Mujeres migrantes sin papeles: cuidadoras en la sombra señaladas por la "prioridad nacional"
“Si desaparecieran de Extremadura todas las mujeres migrantes que cuidan, ¿qué pasaría con nuestros mayores?”, expresa Beatriz Blanco, secretaria regional de Cooperación Internacional y Migraciones en CCOO. La misma reflexión comparte José Alejandro Peña, portavoz de la Asociación Migrante-Obrera, con sede en Badajoz: “Vivir interna en una casa ajena. Prestar asistencia prácticamente 24 horas, de lunes a sábado. Cuidar, limpiar, planchar y cocinar, a veces para toda la familia. Todo por un salario precario. ¿Quién hace eso? Estas mujeres están ahí porque nadie más quiere”.
Ambos coinciden en señalar una realidad tan invisible como imprescindible: buena parte de la atención cotidiana a personas mayores dependientes en sus propios hogares descansa sobre mujeres migrantes, muchas veces en situación de vulnerabilidad.
Y lo hacen en un momento en el que este colectivo vuelve a estar señalado. Extremadura ha sido la primera comunidad autónoma en poner sobre la mesa el concepto de prioridad nacional. El pacto entre PP y Vox que ha permitido formar gobierno incluye esta idea que —aunque sigue sin estar claro cómo se traducirá exactamente sobre el papel— establece un marco teórico discriminatorio con quienes llegan de fuera, especialmente en lo relativo al acceso a las ayudas públicas.
Basta recordar uno de los lemas del nuevo vicepresidente de la Junta y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle (Vox): “No necesitamos más inmigrantes, necesitamos más extremeños”. En su primera comisión en la Asamblea de Extremadura insistió en la misma idea: “Los de aquí por delante de los de allí”.
Entre “los de allí” están precisamente esas mujeres migrantes que cubren necesidades esenciales de muchas familias ante las carencias del sistema de dependencia. “Sufren precariedad, acoso, a veces incluso violencia y hasta situaciones de esclavitud”, subraya la representante de CCOO.
Peña añade que muchas de ellas se encuentran en situación irregular, lo que agrava aún más su indefensión. “No tienen permiso de trabajo ni de residencia, de manera que, si les pasa algo, no se atreven a denunciar por miedo a las consecuencias, que pueden ser una multa y un expediente de expulsión”.
La Asociación Migrante-Obrera trabaja a diario con personas llegadas de otros países. Atienden a entre diez y 30 casos cada jornada, procedentes sobre todo de países latinoamericanos como Colombia, Paraguay, Perú o Venezuela. Aunque no disponen de datos oficiales, porque se trata de una realidad difícil de cuantificar, la entidad maneja una estimación: las mujeres migrantes en situación irregular que ejercen de cuidadoras de personas mayores representan en torno al 85% de quienes se encargan de estos trabajos de cuidados en Extremadura. “Es la única oportunidad laboral que encuentran”, resumen.
A esa precariedad laboral se suma, además, la presión del mercado de la vivienda. "Imagina un piso de cuatro dormitorios; por cada habitación se pagan 300 euros, así que el propietario se saca 1.200 euros. De hecho, hay carteles que especifican que solo buscan a internas", describe Peña.
La regularización, ¿una oportunidad?
“Hay que dejar claro que, aunque consigan regularizar su situación con el proceso que ahora se ha abierto, no están libres de la vulnerabilidad. Tener un permiso de trabajo no garantiza que sus empleadores les vayan a hacer un contrato”, advierte Tania Irías Guerrero, del Movimiento Mujeres Migrantes de Extremadura. Nacida en Nicaragua, vive en España desde hace siete años. “A veces la familia les hace el chantaje de ‘gracias a mí conseguiste los papeles’, de manera que las condiciones siguen siendo precarias”, añade.
Guerrero recuerda, además, que es un trabajo que se realiza “en la privacidad del hogar” y, por tanto, “no está vigilado”, lo que aumenta el riesgo de abusos. Al mismo tiempo, reivindica el valor humano de su labor: “Estas mujeres ayudan a dignificar el proceso de envejecer, porque hay ocasiones en que pasan semanas sin que nadie de la familia aparezca”.
En lo que coinciden las asociaciones y colectivos que abordan la migración es que la actual ley de extranjería es “racista y xenófoba”: “Te permite estar dos años en la sombra, trabajando como los demás pero sin cotizar y en un contexto de desprotección en el que es muy fácil que te exploten. Y cuando pasan esos dos años, ya sí puedes aspirar a tener papeles”. En este contexto se enmarca el actual proceso extraordinario de regularización en España, aunque el permiso que se está concediendo, de momento, es solo por duración de un año.
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Desde UGT Extremadura, María José Ladera, secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales, pone el foco en una contradicción evidente: pese a la importancia del sector de los cuidados, las condiciones de quienes lo sostienen siguen marcadas por los abusos laborales. Son mujeres que, para el sistema, apenas cuentan. "Y es otra manera más de fomentar la economía sumergida", lamenta.
Ladera también lamenta “los discursos de odio que van calando en la sociedad, como si estas personas tuvieran alguna opción de acceder a ayudas sociales o le quitaran el trabajo a alguien”.
“Lo que pasa es que con esos mensajes se consiguen votos, pero hay mucha desinformación. Bebemos de las redes sociales, nos quedamos solo con el titular y no nos paramos a enterarnos bien de las cosas”, concluye la representante de UGT Extremadura.
