14 españoles, 13 pasajeros y un miembro de la tripulación, se encuentran en el crucero donde se ha declarado un brote de hantavirus que ha ocasionado tres muertos durante su travesía por el Atlántico Sur. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes que siete personas se han visto afectadas, tres han fallecido y cuatro permanecen enfermas.

El buque MV Hondius zarpó con 150 turistas a bordo el pasado 20 de marzo desde Ushuaia (sur de Argentina) para cruzar el Atlántico Sur con destino al archipiélago canario. Actualmente, se encuentra frente a la costa de Cabo Verde.

Las evidencias apuntan a que las personas afectadas se contagiaron en la embarcación, según el Ministerio de Sanidad. En Sudáfrica, la embarcación hizo una escala, donde uno de los cadáveres dio positivo en hantavirus.

"Las evidencias actuales apuntan a que se contagiaron en la propia embarcación. El hantavirus se contagia sobre todo por excrementos de ratas en zonas donde circula el virus. Una zona de aventuras donde estuvieron los fallecidos es zona de ratas con hantavirus. Aun así, no se descarta que alguno se haya contagiado dentro del barco por ratas o que el médico fuese contagiado con un contacto estrecho con uno de los fallecidos", explica Sanidad.

La transmisión del hantavirus entre humanos es excepcional y difícilmente produce brotes amplios en la población, por lo que no es una enfermedad que deba preocupar, según la especialista en enfermedades infecciosas del Hospital del Mar de Barcelona, Judit Villar, en declaraciones a EFE.

"No es una infección por la que nos tengamos que preocupar en el sentido de que no produce brotes a nivel poblacional como una gripe, ya que requiere de un contacto estrecho y prolongado para su contagio", explica la jefa de sección de la unidad de enfermedades importadas y salud internacional del Hospital del Mar.

La creciente movilidad humana y los viajes a zonas salvajes han elevado en los últimos años el riesgo de zoonosis, que es lo que ocurre cuando una enfermedad animal salta al humano.

El hantavirus es un virus conocido por los científicos desde hace décadas y se puede transmitir a humanos por el contacto con orina o heces de roedores. Villar ha detallado que hay diferentes cepas de hantavirus y la "más agresiva" es la del continente americano, que puede provocar cuadros a nivel respiratorio.

Si ha causado cuadros de neumonía y tos, esto puede haber facilitado la transmisión dentro del crucero, ha aventurado Villar, aunque ha remarcado que el contagio entre humanos "no deja de ser excepcional", ya que requiere de un contacto "estrecho y prolongado". Como ocurre con otros virus, el hantavirus puede llegar a ser mortal pero esto depende de si la persona infectada tiene patologías de base respiratorias que empeoren el pronóstico y de la atención médica recibida.

El Gobierno neerlandés, país de origen del crucero con un brote de hantavirus, ha anunciado que acogerá a tres pasajeros enfermos, mientras que España anunció que recibirá en Canarias al MV Hondius a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en "cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario", según ha informado el Ministerio de Sanidad.

España también ha aceptado una petición formal del Ejecutivo de Países Bajos para acoger al médico del crucero, que se encuentra en situación grave, y que será trasladado de inmediato a Canarias en un avión hospitalizado.

Un comunicado del Ministerio de Exteriores de Países Bajos y de la empresa holandesa Oceanwide Expeditions, operadora del crucero MV Hondius, ha señalado este martes que "tres personas, incluyendo un nacional neerlandés, están siendo evacuados a Países Bajos, donde recibirán el tratamiento médico necesario".

Estaba previsto que el martes por la tarde un equipo de epidemiólogos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) llevase a cabo una evaluación en el barco fondeado en Cabo Verde para determinar las acciones a seguir. Su intención es conocer el estado de las 147 personas a bordo, que incluyen a catorce españoles, entre ellos cinco catalanes, tres madrileños, un gallego y una valenciana, en principio en buen estado de salud. 

El departamento ministerial español explicó, antes de conocerse que tres pasajeros enfermos serían evacuados a Países Bajos, que "no habría motivo clínico para realizar (...) una escala en las Islas Canarias, salvo que aparecieran nuevos casos sintomáticos durante el trayecto entre Cabo Verde y las islas Canarias".

Aunque si esto último ocurriera, "por el principio de prestación de socorro, estaría justificada la atención", ha especificado el departamento que dirige Mónica García y como así pasará.

También el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, ha dicho este martes en Bruselas que el buque "debe ser atendido donde está", en Cabo Verde, antes de regresar de manera directa y sin pasar por Canarias a Países Bajos, lugar en el que está la empresa que opera el crucero.

Emiratos Árabes Unidos (EAU), quinto mayor productor de crudo del mundo y segundo del golfo Pérsico gracias a sus explotaciones petrolíferas, ha anunciado que abandona la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. La exclusiva alianza, formada por los 12 países responsables del 43% de la producción mundial de petróleo y el 80% de sus reservas totales, se encarga de regular los precios de esta materia prima en el mercado global.

Tras el cierre del Estrecho de Ormuz por el Gobierno iraní, el negocio del petróleo y el gas ha sufrido un gran revés y se ha visto obligado a reestructurarse, lo que genera movimientos como el de Abu Dabi. La producción de la OPEP se redujo en marzo casi 8 millones de barriles diarios, un 27,5% menos que en febrero, en consecuencia a la guerra de Irán iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

EAU asegura que su salida, efectiva el próximo 1 de mayo, se debe a estas "perturbaciones en el golfo Pérsico y el Estrecho de Ormuz" que “afectan a la dinámica de la oferta”. El país árabe defiende que sus compromisos nacionales son los de satisfacer “las necesidades urgentes” del mercado, especialmente a largo plazo.

Por esta visión a futuro, también luchan por una supuesta reducción de emisiones de carbono y un aumento de la producción de energías renovables. Sin embargo, los intereses comerciales del país son realmente otros. 

La OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia y fundada, entre otros, por Irán, ha sido criticada recientemente por el presidente Trump por inflar los precios del crudo. El país americano lleva semanas presionando la zona con amenazas económicas y comerciales para reabrir el Estrecho, sin éxito.

La predilección de los EAU por los intereses de Estados Unidos es cada vez mayor. Como gran aliado económico y militar de Washington, el movimiento del país del Golfo acerca posturas con Trump y se posiciona claramente junto a él, formando parte del chantaje a sus vecinos para la reapertura del Estrecho.

Emiratos Árabes produjo 2,9 millones de barriles de petróleo al día en 2024, según cifras de la propia OPEP. Esto lo sitúa como uno de los principales países productores del mundo. No obstante, defiende que, tras su salida de la OPEP, “continuará desempeñando su papel responsable aumentando la producción de forma gradual y prudente", y seguirá "colaborando con sus socios para desarrollar recursos".

En el comunicado, el país agradece a la organización a la que pertenece desde 1967, pero asegura que "ha llegado el momento de centrar los esfuerzos en los intereses nacionales de EAU".

Como consecuencia, Abu Dabi queda eximida de ceñirse a cualquier obligación mercantil de la organización, lo que le dará libertad y flexibilidad a la hora de negociar con su crudo.

Donald Trump ha prorrogado el alto el fuego con Irán pocas horas antes de que terminase la tregua de diez días que se dio, pero este movimiento del presidente de Estados Unidos busca aumentar la presión sobre Teherán y demostrar que en la República Islámica nadie tiene la capacidad de cerrar un acuerdo.

Según la reconstrucción hecha por el medio estadounidense Axios, la decisión de extender unos días más la tregua responde a una ventana de oportunidad muy concreta. "Trump está dispuesto a dar otros tres a cinco días de alto el fuego para permitir que los iraníes pongan orden", resumía una fuente estadounidense. Pero con un matiz importante para el fin del conflicto en Oriente Medio: esta paz "no va a ser indefinida". Desde EEUU esperan nuevas propuestas de Irán para poder sentarse a negociar en Islamabad.

Ese margen temporal, limitado y condicionado, como explican medios estadounidenses sirve para demostrar algo que la Administración Trump lleva tiempo insinuando y es que Irán está fracturado y no hay nadie que parezca poder tomar decisiones. Esto, en medio de la incertidumbre sobre la salud de Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo iraní que todavía no se ha pronunciado y que parece estar, según Irán, grave, y según EEUU, muerto. Desde Axios, una fuente del Gobierno estadounidense asegura que en Irán "ni unos ni otros pueden decir sí" a un acuerdo dada la inestabilidad política del país.

La prórroga no implica una desescalada real. Washington mantiene intacto su principal instrumento de presión: el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz. Trump acusó a Irán de querer el paso abierto “para ganar 500 millones de dólares al día”, pero en su red social, aseguró que EEUU lo tiene "totalmente bloqueado".

Según subrayan fuentes de la Administración citadas por Politico, la Casa Blanca considera que esa presión económica y militar es precisamente la que puede forzar a Teherán a sentarse a negociar.

La asfixia económica a la que esta guerra está llevando al mercado energético global —dado que por Ormuz pasa una parte importante del petróleo mundial— está contribuyendo al desgaste político interno del Gobierno estadounidense. Trump ya había asegurado en días previos que EEUU había obtenido “todo lo posible” en el plano militar, pero que "la guerra está por terminar".

Un interlocutor próximo al entorno presidencial señalaba a Axios que “Trump no quiere usar más la fuerza militar y ha tomado la decisión de terminar la guerra"; en cambio, en Politico aseguran que el presidente sigue convencido de que EEUU negocia “desde una posición de fuerza”. No lo creen desde Irán, donde ven la extensión de la tregua como una victoria parcial.

La mediación de Pakistán está suspendida precisamente por ese bloqueo interno iraní. El vicepresidente estadounidense JD Vance llegó a tener el Air Force Two preparado para salir hacia el país, pero Teherán retiró a sus negociadores y aseguró, como informa la agencia de noticias iraní Tasnim (próxima al aparato del Estado), que hasta que no se levante el bloqueo naval en Ormuz no se sentarán en la mesa.

Este episodio  ilustra el punto muerto en el que se encuentra la tregua: Washington presiona para negociar y Teherán exige un desbloqueo para sentarse a la mesa. Politico añade que ese desacuerdo sobre el bloqueo naval y la negociación nuclear se han convertido en los principales obstáculos para reactivar las conversaciones mientras EEUU espera nuevas propuestas.

La extensión del alto el fuego no está exenta de costes para Trump. Algunos de sus propios asesores reconocen que prolongar la tregua reduce parte de la presión inmediata sobre Irán. Pero la apuesta del presidente es que el bloqueo naval compensa la pérdida de popularidad.

"Irán está desesperado por dinero", dijo el presidente, insistiendo en que la presión económica limita incluso la capacidad del régimen para pagar a sus fuerzas de seguridad. En esa línea, fuentes citadas por Politico apuntan a que la Casa Blanca confía en que el deterioro económico termine forzando divisiones aún mayores dentro del liderazgo iraní y acerque posiciones con la República Islámica.

Un poco después de las 20:15 horas de este jueves, la presidenta en funciones de Extremadura, María Guardiola, y el líder regional de Vox, Óscar Fernández, salían de sus despachos para anunciar ante los medios de comunicación que había acuerdo. “Hemos acercado posturas más allá de las diferencias ideológicas, gana la democracia frente a la crispación”, sostenía Guardiola ante los micrófonos. 

Ahora, Fernández puede apuntarse el tanto de una victoria ante el PP, ya que el candidato de Vox será el que dirija la recién creada Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, un departamento que concentrará competencias estratégicas en política social, burocracia administrativa e incluso áreas vinculadas a inmigración y seguridad.

Un modelo que Abascal ha plagiado a su homólogo en Argentina, Javier Milei. En 2024, el mandatario ultraliberal argentino creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, un organismo orientado a eliminar trabas burocráticas, derogar leyes consideradas innecesarias y fomentar la libre competencia, bajo la dirección de Federico Sturzenegger. 

El nuevo acuerdo entre el PP y Vox para el Gobierno de Extremadura contempla 74 medidas, la mayoría de ellas centradas en materia migratoria y que son un brindis al sol, ya que la ley de extranjería es de aplicación nacional. Además, el partido ultra dirigirá la Consejería de Agricultura y contará con un senador por designación autonómica. Guardiola quiere contentar a Vox y le entrega, de este modo, dos departamentos que son seña de identidad de la formación de Abascal. 

Desde el partido verde defienden que la nueva consejería será una herramienta para impulsar la reducción de trabas administrativas, aplicar políticas sociales bajo su marco ideológico y reforzar medidas relacionadas con la “prioridad nacional”. 

Las acciones que se llevarán a cabo desde esta nueva consejería de Desregulación son, entre otras: la supresión de ayudas económicas para las ONG que asistan a extranjeros, el compromiso de no habilitar más plazas en centros de acogida, la prohibición del uso del burka y niqab en espacios públicos o el retorno de los menores migrantes no acompañados. 

Hay medidas que incluso tienen plazo de cumplimiento. Antes del mes de septiembre se tendrá que haber creado una Unidad Administrativa de Verificación del Fraude prestacional y del Padrón y la Residencia Efectiva para así tener un mayor control de los empadronamientos de los inmigrantes. Además, y también antes de dicho mes, tendrán que suprimir la aplicación del Programa para la Enseñanza de Lengua Árabe y Cultura Marroquí.

Otras de las que incluyen el acuerdo, como la prohibición del burka y el niqab, eran debates que, aunque ya parecían cerrados desde hace años, se han reabierto. Aun así, el pasado martes el Congreso rechazó su prohibición en una propuesta impulsada por Junts, después de haber tumbado el pasado mes de febrero una iniciativa similar. Esa vez, claro, los impulsores eran los diputados de Vox. 

Ya en 2013 sucedió algo similar. Por aquel entonces, el Tribunal Supremo declaró nula la prohibición del velo integral que había aprobado el Ayuntamiento de Lleida. Además, la institución advirtió del riesgo de aislamiento que estas medidas podrían generar en las mujeres a las que se buscaba “proteger” y que no era posible saber si todas las que lo llevaban lo hacían por coacción externa. 

Además, el nuevo Ejecutivo se “opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”. 

Tampoco destinarán un solo euro a facilitar su entrada o acogida en Extremadura. Pero el pacto no se queda ahí, e incorpora el compromiso de trabajar “activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen” a través de “acuerdos con los países de origen”.

Extremadura es uno de los lugares en España que está perdiendo habitantes más rápidamente. De hecho, según las proyecciones del Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX), la comunidad podría ver reducida su población en casi 149.000 habitantes de aquí a 2049, una caída del 14% en tan solo 25 años. Esto tiene una traducción clara: menos mano de obra. 

La situación podría solventarse con la llegada de migrantes, que podrían revitalizar la economía de zona. Algo que no pasará con el nuevo Gobierno de PP y Vox. “Han conseguido incrementar su población en 2025 por los migrantes que van allí a trabajar”, asegura Lucila Rodríguez-Alarcón, directora de la Fundación porCausa. “Extremadura necesita mucha inmigración para hacer frente a lo que viene”, sentencia. 

Esto por no hablar de que la ley de extranjería es de ámbito nacional. Es decir, los gobiernos regionales no pueden decidir si dejan entrar a los migrantes o no. Los traslados o las regularizaciones son competencia del Estado. 

“Lo que están haciendo es abrir un debate social sobre un problema que en Extremadura no existe para generar tensión social en la comunidad. Esto está en línea del discurso de Vox, lo vergonzoso es cómo el PP está comprando este discurso, representando no a sus votantes, sino a los de Vox”, añade la directora de porCausa. 

Este miércoles, uno de los diputados de Vox en Murcia señaló que hay que combatir el aborto "incluso con violencia". Dos días después, se ha conocido que su partido estará a cargo del área de Familia en Extremadura. Además, tendrán las competencias de servicios sociales, inclusión, infancia y familia, las de juventud y las de cooperación internacional al desarrollo. 

En el caso de Extremadura, la violencia machista ni siquiera es mencionada en el acuerdo. Solo se refieren a las mujeres una vez. “No se permitirá la imposición de prácticas que invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad sobre los que se sustenta nuestra sociedad”, un extracto que justifica la prohibición del burka y el niqab. 

Tampoco habrá una consejería de Igualdad como tal. Aun así, ya hay precedentes de lo que sucede cuando Vox entra en los Gobiernos autonómicos. En el caso de Castilla y León, los de Vox propusieron que se obligara a las mujeres que pretendían abortar a escuchar el latido fetal o acceder a una ecografía 4D. No se puso en marcha, pero sirvió para abrir un debate social que ya estaba resuelto –como en el caso de la inmigración en Extremadura–. 

En Andalucía, el Gobierno de Moreno Bonilla dio partidas a organizaciones contrarias al derecho a la libre interrupción del embarazo, destinadas a la implementación de “actuaciones de fomento de la natalidad”. Este era uno de los requisitos pactados con Vox en los presupuestos de 2021. Mientras, las ayudas económicas en materia de igualdad fueron languideciendo y en 2020, dejó sin fondos a más de un centenar de organizaciones feministas. 

La derogación de la ley de memoria histórica siempre ha sido uno de los objetivos principales de Vox y en algunas comunidades autónomas ya lo han conseguido. Baleares fue la última donde la coalición entre la extrema derecha y los populares consiguieron este objetivo y ya son cinco las comunidades donde PP y Vox están tratando de sustituir esta norma por una ley de “concordia”.

Así sucedió en octubre de 2025 precisamente en Extremadura. La norma salió adelante con los votos a favor del Partido Popular y Vox y el rechazo del PSOE y Unidas por Extremadura. Una ley cuyo objetivo trata en principio de “preservar, mantener y reforzar la concordia, la reconciliación y la convivencia de todos los extremeños sobre la base de los principios democráticos recogidos en la Constitución Española”.

Esta sustitución también se ha dado en otras autonomías gobernadas por la coalición PP-Vox como Cantabria, Aragón o la Comunitat Valenciana. Con ello, la vuelta a una ley de memoria como ya la hubo en Extremadura se antoja complicada. Para la diputada extremeña por Unidas Podemos, Irene de Miguel, esto “demuestra que el franquismo sigue impregnado en su organización”.