El Gobierno se prepara para la batalla política y judicial de la derecha contra la regularización de migrantes

Pedro Sánchez está de viaje en China. Por su ausencia, Carlos Cuerpo presidió por primera vez este martes la reunión del Consejo de Ministros en el Palacio de la Moncloa. Y en la sala tomó la palabra la ministra Elma Saiz. En su cartera llevaba una medida de enorme trascendencia: la prometida reforma para la regularización de migrantes sin papeles. 

Un paso que da el Gobierno por motivos económicos y por la dignidad de las personas que trabajan en España y que ahora mismo no tienen papeles. Y que supone un enfoque migratorio totalmente contrario al predominante en Estados Unidos y la Unión Europea, donde las fuerzas ultras y conservadoras toman medidas restrictivas y utilizan la cuestión para enfrentar a las propias sociedades y ganar votos.

Por eso, la decisión tomada por el Gobierno, tras un acuerdo con Podemos, ha provocado la atención de numerosos países y la de medios internacionales, que ven en España un modelo alternativo al ultra personificado principalmente en la fuerza paramilitar ICE en Estados Unidos por orden de Donald Trump. El Ejecutivo de coalición da luz verde a esta reforma, además, en un momento en el que el país también se abre paso como referente paralelo de modelo económico. La OCDE, en sus previsiones de finales de marzo, sitúa a España como la economía de la Unión Europea que más crecerá este año.

El Gobierno es consciente en estos momentos, según fuentes consultadas, de que esta regularización, que podría servir para medio millón de personas, será objeto en el tablero nacional de una dura batalla política y también judicial a través de recursos de la órbita de las derechas.

El Gobierno hará pedagogía

Pero en el Ejecutivo están convencidos de que van a ganar este pulso político que ya libran el PP y Vox contra la medida excepcional acordada en el Consejo de Ministros. El presidente del Gobierno, como recuerdan en su entorno, nunca ha evitado esta cuestión y ha defendido su visión abierta sobre la migración frente a la actitud de otras izquierdas en el continente. De hecho, incidió en su modelo incluso durante su conferencia en la Universidad de Columbia en septiembre del año pasado.

El jefe del Ejecutivo va a asumir en primera persona la defensa de la regularización. Y en estas horas lo ha hecho de dos maneras muy concretas. En la rueda de prensa que dio en Pekín expresó: “Lo que estamos haciendo es reconocer derechos de quienes están ya en nuestro país. Lo hacemos desde el punto de vista económico y por una cuestión moral. Un país que reconoce derechos es un país mejor”.

El también líder del PSOE quiso argumentar sus razones en una carta a la ciudadanía que hizo pública la Moncloa, en la que subraya: “Hoy, de nuevo, siento orgullo de ser español. Porque hoy demostramos, una vez más, que España avanza cuando su sociedad se implica”. 

El Gobierno pone énfasis en varios factores para evidenciar que la iniciativa cuenta con un gran apoyo entre la sociedad española, a pesar de las proclamas racistas y xenófobas de la derecha. Por un lado, pone en valor que la propia medida surge a través de una iniciativa legislativa popular, que contó con más de 700.000 firmas y fue apoyada por más de 900 asociaciones. Su admisión a trámite en el Congreso contó con el aval de todos los partidos políticos, a excepción del grupo parlamentario de Vox. 

Y el Ejecutivo pone sobre la mesa también el apoyo que ha recabado por parte de los agentes sociales, tanto de la patronal como de los sindicatos y de la Iglesia. Por ello, el Gobierno va a presionar al Partido Popular recordando el papel de la CEOE y del clero, dos espacios de ideología dominantes de las derechas.

Aznar, el ejemplo que incomoda a la derecha

A la vez, el Gobierno va a argumentar con profundidad en este debate que esta regularización no es un hecho aislado en la democracia española, sino que la han aplicado tanto gobiernos del PP como del PSOE desde hace décadas. De hecho, el expresidente José María Aznar  llevó a cabo dos procesos similares de los que se beneficiaron más de medio millón de trabajadores sin papeles.

Hay otro factor psicológico al que apela el Gobierno: la propia historia de la sociedad española. Como señala un dirigente socialista: “El recuerdo sigue muy vivo en muchas familias. Aquellos ciudadanos que tuvieron que emigrar a América o que se fueron a trabajar a otros países europeos durante los años cincuenta y sesenta”. Pero, también, como señala Sánchez en su carta,: está muy presente la situación de los que se tuvieron que ir al extranjero durante la dura crisis económica que se inició en 2008.

Pero el Partido Popular no va a dar tregua. La migración es un campo esencial de su discurso político y, además, siente cómo Vox tiene en este tema una de sus principales bolsas de votos.  El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, dijo que la medida es “inhumana”, “injusta”, “insegura” e “insostenible”, además de que, en su opinión, “alienta a las mafias”.

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La regularización no será solo objeto de debate político, sino que también se enfrentará a la ofensiva de la derecha en los tribunales. Por eso, el Gobierno ha trabajado el texto de manera minuciosa, revisando cada coma. Una labor que recuerda a la que se hizo con la ley de amnistía con el fin de que no haya flecos que puedan tumbar la norma. Se ha tenido muy en cuenta para el redactado final el informe preceptivo emitido por el Consejo de Estado. La fórmula final, como avaló este órgano, ha sido la reforma del reglamento a través de real decreto, sin tener que someterse a una votación en el Congreso como exigía el Partido Popular.

La batalla en los tribunales ya está en marcha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha puesto al frente de ella. La semana pasada ya anunció que interpondrá un recurso con este argumento: “Estoy en contra del abuso del sistema sanitario, estoy en contra del desorden y la ilegalidad, estoy en contra de regularizar sin control y, encima, a personas con antecedentes penales”.

Vox tiene planeada también una ofensiva total contra el decreto de regularización. Uno de los principales movimientos será un recurso ante el Tribunal Supremo. No se quedará solo ahí. Quiere incendiar las calles también a través de una campaña bajo la premisa de que este proceso “vacía las arcas públicas y llena las cárceles de España”.