado el viernes por segunda vez primer ministro de Francia tras haber dimitido hace solo 5 días, se mostró abierto a revisar la reforma de las pensiones de 2023, que retrasa la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años y cuya suspensión es una exigencia del Partido Socialista (PS).

"Tendremos la ocasión de volver sobre ese tema (la reforma de las pensiones). Creo que todos los debates son posibles, mientras se hagan en un contexto real y realista, teniendo en cuenta las cuestiones presupuestarias", declaró este sábado Lecornu.

El primer ministro hizo estas manifestaciones desde una comisaría policial de L'Haÿ-les-Roses (afueras de París), en el que fue su primer desplazamiento oficial desde su segundo nombramiento al frente del gobierno francés.

El PS, fundamental para que el Ejecutivo de Lecornu no caiga en una moción de censura en la Asamblea Nacional, ha exigido una suspensión "inmediata y completa" de la reforma para no apoyar una moción que sí respalda el resto de la izquierda y la ultraderecha de Marine Le Pen.

El jefe de Gobierno no dio pistas sobre su equipo ministerial, que, en teoría, debería de estar listo para el Consejo de Ministros del lunes con la meta de cumplir con el calendario de presentación de los Presupuestos de 2026.

Lo que sí se sabe es que el hasta ahora ministro del Interior y líder de los conservadores Los Republicanos (LR), Bruno Retailleau, quedará fuera del gobierno, y está en el aire la participación de los socios centristas del partido Horizontes del exprimer ministro Édouard Philippe.

Contrariamente a los socialistas, LR y Horizontes exigen que la reforma de pensiones se mantenga, pues la consideran fundamental para el saneamiento de las ya deterioradas finanzas públicas francesas.

La decisión por parte del presidente Emmanuel Macron de volver nombrar a Lecornu -inextricable para muchos franceses- ha generado una oleada de críticas en prácticamente todos los partidos.

El jefe de Gobierno respondió a los reproches y aseguró que lo que "es ridículo es el espectáculo que está dando el conjunto de la clase política" en el país.

La imagen captada por un periodista de BFMTV ha dado la vuelta a las redes sociales, suscitando comentarios tanto de burla como de consternación. En ella se ve a Macron paseando por las orillas del Sena, rodeado únicamente por su servicio de seguridad, poco después de la dimisión del primer ministro más efímero de la V República. Unos segundos que resumen el aislamiento en el que se encuentra sumido el presidente de la República desde hace ya varios meses.

Las críticas que surgieron en su propio bando tras la disolución de la Asamblea en 2024 son hoy asumidas públicamente por quienes, precisamente, han acompañado al jefe del Estado durante años. Empezando por Gabriel Attal, que dio un paso más en su estrategia de distanciamiento al declarar el lunes 6 de octubre, en TF1: “Ya no entiendo las decisiones del presidente de la República”, señalando una “obsesión por mantener el control”.

A la mañana siguiente, el golpe asestado por Édouard Philippe fue aún más duro. “El Estado ya no se sostiene”, afirmó el presidente del partido Horizontes y ex primer ministro en RTL, indicando que “se constata que la autoridad y la continuidad del Estado ya no se respetan”. Consideró además que Macron “se haría honor” a sí mismo “marchándose inmediatamente después” de la votación del presupuesto de 2026 para permitir unas elecciones presidenciales anticipadas.

A esas declaraciones hay que añadir la “inmensa decepción” expresada por Yaël Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional, sobre su forma de ejercer el poder, o las duras críticas formuladas por François Bayrou, escarmentado por su paso por Matignon. Por mucho que los pocos partidarios que le quedan al presidente de la República señalen las ambiciones de unos y otros para explicar este distanciamiento, lo cierto es que la lista de deserciones se amplía día a día.

La literatura política está repleta de historias sobre el aislamiento del poder, y se ha contado ya todo sobre los dos últimos años de mandato de François Mitterrand y de Jacques Chirac, objeto de todas las críticas y de las veleidades devoradoras de sus sucesores. Pero esos dos dirigentes no por ello carecían de aliados, fieles, apoyos incondicionales y seguidores de última hora. Pero Macron gobierna como camina a lo largo del Sena: en soledad.

Esta ruptura, que se ha estado gestando durante al menos un año, pero cuyos gérmenes vienen de lejos, se ha amplificado en los últimos días por el psicodrama que siguió a la composición del gobierno Lecornu, anunciada la noche del domingo 5 de octubre, cuando casi nadie entendía lo que se estaba tramando entre Matignon y el Elíseo desde hacía tres semanas. “Nos quedamos todos sin palabras”, afirma un dirigente de Renacimiento, antiguo compañero de viaje del presidente de la República.

El nombramiento de Bruno Le Maire como ministro de Defensa vuelve a estar en boca de todos. “¿Cómo han podido pensar que era una buena idea?”, se pregunta atónita una persona cercana al jefe del Estado. A los dirigentes del partido Los Republicanos (LR), a los que llamó el domingo por la noche para explicarles su decisión de marcharse, Bruno Retailleau les contó los entresijos del episodio. “¡Estaba en Matignon hace un rato, en su despacho, y no me dijo nada!”, explicó sobre Sébastien Lecornu.

En los días previos al anuncio de este gobierno, tanto el presidente como el primer ministro se encargaron de mantener en el mayor secreto sus opciones. “Nos vimos obligados a llamar a los demás líderes de grupo o de partido para preguntarnos si alguien sabía algo. Es increíble”, se queja uno de ellos. Incluso Gérald Darmanin, conocido por su cercanía a ambos mandatarios, fue mantenido al margen de las conversaciones, asegurando a sus interlocutores que no sabía qué destino le esperaba.

Desde el lunes, el presidente de la República se ha puesto en contacto con algunos de sus allegados —en su mayoría hombres— para preguntarles qué opinaban de la situación, y estos no han dejado de señalarle que habría sido mejor que les hubiera llamado antes. A pesar de esos intercambios de impresiones, ninguno de ellos es capaz de explicar cómo se ha podido formar un equipo de gobierno así. Algunos ironizan sobre las supuestas dotes de “negociador” de Sébastien Lecornu, otros señalan la “responsabilidad” de su amigo Thierry Solère.

Solère, exdiputado de LR, que durante un tiempo fue asesor en la sombra de Macron, acompañó al jefe del gobierno durante tres semanas en Matignon, sin haber sido nombrado oficialmente para el cargo. Aunque indicó a Mediapart que no desempeñaba “absolutamente ningún papel en el dispositivo” de la sede del primer ministro, fue él quien se encargó del “servicio posventa” con algunos periodistas. También fue él a quien llamaron los dirigentes del partido presidencial y de las formaciones aliadas para intentar entender, en vano, las grandes maniobras en curso.

Por parte del Elíseo, mismo silencio. En general, la mayoría de los consejos que se han dado al presidente de la República durante el último año por parte de aquellos que no le han dado la espalda a pesar de la disolución no han tenido efecto alguno. En la Asamblea Nacional, el grupo parlamentario Juntos por la República (EPR) ha pasado el año rumiando su decepción y su depresión, registrando también algunas deserciones. La indiferencia, por no decir el desprecio, que el jefe del Estado ha mostrado hacia sus propias filas ha acabado volviéndose en su contra.

El palacio presidencial está ahora aislado del mundo, incluido el que llevó a Macron al poder en 2017. Muchos se quejan de que ya no tienen ningún contacto con el presidente de la República. En su teléfono, el compañero de viaje mencionado anteriormente muestra los mensajes de texto que le ha enviado. El último no ha recibido respuesta. El anterior tampoco. Más arriba, otro, luego dos, tres...

Los pasillos del Elíseo están impregnados de un olor de fin de un reinado. Varios colaboradores del presidente Macron han abandonado el lugar desde la disolución de la Asamblea , empezando por su histórico brazo derecho, Alexis Kohler, sustituido por Emmanuel Moulin. Los que se quedan ya no ocultan mucho que están pensando en el futuro: algunos imaginan una reconversión en la alta función pública, otros preparan su salida a grandes empresas privadas.

Solo quedan los asuntos internacionales para animar al Elíseo. “El presidente está dedicado de lleno a Ucrania y Gaza, eso es lo que ocupa sus conversaciones y su agenda”, justifica uno de sus pocos interlocutores habituales. Como consecuencia de este nuevo equilibrio, quienes más cerca están de él son ahora los diplomáticos: su sherpa Emmanuel Bonne, el jefe de gabinete Vincent Giraud o el comunicador Jean-Noël Ladois, encargado de las cuestiones internacionales.

Cuando hay que volver a meterse en el fango de la política interior, Macron recurre a un puñado de asesores que ya estaban al mando en el momento de la disolución de 2024, como Jonathan Guémas, asesor de estrategia, o Bruno Roger-Petit, asesor de memoria. “No entiendo que siga recurriendo a ellos”, se queja otro miembro del círculo más cercano, severo con aquellos a los que Bruno Le Maire calificó de “cucarachas” el verano pasado.

En este círculo, al que hay que añadir a Sébastien Lecornu y Emmanuel Moulin, surgió la idea de nombrar ministros a Bruno Le Maire y Éric Woerth. Al igual que la de volver a encargar al primer ministro dimisionario la tarea de llevar a cabo dos días más de negociaciones con las fuerzas políticas. “Cuando una situación está bloqueada, el presidente sabe ser creativo”, asegura, sin temor al ridículo, Marc Ferracci, ministro saliente de Industria y cercano a Macron.

La efímera trayectoria del gobierno Lecornu refleja, por el contrario, la incapacidad del presidente de la República para renovar a sus allegados, sus ministros y sus ideas. Desde hace un año no ha hecho más que reciclar a sus últimos apoyos, sin cambiar sus políticas. Todo ello apoyándose en el único partido que rechazó el frente republicano en las elecciones legislativas anticipadas, y que, por cierto, perdió por amplio margen. Con el riesgo de que el final de su segundo mandato se parezca a un interminable garabato.

Traducción de Miguel López

El primer ministro francés en funciones, Sébastien Lecornu, aconsejó este miércoles al presidente, Emmanuel Macron, que no adelante las elecciones legislativas y que nombre un nuevo jefe de Gobierno en las próximas 48 horas, al considerar que existen posibilidades de acuerdo para estabilizar el país.

En una entrevista en la televisión pública France 2, Lecornu despejó todas las dudas sobre su continuidad en el cargo al frente de un nuevo gobierno al asegurar que su "misión ha terminado", tras cumplir con el encargo de Macron de explorar pactos políticos para la estabilidad del país y éste "hablará a su debido tiempo", dijo sin más precisiones.

Tras esos contactos desde el lunes, concentrados en 48 horas, a los que asistieron todos los grupos menos la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierdista La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, Lecornu aseguró que "hay una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional que rechaza la disolución" y, por tanto, un adelanto electoral.

El político macronista también fue rotundo al afirmar que el próximo gobierno debe estar "completamente desconectado de las ambiciones presidenciales" para 2027 y, preguntado sobre quién debería encabezar ese ejecutivo, respondió que la decisión de la elección corresponde al presidente de la República.

"La situación ya es bastante difícil. Necesitamos un equipo que, al final, decida ponerse manos a la obra y resolver los problemas del país hasta las elecciones presidenciales de 2027", añadió.

También se expresó completamente en contra de la dimisión del presidente, como piden los extremos de derecha e izquierda y algunos conservadores.

"En una supuesta democracia representativa, al otorgar un mandato, si, en cuanto surge una pequeña tormenta, se empieza a decir 'tienes que irte', eso pesará sobre los próximos presidentes y luego sobre los alcaldes. Sigo siendo ministro de Defensa y les aseguro que no es momento de cambiar de presidente", afirmó.

Y advirtió, en ese sentido, que no se debe "subestimar la tensión internacional que (Macron) debe gestionar. Ya no somos lo suficientemente fuertes como para que Francia sea autosuficiente. El grado de energía y asunción de riesgos que un presidente puede asumir es esencial".

Preguntado sobre la reforma de las pensiones, uno de los principales escollos que han marcado las negociaciones políticas, Lecornu dijo que suspensión de esa impopular ley denostada por la izquierda costaría al menos 3.000 millones de euros en 2027 y, sin posicionarse, abogó por que ese debate siga un camino parlamentario.

"Hay que encontrar la manera de garantizar que se celebre el debate sobre la reforma de las pensiones", insistió.

Preguntado sobre si habrá pronto un proyecto de presupuestos para 2026, manifestó que "todos los partidos políticos" con los que se ha reunido le dijeron que "no se debe correr el riesgo de no tener un presupuesto para finales de diciembre".

"Me aseguré de que, aunque no sea perfecto, dado mi reciente nombramiento, el proyecto de presupuesto se presentaría el lunes, que es el último día posible para presentarlo y poder aprobarlo antes de finales de este año", declaró. "Habrá mucho que debatir en el Parlamento", reconoció.

En cuanto a la "justicia fiscal", el jefe del Ejecutivo saliente, que lleva 29 días en el puesto, señaló que también se podrá debatir sobre impuestos en el Parlamento y consideró que cualquier subida de los mismos habría que justificarla porque "es un símbolo para los franceses".

Sea como fuere, Lecornu concluyó que termina su misión con la sensación de que su misión "esta cumplida" y con el convencimiento de que lo ha "intentado todo".

La pelota está ahora en el tejado del presidente, que si sigue las recomendaciones de su fiel colaborador tendrá que encontrar un primer ministro que aglutine una mayoría parlamentaria.

Una misión complicada a la vista de las declaraciones de los diferentes líderes políticos que han desfilado estos dos últimos días por el despacho de Lecornu.

La izquierda exige un nuevo primer ministro de su campo que la derecha asegura que no aceptará, mientras que asuntos como la fiscalidad de los más ricos o la reforma de las pensiones presentan posturas muy alejadas.

En el trasfondo, asoma la amenaza de moción de censura al nuevo Gobierno que blanden sin complejos la extrema derecha y la izquierda de La Francia Insumisa.

Ninguno de los dos acudió al llamamiento con el primer ministro y exigen un adelanto electoral. Le Pen de las legislativas, para la que todos los sondeos le dan una victoria en la primera vuelta, mientras que Mélenchon pide la cabeza de Macron.